Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00154-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00154-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00154-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
23 de mayo de 2022
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2017-00154-01 (2421-2019)
Demandante: DAIRO LUIS CORONADO SUÁREZ
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA1
Tema: Reconocimiento relación laboral encubierta o subyacente.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 24
de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que
negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Dairo Luis Coronado Suárez, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 2-2016-
004530 del 24 de noviembre de 2016, por medio del cual la entidad
demandada negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, la
sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, la indemnización del
artículo 65 del CST y la atinente al despido injusto.
2. A título de restablecimiento del derecho, condenar al SENA a reconocer y
pagar a favor del señor Dairo Luis Coronado Suárez las prestaciones
sociales a las que tienen derecho los empleados de la entidad, la sanción
moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, la indemnización del artículo 65
del CST y la relacionada con el despido injusto. Los montos a que haya
lugar deberán ser indexados, teniendo en cuenta para ello el IPC, desde la
fecha en la cual debieron hacerse efectivos, hasta cuando se produzca su
cancelación.
1
En adelante SENA.
2
Folio 4, C1.
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2
3. Condenar a la demandada a pagar las costas y agencias en derecho; así
como a dar cumplimiento a la sentencia, en los términos del artículo 195
del CPACA.
Fundamentos fácticos relevantes3
1. El señor Dairo Luis Coronado Suárez estuvo vinculado con el SENA,
Regional Córdoba, mediante la suscripción sucesiva de contratos de
prestación de servicios, desde el 1.º de febrero de 2006 y hasta el 15 de
noviembre de 2013.
2. El cargo desempeñado por el demandante correspondió al de instructor en
Formación Profesional Integral; y durante el tiempo en que prestó sus
servicios a la entidad convocada, realizó labores encomendadas de
manera personal, subordinada, permanente e ininterrumpida.
3. El 15 de noviembre de 2013, la demandada despidió sin justa causa al
interesado.
4. El 10 de noviembre de 2016, el señor Coronado Suárez presentó petición
ante el SENA, encaminado a que le fueran reconocidas y pagadas las
acreencias laborales adeudadas con ocasión de la relación de trabajo
sostenida con dicha entidad.
5. En respuesta a la mencionada solicitud, la entidad cuestionada emitió
Oficio 2-2016-004530 del 24 de noviembre de 2016, por medio del cual
resolvió de manera desfavorable la reclamación.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por los
intervinientes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones5:
«[…] De conformidad con el artículo 180 numeral 6 del CPACA, luego de
examinada la contestación de la demanda, se observa que la parte demandada
3
Folios 1 a 4, C1.
4
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
5
Folio 88 Vto., C1.
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3
propone la excepción de prescripción, la cual en principio se debe resolver en
esta etapa, conforme lo indica la norma citada en su primer inciso, sin embargo,
el Despacho no se pronunciará de la misma, toda vez que para establecer si
existe prescripción de los derechos laborales reclamados, se debe hacer un
análisis de fondo del asunto, y sólo en caso que se declare que al actor le asiste
el derecho reclamado, se examinará si existe o no prescripción de las
prestaciones, ya sea de forma total o parcial; por ende, este no es el momento
procesal para decantar el asunto, sino al momento de dictar sentencia […]».
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos6:
«[…] En el caso el problema jurídico a resolver consiste en, determinar si hay
lugar a declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº
2-2016-004530(sic) del 24 de noviembre de 2016 proferida por el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) – Regional Córdoba, que negó la solicitud de
reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones sociales, así como, la
indemnización contenida en el art. 65 del C.S.T. y la correspondiente por despido
injusto; y en consecuencia establecer si en el presente caso se demuestran los
elementos esenciales de una relación laboral, es decir, si se cumplen la
prestación personal del servicio, remuneración y la subordinación, en
consecuencia determinar si le corresponde al actor derecho al pago de las
prestaciones sociales reclamadas.
[…]
• El apoderado de la parte demandada manifiesta que en ese(sic) defina si habrá
lugar a decretar la prescripción de la resolución Nº 2-2016-004530 del 24 de
noviembre de 2016.
• la magistrada manifiesta que dicha excepción se resolverá en el transcurso del
proceso cuando se estudie de fondo. […]». (Negrilla del texto original)
SENTENCIA APELADA7
El tribunal de primera instancia dictó sentencia escrita el 24 de enero de 2019,
a través de la cual negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:
Al abordar el análisis probatorio, el juez de primer grado consideró probadas
la prestación personal del servicio y la remuneración o contraprestación
económica. Respecto de la subordinación, indicó que con las pruebas
documentales aportadas no se demostraron llamados de atención,
memorandos o instrucciones impartidas por el SENA que debieran ser
acatadas por el demandante dentro del desarrollo de sus actividades; así
mismo, resaltó que no se acreditaron directrices relacionadas con el
cumplimiento de horarios o días específicos; como tampoco quién o quiénes
impartían órdenes al convocante, en nombre de la entidad.
