Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00305-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00305-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00305-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2017-00305-01 (4010-2021)
Demandante: Edith Cecilia Royet Argel
Demandado: Departamento de Córdoba
Temas: Reajuste pensional – Ley 6 de 1992, Decreto 2108 de 1992
Decisión: Confirma la decisión que accede a las pretensiones de la
demanda. Sin condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandada en contra de la sentencia de 29 de abril de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión1, que negó las
súplicas de la demanda instaurada por la señora Edith Cecilia Royet Argel contra
el departamento de Córdoba.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. La señora Edith Cecilia Royet Argel, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de los
siguientes actos administrativos:
1 Con ponencia de la magistrada Diva Cabrales Solano.
2 Índice 9. Expediente digitalizado, segunda instancia. Archivo «ED_CUADERNO1_04DEMANDA(.pdf)
NroActua 9».
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Demandante: Edith Cecilia Royet Argel
• Resolución 00483 del 30 de julio de 1999, expedida por el secretario de
Hacienda Departamental, por medio de la cual se le negó el reajuste
pensional señalado en el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992.
• Resolución 0003261 del 25 de agosto de 2000, en virtud de la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto, en contra de la Resolución
00483 de julio 30 de 1999, confirmándola.
• Oficio 000743 de 15 abril del 2016, expedido por el secretario de Gestión
Administrativa de la Gobernación del departamento de Córdoba.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle las diferencias que resulten de aplicar a su
mesada pensional, el reajuste establecido en el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992,
en concordancia con el artículo 1.° del Decreto 2108 del mismo año.
4. Adicional a lo anterior, solicitó que las anteriores sumas sean actualizadas
conforme al IPC y que se condene en costas y agencias en derecho al ente
accionado.
2.1.2. Hechos.
5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:
6. A través de la Resolución 00068 del 14 de enero de 1985, el Ministerio de
Salud Pública, a través del Servicio Seccional de Salud del departamento de
Córdoba le reconoció al señor Marceliano de Jesús Rosso Urango (Q.E.P.D.),
una pensión de jubilación en cuantía de $32.899.01, con efectividad a partir del
6 de diciembre de 1984.
7. Posteriormente el señor Rosso Urango a través de apoderado judicial solicitó
ante el director del Fondo Territorial de Pensiones, el reconocimiento, liquidación
y pago de los reajustes de las mesadas pensionales, establecidas en el artículo
116 de la Ley 6ª de 1992, en concordancia con el artículo 1.° del Decreto 2108
del mismo año.
8. Mediante Resolución 00483 de 30 de julio de 1999 le fue denegada su solicitud,
decisión ante la cual interpuso recurso de apelación, que fue resuelto mediante
la Resolución 0003261 del 25 de agosto de 2000, confirmando la negativa inicial.
9. A través de la Resolución 0107 del 25 de julio del año 2001, se reconoció la
sustitución de la pensión que devengaba el señor, Marceliano de Jesús Rosso
Urango (Q.E.P.D.) a favor de la señora, Edith Cecilia Royet Argel, en su condición
de cónyuge supérstite.
10. La demandante solicitó nuevamente ante la Gobernación del departamento
de Córdoba los reajustes en mención para lo cual indicó que no estaba enterada
de que su esposo había adelantado tal petición.
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11. A través de Oficio 000743 del 15 de abril de 2016, la Secretaría de Gestión
Administrativa del departamento de Córdoba, le negó su solicitud, manifestando
que lo pretendido por la actora ya había sido resuelto a través de la Resolución
00483 del 30 de julio de 1999 y que las circunstancias que dieron origen a la
respuesta no han variado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
12. Como normas vulneradas citó los artículos 2.°, 3.°, 9.°, 13, 46, 48, 51, 53, 83
y 93 de la Constitución Política, 9.° de la y 153 de 1897, 30 y 32 del Código Civil,
10, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo y las Leyes 4ª y 6 de 1992 y 100
de 1993.
13. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos acusados
incurrieron en violación directa de la ley toda vez que desconocieron que el
artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, ordenó un ajuste a las pensiones de jubilación
del sector público nacional, siempre que su reconocimiento se haya realizado con
anterioridad al 1.° de enero de 1989, con el fin de corregir desequilibrios y
desigualdades que habían sido provocaos por la existencia, en el pasado, de
diferentes sistemas de reajustes pensionales.
