Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00211-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Carga argumentativa de la parte que interpone recurso de apelación: incumplimiento
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00211-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00211-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
22 de julio de 2021
CARGA ARGUMENTATIVA DE LA PARTE QUE INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN - Incumplimiento / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
[E]n el escrito de apelación presentado por el FOMAG (…) se realizó una extensa relación normativa, de la cual extrajo unas breves conclusiones de carácter general, que de ningún modo discuten la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, ni mucho menos se refieren a las pretensiones del demandante. (…). En este sentido, la Sala no puede asumir a motu proprio el análisis de la sentencia de primera instancia toda vez que no cuenta con argumentos del recurrente tendientes a rebatir el análisis que el Tribunal expuso en su sentencia frente al examen probatorio realizado o el criterio jurídico adoptado. En este sentido, tal como lo ha señalado esta Corporación en anteriores oportunidades no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes procesales, toda vez que ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que en su criterio dejan sin fundamento la providencia judicial, de manera que la parte no recurrente pueda exponer, en ejercicio de su derecho de defensa las razones por las cuales considera que la decisión merece ser confirmada. En ese orden, ante la incongruencia de las razones que arguyó la apoderada de la entidad demandada dentro del recurso, se colige que no existe en el presente, motivo alguno de inconformidad contra el fallo, lo que impone declarar incólume la sentencia del Tribunal que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, toda vez que no es posible analizar ni los argumentos, ni las decisiones en ella adoptadas. NOTA DE RELATORIA: Referente a la limitación de la resolución del recurso de apelación de ceñirse a lo señalado en el mismo, ver: C. de E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Rad. 17.605, M.P Mauricio Fajardo Gómez. Frente a la exigencia procesal de congruencia del recurso de alzada con la sentencia dictada en primera instancia y su eficacia procesal, ver: C. de E, sentencia de agosto 3 de 2017, Rad. 73001233100020120036501 (1162-2014), M.P. William Hernández Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 320
CONDENA EN COSTAS - Criterio objetivo valorativo
Sobre los criterios para condenar en costas esta Sección ya se ha pronunciado , resaltando las siguientes conclusiones básicas: «La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio subjetivo a uno objetivo-valorativo; Toda sentencia “dispondrá” sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con abstención; Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso). La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal; y, Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas».Ahora bien, en este caso, al tenor de lo señalado por el artículo 365 del CGP, numeral 3.° se impone la condena en costas de segunda instancia a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que resultó vencida en el proceso y estas se causaron por la actuación procesal de su contraparte a través de apoderado. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la condena en constas en vigencia del CPACA, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2019, Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 23001-23-33-000-2017-00211-01(6032-18)
Actor: ARMANDO MIGUEL QUINTERO PADILLA
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Temas: Reliquidación de pensión de jubilación docente Apelación fallida
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
1. La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en contra de la sentencia del 13 de julio de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2. El señor Armando Miguel Quintero Padilla, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Córdoba con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
Pretensiones
Declarar la nulidad parcial de la Resolución 13314 de 4 de abril de 2008, por medio de la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció la pensión de jubilación, sin incluir todos los factores salariales del tiempo completo laborado, tales como la prima de navidad y la prima de vacaciones; además porque no tuvo en cuenta el «tiempo de servicio adicional», donde devengó asignación básica, prima de navidad y prima de vacaciones.
Declarar la nulidad de la Resolución 14747 del 4 de septiembre de 2009 por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución anterior, confirmándola.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la entidad demandada reajustar su pensión de jubilación con inclusión de la «prima de navidad y prima de vacaciones como también al valor correcto de las primas de asignación básica y horas extra en el ingreso base liquidación, y así dar cabal cumplimiento a lo establecido en la ley 91 de 1989 artículo 15, y el Decreto 1045 de 1978 artículo 45, desde el momento que se impetró la demanda y tres años hacia atrás como indican las normas de carácter laboral, y hasta que se produzca el pago, con sus intereses corriente y moratorias(sic) debidamente indexados si fuere el caso».
Que se le paguen las diferencias dejadas de cancelar, tres años antes de la interposición de la demanda y hasta cuando se produzca el pago de la obligación, debidamente indexadas y que tales diferencias se incorporen a las mesadas futuras.
Condenar en costas a la entidad demandada.