En ese sentido, para el a quo, en el desempeño de las actividades del señor
Coronado Suárez no estuvo presente el elemento de la subordinación o
dependencia, por lo que no se estructuraron en su totalidad los aspectos
constitutivos de la relación de trabajo.
Finalmente, sostuvo el tribunal que en lo que atañe a la continuidad en la
prestación del servicio, la misma se encuentra desvirtuada por cuanto se
6
Folios 88 Vto. a 89 Vto., C1.
7
Folios 112 a 120 Vto., C1.
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evidenciaron interrupciones en la ejecución de los contratos, lo que sugiere un
servicio ocasional y/o temporal.
En punto a la indemnización por despido injusto, argumentó que dicha
penalidad solo se reconoce a trabajadores privados o trabajadores oficiales,
pues no se encuentra consagrada a favor de empleados públicos, de manera
que aún en el caso en el que el demandante hubiese acreditado la existencia
del contrato realidad, no habría tenido derecho a esa prestación.
Corolario de lo expuesto, precisó que no había lugar a acceder a las
pretensiones perseguidas por el señor Dairo Luis Coronado Suárez, y procedió
a declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación a cargo del
SENA, y negar la totalidad de lo reclamado.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante8 presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente:
En el vínculo sostenido por el SENA con el demandante, se evidencia el
elemento de subordinación, pues de conformidad con el objeto de los múltiples
contratos de prestación de servicios, las obligaciones a cargo de las partes
denotan: (i) la facultad de la entidad contratante para impartir instrucciones al
contratista sobre la ejecución de los contratos; (ii) en los contratos se
establecieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que el señor
Dairo Luis Coronado Suárez en su rol de instructor, cumpliría sus obligaciones;
y (iii) los contratos determinaron que el contratista desarrollaría sus actividades
con los elementos entregados por la entidad contratante, lo que permite
concluir la ausencia de autonomía del demandante en la ejecución de sus
labores.
Adujo que del expediente administrativo y del manual del cargo de la entidad
demandada se desprende que, en la planta de personal del SENA, los
instructores contratistas prestaban sus servicios en iguales condiciones a los
instructores de planta vinculados mediante una relación legal y reglamentaria,
quienes además estaban sujetos al reglamento interno de la entidad, y tenían
como jefe directo al Coordinador Académico de la respectiva área.
Igualmente afirmó que contrario a lo considerado por el tribunal, las funciones
desempeñadas por el interesado no fueron de carácter transitorio o
esporádico, sino que, por el contrario, se trató de una relación prolongada en
el tiempo.
Lo señalado, tiene respaldo adicional en que el demandante cumplía funciones
misionales, según el artículo 4º de la Ley 119 de 1994, esto es, organizar,
desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral,
en coordinación con las necesidades sociales del sector productivo, así como
las de adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional.
Por último, destacó que las labores desarrolladas por los instructores del
SENA no distan de las ejecutadas por un docente en la educación formal, por
lo que es posible decir que el servicio que prestan los instructores, al igual que
8
Folios 124 a 126, C1.
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5
los mencionados docentes, tiene por esencia y es de su naturaleza, ser
prestado de forma personal y subordinada, pues sería ilógico pensar que dicha
función se lleve a cabo sin sujeción a las directrices de las instituciones a las
que pertenecen.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes demandante, demandada y el ministerio público guardaron
silencio en esta etapa, de conformidad con la constancia secretarial obrante
a folio 144 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Problema jurídico
Acorde con los planteamientos derivados de la sentencia impugnada y del
recurso de apelación elevado por la parte demandante, los problemas jurídicos
a resolver en esta instancia se circunscriben a:
1. ¿El señor Dairo Luis Coronado Suárez demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculado
con el Servicio Nacional de Aprendizaje, a través de contratos de
prestación de servicios suscritos directamente con la entidad?
En caso afirmativo,
2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de
todos o algunos de los periodos contractuales y la reclamación
administrativa?
3. ¿Al declararse la existencia de la relación laboral con ocasión de los
contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad
demandada, cómo debe restablecerse el derecho del demandante?
Marco normativo y jurisprudencial
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
las partes.
