Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 23001-23-33-000-2017-00213-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 23001-23-33-000-2017-00213-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 23001-23-33-000-2017-00213-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
8 de mayo de 2025
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)
Demandante: Distribuidora Tropisinu S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)
Demandante DISTRIBUIDORA TROPISINU S.A.S.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2013. Alcance del
recurso de apelación. Pactos de desalarización. Aportes a
seguridad social y parafiscales. Requisitos de deducibilidad.
Sanción por inexactitud.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 6 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Segunda de Decisión1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar la nulidad de la liquidación oficial de revisión N° 122412015000010 del
30 de diciembre de 2015, la cual modificó la declaración privada y determinó un valor a pagar
por impuesto de renta para el año 2013, por la suma de $3.166.000, más una sanción por
inexactitud de $45.000.000. Del mismo modo, declarar la nulidad de la Resolución N°
1220120169000001 del 26 de diciembre de 2016, a través de la cual se resolvió el recurso de
reconsideración.
SEGUNDO: Como consecuencia de los anterior, a título de restablecimiento del derecho,
declarar en firme la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios de 2013,
presentada por Distribuidora Tropisinú S.A.S.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
(…)”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 8 de abril de 2014, Tropisinu S.A.S. presentó la declaración del impuesto sobre
la renta del año gravable 2013, con saldo a favor.
Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta, la DIAN profirió la
liquidación oficial de revisión nro. 122412015000010 del 30 de diciembre de 2015,
que desconoció parcialmente los gastos operacionales de ventas, reliquidó el
impuesto e impuso sanción por inexactitud, determinando saldo a pagar.
A continuación, Tropisinu S.A.S. interpuso recurso de reconsideración, el cual fue
resuelto mediante la Resolución nro. 122012016000001 del 26 de diciembre de
2016 que confirmó la liquidación oficial.
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Samai Tribunal, índice 32.
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Demandante: Distribuidora Tropisinu S.A.S.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
“4.1.- Solicito se sirva declarar la NULIDAD del acto administrativo complejo proferido por la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Montería - DIAN- integrado
por los siguientes actos administrativos:
4.1.1. Requerimiento Especial No. 122382015000005 del 22 de mayo de 2015, acto proferido
por el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización Tributaria de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Montería, por medio del cual se propone la
modificación del Impuesto sobre la Renta del período gravable 2013. Se pide la nulidad
de este acto por cuanto no fue debidamente motivado y esa nulidad se proyecta en el
acto liquidatorio definitivo.
4.1.2. Liquidación Oficial de Revisión No. 122412015000010 del 30 de diciembre de 2015,
acto proferido por el Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Montería, por medio del cual se
modifica la liquidación privada del Impuesto sobre la renta del período gravable 2013.
4.1.3. Resolución No. 1220120169000001 de 26 de Diciembre de 2016, expedida por la
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Montería,
notificada personalmente el día 03 de enero de 2017, mediante la cual al decidir el
recurso de reconsideración se confirma la Liquidación Oficial de Revisión No.
122412015000010 del 30 de diciembre de 2015.
4.2.- Declarada la nulidad de los actos administrativos descritos, RESTABLECER EL
DERECHO de mi poderdante DISTRIBUIDORA TROPISINÚ S.A.S con NIT
811.026.170-9, declarando la firmeza de la declaración privada del Impuesto sobre la
renta del año gravable 2013, presentada el día 8 de abril del 2014 mediante formulario
número 1104600882913 y en consecuencia se decrete la procedencia del saldo a favor
determinado por dicha vigencia en cuantía de $ 113.706.000, no encontrándose mi
poderdante obligada a cancelar los mayores valores a título de Impuesto sobre la
Renta.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó la vulneración de los artículos 29, 83
y 363 de la Constitución Política; 10 y 137 de la Ley 1437 de 2011; 127 y 128 del
Código Sustantivo del Trabajo; y 15 de la Ley 50 de 1990.
De forma preliminar, señaló que el rechazo de las deducciones no correspondía en
su totalidad a viáticos y así lo pudo verificar la DIAN en las cuentas contables
correspondientes, y en los soportes que discriminaron gastos de alojamiento y
manutención, pasajes terrestres, y otros gastos e incentivos no salariales
reconocidos a la fuerza de ventas. Añadió que los pagos por mera liberalidad
pueden pactarse en modalidad no salarial, como se desprende de los otrosíes de
los contratos de trabajo, los cuales constituyen ley para las partes y evidencian su
voluntad.
Cuestionó que la demandada sostuviera que no constituye salario lo que se paga
ocasionalmente, contrariando la ley y la jurisprudencia. Anotó que en los
documentos soporte de los pagos se reseña el concepto de cada uno de ellos y que
todos cumplen los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad.
