Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00381-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00381-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00381-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2017-00381-01 (1216-2025)
Demandante: Arley Antonio Patiño Garcés
Demandada: Nación, Misterio de Defensa, Ejército Nacional
Tema: Medida de aseguramiento privativa de la libertad y cómputo de
tiempo de servicio para la liquidación de cesantías de miembro
del Ejército Nacional
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por el
demandante contra la sentencia del 30 de enero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, que declaró probada la
excepción de «legalidad del acto impugnado» y negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda y subsanación
1.1.1.Las pretensiones
1. Arley Antonio Patiño Garcés presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 216100 del 23 de junio de 2016, a través
de la cual se le negó el reconocimiento y pago de unas prestaciones sociales y, se
le declaró deudor del tesoro.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas; ii) la devolución de las cesantías retenidas por valor de
$1.699.893 «correspondiente a las (…) que fueron reintegradas por la Caja Promotora de
1 En adelante CPACA.
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Demandante: Arley Antonio Patiño Garces
Vivienda Militar y de Policía al Ejército Nacional» (sic); iii) «el restablecimiento de 2107
días, los cuales fueron descontados del tiempo total de servicio activo como suboficial del
Ejército Nacional»; iv) el pago de la sanción moratoria de que trata el parágrafo del
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006; v) el reconocimiento de la asignación de retiro
por el cumplimiento de «19 años, 11 meses y 22 días» de tiempo de servicio, según
el Decreto 0991 de 2015; vi) la indexación de la condena en los términos previstos
en el artículo 192 del CPACA; y vi) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2.Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes2:
3.1. Arley Antonio Patiño Garcés ingresó al Ejército Nacional el «4 de julio de 1995»
a prestar el servicio militar. Posteriormente, el 1° de enero de 1997, fue incorporado
como soldado profesional y, el 1° de septiembre de 2001, ascendió a suboficial en
el rango de cabo tercero.
3.2. Mediante fallo del 31 de marzo de 2014 el Tribunal Superior de Antioquia, Sala
de Decisión Penal, lo condenó a la pena principal de 474 meses de prisión y multa
de 5010 SMLMV, como coautor de las conductas punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple y agravado. La sentencia quedó ejecutoriada el 22 de
octubre de 2014.
3.3. Como consecuencia de lo anterior, mediante la Resolución 1594 del 15 de julio
de 2015 el Ejército Nacional lo separó de forma absoluta de las Fuerzas Militares.
3.4. El 26 de abril de 2016, solicitó a la Dirección Nacional de Prestaciones Sociales
que expidiera a su favor la hoja de servicios y le reconociera las prestaciones
sociales a las que tenía derecho.
3.5. Por medio del Oficio 20165330571821: MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-COPER-
DIPSO-1.10 el subdirector de Prestaciones Sociales, teniente coronel, César
Augusto Vargas Guarin, respondió:
«Que el trámite se encuentra suspendido toda vez que, al hacerle la deducción de tiempo
de justicia, se pudo establecer que le fueron girados sin corresponder la suma de
$7.919.613 a la Caja de Honor, por lo que se solicitó el reintegro de la suma antes citada,
quien mediante oficio No. 03-01-20160216004926 de fecha 16 de enero de 2016 nos
informó que solo era procedente la devolución de $1.699.893, por no encontrarse más
dineros en la cuenta individual de su poderdante. Por lo anterior, se debe declarar deudor
del estado a su poderdante, mediante acto administrativo el cual será notificado de
acuerdo a los términos establecidos en la ley.» (sic)
2 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «5ED_EXPDIGITA_23001233300020170038(.zip)
NroActua 2», carpeta 23001233300020170038100, documento 01
expediente_23001233300020170038101, páginas 5 a 17 y 52 a 60.
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3.6. El 3 de junio de 2016, radicó ante la gestión documental de la Dirección Nacional
de Prestaciones Sociales del Ejército un oficio mediante el cual se informó al director
de Prestaciones Sociales que se encontraba pagando una pena privativa de la
libertad y, en consecuencia, se encontraba a disposición de la Dirección del Centro
de Reclusión Militar (Dicer). Asimismo, solicitó que, para efectos de la notificación
de la resolución que resolviera sobre sus prestaciones sociales, se verificara el
centro de reclusión en el que estaría, porque estaba en trámite un traslado.
3.7. El 9 de julio de 2016, «ante el silencio por parte del Ejército» nuevamente radicó
una petición ante la Dirección Nacional de Prestaciones Sociales del Ejército
Nacional para que se ordenara la notificación personal de la resolución que
resolviera sobre sus prestaciones sociales, conforme con los artículos 67 y 68 del
CPACA.
3.8. El 9 de agosto de 2016 se emitió el Oficio con radicado 20165331040181: MDN-
CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSO-JUR-1.10, recibido el 30 de agosto
de 2016, mediante el cual el mayor Miller Julián Olaya Arias, en calidad de
subdirector de Prestaciones Sociales (E), respondió en los siguientes términos:
«Primero. Que se consultó el sistema de gestión documental "ORFEO" y no se encontró
que el oficio que usted indica de fecha 03 de junio de 2016 haya sido radicado en esta
Dirección. Segundo. Que teniendo en cuenta lo anterior la notificación se surtió por aviso,
sin embargo, se procederá a anexar copia de la resolución por medio de la cual resolvió
de fondo el reconocimiento prestacional y declaro deudor del estado a su poderdante
ARLEY ANTONIO PATIÑO GARCÉS, la cual será enviada al Centro de Reclusión Militar
en la ciudad de Cali» (sic).
3.9. Junto con la respuesta anterior, se allegó la copia de la Resolución 216100 del
23 de junio de 2016, por medio de la cual el jefe de Desarrollo Humano del Ejército
Nacional negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y lo declaró
deudor del tesoro con fundamento en el expediente 240311 de 2015. Lo anterior en
atención a que los dineros reconocidos por concepto de cesantías habían sido
girados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía por un valor de
$20.725.925.
3.10. Asimismo, el acto administrativo señaló que: «del total del tiempo de servicio se
debían descontar 2.107 días por suspensión en el ejercicio de funciones y atribuciones, de
acuerdo a la información de Tiempos para prestaciones unitarias registrada en la hoja de
servicios No. 3-918532351 de fecha 14 de octubre de 2015 y oficio 12457 de fecha 21 de
septiembre de 2015 emitido por el Centro de Servicios Administrativos Juzgados Penales
del Circuito Especializados de Antioquia Juzgado Segundo» (sic).
