Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00278-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00278-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00278-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23-001-23-33-000-2017-00278-01 (1630-2025)1
Demandante: Manuel Francisco Sánchez Ospino
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación – Ley 33 de 1985.
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
contra la sentencia del veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1 Pretensiones
1. El señor Manuel Francisco Sáchez Ospino, acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de las Resoluciones No. 042297 del ocho (8) de noviembre de
dos mil dieciséis (2016), y 006393 del veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete
(2017), expedidas por la UGPP y, la Resolución No. 56963 del veintitrés (23) de febrero
de dos mil dieciséis (2016), emitida por la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, mediante las cuales, se negó el reconocimiento de una pensión de
jubilación.
1
Expediente digital.
2
Índice 2 Samai.
2
Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó, se ordene a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP: (i) reconocer y pagar una pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 33 de 1985, por haber adquirido el estatus el dos (2) de abril de
dos mil nueve (2009); (ii) que se ordene el pago de las mesadas dejadas de percibir
desde el treinta (30) de octubre de dos mil diez (2010), fecha en que se acreditó el retiro
del servicio, actualizadas conforme IPC; (ii) que se paguen los reajustes conforme a las
leyes 71 de 1988 y 100 de 1993; y (iv) se condene en costas a la demandada.
1.2. Hechos.
3. El demandante nació el dos (2) abril de 1954, por lo cual, cumplió la edad de 55 años
el mismo día y mes del año dos mil nueve (2009).
4. Que a través de Resolución No. 17750 del ocho (8) de octubre de mil novecientos
setenta y nueve (1979), fue nombrado como auxiliar de servicios generales de tiempo
completo, en el INEM Lorenzo María Llenas3, cargo que desempeñó hasta el treinta y
uno (31) de diciembre de dos mil dos (2002), cuando, se hizo efectiva la Resolución No.
0000026 del quince (15) de diciembre de dos mil dos (2002), que dispuso su traslado a
municipio de Montería, siendo designado al colegio Robinson Pitalúa, donde estuvo
vinculado hasta el tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010)4.
5. Aduce que, acredita más de treinta (30) años, cuatro (4) meses y un (1) día de aportes
ante el departamento de Córdoba y el municipio de Montería, en calidad de servidor
público.
6. Agregó que, en el año 2011, realizó un proceso de nivelación salarial por homologación
de cargos en el municipio de Montería y, como consecuencia de ello, el diez (10) de
noviembre de dos mil doce (2012), trasladan los aportes pensionales al Instituto de
Seguros Sociales, correspondientes al periodo de enero de 2003 a septiembre de 2008.
7. Posteriormente, el trece (13) de noviembre de dos mil doce (2012), solicitó ante la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, el reconocimiento de pensión
de jubilación, resuelta mediante Resolución GNR 106409 del veintidós (22) de mayo de
3
de Montería (C)
4
Relató que pasó a estar «a cargo de la Alcaldía Municipal de Montería, laborando hasta el 29 de octubre de 2010, en la Institución
Educativa Normal Superior»
3
Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
dos mil trece (2013), en la cual no le tienen en cuenta el tiempo laborado en el
Departamento, aduciendo no aportar certificaciones correctas. Por tanto, en este acto
administrativo solo se consideró el tiempo certificado por el municipio (Montería).
8. Añadió que, en abril de 2014, radicó nueva petición de reconocimiento pensional ante
Colpensiones, sin que, a la fecha de la presentación de la demanda, se emitiera
respuesta de fondo.
9. Indicó que, el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015), Colpensiones le
manifestó que, el Formato CLEBP, presenta inconsistencias que deben ser corregidas.
10. Posteriormente, el seis (6) de abril de dos mil quince (2015), solicitó ante la secretaría
de educación del departamento de Córdoba, certificación de tiempo de servicios, en la
que se atiendan las observaciones efectuadas por Colpensiones y que, una vez se emitió
el documento, fue radicado ante esta última entidad, el ocho (8) de mayo de dos mil
quince (2015).
11. Continuó señalando que, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, a través de Resolución GNR 56963 del veintitrés (23) de febrero de dos
mil dieciséis (2016) dio respuesta a su solicitud, en el sentido de indicar que, el
reconocimiento de la prestación corresponde a la UGPP.