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Samai, índice 2.
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Demandante: Distribuidora Tropisinu S.A.S.
Sostuvo que su actuación se fundamentó en los artículos 127 y 128 del Código
Sustantivo del Trabajo y 17 de la Ley 344 de 1996, los cuales disponen que no
constituye salario los beneficios o bonificaciones habituales u ocasionales de
carácter legal, si las partes así lo acuerdan, y acotó que estos no hacen parte de la
base de cálculo de los aportes parafiscales al ICBF, al no ser parte de la nómina
mensual de los salarios.3
Comentó que no forman parte del salario los emolumentos percibidos por el
trabajador cuando las partes han acordado expresamente que estos no constituyen
salario.4 Añadió que la deducción de los pagos por concepto de incentivos no
requiere el cumplimiento de los requisitos del artículo 108 del Estatuto Tributario
debido a que no constituyen salario y que cuando estos excedieron el 40% del total
del ingreso, la diferencia se consideró como base de los aportes a seguridad social.
Cuestionó que la DIAN asumiera que los pagos realizados eran salario por su
habitualidad, ignorando la posibilidad de elaborar acuerdos entre las partes por
escrito, que los excluyan de tal calidad. Acusó a los actos de falsa motivación dado
que los pagos cuestionados eran no salariales y se entregaron para el cumplimiento
de la labor y no para incrementar el patrimonio, como compensación por el
desempeño de las funciones por fuera de la ciudad. Agregó que dichos pagos no
pueden tratarse como reembolso de gastos dado que el trabajador no entrega las
facturas y documentos que los sustenten por imposibilidad práctica y que, al ser
pagos de la relación laboral, no es lógico exigir facturas para la procedencia de la
deducción.
Precisó que la demandada rechazó también los incentivos a trabajadores por el
cumplimiento de las metas trazadas desde la gerencia, que conducen al incremento
de ventas y a la obtención de nuevos clientes, los cuales fueron pactados como no
constitutivos de salario. Insistió en que estos pagos no forman base del cálculo de
aportes al sistema de seguridad social, y que las bonificaciones por mera liberalidad
tampoco constituyen factor salarial, sin que se requiera acuerdo entre las partes.
Resaltó que los pagos rechazados se pactaron como no salariales en los otrosíes
de los contratos de trabajo, cuyos apartes transcribió. Mencionó que la
jurisprudencia y los conceptos del Ministerio del Trabajo respaldan su actuación. 5
Cuestionó que la DIAN exigiera que los contratos de trabajo tuvieran fecha cierta
pues la prueba de estos no está tarifada y su autenticidad se puede determinar por
otros medios probatorios. Enfatizó en que los contratos fueron suscritos por las
partes y dos testigos, todos los trabajadores estaban afiliados a seguridad social, y
constaban los soportes de pago y las fechas de inicio de los contratos, documentos
que dan certeza de la existencia de la relación laboral y los pactos entre empleador
y trabajador.
Tachó de exceso de formalismo la exigencia de fecha cierta de los contratos, sobre
lo cual citó el Concepto DIAN 097942 de 2012, para concluir que la exigencia de
fecha cierta opera solo para demostrar pasivos en las personas no obligadas a llevar
contabilidad.
3
Al respecto citó las sentencias del 06 de agosto de 2014, exp. 20030, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia del Consejo
de Estado, C-521 de 1995 de la Corte Constitucional, del 11 de febrero de 2015, rad. 37348, M.P. Luis Gabriel Miranda
Buelvas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y los Conceptos 101294 de 2011 y 147921 de
2013 del Ministerio del Trabajo.
4
Invocó la sentencia del 12 de febrero de 1993, rad. 5481, M.P. Hugo Suescún Pujols de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia.
5
Reiteró la sentencia del Consejo de Estado citada previamente y los Conceptos del Ministerio del Trabajo e hizo referencia
a la sentencia del 5 de octubre de 2016, exp. 19366, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez del Consejo de Estado.
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Subrayó que la relación laboral y los pactos realizados en su ejercicio se pueden
demostrar sin exigir la autenticación de los documentos. Puntualizó que, en este
caso, la contabilidad sí podía tomarse como medio de prueba a favor del
contribuyente pues se llevaba en debida forma. Resaltó que los libros contables
prevalecen sobre la declaración tributaria.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda6:
Comentó que el rechazo de los gastos obedeció a que se detectaron pagos
correspondientes a incentivos por venta y viáticos permanentes que constituían
salario y sobre los cuales no se pagó la totalidad de los aportes parafiscales ni se
acreditó el soporte correspondiente, esto es, las facturas o documentos
equivalentes. Añadió que la actora solo aportó los contratos de trabajo hasta la
respuesta al requerimiento especial y, por ende, no los puede hacer valer como
documentos de fecha cierta.