3.11. Además, indicó que «verificado el expediente prestacional se pudo evidenciar que al
CP PATIÑO GARCÉS ARLEY ANTONIO le fueron girados sin corresponder la suma de
$9.619.506»; por ello, el 28 de enero de 2016 el subdirector de Prestaciones Sociales
había solicitado al director de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía el
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reintegro de los dineros por concepto de causación y deuda de cesantías giradas
sin corresponder y, a su turno, la caja había reintegrado $1.699.893,
correspondiente a la suma que se encontraba en su cuenta individual. En
consecuencia, el jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional resolvió:
«Artículo 1. Declarar que no hay lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por
concepto de cesantías a favor del señor CP® PATIÑO GARCÉS ARLEY ANTONIO, C.C.
18532351 Código militar 77082354100, según lo expuesto en la parte considerativa del
presente acto administrativo.
Artículo 2. Declarar deudor del Tesoro Nacional al CP® PATIÑO GARCÉS ARLEY
ANTONIO C.C 18532351 Código militar 77082354100 en la suma de SIETE MILLONES
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($7.919.613)
Artículo 3. Notificar al señor CP® PATIÑO GARCÉS ARLEY ANTONIO C.C 18532351
Código militar 77082354100, notificar al BATALLON DE COMBATE TERRESTRE No.2
LOS GUAJIROS MONTERIA -CORDOBA para los fines legales a que haya lugar.
Artículo 4. Enviar copia de la presente resolución al Grupo de Reconocimiento y
Obligaciones Litigiosas jurisdicción coactiva del Ministerio de defensa para el respectivo
cobro coactivo, una vez agotada la etapa persuasiva» (sic).
3.12. El 14 de octubre de 2016 solicitó copia del expediente 240311 de 2015 ante la
Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional «no obstante, hasta la fecha no
ha existido pronunciamiento al respecto» (sic).
3.13. El 11 de noviembre de 2016 a través de la Dirección del Centro de Reclusión
Militar donde se encuentra recluido, le fue entregada copia de la Resolución 216100
del 23 de junio de 2016, junto con la constancia de notificación que señala «dicha
resolución fue notificada mediante aviso No. 044 de fecha 15-07-06 a las 08:00 horas de
conformidad con el artículo 69 del código procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo» (sic).
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 6, 12, 25, 29 y 53 de la Constitución Política;
y los decretos 1790 de 2000, 4433 de 2004 y la Ley 1071 de 2004.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. Las actuaciones administrativas expedidas por el Ejército Nacional vulneraron
los derechos al debido proceso y de defensa, porque aplicaron indebidamente el
artículo 95 del Decreto 1790 de 2000, pese a que nunca estuvo suspendido de sus
funciones y atribuciones mediante acto administrativo como lo determina tal
3 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «5ED_EXPDIGITA_23001233300020170038(.zip)
NroActua 2», carpeta 23001233300020170038100, documento 01
expediente_23001233300020170038101, páginas 5 a 17 y 52 a 60.
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disposición. Durante el tiempo que permaneció privado de la libertad continúo
percibiendo el 100% de sus haberes, por lo que no era jurídicamente procedente
descontarle 2107 días de su tiempo de servicio con fundamento en una presunta
suspensión que no ocurrió.
5.2. Se le dio una indebida interpretación al parágrafo del artículo 7 del Decreto 4433
de 2004, toda vez que la exclusión del tiempo de servicio solo procede respecto del
tiempo de condena privativa de la libertad, la cual, en su caso, solo produjo efectos
a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, el 22 de octubre de 2014.
Tampoco se produjo la separación temporal prevista en el artículo 112 del Decreto
1790 de 2000, por lo que, el descuento realizado en la hoja de servicio desconoció
su derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y sus derechos
prestacionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que el tiempo
de suspensión puede computarse para efectos prestacionales, al mantenerse el
militar en servicio activo4.
5.3. La resolución demandada fue indebidamente notificada, pues la entidad conocía
el establecimiento de reclusión donde se encontraba privado de la libertad y, aun
así, acudió a la notificación por aviso.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la
demanda con sustento en lo siguiente5:
6.1. La Resolución 216100 del 23 de junio de 2016 fue expedida por el funcionario
competente, con fundamento en las normas que regulan el reconocimiento y pago
de las cesantías de los miembros de la Fuerza Pública y en atención a la solicitud
presentada por el demandante, razones por las cuales el acto estaba motivado,
ajustado a derecho y amparado por la presunción de legalidad. El demandante era
el llamado a desvirtuar su presunción de legalidad, sin embargo, no aportó pruebas
que acreditaran algún vicio.
6.2. Propuso las siguientes excepciones: i) «legalidad del acto impugnado»; ii) «el acto
administrativo contenido en la Resolución 216100 del 23 de junio de 2016 fue expedido por
funcionario competente»; iii) «carencia del derecho del demandante e inexistencia de la
obligación de la demandada»; iv) prescripción de mesadas pensionales; e v)
innominada.
1.3. La sentencia apelada
4 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2011, radicado: 25000-23-25-000-
05454-01 (1854-08), C.P. Rafael Vergara Quintero.
5 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «5ED_EXPDIGITA_23001233300020170038(.zip)
NroActua 2», carpeta 23001233300020170038100, documento 01
expediente_23001233300020170038101, páginas 83 a 88.
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7. En sentencia proferida el 30 de enero de 2025 el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, declaró probada la excepción de «legalidad del
acto impugnado», se negaron las pretensiones de la demanda y no se condenó en
costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos6:
7.1. Las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de la asignación de retiro
y de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías no se podían estudiar,
porque respecto de ellas no se acreditó el agotamiento del requisito de
procedibilidad, por la ausencia de reclamación administrativa previa o de un acto
administrativo susceptible de control judicial.
7.2. Si bien la naturaleza jurídica de la hoja de servicio es la de un acto de trámite,
adquiere el carácter de acto definitivo cuando se niega su expedición o su
modificación, o cuando existe controversia sobre los tiempos de servicios
certificados que impiden el reconocimiento de derechos prestacionales, evento en
el cual debe ser demandado.