14. Igualmente trasgredió el artículo 1.° del Decreto 2108 de 1992, norma que
estuvo vigente, en razón a que ratificó el aumento a las pensiones de jubilación
del sector público nacional, reconocida con anterioridad al 1.° de enero de 1989,
las cuales serían reajustadas a partir del 1.° de enero del 1993, 1994 y 1995.
15. Según lo explicó el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional, el 20 de noviembre de 1995, según
sentencia C - 5313, por ser violatoria de la Constitución en cuanto a la unidad de
materia, sin embargo, señaló que la declaración de inexequibilidad solo tendría
efecto hacia el fututo, efectiva a partir de la notificación del fallo.
16. Concluyó por tanto, que la declaratoria de inexequibilidad no implicaba que
las entidades de previsión social o los organismos encargados del pago de las
pensiones pueden dejar de aplicar aquellos incrementos pensionales que fueron
ordenados por la norma declarada inexequible y por el Decreto 2108, pero que
no fueron realizados al momento de notificarse la sentencia.
17. Así entonces, pese a que la norma fue declarada inexequible en el año 1995
aquellas personas jubiladas antes del 1.° de enero de 1998, pueden y deben ser
reajustadas porque la Corte señaló que esa declaración sólo tendría efectos a
futuro. Por tanto, debe tenerse en cuenta que la Ley 6ª de 1992 fue promulgada
3 Expediente No. D - 827, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero,
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el 30 de julio de ese año y el artículo 116, fue declarado inexequible el 20 de
noviembre de 1995.
18. Por tanto, para el caso se debió reajustar la pensión de la demandante en un
7%, para el año 1993 y un 7% para el año 1994, lo que debía incidir en el aumento
progresivo de la pensión del causante.
19. Aunque el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 y el artículo 1.° del Decreto 2108
del mismo año, decretaron el reajuste pensional para los jubilados de orden
nacional, teniendo en cuenta el derecho de la igualdad establecido en el artículo
13 Constitucional, esos artículos no pueden dejar de cobijar a los pensionados
del orden departamental, distrital y municipal, pues lo contrario sería injusto dado
que el costo de la vida aumenta tanto para los pensionados del orden nacional
como los pensionados del orden territorial.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Departamento de Córdoba4.
20. La entidad territorial contestó la demanda en oposición a las pretensiones de
la demanda.
21. Para tal efecto precisó que carecen de fundamentos de hecho y de derecho
dado que el departamento no se encuentra dentro del alcance de la Ley 6ª de
1992 y del artículo 1.° del Decreto 2108 de 1992.
22. Esto pues los reajustes se aplican a las pensiones del orden nacional, en
consecuencia, los actos acusados están acorde con las disposiciones legales
vigentes al momento de su expedición a título de restablecimiento del derecho,
por lo que no es viable que se ordene a la demandada reliquidar la pensión de
vejez aplicando los aumentos ordenados por la Ley 6ª de 1922 y el Decreto 2108
del mismo año.
23. Propuso como excepciones las de inexistencia del derecho reclamado y
prescripción.
2.3. La sentencia apelada5.
24. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia de 29 de abril de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la entidad accionada.
4 Idem. Archivo «ED_CUADERNO1_18CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 9 ».
5 Índice 27 ibidem.
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25. Para resolver la controversia analizó el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 y la
sentencia C- 531 de 20 de noviembre de 1994 donde se declaró inexequible la
citada norma por violar el principio de unidad de materia; igualmente se refirió a
los efectos de esa declaratoria donde se dejaron a salvo los derechos de las
personas cuyo reconocimiento pensional fue anterior al 1.º de enero de 1989,
aun cuando no hubieren reclamado los incrementos autorizados, por considerar
que se configuraba un derecho consolidado, adquirido durante la vigencia de la
mencionada ley.