Insistió en que los pagos eran viáticos permanentes y que el artículo 130 del Código
Sustantivo del Trabajo dispone que son los destinados a proporcionar manutención
y alojamiento, pese a que lo definido por la ley fue el viático ocasional. Citó la
definición jurisprudencial de los viáticos permanentes prevista en la sentencia del
30 de septiembre de 2008, rad. 33156, M.P. Eduardo López Villegas de la Corte
Suprema de Justicia, como aquellos pagos fijos que recibe periódicamente el
trabajador para cubrir gastos de movilización en desarrollo de su actividad. Agregó
que los viáticos permanentes afectan la base de cálculo de prestaciones y aportes
a seguridad social y parafiscales.
Explicó que los pagos de alimentación y alojamiento son viáticos ordinarios, por
cuanto suplen necesidades del trabajador que se deben cubrir con su salario.7
Reparó en que los gastos rechazados eran salario sobre los cuales no se pagaron
aportes parafiscales, y que el pacto previsto en los otrosíes de los contratos de
trabajo no es prueba fehaciente de que los pagos no constituyan salario, dado que
en la contabilidad se evidencia que estos se realizan permanentemente a los
empleados.
Precisó que los soportes aportados por el contribuyente, esto son las facturas y
documentos equivalentes, no cumplen los requisitos legales. Consideró procedente
la sanción por inexactitud dada la inclusión de deducciones improcedentes y
descartó la diferencia de criterios, debido al incumplimiento de los requisitos para
que un gasto sea expensa necesaria. Insistió en que la contabilidad evidencia que
los pagos realizados eran permanentes al realizarse mensualmente y, en
consecuencia, salariales, lo cual no desconoce el pacto suscrito entre las partes.
Acotó que las pruebas aportadas no desvirtuaron la contabilidad e hizo referencia
al Concepto DIAN 071735 de 2000. Reconoció que los contratos laborales soportan
la exclusión del 40% prevista en la Ley 1393 de 2010. Reiteró que la demandante
no probó que los incentivos no fuesen constitutivos de salario, y que contablemente
no se específico el concepto y valor pagado para saber si son o no salario. Precisó
que, según la jurisprudencia, la calidad de viático ocasional o permanente no
depende de la voluntad de las partes sino de la realidad del contrato.
6
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7
Sobre el tema citó la sentencia C-081 de 1996 de la Corte Constitucional y el Concepto DIAN 071735 de 2000.
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Relató que los pagos de gastos de transporte carecían de soportes pues eran
legalizados con certificados expedidos por el mismo empleado como documentos
equivalentes, sin identificar los beneficiarios de los pagos, el concepto y valor de los
mismos. Enunció que, ante la falta de factura emitida a nombre del empleador, pese
a que el gasto sea no constitutivo de salario, tributariamente es ingreso para el
trabajador, sobre lo cual citó los Conceptos DIAN 071735 de 2000, 055340 de 1999
y 013208 de 2014.
Precisó que no puede aceptar documentos que exigen condiciones especiales como
la fecha cierta de que trata el artículo 767 del Estatuto Tributario8, y adujo que el
rechazo de los otrosíes de los contratos de trabajo obedeció a que la exclusión
salarial pactada se hizo con referencia a pagos ocasionales y por mera liberalidad
por concepto de primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales. Insistió en que
los pagos eran viáticos permanentes y que lo que generó el rechazo no fue la falta
de fecha cierta sino el hecho de no demostrarse que estos no eran salario.
Reconoció que la contabilidad se llevaba en debida forma y afirmó que de esta se
concluyó el carácter permanente de los viáticos. Consideró procedente la sanción
por inexactitud y conceptualizó el debido proceso para asegurar que fue respetado
en la investigación, así como el espíritu de justicia y los principios de legalidad,
buena fe, igualdad y eficiencia. Descartó la falsa motivación de los actos
administrativos.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, declaró la nulidad
de los actos, con fundamento en las siguientes consideraciones:9
Preliminarmente, descartó pronunciarse sobre el requerimiento especial al ser un
acto de trámite. Refirió que los pagos salariales son deducibles en la medida en que
se hubiese pagado la seguridad social y los aportes parafiscales10, y que los pagos
no salariales no hacen parte de la base para determinar estos últimos aportes,
siempre que no excedan el 40% de la remuneración total del trabajador. Clarificó
que los pagos no salariales deben pactarse en el contrato de trabajo, sin perjuicio
de que constituyan renta laboral.
