Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2017-00008-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2017-00008-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 23001-23-33-000-2017-00008-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 23001-23-33-000-2017-00008-02
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS
TESIS: LA POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LORICA EN
EL DMI COMPLEJO CENAGOSO DEL BAJO SINÚ IMPLICA UNA
AMENAZA A LOS DERECHOS COLECTIVOS, EN ATENCIÓN A QUE SE
ENCUENTRA PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE ESE ECOSISTEMA
ALBERGA GRAN CANTIDAD DE FLORA Y FAUNA, INCLUYENDO
ESPECIES EN VÍA DE EXTINCIÓN, ASÍ COMO NUMEROSAS
FUENTES HÍDRICAS QUE SE VERÍAN ALTAMENTE AFECTADAS CON
LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE GRAN ESCALA COMO EL
PLANTEADO POR LA ANI Y EL CONCESIONARIO CORUMAR S.A.S.
DERECHOS COLECTIVOS: AL GOCE DE UN MEDIO AMBIENTE SANO,
Y LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO SOSTENIBLE, SU
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O SUSTITUCIÓN, LA
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES, LA
PROTECCIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE1 y
LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES2
contra la sentencia de 12 de noviembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba3, que declaró la amenaza de los
derechos colectivos invocados.
1 En adelante el Ministerio.
2 En adelante ANLA.
3 En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 23001 23 33 000 2017 00008 02
Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
El señor MANUEL SALVADOR NULE RHENALS, actuando en
nombre propio y en ejercicio de la acción popular prevista en el
artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472
de 5 de agosto de 19984, presentó demanda ante el Tribunal con el
fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y al goce de un ambiente sano
presuntamente vulnerados por la ANLA, la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA5, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE6, el
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA7 y la CONCESIÓN
RUTA AL MAR –CORUMAR S.A.S.-8.
I.2. Hechos
Indicó que el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, conocido también
como Ciénaga Grande de Lorica, está ubicado en el norte del
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA9 como una área protegida que
hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP10;
además, es patrimonio ambiental y ecológico y la CVS lo declaró
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 En adelante ANI.
6 En adelante CVS.
7 En adelante el Municipio.
8 Vinculados por el Tribunal mediante auto de 25 de enero de 2017.
9 En adelante el Departamento.
10 En adelante SINAP.
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como Distrito de Manejo Integrado -DMI- o Área de Reserva
mediante Acuerdo del Consejo Directivo núm. 076 de 2007, en el
que se determinó que el uso principal es de protección y el uso
compatible es el transporte, siempre y cuando fuere de baja
densidad.
Señaló que el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú ha sido objeto de
protección por parte de la Corte Constitucional, a través de la
sentencia T- 194 de 1996, la cual ordenó suspender toda obra de
relleno y desecación de pantanos, lagunas, charcas, ciénagas y
humedales en el territorio del MUNICIPIO.
Afirmó que la ANI adelantó la construcción de la variante Lorica,
dentro del proyecto vial Antioquia – Bolívar, el cual fue entregado
en concesión al contratista CORUMAR, conforme al contrato núm.
016 de 14 de octubre de 2015, que tenía por objeto la construcción
de 2.7 kilómetros de terraplén o de relleno sobre el área protegida
del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú.
Manifestó que para la construcción del proyecto vial la ANI
presentó a la ANLA y a la comunidad afectada dos alternativas: la
primera, llamada “alternativa oriental”: compuesta por una
longitud de 5.8 km, adentrándose sobre el complejo cenagoso; y la
segunda, llamada “alternativa occidental”: con una longitud de
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8.3 km, hacía afuera del complejo con la construcción de dos
puentes sobre el río Sinú.
Precisó que la ANLA dio inicio al trámite administrativo de
evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas, por medio del
auto núm. 3308 de 31 de julio de 2014, a fin de efectuar el análisis
y evaluación de las dos opciones presentadas.
Puso de presente que la CVS, por medio del concepto técnico ULP
núm. 2014-209 de 6 de noviembre de 2014 rendido ante la ANLA,
estableció que la alternativa oriental no era viable por afectar y
alterar los recursos biológicos, especialmente el íctico, además de
los bienes y servicios que posee el ecosistema estratégico del
complejo cenagoso.
Expuso que la ANI, por medio del oficio de 9 de febrero de 2015,
dio respuesta a los requerimientos efectuados por la ANLA, en el
sentido de afirmar que la alternativa oriental no generaba efectos
sobre el complejo cenagoso; no obstante, la ANLA, mediante el
auto núm. 1935 de 19 de mayo de 2015, no aceptó dicha
alternativa y optó por la alternativa occidental por ser más viable
ambientalmente para la elaboración del estudio de impacto
ambiental.
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Expresó que contra dicho auto la ANI presentó un recurso de
reposición extemporáneo, en el que insistió en que la variante
Lorica debía construirse adentrándose y penetrando el área del
complejo cenagoso, utilizando la misma alternativa que ya había
sido rechazada, pero cambiándole el nombre por “número 3 u
oriental optimizada”.
Afirmó que el procedimiento en mención culminó con la expedición
del auto núm. 2697 de 10 de julio de 2015, por medio del cual
se seleccionó la denominada alternativa oriental optimizada para
la construcción de la variante Lorica, permitiendo así que se invada
y afecte el área protegida del complejo cenagoso.
Arguyó que el citado auto fue motivado falsamente, por cuanto no
es cierto que la CVS estuviese de acuerdo con la alternativa
escogida, como lo manifestó dicha entidad al solicitar a la ANLA
rectificar el numeral 4.2.3.1. de ese proveído, y porque tampoco es
acertado asegurar que la comunidad estuvo de acuerdo con la
actuación, debido a que los habitantes del MUNICIPIO habían
expresado su oposición a la construcción de la variante Lorica por el
corredor oriental, por estar prohibido expresamente en el POT, la
normatividad vigente y la sentencia T – 194 de 1999.
I.3. Pretensiones
En virtud de lo anterior, el actor solicitó:
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“[…] 1.- Que se protejan los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y a gozar de un medio ambiente sano sobre el
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú evitando que la construcción del
proyecto vial “Variante Lorica”, ubicado en el departamento de
Córdoba, se realice adentrándose sobre este Distrito de Manejo
Integrado (DMI) mediante la denominada “alternativa oriental
optimizada” adoptada mediante el Auto 2697 de 10 de julio de 2015,
expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
2.- Que, en consecuencia, se deje sin efectos jurídicos el Auto 2697 de
10 de julio de 2015 proferido por la Subdirectora de Evaluación y
Seguimiento del ANLA, doctora Martha Elena Camacho Belucci, dentro
del trámite Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) con radicación
NDA 0866 para la construcción de la “Variante Lorica”, que seleccionó
el corredor “oriental optimizado” como alternativa para la construcción
del proyecto vial.
3.- Que, como consecuencia de lo anterior, se le dé plena vigencia al
Auto 1935 de 19 de mayo de 2015, “Por el cual se define una
alternativa y se toman otras determinaciones”, mediante el cual se
escogió la alternativa occidental para la construcción del proyecto vial
“Variante Lorica” ubicado en el departamento de Córdoba.
4.- Que, en consecuencia, se ordene a la ANLA que disponga la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto vial
“Variante Lorica”, de acuerdo con los parámetros establecidos en el
auto 1935 del 19 de mayo de 2015.
5.- Que, en consecuencia, se le ordene al contratista – concesionario,
Concesión al Mar (Corumar SAS), suspender la construcción de la
Variante Lorica a través de la alternativa oriental optimizada.
6.- Que se condene en costas y en agencias de derecho a la entidad
demandada […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La ANI afirmó, en primer lugar, que las pretensiones
estaban dirigidas a la ANLA; y que, como tercero interviniente, se
oponía a la prosperidad de las mismas por cuanto no vulneró los
derechos colectivos de la parte accionante, amén de que el auto
núm. 2697 de 2015 está amparado por la presunción de legalidad.
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Mencionó que, en efecto, suscribió el contrato de concesión núm.
016 de 2015 con CORUMAR para el proyecto vial Antioquia –
Bolívar, pero que aún no se adelantaba la construcción de la vía,
como lo afirmó el actor.
Indicó que en el estudio realizado se consideraron dos posibles
alternativas para la variante. La primera, localizada hacía el oriente
del casco urbano del MUNICIPIO; y la segunda, hacía el costado
occidental.
Se refirió al memorando con radicación núm. 2017-605-002100-3
de 8 de febrero de 2017, expedido por su Gerente de Proyectos –
Coordinador GIT Ambiental – VPRE, en el que informó el
procedimiento que se adelantó en la elección de la opción más
viable para la construcción de la vía, circunstancia que, a su juicio,
evidencia la observancia de todas las normas ambientales
requeridas para ese tipo de proyectos viales.
Argumentó que eligió la alternativa 2 o corredor occidental como la
más viable ambientalmente para la elaboración del estudio de
impacto ambiental; no obstante, esta aceptación por parte de la
ANLA no determinó la viabilidad ambiental del proyecto, pues
estaba sujeta a la presentación y aprobación del referido estudio,
razón por la que no se descartó de manera definitiva la otra opción.
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Precisó que la CVS, mediante oficio núm. 201500727-1000 de 29
de enero de 2019, manifestó que ninguno de los proyectos era
viable; pero que, pese a ello, se podría presentar una nueva
alternativa o ajustar la número 2, que integrara soluciones de
ingeniería distintas a la construcción de terraplenes dentro del
complejo cenagoso y que no interfirieran o irrumpieran los cuerpos
de agua.
Agregó que con fundamento en lo manifestado por la CVS,
presentó la solicitud de modificación del auto núm.1935 de 2015.
Propuso las siguientes excepciones:
• «INEPTA DEMANDA»: Puso de manifiesto que en atención a lo
ordenado en el numeral 2 del artículo 162 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA, cuando se demanda la legalidad de un acto administrativo
es necesario precisar las normas violadas y el concepto de la
violación, pues el control de los jueces se encuentra limitado a esos
aspectos; no obstante, en el presente asunto, el demandante
únicamente enunció la vulneración de derechos colectivos, por lo
que resulta evidente que incumplió con la mencionada carga.
• «INEXISTENCIA DE LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS»: Afirmó que no existe incumplimiento ni omisión
que pudiera pregonarse como causa de afectación o amenaza a los
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derechos colectivos, pues aun cuando se enuncian ciertos hechos
en la demanda, lo cierto es que ninguno de ellos permite inferir la
vulneración a los mismos, aunado a que el proyecto en cuestión se
encuentra en fase de pre factibilidad y no se ha tomado decisión de
fondo por parte de la ANLA.
• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA»:
Arguyó que cuando se persigue la anulación de un acto
administrativo, el legitimado para comparecer al proceso es la
entidad que lo expide, que en este caso es la ANLA, de manera que
no le asiste legitimación en la causa.
• «PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS»: Sostuvo que si bien es posible analizar la
legalidad de actos administrativos en el marco de la acción popular,
es necesario que el acto sea la directa amenaza o vulneración del
derecho colectivo presuntamente afectado, presupuesto que en el
presente caso no se cumplió.
Señaló que el único facultado para determinar si el acto
administrativo se ajusta al ordenamiento jurídico es el juez natural
de la causa y no el juez popular, razón por la que la decisión de la
Administración debe presumirse legal y ejecutable.
• «CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA
AMBIENTAL»: Indicó que las aseveraciones hechas por el
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accionante en torno a los presuntos daños ambientales al Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú por la construcción de la variante Lorica no
cuenta con sustento legal, pues el procedimiento que se ha
adelantado para la concesión de la licencia ambiental del proyecto
vial ante la ANLA se ha ajustado a las normas vigentes al respecto.
• «INEXISTENCIA DEL DAÑO AMBIENTAL AL COMPLEJO
CENAGOSO DEL BAJO SINÚ»: Argumentó que para la
declaratoria de infracción ambiental deprecada es necesario que se
cumplan las mismas condiciones que para la configuración de la
responsabilidad extracontractual, por lo que cualquier
inconformidad con el trámite de concesión debe ser ventilado ante
la ANLA.
• «INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO PROCESAL DE ONUS
PROBANDI INCUMBIT ACTORI – AL DEMANDANTE LE
INCUMBE EL DEBER DE PROBAR LOS HECHOS EN QUE FUNDA
SU ACCIÓN»: Manifestó que el accionante tiene el deber de probar
las obligaciones que le atribuye al demandado, como lo establece el
artículo 1757 del Código Civil y la jurisprudencia.
• «EXCEPCIÓN GENÉRICA»: Solicitó declarar probada cualquier
excepción que se configure.
I.4.2.- La CVS informó que a través del Acuerdo del Consejo
Directivo núm. 076 de 25 de octubre de 2007 se declaró al
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Complejo Cenagoso del Bajo Sinú como área protegida, en la
categoría de Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales,
conforme al Decreto 2372 de 1o. de julio de 201011.
Acotó que mediante oficio de 6 de noviembre de 2014, se pronunció
sobre las alternativas del proyecto para la construcción de la
variante Lorica dentro del mencionado complejo, en el sentido de
indicar que ninguna de las opciones planteadas por el concesionario
era viable, pues se afectaría el curso natural del flujo hídrico de los
cuerpos de agua existentes en la zona, razón por la cual propuso
que se presentara una nueva alternativa o se ajustara la número
dos, de tal manera que no se interfirieran los cuerpos de agua.
Puso de presente que se llevó a cabo una reunión con funcionarios
de la ANLA y Construcciones el Cóndor para socializar las
alternativas del proyecto, así como una visita de campo los días 25
y 27 de junio de 2015.
Arguyó, con respecto al auto núm. 2697 de 10 de julio de 2015, a
través del cual la ANLA eligió la alternativa denominada oriental
optimizada, que por medio de Oficio de 5 de noviembre de ese año,
solicitó la aclaración del mismo, en el entendido de que no se
expresa concepto de viabilidad posterior al concepto técnico núm.
2014-209 en el que se afirmó que ninguna de las alternativas
11 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165
de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.
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presentadas era viable y que la información relacionada con esa
tercera opción no había sido allegada, por lo tanto, su posición era
la consignada en el referido concepto.
Propuso la excepción de:
• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA»:
Adujo que teniendo en cuenta lo dicho por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la responsabilidad en
la construcción del proyecto de la variante Lorica corresponde al
concesionario, en este caso, a CORUMAR, razón por la que estimó
que debe ser desvinculada de la presente actuación.
I.4.3.- La ANLA manifestó que si bien el Acuerdo núm. 76 de 2007
estableció como uso principal del complejo cenagoso la
conservación y el transporte de baja densidad como uso
compatible, lo cierto es que el Decreto 1076 de 26 de mayo de
201512 prevé una excepción frente a los usos permitidos en la
categoría de manejo, por ejemplo, por razones de utilidad pública e
interés social, cuando se proyecta desarrollar usos y actividades no
permitidas al interior del área protegida, caso en el cual el
interesado debe solicitar previamente la sustracción del área de
interés ante la autoridad que la declaró, siempre y cuando no se
trate de actividades prohibidas por las normas que reglamentaban
la materia.
12Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
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Afirmó que para el proyecto de construcción de la variante Lorica
debían solicitar previamente el trámite de la licencia ambiental y la
sustracción del área de intervención del complejo cenagoso ante la
CVS, por tratarse de uno de los proyectos contemplados en el
referido Decreto.
Argumentó que la alternativa oriental optimizada del mencionado
proyecto no preveía las actividades prohibidas en la sentencia T –
194 de 1999, sino que, por el contrario, garantizaba la generación
de la menor cantidad de impactos negativos posibles al medio
biótico, abiótico y social.
Precisó que el trámite surtido ante la entidad por parte de la ANI
corresponde al “diagnóstico ambiental de alternativas” y no al
licenciamiento ambiental, de modo que la definición de la
alternativa efectuada no autoriza al titular del proyecto la ejecución
del mismo, pues solo tiene como propósito el establecimiento de la
alternativa ambiental más viable, a partir de la cual se debe
elaborar el estudio de impacto ambiental correspondiente.
Enfatizó en que el documento presentado por la ANI, el 11 de junio
de 2015, no corresponde a un recurso de reposición, pues lo que
hizo fue solicitar la modificación del auto núm. 1935 de 2015 en el
sentido de presentar la alternativa oriental optimizada, por estimar
que era la opción más factible para el proyecto de construcción de
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la variante Lorica, opción que fue acogida en el auto núm. 2697 de
10 de julio de 2015.
Puso de presente que el proyecto de construcción de la variante
Lorica corresponde a un proyecto del ámbito nacional y no local,
por lo que es la ANI la encargada del diseño e implementación del
proyecto de cuarta generación - concesiones viales.
Aseveró que la alternativa oriental mejorada es la más viable desde
el punto de vista ambiental y que el factor económico no fue el
determinante en la escogencia de la misma, pues no hace parte de
sus funciones defender intereses económicos, sino la protección y
preservación de los recursos naturales.
Aclaró que la definición de la alternativa tuvo por finalidad
establecer la opción más factible para el desarrollo del proyecto,
pero con el fin de efectuar el estudio de impacto ambiental
respectivo y no de autorizar la ejecución del proyecto.
Arguyó que lo pretendido por el demandante es cuestionar la
legalidad del auto núm. 2697 de 10 de julio de 2015, asunto para el
cual no está prevista la acción popular, aunado a que no probó la
alegada vulneración de derechos e intereses colectivos.