12. A su turno, la UGPP en Resolución No. RDP 042297 del ocho (8) de noviembre de
dos mil dieciséis (2016), niega el reconocimiento de la pensión del actor, aduciendo que,
las certificaciones expedidas por el departamento de Córdoba son ambiguas en lo que
refiere a la identificación de las entidades en que se hacían los aportes.
13. Contra la anterior determinación presentó recurso de apelación, el cual, fue resuelto
en Resolución RDP 006393 del veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete, en la que
se confirmó en su integridad el acto recurrido.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. Refirió como normas violadas las siguientes: los artículos 13 y 48 de la Constitución;
la Ley 33 de 1986 y, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
15. Manifestó que, no se le pueden trasladar a los trabajadores, las inconsistencias en
las certificaciones emitidas por sus empleadores, en menoscabo de su derecho
pensional, en tanto, el demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley
4
Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
100 de 1993 y como consecuencia de ello, solo debe acreditar el tiempo de servicios que,
estima que supera con creces y la edad de 55 años que cumplió en el año 2009.
16. Dijo que, independientemente de quien deba asumir su pensión, tiene derecho a que
esta sea reconocida y liquidada con todos los factores salariales que establece el régimen
anterior, en aplicación de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, emitida por
el Consejo de Estado (exp. 0112-09, C.P.) y de los principios de favorabilidad e
inescindibilidad de la ley.
2. Contestación de la demanda
17. La UGPP5 contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al
considerar que, el demandante adquirió su estatus pensional con posterioridad al 1° de
julio de 2009, esto es el 2 de abril de 2016, lo cual implica que, no es beneficiario del
régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, por tanto, no
es la UGPP la llamada a reconocer dicha prestación, conforme a lo previsto en al artículo
4 del Decreto 2196 de 2009.
18. Formuló como excepciones: «buena fe» y «prescripción».
19. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones6 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que, el acto por medio
del cual se suprimió y liquidó Cajanal, estableció una regla de competencia entre dicha
entidad y el ISS, para el reconocimiento de prestaciones de los afiliados a la señalada
caja.
20. En esta, se confirió a Cajanal en liquidación, la competencia para tramitar y reconocer
las pensiones de los afiliados que, con anterioridad al mes de julio de 2009, hubieren
acreditado los requisitos de edad y tiempo de servicios para pensión de vejez o jubilación,
así como, adelantar todas las actividades afines a dichos trámites.
21. En ese sentido, el reconocimiento de las pensiones de vejez o jubilación de todos
aquellos afiliados a Colpensiones con anterioridad al 1° de julio de 2009 -fecha en la que
se perfeccionó el traslado de afiliados de Cajanal al ISS- es de competencia de la UGPP.
Así, comoquiera que, a esa fecha el actor ya reunía los requisitos para el reconocimiento
pensional, es la UGPP la entidad que debe surtir el trámite respectivo.
5
Índice 00018 Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo de Córdoba.
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Índice 00093 Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo de Córdoba.
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Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
22. Formuló como excepciones: «inexistencia de las obligaciones reclamadas», «cobro
de lo no debido» y «prescripción».
3. La sentencia de primera instancia7
23. El Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de sentencia del veintisiete (27) de
febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la demandada.
24. La decisión planteó como primer aspecto, la existencia de un hecho sobreviniente 8,
correspondiente a la expedición de la Resolución No. 046655 del doce (12) de diciembre
de dos mil dieciocho (2018)9, con la cual, la UGPP en sede administrativa, reconoció en
favor del demandante, una pensión de vejez, en cuantía de $775.634, efectiva a partir del
primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014). Además, explicó que, dicho acto
administrativo no es objeto de control judicial en el presente asunto, sino aquellos que
negaron la prestación; por lo tanto, «en el evento de resultar ilegales, corresponde a la Sala estatuir
como restablecimiento del derecho, la decisión en reemplazo respectiva que es la que definirá la situación
jurídica pensional del actor.»
25. Frente a esa misma situación, indicó que, como la expedición de la Resolución No.
046655 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), fue posterior a la
admisión de la demanda y esto no impedía emitir pronunciamiento de fondo, como quiera
que, «lo concerniente al reconocimiento pensional del actor le compete a este Tribunal como juez
contencioso al que se sometió la legalidad de la decisión primigenia de la Administración. […] Así, lo
decidido por la referida entidad no comporta una limitante para que esta Judicatura se pronuncie frente al
régimen pensional del actor y la forma en que deba o no reconocerse la pensión de jubilación, pues, se
insiste, es el juez contencioso a quien le corresponde estatuir decisiones en reemplazo, como
restablecimiento del derecho que deben ser acatadas por la autoridad administrativa respectiva.»