En el caso concreto, transcribió apartes del contrato laboral modelo utilizado por la
demandante para establecer que en este se pactó que las bonificaciones e
incentivos por ventas y viáticos tenían naturaleza no salarial y, en consecuencia, la
actora no estaba obligada al pago de parafiscales y seguridad social. No obstante,
estimó que el contrato no era suficiente para soportar la deducción, dado que no
había claridad en la cuantía de los pagos, por lo que debían analizarse los requisitos
de causalidad, necesidad y proporcionalidad.
Transcribió el objeto social de la empresa y advirtió que la mano de obra era factor
determinante para su desarrollo y tiene participación activa en la acción productora
de renta, de tal forma que los incentivos al trabajador son deducibles. Resaltó que
la demandada no discutió la veracidad de los pagos, ni si estos se hicieron efectivos
o no. Comentó que, debido al pacto de desalarización, los pagos no salariales no
constituían base para el pago de seguridad social y parafiscales, y tampoco se debía
8
Citó la sentencia del 24 de octubre de 2007, exp. 15093 del Consejo de Estado.
9
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10
Hizo referencia a la sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021, exp. 25185 del Consejo de Estado.
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exigir factura ni documento equivalente como soporte de la operación, dado que la
operación no tenía naturaleza comercial.
Citó jurisprudencia del Consejo de Estado11 y subrayó que la revisora fiscal certificó
el valor pagado a los trabajadores, al igual que los premios y bonos por ventas,
erogaciones deducibles. Añadió que la contabilidad interna de la empresa era
soporte válido de las deducciones, pues en este caso no debe primar el criterio
comercial y que, acorde con el certificado de la revisora fiscal, los pagos se
realizaron en 2013. Concluyó que los pagos eran necesarios y procedía su
deducción.
Avaló que los soportes de los gastos de pasajes y transporte terrestre estuvieran a
nombre de los empleados, dado que se efectuaron para desarrollar el objeto social
de la empresa, sobre lo cual citó la sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp.
16739, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
Estimó improcedente la sanción por inexactitud dado que, pese a deficiencias
formales de la prueba, no existieron operaciones simuladas ni se utilizaron factores
falsos, equivocados, incompletos o desfigurados en la declaración.
Por último, se abstuvo de condenar en costas.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión de primera instancia12. Precisó que el Tribunal erró
al mencionar que los soportes allegados cumplen con los requisitos para ser
categorizados como deducibles del impuesto sobre la renta, dado que no existían
facturas ni documentos equivalentes, que no estaba probada la existencia del pacto
de desalarización, y que el contrato no demostraba los criterios de necesidad,
proporcionalidad y causalidad de la expensa, al no demostrar la cuantía de los
pagos.
Sostuvo que el acto se motivó debidamente y que la demandante no demostró que
los valores glosados son errados o carecen de soporte legal, teniendo la carga de
la prueba. Reiteró que la modificación de la declaración obedeció a que la actora
efectuó pagos de viáticos permanentes, sin acreditar los aportes parafiscales y sin
documentos soporte.
Anotó que son viáticos permanentes los realizados para cubrir gastos de
movilización y alimentación del trabajador para cumplir con la labor contratada, lo
cual desvirtúa el pacto señalado por la actora. Recalcó que la ausencia de pago de
aportes parafiscales impide la deducibilidad de las erogaciones.
Estimó procedente la sanción por inexactitud dadas las irregularidades contables y
tributarias en que se encuentra inmersa la demandante al incluir deducciones
improcedentes. Sostuvo que la demandante obró de mala fe pues incluyó
deducciones sin requisitos de ley e intentó afectar las arcas del Estado.
Expuso que: “con respecto a la prueba oficiosa decretada por el honorable despacho e insertado
su resultado dentro del presente expediente judicial, se acude al juicio imparcial del fallador para su
interpretación y darle el valor que la misma amerite, no obstante dejar sentado que la misma ha sido
11
Sentencias de Unificación 2020CE-SUJ-4-005 y del 10 de octubre de 2016, exp. 19366, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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aportada por persona la cual tiene intereses creados dentro de la presente litis y más aún se
encuentra bajo la subordinación y dependencia de la parte demandante.” Concluyó que la
sentencia no tuvo en cuenta el material probatorio aportado por la DIAN.
Oposición a la apelación
La demandante guardo silencio.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no allegó concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Precisión preliminar
De forma previa al estudio de fondo de los cargos de la apelación, la Sala debe
reiterar el criterio expuesto en las sentencias del 11 de octubre de 2024, exp. 27637
y del 9 de mayo de 2024, exp. 28297, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, frente
al alcance del recurso de apelación.