7.3. El demandante fue separado del cargo de forma absoluta del Ejército Nacional
mediante la Resolución 1594 del 15 de julio de 2015, como consecuencia de la
condena penal impuesta por los delitos de homicidio en persona protegida y
secuestro simple y agravado, decisión que quedó ejecutoriada el 22 de octubre de
2014. La hoja de vida registró una deducción de 2107 días por concepto de
«justicia», correspondiente al periodo transcurrido entre el 8 de octubre de 2009 y
el 15 de julio de 2015, tiempo durante el cual el actor permaneció «suspendido
penalmente», circunstancia que fue el fundamento para la expedición del acto
demandado y la reliquidación de las cesantías.
7.4. De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 4433 de 2004 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado7, el lapso correspondiente a la suspensión de funciones que
termina con una condena privativa de la libertad no puede computarse como tiempo
de servicio para efectos prestacionales, contrario a lo planteado por el actor, razón
por la cual la deducción de los 2107 días estuvo ajustada a derecho.
7.5. El actor no controvirtió la hoja de servicios, documento que fue la base para la
expedición de la resolución demandada y que conservó su legalidad. En
consecuencia, no era posible desvirtuar el acto demandado ni acceder al
reconocimiento de las cesantías reclamadas, ordenar la devolución de las sumas
descontadas o restablecerle el tiempo de servicio descontado.
6 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «5ED_EXPDIGITA_23001233300020170038(.zip)
NroActua 2», carpeta 23001233300020170038100, documento 04Sentencia.
7 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia N° 2014-04099 de 2021, Rad. N° 25000-23-42-000-2014-04099-01 (0726-19), C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, Actor: Rubén Darío Gómez Mejía, Demandado: Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL.».
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7.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 numeral 5 del Código General
del Proceso, no condenó en costas porque no existieron gastos y la demanda no
contenía argumentos infundados.
1.4. El recurso de apelación
8. Arley Antonio Patiño Garcés presentó recurso de apelación y lo sustentó en los
siguientes términos8:
8.1. El a quo confundió la medida de aseguramiento privativa de la libertad con la
pena impuesta mediante sentencia condenatoria. La primera, constituye una
medida cautelar de carácter procesal y no una sanción, por lo que el tiempo
transcurrido bajo esa medida no puede asimilarse a tiempo de condena ni producir
efectos definitivos sobre derechos prestacionales. Conforme con el artículo 37 del
Código Penal y la jurisprudencia constitucional y penal, ese lapso únicamente puede
computarse como parte de la pena una vez exista sentencia condenatoria
ejecutoriada, razón por la cual descontarlo como tiempo no servido vulneró la
presunción de inocencia y desconoció la naturaleza jurídica de la detención
preventiva.
8.2. El artículo 7 del Decreto 4433 de 2004 fue indebidamente interpretado toda vez
que esa disposición excluye únicamente el tiempo correspondiente a la condena
privativa de la libertad y no al periodo en el que permaneció privado de la libertad
por virtud de una medida de aseguramiento. Solo adquirió la condición de
condenado con la sentencia penal, el 22 de octubre de 2014, por lo que el tiempo
trascurrido entre el 8 de octubre de 2009 y esa fecha debió reconocerse como
tiempo de servicio para efectos prestacionales comoquiera que durante ese periodo
continúo vinculado al Ejército Nacional y no existía una condena ejecutoriada.
8.3. En el expediente no obraba prueba de que se hubiese expedido el acto
administrativo que lo suspendía de sus funciones y atribuciones, como lo exige el
artículo 95 del Decreto 1790 de 2000, por el contrario, durante el periodo en
discusión permaneció en servicio activo, percibió el 100% de su asignación
mensual, las prestaciones sociales y se realizaron los descuentos al sistema de
seguridad social.
8.4. Lasactuaciones administrativas que descontaron 2107 días de su hoja de
servicios vulneraron su derecho al debido proceso, carecían de sustento jurídico y
desconocieron el precedente del Consejo de Estado9 según el cual el tiempo de
suspensión puede computarse para efectos prestacionales mientras el militar
8 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «5ED_EXPDIGITA_23001233300020170038(.zip)
NroActua 2», carpeta 23001233300020170038100, documento 07RecursoApelación.
9 Sin datos, pero según la trascripción de la cita corresponde a la misma enunciada en la demanda.
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permanezca en servicio activo. Por consiguiente, el periodo que transcurrió entre el
8 de octubre de 2009 y el 22 de octubre de 2014 debió tenerse en cuenta para
efectos de liquidar sus prestaciones una vez retirado del servicio.
1.5. Trámite en segunda instancia
9.De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto 11.
2. Consideraciones
2.1.Competencia
11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
12. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿si Arley Antonio Patiño Garcés tenía derecho a que el periodo que
transcurrió entre el 8 de octubre de 2009 y el 22 de octubre de 2014, durante el
cual permaneció privado de la libertad en virtud de una medida de
aseguramiento, sea computable como tiempo de servicio para efectos de la
liquidación de sus cesantías definitivas?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
13. El Decreto 1211 de 1990, por medio del cual se reformó el Estatuto del Personal
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, dispuso en su artículo 162 que
los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares que durante la vigencia de ese
decreto se retiraran por cualquier causa tendrían derecho, por una sola vez, al
reconocimiento de un auxilio de cesantías equivalente a un mes de haberes
10 Tal y como se indicó en el auto del 22 de julio de 2025. Samai, índice 4.
11 De acuerdo con lo registrado en la constancia secretarial del 20 de agosto de 2025. Samai, índice
8.
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correspondientes a su grado por cada año de servicio o fracción de 6 meses o más,
liquidado sobre los factores salariales previstos en el artículo 158 ejusdem.
Asimismo, el parágrafo de esa disposición establece que únicamente las partidas
allí señaladas podrían integrar la base de liquidación de las prestaciones sociales.
14. Sin embargo, en desarrollo de los principios generales establecidos en la Ley 4ª
de 1992, se expidió el Decreto 1252 de 200012, (el cual fue aplicado al demandante),
que dispuso:
«ARTÍCULO 1°. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de
la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del
presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en
las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el
inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales
ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías.
Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda
Militar que administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este
artículo, seguirán haciéndolo. Ver Art. 3° Decreto Nacional 1919 de 2002
ARTÍCULO 2°. Los servidores públicos que, a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del
régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de
la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad
prestacional.»