26. En cuanto al derecho pensional reclamado por el señor Sánchez Ospino, señaló que,
estaba probado que, este nació el dos (2) de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro
(1954) y trabajó como Auxiliar de Servicios Generales en el Departamento de Córdoba
7
Índice 00082 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo de Córdoba.
8
Ante la expedición de este acto administrativo, el Tribunal señaló que, «[…]la negativa de las partes no se refiere estrictamente a
que no tenga derecho el demandante al reconocimiento pensional, pues la controversia recae sobre a cargo de qué entidad está el
reconocimiento de la correspondiente pensión, y a partir de cuando debe ser reconocida». Por lo tanto, el litigio se contrajo a
determinar «¿A cargo de qué entidad o entidades, con cual régimen y forma de liquidación, y a partir de cuando tiene el demandante
derecho al reconocimiento pensional?»
9
El apoderado de la parte demandante, en escrito del 30 de abril de 2019, solicitó el retiro de la demanda, ante la expedición de este
acto administrativo por parte de la UGPP. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud mediante auto del 27 de agosto de 2019, al
estimar que la solicitud no se adecuaba a lo previsto en el artículo 174 del CPACA, como quiera que ya se había trabado la litis.
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Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
(del 3 de diciembre de 1979 al 31 de diciembre de 2002) y en el Municipio de Montería
(del 1.º de enero de 2003 al 29 de octubre de 2010). Que al entrar en vigencia la Ley 100
de 1993 en el ámbito territorial, tenía 41 años y más de 15 años de servicio, por lo que,
es beneficiario del régimen de transición.
27. Agregó que, como el actor cumplió los 20 años de servicio en 1999 y los 55 años en
2009, le asiste derecho a la pensión de jubilación con el 75% previsto en la Ley 33 de
1985, efectiva desde el 30 de octubre de 2010. Respecto al IBL, refirió que, este debe
calcularse conforme al criterio unificado del Consejo de Estado, que excluye la aplicación
del promedio de un año de la Ley 33 de 1985, razón por la cual, no procede la
reliquidación solicitada. Por lo tanto, como al señor Sánchez Ospino le faltaban más de
diez años para adquirir el estatus pensional, le era aplicable la subregla de unificación
según la cual, el IBL corresponde al promedio de los salarios sobre los cuales cotizó
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión.
28. Frente a los factores salariales, dijo que, debían tenerse en cuenta aquellos respecto
de los cuales se hubiera cotizado, debiéndose acudir a lo dispuesto en el Decreto 1158
de 1994 y, conforme a lo certificado en el proceso, corresponden a: asignación básica,
prima técnica, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario. Estos,
debidamente actualizados conforme al IPC certificado por el DANE.
29. En cuanto a la entidad que debe asumir el reconocimiento de la pensión, consideró
que, no obedecía a un aspecto que debía ser dirimido judicialmente, pues, de la
Resolución No. 046655 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), se extrae
que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció en
providencia del seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018), respecto a un conflicto de
competencias suscitado entre la UGPP y Colpensiones, frente a dicho asunto, estas
entidades y el Ministerio de Hacienda se reunieron en mesa de trabajo del dos (2) de
octubre de dos mil dieciocho (2018), en la que se estableció: «1. El competente para el
reconocimiento teniendo en cuenta l fecha en que adquirió el status, 2 de abril de 2009, y lo analizado en
esta mesa de trabajo es la UGPP.» (sic)
30. El A-quo indicó que, las entidades a cargo del pago de la prestación y su respectivo
porcentaje participación debe realizarse conforme el acto de reconocimiento expedido
por la UGPP, tal como se definió en la citada mesa de trabajo, teniendo en cuenta la
liquidación de la pensión que se realice al señor Sánchez Ospino en la decisión judicial.
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Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
31. En mérito de lo anterior, declaró la nulidad de las resoluciones No. 042297 del ocho
(8) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) y 006393 del veintiuno (21) de febrero de
dos mil diecisiete (2017), con las cuales, la UGPP negó el derecho pensional del
demandante y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a esta entidad a
reconocer y pagar la pensión de jubilación del demandante, liquidada con el 75 % del
promedio de los factores salariales consistentes en: asignación básica, prima técnica,
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario, devengados entre el 29 de
octubre de 2000 hasta el 29 de octubre de 2010.