Propuso las siguientes excepciones:
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• «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN»: Precisó que
la naturaleza de la acción popular es preventiva y que busca
proteger la amenaza o vulneración de los derechos colectivos, para
evitar, en lo posible, la generación del daño o, en su defecto,
remediarlo, motivo por el cual, y teniendo en cuenta lo pretendido
por la parte actora, resulta forzoso concluir que si se accede a lo
pedido se estaría encausando el proceso como si se tratara de una
acción de nulidad y restablecimiento de derecho, desconociendo
que la presente acción fue concebida para la protección y defensa
de los derechos e intereses colectivos.
• «INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN, DAÑO O AMENAZA
ACTUAL CONTRA LOS DERECHOS COLECTIVOS»: Dijo que no
existen elementos materiales probatorios que permitan inferir la
presunta vulneración de los derechos colectivos invocados, pues no
participó en ninguna actuación en relación con las determinaciones
de permisos y licencias que se señalaron como causa eficiente de la
afectación.
• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA»:
Aseveró que no es la llamada a responder por los hechos alegados
en la demanda, debido a que no participó en ninguna acción u
omisión que causara la presunta vulneración de los derechos
colectivos invocados.
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• «INSUFICIENCIA PROBATORIA – CARGA PROBATORIA EN
CABEZA DEL ACCIONANTE »: Estimó que la simple manifestación
o relación de hechos no es soporte probatorio que determine
objetivamente la responsabilidad del Estado, por lo que
corresponde al actor demostrar la vulneración de intereses y
derechos colectivos alegada.
• «LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS»:
Puntualizó que en el presente caso se cumplieron todos los
elementos esenciales que le dan validez a los actos administrativos
expedidos por la Administración, motivo por el que no están
llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.
• «ACTUACIÓN CONFORME A LA LEY»: Afirmó que ha actuado
de acuerdo con los objetivos, funciones y competencias señaladas
en la Ley 99 y el Decreto 3573 de 2011, de tal manera que en el
marco de las mismas expidió los respectivos actos administrativos,
teniendo en cuenta las necesidades que presenta el trámite
ambiental y la protección del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
• «EXCEPCIÓN GENÉRICA»: Solicitó que se declare de oficio
cualquiera excepción que resulte probada en el proceso.
I.4.4.- CORUMAR S.A. mencionó que no es cierto que el proyecto
de la variante Lorica esté en construcción, pues apenas se
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Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS
encuentra en la etapa pre constructiva, elaboración de los diseños y
trámite del procedimiento administrativo tendiente a obtener las
licencias y permisos necesarios para iniciar la ejecución de la obra.
Indicó, respecto a la alternativa 1 presentada, que no es cierto que
esté ubicada por fuera del complejo cenagoso, pues adicional a su
intervención comprende dos puentes sobre el Río Sinú, lo que
significan tres intervenciones sobre el caudal del río, sumado a la
grave problemática de erosión que se presenta en las orillas.
Aseveró, respecto de la participación ciudadana, que las dos
primeras alternativas presentadas fueron socializadas con la
población y las respectivas entidades, no así la tercera, en tanto
que en ésta se acogieron las observaciones señaladas por los
participantes.
Afirmó, frente al acto administrativo núm. 2697 expedido por la
ANLA, que el ordenamiento jurídico autoriza a las autoridades para
que modifiquen sus decisiones, de modo que la autoridad ambiental
tenía plena competencia para variar su contenido, más aún si se
tenía en cuenta que el destinatario del mismo solicitó la reforma.
Señaló que la ANI no presentó ningún recurso administrativo en
contra del auto núm. 1935, lo que evidencia que el actor confunde
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el objeto de los recursos con la competencia de modificación con
que cuenta la Administración.
Aclaró que la participación ciudadana y socialización del proyecto
son importantes dentro del procedimiento administrativo para el
otorgamiento de la licencia ambiental, pero no corresponden a un
requisito para el trámite del diagnóstico ambiental de alternativas,
pese a lo cual se tuvo en cuenta lo dicho por la comunidad al
momento de la presentación de la tercera alternativa.
Propuso las siguientes excepciones:
• «ESTRICTO RESPETO DE LAS NORMAS DE DERECHO
INTERNACIONAL, EN PARTICULAR DE LA CONVENCIÓN
RAMSAR»: Argumentó que la Convención RAMSAR fue aprobada
mediante la Ley 357 de 21 de enero de 199713, en la que se efectuó
una lista de los humedales que eran objeto de protección, dentro de
los cuales no se encontraba el complejo cenagoso del Bajo Sinú, así
como tampoco, ninguno de los sistemas hídricos del río Sinú, luego
no es cierto que existió una trasgresión de dicho instrumento
internacional.
• «FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LA ORDEN
IMPARTIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL (T-194 DE
13Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en
Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971).
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1999) Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SUBSECTOR 1 DE LA
UNIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO VIAL ANTIOQUIA -
BOLIVAR»: Expuso que teniendo en cuenta lo dicho en la
sentencia T – 194 de 1999 y la finalidad del proyecto aquí discutido,
no es cierto que se prevea la ejecución de obras que impliquen el
relleno y/o desecación de humedales, aunado a que lo decidido en
la aludida sentencia tiene efectos inter partes.
Arguyó que la ANLA es la autoridad competente para avalar la
mencionada alternativa, mediante el otorgamiento o rechazo de la
licencia ambiental solicitada, procedimiento administrativo previsto
por el legislador para establecer la conformidad o no de cierta
alternativa con el medio ambiente y las normas jurídicas que lo
protegen.
• «AUSENCIA TOTAL DE PRUEBA DE UNA AMENAZA O
VULNERACIÓN A LOS DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE DE
UN AMBIENTE SANO Y/O A LA MORALIDAD
ADMINISTRATIVA»: Señaló que del diagnóstico efectuado era
imposible derivar una amenaza o vulneración de un derecho
colectivo, pues se trataba de un procedimiento previsto por el
legislador para garantizar la protección del medio ambiente, de
modo que el actor no probó que con dicho trámite se hubiese
causado alguna vulneración, pues se limitó a describir unas
presuntas irregularidades formales del proceso administrativo,
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como si se tratara del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Expuso que no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan
afirmar que se causó la vulneración esbozada, pues la ANLA solo
podía actuar como lo hizo, ya que se le presentó una mejor
alternativa desde el punto de vista ambiental que lograba
garantizar el flujo hídrico del humedal, al tiempo que no se
intervenían zonas de erosión como la cuenca del río Sinú, ni
implicaba la construcción de estructuras dentro del cauce del caño,
entre otras, como sí lo hacía la alternativa 2 alegada por el actor
como la “mejor opción”.
• «INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL»:
Aseguró que los argumentos expuestos por el actor se encaminan a
cuestionar la legalidad de un acto administrativo, mas no a
demostrar la afectación de derechos colectivos, motivo por el que
no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda;
adicionalmente, puso de presente que con la modificación efectuada
por medio del auto núm. 2697 de 2015, se cuenta con una
alternativa que supera, desde el punto de vista ambiental, la
inicialmente seleccionada.
• «CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PREVISTOS POR LA LEY
PARA EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA
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AMBIENTAL»: Expresó que el comportamiento desplegado por la
ANLA en el marco del proceso administrativo es el que
constitucional y legalmente se exige, pues al proferir el auto núm.
2697 de 2015 no hizo otra cosa que ejercer la competencia de
modificación de las decisiones que el ordenamiento le otorga.
I.4.5.- EL MINISTERIO solicitó ser desvinculado de la presente
acción, en atención a que no existen presupuestos fácticos ni
jurídicos que lo relacionen con los hechos debatidos.
Arguyó que de acuerdo con la Ley 99 y el Decreto 3570 de 27 de
septiembre de 201114 le compete asumir el diseño y formulación de
la política nacional en relación con el ambiente y los recursos
naturales renovables, en orden a garantizar el cumplimiento de los
deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con
el medio ambiente y con el patrimonio natural de la Nación;
asimismo, indicó que podía ejercer inspección y vigilancia sobre las
Corporaciones Autónomas Regionales, cuando las circunstancias lo
ameritaran.
Sostuvo que la CVS es la encargada de velar por la preservación
del medio ambiente en el área de su jurisdicción, conforme a las
competencias que constitucional y legalmente le han sido
14Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
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asignadas, las cuales ejerce de manera independiente y con total
autonomía, sin que la entidad, como rectora del Sistema Nacional
Ambiental, funja como su superior jerárquico.
Propuso las siguientes excepciones:
• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA»:
Indicó que solo podía actuar y, por ende, asumir compromisos,
conforme lo expresamente señalado por la Ley, razón por la que
está vedada la posibilidad de asumir responsabilidades ajenas a sus
competencias, como lo sería arrogarse aquello que legalmente le
corresponde hacer a otra autoridad como en el presente caso.
• «AUSENCIA DE NEXO CAUSAL»: Acotó que dentro de los
pilares de la responsabilidad extracontractual de la Administración
se encuentra el nexo de causalidad, el cual, a su juicio, no está
demostrado en el asunto bajo examen.
I.4.6.- El MUNICIPIO aseveró que respalda las pretensiones de la
demanda, para lo cual argumentó:
“[…] El municipio de Santa Cruz de Lorica, en su Plan de
Ordenamiento Territorial, aprobado mediante el Acuerdo 042 del
14 de diciembre de 2001, se constituye en un valioso instrumento
de planificación de esa municipalidad, en el cual se contempla
como única alternativa de vía perimetral la variante occidental, en
el que el documento de formulación se refiere a “nueva arteria de
flujo vehicular que producirá efecto de barrera y cierre de la
ciudad contorneada por este y oxigenándola del colapso
producido internamente por una vía nacional que ya ha quedado
pequeña para la cabecera municipal” por lo que la Ciénaga
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Grande (Complejo Cenagoso del Bajo Sinú) se considera espacio
protegido de conservación POT.
Igualmente, existe la necesidad de proteger el complejo cenagoso
del Bajo Sinú, que es el patrimonio ambiental más grande que
tiene el departamento de Córdoba, tras considerar que dicha
ciénaga, entendida como un complejo cenagoso, articulada con el
río, caños, arroyos y el mar, se constituye en el patrimonio
natural más importante del departamento.
POR ESO ESTAMOS DE ACUERDO CON LO PEDIDO EN LA ACCIÓN
POPULAR DE LA REFERENCIA, Y ESTAMOS DE ACUERDO CON LOS
ARGUMENTOS EXPUESTOS EN EL LIBELO DEMANDATORIO […]”.
I.5. Coadyuvancia
Mediante proveído de 19 de diciembre de 2017, el Tribunal tuvo
como coadyuvantes a: 1. Cabildo Indígena San Pedro Urbano del
Municipio; 2. Asociación de Cabildos Indígenas Zenú San Pedro
Alcántara; 3. Fundación Ciénaga Bañó; 4. Federación de Pescadores
Artesanales y Productores Acuícolas de Córdoba – FEDEPEC; 5.
Asociación Comunal de Juntas del Municipio de Lorica; 6. Consejo
Territorial de Planeación del Municipio de Lorica – CTP; 7. Cabildo
Indígena Menor Kennedy Lorica; 8. Asociación de Juntas de Acción
Comunal de la Margen Izquierda del río Sinú – Municipio de Lorica;
9. Junta de Acción Comunal del barrio La Esmeralda; y 10.
Asociación de Trabajadores Agroecológicos de Lorica – ATAL.
Por su parte, la coadyuvancia solicitada por la Defensoría del Pueblo
– Regional Córdoba fue admitida por medio del proveído de 19 de
abril de 2018.
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I.6. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento llevada a cabo el 14 de
noviembre de 2018 se declaró fallida por ausencia de ánimo
conciliatorio de las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 12 de noviembre de 2020, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONCÉDASE el amparo al derecho colectivo al
goce de un ambiente sano, y la existencia del equilibrio ecológico
el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. La conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica, por encontrarse amenazado con la
construcción de la variante Lorica, conforme se motivó.
SEGUNDO: En consecuencia, y en aras de evitar que se
materialice la amenaza a los derechos colectivos involucrados
exhórtese a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI en calidad
de concedente del contrato de concesión 016 de 2015 y al
concesionario Concesión Ruta al Mar SAS Corumar SAS, para que
el diseño vial a ejecutar en la unidad funcional 7.1, denominada
construcción Variante Lorica, se empleen tecnologías y técnicas
de construcción que garanticen que el impacto ambiental a
generar sea el mínimo posible, garantizando la preservación de
los componentes señalados en la parte motiva, evitando de ser
posible el uso de terraplenes y que se implementen las medidas
de manejo, de mitigación y de control requeridas por los impactos
ambientales que se generen con la obra, conforme se expuso en
la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: Ordénese a la Corporación Autónoma de los Valle del
Sinú y del San Jorge CVS y a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, que para otorgar la sustracción definitiva del
DMRI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, como de la licencia
ambiental, a su cargo, se cercioren que el diseño vial a ejecutar
en la unidad funcional 7.1, denominada, como construcción
Variante Lorica sea el que cause el menor impacto ambiental
permitido sobre los recursos naturales del ecosistema a
intervenir, garantizando la preservación de los componentes
señalados en la parte motiva, evitando de ser posible el uso de
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terraplenes y que se implementen las medidas de manejo, de
mitigación y de control requeridas por los impactos ambientales
que se generen con la obra, conforme se expuso en la parte
considerativa de esta providencia.
CUARTO: Ordénese al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible ejerza la atribución contemplada en el numeral 10 del
artículo 2º del Decreto 3570 de 2011 y de forma preventiva,
actual y posterior, acompañe a la Corporación de los Valle del
Sinú y del San Jorge CVS y a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA en la verificación de los posibles daños
ambientales ocasionados con la alternativa de construcción de la
obra que les sea presentada para la sustracción del Distrito de
Manejo Integral Complejo Cenagoso del Bajo Sinú y de la Licencia
ambiental, respectivamente, de lo cual deberá allegar las
respectivas constancias a esta Corporación.
QUINTO: Ordénese la conformación de un comité integrado por
un representante de la parte demandante, el Defensor Regional
del Pueblo, de la Concesión Ruta al Mar SAS Corumar SAS, la
Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA, la Corporación Autónoma Regional
de los Valle del Sinú y San Jorge CVS, del Municipio de Santa
Cruz de Lorica y el Ministerio Público, el cual iniciará una vez se
apruebe la respectiva licencia ambiental por parte de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales para la construcción de la
variante Lorica con la finalidad de verificar el cumplimiento de la
órdenes dadas en esta sentencia y una vez se tenga conocimiento
de la culminación de la obra, para verificar que se adelantaron las
obras de mitigación y reversión de los posibles daños ambientales
que pudieron ocasionarse con la construcción de la variante
Lorica.
SEXTO: Declárese parcialmente probada la excepción de
presunción de legalidad de los actos administrativos, propuesta
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
SÉPTIMO: Declárese no probadas las excepciones de “inepta
demanda”, propuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura,
“improcedencia de la acción” propuesta por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales e “indebida escogencia del medio de
control” propuesta por la Concesión Ruta al Mar SAS CORUMAR. Y
Declárese no probadas las excepciones relativas a la ausencia de
vulneración o amenaza a los derechos colectivos propuestas por
la demandada y los intervinientes, denominadas “inexistencia de
la afectación de los derechos colectivos”, “cumplimiento de las
normas en materia ambiental”, “inexistencia del daño ambiental
al Complejo Cenagoso del Bajo Sinú”, “incumplimiento del
principio procesal onus probandi incumbit actore”, “inexistencia
de vulneración, daño o amenaza actual contra los derechos
colectivos”, “insuficiencia probatoria” y “ausencia total de prueba
de una amenaza o vulneración a los derechos colectivos al goce
de un ambiente sano”.
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OCTAVO: Declárese no probada las excepciones de “falta de
legitimación en la causa por pasiva” propuesta por la Agencia
Nacional de Infraestructura ANI, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA, la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y San Jorge y la Concesión Ruta al Mar SAS
Corumar SAS.
NOVENO: Niéguese las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO: En firme esta providencia, levántese la medida cautelar
decretada […]”.
Arguyó que de acuerdo con lo demostrado en el proceso, el
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú fue declarado como área
protegida a través del Acuerdo del Consejo Directivo núm. 76 de 25
de octubre de 2007 de la CVS; que la ANI y CORUMAR
suscribieron un contrato de concesión para la construcción,
rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del
sistema vial de conexión de los Departamentos de Antioquia y
Bolívar, y específicamente para la unidad funcional 7.1 se pactó la
construcción de la variante Lorica; que la ANLA profirió el auto
núm. 1935 de 19 de mayo de 2015, en el que luego de realizar un
análisis y evaluación de la información contenida en los documentos
de diagnóstico ambiental presentado por la ANI, eligió la
alternativa 2 o corredor occidental como la opción más viable
ambientalmente para la elaboración del estudio de impacto
ambiental - EIA para el proyecto de la variante Lorica;
posteriormente, la ANLA modificó dicha decisión y en auto núm.
2697 de 2015, luego del estudio de los documentos del diagnóstico
ambiental de alternativas allegado por la ANI y la visita al área del
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proyecto, escogió la alternativa 3, denominada elección del corredor
oriental optimizado.
A juicio del a quo, la decisión de la ANLA contenida en el auto núm.