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6
Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral).
Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de
«salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la OIT,9 constituye, junto con otros principios
convencionales,10 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento
jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los
instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes
de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el
cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los
siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los
elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación
continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley
80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los
derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo
53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo,
debidamente ratificados por el Estado.
9
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
10
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a
saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante
el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual
convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa,
por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el
círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle
la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer
las exigencias del artículo 122 de la Carta Política.11
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.
11
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-
2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
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(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de
dar cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente
indispensable» puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde
la entidad justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos
disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de
un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no
puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con
personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y
apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se
reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la
prescripción de derechos prestacionales derivados de la relación laboral
encubierta o subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016,12 según la cual, en caso de encontrarse
acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe
reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente
a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización,13 por lo que de no
presentarse la reclamación en ese periodo, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no está sometidos a
dicho término.14
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
12
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
13
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que
han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
14
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante
como empleadora.
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9
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente
la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en
estudio en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver
el caso concreto a la luz de dichos parámetros.
Primer problema jurídico
¿El señor Dairo Luis Coronado Suárez demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculado con el
Servicio Nacional de Aprendizaje, a través de contratos de prestación de
servicios suscritos directamente con la entidad?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el
análisis jurídico y probatorio, en el caso del señor Dairo Luis Coronado Suárez
no se demostraron de manera fehaciente los tres elementos que configuran
una verdadera relación laboral, específicamente el de la subordinación y
dependencia continuada, razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia
recurrida.
Sobre el asunto sometido a discusión
Advierte la Sala que, en el presente asunto, el demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral entre él y el Servicio
Nacional de Aprendizaje, desde el 1.º de febrero de 2006 al 15 de noviembre
de 2013 y, en consecuencia, que se ordene el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales de ley y demás acreencias laborales que surjan con
ocasión de dicha declaratoria.
El tribunal de primera instancia consideró no acreditado la relación laboral
aducida por el señor Coronado Suárez, por cuanto los elementos probatorios
recaudados en el curso del proceso, no permiten concluir que el mismo,
ejecutó actividades en observancia de directrices emitidas por la entidad, o en
acatamiento de instrucciones horarias y de subordinación exigidas por el
SENA.
No obstante, según se desprende del recurso de alzada presentado por la
parte demandante, en el presente asunto hay lugar a declarar la existencia de
una relación laboral encubierta entre las partes y, por lo tanto, es procedente
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas por el señor
Dairo Luis Coronado Suárez, pues el acervo probatorio anexo al plenario, da
cuenta de los elementos constitutivos del contrato realidad.
De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral oculta bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través
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de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos
esenciales del contrato de trabajo.
Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se
observa que el señor Beatriz Dairo Luis Coronado Suárez, prestó sus servicios
al SENA, de la siguiente manera:
N.º de Periodo15 Valor/Honorarios Objeto Folio
contrato u
orden
224/06 06/02/0616 $5.162.500 Instructor como cocinero. 94, C.
30/07/06 Anexo sin
número.
454/06 15/11/0617 $1.475.000 Instructor Técnico en Cocina. 94, C.
15/12/06 Anexo sin
número.
00071/07 18/04/0718 $6.195.200 Prestar los Servicios como Instructor (a) de 94, 1 a 5,
Panadería en el Centro Multisectorial de 11 C.
Montería. Anexo sin
número.
000115/07 13/08/07 $4.664.986 Prestar los Servicios como Instructor de 62 a 66,
31/12/07 Panadería en el Centro Multisectorial del Sena 78 a 80,
Córdoba. C. Anexo
sin
número.
000053/08 13/03/08 $16.325.040 Prestar Servicios como Instructor en 96, 102 a
30/12/08 PANADERÍA. 104, 117
a 119, C.
Anexo sin
número.
0000136/09 17/03/09 $10.470.000 Prestar los servicios como Instructor (a) En 212 a
31/12/09 AUXILIAR DE PANADERÍA – PROGRAMA 214, 218,
JÓVENES RURALES, en el Centro de Comercio 240, C.
Industria y Turismo de Córdoba. Anexo sin
número.
0000218/10 01/02/10 $17.787.000 Prestación de servicios profesionales como 280 a
18/12/10 Instructor/a contratista, desarrollando 980 horas 282, 331,
de formación profesional en FABRICACIÓN DE 359, C.
PRODUCTOS DE PANADERÍA Y Anexo sin
REPOSTERÍA. número.