32. Adicionalmente, condenó a la UGPP al pago de las mesadas dejadas de percibir por
el actor desde el veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013), por prescripción, al tener
en cuenta la petición elevada el veintiséis de julio de dos mil dieciséis (2016) y, ordenó
que, del monto a pagar, deberá ser descontado lo que previamente fuera pagado al actor
por concepto de mesada pensional reconocida en la Resolución No. 046655 del doce
(12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
33. En atención a dichos argumentos se resolvió:
“PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones nro. 042297 del 8 de noviembre de 2016, y
006393 del 21 de febrero de 2017, expedidas por la UGPP, mediante las cuales se negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación al demandante.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP que reconozca y pague
pensión de jubilación a favor del señor Manuel Francisco Sánchez Ospino, liquidada con el 75 %
del promedio de los factores salariales consistentes en: asignación básica, prima técnica,
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario, devengados entre el 29 de
octubre de 2000 hasta el 29 de octubre de 2010, según lo certificado por las entidades
territoriales que obran en las págs. 52 a 56 y 71 y 72 del PDF nro. 03 del expediente digital,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE; factores sobre los cuales se hicieron las cotizaciones
respectivas por las entidades territoriales a las que estuvo vinculado.
De no haberse realizado los aportes correspondientes, la UGPP deberá propender por su
recaudo ante la entidad territorial omisa en la proporción respectiva y al actor le descontará lo
que le corresponda como trabajador.
TERCERO: Condenar a la UGPP al pago de las mesadas dejadas de percibir por el señor
Manuel Francisco Sánchez Ospino, desde el 26 de julio de 2013. La suma que resulte de dicha
condena se deberá actualizar, de conformidad con el último inciso del artículo 187 del CPACA,
tomando como base el índice de precios al consumidor, según la formula vertida en la parte
motiva de la presente providencia.
CUARTO: Declarar probada la excepción de prescripción sobre las mesadas causadas
con anterioridad al 26 de julio de 2013.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia. […]»
4. Recurso de apelación
34. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
Parafiscales de la Protección Social - UGPP10, inconforme con la decisión, interpuso
recurso de apelación. Argumentó que, no era procedente el reconocimiento en los
términos planteados por el tribunal, pues, la determinación del régimen pensional del
actor y los términos en que deba reconocerse o no la pensión de jubilación del actor, no
podía realizarse «a expensas del contenido del acto administrativo de reconocimiento pensional. No sin
que debiera discutirse si este se apegó al ordenamiento jurídico y por tanto contempló de manera correcta
las normas aplicables al demandante»
35. Alegó que, de manera indirecta, se declaró la nulidad de la Resolución No. RDP
046655 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), pues, lo decidido por el
A-quo, contrasta con el contenido de este acto administrativo, ya que, en el fallo se
incluyen como factores salariales la asignación básica, bonificación por servicios
prestados, prima técnica y trabajo suplementario, mientras que en sede administrativa
solo se tuvo en cuenta los dos primeros. Añadiendo que, la parte demandante en sus
alegatos de conclusión realizó manifestaciones contra la liquidación efectuada en la
citada resolución, precisamente en torno a los factores salariales que debían ser
incluidos. Por lo tanto, la parte apelante estima que se hizo un juicio de legalidad, sin que
fuera enunciado en las pretensiones de la demanda.
36. Añadió que, es necesario que se revise con detenimiento la liquidación del IBL, de
cara a la jurisprudencia del Consejo de Estado, por cuanto en la orden impartida por el
tribunal, se incluyeron factores salariales que no fueron tenidos en cuenta por la UGPP,
siendo necesario que, conforme al régimen aplicable, se liquide la pensión, teniendo en
cuenta únicamente aquellos sobre los cuales devengó y efectuó cotizaciones a pensión.
37. Finalmente adujo que, a fin de evitar decisiones contradictorias y afectaciones al
tesoro público, se autorice, «que sobre los factores reconocidos que no hubieren efectuados
aportes el demandante, se realice la liquidación y descuento sobre dicha cotización con
fundamento en el cálculo actuarial que prevé el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.» y se ordene
el descuento de los pagos realizados al actor, como consecuente de la expedición de la
Resolución No. RDP 046655 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
5. Trámite en segunda instancia
38. Mediante auto del veinticinco (25) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)11, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en
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Índice 00085 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo de Córdoba.
