Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00318-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00318-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00318-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2017-00318-01 (2124-2023)
Demandante: Factor Antonio Goez Echavarría y Gloria Amparo Castrillón de
Goez
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Tema: Marco normativo aplicable a la pensión de sobrevivientes para
beneficiarios de miembros de la fuerza pública. Procedencia del
reconocimiento pensional a «padres de crianza». Acreditación de
la dependencia económica bajo el régimen del Decreto 4433 de
2004. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia proferida el cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.
ANTECEDENTES
Los señores Factor Antonio Goez Echavarría y Gloria Amparo Castrillón de Goez
instauraron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad:
i) De la Resolución Nro. 00854 del 2 de junio de 2011, mediante la cual se
negó el reconocimiento y pago de la compensación por muerte y de la
pensión de sobrevivientes a la señora Gloria Amparo Castrillón de Goez,
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en su calidad de «madre de crianza» del señor Diego Armando Contreras
Castrillón.
ii) De la Resolución Nro. 01771 del 17 de noviembre de 2011, por medio de
la cual se resolvió de forma negativa el recurso de reposición que se
interpuso contra la Resolución Nro. 00854 del 2 de junio de 2011.
iii) De la Resolución Nro. 00064 del 10 de enero de 2012, mediante la cual
se resolvió de forma negativa el recurso de apelación que se interpuso
contra la Resolución Nro. 00854 del 2 de junio de 2011.
iv) Del Oficio Nro. 022219/ARPRE-GRUPE-1.10 del 28 de enero de 2016,
por medio del cual se contestó la solicitud que se radicó el 1° de diciembre
de 2015 e indicó que se trataba de una petición reiterativa.
Solicitaron, igualmente, que se inaplique por vía de excepción de
inconstitucionalidad o de legalidad el aparte del parágrafo 1, del artículo 11 del
Decreto 4433 de 2004 que preceptúa así: «[…] el vínculo entre padres, hijos y
hermanos será el establecido en el Código Civil […]».
A título de restablecimiento del derecho, solicitaron que se ordene a el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la compensación por muerte
y los demás derechos prestacionales, en su calidad de padres, por el fallecimiento
de Diego Armando Contreras Castrillón, desde el momento en que adquirieron el
derecho, debidamente indexadas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Diego Armando Contreras Castrillón era hijo biológico de José
Francisco Contreras Galindo y Luz Mery Castrillón Gómez, quienes fallecieron. Que
por esa razón quedó bajo el cuidado de los demandantes desde los 6 años de edad.
Que ingresó a la Policía Nacional el 14 de enero de 2008 y fue retirado el 5 de
agosto de 2010, tras fallecer en el servicio.
Que mediante Resolución Nro. 00854 del 2 de junio de 2011, se negó el
reconocimiento y pago de la compensación por muerte y de la pensión de
sobrevivientes a la señora Gloria Amparo Castrillón de Goez, en su calidad de
«madre de crianza»; decisión que fue confirmada en las Resoluciones Nro. 01771
del 17 de noviembre de 2011 y 00064 del 10 de enero de 2012, al resolver los
recursos de reposición y apelación, respectivamente.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 2, 5, 13, 42, 46, 48 y 53 de la
Constitución Política; y el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.
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En el concepto de violación manifestaron que los actos demandados desconocieron
la protección constitucional a la familia de hecho, a la familia de crianza y el derecho
a la igualdad.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se admitió en auto del 22 de noviembre 20171. La entidad accionada
se opuso a las pretensiones. Indicó que los actos demandados gozan de presunción
de legalidad, en la medida que fueron expedidos de forma regular, por los
funcionarios competentes y cumpliendo los requisitos necesarios para su emisión.
Propuso como excepciones las de caducidad, falta de legitimación en la causa por
activa, presunción de legalidad, inexistencia de vicios de nulidad e innominada o
genérica2.
El 18 de junio de 2019 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas3. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Córdoba, en sentencia del cinco (5) de noviembre de
dos mil veintiuno (2021), accedió parcialmente a las pretensiones. Indicó, respecto
a la excepción de caducidad, que esta no se configuró, en la medida que los actos
acusados están directamente relacionados con la negación total de una prestación
periódica, como lo es la pensión mensual de sobrevivencia.