2697 de 2015 es ilegal, pues aun cuando en la parte motiva de
dicho acto se señaló que la petición de la ANI no era un recurso
sino una solicitud de modificación, lo cierto es que tal procedimiento
“modificatorio” no tiene respaldo en el CPACA ni se evidenció
tampoco figura que soportara la posición de la autoridad ambiental.
Anotó que pese a lo anterior y a la eventual transgresión del
principio de legalidad, escapa de la órbita de la acción popular el
juicio sobre los actos administrativos expedidos por la ANLA
durante el trámite del proyecto de la variante Lorica.
Puso de presente que la CVS, mediante Acuerdo núm. 371 de 23
de agosto de 2018 denegó la autorización de sustracción del distrito
de manejo integrado del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú; que,
asimismo, la ANLA, por medio de la Resolución núm. 0208 de 16
de noviembre del mismo año, negó la licencia ambiental para el
proyecto denominado “construcción variante Lorica”,
específicamente respecto de la unidad funcional 7 subsector 1, con
fundamento en el principio de prevención y en el entendido que
existían importantes limitaciones de tipo ambiental para la
ejecución del proyecto, en consideración a la sensibilidad e
importancia del ecosistema del lugar.
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Que de acuerdo con ello y comoquiera que no se habían otorgado
los permisos ni las licencias ambientales requeridas y tampoco se
contaba con el diseño final de la obra, era viable concluir que no se
evidenciaba una vulneración consolidada de los derechos colectivos
invocados, lo cual no era óbice para que el juez popular interviniera
a fin de prevenir la concreción de dicha amenaza.
Explicó que la construcción de la variante Lorica es un proyecto que
necesariamente impacta los cuerpos hídricos existentes en dicha
zona, independientemente de la alternativa que se seleccione para
ello, circunstancia que por sí sola comporta un peligro o amenaza al
derecho colectivo al goce de un ambiente sano.
Advirtió que la construcción de la variante Lorica está proyectada
sobre una zona de especial manejo ambiental, cuyo uso exclusivo
no es el de protección, ya que posee usos compatibles como el
transporte y el ecoturismo de baja densidad, y usos prohibidos
como la pesca de talla pequeña, artes de pesca inadecuadas, caza
deportiva, caza de manatí y demás especies en vía de extinción,
vertimiento de residuos sólidos, tala y quema, todo lo cual
mostraba que no era ilícita la construcción de obras civiles que
permitieran el transporte al interior del complejo cenagoso, como la
variante Lorica, siempre y cuando los diseños y las técnicas de
construcción se fundamentaran en la sostenibilidad ambiental,
fueran respetuosas del ecosistema y permitieran su conservación,
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además de contar con las autorizaciones, trámites y procedimientos
requeridos.
Precisó que teniendo en cuenta lo establecido por la jurisprudencia
contencioso administrativa en cuanto al principio de precaución,
resulta procedente darle aplicación a dicho principio, pues existe un
mínimo de certeza de que la construcción de la variante implica un
impacto al ecosistema y una posible lesión al medio ambiente, lo
que significa una amenaza a los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, así como la conservación de las especies animales y
vegetales y la protección de áreas de especial importancia
ecológica.
Con fundamento en lo anterior, resolvió exhortar a la ANI y a
CORUMAR SAS para que en el diseño vial a ejecutar en la unidad
funcional 7.1, variante Lorica, se empleen tecnologías y técnicas de
construcción que garanticen el menor impacto ambiental posible,
así como la dinámica del ecosistema, el sistema de flujos y
contraflujos, el recurso hídrico, entre otros, en el río Sinú y sus
zonas aledañas.
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Igualmente, ordenó a la CVS y a la ANLA que al otorgar la
sustracción definitiva del DMRI complejo cenagoso del Bajo Sinú,
así como la licencia ambiental, se cercioren de que el diseño vial a
ejecutar sea el de menor impacto ambiental sobre los recursos
naturales del ecosistema a intervenir y que se implementen las
medidas de manejo, mitigación y control requeridas.
En relación con la responsabilidad del MINISTERIO estimó que
atendiendo a las competencias y atribuciones previstas en el
artículo 2º, numeral 10, del Decreto 3570 de 2011, debía ejercer de
forma preventiva, actual y posterior el respectivo acompañamiento
a la CVS y a la ANLA, en la verificación de los posibles daños
ambientales ocasionados con la alternativa de construcción de la
obra que les sea presentada para la sustracción del complejo
cenagoso y para la licencia ambiental.
Concluyó que no era pertinente declarar probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la ANI,
la ANLA, la CVS y CORUMAR S.A.S.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III. 1 El MINISTERIO solicitó revocar el numeral cuarto de la
sentencia de primera instancia, relativo al acompañamiento a la
CVS y a la ANLA en la verificación de los posibles daños
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ambientales ocasionados con la alternativa de construcción de la
obra que el concesionario presente ante esas autoridades para la
sustracción del complejo cenagoso y para la licencia ambiental.
Sostuvo que las funciones atribuidas por la Ley 99 deben ser
examinadas en armonía con lo previsto en el Decreto 3570 de
2011, que establece los trámites a cargo de esa entidad, de manera
que los asuntos relacionados con licencias, permisos y trámites
ambientales son de competencia de la ANLA.
Se refirió a la sentencia C-462 de 2008 y destacó que el caso
concreto no se encontraba dentro de aquellas circunstancias que
plantea la Corte Constitucional para el ejercicio de la función
prevista en el artículo 5º, numeral 16, de la Ley 99 y en el artículo
2º, numeral 10, del Decreto 3570 de 2011, circunstancia que, a su
juicio, evidencia la inaplicabilidad de la norma citada por el a quo.
Puso de presente que las corporaciones autónomas regionales son
entidades autónomas; y que el MINISTERIO, por ser el ente
rector del Sistema Nacional Ambiental, no es su superior jerárquico
ni responde por sus actuaciones, ya que su función de inspección y
vigilancia se limita a las políticas públicas que expide.
Agregó que la ANLA, a partir de la expedición de los Decretos 3570
y 3573 de 2011, que reestructuraron el sector de ambiente y
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desarrollo sostenible, asumió los expedientes que hacían parte de la
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, de
manera que a partir de ese momento la función establecida en el
artículo 2º, numeral 10, del Decreto 3570 de 2011, la ejercía a
través de la mencionada entidad.
Aseguró que esa facultad discrecional y selectiva que le fue
otorgada para el conocimiento de proyectos, obras o actividades de
competencia de las autoridades regionales, no es permanente, sino
transitoria, pues se limita al momento en que se efectúa el control
de aquellos factores de deterioro ambiental y una vez se logra el
control efectivo se envía la respectiva actuación a la autoridad
ambiental que le corresponde.
III.2. La ANLA disiente de la decisión del Tribunal y manifestó que
en el caso concreto no se presentó vulneración de los derechos
colectivos invocados por el accionante, toda vez que mediante la
Resolución núm. 02058 de 16 de noviembre de 2018 denegó la
licencia ambiental para el proyecto de construcción de la variante
Lorica, decisión que fue confirmada a través de la Resolución núm.
00142 de 11 de febrero de 2019, de manera que al no otorgarse
viabilidad ambiental al proyecto, éste no se desarrolla y no se
producen afectaciones al medio ambiente.
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Explicó que al evaluar la solicitud de licencia ambiental tuvo en
cuenta que el proyecto se debe desarrollar con la menor afectación
ambiental posible, como lo ordenó la sentencia de primera
instancia, lo que evidenció que no era viable otorgar la licencia
solicitada, dado que el principal impacto que generaría la obra sería
la modificación a los regímenes de escorrentía superficial, razón por
la que se requirieron los respectivos análisis hidráulicos que
aseguraran la continuidad de dicha dinámica.
Expresó que la sociedad planteó un diseño con terraplén, no
obstante, como se señaló en el acto administrativo que denegó la
licencia ambiental, el diseño vial deseable ambientalmente, en caso
de una nueva evaluación, debe ser mixto, entre terraplén y obras
hidráulicas, estas últimas, concentradas en el tramo que se ubica
dentro del complejo cenagoso, para asegurar la continuidad
hidrodinámica de la zona de relevancia ambiental.
Arguyó que las decisiones adoptadas por la entidad se ajustan a los
principios y postulados legales y constitucionales, específicamente
lo relacionado con el trámite de la solicitud de diagnóstico
ambiental de alternativas y el pronunciamiento de no viabilidad
ambiental del proyecto.
Manifestó que la alternativa sobre la cual se debe presentar el
estudio de impacto ambiental para la variante Lorica no prevé el
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cruce por el Río Sinú y, por lo tanto, no implica afectaciones sobre
esa zona con procesos erosivos, razón por la que si el interesado
estima procedente presentar otra opción debe allegar un nuevo
diagnóstico ambiental de alternativas, junto con los demás
documentos legalmente exigidos.
Agregó que si el peticionario de la licencia decide presentar una
nueva solicitud, debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el
artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, así como lo señalado
en el auto núm. 2697 de 10 de julio de 2015, en la Resolución núm.
02058 de 16 de noviembre de 2018 y en la núm. 00142 de 11 de
febrero de 2019.
Indicó que no existía amenaza o vulneración inminente a los
derechos colectivos, pues no se configuró ninguno de los elementos
para declarar su responsabilidad, por lo que insistió en que se
declararan probadas las excepciones propuestas en la contestación
de la demanda.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. La ANI realizó un recuento de los hechos que resultaron
probados en el plenario y que culminaron con la denegación, por
parte de la ANLA, de la licencia ambiental para el proyecto de
construcción de la variante Lorica, solicitada por CORUMAR SAS.
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Destacó que es la propia sentencia de primera instancia la que
concluyó que no existió vulneración consolidada de los derechos
colectivos invocados, circunstancia que, a su juicio, evidencia que
su actuación no ha desconocido la normativa ambiental. Por el
contrario, ha sido diligente, concretamente al ofrecer tres
alternativas diferentes de diagnóstico ambiental para la correcta
ejecución del proyecto vial.
Solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, en especial, en
lo atinente a que no ha vulnerado o desconocido los derechos
colectivos invocados por el demandante.
IV.2. La ANLA reiteró los argumentos de oposición a la demanda y
destacó que a través de la Resolución núm. 02058 de 16 de
noviembre de 2018 denegó la licencia ambiental para el proyecto
de construcción de la variante Lorica, por la no viabilidad del
mismo, lo que evidencia que no existía ninguna amenaza o
afectación a los derechos colectivos; y que, además, estos fueron
garantizados por parte de la autoridad ambiental.
IV.3. EL MINISTERIO ratificó los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda y en el recurso de apelación, en los
que insistió en que no es el llamado a responder por los hechos y
pretensiones esgrimidas por el actor.
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IV.4. El Ministerio Público guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución
Política y desarrollada por la Ley 472 tiene como finalidad la
protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un
daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y
sencillo para la protección de sus derechos.
Problema jurídico
Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen
a la presente acción son, en esencia, que la ANI pretende la
construcción de la variante Lorica, dentro del proyecto vial
Antioquia – Bolívar, el cual fue entregado en concesión a
CORUMAR S.A.S. por medio del contrato núm. 016 de 14 de
octubre de 2015, cuyo objeto consiste en la construcción de 2.7
kilómetros de terraplén o de relleno sobre el área protegida del
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú. Para la construcción del proyecto
se presentaron a la ANLA y a la comunidad dos alternativas, a
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saber: la ALTERNATIVA ORIENTAL y la ALTERNATIVA
OCCIDENTAL, esta última fue acogida por parte de la autoridad
ambiental, por medio del auto núm. 1935 de 19 de mayo de 2015
que, posteriormente, fue modificado con auto núm. 2697 de 10 de
julio de 2015, en el sentido de escoger la ALTERNATIVA
ORIENTAL “MEJORADA” (alternativa 3), tras un escrito de
solicitud de modificación presentado por la ANI.
En primera instancia, el Tribunal accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda y resolvió: (i) exhortar a la ANI y a CORUMAR con
el fin de implementar técnicas de construcción en el diseño vial a
ejecutar “que garanticen que el impacto ambiental a generar sea el
mínimo posible”, así como también medidas de manejo, mitigación y
control que se generen con la ejecución de la obra; (ii) ordenar a la
CVS y a la ANLA otorgar los permisos de sustracción definitiva del
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú y de la licencia ambiental al
proyecto variante Lorica, bajo el condicionamiento de que el diseño
vial “sea el que cause el menor impacto ambiental permitido sobre los
recursos naturales del ecosistema a intervenir (…) evitando de ser posible
el uso de terraplenes”; asimismo, implementar las medidas de
manejo, mitigación y control que requiera la ejecución de la obra; y
(iii) ordenar al MINISTERIO cumplir la función prevista en el
artículo 2°, numeral 10, del Decreto 3570 de 2011 relacionada con
el acompañamiento a la CVS y a la ANLA en la “verificación de los
posibles daños ambientales ocasionados con la alternativa de construcción
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de la obra que les sea presentada para la sustracción del Distrito de
Manejo Integral Complejo Cenagoso del Bajo Sinú y de la Licencia
ambiental, respectivamente”.
Inconforme con la anterior decisión, la ANLA interpuso recurso de
apelación, en el que argumentó que no se configuró la vulneración
de los derechos colectivos que se ordenaron proteger en la
sentencia, teniendo en cuenta que por medio de la Resolución núm.
02058 de 16 de noviembre de 2018, confirmada a través de la
Resolución núm. 00142 de 11 de febrero de 2019, esa autoridad
denegó la licencia ambiental para el proyecto de construcción de la
variante Lorica, sumado a que la orden del Tribunal ya se habría
cumplido, por cuanto al estudiar la opción que representara el
“menor impacto ambiental” se optó por no otorgar viabilidad al
proyecto, precisamente, en aras de salvaguardar el medio
ambiente.
Por su parte, el MINISTERIO apeló la decisión porque estimó que
no es el llamado a cumplir la función prevista en el artículo 2°,
numeral 10, del Decreto 3570 de 2011, toda vez que su
competencia se circunscribe a los trámites previstos en dicha
normativa, mas no a los asuntos relacionados con licencias,
permisos y trámites ambientales, por ser estos del resorte de la
ANLA.
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En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar: (i) si le
asistió razón al Tribunal al declarar la amenaza de los derechos
colectivos amparados en la sentencia, pese a que la ANLA expidió
las resoluciones núms. 02058 de 16 de noviembre de 2018 y 00142
de 11 de febrero de 2019, por medio de las cuales denegó la
licencia ambiental para el proyecto “Construcción Variante Lorica”,
que, a juicio de dicha entidad, garantizan los derechos colectivos
cuya protección se ordenó en el fallo de primera instancia; y (ii) si
el MINISTERIO es la entidad llamada a cumplir la función prevista
en el artículo 2°, numeral 10, del Decreto 3570 de 2011,
consistente en acompañar a la CVS y a la ANLA en la verificación
del impacto ambiental que se genere por la ejecución de la obra
objeto de controversia, en los términos en que fue ordenado por el
Tribunal.
Para efectos de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala
se referirá al Sistema Nacional de Áreas protegidas, a los Distritos
de Manejo Integrados, al principio de prevención y al caso en
concreto.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP- fue inicialmente
regulado en el Decreto 2811 de 1974 y, posteriormente, por la Ley
99, el Decreto 216 de 2003 y, finalmente, reglamentado por el
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Decreto 2372 de 1° de julio de 201015; este último lo define como
“[…] el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e
institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las
articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los
objetivos generales de conservación del país […]” (artículo 3°).
Las categorías de áreas protegidas que conforman el SINAP son:
Áreas protegidas públicas:
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales;
b) Las Reservas Forestales Protectoras;
c) Los Parques Naturales Regionales;
d) Los Distritos de Manejo Integrado;
e) Los Distritos de Conservación de Suelos;
f) Las Áreas de Recreación.
Áreas Protegidas Privadas
g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.16
Los Distritos de Manejo Integrado
El artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, compilado en el artículo
2.2.2.1.2.7 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 17, define el
Distrito de Manejo Integrado así:
“[…] espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas
mantienen su composición y función, aunque su estructura
haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales
15 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165
de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones”.
16 Artículo 10 idem.
17“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”.
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asociados se ponen al alcance de la población humana para
destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración,
conocimiento y disfrute […]”.
Sobre su delimitación, se destaca que en tratándose de paisajes y
ecosistemas estratégicos de la escala nacional, le corresponde al
MINISTERIO su declaración, debiendo ser denominados como
Distritos Nacionales de Manejo Integrado; mientras que si se trata
de paisajes y ecosistemas de escala regional, es responsabilidad de
la respectiva Corporación Autónoma Regional la delimitación del
Distrito Regional de Manejo Integrado.
Como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sección18, la
delimitación de esta categoría tiene como objetivo:
“[…] [O]rdenar, planificar y regular el uso y manejo de
los recursos naturales renovables y las actividades
económicas que allí se desarrollen, dentro de los
criterios de desarrollo sostenible. Esta categoría de manejo
proporciona estrategias de conservación para detener la
pérdida de biodiversidad y, además, le permite a la población
generar estrategias productivas sostenibles para mejorar la
calidad de vida.
A la luz de nuestra legislación ambiental, la categoría de los
DMI es la única categoría de las áreas protegidas
concebidas como modelos de aprovechamiento racional.