15. Ahora bien, de acuerdo con el objeto del litigio, la Sala encuentra necesario
relacionar las situaciones administrativas que pueden afectar la prestación del
servicio por parte de los miembros de la Fuerza Pública, toda vez que se les
atribuyen consecuencias prestacionales distintas.
16. En primer lugar, la suspensión de funciones y atribuciones, regulada
sucesivamente por los artículos 124 del Decreto 1211 de 1990, 95 del Decreto 1790
de 2000 y 95 del Decreto 1428 de 2007, en los siguientes términos:
Decreto 1211 de 1990 «Artículo 124. Suspensión. Cuando por autoridad
competente se solicite la suspensión de funciones y atribuciones de un Oficial o
Suboficial de las Fuerzas Militares, ésta se dispondrá por Resolución Ministerial
para oficiales y por disposición del respectivo Comando de Fuerza para
Suboficiales.
Parágrafo 1o. Durante el tiempo de la suspensión el Oficial o Suboficial percibir[á]
las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico
correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con cesación de procedimiento,
deber reintegrársele el porcentaje del sueldo básico retenido.
Parágrafo 2o. Cuando la sentencia definitiva fuere condenatoria, las sumas
retenidas en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo pasarán a formar
parte de los recursos propios de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.»
12 Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los
trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública.
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Demandante: Arley Antonio Patiño Garces
Decreto 1790 de 2000 «Artículo 95. Suspensión. Cuando por autoridad
competente, penal o disciplinaria, según el caso, se solicite la suspensión de
funciones y atribuciones de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares, ésta
se dispondrá por resolución ministerial o de su delegado para oficiales y por
disposición del respectivo comando de fuerza para suboficiales.
Parágrafo 1o. Durante el tiempo de la suspensión el Oficial o Suboficial percibirá
las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico
correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con preclusión de la investigación,
cesación de procedimiento, deberá reintegrársele el porcentaje del sueldo básico
retenido.
Parágrafo 2o. Cuando la sentencia o fallo definitivo fuere condenatorio o
sancionatorio, las sumas retenidas en desarrollo de lo dispuesto en el presente
artículo pasarán a formar parte de los recursos propios de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.
Parágrafo 3o. Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena
impuesta por la autoridad competente, se reintegrará el excedente de los haberes
retenidos.
Parágrafo 4o. Cuando se conceda el derecho de libertad provisional o condena
de ejecución condicional no procederá la suspensión de funciones y atribuciones.»
Decreto 1428 de 200713 «Artículo 95. Suspensión. Cuando por autoridad
competente, penal o disciplinaria, según el caso, se solicite la suspensión de
funciones y atribuciones de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares, esta
se dispondrá por resolución ministerial o de su delegado para Oficiales y por
disposición del respectivo comando de fuerza para Suboficiales.
Parágrafo 1°. Durante el tiempo de la suspensión el Oficial o Suboficial percibirá
las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico
correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con preclusión de la investigación,
cesación de procedimiento, deberá reintegrársele el porcentaje del sueldo básico
retenido.
Parágrafo 2°. Cuando la sentencia o fallo definitivo fuere condenatorio o
sancionatorio, las sumas retenidas en desarrollo de lo dispuesto en el presente
artículo pasarán a formar parte de los recursos propios de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.
Parágrafo 3°. Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena
impuesta por la autoridad competente, se reintegrará el excedente de los haberes
retenidos.
Parágrafo 4°. Cuando se conceda el derecho de libertad provisional o condena
de ejecución condicional no procederá la suspensión de funciones y atribuciones.»
17. De acuerdo con lo transcrito, la suspensión de funciones y atribuciones
constituye una medida que puede ser ordenada por la autoridad competente dentro
de una actuación penal o disciplinaria. Durante su vigencia el personal oficial o
suboficial está en servicio activo y continúa percibiendo las primas, subsidios y el
50% del sueldo básico. Si la actuación termina con sentencia absolutoria se
reintegran las sumas retenidas, por el contrario, si se profiere sentencia
condenatoria, los valores ingresan a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
18.En segundo lugar, la separación temporal está contenida en el artículo 145 del
Decreto 1211 de 1990 y posteriormente en el 112 de los decretos 1790 de 2000 y
13 Por el cual se compilan las normas del Decreto-ley 1790 de 2000.
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1428 de 2007, en los siguientes términos:
Decreto 1211 de 1990 «artículo 145 Separación temporal. El Oficial o Suboficial
que sea condenado a la pena principal de arresto o prisión, por delitos culposos,
ser[á] separado en forma temporal de las Fuerzas Militares, por un tiempo igual al
de la condena.»
Decreto 1790 de 2000 «artículo 112 Separación Temporal. <Artículo
modificado por el artículo 27 de la Ley 1104 de 2006. El nuevo texto es el
siguiente:> El Oficial o Suboficial que sea condenado a la pena principal de arresto
o prisión por delitos culposos será separado en forma temporal de las Fuerzas
Militares, para hacer efectiva la privación de la libertad si fuere ordenada, salvo
que se conceda un subrogado penal y mientras no sea revocado.»
Decreto 1428 de 2007 «artículo 112 <Modificado por el artículo 27 de la Ley 1104 de
2006> El Oficial o Suboficial que sea condenado a la pena principal de arresto o prisión
por delitos culposos será separado en forma temporal de las Fuerzas Militares, para
hacer efectiva la privación de la libertad si fuere ordenada, salvo que se conceda un
subrogado penal y mientras no sea revocado.»
19. Esta situación administrativa no corresponde a una medida cautelar, sino a una
consecuencia derivada de la sentencia condenatoria que impone una pena privativa
de la libertad por delitos culposos. Durante el tiempo de la separación temporal el
militar deja de prestar el servicio, no tiene derecho a percibir los sueldos, primas y
prestaciones sociales y ese lapso no se puede tener en cuenta como tiempo de
servicio. No obstante, una vez cumplida la sanción, el personal podrá incorporarse
al servicio nuevamente.