Concluyó que los demandantes fueron los padres de crianza del causante y, por
ende, sí tenían derecho a que les fuera reconocida la pensión de sobrevivientes,
teniendo en cuenta que asumieron de manera conjunta la crianza de este, como si
fuese su propio hijo, desde 1993 y hasta la fecha del fallecimiento, motivo por el
cual no había duda de la existencia de dependencia y lazos afectivos.
Que si bien era cierto que los recibos de consignaciones realizadas en Bancolombia
por parte de Diego Contreras Castrillón no reflejaron que el dinero se dirigiera a los
demandantes, los testimonios rendidos en el proceso fueron elocuentes y
verosímiles al demostrar que la señora Gloria Amparo Castrillón y Factor Goez
dependían económicamente de los ingresos devengados por el fallecido, por lo que
otorgaron certeza sobre ese hecho, el cual no fue desvirtuado con ningún medio
probatorio en el proceso.
Respecto a la pretensión de reconocimiento de la compensación por muerte, señaló
que operó la caducidad, porque la demanda debió radicarse dentro de los 4 meses
siguientes a la respectiva notificación de la última actuación, en este caso, del Oficio
Nro. 036654 ARPRE-GRUNO del 9 de febrero de 2012, por medio del cual se
notificó la Resolución Nro. 00064 del 10 de enero 2012, que resolvió un recurso de
apelación.
1
Véase a folios 178-179 PDF, del archivo «01ExpedienteEscaneado.pdf» del expediente digital.
2
Véase a folios 202-209 PDF, ibid.
3
Véase a folios 236-243 PDF, ibid.
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Por lo anterior, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados. A título
de restablecimiento del derecho, ordenó a la demandada reconocer la pensión de
sobreviviente en los términos contenidos en el Decreto 4433 de 2004, a partir del
día siguiente de la muerte de Diego Armando Contreras Castrillón, es decir, el 6 de
agosto de 2010. Sin embargo, declaró prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 30 de noviembre de 2015.
Finalmente, negó las demás pretensiones y condenó en costas a la parte
demandada4.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que las
pruebas permitieron concluir que, al momento de fallecimiento del causante, sus
padres habían fallecido y que ninguno de sus hermanos era menor de edad o
presentaba una discapacidad. Que, ante esas circunstancias, el obrar de la Policía
Nacional estuvo conforme a derecho, ya que los demandantes no cumplieron los
requisitos para ser beneficiarios de la prestación, conforme lo regulado en los
Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004, dado que no se estableció beneficio alguno
para los tíos o para los padres de crianza.
Que los accionantes tampoco demostraron su dependencia económica hacia el
causante, porque los recibos de consignación que se aportaron estaban dirigidos a
alguno de los hermanos del causante, por lo que podía concluirse que era
esporádica la supuesta ayuda económica que brindaba, la cual, en todo caso, no
estaba dirigida al sostenimiento de quienes afirmaron ser sus padres de crianza.
Que solicitaba que fuera revocada la condena en costas, ya que en ninguna etapa
procesal se vislumbró temeridad en su actuar5
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que no
compartía la decisión de ordenar el pago de la prestación reclamada desde el 30 de
noviembre de 2015. Que la prescripción debió declararse a partir del 30 de
noviembre de 2012, es decir, tres años anteriores a la radicación de la petición que
elevaron el 30 de noviembre de 2015 y a la cual se le generó el radicado Nro.
145043 del 1° de diciembre de 20156.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 10 de mayo de 2023 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al Despacho para dictar sentencia,
salvo que las partes presentaran solicitud probatoria7. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes
4
Véase el archivo «03Sentencia.pdf» del expediente digital.
5
Véase el archivo «05RecursoApelacionParteDemandada.pdf» del expediente digital.
6
Véase el archivo «07RecursoApelacionParteDemandante.pdf» del expediente digital.
7
Véase a índice 5 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar: i) si a los señores Factor Antonio
Goez Echavarría y Gloria Amparo Castrillón de Goez les asiste o no razón jurídica
para reclamar la pensión de sobrevivientes, en su condición de padres de crianza
del causante. De asistirles derecho, ii) se analizará si cumplieron con la carga de la
prueba de acreditar su dependencia económica respecto de este.
Finalmente, de haber acreditado la dependencia económica, iii) se estudiará desde
cuándo debe efectuarse el reconocimiento prestacional; y si iv) fue acertada la
decisión de condenar en costas a la parte demandada en primera instancia.