0000086/11 04/03/11 $12.338.040 Prestar servicios personales para desarrollar el 471 a
30/06/11 componente técnico y empresarial para el 473, 477,
montaje de (2) unidades productivas, en el área 518, C.
de FABRICACIÓN DE COMIDAS TÍPICAS DE Anexo sin
LA REGIÓN, en el marco del Programa de número.
Jóvenes Rurales Emprendedores en el
departamento de Córdoba por 660 horas para la
ejecución de los proyectos en los municipios.
000037/11 26/07/11 $12.487.14919 861, C.
16/12/11 Anexo sin
número.
0000107/12 16/02/12 $9.400.000 Prestar los servicios personales de carácter 573 a
04/07/12 temporal, PARA DESARROLLAR LA 575, 628,
FORMACIÓN Y EL PROYECTO PRODUCTIVO, C. Anexo
PARA EL MONTAJE DE 2 UNIDADES sin
PRODUCTIVAS, EN EL ÁREA DE número.
EMPRENDEDOR EN PREPARACIÓN DE
COMIDAS RÁPIDAS, en el marco del programa
jóvenes rurales emprendedores en el
departamento de Córdoba.
0000351/12 19/07/12 $11.339.333 Prestar los servicios personales de carácter 702 a
14/12/12 temporal, PARA DESARROLLAR LA 704, 712,
FORMACIÓN Y EL PROYECTO PRODUCTIVO, C. Anexo
15
Es de anotar que las fechas aquí relacionadas fueron extraídas de las actas de inicio, de liquidación,
y de certificaciones aportadas en los cuadernos anexos al expediente (que no se encuentran
numerados).
16
Conforme se evidencia en certificación expedida por el Subdirector (E) del Centro Multisectorial de
Montería del SENA, el 30 de julio de 2007.
17
Ibídem.
18
Si bien no obra en los cuadernos anexos constancia que dé cuenta de la fecha en que terminó la orden
de prestación de servicios 071/07, en el oficio por medio del cual el demandante presenta su oferta de
servicios, se informa que los mismos finalizarían el 30 de septiembre de 2007.
19
De conformidad con la certificación expedida por la Subdirectora del Centro de Comercio, Industria y
Turismo de Córdoba, el 15 de diciembre de 2016.
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11
PARA EL MONTAJE DE 5 UNIDADES sin
PRODUCTIVAS Y 10 PLANES DE NEGOCIO número.
EN EL ÁREA DE COCINA TÍPICA DE LA
REGIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DESPLAZADOS, EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA.
000309/13 01/03/13 $20.399.150 Prestar los servicios personales de carácter 790 a
15/11/13 temporal como instructor contratista, PARA 793, 800,
DESARROLLAR LA FORMACIÓN Y EL C. Anexo
PROYECTO PRODUCTIVO, PARA EL sin
MONTAJE DE 10 UNIDADES PRODUCTIVAS Y número.
12 PLANES DE NEGOCIO EN EL ÁREA DE
COCINA BÁSICA COLOMBIANA, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DESPLAZADOS, EN
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
La anterior relación probatoria permite colegir que, entre el 6 de febrero de
2006 y el 15 de noviembre de 2013, el señor Dairo Luis Coronado Suárez
prestó sus servicios profesionales de manera directa al Servicio Nacional de
Aprendizaje, mediante contratos de prestación de servicios y con algunas
interrupciones en tiempo, entre la suscripción de los mismos.
Ahora, toda vez que en el recurso de alzada se advierte que la inconformidad
alí presentada, consiste en una supuesta insuficiente valoración del material
probatorio por parte del tribunal, la Subsección procederá a verificar si
conforme a dichos elementos probatorios, el señor Coronado Suárez logró
acreditar la prestación personal del servicio, remunerada y bajo continua
subordinación y dependencia.
a) La prestación personal del servicio.
Definido lo anterior, se tiene que el demandante se desempeñó como
Instructor del SENA, específicamente en el área de cocina, panadería y
repostería, según se desprende de los objetos contractuales citados, de lo cual
se infiere, además, que la prestación de servicios fue personal, pues, de
acuerdo con las reglas de la experiencia, dicha actividad debe ser prestada
por sujetos cualificados. Así, dadas las condiciones para su ejecución, se trata
de una labor que no puede ser delegada o encomendada a un tercero por
parte de quien la ejecuta.
Aunado a ello, se observa que en algunos de los cuadernos anexos obran los
estudios previos de la contratación adelantada por el SENA para atender sus
programas de formación (dirigidos a Jóvenes Rurales Emprendedores, al
sector productivo de la región a través del Centro de Formación Profesional, y
a la población desplazada del Centro de Comercio, Industria y Turismo de
Córdoba), de donde se extraen los requerimientos académicos y de
experiencia del perfil profesional solicitado, y el objeto de contratación
encaminada a impartir cursos de formación complementaria a la población del
departamento y los sectores productivos20.