20. Por su parte, la separación absoluta procede, entre otros, cuando el miembro de
la Fuerza Pública es condenado por la comisión de un delito que da lugar al retiro
definitivo de la institución. En este supuesto, el oficial o suboficial tiene derecho a
las prestaciones sociales causadas con ocasión del tiempo de servicio causado, tal
y como lo indica el artículo 178 del Decreto 1211 de 1990, norma a la que remite el
artículo 114 del Decreto 1790 de 2000, en los siguientes términos:
Decreto 1211 de 1990 «artículo 178 Separación absoluta. El Oficial o Suboficial de
las Fuerzas Militares que durante la vigencia del presente Decreto sea separado del
servicio en forma absoluta, tendrá derecho a las prestaciones sociales a que haya lugar
en razón de sus servicios, dentro de las condiciones previstas en este Estatuto, pero no
tendrá derecho a ser dado de alta por tres (3) meses para la formación del respectivo
expediente de prestaciones sociales.»
Decreto 1790 de 2000 «Artículo 114. PRESTACIONES EN CASO DE
SEPARACIÓN. Los oficiales y suboficiales separados en forma temporal o absoluta bajo
la vigencia del presente Decreto, tendrán derecho, tanto ellos como sus beneficiarios, a
las prestaciones sociales que se determinan en el capítulo III, título V del Decreto 1211
de 1990.»
21. Bajo este presupuesto el oficial o suboficial de las Fuerzas Militares no podrá
volver a pertenecer a las Fuerzas Militares. En todo caso, el tiempo de separación
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temporal no puede considerarse como de servicio activo y el personal no tiene
derecho a sueldos, primas ni prestaciones sociales.
22. Finalmente, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro y de las
demás prestaciones sociales propias del régimen especial de La Fuerza Pública, el
artículo 7 del Decreto 4433 de 2004 establece:
«ARTÍCULO 7°. Cómputo de tiempo de servicio. Para efectos de la asignación de retiro
o pensión de sobrevivientes, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de
la Policía Nacional, liquidarán el tiempo de servicio, así:
7.1 Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes, el tiempo de permanencia en la
respectiva escuela de formación, sin que pueda sobrepasar de dos (2) años.
7.2 Soldados profesionales, el tiempo de permanencia como alumno de la escuela de
formación, con un máximo de seis (6) meses.
7.3 El tiempo de servicio militar obligatorio en cualquiera de las modalidades
establecidas por ley.
7.4 El tiempo como soldado voluntario.
7.5 Tres meses de alta que se entienden como de servicio activo.
7.6 El tiempo prestado como uniformado en las extinguidas Policías Departamentales o
Municipales, siempre y cuando el uniformado policial realice el aporte correspondiente a
dicho período a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, de acuerdo con las
normas del presente Decreto.
7.7 El tiempo de servicio como Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo, Agente,
o Soldado Profesional, computando 365 días por año de servicio.
PARÁGRAFO. El tiempo de condena privativa de la libertad personal, decretada por la
Justicia Penal Militar o por la ordinaria, o de separación temporal, no se computará como
tiempo de servicio.»
23.Como se observa, en estas disposiciones se evidencia la diferenciación que se
buscó hacer respecto de la suspensión de funciones de aquellas frente a las cuales
el militar deja de ejercer efectivamente la función pública como consecuencia de
una condena penal, supuesto en el cual ese periodo carece de efectos
prestacionales.
2.4. Lo probado
24. En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:
24.1. Arley Antonio Patiño Garcés ingresó al Ejército Nacional el «4 de julio de 1995»
a prestar el servicio militar. Posteriormente, el 1° de enero de 1997, fue incorporado
como soldado profesional y, el 1° de septiembre de 2001, ascendió a suboficial.
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24.2. Mediante la Resolución 1594 del 15 de julio de 2015, el Ejército Nacional lo
separó de forma absoluta de las Fuerzas Militares como consecuencia de la
sentencia condenatoria ejecutoriada el 22 de octubre de 2014, que lo condenó por
los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado14.
24.3. El 26 de marzo de 2016, solicitó a la Dirección Nacional de Prestaciones
Sociales que expidiera a su favor la hoja de servicios y le reconociera las
prestaciones sociales a las que tenía derecho15.
24.4. Mediante el Oficio 20165620344181: MD-CGFM-COEJC-CEJEM-JEDEH-
DIPER-SJUR-1.10 del 22 de marzo de 2016, el subdirector de personal del Ejército
Nacional informó que la anterior solicitud había sido remitida a la Dirección de
Prestaciones Sociales de la institución, toda vez que eran los competentes e informó
que aquella ya había sido envida a la DIPSO16.
24.5. El 26 de abril de 2016, reiteró la anterior petición.
24.6. Por medio del Oficio 20165330571821: MD-CGFM-COEJC-CEJEM-COPER-
DIPSO-1.10 del 10 de mayo de 2016, el subdirector de Prestaciones Sociales
informó que el trámite para la expedición de la resolución que resolviera sobre sus
prestaciones se encontraba suspendido, toda vez que, al haberse efectuado la
deducción de «tiempo de justicia», se estableció que le había sido girado a la Caja
Honor, sin que le correspondiera, la suma de $7.919.613. En consecuencia, se
había solicitado el reintegro de ese valor; sin embargo, esa entidad había
respondido que solo era procedente la devolución de $1.699.893, porque no existía
más dinero en la cuenta individual del actor17. Junto con el oficio se allegó la hoja
de servicios, según la cual el demandante registro el siguiente tiempo de servicio18:
Concepto Desde Hasta
Servicio militar 5 de julio de 1995 29 de diciembre de 1996
Soldado regular
Soldado voluntario 17 de enero de 1997 31 de agosto de 2001
Suboficial 1° de septiembre de 2001 2 de septiembre de 2004
Cabo tercero
Suboficial 3 de septiembre de 2004 4 de septiembre de 2007
Cabo segundo
Suboficial 5 de septiembre de 2007 15 de julio de 2015
Cabo primero
Suspensión penal 8 de octubre de 2009 15 de julio de 2015
Separación absoluta
14 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «5ED_EXPDIGITA_23001233300020170038(.zip)
NroActua 2», carpeta 23001233300020170038100, documento 01
expediente_23001233300020170038101, página 20.