Cuestión previa
El 20 de agosto del presente año, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves
manifestó su impedimento para conocer del presente medio de control con
fundamento en la causal 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido
a que suscribió la sentencia objeto de apelación en calidad de magistrado del
Tribunal Administrativo de Córdoba.
Al respecto, se precisa que el régimen de impedimentos busca garantizar la
imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan
situaciones de hecho que puedan comprometer el criterio que asuman los jueces
en las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su
conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra
impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la
debida administración de justicia.
Pues bien, una vez verificada la sentencia recurrida, la cual fue dictada el 5 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, se observa que, en
efecto, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves integró la respectiva Sala de
decisión y, en consecuencia, suscribió la providencia controvertida en esta
instancia. Por consiguiente, se considera que se presentan elementos subjetivos en
la manifestación de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare
a adoptarse en el asunto mencionado comporta para el magistrado una posible
afectación de la objetividad e imparcialidad que se demanda de los titulares de la
función jurisdiccional.
Por tanto, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por el
mencionado magistrado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y
transparencia.
De la falta de legitimación en la causa por activa
La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional indicó que los
demandantes no están legitimados en la causa dado que no demostraron su calidad
de beneficiarios del causante.
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Para resolver, se tiene que la legitimación en la causa alude a la cualidad que han
de tener las partes en el trámite de un proceso judicial, es decir, se trata de una
relación jurídica de aptitud legal entre las partes y el objeto del litigio. La legitimación
por el lado activo consiste en la identidad del demandante con el titular del derecho
subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo; y por el lado
pasivo, se trata de la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo
de satisfacer el derecho.
Bajo esta lógica, la Sala advierte que se configuró la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa respecto al señor Factor Antonio Goez
Echavarría, porque de la revisión inicial de los actos demandados se concluyó que
la manifestación de voluntad de la Administración tuvo génesis porque medió,
únicamente, la intervención de la señora Gloria Amparo Castrillón de Goez, por lo
que la posible declaratoria de nulidad de estos tan solo la beneficiaría a ella.
Por consiguiente, el estudio de legalidad de los actos acusados se llevará a cabo
respecto a esta, puesto que el señor Goez Echavarría no participó, materialmente,
en la situación jurídica que dio origen a este trámite procesal y, por ello, no se creó,
modificó ni extinguió ningún derecho u obligación del que este fuere titular.
Marco normativo aplicable a la pensión de sobrevivientes de los miembros de
la fuerza pública
Dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social, la
inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales,
en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del
grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes del mismo.
Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró el derecho a la pensión
de sobreviviente como un mecanismo de protección a los familiares del trabajador,
que busca suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba un
afiliado al grupo familiar y, así, evitar que su deceso se traduzca en un cambio
sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias
de dicha prestación.
Este derecho es una protección directa a la familia, cualquiera que sea su origen o
fuente de conformación, pues aunque en principio solo es susceptible de protección
constitucional la familia conformada de acuerdo con lo preceptuado por el artículo
42 Superior, lo cierto es que la jurisprudencia amplió el margen de protección a las
familias no constituidas de esa manera, tal y como sucede con la «familia de
hecho», también conocida como de «crianza», la cual «[…] no se conforma por
vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios materiales […]»8.
Atendiendo al hecho de que la Ley 100 de 1993 en su artículo 279 excluyó,
expresamente, a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional de
su ámbito de aplicación, se expidió la Ley 923 de 2004 que, en su artículo 3, dispuso:
8
Corte Constitucional. Sentencia C-107 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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«ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. <Apartes subrayados
CONDICIONALMENTE exequibles> El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
[…]
3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez será
establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo familiar y el parentesco
con el titular. […]».
La anterior ley fue reglamentada por el Decreto 4433 de 2004 que, sobre la pensión
de sobrevivientes por muerte en actos especiales del servicio, preceptúa así:
«ARTÍCULO 27. MUERTE EN ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO. A la
muerte de un Oficial, Suboficial, o Agente de la Policía Nacional en servicio
activo, o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o
como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional
o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en
el orden y proporción establecida en el artículo 11 del presente decreto tendrán
derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les
pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía
Nacional, la cual será liquidada así:
27.1 El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro, en el grado conferido póstumamente, cuando el causante
tuviere quince (15) años o menos de servicio.