Así mismo, se evidencian certificaciones expedidas por el subdirector del
Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba en las que consta que
«DAIRO LUIS CORONADO SUÁREZ […], está en capacidad de desarrollar el objeto
del contrato consistente en la prestación de Servicios Profesionales, por haber
demostrado las condiciones de capacidad, idoneidad y experiencia relacionadas con
el área y requeridos para su contratación»21.
20
Folios 156, 160, 259 a 265, 363, 523 a 545, entre otros, C. Anexo.
21
Folios 267, 558, 700, C. Anexo.
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Circunstancias que acreditan de manera suficiente las calidades que debía
ostentar el demandante a efectos de atender la labor encomendada, lo que
redunda en una prestación inequívocamente personal, del servicio.
b) Remuneración por el servicio prestado.
Frente al elemento de la remuneración, la Sala puede inferir razonablemente
que al señor Dairo Luis Coronado Suárez se le cancelaban periódicamente las
sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes contratos de
prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las cláusulas
relacionadas con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago en la cual
se estipulaban los montos mensuales que recibiría el demandante por sus
servicios.
De otro lado, si bien no constan la totalidad de las órdenes de pago o
comprobantes de egreso conforme a las previsiones contractuales, o las
allegadas pueden referir varias consignaciones en un mismo mes, lo cierto es
que sí se evidenció la regularidad de los mismos en tanto la cancelación del
valor total de los contratos se estableció en pagos parciales mensuales o
mensualidades vencidas, que se corresponden en su mayoría con el número
de comprobantes de egreso y los meses de ejecución contractual22.
c) Subordinación y dependencia continuada
La parte demandante sustentó su recurso de apelación sobre la base de que,
el tribunal no efectuó un análisis congruente del material probatorio recaudado
en el curso del proceso del que es posible concluir, no solo la ejecución de
labores propias de la misión de la entidad demandada, sino la configuración
de los elementos constitutivos del contrato realidad, específicamente el de
subordinación, y la continuidad en la prestación del servicio al no haberse
verificado interrupciones sustanciales entre la suscripción de un contrato y
otro.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que para esta Sala los elementos de
prestación personal del servicio y de remuneración o contraprestación, propios
de la relación laboral, se encuentran debidamente acreditados en el sub
examine, se procede entonces a realizar la valoración correspondiente al
elemento de la subordinación y dependencia continuada, para lo cual se
estudiarán los elementos de juicio obrantes en el expediente.
Análisis probatorio
Se advierte en primer lugar, que el señor Dairo Luis Coronado Suárez ejerció
funciones como contratista al servicio del Servicio Nacional de Aprendizaje,
en el marco de, entre otras, las siguientes obligaciones contractuales23:
«a) Cumplir el objeto de este Contrato; b) Responder por la buena calidad de los
servicios contratados; c) Mantener su autonomía e independencia sobre la forma
de cumplir el objeto del contrato; d) Poner al servicio de los estudiantes toda su
capacidad; e) Prestar su servicio de acuerdo con los programas que se
determinen y en el horario establecido para los cursos, por parte del SENA; f)
Dictar la totalidad de las horas previstas para el desarrollo de cada uno de los
módulos que se le han encomendado; g) Entregar al coordinador académico del
22
Folios 641, 649, 728, 731, 733, 735, 806, 827, entre otros, C. Anexo.
23
Folios 2 a 8, C1.