15 Ibidem, Páginas 22 a 25.
16 Ibidem, Página 27.
17 Ibidem, Página 34.
18 Ibidem, Páginas 35 y 36.
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24.7. En torno a la relación de servicios prestados para prestaciones unitarias, la hoja
de servicios indicó:
Concepto Años Meses Días Total
Tiempo físico 0 6 14 194
Tiempo deducido 5 10 7 2,107
por justicia
Tiempo total -5 -3 -23 -1,913
Diferencia año 0 0 0 0
laboral
Tiempo -5 -3 -23 -1,913
liquidación
24.8. El 3 de junio de 2016, Arley Antonio Patiño Garcés radicó ante la gestión
documental de la Dirección Nacional de Prestaciones Sociales del Ejército un oficio
mediante el cual se informó al director de Prestaciones Sociales que se encontraba
pagando una pena privativa de la libertad y, en consecuencia, se encontraba a
disposición de la Dirección de Centro de Reclusión Militar (Dicer). Asimismo, solicitó
que, para efectos de la notificación de la resolución que resolviera sobre sus
prestaciones sociales, se verificara el centro de reclusión en el que estaría, porque
estaba en trámite un traslado19.
24.9. El 9 de julio de 2016, nuevamente radicó una petición ante la Dirección Nacional
de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional para que se ordenara la notificación
personal de la resolución que resolviera sobre sus prestaciones sociales, conforme
con los artículos 67 y 68 del CPACA20.
24.10. Mediante la Resolución 216100 del 23 de junio de 2016 el Ejército Nacional
declaró que no había lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto
de cesantías a favor de Arley Antonio Patiño Garcés y que era deudor del tesoro
por la suma de $7.919.613. Para tal efecto, se indicó21:
«Que en cumplimiento a la ley 973/05, los dineros por concepto de Prestaciones sociales
fueron girados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía por valor VEINTE
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/CTÉ ($20.725.925.00), así:
BONIFICACION: Por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($2.642.640.00), por el lapso del 17 de
enero de 1997 al 01 de agosto de 2001.
CESANTIAS SUBOFICIAL: Por Valor de DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 18.083.285.00) por el lapso
del 01 septiembre del 2001 al 15 de julio del 2015, incluido el tiempo de servicio militar y
de alumno en la Escuela de Formación. Así mismo, se informa al beneficiario que con la
copia de la presente resolución debidamente ejecutoriada y en firme, puede dirigirse a
19 Ibidem, Página 38.
20 Ibidem, Página 39 y 40.
21 Ibidem, Página 41 a 43.
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la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y solicitar el reintegro de estos dineros,
previos los trámites correspondientes que adelanta esa institución.
C)Que al señor del CP © PATIÑO GARCÉS ARLEY ANTONIO C.C. 18532351 Código
Militar 77082354100, le fue girado el total de las cesantías causadas por el tiempo
laborado en la institución a la Caja de Vivienda Militar por un valor VEINTE MILLONES
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
($20.725,925.00).
Que del total de tiempo de servicio se deben descontar (2.107) días, por suspensión en
el ejercicio de funciones y atribuciones, de acuerdo a la información de Tiempos para
prestaciones unitarias registrada en la hoja de servicios No. 3-18532351 de fecha 14 de
octubre de 2015' y la copia del oficio N' 12457 de fecha 21 de septiembre 2015, emitida
por el CENTRO DE, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JUZGADOS PENALES DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE ANTIOQUIA JUZGADO SEGUNDO, obrante a folio
6r del expediente prestacional.
Que verificado el expediente prestacional se pudo evidenciar que al CP @ PATIÑO
GARCÉS ARLEY ANTONIO C.C. 18632351 Código Militar 77082354100, le fueron
girados sin corresponder la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE
MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 9.619.506.00).
Que mediante oficio No 20185350078501/ MON-CGFM-CE-JEDEH-DIPSO-
CESANTIAS-CPVM de fecha 28 de enero de 2015, al Subdirector de Prestaciones
Sociales, solicita al Director de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía el
reintegro de los dineros por concepto de causación y deuda de cesantías giradas sin
corresponder al señor CP O PATIÑO GARCÉS ARLEY ANTONIO C.C. 18632361
Código Militar 77082354100, por valor NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE
MIL-QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 9.619.506.00).
Que a folio 14 obra copia del oficio No. 03-01-20160216004926 de fecha 16 de febrero
de 2016 emitido por el Líder Grupo de Administración de Cesantías de la Caja Promotora
de vivienda Militar y de Policía, en el cual informan que se reintegró la suma de UN
MÍLLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($1.699.893.00), toda vez que no posee dineros en la cuenta individual.
Que teniendo en cuenta que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía reintegro
la suma de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.699.893.00), se debe declarar deudor del Tesoro
Nacional al CP ® PATINO GARCÉS ARLEY ANTONIO C.C. 18532351 Código Militar
77082354100, por la, suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINÚEVE MIL
SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($7.919.613.00), por mayor valor girado sin
corresponder por cesantías definitivas.
Que de conformidad con lo expuesto no hay lugar a reconocimiento de suma alguna por
concepto de cesantías definitivas al CP ® PATINO GARCÉS ARLEY ANTONIO C.C.
18532351 Código Militar 77082354100 con cargo al presupuesto del Ejército Nacional,
teniendo en cuenta que el monto total de las cesantías fue girado a la Caja Promotora
de Vivienda Militar y de Policía». (sic)
24.11. Se allegó al proceso el expediente prestacional 240311 el cual contiene, entre
otros documentos22: i) el certificado de antecedentes prestacionales; ii) la liquidación
de cesantías; iii) la solicitud de reintegro de la suma girada sin corresponder al
demandante a la Caja Promotora de Vivienda Militar; iv) la respuesta mediante la
cual se informó acerca del reintegro de $1.699.893 a favor de la Dirección de
Prestaciones Sociales del Ejército; v) la notificación por aviso de la resolución [sin
identificación], mediante la cual se resolvieron unas prestaciones sociales, en la que
22 Ibidem, Páginas 161 a 208.
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se indicó que el acto quedó ejecutoriado el 1° de agosto de 2016; y vi) las
notificaciones y comunicaciones de cobro persuasivo expedidas con ocasión de la
declaratoria del demandante como deudor del tesoro. Asimismo, se aportó el
certificado expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en el que se hace
constar que el actor no figura como titular de una asignación de retiro.
2.5. Caso concreto
25. Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado, se advierte que el
tribunal, después de delimitar el problema jurídico solo en relación con las cesantías
definitiva, señaló que el demandante había sido separado en forma absoluta del
Ejército Nacional como consecuencia de la condena penal impuesta en su contra y
que, con fundamento en la deducción de 2.107 días registrada en su hoja de
servicios por concepto de justicia, correspondiente al periodo durante el cual
permaneció suspendido penalmente, se reliquidaron sus cesantías.