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índice 0004 de Samai.
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Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.
39. Posterior a ello las partes guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
conforme lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo
328 del Código General del Proceso (CGP)12, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
2.2.1. Corresponde a la sala, determinar lo siguiente:
2.2.2. ¿Contaba la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con competencia para expedir la Resolución
RDP 046655 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), por medio de la
cual, reconoció el derecho pensional reclamado por el demandante?
2.2.3. ¿La decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, efectuó un juicio
de legalidad a un acto administrativo cuya revisión jurídica no estaba en discusión, según
lo consignado en las pretensiones de la demanda?
2.2.4. ¿Para el cálculo del IBL, se tuvieron en cuenta solo los factores salariales sobre
los cuales, el señor Sánchez Ospino efectuó cotizaciones a pensión?
2.2.5. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: (i) Régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y régimen de transición de la
Ley 33 de 1985; (ii) Hechos probados; y (iii) Caso concreto.
12
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia”.
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2.3 Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
41. Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la entidad
recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la sentencia
del 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado, y por la no aplicación de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias SU-023 de 2018 y C-258
de 2013, a partir de las cuales, se advierte que, el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace parte de
los beneficios que este otorga.
42. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se
agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino
que, impone un análisis más detallado y cuidadoso.
43. En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los
requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de
los servidores públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que
tenía previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara
a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
44. Así, aunque la citada Ley 100 de 1993, supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión; el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en
los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 13, aludiendo a los
13
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el
sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres,
o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
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Demandado: UGPP y otro
componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger
las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.
45. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual,
la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el Cuatro
(4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010)14, acogió el principio de inescindibilidad, conforme
al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la que eran destinatarios al
momento en que esta entró en vigencia, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en
forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional,
sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios».
46. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230
de 2015, en la que, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia
referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, precisó que, el ingreso
base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y, por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas
calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el
ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.
47. Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que, solo fue superada hasta la
emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del Veintiocho (28) de Agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018)15, en la cual, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:
«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la
siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese
igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de
lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
Se resalta.
14
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009. Demandante:
Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés
12
Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL
como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación
será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante
todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento
de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones
[…]».
2.3.2. De la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985.
48. En armonía con lo estudiado en el acápite anterior, al igual que la Ley 100 de 1993,
la Ley 33 de 1985, previó un régimen de transición, en el parágrafo 2 del artículo 1°, para
los empleados públicos, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva
Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio. No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de
pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser
obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años
(60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno. […]
PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la
presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales,
actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta
(50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de
jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el
momento de su retiro. […]» Se resalta.
49. De la lectura de la citada norma, se identifican dos grupos de destinatarios del
régimen de transición: (i) quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de
1985 (13 de febrero de 1985), acreditaran 15 años de servicio al Estado, tendrían
derecho a la aplicación del requisito de edad, que regía en normas anteriores; y (ii) los
13
Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
que tuviesen 20 años de servicio, como empleados oficiales y, estuvieran retirados del
servicio en el momento en que entró a regir la referida ley, quienes obtendrían una
pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres y, 55 en el
de los hombres, esto, aplicando, para reconocimiento y pago, las normas vigentes a
la fecha de retiro.
50. Así entonces, la norma anterior aplicable, para el primer grupo de beneficiarios del
régimen de transición, sería la dispuesta en el Decreto – Ley 3135 de 1968; sin
embargo, como la misma Ley 33 de 1985, en su artículo 25, lo derogó, esta
Corporación, sostuvo, en diferentes posiciones16, que la citada transición remitiría a la
Ley 6ª de 1945, la cual, al igual que el derogado Decreto, permitía el reconocimiento
pensional con 50 años de edad.
51. No obstante, también se presentaron distintas posturas en esta Colegiatura 17, en
las que se propendía la aplicación del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 a los
beneficiarios del primer inciso del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 (los
que hubieran cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio); por esta razón,
a efectos de llegar a un consenso, mediante sentencia del seis (6) de Agosto de Dos
Mil Veinte (2020)18, esta Sección, definió que, en cuanto a la edad de jubilación, «[…]
para el caso de los servidores públicos del orden nacional [se aplicaría] el Decreto 3135 de 1968, y
frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945 […]».