26. Luego se refirió a la sentencia del Consejo de Estado del 11 de junio de 1998,
expediente No. 11636, M. P. Nicolás Pájaro Peñaranda, mediante la cual se
declaró nulo el artículo 1.° del Decreto 2108 de 1992, como consecuencia de la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, de lo cual
coligió que el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 y su decreto reglamentario rigieron
desde la fecha de su expedición, hasta el 20 de noviembre de 1995, pero sus
efectos «[…] continuaron para quienes bajo su vigencia, adquirieron el derecho
al reajuste previsto, y las entidades obligadas a ejecutar la norma, no podían
desconocer la situación jurídica consolidada, dado su carácter oficioso y su
vigencia temporal».
27. Igualmente indicó que el Consejo de Estado en numerosas providencias 6
inaplicó la expresión «del orden nacional» contenida en el artículo 1.º del Decreto
2108 de 1992 por considerarla violatoria del derecho a la igualdad, por lo que, se
debe entender que el campo de aplicación del precepto normativo se extiende a
los pensionados del orden territorial.
28. De lo anterior concluyó las pensiones de jubilación del sector público, de
cualquier orden, reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1989, que
presentan diferencias presuntivas con los aumentos de salarios, deben ser
reajustadas en los porcentajes fijados por el Decreto 2108 de 1992, para los años
1993, 1994 y 1995. Esto porque buscan «corregir» las diferencias negativas que
se presume han sufrido algunos pensionados en relación con los aumentos
salariales y que a su vez van a implicar un reajuste ulterior en el monto de tales
mesadas pensionales.
29. Aclaró que para los eventos en que en este caso se cumplió uno de los
presupuestos establecidos en la sentencia de constitucionalidad C-531 del 20 de
noviembre de 1995, dado que el causante se le reconoció la pensión antes del
1.° de enero de 1989, es decir con efectos a partir del 6 de diciembre de 1984,
6 Citó: del Consejo de Estado, la sentencia del 10 de octubre de 2013, Rad. 76001-23-31-000-2010-00816-
01(1920-13), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez y la sentencia del 1.º de marzo de 2012, Rad. 73001-23-
31-000-2005-01184-01(1062-07), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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mediante la Resolución 00068 del 14 de enero de 1985, se le reconoció al señor
Marceliano de Jesús Rosso Urango, una pensión mensual vitalicia de jubilación.
30. En cuanto al requisito de acreditación del desajuste en la pensión de la
demandante respecto de los incrementos de los salarios para cada año, éste se
presume y la carga de la prueba se invierte, quedando en manos de la
administración demostrar en cada caso concreto la inexistencia de la diferencia
pensional alegada por la parte interesada.
31. Sostuvo, que entonces, dado que en este caso operó el fenómeno jurídico de
la sustitución pensional, la demandante, Edith Royet Argel, tiene derecho a que
su mesada pensional sea reajustada en los términos dispuestos en la Ley 6ª de
1992 y su decreto reglamentario, y en consecuencia se aplique el incremento de
14%, por cuanto, la pensión vitalicia fue reconocida al difunto Marceliano de
Jesús Rosso Urango, con anterioridad al año 1989 ; así: 7% para el año 1993 y
7% para el año 1994, lo que incide en los valores ulteriores de la mesada
pensional, puesto que, de su aplicación los tres años, surge un nuevo y mayor
valor de la mesada, a partir del cual se deben aplicar nuevamente y en forma
sucesiva ajustes anuales legales oficiosos (ley 71 de 1988 o ley 100 de 1993).
32. En consecuencia, (i) declaró no probada la excepción de inexistencia del
derecho reclamado propuesta por el departamento de Córdoba; ii) declaró la
nulidad de los actos acusados; iii) ordenó a título de restablecimiento del derecho
condenar al departamento de Córdoba a reliquidar la sustitución pensional de la
demandante, con aplicación del reajuste previsto en el artículo 116 de la Ley 6ª
de 1992 y el Decreto Reglamentario No. 2108 de 1992, así: 7% para el año 1993
y 7% para el año 1994, y hacer los ajustes de las mesadas pensionales
posteriores para su pago a la parte actora; y iv) declaró probada la excepción de
prescripción extintiva sobre los valores de los reajustes pensionales anteriores al
24 de febrero de 2016.
2.4. Recurso de apelación
33. El apoderado de la entidad demandada7 presentó recurso de apelación.
34. Para el efecto señaló, en síntesis, que la señora Royet Argel demandante no
tiene derecho a que el departamento de Córdoba le reconozca y pague la
reliquidación de la pensión de jubilación según lo establecido en la Ley 6ª de
1992, teniendo en cuenta que dicha medida es sólo para los empleados del orden
nacional.