Las actividades económicas están encaminadas a garantizar el
bienestar económico, social y cultural del hombre mediante la
utilización sostenible de los recursos, entendiéndose por
“utilización sostenible” la utilización de componentes de la
diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione
la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo
cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las
necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y
futuras (ONU, 1992), siendo coherente con la obligación del
Estado de proteger la diversidad e integralidad del ambiente,
18Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
de 12 de febrero de 2015. Rad: 85001-23-31-001-2012-00044-00(AP). CP: María Claudia
Rojas Lasso.
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos, así como el deber
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución […]”. (Resaltado es del
texto original).
Este régimen de las áreas protegidas, de acuerdo con el Decreto
2372 de 2010, debe ser protegido por el MINISTERIO, en
articulación con las Corporaciones Autónomas Regionales, como o
establece el artículo 21 idem:
“[…] Artículo 21. Articulación con procesos de ordenamiento,
planes sectoriales y planes de manejo de ecosistemas. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de
sus distintas dependencias con funciones en la materia y las
Corporaciones Autónomas Regionales, velarán porque en los
procesos de ordenamiento territorial se incorporen y respeten por los
Municipios, Distritos y Departamentos las declaraciones y el régimen
aplicable a las áreas protegidas del SINAP. Así mismo, velará por la
articulación de este Sistema a los procesos de planificación y
ordenamiento ambiental regional, a los planes sectoriales del Estado
y a los planes de manejo de ecosistemas, a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de conservación y de gestión del
SINAP y de los fines que le son propios […]”.
Es importante destacar que aun cuando las áreas que conforman el
SINAP son de especial protección y su conservación y mejoramiento
son de utilidad pública e interés social, la norma ambiental también
prevé la posibilidad de sustracción de las mismas, cuando por
razones de utilidad pública e interés social se proyecten desarrollar
usos y actividades no permitidas al interior del área protegida, caso
en el cual, teniendo en cuenta el régimen legal de categoría de
manejo, el interesado en el proyecto a ejecutar debe solicitar
previamente la sustracción del área de interés ante la autoridad que
la declaró. Este procedimiento, de acuerdo con el artículo
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2.2.2.1.18.1 del Decreto 1076 de 201519, debe atender a razones de
utilidad pública o interés social establecidas por la Ley, para la
realización de proyectos, obras o actividades que impliquen la
sustracción de un área perteneciente a un DMI, y se desarrolla de
la siguiente manera:
“[…] 1. El interesado presentará por escrito solicitud de
sustracción dirigida a la corporación autónoma regional o a las
de desarrollo sostenible acompañada de un estudio que servirá
de fundamento de la decisión, el cual como mínimo, incluirá la
siguiente información:
a) Justificación de la necesidad de sustracción;
b) Localización del DMI y delimitación detallada y exacta del
polígono a sustraer e incorporada a la cartografía oficial del
IGAC;
c) Acreditación del interesado de la titularidad del predio a
sustraer o autorización del propietario;
d) Caracterización socioeconómica y ambiental del área a
sustraer:
i) Medio abiótico.
ii) Medio biótico.
iii) Medio socioeconómico;
e) Identificación y descripción de los beneficios e impactos que
puede generar la sustracción tanto al interior como en las
áreas colindantes al DMI;
f) Medidas ambientales dirigidas a optimizar los beneficios y
manejar los impactos que se generen como consecuencia de la
sustracción de un área del DMI. Estas medidas tendrán en
cuenta el plan integral de manejo para compatibilizar el área a
sustraer con los objetivos del DMI y los usos del suelo definidos
en el POT, e incluirán al menos objetivos, indicadores, metas y
costos.
En el evento en que en el área objeto de sustracción, se
pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad sujeta a
concesión, permiso, o licencia ambiental, las medidas
ambientales señaladas en el inciso anterior, harán parte de
19Este artículo es una reproducción exacta del artículo 1º del Decreto 2855 de 25 de
agosto de 2005.
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dicha autorización ambiental, y en todo caso serán objeto de
control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental.
2. A partir de la fecha de radicación del estudio, la corporación
contará con cinco (5) días hábiles para verificar que la
documentación esté completa y expedir el auto de iniciación de
trámite que se notificará y publicará conforme al artículo 70 de
la Ley 99 de 1993, y procederá a la evaluación del mismo.
3. Cumplido este término, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, la Corporación podrá requerir por escrito y por una
sola vez al interesado la información adicional que se considere
indispensable. En este caso se suspenderán los términos que
tiene la autoridad para decidir.
4. Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al
vencimiento del término señalado en el numeral 2 del presente
artículo, o al recibo de la información requerida, la corporación
evaluará y conceptuará sobre la viabilidad de la sustracción.
5. Con base en el concepto referido en el numeral anterior, el
Consejo Directivo de la respectiva corporación, en un término
no mayor a quince (15) días hábiles, decidirá mediante acto
administrativo si aprueba o no la sustracción, conforme a lo
dispuesto en el literal g) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993.
Los proyectos, obras o actividades a desarrollar en un área
sustraída de un DMI, deberán acogerse a la normativa
ambiental vigente […]”20.
En el evento en que conforme a las normas que regulan cada área
protegida sea o no factible realizar la sustracción, se procederá a
manifestarlo mediante acto administrativo debidamente motivado,
de modo que la autoridad competente puede optar por: i. rechazar
la petición de sustracción, caso en el cual se archivará; o ii.
sustraer total o parcialmente el área protegida, evento en el cual
deberá describirse claramente los límites sobre los cuales recae
dicha decisión.
20
Artículo 2.2.2.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015.
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Para el trámite de sustracción, la autoridad competente deberá
tener en cuenta, al menos, los criterios enunciados en el artículo 30
del Decreto 2372 de 2010, que consisten en:
“Artículo 30. Sustracción de áreas protegidas. La
conservación y mejoramiento del ambiente es de utilidad pública
e interés social. Cuando por otras razones de utilidad pública e
interés social se proyecten desarrollar usos y actividades no
permitidas al interior de un área protegida, atendiendo al régimen
legal de la categoría de manejo, el interesado en el proyecto
deberá solicitar previamente la sustracción del área de interés
ante la autoridad que la declaró. En el evento que conforme a las
normas que regulan cada área protegida, no sea factible realizar
la sustracción del área protegida, se procederá a manifestarlo
mediante acto administrativo motivado rechazando la solicitud y
procediendo a su archivo.
La autoridad encargada de adelantar el trámite de sustracción,
para resolver la solicitud deberá tener en cuenta al menos los
siguientes criterios, los cuales deberán ser analizados de forma
integral y complementaria:
a) Representatividad ecológica: Que la zona a sustraer no incluya
elementos de biodiversidad (paisajes, ecosistemas o
comunidades), no representados o insuficientemente
representados en el sistema nacional de áreas protegidas, de
acuerdo a las metas de conservación definidas.
b) Integridad ecológica: Que la zona a sustraer no permita que se
mantenga la integridad ecológica del área protegida o no
garantice la dinámica natural de cambio de los atributos que
caracterizan su biodiversidad.
c) Irremplazabilidad: Que la zona a sustraer no considere
muestras únicas o poco comunes y remanentes de tipos de
ecosistemas.
d) Representatividad de especies: Que la zona a sustraer no
incluya el hábitat de especies consideradas en alguna categoría
global, nacional o regional de amenaza, conforme el ámbito de
gestión de la categoría.
e) Significado cultural: Que la zona a sustraer no incluya espacios
naturales que contribuyan al mantenimiento de zonas
estratégicas de conservación cultural, como un proceso activo
para la pervivencia de los grupos étnicos reconocidos como
culturas diferenciadas en el país.
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f) Beneficios ambientales: Que la sustracción de la zona no limite
la generación de beneficios ambientales fundamentales para el
bienestar y la calidad de vida de la población humana.
El acto administrativo que resuelva la solicitud de sustracción,
deberá estar debidamente motivado en la descripción del análisis
de los mencionados criterios. En caso de resolverse sustraer total
o parcialmente el área protegida, en el acto administrativo deberá
describirse claramente los límites sobre los cuales recae dicha
decisión administrativa. Lo aquí dispuesto, se aplica sin perjuicio
de la necesidad de tramitar y obtener los permisos, concesiones,
licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar.
Parágrafo. Lo aquí dispuesto aplicará salvo para aquellas áreas
que la ley prohíbe sustraer”.
Al respecto, la Sala destaca que el trámite de sustracción de un
área protegida se aplica sin perjuicio de la necesidad de tramitar y
obtener los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones
ambientales a que haya lugar.
Del principio de prevención
Respecto del principio de prevención, como fundamento de la
acción preventiva en materia ambiental, la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que opera en lo eventos en los cuales
existe claridad y certeza respecto de los impactos o implicaciones
ambientales de una actividad, por lo que resulta necesario evitar o
reducir sus efectos nocivos sobre los ecosistemas cuya protección
se pretende. Sobre el particular, en providencia de 20 de mayo de
201621 se consideró que:
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 20
de mayo de 2016, expediente núm.: 73001-23-31-000-2011-00611-01 (AP), consejero
ponente: Guillermo Vargas Ayala.
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“[…] Habida consideración de los notables avances experimentados
por la humanidad en materia científica y tecnológica en el curso del
último siglo y del incomparable poder de afectación y destrucción
de la vida y el entorno de sus desarrollos actuales, resulta
imperioso admitir que no obstante ser mayores las amenazas que
suscitan sus progresos son cada vez menores las certezas que
ofrece la ciencia en cuanto a los riesgos que éstos comportan.
Corolario de lo anterior es la necesidad de asumir como un
postulado propio de la denominada sociedad del riesgo que la
acción del Estado en defensa de los intereses colectivos no puede
estar siempre supeditada a la plena demostración de los peligros
que conlleva una determinada actividad, producto o tecnología. Si
bien en otra época la acción Estatal restrictiva de la libertad
económica y de las facultades de los propietarios debía obedecer a
razones probadas de amenaza cierta al interés general, en la
actualidad la falta de certeza científica y la subsecuente
imposibilidad de cuantificar o anticipar con total certidumbre los
efectos nocivos de un determinado proceso o bien respecto del cual
existe evidencia de su potencial peligrosidad no puede tornarse en
una talanquera para que las autoridades emprendan las
actuaciones que la Constitución, la Ley y el Derecho Internacional
esperan de ellas en pro de la defensa del ambiente, los recursos
naturales o la seguridad y salud de la comunidad.
Ahora bien, en tanto criterio orientador y parámetro habilitante
para la gestión de riesgos en situaciones de incertidumbre
cualificada, el principio de precaución reviste a las autoridades
responsables de estas decisiones de una amplia discrecionalidad
para determinar qué medidas concretas adoptar en cada caso. Ello
dependerá, en lo fundamental, del nivel de riesgo advertido y de las
evidencias que sustentan el temor de sufrir un daño grave e
irreversible. Así, si el riesgo es considerado elevado y la amenaza
de daño justifica una intervención estatal intensa se pueden tomar
medidas como una regulación que condicione la realización de las
actividades riesgosas a una autorización previa o que restrinja su
desarrollo de manera temporal (suspensión) o definitiva
(prohibición). Si en cambio la evaluación del riesgo no es
especialmente grave o las evidencias que se tienen de su
peligrosidad no son lo suficientemente sólidas para justificar la
restricción de la actividad que lo origina, pero hay dudas sobre la
inocuidad del producto o proceso, se pueden adoptar medidas
menos incisivas como financiar programas de investigación sobre la
materia, obligar a que se ofrezca al público una determinada
información o limitar los canales de comercialización o venta del
bien.
[…]
A diferencia del principio de prevención, llamado a operar en
ámbitos en los cuales se tiene claridad y certeza respecto de
los impactos o implicaciones ambientales de una
determinada actividad, producto o proceso, de manera que
resulta imperioso anticipar, evitar o mitigar sus efectos
nocivos sobre los ecosistemas, el principio de precaución tiene
como característica habilitar la toma de decisiones en escenario de
incertidumbre ocasionada por la complejidad propia de la acción
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que se desarrolla en ámbitos técnicos o científicos. Es, entonces, un
mecanismo que busca impedir la parálisis de las autoridades frente
a la ausencia de certezas respecto de las eventuales consecuencias
negativas de una actividad, producto o proceso prima facie
legítimo, así como la falta de resultados efectivos en la evitación de
daños de la aplicación convencional de los instrumentos de policía
administrativa contemplados para la generalidad de las situaciones
reguladas por el Estado.
En últimas, como establece el numeral 6º del artículo 1 de la Ley
99 de 1993, de conformidad con este principio, “cuando exista
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente". En esta misma línea, el Preámbulo de la CDB
hace referencia a este principio, señalando que “cuando exista una
amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad
biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas
inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a
evitar o reducir al mínimo esa amenaza”. También apuntan en esta
dirección el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, el artículo 3.3 de las Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el artículo 6 del
Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención
de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 relativas a la
conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales
y las poblaciones de peces migratorios, adoptado el 14 de agosto
de 1995 […]” (Resaltado de la Sala).
Lo probado en el proceso y el análisis de la Sala
En el caso sub lite, el Consejo Directivo de la CVS, en aplicación
del numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99, expidió el Acuerdo
núm. 76 de 25 de octubre de 2007, por medio del cual declaró
como área protegida, acorde a la categoría de manejo denominada
distrito de manejo integrado de recursos naturales, una zona que
tiene una extensión de 420,13 km2, correspondiente al área de
reserva del complejo cenagoso del Bajo Sinú, localizada en los
MUNICIPIOS DE LORICA, CHIMÁ, PURISIMA, COTORRA,
CIÉNAGA DE ORO Y SAN PELAYO, en el DEPARTAMENTO, con
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una zona de amortiguación de 370,87 km2, acto administrativo en
el cual se establecieron las siguientes consideraciones:
“[…] Que en el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú se hallan
poblaciones y familias asentadas que conforman las
comunidades rurales, con cultura e identidad propias, que
tienen como actividad principal la producción agrícola, pecuaria
y la pesca tanto para el autoconsumo como para la
comercialización, y estando esta actividad en relación directa
con el aprovechamiento de los recursos naturales del área de
reserva, se hace necesario adelantar las acciones encaminadas
a la identificación de alternativas económicas sostenibles,
asimismo generar procesos que permitan la participación y
capacitación de las comunidades en el marco del Plan de
Manejo y Ordenamiento Ambiental del área, de tal forma que
se asegure la sostenibilidad de estos recursos y el bienestar
social.
[…] Que el Área de Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo
Sinú, se ubica en el norte del departamento de Córdoba, en la
margen derecha del río Sinú y geográficamente se ubica entre
las coordenadas 1440000 a 1527000 Norte y 800000 a 855000
Este, con origen Bogotá. Su cuenca hidrográfica está limitada
al sur por una estribación de la Serranía de San Jerónimo
llamada Sierra Chiquita, al este por la misma Serranía desde el
kilómetro 30 de la carretera Montería – Planeta Rica hasta el
cerro Los Vidales, al occidente por el río Sinú y al norte por la
divisoria de la microcuenca de la bahía Cispatá.
[…] Que el estudio “Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental
del Área de Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú”
elaborado por la Universidad Nacional de Colombia – Sede
Medellín -, precisa la importancia y características de esta
reserva y las condiciones para que sea declarada como
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables, en la medida en que los factores biológicos,
físicos, socioeconómicos y de paisaje analizados,
garantizan que a partir de la consideración de esta
propuesta, se constituya como reserva, un área
fundamental para la región que permita su declaratoria,
conservación y uso sostenible de los recursos.
[…] ARTÍCULO 5. El Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales del Área de Reserva del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú contempla en su plan de manejo
actividades productivas que sean sostenibles con el
ecosistema, el desarrollo de la investigación, la educación y
sensibilización de las comunidades, la participación y
concertación con actores locales, la puesta en marcha de
proyectos agrosostenibles. Todo ello de acuerdo con
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estrategias contempladas en el Plan de Manejo y Ordenamiento
Ambiental del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, las cuales
deben ejecutarse en forma concertada con las comunidades,
actores locales y municipios, con participación de organismos
de autoridad ambiental como la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS- y otros
entes académicos.
[…] ÁREAS DE PROTECCIÓN […]
Uso principal
• Protección
Usos compatibles
• Transporte y Ecoturismo de baja densidad
• Obtención de macrófitas en pequeñas cantidades
• Pesca de subsistencia
• Caza de subsistencia
• Educación dirigida
• Reforestación con fines de protección
Usos condicionados
• Pesca y caza con fines investigativos
Usos prohibidos
• Pesca de tallas pequeñas
• Artes de pesca inadecuadas
• Caza deportiva
• La caza del manatí y demás especies en vía de extinción
• Vertimiento de aguas contaminadas
• Vertimiento de residuos sólidos
• La tala
• La quema
ÁREAS DE PRODUCCIÓN […]
Uso principal:
• Según la destinación es agrícola, acuícola y en las zonas
externas el área actual de inundación, el uso agrosilvopastoril.
Usos compatibles:
Según la destinación:
• Agricultura no tecnificada con producción limpia.