Fundamentos fácticos
3. El sustento fáctico señalado en la demanda es el siguiente:
El señor Armando Miguel Quintero Padilla se desempeñó como docente de tiempo completo desde el 5 de febrero de 1980, cargo para el que fue nombrado mediante el Decreto 0055 del 22 de enero de 1980 proferido por la Gobernación de Córdoba.
Posteriormente mediante Decreto 0001681 de 19 de marzo de 1981, fue nombrado profesor de medio tiempo para el colegio departamental «José Hilario López» para la jornada nocturna.
El 10 de agosto de 2007 el demandante solicitó ante la Secretaría de Educación de Córdoba el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación como docente de vinculación nacionalizada.
El 4 de abril de 2008 la Gobernación de Córdoba profirió la Resolución 13314, en la que le reconoció la pensión de jubilación sin tener en cuenta la totalidad de los factores constitutivos de salario, específicamente la prima de navidad y la prima de vacaciones; tampoco se tuvo en cuenta el tiempo laborado por el docente correspondiente a la jornada nocturna, el cual desempeñó de medio tiempo.
Mediante la Resolución 14747 del 4 de septiembre de 2009, la entidad demandada resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola.
Normas violadas y concepto de violación
4. Como normas transgredidas, se invocaron los artículos 53 de la Constitución Política, 15 de la Ley 91 de 1989, 45 del Decreto 1045 de 1978, 32, literales a y b del Decreto 1042 de 1978; 128 de la Ley 50 de 1990. Asimismo, se invocó como desconocida la sentencia 05001-23-31-000-2004-01043- 01(1001-10) proferida por el Consejo de Estado.
5. Al desarrollar el concepto de violación, refirió la parte demandante que, con los actos acusados se violan las normas invocadas, comoquiera que la entidad no analizó la situación especial en que se encontraba el actor, quien se desempeñó como docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, financiado con el situado fiscal, por lo que es la Ley 91 de 1989 la que determina los parámetros para realizar el cálculo del ingreso base de liquidación establecido en su artículo 15.
6. Igualmente indicó que se pasó por alto el listado de factores salariales establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
7. En lo que respecta a la prohibición de carácter constitucional de no poder ejercer más de un cargo público, expresó que el demandante se encuentra dentro de las excepciones de artículo 32 del Decreto 1042 de 1978, así como de los artículos 128 de la Constitución Política de 1991 y 64 de la Constitución Política de 1886, vigente para cuando se produjo el nombramiento del señor Quintero Padilla.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contestó la demanda en escrito en el cual se opuso a las pretensiones del accionante.
8. Para tal efecto refirió que no le asistía razón al señor Quintero Padilla frente al reajuste de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales sobre los cuales no cotizó durante el año de adquisición del estatus pensional.
9. El apoderado explicó que desde la expedición de la Ley 6ª de 1945 se han establecido los aportes de los servidores públicos que deben efectuar a las entidades de previsión para el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas a las cuales puedan tener derecho; asimismo, la Ley 4ª de 1966, en sus artículos 2.° y 4.° dispuso algunas bases sobre las cuales se calcularían las prestaciones económicas a favor de los servidores públicos.
10. Según lo indicó, los factores salariales para pensión quedaron establecidos en el Decreto 1045 de 1978, no obstante mediante la Ley 33 de 1985 se determinó en su artículo 12 que el pago mensual de la pensión de jubilación de estos servidores sería el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, por lo que la liquidación de la pensión contenida en el acto objeto de la litis se efectuó de conformidad con la Ley 33 de 1985 y el Decreto 3752 de 2003.
11. Luego explicó que la Ley 91 de 1989, por la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio definió que las prestaciones del personal nacional y nacionalizado se regiría por las normas aplicables a los empleados del orden nacional, para aquellos y, el régimen de la entidad territorial para estos últimos.
12. Asimismo, el artículo 15 de la citada ley establece entre otras disposiciones que para los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1.° de enero de 1990 el régimen aplicable se encuentra contenido en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o las normas que se expidan en el futuro sobre el tema.
13. Finalmente indicó que a través de la Ley 812 de 2003, en su artículo 81 se estableció el régimen prestacional de los docentes oficiales, disposición que condicionó la cuantía de la pensión de jubilación a los factores sobre los cuales, a partir de la fecha de la vigencia de la ley, cotizó el educador afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio En este sentido dicha ley modificó el concepto de aportes para el personal afiliado al Fondo, indicando que el valor total de la cotización corresponderá a la suma de aportes que para pensión y salud establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
14. Propuso las excepciones de «ineptitud de la demanda», «no agotamiento de la vía gubernativa», «inexistencia de la obligación», «cobro de lo no debido», «prescripción», «falta de legitimación en la causa por pasiva» y «compensación».