27.2 El cincuenta por ciento (50%) se incrementará en un cuatro por ciento (4%)
adicional, por cada año que exceda los quince (15), sin sobrepasar el ochenta y
cinco por ciento (85%) por los primeros veinticuatro (24) años.
27.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior
se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional, sin que en
ningún caso el total pueda exceder el noventa y cinco por ciento (95%) de las
partidas computables.».
Por su parte, el artículo 11 de la misma norma dispone:
«Artículo 11. ORDEN DE BENEFICIARIOS DE PENSIONES POR MUERTE
EN SERVICIO ACTIVO. Las pensiones causadas por la muerte del personal de
Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares,
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía
Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán
reconocidas y pagadas en el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra
mitad a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y
hasta los 25 años si dependían económicamente del causante al momento de
su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la
pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos
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estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si
dependían económicamente del causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para
los padres que dependían económicamente del causante.
11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos,
la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran
económicamente del causante.
11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos,
ni padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el causante
era su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o
inválidos.
La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del
cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos no
habrá lugar a acrecimiento.
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y
hermanos será el establecido en el Código Civil, y la calificación de la invalidez
de los beneficiarios, será acreditada con fundamento en las normas del Sistema
de Seguridad Social Integral que regulan lo concerniente a la determinación de
dicho estado.»
(…) (subrayas fuera de texto).
Respecto al requisito de la dependencia económica, la Corte Constitucional precisó
su alcance, así como los parámetros para su demostración, indicando, que:
«[…] se ha sostenido que para poder acreditar la dependencia económica, no
es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -propio de una
persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o
indigencia- sino que, por el contrario, basta la comprobación de la imposibilidad
de mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios obtener
los ingresos indispensables para subsistir de manera digna.
[…]
Por lo anterior, la dependencia económica ha sido entendida como la falta de
condiciones materiales que les permitan a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, entendida
ésta, en términos reales y no con asignaciones o recursos meramente formales.
De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un criterio
de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte
del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para
asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los
gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de
beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta
como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma
responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos
fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios
matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada
beneficiario.
Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha
sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la
subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para
subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre
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y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir,
haga desaparecer la relación de subordinación que fundamenta la citada
prestación»9.
Igualmente, la Corte Constitucional estableció que la dependencia económica se ha
comprendido como: «[…] (i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza
de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes, para auto-
proporcionarse o mantener su subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no
constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el
solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en
condiciones dignas»10.
Por su parte, aludiendo al régimen general de pensiones, esta Corporación ha
establecido que:
«[…] el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los
literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la
óptica de la carencia de recursos económicos.
La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe
ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales
que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las
personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana,
eficiencia y solidaridad entre otros»11.
En el mismo sentido, la Sección Segunda de esta Corporación ha manifestado que
la dependencia económica se refiere a aquella «[…] situación de subordinación a
que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su “modus vivendi”.
Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del
beneficiado o amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad
humana pero desprendida de ostentación o suntuosidad alguna»12.
Según lo precedente, cuando el núcleo familiar del causante se encuentre
constituido por sus padres ─en consideración a que no existe cónyuge o
compañera/o permanente, ni hijos─, estos serán acreedores de la prestación
mencionada, siempre que demuestren la dependencia económica respecto del
fallecido, sin que sea necesario probar la carencia total y absoluta de recursos.
Resolución del caso concreto
Se encuentra debidamente acreditado que el señor Diego Armando Contreras
Castrillón nació el 2 de marzo de 1987 y que era hijo de Luz Mery Castrillón Gómez
—quien falleció el 17 de noviembre de 1993— y José Francisco Contreras Galindo
—quien falleció el 7 de octubre de 1989—13. Igualmente está acreditado que señor
9
Corte Constitucional. Sentencia C-111 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
10
Corte Constitucional. Sentencia C-066 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
11
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 11 de abril de 2002. Exp. 2361-98. C.P.
Alejandro Ordóñez Maldonado.
12
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2012.
Exp. 0448-12. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
13
Véase a folios 41, 44 y 46 PDF, del archivo «01ExpedienteEscaneado.pdf» del expediente digital.
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Diego Armando Contreras Castrillón falleció el 5 de agosto de 201014, tal y como se
inscribió en el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 500418315 y que
mediante los actos demandados le fue negada la pensión de sobrevivientes a la
señora Gloria Amparo Castrillón de Goez16.