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área la información de las actividades a realizar antes de iniciar cada asignatura,
al igual que debe entregar el informe de notas de los alumnos en el plazo máximo
de ocho (8) días después de terminación del módulo; h) Desarrollar las
actividades anexas que como instructor le competen tales como: asesorías o
inducciones, evaluaciones, elaboración y presentación de programas
académicos de sus módulos, comités de evaluación y en general los informes
que formación profesional exija. La remuneración de estas actividades se
entiende incorporada a la hora de formación; i) Presentarse a cada clase de
manera puntual, dictar la hora cátedra mínimo de cincuenta y cinco (55) minutos
y ejercer sus actividades con estricta observancia de los reglamentos del Centro
de Formación; j) Llevar las carpetas de condiciones controladas a la orden del
día con la documentación prevista en el Sistema de Gestión de Calidad; k)
Mantener actualizados los pagos de afiliación a los sistemas de salud y pensión
de que trata la Ley 100 de 1993.»24
«a) Cumplir el objeto de este Contrato; b) Responder por la buena calidad de los
servicios contratados; c) Mantener su autonomía e independencia sobre la forma
de cumplir el objeto del contrato; d) Prestar su servicio de acuerdo con los
programas que se determinen y en el horario establecido para los cursos, por
parte del SENA; e) Mantener actualizados los pagos de afiliación a los sistemas
de salud y pensión de que trata la Ley 100 de 1993.»25
«1. Cumplir el objeto del contrato descrito en las cláusulas primera y segunda,
en los horarios y lugares que el SENA indique. 2. Prestar los servicios con
seriedad, responsabilidad, profesionalidad y eficiencia. 3. Responder por los
bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto
contratado. 4. Efectuar los pagos al sistema general de seguridad social integral,
lo cual será un requisito para el pago de los honorarios, así como para la
legalización del contrato acreditar su afiliación al sistema de seguridad social en
salud y pensiones.»26
«1. Cumplir el objeto del contrato descrito en las cláusulas primera y segunda. 2.
Realizar actividades de formación y tutoría para la ejecución y consolidación de
los proyectos productivos. 3. Entregar los reportes mensuales estadísticos y
registros inherentes al proceso formativo productivo de los proyectos en
ejecución. 4. Entregar el plan de ejecución mensual y avances de los proyectos.
5. Aportar la población beneficiaria de los proyectos. 6. Gestionar fuentes de
recursos en especie o financieras para el desarrollo de los proyectos entre otras,
Gobernaciones, Alcaldías, entidades públicas y privadas. 7. Presentar un plan de
negocios inicial para la entrega de la unidad productiva a las unidades de
emprendimiento. 8. Crear y asesorar unidades productivas sostenibles. 9.
Conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por programa o
conjunto de programas por redes tecnológicas, para garantizar integralidad en la
formulación de proyectos de formativos, el diseño de actividades de aprendizaje,
el diseño de talleres e ítems que alimentarán los bancos de pruebas para la
selección de aprendices, entre otras. 10. Participar en la programación y
ejecución del proceso de inducción de aprendices de formación y el
reconocimiento de aprendizajes previos siempre y cuando cumpla con el objeto
contractual de ejecutar acciones de formación diferentes a la inducción. 11.
Reportar en el Sistema Sofía Plus en un plazo máximo de 3 días, todas las
actividades que de acuerdo con los proceso que son de su responsabilidad,
garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso
formativo, tales como: Registro de los juicios evaluativos, Creación de ruta y
asociación de aprendices, Registro de juicios evaluativos del reconocimiento de
aprendizaje previos, Comunicar al Coordinador Académico oportunamente de
24
Folio 2, C. Anexo.
25
Folio 78, C. Anexo.
26
Folios 118, 213, 281, C. Anexo.
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anomalías, inconsistencias, novedades de aprendizajes y hallazgos en el registro
de la información. […].27»
Tal y como se desprende de los objetos contractuales relacionados en cuadro
que antecede, se tiene que el demandante fue contratado por el SENA con el
fin de presar sus servicios como formador/instructor en áreas relacionadas con
la cocina, pastelería y repostería, dirigidos a atender sus programas misionales
de formación.
En el marco de dichos objetos, también se visualiza que las obligaciones
definidas en los acuerdos bilaterales comprenden, en su totalidad, actividades
encaminadas a satisfacer la intencionalidad contractual entre las partes, por lo
que no demuestran componentes adicionales o diferentes a los necesarios
para la ejecución efectiva de la labor.
Refirió en su escrito de alzada la parte convocante que las disposiciones
contenidas en los contratos de prestación de servicios, permiten acreditar el
elemento de subordinación al indicar de manera precisa que, el señor
Coronado Suárez debía prestar su servicio de acuerdo con los programas
determinados por el SENA y en el horario que el mismo estableciera.
Al respecto, y ante la ausencia de otros elementos de juicio que den cuenta de
instrucciones dirigidas al demandante en esta materia, que denoten un
sometimiento a instrucciones más allá de las necesarias para el cabal
cumplimiento del acuerdo suscrito por las partes, para esta Sala tal afirmación
abarca y se restringe a la apenas entendible definición del ámbito de los
programas de formación que debía gestionar el señor Dairo Luis Coronado
Suárez, por cuanto su contratación no tenía intencionalidad distinta a la de
satisfacer los requerimientos del SENA en su deber misional, lo que implica
necesariamente que estuviera a su cargo la determinación de los cursos y la
intensidad horaria requerida.