En dichas providencias se indicó que, según el artículo 320 del Código General del
Proceso, el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente, respecto de los reparos concretos formulados por el
apelante. Esto es concordante con el artículo 328 ibidem, conforme con el cual la
competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos
por el recurrente.
Lo anterior, en la medida en que los argumentos con los que se pretende censurar
la sentencia apelada deben estar acordes con lo planteado en el concepto de
violación de la demanda (en el caso del demandante), con lo expuesto en la
oposición a la demanda (en el caso del demandando) y, en cualquier caso, con lo
razonado por el juez de primera instancia13.
Así las cosas, está prohibido que el apelante exponga en el recurso de apelación
hechos, cargos y pretensiones nuevas que no presentó en la demanda o en la
contestación de ese escrito, según el caso.
Un entendimiento contrario, vulneraría el derecho de contradicción de las partes, el
principio de congruencia y la lealtad procesal y, además, implicaría que el recurso
de apelación pueda fundamentarse en hechos o argumentos que no pudo tener en
cuenta el juez de primera instancia por no haber sido puestos a su consideración en
la etapa procesal oportuna que, en este caso, era el escrito de oposición a la
demanda. Por esa razón, esta Sección ha señalado que “Invalidar una providencia con
base en hechos y/o argumentos completamente ajenos al debate procesal suscitado, que dio lugar
la decisión judicial impugnada, escapa a la lógica procesal del recurso de apelación”14.
La Sala precisa que, en virtud del principio a la igualdad y de equilibrio procesal, la
carga procesal consistente en sustentar el recurso de apelación en concordancia
con lo expuesto en la sentencia impugnada y con los hechos, argumentos,
13
Ver sentencia del 16 de noviembre de 2023, exp. 27886, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de mayo de 2013, Exp. 18847,
C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, reiterada en la sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 25687. C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
7
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pretensiones y excepciones expuestas en primera instancia, no sólo recae en la
parte demandante, sino también en la parte demandada15.
En el presente evento, la Administración rechazó los gastos operacionales de
ventas asociados a las cuentas 525505- Alojamiento y manutención, 525520 – Pasajes
Terrestres, 525595 – Otros, y 529595- Otros gastos de venta e incentivos, en cuantía de
$283.887.000. La DIAN consideró que dichas erogaciones correspondían a viáticos
permanentes, cuya deducibilidad estaba sujeta a la acreditación del pago de aportes
a seguridad social y parafiscales, así como a estar debidamente soportados con
facturas o documentos equivalente. Puntualmente, respecto de los gastos por
pasajes terrestres, la demandada señaló que no se aportaron los soportes que
cumplieran los requisitos de los artículos 617, 618 y 771-2 del Estatuto Tributario.
La sentencia de primera instancia al examinar el último argumento del rechazo,
referente a la carencia de soportes, con fundamento en el Decreto Único
Reglamentario 535 de 1987, aseveró que: “los anexos al informe del revisor fiscal pese (sic)
encontrarse a favor de los empleados, dicha situación está permitida a fin de legalizar los gastos de
transporte, manutención y alojamiento cuando se trata de desarrollar el objeto.” y agregó que:
“En este caso, los soportes allegados por el contribuyente cumplen con los requisitos para ser
categorizados como deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable
2013, basta revisar los folios 1201 y siguientes del cuaderno principal (facturas o documentos
equivalentes)”
En el recurso de apelación, la demandada se limitó a insistir en que los gastos
rechazados carecían de soportes, esto es de facturas o documentos equivalentes,
sin pronunciarse en forma expresa frente a la norma que aplicó el Tribunal como
sustento para avalar los gastos asociados a la cuenta de pasajes, ni frente a los
argumentos planteados por la sentencia de primera instancia al efecto.
Así mismo planteó de manera genérica que los actos estaban debidamente
motivados y afirmó que: “el contrato no demostraba los criterios de necesidad, proporcionalidad
y causalidad de la expensa al no demostrar la cuantía de los pagos”, circunstancia que fue
reconocida expresamente por el Tribunal cuando valoró las demás pruebas
obrantes en el expediente.
Como se evidencia, ninguno de estos reparos constituye un verdadero motivo de
inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, toda vez que no
controvierten el fondo de la decisión ni los soportes fácticos ni normativos de esta,
de tal forma que no pueden ser pasibles de estudio en esta instancia. En ese
sentido, la Sala se abstendrá de pronunciarse al efecto.
Problemas jurídicos
De conformidad con los cargos de apelación formulados por la parte demandada
respecto de la sentencia de primera instancia, que anuló los actos demandados,
juzga la Sala la legalidad de los actos que modificaron la declaración del impuesto
sobre la renta del año gravable 2013 presentada por la actora.