• Agricultura tecnificada con restricciones, en las zonas
externas al área de inundación
• Cultivos de peces
• Zoocriaderos
• La reforestación
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Usos prohibidos
• Ganadería intensiva y extensiva al interior del área de
inundación
• Uso residencial permanente al interior del área de inundación
• Caza deportiva
• La caza de manatí y demás especies en vía de extinción
• Vertimiento de aguas contaminadas
• Vertimientos de residuos sólidos
• La tala
• La quema
ÁREAS DE RECUPERACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN […]
Uso principal:
• Recuperación para la producción
Usos compatibles:
• Uso agrosilvopastoril
• Investigación para la recuperación
• La reforestación
Usos prohibidos
• Ganadería extensiva e intensiva
• Agricultura
• Recreación y turismo
• Caza deportiva de manatí y demás especies en vía de
extinción
• Vertimiento de aguas contaminadas
• Vertimiento de residuos sólidos
• La Tala
• La quema
ÁREAS DE RECUPERACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN […]
Uso principal:
• Recuperación para la preservación
Usos compatibles
• Actividades propias de la investigación para la preservación.
• Repoblamiento de las especies faunísticas y florísticas,
respaldado por investigaciones científicas.
• Establecimiento de un banco de peces.
Usos prohibidos:
• La pesca
• La agricultura
• La ganadería
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• El transporte
• Caza deportiva
• La caza de manatí y demás especies en vía de extinción
• Vertimiento de aguas contaminadas
• Vertimiento de residuos sólidos
• La Tala
• La quema
ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN […]
Los usos que se realicen en esta zona de transición estarán
dirigidos a:
• Servir de transición entre las áreas de manejo definidas en el
Distrito de Manejo Integrado y el resto del territorio.
• Mitigar los impactos ambientales producidos por causas
naturales o actividades humanas, en cualquier parte del
exterior del Distrito de Manejo Integrado.
• Garantizar el desarrollo sostenible de las poblaciones
circundantes al Complejo Cenagoso, principales actores del
manejo del humedal, permitiendo actividades agropecuarias y
extractivas de regular intensidad.
• Realizar acciones para mejorar las condiciones de los
afluentes de Complejo Cenagoso.
• Suministrar elementos de hábitat para organismos no
acuáticos que viven cerca del Complejo Cenagoso.
• Vigilar el crecimiento descontrolado de la urbanización.
[…] ARTÍCULO 9. En caso excepcional y por razones estricticas
de utilidad pública o interés social u otra causa legalmente
consagrada, las actividades que impliquen remoción del
bosque, cambio o uso de los suelos, construcción de obras para
mejorar el anegamiento de asentamientos humanos, o
cualquier otra actividad distinta al aprovechamiento
racional de los recursos naturales dentro del área que
resultare afectada, deberá consultarse previamente a la
autoridad ambiental y concertarse con los diferentes
actores institucionales y sociales que pueden verse
afectados, con el fin de que el área se re – delimite y
sustraiga del distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales; además debe ser restituida con otra
zona o ecosistema que permita garantizar los objetivos
de la reserva y su funcionalidad en términos biológicos.
Deberá además retribuir los impactos negativos
causados en el área e invertir los recursos económicos
necesarios que permitan la recuperación y desarrollo de
la región.
ARTÍCULO 10. Las instituciones públicas que adelanten o
proyecten realizar obras de infraestructura en el Distrito
de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables (DMI) Área de Reserva del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú, deberán ceñirse estrictamente a
lo establecido en el Plan de Manejo de Ambiental, sin
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perjuicio del cumplimiento de las normas ambientales
vigentes […]”. (Destacado de la Sala)
Del mencionado acto se destaca que la declaratoria de área
protegida obedeció a la importancia y características de la reserva,
en relación con los factores biológicos, físicos, socioeconómicos y de
paisaje analizados, lo que hacía necesaria su constitución por ser un
área fundamental para conservación y uso sostenible. Igualmente,
se estableció que en el complejo cenagoso se desarrollarían
actividades productivas que fueran sostenibles con el ecosistema, el
desarrollo de la investigación, la educación y sensibilización de las
comunidades, así como la participación y concertación con actores
locales, a través de proyectos agrosostenibles. Las áreas del
complejo que fueron establecidas por la CVS en el mencionado
acuerdo son:
1. De protección: cuyo uso principal es precisamente este, la
protección; los usos compatibles, son el transporte y ecoturismo de
baja densidad, la obtención de macrófitas en pequeñas cantidades,
la pesca de subsistencia, la caza de subsistencia, la educación
dirigida y la reforestación con fines de protección; y los usos
prohibidos, son la pesca de tallas pequeñas, artes de pesca
inadecuadas, caza deportiva, la caza del manatí y demás especies
en vía de extinción, el vertimiento de aguas contaminadas, el
vertimiento de residuos sólidos, la tala y la quema.
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2. De producción: cuyo uso principal es agrícola, acuícola y en
zonas externas, agropastoril; y los usos prohibidos son la ganadería
intensiva y extensiva al interior del área de inundación, uso
residencial permanente al interior del área de inundación, la caza
deportiva, la caza de manatí y demás especies en vía de extinción,
el vertimiento de aguas contaminadas, vertimientos de residuos
sólidos, la tala y la quema.
3. De recuperación para la producción: cuyo uso principal es
precisamente este, la recuperación para la producción; y sus usos
prohibidos, la ganadería extensiva e intensiva, agricultura,
recreación y turismo, la caza deportiva de manatí y demás especies
en vía de extinción, el vertimiento de aguas contaminadas,
vertimientos de residuos sólidos, la tala y la quema.
4. De Recuperación para la preservación: cuyo uso principal es
la recuperación para la preservación; los usos prohibidos, la pesca,
la agricultura, la ganadería, el transporte, la caza deportiva, caza
de manatí y demás especies en vía de extinción, el vertimiento de
aguas contaminadas, vertimientos de residuos sólidos, la tala y la
quema.
5. De amortiguación: cuyos usos están dirigidos principalmente a
servir de transición, mitigar los impactos ambientales producidos
por causas naturales o humanas, garantizar el desarrollo sostenible
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de las poblaciones circundantes al complejo, realizar acciones para
mejorar las condiciones del área protegida, suministrar elementos
de hábitat organismos no acuáticos y vigilar el crecimiento
descontrolado de la urbanización.
Consta también en el proceso que el proyecto de construcción de la
variante Lorica no se encontraba dentro de los usos permitidos en
ninguna de las áreas del complejo cenagoso, por lo que fue
necesario que CORUMAR S.A.S. solicitara la sustracción definitiva
de 12.55 Ha del mismo, a través de la solicitud radicada ante la
CVS el 24 de noviembre de 2015.
La CVS expidió el Acuerdo núm. 362 de 18 de mayo de 2018, en el
que resolvió la solicitud de sustracción del DMI del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú, en el sentido de denegar la petición
elevada por CORUMAR S.A.S., en atención a las siguientes
circunstancias:
“[…] Que en el recorrido de campo sobre la zona de influencia
directa del proyecto denominado “Sustracción definitiva Distrito
regional de Manejo Integrado (DRMI) del Complejo Cenagoso del
Bajo Sinú para la construcción de la Unidad Funcional Integral 7.1
denominada Variante Lorica”, específicamente sobre el trazado de
diseño de la vía el cual es de 60 metros de ancho. No se
evidenció la presencia de comunidades étnicas (indígenas,
Afro – descendientes o raizales).
[…] Que el trayecto por donde se pretende realizar la construcción
de la Variante Lorica, el cual fue evaluado y seleccionado por la
ANLA mediante el Auto No.2697 del 10 de julio de 2015 (corredor
oriental optimizado (3), en el tramo objeto de la sustracción
definitiva del DRMI (PR0+000 al PR2+753), se encuentran
varios cuerpos de agua importantes y zonas inundables del
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humedal que sirven de flujo conector entre la ciénaga y el
Rio Sinú.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental expidió CONCEPTO
TECNICO ALP 2017-140, a través del cual evalúa el Estudio
Técnico de la solicitud inicial y la información complementaria de
la solicitud de sustracción presentada por la empresa Concesión
Ruta al Mar S.A.S. en el cual se hacen las conclusiones
siguientes:
“(…) es claro para la Corporación que aunque la sustracción
definitiva de l a s 1 2 . 5 5 Ha comprende zonas que hoy día se
encuentran intervenidas por el hombre, también es cierto
que existen zonas que aún no han sido afectadas
por procesos antrópicos, las cuales se verán afectadas
intensamente de manera directa e indirecta por la
construcción de la nueva vía llamada "Variante
Lorica", especialmente en la zona delimitada con usos
condicionados para la producción sostenible y la
protección de caños, puesto que con la construcción de los
2.753 metros de terraplén independientemente que existan
obras que permitan el paso del flujo de agua, dicha
estructura puede acelerar el proceso de sedimentación
del complejo cenagoso y por consiguiente la colmatación
de los bacines y cauces que discurren por su área,
afectando ostensiblemente la conectividad hídrica de
este importante área protegida regional del
Departamento de Córdoba.
Que el concesionario propone realizar en los 2.573 metros de vía
objeto de la sustracción 34 estructuras hidráulicas que al sumar
sus bases por donde se intercomunicaran los cuerpos de agua
asociados al lagunar […] dan como resultado solo 190 metros, es
decir, aproximadamente 7% de la luz de los 2.753 metros de
terraplén que se pretenden construir, lo que generará una
alteración del funcionamiento hidrológico del humedal,
afectando su estructura funcional. Dando a entender que
los pulsos naturales del flujo hídrico de la Ciénaga serían
interrumpidos afectando la distribución y el
desplazamiento de la biodiversidad acuática.
Que luego de analizar y evaluar la tabla 8.18 impactos –
Construcción de la Variante Lorica se debe reconocer la
importancia social, económica, ambiental y cultural del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú, conocido también como Ciénaga Grande
de Lorica, la cual es un área protegida que hace parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), constituye un patrimonio
de la Nación y tiene un valor estratégico para el desarrollo
presente y futuro de Colombia, siendo una prioridad del Orden
Nacional y su uso específico debe estar destinado exclusivamente
para la conservación al tenor de lo establecido en el artículo 5°
del Decreto 2372 de 2010, agrupado en el Decreto 1076 de 2015.
Es claro que la pérdida de la capa de suelo es definitiva, si bien se
puede trasladar a otro sitio para compensar el impacto negativo
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in situ generado en el DRMI es de gran importancia, por lo cual
debe ser considerado un impacto CRÍTICO.
Que los impactos generados por la aparición y/o
incremento de erosión superficial, debería considerarse
CRÍTICO, debido a que este tipo de efectos no ponen en peligro
solo la dinámica natural del complejo sino también la de las
comunidades, ya que este puede incidir en procesos de
sedimentación que aumentan el riesgo de inundaciones.
Adicionalmente las distintas actividades constructivas,
principalmente la remoción de cobertura vegetal y la intervención
general del área propuesta para la construcción de la variante y la
conformación de los ZODME, alteran los escenarios naturales en
el área de influencia. Este impacto debe considerarse
CRÍTICO, puesto que se presenta un cambio en el paisaje
de manera definitiva, como lo es la construcción del
sistema vial en el área de influencia del DRMI del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú.
Que la alteración de ciénagas (cambios en la dinámica
hídrica de las corrientes y en los patrones de drenaje y
escorrentía) se considera un impacto CRÍTICO debido a
que la construcción de la Variante de Lorica se pone en una
franja que hace parte del sistema Cenagoso del Bajo Sinú y
que se vería afectado por la materialización del terraplén
sobre el cual se conformará la carretera.
Es preciso indicar que las medidas de manejo, no deberían incidir
de manera drástica o definitiva en el efecto o impacto generado,
debido a que toda actividad o acción desarrollada dentro del DRMI
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú debe considerarse como
mínimo de IMPACTO SEVERO O CRÍTICO, ya que este cumple con
diversas funciones importantes como la protección representativa
de la biodiversidad con el fin de garantizar el bienestar social,
económico y cultural de la región y la humanidad.
Por lo anterior, y en aras de salvaguardar los recursos naturales
del departamento, se determina pertinente la reevaluación de los
impactos asociados a la construcción de la variante Lorica,
teniendo en cuenta que durante la evaluación y análisis del
documento técnico se determinó que estos fueron realizados de
manera subjetiva y no se reconoció la magnitud, capacidad y
dimensión ecológica – ambiental de los impactos asociados a la
obra a construir sobre el Complejo Cenagoso.
[…] Que de acuerdo con el Plan de Manejo de
Ordenamiento Ambiental del complejo Cenagoso del Bajo
Sinú, la zona es el segundo en número de especies de
fauna en el departamento de Córdoba. Las especies más
representativas en el área son: Mamíferos (Nutrias, manatíes,
chigüiros, entre otros); Aves (Pato pisingo, chavarri, pato
colorado) y Reptiles (babillas, hicotea, iguana).
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Que en el complejo cenagoso se identifican 183 especies
de aves de las cuales las acuáticas representar la mayor
abundancia; en la zona se identifican sitios de anidación,
alimentación.
[…] Que actualmente el cambio de uso de suelo en algunas zonas
del DRMI del Bajo Sinú y la modificación en los cursos de los
regímenes hídricos en el ecosistema ha ocasionado la pérdida y
afectación de la fauna y la flora propia del sistema y esta
problemática indiscutiblemente ha incidido de la
fragmentación de algunas áreas del ecosistema, lo cual no
indica que se deben continuar realizando acciones para
mantener el ecosistema actual y tratar de recuperar las
zonas afectadas.
[…] Que se presentará una afectación severa sobre la
biodiversidad y la estructura ambiental ecológica en el Complejo
Cenagoso, con la construcción de la Variante Lorica, al
interrumpir el normal flujo de agua entre el Rio, Caños y
Ciénagas.
[…] Que la Corporación ha evidenciado y registrado en el área de
influencia del proyecto, que existe un grupo de importante de
especies silvestres diferentes a las aves, como reptiles y
mamíferos, los cuales algunas veces se encuentran alguna
categoría de amenaza, realizan sus actividades de percha,
desplazamiento y otras funciones ecológicas asociadas a la
vegetación, principalmente la cobertura de Herbazal dentro
inundable (sic), caños y zonas pantanosas, que como lo
manifiesta en el documento, son las áreas núcleo que se han
mantenido durante el tiempo, lo cual ratifica que a pesar de no
ser un área totalmente inundada, la productividad de la
vegetación acuática como las macrófitas superan a las acuáticas,
además las primeras soportan y abrigan varios tipos de
comunidades como microalgasperifiticas, macro invertebrado,
zooplancton, recurso ictico, reptiles, aves y mamíferos. […]
Que la Corporación ha identificado en las zonas de
influencia del Proyecto se constituye en zona importante
de tránsito de especies focales del departamento de
Córdoba, tales como manatí, nutria, babilla, chigüiros,
tortugas y aves nativas y migratorias que emplean estas
zonas como sitio de percha, anidación reproducción y
alimentación.
[…] Que la reducción y desaparición de especies de mamíferos
está estrechamente relacionada con la alteración de los hábitats
naturales o refugios y la caza indiscriminada, en este sentido
cualquier obra que altere drásticamente el sistema constituye a la
pérdida de estas especies.
[…] Que la ejecución de este tipo de obras de
infraestructura (Terraplén) en estas zonas de tránsito de
fauna como mamíferos, reptiles y aves, no son consideradas
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apropiadas, porque no garantizan adecuadamente su
tránsito y permanencia en estas zonas, dada la
interrupción de los cauces y corrientes hídricas, exponiendo
a las especies a posibles varamientos que, a raíz de los cambios
de las áreas inundables y la ejecución de actividades antrópicas,
como la construcción de la variante sin el diseño apropiado para
el paso libre de la lámina de agua.
[…] 5. RECOMENDACIONES
El Equipo Técnico Evaluador de la Corporación, teniendo en
cuenta la solicitud, la documentación complementaria remitida
por el Concesionario Ruta al Mar S.A.S, las consideraciones
generales, las actividades realizadas y las conclusiones de los
diferentes componentes del presente concepto técnico,
recomienda al Honorable Consejo Directivo de la Corporación, NO
autorizar la sustracción definitiva de 12.55 Ha del Distrito
Regional de Manejo Integrado (DRMI) del Complejo Cenagoso del
Bajo Sinú […]”
[…] 2.8.3. La Dinámica Actual del Complejo Cenagoso. Es una
zona inundable cruzada por numerosos caños y zonas bajas
interconectadas, esta última condición especialmente notable
durante aguas altas cuando el lente de agua cubre toda la llanura
inundable y el flujo regional adquiere una dirección predominante
de S a N. La dinámica natural del complejo depende no solo
de la comunicación que sostiene con el río sino también
por los arroyos, caños y ciénagas internas, que a su vez
pueden separarse como las partes que mantiene
funcionando al sistema como un todo. Es decir, que el
equilibrio y funcionamiento normal del complejo depende
del equilibrio que sostenga cada una de las partes que lo
conforman.
[…] Entre los procesos de transformación natural y los
cambios producidos por factores externos, se ha moldeado
la forma y estructura del Complejo, hasta el estado que
presenta actualmente. Los principales cambios debidos a
factores externos que ha sufrido el Complejo Cenagoso
están asociados a obras o actividades muy concretas tales
como:
• La Urbanización de su área de influencia, que de manera
progresiva ha desecado y aumentado el nivel de los suelos.
• La construcción de la carretera Montería – Lorica en los años
50`s, con la cual se cerraron muchas de las conexiones que el río
tenía con el Complejo, en su llanura de inundación.