35. Además, la Corte Constitucional declaró inexequible la mencionada norma y
además afirmó, que los efectos de la Sentencia C-531 del 20 de noviembre de
1995, se aplicaban hacia el futuro, de suerte que, únicamente las situaciones
7 Índice 32 Expediente digitalizado. Primera Instancia.
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jurídicas que particularmente se hubieren consolidado con anterioridad a esa
fecha quedaban cobijadas por la norma al amparo de la teoría de los derechos
adquiridos, pero exclusivamente respecto de pensionados del orden nacional.
36. Citó varios pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria8 donde se señaló
que se oponían a los pronunciamientos del Consejo de Estado donde se
inaplicaba la frase «del orden nacional» y se accedía a los reajustes pensionales
sin excluir a los pensionados del orden territorial.
37. Por lo anterior solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las
pretensiones de la señora Royet Argel.
2.5. Alegatos de segunda instancia
38. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
39. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
40. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1509 de la Ley 1437 de 2011.
41. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problema jurídico
8 De la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sentencia de 10 de mayo de 2005, Radicado No 24452,
Sala Casación Laboral, con ponencia del Magistrado Luis Javier Osorio; del Tribunal Superior de Montería,
en su Sala Civil, Laboral y Familia, en Sentencia de octubre 15 de 2008, bajo el radicado No 00219; del
Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Montería, mediante Sentencia de fecha Octubre
31 de 2011 en el proceso con radicado 2011- 00257.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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42. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si la señora Edith
Cecilia Royet Argel tiene derecho a que a su pensión de jubilación le sea aplicado
el reajuste dispuesto en la Ley 6ª de 1992 y el Decreto 2108 de 1992?
43. Así las cosas, para resolver el problema jurídico se desarrollará el siguiente
orden metodológico (i) marco normativo y jurisprudencial; y (ii) Caso concreto.
3.3 Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
44. La Ley 6ª de 30 de junio de 199210, en su artículo 116 contempló un reajuste
de las pensiones del sector público nacional, en el siguiente sentido:
«ARTÍCULO 116. Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y
de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con
anterioridad al año 1989, el Gobierno Nacional dispondrá gradualmente el
reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad
al 1º de enero de 1989.
Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha
dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente y no producirán efecto
retroactivo.»
45. La citada normativa, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-531 del 20 de noviembre de 199511, por violación del
principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución
Política. Respecto de los efectos de la sentencia, señaló:
«(…) La Corte ha señalado que es a ella a quien corresponde fijar los efectos de
sus sentencias, a fin de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución.
En este caso, esta Corporación considera que, en virtud de los principios de la
buena fe (CP Art. 83) y protección de los derechos adquiridos (CP Art. 58), la
declaración de inexequibilidad de la parte resolutiva de esta sentencia sólo tendrá
efectos hacia el futuro y se hará efectiva a partir de la notificación del presente
fallo. Esto significa, en particular, que la presente declaratoria de inexequibilidad
no implica que las entidades de previsión social o los organismos encargados del
pago de las pensiones puedan dejar de aplicar aquellos incrementos pensionales
que fueron ordenados por la norma declarada inexequible y por el Decreto 2108
de 1992, pero que no habían sido realizados al momento de notificarse esta
sentencia, por la ineficiencia de esas mismas entidades, o de las instancias
judiciales en caso de controversia.
En efecto, de un lado el derecho de estos pensionados al reajuste es ya una
situación jurídica consolidada, que goza entonces de protección constitucional
(C.P. Art. 58). Mal podría entonces invocarse una decisión de esta Corte, que
busca garantizar la integridad de la Constitución, para desconocer un derecho que
goza de protección constitucional. De otro lado en virtud del principio de
10 «Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda
pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras
disposiciones.»
11 Sentencia del 20 de noviembre de 1995. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Referencia:
Demanda No. D-827.