2.2.2. El Departamento de Córdoba, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones del accionante, para lo cual señaló que si bien le corresponde a la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba la proyección de la liquidación de los docentes que se encuentran afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la entidad territorial debe hacerlo así en cumplimiento del Decreto 2831 de 2005; empero, quien aprueba y paga la pensión es el Fondo, a través de la Fiduciaria La Previsora, quien es la administradora y vocera del Fondo; es decir, que al Departamento de Córdoba no llegan los recursos para cubrir dicha prestación ya que estos son girados directamente al Fondo y ellos se consignan directamente a las cuentas de cada afiliado, razón por la cual, quien proyecta el acto de liquidación y quien paga la pensión son dos entidades totalmente diferentes.
15. Propuso como excepciones las de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «la inexistencia del derecho reclamado a cargo del departamento de Córdoba» y «prescripción del reajuste de mesadas pensionales».
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 13 de julio de 2018 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tales efectos, dicha Corporación explicó lo siguiente: Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 se rigen por las normas pensionales anteriores, como son las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989; a los vinculados después de esa ley se les aplica el sistema general de seguridad social integral contenido en las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y normas posteriores. La Ley 33 de 1985 admite que para la liquidación de la mesada pensional del empleado, se tengan en cuenta todos los factores salariales devengados por éste durante el último año de prestación de servicios o el año anterior a la adquisición del estatus pensional (para el caso de los docentes) y en caso de que no se hayan efectuado las deducciones por aportes sobre todos los factores, se concede a la Caja de Previsión o a la entidad respectiva el derecho a realizarlo, para cubrir los nuevos factores salariales base de liquidación pensional. El demandante laboró como docente oficial desde el 5 de febrero de 1980, lo que permite inferir que ya se encontraba vinculado al Magisterio Oficial desde antes del 31 de diciembre de 1989, fecha determinada por la Ley 91 de 1989 y por tanto el régimen establecido para el reconocimiento y liquidación de su pensión era el consagrado en las Leyes 33 y 62 de 1985. A la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 el señor Quintero Padilla contaba con más de 15 años de servicios y por tanto no le era aplicable lo contemplado en el Decreto 3752 de 2003 reglamentario de la Ley antes mencionada. El demandante adquirió su estatus pensional el 9 de julio de 2007 y la entidad liquidó y reconoció su pensión únicamente con la asignación básica, sin tener en cuenta los factores salariales denominados prima de navidad y prima de vacaciones, los cuales, fueron devengados por el demandante durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, los cuales, según el Consejo de Estado deben ser tenidos en cuenta para la reliquidación del monto pensional. Si bien la Ley 60 de 1993 en su artículo 6.° inciso 3.° estableció el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados sería el establecido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas serían compatibles con pensiones o cualquiera otra remuneración, esto no implica que se les esté dando un tratamiento especial a los docentes en materia pensional. La regla general es la incompatibilidad de doble asignación que provenga del erario, pero en materia docente las normas citadas permiten la compatibilidad entre pensión, prestaciones y salario, así como la compatibilidad de pensión gracia y pensión de jubilación. En la normatividad (Leyes 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 115 de 1994 y el Decreto 2277 de 1979) no se preceptúa de forma expresa la posibilidad de que los docentes puedan acceder a dos pensiones ordinarias de jubilación. Para el momento en que se dio la doble vinculación del demandante, en el año 1981, ya existía la prohibición de percibir doble retribución del Estado prevista en el artículo 64 de la Constitución Política de 1886, el artículo 1.° del Decreto 1713 de 1960 y 32 del Decreto 1042 de 1978.