52. De otra parte, respecto al Ingreso Base de Liquidación la Sala Plena de esta
Corporación, mediante SU del Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018),
concluyó que, el ingreso base de liquidación no fue objeto de la transición establecida
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de manera que, a los beneficiarios
de la pensión, se les debe calcular con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo de la norma anterior, pero, los factores, serán aquellos que hayan servido
como base para realizar los aportes, conforme a lo prevé el Decreto 1158 de 1994.
2.4. Hechos probados19
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 16 de diciembre de 2009, radicación: 25000-23-25-000-2002-00474-01(1754
06), demandante: German Rodríguez Carmona; del 31 de enero de 2019, radicado: 730012331000201100659 01 (3005-2016),
demandante: José Álvaro Ortiz; del 16 de diciembre de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754 -06); y sentencia del 19
de noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villarreal.
17
Por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación: 25000-23-25 000-
2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales.
18
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Exp. Núm. 47001-23-33-000-2015-00314
01 (3049-2017)
19
La documentación que a continuación se relaciona, obra en el índice 00004 de Samai.
14
Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
53. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos constatados,
se destaca:
i) Que, a través de la Resolución No. 042297 del ocho (8) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), la UGPP negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez,
por no existir claridad respecto a las entidades en las cuales se efectuaron las
cotizaciones a pensión.
ii) Mediante Resolución No. RDP 006393 del veintiuno (21) de febrero de dos mil
diecisiete (2017), la UGPP resuelve recurso de apelación formulado en contra del
anterior acto administrativo, disponiendo su confirmación de manera integral.
iii) La Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, por Resolución GNR
56963 del veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciséis (2016), negó el
reconocimiento de la pensión de vejez al señor Sánchez Ospino, argumentando falta
de competencia de la entidad.
iv) Certificación expedida por la secretaría de educación departamental de Córdoba, en
la cual, consta que el señor Manuel Sánchez Opino fue nombrado en propiedad
como auxiliar de servicios generales y que laboró desde el tres (3) de octubre de mil
novecientos setenta y nueve (1979) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos
mil dos (2002).
v) Certificación de salarios mes a mes - Formato No. 3 (B), expedido el dieciocho (18)
de octubre de dos mil dieciséis (2016) por la alcaldía de Montería, que refleja lo
devengado por el actor desde el mes de enero de 2003 hasta diciembre de 2010.
vi) Según Formato No. 1 – Certificado de información laboral, emitido el dieciocho (18)
de octubre de dos mil dieciséis (2016) por la alcaldía de Montería, el señor Sánchez
Ospino durante sus vinculaciones laborales, realizó los siguientes aportes:
15
Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
vii) El secretario de educación departamental de Córdoba, a través de certificaciones del
de veintiuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016) da cuenta de los factores
salariales devengados por el actor desde el año 1991 a 1996 y de 1997 hasta el
2002. Estos documentos refieren que el señor Sánchez Ospino completó, en virtud
de su vinculación con el municipio de Montería, veintitrés (23) años y veintiocho (28)
días, de servicios.
viii) La coordinadora de la oficina de talento humano de la secretaría de educación
municipal de Montería certificó el veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte
(2020), que el señor Manuel Francisco Sánchez Ospino prestó sus servicios en ese
municipio por treinta (30) años, diez (10) mees y veintiséis (26) días y, emitió
documento que da cuenta del salario y factores salariales del actor desde el año
2003 a 2010.
ix) A través de la Resolución No. RDP 046655 del doce (12) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018), la UGPP reconoció una pensión de vejez al demandante, aplicando
las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1158 de 1994, con fecha de efectividad el primero (1°) de enero de dos mil catorce
(2014), en cuantía de $775.364 y condicionando los efectos fiscales, al retiro
definitivo del servicio. En este, se dispuso que la pensión estaría a cargo de las
siguientes entidades:
ENTIDAD DIAS VALOR CUOTA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 5548 $512,231
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS – FOPEP- 230 $216.046
COLPENSIONES TRASLADO CAJANAL 510 $47.087
• Este acto administrativo señaló que no se incluyó en la liquidación de la prestación,
el valor del trabajo suplementario, teniendo en cuenta que las sumas relacionadas
en los certificados aportados eran disímiles frente a unos mismos años y, en
algunos casos, superaba las 40 horas extras mensuales permitidas, conforme al
artículo 36 del Decreto 1042 de 1974; por lo tanto, debía subsanarse dicha
inconsistencia.