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efectividad de los derechos (CP Art. 2) y eficacia y celeridad de la función pública
(CP art. 209), la ineficiencia de las autoridades no puede ser razón válida para
desconocer los derechos de los particulares. Nótese en efecto que tanto el artículo
116 de la Ley 6 de 1992 como el Decreto 2108 de 1992 ordenaban una nivelación
oficiosa de aquellas pensiones reconocidas antes de 1989 que presentaran
diferencias con los aumentos de salarios, por lo cual sería discriminatorio impedir,
con base en esta sentencia de inexequibilidad, que se haga efectivo el incremento
a aquellos pensionados que tengan derecho a ello. […]».
46. La mencionada sentencia C-531 de noviembre 20 de 1995, señaló que la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, no es
obstáculo para que se realice el reajuste pensional ordenado, dada la
consolidación del derecho y la actuación oficiosa que debía desplegar la
administración en su reconocimiento y pago.
47. La reglamentación de la Ley 6ª de 1992, vino a darse con la expedición del
Decreto 2108 de 1992 en el cual se instituyó el porcentaje de los ajustes que se
realizarían a las pensiones reconocidas con anterioridad al 1.º de enero de 1989
durante los años 1993 a 1995. En sus artículos 1.° y 2.° se dispuso lo siguiente:
«Artículo 1. Las pensiones de jubilación del Sector Público del Orden Nacional
reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1989 que presenten diferencias
con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del 1 de enero de 1993,
1994 y 1995 así:
Año de causación del derecho a la Porcentaje del reajuste aplicable a
pensión partir del 1.º de enero del año:
1993 1994 1995
1981 y anteriores 28% distribuidos
así: 12 12 4
1982 hasta 1988 14% distribuidos
así: 7 7 --
Artículo 2. Las entidades de previsión social o los organismos o entidades que
están encargadas del pago de las pensiones de jubilación tomarán el valor de la
pensión mensual a partir de diciembre de 1992 y le aplicarán el porcentaje del
incremento señalado para el año de 1993 cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 1.
El 1 de enero de 1994 y 1995 se seguirá el mismo procedimiento con el valor de
la pensión mensual a 1 de diciembre de los años 1993 y 1994 respectivamente,
tomando como base el porcentaje de la columna correspondiente a dichos años
señalada en el artículo anterior.
Estos reajustes pensionales son compatibles con los incrementos decretados
por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 71 de 1988.» (Negrillas del
texto).
48. Respecto al campo de aplicación del Decreto 2108 de 1992, el Consejo de
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Estado en sentencia del 11 de diciembre de 199712, manifestó que se aplica a
todos los pensionados del Estado, sin distingo alguno. Asimismo, inaplicó la
expresión «del orden nacional» contenida en el artículo 1.º del Decreto 2108 de
1992, por considerar que tal discriminación violaba el derecho a la igualdad, lo
que significa que la citada disposición, durante su vigencia y según los efectos
señalados en los párrafos precedentes, gobernó la situación de los pensionados
de los órdenes nacional, territorial y distrital.
49. Posteriormente, esta Corporación en sentencia del 11 de junio de 1998 13,
declaró nulo el artículo 1.° del Decreto 2108 de 1992, como consecuencia de la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6ª de 1992.
50. De lo anterior se concluye, que el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, rigió
desde su expedición, es decir, desde el 30 de junio de 1992 hasta el 20 de
noviembre de 1995, cuando fue retirado del ordenamiento jurídico por la
declaratoria de inexequibilidad de la Corte Constitucional, pero siguió
produciendo efectos para quienes adquirieron bajo su vigencia, el derecho al
reajuste pensional.
51. Conforme a lo considerado en la citada providencia C-531 del 20 de
noviembre de 1995 de la Corte Constitucional, en cuanto a la inexequibilidad del
artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, como ya se anotó, la norma tiene efectos hacia
el futuro y en los casos de las personas que consolidaron su derecho mientras
estuvo vigente.
52. Además de ello, la precitada providencia precisó que las entidades
encargadas del pago de pensiones no pueden dejar de aplicar el incremento
ordenado en el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, así haya sido declarada
inexequible, es decir, que los reajustes no realizados al momento de notificarse
la sentencia por ineficiencia de las entidades o de las instancias judiciales en
caso de controversia no lleva a la inaplicación del reajuste porque se trata de una
situación consolidada debido al estatus pensional y a la nivelación oficiosa de las
pensiones reconocidas antes de 1989 que presentaran diferencias con los
aumentos salariales.