Por tanto, debían denegarse las pretensiones de la demanda respecto a la inclusión de tiempos y factores devengados por el accionante en virtud de la vinculación como docente de medio tiempo, por considerarse que se estructuró una situación de doble vinculación al servicio público, es decir, como docente nacionalizado de tiempo completo y docente territorial de medio tiempo, hecho que contraviene los preceptos constitucionales y que no puede dar origen a ningún derecho prestacional, toda vez que le fue reconocida la pensión a través de la Resolución 13314 de 4 de abril de 2008 en la que se tuvo en cuenta el periodo laborado como docente de tiempo completo comprendido entre el 5 de febrero de 1980 y el 9 de julio de 2007, cuando adquirió el estatus pensional. Por tanto, como estimó que al demandante le eran aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985, su pensión debía reliquidarse: Con el 75% de todo lo devengado durante el último año de prestación de servicios, comprendido entre el 9 de julio de 2006 al 9 de julio de 2007, con inclusión de la prima de navidad y la prima de vacaciones, devengadas durante su vinculación como docente de tiempo completo. Esto con efectos fiscales desde el 26 de abril de 2014, atendiendo a la fecha de la interposición de la demanda (26 de abril de 2017), toda vez que la reclamación administrativa se formuló el 10 de agosto de 2007. Negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.
2.4. El recurso de apelación
2.4.1. La apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó recurso de apelación, donde solicitó revocar la sentencia proferida por el Tribunal para lo cual realizó un resumen normativo, consistente en lo siguiente:
Frente al Decreto 451 de 1984, explicó que dicha norma excluye de su aplicación de manera expresa a los docentes de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva. Indicó que el Decreto Ley 1042 de 1978 no se aplica a los docentes; que en materia salarial y prestacional de los docentes oficiales se ha establecido un régimen especial dadas las particularidades de su labor, el cual se encuentra previsto en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993, 715 de 2001 y el Decreto 1850 de 2002, el cual, dijo, contempla iguales o mejores condiciones laborales que las reconocidas de manera general a los servidores públicos, tales como la jornada laboral, periodos de vacaciones, sistema especial de carrera y sistema de salud, por lo que «se justifica que su régimen salarial y prestacional sea diferente al de los empleados públicos del orden nacional, quienes deben asumir las responsabilidades y funciones propias de sus respectivos cargos en condiciones muy distintas a las de los docentes». Citó una sentencia de 2 de noviembre de 2006, con ponencia del consejero Alejandro Ordóñez Maldonado referente a que la prima de servicios, la bonificación por servicios prestados y la bonificación especial de recreación contempladas el Decreto Ley 1042 de 1978 y el Decreto 451 de 1981 no son aplicables a los docentes nacionales. Luego se refirió a la Ley 91 de 1989 y explicó que la misma creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. Posteriormente, explicó que a través de la Ley 6ª de 1945 se crearon las primeras prestaciones sociales tanto para trabajadores estatales como particulares, y que en virtud de ella y el Decreto 1045 de 1978, se podía concluir que: i) los principios laborales rigen tanto para trabajadores privados como servidores públicos y ii) existen unas prestaciones a cargo del empleador y otras de terceros, denominadas comunes y especiales. Con la expedición de la Ley 43 de 1975 se estableció que la educación en Colombia es un servicio público a cargo de la Nación y por tanto las prestaciones que se causaran a partir del momento «a la nacionalización» serían atendidas por la Nación, pero las entidades territoriales y el «Distrito Especial» de Bogotá pagarían dentro de los 10 años y por cuotas partes las sumas que adeudaran hasta entonces a los servidores de los planteles por concepto de prestaciones sociales no causadas o no exigibles al momento de la nacionalización. Indicó que de acuerdo con las Leyes 60 de 1993 y el parágrafo del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989. Que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE-SUJ2 N 001/16, de 14 de abril de 2016 reiteró que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se creó como un mecanismo ágil y eficaz para poner fin a las fallas administrativas que obstaculizan el pago oportuno de las prestaciones sociales y los servicios médico asistenciales del personal docente. Indicó que tanto la indexación como los intereses moratorios no pueden aplicarse discrecionalmente por la administración, como lo ha señalado la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional. Se refirió al pronunciamiento que la Corte Constitucional emitió en la sentencia T-1066 de 2012, donde se indicó que el Tribunal Administrativo del Quindío impartió una interpretación razonable y motivada frente a que los docentes se encuentran exceptuados de los conceptos y derechos del Decreto 1042 de 1978.
Finalmente indicó que «sobre el reconocimiento de la “prima de servicios de la Ley 91 de 1989”, es necesario resaltar que mantiene la posición expuesta en el concepto emitido a las entidades territoriales y publicado en la página del Ministerio de Educación Nacional.»
2.6. Trámite en segunda instancia.
17. Por autos de 26 de marzo de 2019 y 21 de mayo del mismo año, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia, respectivamente.