16
Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
2.4. Caso concreto
54. En el sub examine, no se discute que, el demandante tiene derecho a la pensión de
jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual, fue reconocida por
el A-quo y, por la entidad demandada (UGPP) en sede administrativa, a través de la
Resolución No. RDP 046655 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
55. No obstante, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP reprochó en el recurso de
alzada que, la decisión de primera instancia incurrió en un yerro al declarar
indirectamente, la nulidad de la Resolución No. RDP 046655 del doce (12) de diciembre
de dos mil dieciocho (2018), sin que, en el presente asunto, se debatiera su legalidad.
56. En ese sentido, considera que, el análisis jurídico se limitó a una situación que ya no
existía, por tanto, al emitir una decisión de fondo, esta implicaba discutir la legalidad del
acto de reconocimiento, máxime, cuando la parte demandante refuta en sus alegatos de
conclusión, la no inclusión de la totalidad de los factores salariales que considera
procedentes.
57. Sea lo primero señalar que, el Tribunal Administrativo Córdoba no perdió competencia
para pronunciarse sobre la legalidad de los actos demandados, ni sobre las pretensiones
de restablecimiento del derecho, por el solo hecho que, la entidad reconozca la pensión
en sede administrativa, después de presentada y admitida la demanda. Ello, por cuanto
el reconocimiento administrativo posterior, puede satisfacer total o parcialmente las
pretensiones del demandante, pero esto no implica automáticamente la terminación del
proceso por falta de objeto, pues, se debe verificar si aún subsisten aspectos litigiosos.
58. Así las cosas, la Sala vislumbra que, el control judicial promovido con la demanda se
orienta a obtener, entre otros, la nulidad de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento de la pensión de jubilación al actor; Sin embargo, no puede perderse de
vista que, como se ha dicho en precedencia, a través de la Resolución No. RDP 046655
del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), la UGPP reconoció la pensión de
jubilación pretendida por el actor.
59. Sobre el particular, debe indicarse que, dicha actuación fue expedida por la UGPP
con posterioridad al treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), fecha en la cual, las
entidades demandadas fueron notificadas de la admisión del presente medio de control.
17
Interno: 1630-2025
Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
60. Empero, en asuntos con similares incidencias, la Subsección ha considerado la
posibilidad de ejercer control sobre dichas actuaciones por vía de excepción, conforme
lo preceptuado por el artículo 148 del CPACA. Por lo tanto, si bien, no es viable determinar
la permanencia en el ordenamiento jurídico de la Resolución No. RDP 046655 del doce
(12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en el presente trámite, si resulta posible
disponer su inaplicación por vía del control de excepción, habida cuenta que fue
expedida, cuando la entidad ya no guardaba competencia para decidir el asunto.
61. En consecuencia, se adicionará un ordinal a la sentencia impugnada, contentivo de
la respectiva inaplicación.
62. La anterior determinación adquiere mayor relevancia al verificar que, el acto posterior
de reconocimiento, esto es, la Resolución No. RDP 046655 del doce (12) de diciembre
de dos mil dieciocho (2018), no produjo la satisfacción integral de las pretensiones, toda
vez que, subsiste controversia sobre los factores salariales que se tuvieron en cuenta
para el reconocimiento de la prestación.
63. Ahora bien, en cuanto al reclamo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP según el cual, la
decisión de primera instancia no efectuó un análisis de fondo, respecto de las normas
aplicables al presente asunto y al cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento
de la pensión en favor del actor, sino que, se sustrajo a lo indicado en el acto
administrativo de reconocimiento pensional. Frente a dicho aspecto, el tribunal señaló:
«Precisado lo anterior, con miras a resolver el debate, la Sala encuentra probado en el plenario que
el actor nació el 2 de abril de 1954 y laboró al servicio del Departamento de Córdoba y del Municipio
de Montería, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales. En la entidad departamental estuvo
vinculado desde el 3 de diciembre de 1979 hasta el 31 de diciembre de 2002 y, en la municipal, su
vinculación inició el 1.° de enero de 2003 y finalizó el 29 de octubre de 2010.