53. Al respecto, el Decreto Reglamentario 2108 de 1992, expresamente
preceptuó:
12 Expediente 15723, consejera ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas, Demandante: Sociedad de
Pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. En dicha providencia, esta
Corporación consideró que «[…] como es sabido, la nivelación que hizo el Gobierno Nacional mediante el
Decreto 2108 de 1992 obedeció a una justa pretensión del sector de los jubilados, cuyos aumentos
decretados con anterioridad al 1º de enero de 1989 (antes de los aumentos decretados por virtud de la Ley
71 de 1988), presentaban diferencias con los aumentos de salarios; el gobierno niveló dichas pensiones en
los porcentajes allí expresados, para ser pagaderos a partir del 1º de enero de 1993 hasta culminar en 1994
para los pensionados de 1981 y anteriores y en 1995 para los pensionados entre 1982 hasta 1988, y precisó
que éstos reajustes pensionales son compatibles con los decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo
de la Ley 71 de 1988. […]»
13 Expediente 11636, consejero ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
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➢ En su artículo 1.° que las pensiones a reajustar serían las reconocidas con
anterioridad al 1.° de enero de 1989 que presentaran diferencias con los
aumentos de salarios.
➢ En el artículo 2.° ordenó que las entidades encargadas del pago de las
pensiones reajustarán la pensión con base en el valor de la misma.
➢ El artículo 3.° previó que el reconocimiento de los reajustes no se tendrá
en cuenta para la liquidación de las mesadas atrasadas.
➢ Finalmente, en el artículo 4.° señaló que no producirán efectos
retroactivos.
4. Análisis del caso concreto
54. En el proceso se encuentra debidamente probado lo siguiente14:
• Mediante Resolución 00068 del 14 de enero de 198515 el Servicio
Seccional de Salud de Córdoba le reconoció una pensión de jubilación al
señor Marceliano de Jesús Rosso Urango, efectiva desde el 26 de
diciembre de 1984, por acreditar 50 años de edad y 20 años de servicios
en el Servicio Seccional de Salud de Córdoba. Lo anterior, con base en
las «Leyes 64-65/46, Decretos 22/45, 2921/48, 1743/70, Ley 1ª /63, Ley
4ª/ 66, Decretos 3135/68. 1848/69, 1042/78, Ley 4ª /76 y su decreto
reglamentario731 de 1976».
• A través de la Resolución 0107 de 25 de julio de 2001 16 expedida por la
Gobernación del departamento de Córdoba se le sustituyó la pensión
mencionada a la señora Royet Argel, en su condición de cónyuge
supérstite del señor Rosso Urango, a partir del 26 de diciembre de 2000,
fecha del fallecimiento del causante Marceliano de Jesús Rosso Urango.
Lo anterior, al tenor de la Ley 100 de 1993.
• Por Resolución 00483 del 30 de julio de 199917, expedida por el secretario
de Hacienda Departamental, se le negó el reajuste pensional señalado en
el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, al señor Rosso Urango.
• Al resolver el recurso de apelación el gobernador del departamento de
Córdoba expidió la Resolución 0003261 del 25 de agosto de 200018, en la
que confirmó la decisión inicial.
14
Expediente digital. Primera instancia, archivo
«9_230012333000201700305016EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220907085027 »
15 Folios 1 y s.s. Idem.
16
Folios 10 y s.s. Idem.
17
Folios 4 y s.s. ibidem
18
Folios 6 y s.s. Idem.
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• El 24 de febrero de 2016, la demandante, a través de apoderado solicitó
el reajuste señalado en la Ley 6ª de 1992 y en el Decreto 2108 de 1992,
artículo 1.°19.
• Por Oficio 000743 de 15 abril del 2016, expedido por el secretario de
Gestión Administrativa de la Gobernación del departamento de Córdoba,
se le indicó que su solicitud de reajuste había sido contestada de forma
negativa mediante la Resolución 483 de 30 de julio de 1999.