2.6.1. El apoderado de la parte demandante insistió en que el señor Quintero Padilla cuenta con el derecho al reajuste pensional con la inclusión de las primas de navidad y de vacaciones, además, que si bien el Consejo de Estado en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 con ponencia del consejero César Palomino Cortés estableció que las pensiones debían liquidarse con los factores sobre los cuales se efectuaron cotizaciones, se tiene que la misma excluyó de su aplicación a los regímenes especiales como es el caso de los docentes.
2.6.2. La Nación- Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no presentó alegatos de conclusión.
2.6.3. El señor agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2.6.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante escrito de 31 de julio de 2020, señaló que en este caso debe negarse reliquidación de la pensión de jubilación por la inclusión de factores salariales sobre los cuales no se realizó el respectivo aporte o cotización, toda vez que el Consejo de Estado expidió la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019 en la que determinó que cualquiera que sea el régimen prestacional que regule el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, en su liquidación solamente se deben tener en cuenta aquellos factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes.
18. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir, previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
Competencia.
19. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
20. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
21. En este caso, la Nación – Ministerio de educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es apelante única, por lo que la Sala realizará las siguientes precisiones frente al escrito presentado en el recurso de alzada.
Problema jurídico
22. En este caso le corresponde a la Sala determinar si ¿los puntos expresados por la entidad demandada en su escrito de apelación, guardan relación lógica con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba y permiten realizar el examen de la providencia de primera instancia a fin de establecer los posibles yerros jurídicos en que se hubiese incurrido?.
23. De acuerdo con lo anterior, la Sala se referirá al alcance del recurso de apelación y luego verificará si el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cumplió con su obligación de cuestionar los argumentos de la decisión de primera instancia, exponiendo las razones que, en su criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial.
3.3. El alcance del recurso de apelación
24. En general, los recursos han sido consagrados tanto con el fin de corregir los posibles errores en los que incurra el juez, pues se considera que por ser las providencias obra del hombre, pueden contener defectos derivados de la falibilidad humana; además, por las posibles diferencias en la interpretación jurídica de unos hechos; así mismo, para garantizar la doble instancia.
25. Al respecto, el profesor Hernán Fabio López Blanco ha señalado:
«Los actos del juez, como toda obra humana, son susceptibles de error, bien por fallas en la aplicación de normas sustanciales o procesales, o por olvidos del funcionario. Puede, inclusive, suceder que la actuación del juez sea correcta, ajustada en un todo a la legalidad, pero que una parte, aun las dos o un tercero autorizado para concurrir al proceso estimen que vulnera sus derechos. Por ello se hace necesario permitir a las personas habilitadas para intervenir dentro de un proceso, el uso de los instrumentos adecuados para restablecer la normalidad jurídica si es que ésta realmente fue alterada o para erradicar toda incertidumbre que el presunto afectado pueda albergar cuando es él y no el juez el equivocado.
[…]
Es de la naturaleza jurídica del recurso el ser un acto procesal de parte, pues no se puede concebir su existencia sin que alguien, distinto del juez, lo interponga.
[…]
Juan Carlos Hitters, pone de presente que es en el campo de los recursos en donde conserva influencia grande el principio dispositivo al destacar que “Hemos anticipado que los errores cometidos por el juzgador durante el proceso, ya sean de actividad o de juzgamiento, se purgan si son atacados en tiempo idóneo. Ello demuestra la esencia dispositiva de la figura analizada, ya que en el juicio civil tanto la interposición de estos medios como la fundamentación de los mismos está a cargo exclusivamente de las partes, salvo muy raras excepciones; quedándole prohibido al órgano jurisdiccional actuar de oficio en lo que a dichos menesteres respecta. En este orden de ideas no resulta baladí reiterar que la publicización del proceso civilístico, que le ha conferido al juez la función de director con amplios poderes-deberes, no ha alcanzado singular altura en el área recursiva, donde – como vimos – cabalga lozanamente el modelo dispositivo, el que se agudiza notablemente en el campo de los recursos extraordinarios, pues allí la carga de la fundamentación llega a ser, en algunos casos, desesperadamente formalista”.
Los recursos cumplen un papel importante dentro de la organización sociopolítica de un país, por cuanto permiten a los jueces no hacer efectivas decisiones contrarias a derecho, pues es su característica esencial (salvo en el caso del de apelación cuando se concede en el efecto devolutivo y, en algunos casos, la casación), el impedir que lo ordenado en la providencia impugna se cumpla, mientras no sean resueltos (C. de P.C, art.331); todavía más: si la providencia recurrida se hubiere cumplido no significa que esté ejecutoriada y, por ende, es susceptible de ser reformada o revocada, como sucede con una decisión apelada si el recurso se concede en el efecto devolutivo».