En audiencia de pruebas celebrada el 25 de julio de 2019, se practicaron los
testimonios de Johana Marcela Henao Varela, Diego León Higuita Graciano y
William Girón Pineda.
La señora Johana Marcela Henao Varela, expareja sentimental del causante,
manifestó que conocía a Diego Armando Contreras Castrillón desde que eran niños
y que a mediados de 2006 se hicieron novios. Que, para ese entonces, tuvo
conocimiento que él era hijo de crianza de los demandantes, porque sus padres
biológicos fallecieron. Que los accionantes siempre trataron al causante como un
hijo y que este se relacionaba de esa forma con ellos, al igual que reconocía a las
hijas biológicas de los demandantes como sus hermanas.
Que desde que comenzó a prestar sus servicios en la Policía Nacional, presenció
que, en algunas oportunidades, les ayudaba económicamente a sus padres de
crianza, por medio de transferencias bancarias. No obstante, informó conocer que
estos poseían ingresos ya que la señora Gloria Amparo Castrillón de Goez se
desempeñaba como peluquera y el señor Factor Antonio Goez Echavarría como
vigilante.
También manifestó que desconoce cuál es la situación económica actual de los
accionantes, pero que supone que estos sí se vieron afectados porque lo que
aportaba Diego Armando Contreras Castrillón les ayudaba significativamente.
El señor Diego León Higuita Graciano, amigo del causante, indicó que lo conocía
desde que tenía 5 o 6 años, cuando llegó al cuidado de los demandantes, porque
sus padres biológicos fallecieron, y que la señora Gloria Amparo Castrillón de Goez
era tía del causante. Que los accionantes siempre lo trataron como un hijo, que eran
una familia muy unida y que eran sus acudientes, que siempre asistían a las
reuniones del colegio donde este estudiaba y fueron quienes costearon todos sus
gastos cuando era niño.
Igualmente, manifestó que el causante estaba muy pendiente económicamente de
sus padres de crianza, que no tenía conocimiento cierto sobre cuánto dinero les
aportaba, pero que siempre destinaba una cantidad de su salario para ellos,
mensualmente. Que desconoce la situación económica de los accionantes, pero
que supone que dependen de lo que sus hijas les puedan brindar, ya que trabajan
actualmente. Que la señora Gloria Amparo Castrillón de Goez se desempeñaba
como peluquera y que desconoce si el señor Factor Antonio Goez Echavarría
obtuvo o no la pensión de vejez.
El señor William Girón Pineda, amigo del causante, manifestó que los demandantes
fueron los padres de crianza de este y que siempre respondieron por él, pues sus
padres biológicos fallecieron. Que tuvo conocimiento que los apoyaba
14
Véase a folio 123 PDF, ibid.
15
Véase a folio 126 PDF, ibid.
16
Véase a folios 33-34 PDF, ibid.
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económicamente, de manera constante, porque estaba muy pendiente de ellos.
Que su hermano, quien fue compañero de trabajo del causante en la Policía,
también le llegó a comentar que este les transfería dinero a sus padres.
Con base en lo anterior, lo primero que pone de presente la Sala es que entre el
causante y la señora Gloria Amparo Castrillón de Goez surgió una relación de
familia que, tanto para ellos como para terceros, no era diferente a la surgida de la
adopción o, inclusive, a la que se origina por vínculos de consanguinidad. En esa
medida, se conformó una «familia de hecho» en la que la solidaridad afianzó los
lazos de afecto, respeto y asistencia, lo cual es una realidad de la que dieron cuenta
cada uno de los testimonios que se practicaron.
Si el trato, afecto y asistencia mutua que se presentaron en el seno del círculo
integrado por la demandante y el causante eran similares a las que se predican de
cualquier familia formalmente constituida, resulta palmario que la muerte de Diego
Armando Contreras Castrillón debió generarle a su «madre de crianza» las mismas
consecuencias —jurídicas, económicas, emocionales— que la muerte de otro
agente de la Policía, para sus padres expresamente reconocidos, pues no quedó
duda de que el comportamiento mutuo de madre e hijo revelaba la voluntad
inequívoca de conformar una familia, como la que consagra el artículo 42 de la
Constitución Política.
Por ende, como la Policía Nacional no lo reconoció así, porque hizo prevalecer un
criterio meramente formal, sobre el material, en principio, la señora Gloria Amparo
Castrillón de Goez sí tendría derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, en su
calidad de «madre de crianza» del causante de acreditarse su dependencia
económica hacia este.