55. Ahora bien, la Sala de Subsección respecto del reajuste de Ley 6ª de 1992
ha sostenido lo siguiente20:
«En virtud a la relación probatoria que antecede, la Subsección observa que si
bien es cierto, a través de Resolución 003031 del 5 de abril de 1990, se
reconoció a favor del señor Enrique Caraballo Mogollón pensión vitalicia de
jubilación, efectiva a partir del 1.º de abril de 1989, esta estaba sujeta a la
condición del retiro definitivo del servicio, lo cual ocurrió el 31 de octubre de
1989.
Bajo ese entendido, la entidad demandada reliquidó la pensión del causante por
nuevos tiempos y a partir del día siguiente al retiro del servicio, esto es, 1.º de
noviembre de 1989. En este contexto se colige que no se cumple con el requisito
previsto por el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 y su Decreto Reglamentario
2108 de la citada anualidad, pues la exigencia sine qua non es que se haya
adquirido el derecho pensional con anterioridad al 1.º de enero de 1989, fecha
impuesta como límite por el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 para conferir el
beneficio del reajuste pensional previsto por dicha normativa.
Ahora bien, es necesario resaltar que no obstante haberse reconocido la
pensión de jubilación a partir del 1.º de abril de 1988, el señor Enrique Caraballo
Mogollón solo empezó a disfrutar de dicha prestación a partir del retiro definitivo
del servicio, por lo que no se debe tener en cuenta la fecha de expedición del
acto administrativo de reconocimiento, sino el disfrute de esta.
En este sentido, se pronunció esta Corporación21 al considerar que:
«[…] La Sección Segunda ha reiterado que para efectos del
reconocimiento de los reajustes solicitados ordenados por la Ley 6ª de
1992 y reglamentados por el Decreto 2108 del mismo año, no se debía
tener en cuenta la fecha de expedición del acto pensional o de
reliquidación sin retiro del servicio, sino la del goce efectivo del
19
Folios 15 y s.s. Idem.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero
ponente: William Hernández Gómez, sentencia del cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), radicación
número: 23001-23-33-000-2014-00223-01(4269-16).
21 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de marzo de 2012. Consejero
ponente: Alfonso Vargas Rincón. Radicación número: 73001-23-31-000-2005-01184-01(1062-07). En el
mismo sentido, providencia del 16 de febrero de 2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-08278-
01(2378-07).
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derecho, el cual se da desde el momento del retiro definitivo del mismo.
[…]» (Negrillas y cursivas del texto).
Así las cosas, es dable concluir que la demandante no cumple con los
supuestos de ley y de hecho para ser beneficiaria del reajuste pensional
deprecado, toda vez que el goce efectivo del derecho pensional se dio a partir
del 1.º de noviembre de 1989, fecha posterior a la prevista por el artículo 116
de la Ley 6ª de 1992 y su decreto reglamentario, por lo que no es procedente
su reconocimiento.
En conclusión: No se acreditaron los requisitos previstos en los artículos 116 de
la Ley 6ª de 1992 y 1.º del Decreto Reglamentario 2108 de 1992, para reconocer
a la señora Nelly Judith Castellano Escobar en su calidad de cónyuge
supérstite, los reajustes previstos en dicha normativa, toda vez que el disfrute
efectivo del derecho se dio en fecha posterior al 1.º de enero de 1989. […]»
56. Así las cosas, se advierte que para que proceda el reajuste ordenado en la
Ley 6 de 1992 se debe tener en cuenta el goce efectivo del derecho, esto es que
sea anterior al 1.° de enero de 1989, requisito que se encuentra acreditado en el
presente caso, ya que la efectividad de la pensión de jubilación se dio a partir del
6 de diciembre de 1984, como lo dispuso la Resolución 0068 de 14 de enero de
1985, y que posteriormente se sustituyó a la demandante a través de la
Resolución 0107 de 25 de julio de 2001, a partir del 26 de diciembre de 2000,
fecha del fallecimiento del causante Marceliano de Jesús Rosso Urango.