26. De acuerdo con lo anterior, en los recursos conserva gran importancia el principio dispositivo, que establece que son las partes las que deben actuar y determinar los puntos a resolver por parte del juez, lo cual conduce a delimitar el alcance de la decisión de quien está encargado de analizar el caso concreto.
27. Lo anterior, en el caso de la apelación, está en estrecha relación con la máxima latina tantum devolutum quantum apellatum, conforme a la cual el juez de segunda instancia resuelve los aspectos sometidos a su consideración en el respectivo recurso de apelación.
28. Al respecto, la tratadista Susanna Oromí Vall-Llovera sostiene que la apelación sólo puede conocer de los puntos a que se contraiga, o sea, aquellos que las partes en apelación han sometido expresa o tácitamente al órgano judicial superior en virtud del efecto devolutivo:
«[…]
Se enmarca y predetermina, así, el alcance de su decisión, de manera que quedan firmes los restantes pronunciamientos al ser consentidos por los sujetos intervinientes. En muchas ocasiones esta firmeza resulta de la voluntad presunta de las partes, al silenciar en el recurso alguno de los extremos de la resolución de primera instancia que les afectan.
Dichos extremos consentidos no pueden ser alterados por el órgano ad quem. Son los sujetos de la apelación, tanto el apelante como apelado, por tanto los que determinan el ámbito devolutivo de la misma, es decir, lo que el Tribunal superior debe resolver. No obstante, para dicha delimitación ha de tenerse en cuenta no sólo la apelación o apelaciones iniciales, sino también la ulterior modificación introducida por una eventual apelación adhesiva de alguno de los apelados, que incremente el alcance devolutivo del recurso y amplíe, en consecuencia, los poderes de cognición del órgano superior.
En este sentido, el T.C. ha admitido, desde sus primeras resoluciones, la imposibilidad en apelación de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por los litigantes, al no ser objeto de impugnación. Asimismo, el T.S. ha declarado que sólo los pronunciamientos apelados por los sujetos de la apelación pueden ser objeto de la misma. La llamada “jurisprudencia menor” también lo ha destacado en numerosas resoluciones.
Todo esto no ha de llevar a confusiones, ya que el objeto del proceso es el mismo tanto en primera como en segunda instancia, aunque en el ámbito de la impugnación puede ser distinto, dando lugar a un objeto del recurso de apelación igual o más reducido, más en ningún caso más amplio del planteado en el primer grado del proceso. El objeto del proceso queda perfectamente delimitado e inalterable con las peticiones de las partes expuestas en sus escritos alegatorios de primera instancia (demanda, contestación; réplica y dúplica, cuando los hubiere), de forma que no pueden modificar sus pedimentos, sino sólo limitarlos en apelación».
29. Es claro entonces que la sentencia que resuelve el recurso de apelación debe ceñirse a lo argumentado por la parte que solicita que se revise la decisión. Lo anterior ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación, en los siguientes términos:
«[…] resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”.
Así pues, cuando la ley lo exija, el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez. La exigencia legal de que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, por lo cual su inobservancia acarrea la declaratoria de desierto y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se recurre (artículo 212 C.C.A.).
Esta Sala ha delimitado el estudio del recurso de alzada a los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, según lo reflejan las siguientes puntualizaciones:
“Ninguna precisión resultaría necesario efectuar en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, habida cuenta que el recurso de apelación incoado por la entidad demandada no controvierte tales extremos y la parte actora no recurrió la sentencia de primera instancia, de manera que los referidos, son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión proferida por el a quo” .
En reciente pronunciamiento efectuado por esta Sala, se precisó:
“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional».
30. De acuerdo con todo lo expuesto, en cabeza de quien interpone el recurso de apelación se encuentra la carga argumentativa que permite delimitar el problema jurídico en la segunda instancia. Así, el apelante deberá manifestar de manera clara y precisa en qué consisten los errores de la providencia dictada por el a-quo.
31. En el mismo sentido, en el artículo 320 del Código General del Proceso se dispuso que el recurso de apelación tiene «por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».