• La intensificación de la agricultura en la parte sur de la cuenca,
donde se adecuaron terrenos y se construyeron canales,
modificando el drenaje natural de la cuenca.
• La expansión de la frontera agrícola y ganadera, manifestada en
la adecuación de terrenos inundables que han sido separados del
Complejo con la construcción de diques y camellos, y el desvío de
caños.
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• El aislamiento parcial de algunos cuerpos de agua, reteniendo
las aguas durante el verano para mantener la actividad pesquera,
como es el caso de la ciénaga Momil. Existen también al interior
del Complejo algunas represas construidas con fines piscícolas.
• La operación de la hidroeléctrica Urrá I ha modificado el
régimen natural de los aportes que hace el río Sinú al Complejo,
tanto en magnitud como en variabilidad. Por otra parte, la
retención de sedimentos en el embalse, hace que el río genere
procesos de erosión y sedimentación en su cauce, para tratar de
encontrar un equilibrio en su alineamiento horizontal y vertical; lo
cual puede incidir en la dinámica sedimentológica del Complejo
Cenagoso.
[…] 4. COMPONENTE ECOSISTÉMICO
[…] - Por otro lado, cualquier actividad que se pretenda
realizar en un ecosistema de humedal, que involucre el
flujo del sistema, debe ser ampliamente estudiado en el
aspecto hidráulico sobre el comportamiento de la ciénaga,
el cual puede generalizarse en tres categorías: cambio en
la elevación del nivel normal de las aguas y la interrupción
parcial sobre el patrón estacional del agua; la circulación
interna y los procesos de mezcla cambian al introducir una
estructura en el sistema.
En este sentido, para la predicción de los efectos de un proyecto
es absolutamente necesario tener una idea clara sobre la
circulación y condiciones de mezcla en el sistema, ya que el
estudio hidrológico e hidrodinámico presentado por la empresa
Ruta al Mar S.A.S. sobre el caño Aguas Prietas, río Sinú y
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, se limita a presentar
exclusivamente los criterios de diseño y análisis para el cálculo o
dimensiones de “obras menores” […]. Por tal razón, es evidente
que el enfoque del estudio presentado a la Corporación, se
concentró exclusivamente en el análisis de la capacidad hidráulica
de drenaje, pero no en el análisis integral del sistema cenagoso,
que tiene funciones hidrológicas, hidráulicas y geomorfológicas y
biológicas, los cuales en su conjunto presentan unos bienes y
servicios ambientales, los cuales se verán afectados y/o reducidos
por el (sic) obras proyectadas (tipo terraplén) por la Variante
Lorica.
Se confirma, además, en el estudio en forma reiterativa, el
enfoque limitado a determinar la capacidad de las obras de
drenaje (alcantarillas, puentes), sin modelar el sistema
hidrológico e hidrodinámico del sistema cenagoso, que comprenda
estudios integrales de caracterización, hidrológica, hidráulica,
geomorfológica, calidad como cambia los procesos de demanda
de oxígeno, concentración y disolución, entre otros.
[…] 5. CONCLUSIONES
De la revisión y análisis de los estudios existentes, se puede
concluir:
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• Que las modelaciones hidráulicas de las estructuras propuestas
por la concesión Ruta al Mar S.A.S. para la construcción del
proyecto vial denominado “Variante Lorica”, están incompletas y
no evidencian la realidad hídrica e hidráulica del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú.
• Que los caudales descargados al Complejo Cenagoso del Bajo
Sinú a través de sus cauces tributarios (Caño Aguas Prietas, Caño
Bugre, Caño María, Canal Principal Berastegui, entre otros), son
mucho mayores que los proyectados en los diseños del proyecto
vial denominado “Variante Lorica”.
• Que el diseño vial propuesto (tipo terraplén con dos puentes y
34 box coulvert), podrían acelerar el proceso de colmatación del
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, dado que las velocidades del
flujo de agua disminuirían ante la existencia del terraplén, ya que
este funcionaría como un control hidráulico (condición de borde) y
por lo tanto los sedimentos y demás elementos que constituyen el
agua que descargan los caños asociados al complejo así como al
río Sinú, llenarían los bacines, charcas, sapales y ciénagas que
componen el complejo.
• Que las ciénagas son verdaderos sistemas de
amortiguación y almacenamiento de excesos de caudales y
lluvias locales, que están conectadas al sistema fluvial
principal a través de caños de flujo y reflujo. Aunque estos
cuerpos de agua se consideran permanentes, la dinámica
de los caudales y las lluvias que la alimentan, incide en su
expansión y contracción de acuerdo con la disponibilidad
del sistema. Aspectos que no son reflejados o analizados
en los diseños presentados por la Concesión Ruta al Mar
S.A.S.
[…] – Que dentro de los estudios y diseños presentados por la
concesión, no se consideraron los efectos abióticos de un
proyecto hidráulico sobre un sistema lacustre […]
• Que no existe en el documento presentado para la
sustracción una predicción de los efectos del proyecto, lo
cual es absolutamente necesario con el fin de tener una
idea acerca de la circulación y condiciones de mezcla en el
sistema lacustre.
[…] - Que por tales razones es evidente que el enfoque del
estudio presentado a la CAR CVS por la Concesión Ruta al Mar
S.A.S., NO ES ADECUADO, al concentrarse exclusivamente en el
análisis integral del sistema cenagoso, el cual tiene funciones
hidrológicas, hidráulicas, geomorfológicas y biológicas
particulares, entre ellas: la regulación de crecientes, funciones
hidrobiológicas que dependen de la capacidad de circulación del
sistema, tiempo de retención, entre otras.
• Que se confirma en los estudios y diseños presentados
por la concesión, en forma reiterativa, el enfoque limitado
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de determinar la capacidad de las obras de drenaje
(alcantarillas, puentes), son modelar el sistema
hidrológico e hidrodinámico del sistema cenagoso, el cual
debe comprender estudios integrales de caracterización
hidrológica, hidráulica, geomorfológica, calidad, cambios
en los procesos de demanda de oxígeno, concentración y
dilución de contaminantes, entre otros.
[…] - Que de acuerdo a la importancia ecológica de las
especies identificadas en el complejo cenagoso, entre ellas
el manatí, Chavarri, nutria, entre otras, la alteración de la
lámina de agua y los flujos hídricos del cual dependen en
este ecosistema, mediante la construcción de una vía
compatible con el sistema, lo convertirían en embudo
principalmente para el desplazamiento de las especies y
creando aún más, un panorama más lejano para
recuperación de la conectividad ecológica, conllevando la
pérdida de la estructura y funcionamiento del humedal y,
por ende, los bienes y servicios ecosistémicos que aún
conserva y provee.
• Se reitera que el diseño propuesto tipo terraplén con dos
puentes y 34 estructura box coulvert causa afectación sobre
drenaje de la planicie de inundación generando eliminación de la
conectividad lateral, alteración del patrón de circulación (interna y
externa) y condiciones de mezcla en el sistema, disminución de la
capacidad de regulación durante eventos de inundación,
eliminación de hábitats y fuentes de alimentación de especies
propias de estos ambientes anfibios.
[…] así las cosas, consideramos que ante recomendaciones
de la Corte Constitucional las cuales están acorde con el
concepto técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación, mal podría el Consejo Directivo
pronunciarse favorablemente sobre la solicitud de
sustracción del DMI variante Lorica, de la alternativa
propuesta por la concesión Ruta al Mar y escogida por
ANLA, por lo que sería prudente reconsiderar la propuesta
bajo un modelo que consulte esquemas y diseños más
compatibles con el ecosistema protegido, declarado DMI,
considerando las bondades y los propósitos de desarrollo
económico y social que genera la infraestructura vial para
la región. (…)
[…] Que la decisión de sustracción de áreas protegidas en la
modalidad de DMI del complejo Cenagoso del Bajo Sinú, sin lugar
a dudas golpea en forma directa la biodiversidad biológica del
área de influencia solicitada para sustraer, con ocasión al
proyecto de infraestructura vial y contradice los ejes
fundamentales de la acción conservacionista aprobada por la ley
colombiana, a más de no poder justificar la mitigación de
impactos ambientales como se indica en el Concepto Técnico.
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[…] De acuerdo con las consideraciones técnicas y jurídicas
que anteceden se deja establecido que la sustracción del
área del Distrito Regional del Manejo Integrado – DMI, con
las características del proyecto de infraestructura vial
Variante Lorica, en la forma como ha sido presentado se
concluye deficiencias en los estudios y diseños
presentados y en consecuencia una alta situación eventual
de peligro y de daño ambiental contra el ecosistema
cenagoso, demás recursos naturales asociados y el medio
ambiente, que vulneraría nuestro sistema de protección
integral de normas ambientales, la Constitución Política,
los diversos fallos contenidos en la jurisprudencia
nacional, los tratados y convenios aprobados por el orden
interno colombiano sobre la importancia de los humedales,
y específicamente por la Subdirección de Gestión
Ambiental y la Oficina Jurídica Ambiental de la Corporación
CVS.
[…] Así mismo, una alteración o estrangulamiento en la
zona considerada la “garganta hidráulica”, conllevaría
aumentar el riesgo de inundación en los Municipios
ubicados en el área de influencia de las obras tales como
Lorica, Purisima, Momil, Chimá, Cotorra, San Pelayo,
Cereté y Ciénaga de Oro.
Finalmente, el Consejo Directivo considera que en materia
procedimental y respecto de competencias, el concesionario si a
bien lo tiene, deberá tramitar nuevo proyecto con los ajustes que
respondan no solo a criterios hidráulicos desde inicio, sino
también a lineamientos ambientales, ecosistémicos, y en pro de
la conservación y mantenimiento de los recursos naturales, y así,
acudir a la CAR CVS con una única alternativa que guarde
consonancia con lo presentado ante las autoridades ambientales
que participan en ambos trámites […].” (Negrilla de la Sala)
Contra la anterior decisión, el solicitante interpuso recurso de
reposición, el cual fue desatado por la CVS mediante Acuerdo núm.
371 de 23 de agosto de 2018, en el sentido de confirmar la
negativa de sustracción.
De lo reseñado por la CVS, se destaca que el trayecto en que se
pretende realizar parte de la construcción de la variante Lorica, esto
es, el complejo Cenagoso del Bajo Sinú, es una reserva ecológica
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en la cual se encuentran varios cuerpos de agua importantes y
zonas inundables del humedal que sirven de flujo conector entre la
ciénaga y el río Sinú, además de ser la segunda zona en número de
especies de fauna en el DEPARTAMENTO y contar con flora propia
del ecosistema, todo lo cual exige que se adopten acciones que
permitan mantener el ecosistema actual.
Igualmente, se resaltó que aun cuando algunas de las zonas del
área objeto de la solicitud se encontraban intervenidas por la mano
del hombre, lo cierto era que existían otras que no habían sido
afectadas por procesos antrópicos y que se verían impactadas,
directa e indirectamente, por la construcción de la vía, ya que la
construcción del terraplén, independientemente de la elaboración
de obras que permitieran el paso del flujo de agua, podría acelerar
el proceso de sedimentación del complejo cenagoso y, en
consecuencia, la colmatación de los bacines y cauces que recorren
la zona, afectando la conectividad hídrica del área protegida.
Es así como la CVS estimó que las siguientes circunstancias debían
ser catalogadas como de impacto crítico en el complejo cenagoso
del Bajo Sinú: i. La pérdida de la capa de suelo es definitiva; ii. Los
impactos generados por la aparición y/o incremento de la erosión
superficial, que pone en peligro no solo la dinámica natural del
complejo sino también de las comunidades, al incidir en procesos
de sedimentación que aumentan el riesgo de inundaciones; iii. La
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remoción de cobertura vegetal y la intervención general del área
propuesta para la construcción de la variante y la conformación de
los llamados ZODME22, pues generan un cambio del paisaje de
manera definitiva; y iv. Alteración de ciénagas, es decir, cambios en
la dinámica hídrica de las corrientes y en los patrones de drenaje y
escorrentía, que se verían materializados con la construcción del
terraplén sobre el cual se erigiría la carretera.
Asimismo, la CVS precisó que varias zonas aledañas al complejo
cenagoso se encuentran con amenaza de inundación, circunstancia
que está relacionada con la corriente del río Sinú, los caños Aguas
Prietas y Bugre, entre otros.
Sumado a lo dicho, se pudo constatar por parte de la CVS que el
sector en el que se pretenden desarrollar las obras de la Variante
Lorica se encuentran las cuencas aportantes al Complejo Cenagoso
del Bajo Sinú, constituyéndose en la “garganta hidráulica” que
controla los flujos y contra flujos de la ciénaga – río y viceversa,
evento que condiciona, entre otras, la productividad ecosistémica,
recurso hidrobiológico, cadena trófica, corredor biológico y la
economía regional de los bienes y servicios que presta este
humedal, de ahí que el estrangulamiento de esa “garganta
hidráulica” aumentaría el riesgo de inundación de los municipios
localizados en el área de influencia de las obras.
22 Zona de disposición de material de excavación.
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Adicional a las afectaciones que se presentarían en el medio
ambiente del complejo cenagoso con la construcción de la variante,
la CVS advirtió que el Plan de Manejo de Ordenamiento Ambiental
del área protegida establece que dicha área es la segunda en
número de especies de fauna en el DEPARTAMENTO, entre las
cuales se destacan los mamíferos como nutrias, manatíes,
chigüiros; las aves como el pato pisingo, Chavarri y el pato
colorado; y los reptiles como la babilla, hicotea e iguana.
Asimismo, se identifican 183 especies de aves, de las cuales las
acuáticas son las que presentan más abundancia, teniendo en la
zona sitios de anidación y alimentación.
De igual forma, la autoridad ambiental identificó que en las zonas
de influencia del proyecto existe un área de tránsito de especies
focales del DEPARTAMENTO, así como aves nativas y migratorias
que usan ese sector de percha, anidación, producción y
alimentación.
Precisado los hechos probados del proceso, la Sala procede a
pronunciarse sobre los argumentos de los recurrentes.
Del recurso de la ANLA
Conforme a los argumentos expuestos por la ANLA, en su recurso
de apelación, a su juicio, en el caso sub lite no se configuró la
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vulneración de los derechos colectivos que se ordenaron proteger
en el fallo de primera instancia, puesto que esa autoridad expidió la
Resolución núm. 02058 de 16 de noviembre de 2018, confirmada a
través de la Resolución núm. 00142 de 11 de febrero de 2019, en
la que denegó la licencia ambiental para el proyecto de construcción
de la variante Lorica solicitada por CORUMAR S.A.S.
De las citadas resoluciones expedidas por la ANLA, se destacan los
siguientes aspectos:
“[…] Que por medio del Auto del 19 de mayo de 2015, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como resultado del
análisis y evaluación de la información de los componentes
biótico, físico y social del Diagnóstico Ambiental de Alternativas
presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI,
eligió la alternativa (corredor occidental) como la más viable
ambientalmente para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental – EIA, para el proyecto denominado “Construcción de
la Variante Lorica”, localizado en el Departamento de Córdoba.
Que a través del auto 2697 del 10 de julio de 2015, la Autoridad
de Licencias Ambientales – ANLA modificó el auto 1935 del 19 de
mayo de 2015, en el sentido de elegir el corredor oriental
optimizado (3).
[…] Que la sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S. solicitó a
esta Autoridad Nacional, licencia ambiental para el proyecto
denominado “construcción de la variante Lorica” el cual se
encuentra localizado en la jurisdicción del municipio de Santa
Cruz de Lorica en el departamento de Córdoba, a través de la
ventanilla integral de trámites ambientales en línea – VITAL […]
anexando entre otros documentos copia del Estudio de Impacto
Ambiental – EIA.
[…] Que mediante oficio con radicación 2017015456-1-000 del 2
de marzo de 2017, la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, presentó a esta autoridad
nacional el concepto técnico ULP No.2017-018 del 17 de febrero
de 2016, sobre EIA presentando para la solicitud de la licencia
ambiental para el proyecto.
Que mediante Auto 622 del 3 de marzo de 2017, esta autoridad
dio inicio al trámite administrativo de evaluación de la licencia
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ambiental solicitado por la sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR
S.A.S., para el proyecto denominado “Construcción Variante
Lorica” Unidad Funcional 7 Subsector 1, comprendido entre el
k0+000 al k7+255, con una longitud de 7.25 km, el cual se
localiza en la jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica,
Córdoba.
[…] Que mediante oficio con radicación 2018119861-1-000 del 31
de agosto de 2018, la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge informó a esta Autoridad Nacional
que el Consejo Directivo de dicha Corporación expidió el Acuerdo
36 del 30 de mayo de 2018 “Por medio de la cual se resuelve una
solicitud de sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado
del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú” y el Acuerdo 371 del 23 de
agosto de 2018 “Por medio del cual se resuelve un recurso de
reposición presentado por el concesionario Ruta al Mar contra el
Acuerdo No.632 del 30 de mayo de 2018”, cuyas copias se
anexaron al oficio en mención.