Sobre este punto huelga precisar que, no obran en el expediente documentos
u otro material probatorio que dé cuenta que el interesado tuviese que
adecuarse de manera irrestricta a las órdenes que sobre el cumplimiento de
horario impartiera la entidad, pues consonante es la información extraída de
los cuadernos contractuales, al precisar que las diversas contrataciones
efectuadas implicaban la observancia de un número determinado de horas
asignadas según el programa a impartir.
Así, sobre el término de duración de las órdenes de servicios y contratos de
prestación de servicio, se verificó que, salvo los últimos contratos relacionados
con la formación y asesoría en proyectos productivos, montaje de unidades
productivas y planes de negocio, los objetos contractuales referían el
cumplimiento de un programa académico, con un número limitado de horas,
dependiendo del tipo de curso y de la comunidad a la cual iba dirigido.
De esta manera, se tiene que obran los reportes de ejecución mensual28 que
reflejan las horas ejecutadas en los programas y en desarrollo de las
competencias para las que el señor Coronado Suárez fue contratado, mismos
que no son consistentes durante la totalidad del tiempo en que alude el
demandante, estuvo vinculado con el SENA (2006 a 2013), en tanto varían, se
27
Folio 472, 574, 703, 791, C. Anexo.
28
Folios 483 a 486, 497 a 500, 511 a 514, 659 a 662, entre otros, C. Anexo.
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reitera, de conformidad con la comunidad a la cual se encontraba destinado el
curso, el área de formación y la duración del mismo.
Para puntualizar, se tiene que el curso de transformación y manipulación de
comidas, dictado dentro del programa de Jóvenes Emprendedores, Cocina
Típica, fue impartido en el mes de abril de 2011, durante 11 días, para un total
de 76 horas en el municipio de Cereté, y 12 días, para un total de 84 horas en
el municipio de Ciénaga de Oro29, sin que para este año obren reportes
adicionales de esta índole.
En similar sentido obran reportes de horas impartidas para abril, mayo, junio,
julio, agosto, noviembre, diciembre de 200930, febrero, marzo, abril, mayo,
julio, agosto, septiembre, octubre de 201031, y marzo de 201232, lo que denota
una prestación del servicio de manera irregular e inconsistente en el tiempo.
Es de anotar que, si bien se señaló que, en las últimas contrataciones suscritas
por las partes, se definió de manera específica un plazo de ejecución, por
virtud del objeto a ejecutar (formación y asesoría en proyectos productivos,
montaje de unidades productivas y planes de negocio), las mismas no
constituyen prueba suficiente del cumplimiento de horarios por parte del
convocante.
Frente a lo discutido, esta Subsección ha señalado que el elemento de la
subordinación requiere, para su configuración, que las funciones se ejecuten
de manera continua e ininterrumpida durante el desarrollo del contrato, esto
es, que exista una sujeción o dependencia constante de quien presta el
servicio respecto de su contratante.
En tal sentido, y de acuerdo con lo anterior, no es posible afirmar que de la
sola lectura de los contratos de prestación de servicios, únicos elementos de
juicio allegados en el curso del proceso, que el señor Coronado Suárez
hubiese prestado sus servicios a la institución demandada en forma continua
e ininterrumpida, así como que hubiese actuado en acatamiento de horarios y
tiempos definidos por la entidad, siendo estos elementos característicos para
inferir la existencia del contrato realidad.
En lo que atañe a la cláusula contenida en algunos de los acuerdos bilaterales
relacionada con el inventario, respecto del cual corresponde al contratista
responder por los bienes que el SENA le hubiese suministrado para la
prestación del servicio, la misma no tiene la virtualidad de constituir prueba
suficiente para acreditar la subordinación cuya configuración se discute, pues
no se evidencian en el expediente otros elementos que den cuenta cuáles son
los implementos suministrados por la entidad, y que hubiesen sido, no solo
efectivamente usados por el demandante para la ejecución de su labor, sino
que demuesten su necesaria intervención para la puesta en marcha del objeto
contratado.
Ahora, como argumentos que edifican la reclamación de la existencia de una
relación laboral, en el entendido de que el demandante actuó bajo
29
Folio 490, C. Anexo.
30
Folio 223, 224, 229, 232, 236, 247, 249, C. Anexo.
31
Folio 334, 336, 339, 344, 353, 379, 384, 395, C. Anexo.
32
Folio 648, C. Anexo.
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subordinación del SENA, se tiene la referencia a las instrucciones impartidas
por el coordinador académico de la respectiva área.