32. En este sentido y de acuerdo a la finalidad del recurso de apelación, resulta necesario no sólo que el recurrente sustente la apelación sino que lo haga de la forma adecuada, es decir, que no solamente debe manifestar los asuntos que considera lesivos de sus derechos, sino además los motivos de inconformidad en concreto respecto del fallo del a quo, los cuales determinarán el objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso.
33. Dicho ejercicio de razonamiento demanda un grado de congruencia inequívoco entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo el debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión del juez de primera instancia, como también la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia.
34. Frente al tema de la exigencia procesal de congruencia del recurso de alzada con la sentencia dictada en primera instancia y su eficacia procesal, esta Subsección ha sostenido lo siguiente:
«[…]
Si bien el principio de la doble instancia constituye una garantía constitucional a la luz del artículo 31 de la Carta Política, el acceso a dicha garantía procesal y la efectividad de su ejercicio no opera deliberadamente, por cuanto resulta necesario el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el Legislador relacionados con su oportunidad y procedencia, los cuales deben ser satisfechos a cabalidad so pena del fracaso del recurso de apelación […]
En este sentido y de acuerdo a la finalidad de la alzada, es menester que la sustentación se efectúe de la forma adecuada, es decir, que no solamente deben manifestarse los aspectos que se consideran lesivos al derecho o interés en discusión, sino además los motivos de inconformidad en concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en suma determinará el objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior demanda desde luego un grado de congruencia inequívoco entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia. […]
En conclusión, ante la incongruencia de las razones que arguyó el apoderado de la parte demandada dentro del recurso, no puede menos la Sala que señalar que no existe en el presente motivo alguno de inconformidad contra el fallo, lo que impone declarar incólume la sentencia apelada.» (Subraya fuera de texto)
3.3. Caso concreto.
35. De acuerdo con lo expuesto advierte la Sala que el recurso de apelación formulado por la parte demandante se encuentra alejado de las consideraciones o motivos en que se basó el Tribunal para acceder parcialmente a las súplicas de la demanda, pues se limitó a realizar un recuento normativo, sin criticar alguno de los puntos de la sentencia de primera instancia.
36. En efecto, en este caso se promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las entidades demandas a efectos de obtener el reajuste de la pensión de jubilación por la no inclusión de las primas de navidad y de vacaciones devengadas durante el tiempo completo laborado, y porque no tuvo en cuenta el «tiempo de servicio adicional», donde devengó asignación básica, prima de navidad y prima de vacaciones.
37. Mediante la sentencia proferida el 13 de julio de 2018, el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 se rigen por las normas pensionales anteriores, como son las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989; y a los vinculados después de esa ley se les aplica el sistema general de seguridad social integral contenido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y normas posteriores.
38. De acuerdo con ello, estimó que como el demandante se vinculó desde el 5 de febrero de 1980 le era aplicable la Ley 33 de 1985 que según su consideración, admite que para la liquidación de la mesada de la pensión de jubilación del empleado, se tengan en cuenta todos los factores salariales devengados por este durante el último año de prestación de servicios o el año anterior, a la adquisición del estatus pensional (para el caso de los docentes) y en caso de que no se hayan efectuado las deducciones por aportes sobre todos los factores, se concede a la Caja de Previsión o a la entidad respectiva el derecho a realizarlo, para cubrir los nuevos factores salariales base de liquidación pensional.
39. Como ya se indicó, el Tribunal ordenó la reliquidación pensional con el 75% de todo lo devengado durante el último año de prestación de servicios, comprendido entre el 9 de julio de 2006 al 9 de julio de 2007, con inclusión de la prima de navidad y la prima de vacaciones, con efectos fiscales desde el 26 de abril de 2014 y negó la pretensión de reajuste con el tiempo y los factores devengados durante su vinculación laboral de medio tiempo.
40. Ahora bien, en el escrito de apelación presentado por el FOMAG como ya se indicó se realizó una extensa relación normativa, de la cual extrajo unas breves conclusiones de carácter general, que de ningún modo discuten la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, ni mucho menos se refieren a las pretensiones del demandante.
41. Al contrario, sus argumentos hacen alusión al régimen del personal docente contenido en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993, 715 de 2001 y el Decreto 1850 de 2002, específicamente frente al sistema de carrera especial, los horarios y sistema de salud, esto, en razón de las características especiales que tiene el ejercicio docente.