[…] CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES
[…] “[…] De acuerdo con lo propuesto por la sociedad solicitante,
se plantea la construcción de tres intersecciones, en el sector sur,
centro y norte, las cuales cuentan con una longitud total de 0.125
km (sumando las longitudes de las tres intersecciones entre sí),
que al ser sumados a la variante la cual es de 1.25 km, da como
longitud total 7.38 km […]
[…] Teniendo en cuenta las características técnicas presentadas
en el estudio, el grupo evaluador considera que son acordes con
las características técnicas que se establecieron en el Auto 2697
del 15 de julio de 2015, por el cual se modificó el auto 1935 del
19 de mayo de 2015 de selección de la alternativa óptima,
además considera que de acuerdo a lo observado en la visita de
evaluación, la vía actual pasa por el municipio de Lorica, en un
tramo, donde inicia la variante Lorica propuesta por la sociedad.
[…] Diseño del proyecto
De acuerdo con la información presentada, se realizó un
ajuste al diseño por áreas sensibles debido al trabajo de
campo realizado a lo largo del “corredor oriental
optimizado (3)”, seleccionado mediante el Auto 2697 del
10 de julio de 2015, como la mejor alternativa para la
construcción de la variante Lorica, lo cual permitió
identificar un área sensible desde el punto de vista biótico,
conocida como Garcero Predio San Miguel. En esta área se
congregan grandes grupos de garzas, pertenecientes a
varias especies, con fines reproductivos, de descanso y de
alimentación.
[…] La disminución de espacios para anidación de la
avifauna en las zonas de la Ciénaga Grande Lorica, a causa
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de la expansión de las poblaciones humanas asociadas,
convierte esta área en receptora de fauna, y en un sitio
estratégico para la conservación de las diferentes especies
de aves, que por sus hábitos gregarios, requieren zonas de
estas características para realizar anidaciones conjuntas
que garanticen la supervivencia de una mayor cantidad de
individuos.
[…] Ahora bien, es importante resaltar lo establecido por la CVS,
en el Acuerdo 362 del 30 de mayo de 2018, confirmado por el
Acuerdo 371 del 23 de agosto de 2018, en el cual “NO” se
autoriza la sustracción definitiva de 12.55 ha, (k0+000 al
k2+753) del Distrito Regional de Manejo Integrado del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú, al realizar el cálculo total de la luz que
dan las 34 obras menores propuestas en los 2753m de vía en
terraplén y que de acuerdo a los diseños, serían los puestos de
interconexión de los cuerpos lagunares que hacen parte de la
ciénaga, se encontró que es un espacio bajo respecto al
total del terraplén a construir en la vía, consecuencia de
estos, se genera una modificación y/o alteración, del
funcionamiento hidrológico del humedal, afectando su
estructura funcional, dando a entender que los pulsos
naturales del flujo hídrico de la ciénaga serán
interrumpidos afectando la distribución y desplazamiento
del agua y de todo lo que implica a nivel de ecosistemas,
de acuerdo con lo expuesto, el grupo de evaluación de la
ANLA está de acuerdo con lo considerado por la
Corporación en cuanto a la no sustracción de las 12.55 ha
para el proyecto.
Tal como lo expresa la Corporación, en cuanto al sistema
constructivo de vía sobre terraplén propuesto por la
sociedad, así existan las obras de interconexión del flujo
del agua, se acelera el proceso de sedimentación del
complejo cenagoso, por consiguiente la colmatación de los
basines y cauces que discurren por su área, afectando
ostensiblemente la conectividad hídrica de esta importante
área protegida en el departamento de Córdoba.
Soportando lo anterior, se puede extraer del modelo (incluyen los
cálculos soportados para niveles máximos con períodos de
retorno de 2.33 años; 5 años; 10 años; 25 años; 50 años; 100
años) empleado por la sociedad para establecer el
comportamiento de la ciénaga y realizar los respectivos diseños
hidráulicos de las obras menores, que la modelación hidráulica
de las estructuras propuestas, no plasma la realidad
hídrica e hidráulica del complejo cenagoso, que los
caudales de los tributarios descargados al complejo
cenagoso son mucho mayores de acuerdo a lo expuesto
por la Corporación, que el modelo predictivo solo se limitó
a mostrar los criterios de diseño y análisis para el cálculo
de dimensionamiento de obras menores, específicamente
el cálculo de capacidad hidráulica, sobre lo cual el grupo de
evaluación de ANLA, considera que el modelo presentado
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por la sociedad no reporta la realidad de la ciénaga que
hace parte del complejo Cenagoso del Bajo Sinú.
También se considera que dado que en el Acuerdo 362 del
30 de mayo de 2018, confirmado por el Acuerdo 371 del 23
de agosto del 2018, en el cual “NO” se autoriza la
sustracción definitiva de 12.55 ha, (k0+000 al k2+753) del
Distrito Regional de Manejo Integrado del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú, donde se propone ejecutar los
2753m de vía dentro del complejo cenagoso, no es posible
ejecutar ningún tipo de actividad en dicha área, así las
cosas no se considera viable la ejecución de las 34 obras
propuestas para esta zona.
Obras mayores
El grupo de evaluación de ANLA, considera que la sociedad
describió el tipo de obras mayores a emplear y ejecutar en el
proyecto, presentó la información requerida en los términos de
referencia empleados para la elaboración del EIA del proyecto y
tuvo en cuenta lo establecido en el Auto 2697 del 15 de julio de
2015, por lo cual se modificó el Auto 1935 del 19 de mayo de
2015. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se pueden
ejecutar actividades del proyecto (obras mayores, obras
menores, vías en terraplén en 2753m), dentro del área en
la cual no se autorizó la sustracción (Acuerdo 362 del 30
de mayo de 2018, confirmado por el Acuerdo 371 del 23 de
agosto del 2018), se pierde la conectividad de la Variante
Lorica y, por ende, no sería posible cumplir con el objetivo
del proyecto, por lo cual esta Autoridad Nacional considera
que no es viable la ejecución del proyecto Variante Lorica,
incluyendo la construcción de obras mayores.
[…] CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA
[…] Esta Autoridad Nacional considera que la delimitación
del Área de Influencia Biótica no es adecuada, toda vez
que no representa en su totalidad las zonas donde se
manifestarían los impactos ambientales que pueden ser
generados durante el desarrollo del proyecto.
El grupo de evaluación de la ANLA, considera que no es adecuada
la definición del área de influencia directa del proyecto desde los
componentes físico biótico, teniendo en cuenta a su vez las
consideraciones de la CVS, según las cuales la modificación o
variación de la ciénaga al construir las obras asociadas a
los 2753m de vía, generaría impactos ambientales directos
sobre el total del complejo cenagoso del Bajo Sinú, lo cual
se traduce en un cambio o ampliación del área de
influencia del proyecto dado el funcionamiento hídrico tan
complejo de este tipo de cuerpos de agua, en los cuales la
modificación de una ciénaga, modifica totalmente el
complejo cenagoso, lo cual no se encuentra plasmado en el
área de influencia definida por la sociedad solicitante.
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[…] Lo anterior es importante resaltar por parte del grupo de
evaluación, debido a que en el sector cenagoso presente en el
trazado de la variante, se encuentra una condición de
estancamiento o agua almacenada, que durante toda la
temporada del año, hace presencia y que en algunas épocas se
inunda y requiere de evacuar naturalmente mediante
interconexiones hídricas (que en el caso de complejos cenagosos
son complejas, lo cual también es referido por la CVS en el
acuerdo del 30 de mayo de 2018, en cuanto a pulsos de flujo
hídrico natural del complejo cenagoso) que pueden verse
afectados por la intervención antrópica debido a las
diferentes actividades de la vida diaria, esto es de suma
importancia, pues durante la visita de evaluación se
observó que la zona cenagosa presente en el área ha sido
afectada o intervenida por diferentes actividades
ejecutadas por el hombre tales como, construcción de vías,
algunos potreros donde se ha generado espacio a la
ciénaga para la ejecución de actividades de ganadería,
agrícolas con las que se han modificado dichos
ecosistemas asociados al complejo cenagoso.
[…] La zona donde se proyecta la construcción de la
Variante Lorica es un terreno que se clasifica como zonas
inundables y zonas inundables periódicamente, de acuerdo
al IDEAM. Además de acuerdo con el IGAC se encuentra en
un terreno clasificado como sedimentación activa.
Clasificaciones que son coherentes con los resultados
obtenidos a lo largo del informe.
Los principales actores en el sistema hídrico del primer sector de
la variante son el río Sinú, el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, el
Caño Aguas Prietas y el caño El Mocho (identificado en la
caracterización como caño Chimalito).
[…] Tal como lo expresa la Corporación, el sistema
constructivo de vía sobre el terraplén propuesto por la
sociedad para el proyecto, a pesar de contemplar obras de
interconexión del flujo de agua, acelera el proceso de
sedimentación del complejo cenagoso, por consiguiente la
colmatación de las basines y cauces que discurren por su
área, afectando ostensiblemente la conectividad hídrica de
esta importante área protegida del departamento de
Córdoba.
[…] Se resalta que como el objetivo del proyecto es la
Construcción de la Variante Lorica en 7.255 km de vía
nueva y sus intersecciones, evitando el paso por el casco
urbano del municipio de Santa Cruz de Lorica, al no
poderse ejecutar por las razones expuestas en un tramo de
2753m de vía, el proyecto Variante Lorica pierde
conectividad y en general no puede cumplir su objetivo,
razón por la cual esta Autoridad Nacional considera que no
es viable ambientalmente su ejecución.
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De acuerdo con lo expuesto, se considera que ninguna de
las ocupaciones de cauce propuestas por la sociedad para
la ejecución del proyecto Variante Lorica es viable
ambientalmente.
[…] CONSIDERACIONES JURÍDICAS
[..] Fue precisamente con base en los resultados de la evaluación
del Estudio de Impacto ambiental presentado junto con la
información adicional allegada, el concepto y actos
administrativos emitidos por la Corporación de los Valles del Sinú
y del San Jorge – CVS, y con base en la visita realizada al área de
influencia del proyecto, que esta Autoridad Nacional efectuó
consideraciones relativas a las actividades a desarrollar, a los
medios abiótico, biótico y social, y a las medidas de manejo
ambiental, las cuales quedaron plasmadas en el Concepto Técnico
emitido, el cual determinó que técnicamente, el proyecto
materia de evaluación no es ambientalmente viable.
Entre las consideraciones relevantes que tiene en cuenta
esta Autoridad Nacional para considerar inviable el
otorgamiento de la licencia ambiental se encuentra
principalmente que la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, mediante el
Acuerdo 362 del 30 de mayo de 2018, confirmado por el
Acuerdo 371 del 23 de agosto de 2018, no autorizó la
sustracción definitiva del Distrito Regional de Manejo
Integrado del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, condición
que trae como consecuencia directa que no sea posible la
construcción de obras permanentes y/o temporales en
dicha área protegida y, por consiguiente se pierda la
conectividad de la Variante Lorica, imposibilitando el
cumplimiento del objetivo del proyecto, por lo cual esta
Autoridad Nacional considera que no es ambientalmente
viable su ejecución.
[…] Así las cosas, atendiendo al principio de prevención y
en el entendido que existen importantes limitaciones de
tipo ambiental para la ejecución del proyecto, en
consideración a la sensibilidad e importancia del
ecosistema que hace parte del mismo y teniendo en cuenta
además lo establecido por la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS,
mediante el Acuerdo 362 del 30 de mayo de 2018,
confirmado por el Acuerdo 371 del 23 de agosto de 2018,
en el cual no autorizó la sustracción definitiva del Distrito
Regional de Manejo Integrado del Complejo Cenagoso del
Bajo Sinú, esta Autoridad Nacional considera inviable
otorgar la licencia ambiental para el proyecto
“Construcción Variante Lorica […]” (Negrillas fuer de texto).
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La anterior decisión, fue objeto de recurso de reposición por parte
de la sociedad solicitante de la licencia, siendo desatado por la
ANLA a través de la Resolución núm. 0142 de 11 de febrero de
2019, en el sentido de confirmar la negación de la licencia
ambiental para la construcción de la variante Lorica.
De acuerdo con lo señalado por la ANLA, se identificó un área
sensible, desde el punto de vista biótico en el sector en el que se
pretende construir la variante, conocido como “Garcero Predio San
Miguel”, en donde se congregan grandes grupos de garzas
pertenecientes a varias especies, con fines reproductivos, de
descanso y de alimentación.
Igualmente, la ANLA puso de presente lo ya dicho por la CVS, en
cuanto a que la construcción del terraplén propuesto por la
sociedad aceleraría el proceso de sedimentación del complejo
cenagoso y, en consecuencia, la colmatación de bacines y cauces
que corren por el área, con lo cual se afectaría la conectividad
hídrica del área protegida.
Por esta razón, la autoridad ambiental estimó que el modelo
presentado por la sociedad concesionaria no evidencia la realidad
de la ciénaga que hace parte del complejo cenagoso, aunado a que
la delimitación del área de influencia biótica no es adecuada, pues
no refleja la totalidad de las zonas donde se presentarían los
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impactos ambientales que se generarían durante la ejecución del
proyecto de la variante.
La ANLA también tuvo en cuenta que, de acuerdo con lo
conceptuado por el INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, la zona
donde se pretende construir el proyecto de la variante es un
terreno clasificado como “zonas inundables y zonas inundables
periódicamente”; y que según el INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI - IGAC se trata de un terreno clasificado
como de sedimentación activa.
Así las cosas, la ANLA estimó que la ejecución del proyecto no era
viable ambientalmente y tampoco ninguna de las ocupaciones de
cauce propuestas por CORUMAR S.A.S., lo que la llevó a concluir
que “[…]En este caso, la obligación legal de esta Autoridad Nacional es
proteger bienes jurídicos colectivos de rango constitucional (medio
ambiente sano, recursos naturales y biodiversidad) que se pueden ver
amenazados por los impactos del proyecto, que conforme con la
evaluación adelantada, no fueron debidamente identificados y en
consecuencia el plan de manejo ambiental elaborado no garantiza el
mantenimiento de las características y condiciones de calidad de los
ecosistemas sensibles presentes en el área, ni la prevención, corrección,
mitigación y compensación de los impactos que se generarían en las
zonas de intervención, hecho que atentaría contra el derecho al medio
ambiente sano […]”.
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Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS
Frente a lo señalado por la recurrente, la Sala considera que si bien
con ocasión de la denegatoria de la licencia ambiental, el diseño de
la obra variante Lorica ya no se ejecutaría con la alternativa
aprobada por la autoridad ambiental, con lo cual se evitaría el
impacto ambiental sobre el complejo, lo cierto es que no puede
perderse de vista que el amparo ordenado en la sentencia de
primera instancia busca proteger los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico, el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, y
la protección de áreas de especial importancia ecológica, contra la
amenaza que se cierne sobre estos con ocasión de los trámites que
las entidades demandadas deban adelantar en virtud de la solicitud
de sustracción de área protegida y de licencia ambiental para el
proyecto variante Lorica, trámites que aunque ya fueron
denegados, no impiden que el interesado los presente nuevamente,
tal y como se indicó por parte de la ANLA en la Resolución núm.
2058 de 2018, al señalar que:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad Concesión Ruta al Mar
S.A.S. en caso de continuar interesada en el trámite mencionado,
deberá presentar una nueva solicitud de Licencia Ambiental,
presentando la documentación requerida en el artículo
2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015 y/o en la normativa
ambiental vigente, para lo cual deberá subsanar las causas por
las cuales se consideró la no procedencia de otorgar la licencia
ambiental […]”.
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Es por esta razón que la Sala estima que aun cuando la ANLA
denegó la licencia ambiental, no por ello se puede predicar la
ausencia de amenaza de los derechos e intereses colectivos, habida
cuenta que el concesionario tiene la posibilidad de iniciar un nuevo
trámite ambiental que le permita llevar a cabo el objeto del
contrato de concesión y obtener los respectivos permisos
ambientales, lo que hace indispensable que el Juez popular
intervenga para prevenir futuras afectaciones como lo consideró el
a quo.
Ciertamente, la Sala estima que de cara a los argumentos
expuestos por las partes y el material probatorio analizado, le
asistió razón al Tribunal al considerar la importancia ecológica y
ambiental del DMI complejo cenagoso del Bajo Sinú, lo que impone
la necesidad de ordenar la adopción de medidas que eviten la
consumación del daño sobre los derechos colectivos que se
pretende amparar, atendiendo a que se trata de un área protegida
en la cual únicamente pueden desarrollarse las actividades o usos
expresamente señalados en el acto administrativo de su
constitución, así como aquellos que resultan compatibles con los
objetivos de preservación del área, no siendo la construcción de la
variante Lorica una de aquellas actividades permitidas, que sea
sostenible con el ecosistema, el desarrollo de la investigación, la
educación y/o la sensibilización de las comunidades, así como
tampoco se enmarca dentro de los usos compatibles o
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condicionados de cada una de las áreas establecidas (protección,
producción, recuperación para la producción, recuperación para la
preservación y amortiguación), teniendo en cuenta que se trata de
una infraestructura de gran impacto que no puede ser
catalogada como transporte de baja intensidad.
Al respecto, se destaca que de acuerdo con el artículo 35, parágrafo
1º, del Decreto 2372 de 2010 los usos y actividades permitidas en
las distintas áreas protegidas que integran el SINAP, se pueden
realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composición y
función de la biodiversidad característicos de cada categoría y no
contradigan sus objetivos de conservación, lo que implica que todo
uso o actividad a desarrollar al interior del DMI complejo cenagoso
del Bajo Sinú debe respetar la estructura, composición y función de
la diversidad del mismo, presupuesto que, como quedó expuesto,
no se cumplió en el caso de la solicitud presentada por parte de
CORUMAR S.A.S. a la ANLA y a la CVS, pues la forma en como
fue prevista la construcción de la variante atentaba directamente
con el ecosistema y sus componentes.