En particular, corresponde determinar si: i) el contribuyente debía acreditar el pago
de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social respecto de los gastos
rechazados por la DIAN, y si ii) era procedente aplicar la sanción por inexactitud.
15
Al respecto ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 7 de diciembre
de 2017. Exp. 08001-23-31-000-2009-01122-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Demandante: Distribuidora Tropisinu S.A.S.
Análisis del caso concreto
1. Viáticos permanentes y pacto de desalarización
En el recurso de apelación, la demandada afirmó que la actora no demostró que los
valores glosados fueran errados o carecieran de soporte legal, teniendo la carga de
la prueba. Refirió que no se probó la existencia del pacto de desalarización, y que
el contrato no es prueba para soportar la deducción porque no establece la cuantía
de los pagos realizados. Afirmó que los gastos rechazados correspondieron a
viáticos permanentes pagados para cumplir con la labor contratada, los cuales
estaban sujetos al pago de aportes parafiscales para ser deducibles. Agregó que la
sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta el material probatorio allegado por
la DIAN.
Para resolver, sea lo primero precisar que esta Corporación ha establecido la
diferencia entre los viáticos ocasionales y permanentes, a partir de lo dispuesto en
el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo. En sentencia del 27 de octubre de
2022, exp. 26446, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, la Sala explicó que: “los
viáticos tienen por finalidad cubrir los gastos en que incurre el trabajador por el cumplimiento de sus
funciones o de actividades relacionadas con la administración, fuera de su sede habitual de trabajo 16.
Al respecto el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que los viáticos permanentes
constituyen salario, en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y
alojamiento, pero no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los
gastos de representación. Por el contrario, no constituyen salario los viáticos accidentales que se
dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente.” De allí que
mientras el viático accidental u ocasional remunera un requerimiento no habitual, el
permanente no, de tal forma que se entiende que los últimos son constitutivos de
salario, mientras que los primeros no.
Ahora bien, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo reconoce la posibilidad
de pactar convencional o contractualmente que determinados beneficios o auxilios,
tales como pagos por alimentación, habitación y primas extralegales, no sean
constitutivos de salario, caso en el cual debe respetarse el tope previsto en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, que establece que los pagos no constitutivos de
salario no pueden exceder el 40% del total de remuneración.
Frente a la cotización al sistema de seguridad social y los aportes parafiscales sobre
los pagos no constitutivos de salario, que son consecuencia de un pacto contractual
o convencional, la Ley 344 de 199617 los excluyó de manera expresa de la base de
liquidación. De tal forma que, a partir de una lectura conjunta de las normas, la
realización de dichos aportes solo será exigible respecto de estos pagos, cuando
quiera que excedan el 40% del valor total de la remuneración.
De hecho, esta Sección profirió Sentencia de Unificación el 9 de diciembre de 2021,
exp. 25185, C.P. Milton Chaves García, en la que estableció las reglas de decisión
16 En sentencia del 12 de marzo 2012, exp.18172 C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez esta Sala expuso:
“Viáticos, según el Diccionario de la Real Academia, es la prevención, en especie o dinero, de lo necesario
para el sustento del que hace un viaje; en consecuencia, el concepto cubre los gastos en que incurre el
trabajador por el cumplimiento de sus funciones o de las actividades relacionadas con su trabajo, fuera de
su sede habitual”.
17
ARTÍCULO 17.- Por efecto de lo dispuesto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo
15 de la Ley 50 de 1990, se entiende que los acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos que no
constituyen salario y los pagos por auxilio de transporte no hacen parte de la base para liquidar los aportes con destino
al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Escuela Superior de
Administración Pública, ESAP, Régimen del Subsidio Familiar y contribuciones a la seguridad social establecidas por la
Ley 100 de 1993.
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frente al alcance del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 y los pactos de
desalarización, como sigue:
1. El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y riesgos
profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los términos del
artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza remuneran el trabajo o servicio
prestado al empleador.
2. En virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y trabajadores
pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes al Sistema de Seguridad
Social.
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes se calcularán sobre
todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente de la denominación que se les
dé (art. 127 CST- contraprestación del servicio) y, además, los que las partes de la relación laboral
pacten que no integrarán el IBC, en el monto que exceda el límite del 40% del total de la remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los medios de prueba
pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de aportes al
sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente fiscalizador objeta los pagos
no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de aportes, por considerar que sí remuneran el
servicio, corresponde al empleador o aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago
realizado, a través de los medios probatorios pertinentes.