42. Igualmente se refirió a la naturaleza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales «como un mecanismo ágil y eficaz para poner fin a las fallas administrativas que obstaculizan el pago oportuno de las prestaciones sociales y los servicios médico asistenciales del personal docente». También aludió sucintamente a los temas de indexación e intereses moratorios y su imposibilidad de ser reconocidos por la administración y, además, que los docentes se encuentran exceptuados de los conceptos y derechos del Decreto 1042 de 1978.
43. Como se aprecia, ninguno de los puntos que trajo a colación la apoderada del Fondo guarda relación con el debate jurídico objeto del sub examine, ni tampoco constituyen razones a través de las cuales se pretenda discutir la decisión adoptada en primera instancia, es decir, sin criticar alguno de los puntos que sirvieron de fundamento el Tribunal para acceder parcialmente a las pretensiones propuestas en la demanda
44. En este sentido, la Sala no puede asumir a motu proprio el análisis de la sentencia de primera instancia toda vez que no cuenta con argumentos del recurrente tendientes a rebatir el análisis que el Tribunal expuso en su sentencia frente al examen probatorio realizado o el criterio jurídico adoptado.
45. En este sentido, tal como lo ha señalado esta Corporación en anteriores oportunidades no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes procesales, toda vez que ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que en su criterio dejan sin fundamento la providencia judicial, de manera que la parte no recurrente pueda exponer, en ejercicio de su derecho de defensa las razones por las cuales considera que la decisión merece ser confirmada.
46. En ese orden, ante la incongruencia de las razones que arguyó la apoderada de la entidad demandada dentro del recurso, se colige que no existe en el presente, motivo alguno de inconformidad contra el fallo, lo que impone declarar incólume la sentencia del Tribunal que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, toda vez que no es posible analizar ni los argumentos, ni las decisiones en ella adoptadas.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia.
47. Sobre los criterios para condenar en costas esta Sección ya se ha pronunciado, resaltando las siguientes conclusiones básicas:
«La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio subjetivo a uno objetivo-valorativo;
Toda sentencia “dispondrá” sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con abstención;
Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso)
La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal; y,
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas».
48. Ahora bien, en este caso, al tenor de lo señalado por el artículo 365 del CGP, numeral 3.° se impone la condena en costas de segunda instancia a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que resultó vencida en el proceso y estas se causaron por la actuación procesal de su contraparte a través de apoderado.
49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 13 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Armando Miguel Quintero Padilla contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Córdoba, de conformidad con lo señalado en precedencia.
SEGUNDO. -SE CONDENA en costas de segunda instancia a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en favor del demandante, las cuales se liquidarán por el a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. - Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Folios 1 y siguientes. Folios 1 y 2. Folios 32 a 34. Folios 76-90. Folios 36 a 45. Folios 234 y s.s. Se refirió, entre otras, a las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 3 de febrero de 2011, con ponencia de la consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez, radicado interno 0665-08; de 17 de marzo de 2011 con ponencia del consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicado interno 1159-10; de 14 de diciembre de 2011 con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón radicado interno 0306-10.
«ARTÍCULO 1º.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
[…]». Ff. 135 y s.s.
«Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial para el personal que presta servicios en los Ministerios, departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas del orden nacional »
No indicó número de radicación del proceso. Folio 160. Folio 167. Folios 173-174. Documento digitalizado, visible sistema SAMAI índices 21 y 22.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]”
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”
Se reiteran apartes del análisis realizado por esta Subsección, en sentencia de 18 de enero de 2018, dentro del proceso radicado 19001-33-31-000-2011-00305-01(1733-16), con ponencia de quien se ocupa de esta providencia. HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, «Procedimiento Civil, Tomo I, Parte General», novena edición, Bogotá, Dupré Editores, 2005, Págs. 741 y 742. SUSANNA OROMÍ VALL-LLOVERA, «Partes, Intervinientes y terceros en recurso de apelación civil», tesis doctoral defendida en la Universitat de Girona el 25 de febrero de 2000, Págs. 366 a 368. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 17.605, magistrado ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Sentencia de agosto 3 de 2017, con ponencia del consejero dr. William Hernández Gómez, radicado: 73001233100020120036501 (1162-2014)
Sentencia de la Subsección A de 29 de noviembre de 2007, radicado 190012331000200301565 01 (1586-06) con ponencia de Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; criterio reiterado en sentencia de 30 de enero de 2020, radicado 05001-23-33-000-2016-00693-01 (1623-2018) con ponencia del dr. William Hernández Gómez. Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). En el mismo sentido:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
«3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
[…]».
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