26. En ese contexto, consideró que, de conformidad con el artículo 7 del Decreto
4433 de 2004 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, tal periodo no podía
computarse como tiempo de servicio para efectos prestacionales, por lo que la
deducción era ajustada a derecho. Que, en todo caso, no fue controvertida la hoja
de servicios, documento que sirvió de fundamento para la expedición del acto
demandado y la cual conservaba su presunción de legalidad.
27. Por su parte, la parte demandante sostuvo que el tribunal había confundido la
medida de aseguramiento privativa de la libertad con la pena impuesta mediante
sentencia condenatoria, pues la primera constituía una medida cautelar que no
podía asimilarse a tiempo de condena ni producir efectos definitivos sobre los
derechos prestacionales antes de la ejecutoria de la sentencia.
28. Además, que el artículo 7 del Decreto 4433 de 2004 había sido erradamente
interpretado, ya que este excluye del cómputo el tiempo correspondiente a la
condena y no al periodo durante el cual permaneció privado de la libertad en virtud
de una medida de aseguramiento. A su vez, que no obraba prueba de la expedición
de un acto administrativo que hubiese dispuesto su suspensión de funciones y
atribuciones, conforme con el artículo 95 del Decreto 1790 de 2000, por el contrario,
durante el periodo en el que se le impuso la medida de aseguramiento estuvo en
servicio activo y percibió la totalidad de su salario e, incluso, se le hicieron
descuentos para aportes al sistema de seguridad social, por lo que consideró que
el descuento de 2.107 días había carecido de sustento jurídico.
29. De acuerdo con el marco normativo expuesto y lo probado en el expediente, la
Sala considera, en primer lugar, que no le asiste razón al demandante cuando
sostiene que el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2009 y el 22 de
octubre de 2014 debía computarse como tiempo de servicio por el solo hecho de
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que durante ese periodo permaneció privado de la libertad por virtud de una medida
de aseguramiento.
30. Sobre el particular, valga indicar que, en efecto, la medida de aseguramiento
privativa de la libertad de detención en establecimiento carcelario es una medida
cautelar que se decreta cuando aquella se muestra como necesaria para evitar que
el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, o constituye un peligro para
la seguridad de la sociedad o de la víctima, o que resulte probable que no
comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia (artículo 308 de la Ley 906
de 2004); es decir, en principio, es un instrumento cautelar destinado a garantizar
los fines del proceso penal y no una sanción, también lo es que, una vez se profiere
sentencia condenatoria y esta se encuentra en firme, el tiempo de privación de la
libertad deja de ser una restricción preventiva y se integra al cumplimiento efectivo
de la pena impuesta, en los términos previstos en la legislación penal.
31. En ese sentido, el artículo 5 de la Ley 2197 de 202223 señala que «[l]a detención
preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido
bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena». A su vez, la Ley
1407 de 201024, precisó en su artículo 74: «[c]ómputo de la detención preventiva. El
tiempo de detención preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la
libertad, o de la respectiva medida de seguridad, si la persona ha estado sometida al
tratamiento o régimen especial que le corresponda».
32. En consecuencia, no resulta acertado analizar de forma aislada la naturaleza
inicial de la medida de aseguramiento, para desconocer que el ordenamiento
jurídico dispone que ese periodo se impute al cumplimiento de la condena cuando
esta se produce.
33. De lo anterior, esta Sala infiere que la ejecutoria de la sentencia condenatoria
modifica la determinación del tiempo previamente privativo de la libertad, en la
medida en que este deja de responder exclusivamente a una finalidad cautelar y
pasa a integrar el impuesto por la pena privativa de la libertad efectivamente
cumplida. Lo anterior, porque así lo reconoce el sistema penal al disponer que el
tiempo de detención preventiva se abona a la pena impuesta, evitando que el
condenado deba cumplir nuevamente ese lapso. De esta manera, aunque
cronológicamente la privación de la libertad hubiese iniciado con ocasión del
cumplimiento de una medida de aseguramiento, jurídicamente ese periodo termina
como parte de la ejecución de la sanción penal impuesta, razón por la cual no puede
ser escindido de la condena para efectos de tiempo de servicio con efectos
prestacionales.
23 (Modificado por el Art. 3 del Decreto 207 de 2022). Modifíquese el Articulo 37 de la Ley 599 de
2000, el cual quedara así:
24 Por la cual se expide el Código Penal Militar.
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34. La interpretación propuesta por el demandante desconoce la finalidad del
parágrafo del artículo 7 del Decreto 4433 de 2004, disposición que excluye del
cómputo de servicio el correspondiente a la condena privativa de la libertad (en el
caso de la separación absoluta) y el de la separación temporal, al indicar
textualmente que «[e]l tiempo de condena privativa de la libertad personal, decretada
por la Justicia Penal Militar o por la ordinaria, o de separación temporal, no se computará
como tiempo de servicio.»
35. Una lectura sistemática de la norma y en armonía con las disposiciones del
Código Penal, lleva a la conclusión que la exclusión comprende todo el tiempo que
hace parte de la pena y no únicamente el trascurrido con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia. Lo contrario implicaría desconocer que el tiempo de
detención preventiva fue imputado a la condena y que, por esa razón, integra la
sanción impuesta.
36. De otra parte, no puede perderse de vista que el reconocimiento de prestaciones
sociales tiene como presupuesto la prestación efectiva del servicio o aquellos
eventos en los que la ley, de forma expresa, ha equiparado al tiempo de servicio.
37. No existe prueba y no habría razón para considerar que, durante el tiempo en el
que el demandante permaneció privado de la libertad hubiese desarrollado las
funciones y atribuciones propias como miembro del Ejército Nacional, pues no
estaba en la posibilidad material de cumplir con la misión constitucional y legal que
le fue encomendada por la institución. Por consiguiente, admitir que ese lapso
produzca efectos prestacionales equivaldría a reconocer un periodo durante el cual
no existió la prestación efectiva de sus servicios.
38. A lo anterior, se suma que la condena penal produjo, como consecuencia jurídica,
la separación absoluta del servicio mediante la Resolución 1594 del 15 de julio de
2015, decisión que tuvo como fundamento la responsabilidad penal declarada
mediante sentencia ejecutoriada. En ese contexto, carece de coherencia sostener
que el mismo periodo de privación de la libertad que fue imputado al cumplimiento
de la pena y que dio lugar al retiro definitivo de la institución castrense deba ser
simultáneamente reconocido como tiempo de servicio para calcular la liquidación de
las cesantías definitivas, pues, ello conllevaría a atribuirle al mismo lapso 2
consecuencias jurídicas distintas.