57. Ahora bien, frente al deber de probar en controversias como la que es objeto
de análisis, la Sección Segunda ha señalado que demostrado por la parte actora
que adquirió la pensión con antelación al 1.º de enero de 1989, corresponde a la
entidad demandada desvirtuar lo aducido por el pensionado, en razón a la
inversión de la carga de la prueba, a partir de lo cual la administración debe
demostrar en cada caso concreto que no hubo desajuste en cuanto al reajuste
pensional, así lo ha señalado22:
«Así las cosas, la actora tiene derecho a que su mesada pensional le sea
reajustada en los términos dispuesto en la Ley 6ª de 1992 y su decreto
reglamentario, pues como quedo dicho, antes de la declaratoria de
inexequibilidad cumplió las condiciones previstas en la ley, de una parte, se
presentaron las diferencias entre el reajuste a su pensión y el ordenado para
el salario mínimo, y de otra, adquirió el derecho antes de 1989.
Frente al primero de los requisitos, concretamente el de presentarse
diferencias entre el reajuste de la pensión y lo ordenado para el salario
22Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
consejero ponente: Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Bogotá D.C., 21 de junio de 2007 radicación
760001-23-31-000-2004-008877 (10079-05); posición reiterada en sentencia del diecinueve (19) de julio
de dos mil diecisiete (2017), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación número:
05001-23-33-000-2014-01101-01(4543-16).
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mínimo, es necesario precisar que se trata de una presunción que el
legislador consagró y por ende, la carga de la prueba se invierte quedando
en manos de la administración demostrar en cada caso concreto que tal
desajuste pensional no se presentó.
De otra parte, la entidad no desvirtuó la inexistencia del desajuste de las
mesadas causadas con anterioridad a 1989, que el legislador presumió
existían, como tampoco que dichos reajustes ya habían sido cancelados a la
actora. La afirmación que de dicha cancelación se hacen la contestación de
la demanda no encuentra soporte documental alguno (…).
De esta manera y como la entidad no logró desvirtuar el presupuesto legal
que se viene comentando, la actora tiene derecho a percibir el reajuste
reclamado y en este sentido la providencia impugnada será revocada».
58. Conforme a lo anterior y respecto de la carga de la prueba en tratándose del
reconocimiento del reajuste pensional reclamado, la jurisprudencia de esta
sección ha señalado que corresponde a la entidad demandada desvirtuar la
presunción legal, esto es, demostrar que no existió el desajuste presumido en la
norma, o en caso contrario, que se efectuaron los reajustes en ella previstos.
59. Ahora bien, como al causante le fue reconocida la pensión de jubilación
mediante la Resolución 00068 del 14 de enero de 1985, el Ministerio de Salud
Pública, a través del Servicio Seccional de Salud del departamento de Córdoba
le reconoció al señor Marceliano de Jesús Rosso Urango (Q.E.P.D.), una pensión
de jubilación en cuantía de $32.899.01, con efectividad a partir del 6 de
diciembre de 1984, ello es, antes del 1.º de enero de 1989, fecha impuesta como
límite por el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 para conferir el beneficio del
reajuste pensional previsto por dicha norma; por tanto, debe concluir la Sala
cuando a la demandante se le sustituyó la prestación desde el 26 de diciembre
de 2000 se advierte que cuando la empezó a devengar mensualmente, venía sin
ese incremento y por ende, se cumplieron con los supuestos de hecho de la
misma, motivo que conduce a reconocerle el reajuste pensional.
60. Por lo anterior, concluye la Sala que la demandante acreditó los supuestos
de hecho de la norma y, por tanto, tiene derecho al reajuste en el mismo
porcentaje señalado por el A quo, aspecto que se acompasa con lo señalado por
el Decreto 2801 de 1992, según el cual para las pensiones causadas entre 1982
y 1988 tendrán un ajuste del 7% para 1993 y 7% para 1994; además, la entidad
territorial no allegó suficientes elementos de juicio con los cuales se pudiera
establecer que la pensión sustituida ha tenido los ajustes señalados.
3.6. De la condena en costas en segunda instancia
61. En el caso concreto, advierte la Sala que no hay lugar a condenar en costas:
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62. En efecto, si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica para imponerlas.
63. En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis,
de la revisión de los argumentos presentados por la demandada se advierte que,
el ejercicio de la oposición a la sentencia de primera instancia se basó en
argumentos jurídicos debidamente sustentados por lo que la Sala considera que
no hay lugar a imposición de costas a su cargo.
79. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada
por la señora Edith Cecilia Royet Argel en contra del departamento de Córdoba,
con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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