Cuando entró en vigencia el régimen de pensiones de la Ley 100 de 1993 en el ámbito territorial (30
de junio de 1995), el demandante tenía 41 años de edad y un poco más de 15 años de servicio, con
lo cual, no hay duda de que el señor Sánchez Ospino es beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, pues, tenía más de 40 años de edad y 15 de servicio, por consiguiente, de su
régimen anterior, cual es, la Ley 33 de 1985, se respeta la edad para pensionarse, los tiempos de
servicio y el monto de la pensión. Asimismo, observa la Sala que en cuanto a los dos primeros
requisitos, se encuentran acreditados porque los 20 años de servicio los cumplió el 3 de diciembre
de 1999, y los 55 años de edad el 2 de abril de 2009, de modo que el actor tiene derecho a que se
le reconozca la pensión de jubilación con el 75% señalado en la Ley 33 de 1985, efectiva desde el
30 de octubre de 2010.»
64. De allí, no se advierte que, el Tribunal Administrativo de Córdoba, se limitara al
contenido de la resolución de reconocimiento pensional, como fundamento de su
18
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Demandante: Manuel Sánchez Ospino
Demandado: UGPP y otro
determinación, pues, como se evidencia, realizó un análisis del dossier probatorio en
contraste con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma, en consonancia
con los precedentes jurisprudenciales, por lo tanto, este cargo de la apelación no tiene
vocación de prosperidad.
65. Como segundo punto de inconformidad, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP señaló que,
debía verificarse los factores salariales que tuvo en cuenta el A-quo para la liquidación
del IBL de la prestación del actor, como quiera que, estos no coinciden con aquellos
tenidos en cuenta por dicha entidad, en la resolución de reconocimiento.
66. Así las cosas, frente a la determinación del ingreso base de liquidación (IBL) aplicable
a los beneficiarios del régimen de transición, la Sala Plena de la Sección Segunda, en
sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 20, fijó
la siguiente regla:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte
del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley
33 de 1985».
67. Sumado a lo anterior, dispuso que «constituye un precedente vinculante y obligatorio en
la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, y que se aplicará con efectos
retrospectivos» y «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
68. En armonía con lo anterior, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, han
precisado que el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, excluyó del régimen
de transición la expectativa de liquidar la pensión conforme al IBL del régimen anterior,
razón por la cual, los beneficiarios deben sujetarse a las reglas previstas en la Ley 100
de 1993, particularmente a lo dispuesto en los artículos 21 y 36, en concordancia con
el artículo 48 de la Constitución Política, según el cual, solo pueden tenerse en cuenta
los factores sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones.
69. En este contexto, se tiene que, la sentencia de primera instancia, ordenó la liquidación
Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01. MP César Palomino Cortés.
20
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Demandado: UGPP y otro
de la pensión de jubilación del actor, con base en el promedio de lo cotizado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, incluyendo únicamente los
factores salariales sobre los cuales quedó demostrado que se realizaron cotizaciones,
conforme a lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, los cuales son:
asignación básica, prima técnica, bonificación por servicios prestados y, trabajo
suplementario.
70. En tal sentido, la decisión de Tribunal se ajusta a la línea jurisprudencial imperante
frente a este tema. Razón por la cual, este argumento de apelación no tiene vocación de
prosperidad.
71. Finalmente, se observa que, el Tribunal Administrativo de Córdoba solo estuvo de
acuerdo con lo resuelto en la Resolución No. RDP 046655 del doce (12) de diciembre de
dos mil dieciocho (2018), concretamente en lo atinente a lo que respecta a la entidad o
entidades que deben asumir el reconocimiento y pago de la prestación del demandante;
sin embargo, este aspecto no fue objeto de apelación por las partes.
72. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, la decisión adoptada por el A-quo es
acertada, dado que, el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación, conforme a lo establecido en la Ley 33 de 1985, y en tal sentido, la Sala
confirma la sentencia apelada, toda vez que, se adicionará lo referente a la inaplicación
del acto administrativo de reconocimiento pensional, expedido en sede administrativa por
la UGPP.
5. Condena en costas
73. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
74. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veintisiete (27) de febrero de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las
20
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Demandado: UGPP y otro
pretensiones de la demanda formuladas por el señor Manuel Sánchez Ospino, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: ADICIONAR un inciso al ordinal primero de la sentencia del veintisiete (27)
de febrero de dos mil veinticinco (2025), dictada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, la cual quedará así:
«PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones nro. 042297 del 8 de noviembre de 2016,
y 006393 del 21 de febrero de 2017, expedidas por la UGPP, mediante las cuales se negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación al demandante.
Asimismo, INAPLICAR para este caso específico, el acto administrativo contenido en la
Resolución No. RDP 046655 del doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho
(2018), en atención a los argumentos consignado en las consideraciones de este proveído.»
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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