39. En suma, en materia penal, el tiempo de privación de la libertad pagado con
ocasión de una medida de aseguramiento se descuenta de la pena precisamente
para evitar que el condenado soporte una doble restricción de su libertad. Sin
embargo, de esa regla no puede derivarse que ese mismo lapso produzca, además,
efectos favorables en el ámbito de las prestaciones sociales, al menos cuando
existe una sentencia penal condenatoria. Así pues, si el ordenamiento jurídico
reconoce ese periodo como parte de la condena, admitir simultáneamente que
también constituye tiempo de servicio implicaría otorgarle un doble beneficio jurídico
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derivado de un mismo hecho, esto es, de una parte, extinguir parcialmente la
sanción penal y, de otra parte, incrementar el tiempo computable para el
reconocimiento de prestaciones sociales.
40. Ahora bien, el actor indicó que en el expediente no obraba prueba de que se
hubiese expedido acto administrativo mediante el cual se dispusiera la suspensión
de sus funciones y atribuciones, en los términos del artículo 95 del Decreto 1790 de
2000. Por el contrario, afirmó que durante el periodo en discusión permaneció en
servicio activo, percibió el 100% de su asignación mensual y las prestaciones
sociales, y se realizaron los descuentos al sistema de seguridad social. Con
fundamento en ello, alegó que el descuento de los 2107 días de su hoja de servicios
carecía de sustento jurídico y desconocía el precedente del Consejo de Estado 25
según el cual el tiempo de suspensión podía computarse para efectos
prestacionales mientras el militar permaneciera en servicio activo.
41. Aunque estos planteamientos son contradictorios y se formulan desde premisas
diferentes pues, de un lado, se afirma que no existió suspensión y, de otro lado, se
invoca una regla jurisprudencial aplicable al tiempo de suspensión. La Sala partirá
por verificar si en el presente asunto se configuró una suspensión de funciones que,
como consecuencia, permita las consecuencias jurídicas de esa situación
administrativa y, por ende, la aplicación del precedente invocado.
42. Sobre el particular, la Sala advierte que, en efecto, en el expediente no obra
prueba de que al demandante se le hubiese impuesto una suspensión de funciones
y atribuciones por solicitud de autoridad competente y a través de resolución
ministerial, como lo exige el artículo 95 del Decreto 1790 de 2000, compilado
mediante el decreto 1428 de 2007. Por lo tanto, no se acreditó la existencia de la
situación administrativa de suspensión que permita atribuir al periodo discutido los
efectos prestacionales propios de esa figura.
43. De ahí que el antecedente alegado no resulte aplicable al caso concreto, toda
vez que no guarda similitud fáctica ni jurídica con los analizados. En aquella
oportunidad, la controversia consistía en determinar si, para efectos de la liquidación
de las cesantías, el tiempo durante el cual el actor había estado suspendido como
consecuencia de una medida de aseguramiento debía computarse. Sin embargo, a
diferencia de lo ocurrido en este caso, en aquel asunto el Ejército Nacional había
expedido un acto administrativo expreso mediante el cual dispuso la suspensión del
actor y permaneció en esa situación hasta que fue separado de forma absoluta.
Además, durante el periodo de suspensión, el militar permaneció en servicio activo,
percibió primas e incluso fue ascendido. Bajo esas condiciones, la Corporación
concluyó que la suspensión no implicaba la pérdida de condición de miembro activo
25 Sin datos, pero según la trascripción de la cita corresponde a la misma enunciada en la demanda.
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del servicio y, por ello, consideró que ese periodo podía computarse para efectos
prestacionales.
44. La situación analizada en el presente asunto es diferente toda vez que no se
acreditó la existencia de un acto administrativo que hubiese suspendido a Arley
Antonio Patiño Garcés. Lo que se probó fue que fue privado de la libertad desde el
8 de octubre de 2009 en virtud de una medida de aseguramiento; que,
posteriormente, mediante sentencia ejecutoriada el 22 de octubre de 2014 fue
condenado y que, el periodo bajo el cual estuvo privado de la libertad por la medida
de aseguramiento fue imputado al cumplimiento de la condena. En consecuencia,
no son iguales la suspensión de funciones y atribuciones, y la separación ni sus
consecuencias prestacionales, tal y como incluso se concluyó en el precedente
invocado:
«es diferente la situación del miembro de la Fuerza Militar que es suspendido a la de
aquél que es separado, pues en la primera el militar sigue siendo miembro activo de la
Fuerza como quiera que continúa percibiendo el 50% del salario básico y las primas que
devengaba al momento de la sanción.
En la segunda, se considera por fuera del servicio, pues sólo tiene derecho a las
prestaciones sociales a que haya lugar en razón de los servicios prestados hasta el
momento de la separación absoluta, y si es separado temporalmente, el tiempo en que
permaneció separado, en virtud de una condena con pena principal de arresto o prisión,
por delitos culposos, no puede considerarse como servicio activo y en ese orden no tiene
derecho a recibir sueldos, primas ni prestaciones sociales pagaderas por el Ministerio de
Defensa» (sic)
45. Así pues, el precedente invocado no resulta aplicable toda vez que en aquella
oportunidad se partió de un supuesto que no se acreditó en este proceso.
46. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia del 30 de enero de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, que
negó las pretensiones de la demanda.
2.6. Conclusión
47. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala confirmará la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda, en consideración a que Arley Antonio Patiño Garcés
no tenía derecho a que el periodo que transcurrió entre el 8 de octubre de 2009 y el
22 de octubre de 2014, durante el cual permaneció privado de la libertad en virtud
de una medida de aseguramiento, fuese computado como tiempo de servicio para
efectos de la liquidación de sus cesantías definitivas toda vez que ese lapso terminó
haciendo parte del cumplimiento de la condena privativa de la libertad y que,
posteriormente, fue el fundamento para la separación absoluta de las Fuerzas
Militares.
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2.7.Costas
48. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
49. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
50. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma26.
51. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
52. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del 30 de enero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, que negó las pretensiones de
26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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la demanda incoada por Arley Antonio Patiño Garcés contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 el CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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