Al respecto, no obran en la actuación medios probatorios que den cuenta de
tales afirmaciones y que, de otro lado, permitan verificar sin lugar a equívocos
la dependencia con la entidad en la ejecución de los objetos contractuales por
parte del demandante, al encontrarse en la necesidad de acatar órdenes por
parte de un superior jerárquico.
Tales determinaciones no pueden tampoco desprenderse de la obligación
legal que existe de tener un supervisor que valide las actividades ejecutadas
en el marco de un contrato de prestación de servicios, y quien, en cumplimiento
de sus funciones de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, está
facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo del objeto, así como para verificar el cumplimiento de las
condiciones pactadas.
Es importante recalcar que durante la actuación no se puso de presente que
al interesado se le hubiese impuesto un pénsum académico, como tampoco el
seguimiento a un currículo asignado por la entidad para impartir las lecciones,
sino la simple definición del objeto a contratar respecto del cual el contratista
debía diseñar el programa o esquema de las actividades dirigidas al grupo
social de interés, de conformidad con sus conocimientos técnicos y experticia
en el área.
Por último, si bien deviene de la misión de la entidad cuestionada el adelantar
programas de formación a la población colombiana en sus líneas técnicas y
tecnológicas, también es claro que la misma desarrolla otro tipo de programas
que se adecuan a las necesidades sobrevivientes de los grupos sociales de
interés, cuya atención gestiona conforme los requerimientos de la comunidad;
es por ello, que las particularidades de la vinculación del demandante,
analizadas con el acervo probatorio aportado en la actuación, no permiten
concluir, sin lugar a dudas, las condiciones de una verdadera relación laboral
entre las partes intervinientes en este proceso.
En ese orden, es menester indicar que, esta Subsección ha sido consistente
al señalar que, en el caso de los formadores del SENA vinculados a través de
contratos de prestación de servicios, los mismos tienen la carga probatoria de
demostrar que se encontraban bajo una continua subordinación y dependencia
respecto de los funcionarios de la entidad33.
Bajo ese entendido, y acorde con los razonamientos expuestos, para esta Sala
no se puede predicar que su objeto contractual se asimila en idénticos
términos al de los docentes contratados en instituciones educativas oficiales,
quienes sí están regidos en su función por distintos estamentos que imponen
las condiciones de tiempo, modo y lugar en la prestación del servicio.
Las anteriores consideraciones probatorias, conllevan a que esta Corporación
deba concluir que no se configuró el elemento de subordinación, necesario
para evidenciar la existencia de un contrato realidad, en tanto no se demostró
33
Sobre el particular, se pueden revisar las sentencias del 10 de mayo de 2018 en proceso con
radicación 47001-23-33-000-2014-00123-01 (3257-2016); 10 de octubre de 2018 en el expediente
47001-23-33-000-2013-00287-01 (4430-2015); y 4 de julio de 2019, en proceso 47001-23-33-000-2013-
90117-01 (1647-2015).
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de manera fehaciente que el demandante no tenía la posibilidad de actuar con
independencia y autonomía, es decir, que el señor Dairo Luis Coronado
Suárez laboraba en forma subordinada al tener que cumplir con un horario
riguroso al igual que los demás funcionarios de planta, así como acatar
órdenes o instrucciones por parte del SENA.
En consecuencia, y siendo preciso reiterar que, como en esta clase de asuntos
la carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia
de la relación laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró
acreditar de forma contundente el elemento de subordinación y dependencia
continuada del contrato realidad, considera esta Subsección que los
argumentos del recurso de apelación no tienen vocación de prosperidad, y en
esa medida hay lugar a confirmar la decisión de primera instancia que resolvió
negar las pretensiones de la demanda, circunstancia que por demás, releva a
esta Sala de adelantar el estudio de los otros problemas jurídicos planteados
al inicio de estas consideraciones.
Decisión de segunda instancia
De acuerdo con las razones que anteceden y al no tener vocación de
prosperidad los argumentos del recurso de apelación, esta Subsección
confirmará la sentencia impugnada.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201634 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
34
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP35, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso no hay lugar a
condenar en costas a la parte demandante, pues si bien propuso en su escrito
de apelación argumentos que no estaban llamados a prosperar, acudió a esta
instancia en uso de su legítimo derecho de defensa; y, de otro lado, no se
verificaron actuaciones adicionales en esta sede por parte de la entidad
demandada que ameriten una consideración diferente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 24 de enero de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las súplicas de la demanda que
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió el señor Dairo Luis Coronado Suárez contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA.
Segundo: Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, por lo
brevemente expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
35
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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