Cabe resaltar que respecto de la protección del complejo cenagoso
del bajo Sinú, la Corte Constitucional en la sentencia T – 194 de
1999, al estudiar el proceso de degradación medioambiental que
afecta a la cuenca del río Sinú, ordenó adoptar medidas para
garantizar su protección, las cuales, precisamente, están referidas a
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la suspensión de toda obra de relleno y desecación de pantanos,
lagunas, charcas, ciénagas y humedales. Así se pronunció la
referida sentencia:
“[…] De esa manera, se puede afirmar que en la cuenca del Sinú
se presentan conflictos de conservación del orden de magnitud 1,
o sea de transformación total -cuando hay desaparición o cambio
fundamental de sus características-, y del orden 2, o de
perturbación severa -cambios en las funciones ambientales-, en
un área de humedales que representa el tres por ciento (3%) del
total de los identificados a nivel nacional por el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en
su estudio sobre las bases científicas y técnicas para una política
nacional de humedales, contratado por el Ministerio del Medio
Ambiente, a fin de cumplir con las obligaciones que Colombia
adquirió en el marco de la Convención sobre Humedales de
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas -Convención de Ramsar-, aprobada mediante la Ley
357 de 1997[1].
Por tales razones, se ordenará en la parte resolutiva de este fallo
a los Personeros, Alcaldes y Concejales de Tierralta, Valencia,
Montería, Cereté, Lorica, San Bernardo del Viento, Purísima,
Chimá, San Pelayo, Ciénaga de Oro, San Carlos, Momil, San
Antero y Moñitos, que procedan de inmediato a: 1) suspender
toda obra de relleno y desecación de pantanos, lagunas,
charcas, ciénagas y humedales en el territorio de esos
municipios, salvedad hecha de las que sean indispensables
para el saneamiento; 2) adelantar las actuaciones
administrativas de su competencia e instaurar las acciones
procedentes para recuperar el dominio público sobre las áreas de
terreno de los cuerpos de agua que fueron desecados y
apropiados por particulares; 3) regular la manera en que se hará
exigible en esos municipios cumplir con la función ecológica que
le es inherente a la propiedad (C.P. art. 58), establecer y exigir
las obligaciones que de tal función se desprendan para los
particulares y entes públicos; y 4) revisar los planes y programas
de desarrollo económico y social, para dar prioridad a las
necesidades que se derivan de: a) el tratamiento y vertimiento de
las aguas negras, b) la recolección y disposición de basuras, y c)
la recuperación de los cuerpos de agua. Se ordenará también a la
Gobernación del Departamento de Córdoba que proceda de igual
forma, y coordine el cumplimiento de tales tareas por parte de los
municipios mencionados, sometiéndose a las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente sobre la materia. El Gobernador
informará sobre la manera en que se acaten estas órdenes al
Tribunal Superior de Montería –juez de tutela en primera
instancia-, a la Procuraduría y a la Contraloría Departamentales, a
fin de que éstas ejerzan los controles debidos […]” (Resaltado
fuera del texto original).
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La Sala pone de presente que, como lo señaló la autoridad
ambiental, en caso de que CORUMAR S.A.S. insista en los
permisos ambientales para ejecutar la construcción de la variante
Lorica, debe tener en cuenta todas las recomendaciones hechas por
las autoridades ambientales, para de esa manera y con base en
nuevos estudios ambientales, hídricos, hidrológicos, hidráulicos,
entre otros, se pueda determinar si efectivamente la iniciativa
resulta compatible con los usos y actividades permitidas en las
distintas áreas protegidas del complejo cenagoso, además de no
alterar su estructura, composición, biodiversidad y no contradecir
los objetivos de conservación que motivaron la declaratoria como
área de protección.
En conclusión, y en respuesta al primer problema jurídico, la
proyección de la obra de la variante Lorica constituye una amenaza
a los derechos colectivos, debido a la importancia ecológica del DMI
complejo cenagoso del Bajo Sinú y a las consecuencias que podría
acarrear para el mismo la ejecución del proyecto sin tener en
cuenta sus objetivos de conservación. Por lo tanto, la Sala: i)
confirmará la sentencia de primera instancia en el sentido de
amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la
existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la
conservación de las especies animales y vegetales y la protección
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de áreas de especial importancia ecológica; ii) modificará el
numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada,
mediante el cual el Tribunal exhortó a la ANI y a CORUMAR
S.A.S. para que en el diseño de la variante Lorica se empleen
“tecnologías y técnicas de construcción que garanticen que el impacto
ambiental a generar sea el mínimo posible, garantizando la preservación
de los componentes señalados en la parte motiva, evitando de ser posible
el uso de terraplenes y que se implementen las medidas de manejo, de
mitigación y de control requeridas por los impactos ambientales que se
generen con la obra, conforme se expuso en la parte considerativa de
esta providencia”, en el sentido de que lo dispuesto por el a quo se
debe entender como una orden para garantizar los derechos
colectivos aquí amparados, y no una mera exhortación; y iii)
adicionará el numeral tercero para señalar que la orden allí
dispuesta deberá ser acatada por la CVS y la ANLA en caso de que
se presenten nuevas solicitudes de sustracción de área protegida o
licencia ambiental ante dichas autoridades, respectivamente.
Del recurso del MINISTERIO
En primera instancia, el Tribunal consideró que el MINISTERIO
tiene legitimación en la causa por pasiva, por cuanto le corresponde
ejercer la función prevista en el artículo 2°, numeral 10, del
Decreto 3570 de 2011, en virtud de lo cual dispuso en la sentencia
apelada:
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“[…] CUARTO: Ordénese al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible ejerza la atribución contemplada en el numeral 10 del
artículo 2º del Decreto 3570 de 2011 y de forma preventiva,
actual y posterior, acompañe a la Corporación de los Valle del
Sinú y del San Jorge CVS y a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA en la verificación de los posibles daños
ambientales ocasionados con la alternativa de construcción de la
obra que les sea presentada para la sustracción del Distrito de
Manejo Integral Complejo Cenagoso del Bajo Sinú y de la Licencia
ambiental, respectivamente, de lo cual deberá allegar las
respectivas constancias a esta Corporación […]”. (Resaltado
fuera del texto original).
A juicio del MINISTERIO, debe revocarse el numeral cuarto de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, pues sus
funciones no tienen relación con los hechos objeto de la presente
acción; y, además, la atribución establecida en el artículo 2º,
numeral 10, del Decreto 3570 de 2011 la ejerce a través de la
autoridad nacional que conoce sobre los procesos de licenciamiento
ambiental, es decir, la ANLA.
Para resolver, se observa que el Decreto 3573 de 27 de septiembre
de 2011, “Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se
determinan sus objetivos, estructura y funciones”, trasladó a la ANLA
algunas funciones que anteriormente estaban en cabeza del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre ellas, las de
otorgar licencias ambientales, adelantar procedimientos
investigativos y realizar seguimiento de licencias, permisos y
trámites ambientales. En efecto, el artículo 3° del citado Decreto
dispuso:
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“[…] Artículo 3°. Funciones. La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA- cumplirá, las siguientes funciones:
1. Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales
de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos.
2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites
ambientales […]”.
De otro lado, el Decreto Ley 3570 de 2011, “Por el cual se modifican
los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se integra el sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible”, le otorgó al MINISTERIO, entre otras, las siguientes
funciones:
“Artículo 2°. Funciones. Además de las funciones determinadas
en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de
1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible cumplirá las siguientes funciones:
1. Diseñar y formular la política nacional en relación con el
ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las
reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio
y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables
y del ambiente.
2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones
generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo,
aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de
los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o
mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o
destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los
sectores económicos y productivos.
3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la
formulación de las políticas públicas, de competencia de los
mismos, que tengan implicaciones de carácter ambiental y
desarrollo sostenible, y establecer los criterios ambientales que
deben ser incorporados en esta formulación de las políticas
sectoriales.
(…)
10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones
Autónomas Regionales, y ejercer discrecional y selectivamente,
cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos
asignados a estas corporaciones la evaluación y control
preventivo, actual o posterior, de los efectos del deterioro
ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades
o proyectos de desarrollo, así como por la exploración,
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explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos
naturales renovables y no renovables, y ordenar al organismo
nacional competente para la expedición de licencias ambientales a
cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese
lugar […]”.
De las normas transcritas, la Sala destaca que dentro de las
funciones del Ministerio no se encuentran las de otorgamiento y
seguimiento de licencias ambientales, pues desde el año 2011 dicha
función está radicada en cabeza de la ANLA, lo que, precisamente,
dio lugar al procedimiento ambiental que originó la presente acción.
Asimismo, la atribución prevista en el artículo 2º, numeral 10, del
Decreto 3570 de 2011 hace mención a la inspección, vigilancia y
control que ejerce el MINISTERIO sobre las Corporaciones
Autónomas Regionales; y que como lo ha explicado la Corte
Constitucional23 corresponde a una facultad que se ejerce en virtud
de la suprema dirección de la política ambiental a cargo de “(…) las
autoridades administrativas del orden nacional [que] apareja las
funciones de control y vigilancia de los organismos que tienen a su
cargo la ejecución local de dicha política”.
En efecto, en la sentencia C-570 de 2012, la Corte precisó:
“[…] La prevención y control de los factores de deterioro
ambiental es un compromiso y una responsabilidad de todas las
autoridades del Estado y, por tanto, un interés que rebasa las
fronteras locales y regionales, incluso las nacionales. La entidad
23 Ver sentencias C-462 de 2008 y C – 570 de 2012.
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de este interés hace indispensable el trabajo mancomunado y
coordinado de todas las autoridades del Estado; esta razón llevó a
la creación del SINA en 1993 y justifica la existencia de un ente
articulador y regulador central -el Ministerio de Ambiente-
encargado de emitir regulaciones, definir la política ambiental y
de desarrollo sostenible a nivel nacional –con participación de
otros órganos del sistema y de la comunidad, vigilar su
implementación, evaluar sus resultados y generar conocimiento
técnico que sirva para retroalimentar el diseño de la política24.
Dentro de este diseño institucional que ha avalado la
jurisprudencia constitucional y en vista de la entidad del interés
en juego, se justifica que el Ministerio tenga a su
disposición herramientas como la evaluación y control
preventivo25, y la inspección y vigilancia de los órganos del
SINA, incluidas las corporaciones autónomas regionales,
con el fin de verificar la implementación de la política y
evaluar sus resultados. Como a continuación se examinará, se
trata de herramientas de control leve que en ningún caso
autorizan al Ministerio a variar las decisiones de las
corporaciones, sino que sirven para establecer un dialogo con
éstas y las autoridades de control […]. (Resaltado fuera del texto
original).
Significa lo anterior que si bien el Ministerio ejerce inspección y
vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales en materia
de política ambiental con el fin de verificar su implementación y
evaluar sus resultados, no implica que necesariamente deba
24
Ver sentencias C-423 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-495 de 1996,
M.P. Fabio Morón Díaz; C-596 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-994 de
2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-894 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; C-462 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y C-598 de 2010, M.P.
Mauricio González Cuervo. Además, este entendimiento de la autonomía de las
corporaciones autónomas regionales es ratificado por los principios de gradación
normativa y rigor subsidiario previstos en el artículo 63 de la ley 99.
25
Por estas razones, en la misma sentencia C-462 de 2008, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, la Corte avaló la constitucionalidad del numeral 16 del artículo 35
de la ley 99, cuyo texto es el siguiente: “Ejercer discrecional y selectivamente,
cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo,
actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse
por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la
exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos
naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o
actividades cuando a ello hubiese lugar” (negrilla fuera del texto). En criterio de
la Corporación, “(…) la posibilidad de intervención preventiva o concomitante del
Ministerio en los planes y programas ambientales que pudieran afectar sectores
generales del territorio es una facultad que la Corte avala como manifestación de
esa cohesión ecológica que imponen la naturaleza central del Estado colombiano
y la necesidad de unidad de gestión que exige el modelo descentralizado.”
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acompañar los trámites de permisos ambientales a cargo de las
autoridades regionales, máxime aun si como acontece en el caso
sub lite, el procedimiento que adelantó el concesionario ante la CVS
tuvo como objetivo final el otorgamiento de la licencia ambiental
del proyecto, a cargo de otra autoridad, esto es, la ANLA.
En consecuencia, la Sala estima que le asiste razón al recurrente al
señalar que en el caso particular no resulta aplicable el precepto
normativo aducido por el a quo para ordenar con fundamento en el
mismo que el MINISTERIO “acompañe” a la CVS y a la ANLA “en
la verificación de los posibles daños ambientales ocasionados con la
alternativa de construcción de la obra”, motivo por el cual se
accederá a modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia apelada.
Ahora, teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de
los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular
el ordenamiento ambiental del territorio, la Sala estima procedente
modificar la orden impartida por el Tribunal y, en su lugar, instar a
dicha autoridad para que coordine dentro del marco de sus
funciones la ejecución armónica de las actividades en materia
ambiental en relación con los trámites que se adelanten ante la
CVS y la ANLA, respecto del proyecto objeto de controversia.
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Otras decisiones
Por último, la Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada
en relación con el comité de verificación adujo que estaría
conformado por un representante de la parte demandante, el
DEFENSOR REGIONAL DEL PUEBLO, de CORUMAR SAS, la
ANI, la ANLA, la CVS, el MUNICIPIO y el MINISTERIO
PÚBLICO.
Sin embargo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472, el
comité de verificación de la sentencia también debe estar
conformado por el Juez, quien lo presidirá. En consecuencia, debido
a que el Tribunal no está incluido en el mismo, se modificará el
numeral quinto de la parte resolutiva de la misma, en el sentido de
ordenar su inclusión y de iniciar su conformación a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva
de la sentencia de 12 de noviembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, el cual quedará así:
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“[…] SEGUNDO: En consecuencia, y en aras de evitar que se
materialice la amenaza a los derechos colectivos involucrados
ORDENAR a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI,
en calidad de concedente del contrato de concesión 016 de 2015,
y al concesionario, Concesión Ruta al Mar SAS CORUMAR
SAS, para que en el diseño vial a ejecutar en la unidad funcional
7.1, denominada construcción Variante Lorica, se empleen
tecnologías y técnicas de construcción que garanticen que el
impacto ambiental a generar sea el mínimo posible, garantizando
la preservación de los componentes señalados en la parte motiva,
evitando de ser posible el uso de terraplenes, y que se
implementen las medidas de manejo, de mitigación y de control
requeridas por los impactos ambientales que se generen con la
obra, conforme se expuso en la parte considerativa de esta
providencia […]”.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia de 12 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, el cual quedará así:
“[…] TERCERO: Ordénese a la Corporación Autónoma de los Valle
del Sinú y del San Jorge CVS y a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA, que para otorgar la sustracción
definitiva del DMRI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, como de la
licencia ambiental, a su cargo, se cercioren que el diseño vial a
ejecutar en la unidad funcional 7.1, denominada, como
construcción Variante Lorica sea el que cause el menor impacto
ambiental permitido sobre los recursos naturales del ecosistema a
intervenir, garantizando la preservación de los componentes
señalados en la parte motiva, evitando de ser posible el uso de
terraplenes y que se implementen las medidas de manejo, de
mitigación y de control requeridas por los impactos ambientales
que se generen con la obra, conforme se expuso en la parte
considerativa de esta providencia.
En todo caso, el cumplimiento de la presente orden está
supeditado a la presentación de nuevas solicitudes de sustracción
de área protegida o licencia ambiental, respectivamente […].
TERCERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia de 12 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, el cual quedará así:
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Número único de radicación: 23001 23 33 000 2017 00008 02
Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS
“[…] CUARTO: INSTAR al MINISTERIO para que coordine,
dentro del marco de sus funciones, la ejecución armónica de las
actividades en materia ambiental en relación con los trámites que
se adelanten ante la CVS y la ANLA, respecto del proyecto objeto
de controversia […]”.
CUARTO: MODIFICAR el numeral quinto de la parte resolutiva de
la sentencia de 12 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, el cual quedará así:
[…] QUINTO: ORDENAR la conformación de un comité integrado
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, quien lo presidirá, un
representante de la parte demandante, el Defensor Regional del
Pueblo, de la Concesión Ruta al Mar SAS - CORUMAR SAS, la
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA, la Corporación Autónoma
Regional de los Valle del Sinú y San Jorge - CVS, del Municipio de
Santa Cruz de Lorica y el Ministerio Público, el cual iniciará una
vez quede ejecutoriada la presencia providencia, con la finalidad
de verificar el cumplimiento de la aquí órdenes dadas y una vez
se tenga conocimiento de la culminación de la obra, para verificar
que se adelantaron las obras de mitigación y reversión de los
posibles daños ambientales que pudieron ocasionarse con la
construcción de la variante Lorica […]”.
QUINTO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.
SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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Número único de radicación: 23001 23 33 000 2017 00008 02
Actor: MANUEL SALVADOR NULE RHENALS
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 26 de enero
de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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