Como se evidencia, las reglas de unificación avalan la posibilidad de que
empleadores y trabajadores acuerden desalarizar ciertos factores, los cuales no
integran la base de cotización de aportes parafiscales y de seguridad social, salvo
que se exceda la proporción del 40%. En ese sentido, un viático que tiene la
naturaleza de permanente y, en principio, tendría carácter salarial, podría ser objeto
de un pacto de desalarización por común acuerdo entre las partes y no existiría la
obligación de realizar aportes sobre este. No obstante, dicho acuerdo debe estar
“plenamente probado”
En el caso concreto, la DIAN evidenció que, contablemente, la sociedad actora
registró diversos gastos por incentivos por ventas, alojamiento y manutención,
pasajes y otros, los cuales consideró que constituían viáticos permanentes dado
que aparecían recurrentemente en los registros, por lo que debió acreditarse el pago
de aportes a seguridad social y parafiscales, para efectos de su deducibilidad.
No obstante, con la respuesta al requerimiento especial, la actora aportó
certificación de revisor fiscal que establece los valores de los gastos y que (fls. 1197
y 1198 Caa): “i) los gastos de la cuenta 52959595 “Otros” corresponden a incentivos no
constitutivos de salario que no formaron parte del ingreso base de cotización, ii) que los gastos de
viaje estaban soportados en comprobantes internos, correspondían a erogaciones del empleado en
ejercicio de sus funciones y los mismos también eran no constitutivos de salario, iii) que los pagos
no excedieron el límite del 40% previsto en la Ley 1393 de 2010 y que las personas beneficiarias
eran empleadas de Tropisinú S.A.S.”
Así mismo, allegó relación de los pagos con comprobantes de egreso y planillas de
pago de aportes a seguridad social (fls. 1201 a 1340 Caa y 1657 a 2295 Caa), así
como diversos contratos de trabajo con sus otrosíes (fls. 1340 a 1655 Caa) que
daban cuenta del pacto de la cláusula de desalarización, como sigue:18
“Las partes acuerdan que no constituirán salario las sumas que ocasionalmente y por mera
liberalidad recibe el empleado del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones
ocasionales e igualmente lo que recibe el empleado en dinero o en especie no para su
18
Dada la multiplicidad de contratos y la similitud entre las cláusulas se presentan dos a manera de ejemplo. Fls. 1343 Caa
y 1361 Caa.
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beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones
tales como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo,
alimentación, etc.
Igualmente conviene estipular que no constituyen salario las bonificaciones y auxilios que
conceda el empleador al empleado, así sean habituales, tales como bonificaciones, premios,
incentivos por cumplimiento de objetivos, etc. Tampoco harán parte del salario las
obligaciones, incentivos o premios extralegales que concedan los proveedores por sus
ventas.
Por lo anterior, dichas bonificaciones, incentivos o premios extralegales concedidos por el
empleador y los proveedores a los empleados, no harán parte integral del salario para efecto
de liquidación de prestaciones sociales.”
La DIAN se limitó a afirmar que los contratos carecían de fecha cierta y que el pacto
de desalarización versaba sobre pagos ocasionales y no permanentes. Así mismo,
en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración reconoció que se respetó
el límite del 40% previsto en la Ley 1393 de 2010.19
En el trámite del proceso judicial, en la audiencia inicial del 19 de febrero de 2019
(fls. 233 a 236 CP1), el Tribunal requirió a la actora y decretó las siguientes pruebas
de oficio:
“De conformidad con la facultad oficiosa contenida en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011,
resulta necesaria decretar la siguiente prueba.
PRIMERO: Requiérase a la empresa contribuyente Distribuidora Tropisinú S.A.S., para que
remita con destino al presente proceso y en el término de diez (10) días, lo siguiente:
• Certificado expedido por el Jefe de Recursos Humanos en el que se haga constar qué
personas fueron destinatarias del pago de viáticos para el año 2013; así como también,
si entre éstas y la empresa demandante existió un vínculo laboral para el año 2013,
allegando el respectivo contrato de trabajo que acredite el vínculo.
• Certificado expedido por el Revisor Fiscal, con fotocopia de cédula y tarjeta profesional,
en el cual haga constar los valores registrados en los libros contables por concepto de la
Cuenta Viáticos a un nivel de ocho dígitos que incluya subcuentas y auxiliares.”
El 11 de marzo de 2019, la sociedad dio respuesta al requerimiento (fls. 240 a 247
CP2). En efecto, adjuntó certificado de revisor fiscal que acreditaba el valor
registrado en la cuenta “Alojamiento y Manutención”, junto con el balance de
comprobación de saldos, y certificación de la Coordinadora de Gestión Humana que
relacionó los empleados a los cuales se les realizaron pagos por alojamiento y
manutención, junto con los contratos de trabajo y sus anexos.