Ahora, si bien los señores Johana Marcela Henao Varela, Diego León Higuita
Graciano y William Girón Pineda dieron cuenta que la demandante estaba en cierta
condición de sujeción al auxilio recibido por parte del causante, lo cierto es que dicha
sujeción no era exclusiva, en la medida que los testimonios dieron cuenta que el
auxilio económico que daba el causante a la señora Gloria Amparo Castrillón de
Goez no le era imprescindible, en cuanto la presencia de otros ingresos indica que
la demandante sí ostentaba, incluso para la fecha del fallecimiento del causante, un
nivel de independencia económica, el cual se materializa en la capacidad de
sufragar los costos de la propia vida, a través de la capacidad laboral, del patrimonio
propio, de la posibilidad de generar un ingreso o de disponer de una fuente de
recursos, como el desempeño de su fuerza laboral como peluquera, tal y como se
afirmó.
Por consiguiente, se estima que las pruebas practicadas no fueron concluyentes al
demostrar la dependencia económica de la accionante al momento de la muerte de
su «hijo de crianza». En todo caso, en el evento de que el causante hubiera
entregado ocasionalmente alguna ayuda económica a su madre, esta solo puede
considerarse como aquella que realizan los hijos respecto de sus padres, sin que
pueda entenderse como un factor para definir la dependencia económica, ya que
no se encuentra prueba de que las mismas fueran para garantizar sus condiciones
mínimas existenciales verificable a la fecha de fallecimiento del agente de policía.
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Si bien esta Corporación ha indicado que la dependencia económica de los padres
respecto de su hijo fallecido no implica que la misma sea absoluta, lo cierto es que
sí debe acreditarse la exclusividad y subordinación económica, es decir, que la
persona beneficiaria haya necesitado de la protección del causante para la congrua
subsistencia y mantener su mínimo existencial en condiciones dignas.
El hecho que el causante aportara cierta cantidad económica no es suficiente para
demostrar la necesidad de auxilio de la demandante hacia este, máxime cuando no
se probó que el deceso de Diego Armando Contreras Castrillón se hubiera traducido
en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de la señora
Gloria Amparo Castrillón de Goez. La prueba recaudada no fue concluyente en
acreditar que para la fecha del fallecimiento del miembro de la fuerza pública esta
fuera dependiente de aquel.
En otras palabras: aun cuando no requiere demostrarse un estado económico
deplorable, lo cierto es que la señora Gloria Amparo Castrillón de Goez no demostró
que el auxilio recibido por el causante le fuese relevante o necesario para mantener
sus condiciones dignas de subsistencia.
Igualmente, los testimonios rendidos en el proceso tampoco lograron probarlo, ellos
no advirtieron, que la demandante se encontrara en un estado de subordinación
económica que le impidiera cubrir sus necesidades básicas por sus propios medios
o que comprobara su imposibilidad de mantener el mínimo existencial, lo cual
obedece a lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso,
conforme con el cual incumbe «[…] a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
En esa medida, el acervo probatorio no dio cuenta de los elementos concretos de
la dependencia económica, esto es, la falta de autosuficiencia económica a partir
de recursos propios o de terceros y una relación de subordinación económica
respecto de la persona fallecida, dado que la participación económica debe ser
regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de
dependencia las atenciones o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido
hacia el presunto beneficiario.
Así las cosas y como no se demostró la dependencia económica de la madre de
crianza respecto del causante, la Sala no se pronunciará sobre los motivos de
apelación relacionados con la prescripción ni respecto a los argumentos referidos a
la condena en costas impuesta en primera instancia, pues la sentencia será
revocada en su totalidad.
Consecuentemente, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los
actos demandados, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa del señor Factor Antonio Goez Echavarría y revocará la
sentencia proferida el cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.
De la condena en costas en ambas instancias
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La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la parte
demandante, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de
apelación presentado por la parte demandada. Para el efecto, de acuerdo con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Córdoba.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el magistrado
Luis Eduardo Mesa Nieves. Por tanto, se le separa del conocimiento del presente
proceso.
Segundo. REVOCAR la sentencia proferida el cinco (5) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones. En su lugar, se dispone:
Tercero. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa del señor Factor Antonio Goez Echavarría.
Cuarto. NEGAR las pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Quinto. CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante, de
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acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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