Como se advierte, en el expediente estaba acreditado en forma expresa el pacto de
desalarización, así como los valores pagados y la existencia de las relaciones
laborales, conforme lo exige la jurisprudencia de esta Sección y contrario a lo
señalado por la apelante. El pacto desvirtuaba los valores glosados por la
Administración, de tal forma que la demandante sí ejerció la carga de la prueba. En
efecto, los diversos contratos aportados dan cuenta de que, por expresa disposición
de las partes, los pagos correspondientes a bonificaciones, gratificaciones,
incentivos por ventas y gastos para transporte , manutención y alojamiento, mismos
que fueron objeto de rechazo, tenían naturaleza no salarial. Nótese que en las
cláusulas se hace referencia a pagos ocasionales, pero también a otros pagos y
auxilios, independientes de estos, con lo cual no son de recibo los argumentos de
la apelante.
19
“Los contratos laborales que contienen otro si referente a pacto de exclusión salarial estarían soportando la exclusión del
40% conforme lo dispone el artículo 30 de la ley 1393 del 20'0 (sic)” Fl. 2351 Caa.
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Así mismo, tampoco era dable exigir la fecha cierta en los contratos dado que esta
ritualidad se predica para la demostración de pasivos en los sujetos no obligados a
llevar contabilidad, con lo cual la certificación de revisor fiscal, los comprobantes de
egreso y los contratos en conjunto eran pruebas suficientes de la desalarización de
los pagos, los cuales fueron oportunamente aportados ante la autoridad en la
discusión administrativa, siendo innecesario evaluar entonces la distinción sobre la
consideración de los pagos realizados como viáticos permanentes u ocasionales,
dado que la sociedad y sus empleados los excluyeron expresamente como
constitutivos de salario.
En ese sentido, no era procedente exigir que se acreditara el pago de aportes a
seguridad social y parafiscales, en los términos del artículo 108 del Estatuto
Tributario, dada la naturaleza no salarial de los pagos, con lo cual los reparos de la
demandada no prosperan.
Adicionalmente, vale la pena resaltar que la prueba que utilizó la DIAN fue la propia
contabilidad de la actora, la cual fue valorada por el Tribunal y cotejada con los
documentos obrantes en el expediente y con las pruebas decretadas de oficio, de
tal forma que no le asiste razón a la demandada cuando afirma que no se tuvo en
cuenta su material probatorio.
Por último, frente a las pruebas de oficio decretadas, la apelante cuestiona que
estas hubiesen sido aportadas por personas que tienen “intereses creados dentro de la
presente litis y más aún se encuentra bajo la subordinación y dependencia de la parte demandante.”
No obstante, olvida que los hechos objeto de prueba, es decir, el valor registrado en
la cuenta “Alojamiento y Manutención” y los beneficiarios de dichos pagos, solo podían
ser acreditados por el propio contribuyente, quien estaba en mejor posición para
probarlos al ser información propia de su contabilidad y bases de datos, según
dispone el artículo 167 del Código General del Proceso.
Sin perjuicio de lo expuesto, es importante anotar que la revisoría fiscal no tiene
relación de subordinación y dependencia con la demandante dado que funge como
órgano fiscalizador y auditor sobre la información financiera del ente y certifica
hechos económicos. Así mismo, pese a que la Coordinadora de Gestión Humana sí
tiene un vínculo laboral con la empresa, la solicitud de información efectuada por el
Tribunal se refiere a hechos objetivos relacionados con los beneficiarios de los
pagos de alojamiento y manutención. En ese sentido, en ambos casos, las
certificaciones allegadas no contienen apreciaciones subjetivas que puedan afectar
la eficacia de la prueba que, en todo caso, es responsabilidad del juez valorar
mediante la sana crítica y en conjunto con el resto del material probatorio. Por lo
anterior, no son de recibo los reparos de la apelante frente a la prueba de oficio que
fue complementada, además, por los demás documentos obrantes en el expediente.
En consecuencia, no se accede a los cargos de apelación.
2. Sanción por inexactitud
Dada la improcedencia de las glosas, se confirmará el levantamiento de la sanción
por inexactitud ante la aceptación de la deducción de los gastos declarados, sin que
sea relevante analizar la presunta mala fe de la demandante.
3. Costas
Conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código
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Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)
Demandante: Distribuidora Tropisinu S.A.S.
General del Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias
en derecho) en esta instancia, por no encontrarse probadas en el expediente,
requisito indispensable para su reconocimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 6 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión.
2. No condenar en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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