Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00454-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00454-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00454-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593 - 2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Tema: Reconocimiento pensión de jubilación Decreto Ley 1214 de
1990.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 8 de abril de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. El señor Antonio Carlos Nieto Sotomayor por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad del Oficio No. 20173130436911 del 18 de marzo de
2017, por el cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación con
fundamento en el Decreto 1214 de 1990 y los ascensos conforme a la carrera del
personal civil vinculado al Ministerio de Defensa.
3. A título de restablecimiento del derecho solicita: i) el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación con fundamento en el artículo 98 del Decreto Ley 1214 de
1 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
1990; ii) el pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el día que
cumplió 20 años de servicio, iii) la devolución del valor de aportes realizados a la
seguridad social en pensiones que estaban a cargo de la administración, iv) el
reconocimiento de las sumas dejadas de percibir por la omisión en los ascensos en
que la administración incurrió.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. El señor Antonio Carlos Nieto Sotomayor labora en el Ejército Nacional desde el
19 de octubre de 1994, a la fecha acumula un total de tiempo de servicio de 22 años,
más el tiempo de servicio militar de 1 año.
5. A su ingreso al Ejército Nacional ocupó el cargo de Adjunto Tercero, más adelante
como Conductor, Auxiliar de Servicios 12 y a la fecha se encuentra vinculado como
Conductor en el Batallón de A.S.P.C. Brigada No. 11 Cacique Tirromé en Montería,
Córdoba.
6. Durante su vinculación con la entidad, ha desarrollado actividades inherentes a
la Fuerza de carácter misional, idénticas a las ejecutadas por los uniformados con
rango militar, es decir, encaminadas a la protección de todos los colombianos en su
vida, honra y bienes y la salvaguarda del orden democrático y constitucional.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
7. Indicó que la entidad demandada infringió el artículo 13 de la Constitución
Política; así como el Decreto Ley 1214 de 1990, Decreto Ley 1792 de 2000 y el
Decreto 2743 de 2010. Al interior de la entidad existe personal con incorporación
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a quienes se les reconoce
el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con fundamento en
el Decreto Ley 1214 de 1990, sin embargo para el personal vinculado con
posterioridad al 1° de abril de 1994, no se conserva este beneficio, lo anterior en
atención a una orden caprichosa del legislador, que sin consideración alguna los
excluye del beneficio, pese a que realizan las mismas funciones.
8. El demandante ejecutó idénticas actividades que el personal civil y uniformado
vinculado con anterioridad al 1° de abril de 1994, por lo que en igualdad de
condiciones le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación con
fundamento en el Decreto Ley 1214 de 1990.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
1.4. Contestación de la demanda2
9. Una vez presentada la demanda el 27 de septiembre de 2017 y admitida el 17 de
enero de 2018, se notificó a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
entidad que se opuso a la prosperidad de las súplicas incoadas. Como argumentos
de defensa refiere que la vinculación laboral del personal uniformado difiere en
forma tangencial de la del personal civil, esencialmente porque el personal
uniformado no se pensiona excepto en los casos de reconocimiento de la pensión
de invalidez. Aclaró que, en atención a la fecha de vinculación con la fuerza, el
demandante no es beneficiario de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley
1214 de 1990, sino del régimen general de pensiones contenido en la Ley 100 de
1993.
10. Propuso como excepciones i) indebida selección del medio de control y ii) falta
de legitimidad en la causa por pasiva.
1.5. Sentencia de primera instancia3
11. El Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Tercera de Decisión, en sentencia
de fecha 8 de abril de 2021 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida.
12. Luego de efectuar el recuento normativo y jurisprudencial pertinente, concluyó
que el demandante prestó servicio militar por un año y labora como personal civil en
el Ejército Nacional desde el 19 de octubre de 1994, acumulando un tiempo de
servicio de 25 años y 1 mes.
13. Si bien es cierto ha prestado sus servicios al Ejército Nacional de manera
continua por más de 20 años, ocurre que la prestación del servicio militar concluyó
en el año 1983 y permaneció desvinculado de la fuerza hasta el 19 de octubre del
año 1994, cuando fue vinculado como personal civil.
14. En ese orden de ideas, no es posible aplicar el artículo 98 del Decreto Ley 1214
de 1990, a efectos de conceder la pensión de jubilación en los términos pretendidos
en la demanda, teniendo en cuenta que su vinculación con la entidad se produjo
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que el
2 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
3 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
reconocimiento prestacional se encuentra sometido a esta disposición, más no a
normativa especial, aspecto que ha sido analizado por la Corte Constitucional en
varias providencias respecto al personal civil vinculado a las Fuerzas Militares.
15. A la fecha de presentación de la demanda el demandante no contaba con 57
años de edad, por lo que no acredita los requisitos para acceder a la pensión de
vejez con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley
797 de 2003.
16. Finalmente no es procedente acceder a la promoción pretendida por el
demandante, en atención a que este derecho desde el año 2000 hace parte de la
carrera especial y se adquiere por mérito, además tampoco existe en el proceso
prueba que dé cuenta de que antes de la entrada en vigencia del Decreto 1792 de
2000, el demandante haya reunido los requisitos contemplados en el artículo 21 del
Decreto Ley 1214 de 1990, para acceder a la promoción del cargo.
1.6. Recurso de apelación4
17. La parte actora, por intermedio de apoderado, presentó recurso de apelación
con el fin de que se revoque la sentencia proferida en primera instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Alegó que el actor al igual que
el personal uniformado del Ejército Nacional ejecutan actividades misionales de
carácter constitucional, no obstante, es discriminado en atención a la fecha de su
vinculación con la entidad.
18. En el curso del proceso, no se solicita la aplicación al demandante del régimen
especial aplicable al personal uniformado, sino el reconocimiento del régimen
especial al que tiene derecho tal como ocurre con el personal vinculado con
anterioridad al mes de abril del año 1994.
19. El demandante ha laborado para la institución por más de 20 años, ejecutando
actividades de carácter misional propias de la fuerza, razón por la que debe ser
considerado miembro de las Fuerzas Militares y por ende ser beneficiario de la
pensión de jubilación contenida en el Decreto Ley 1214 de 1990.
20. La violación al derecho fundamental a la igualdad se concreta en la medida en
que el demandante al realizar actividades misionales propias de la fuerza idénticas
4 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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a las de los militares con rango está siendo discriminado en cuanto a que a los
militares se les reconoce un régimen pensional especial más favorable, que el que
se reconoce al actor, esto es el contenido en la Ley 100 de 1993.
21. El problema jurídico planteado se circunscribe a determinar, si el personal civil
adscrito a las Fuerzas Militares que ingresó después del 1° de abril de 1994, que
realiza una actividad de carácter misional en dichas fuerzas, puede ser destinatario
del régimen especial contenido en el Decreto Ley 1214 de 1990.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
22. Mediante auto de 21 de enero de 2024, se admitió el recurso de apelación.
23. La parte actora y la entidad demandada en el término otorgado guardaron
silencio.
24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
25. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
26. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis
se encuentra limitado a lo allí plasmado.
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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2.2 Del problema jurídico
27. Si bien es cierto, en la demandada además del reconocimiento pensional con
fundamento en el Decreto Ley 1214 de 1990, la parte actora solicitó el
reconocimiento y pago de las sumas dejadas de percibir por la omisión en los
ascensos en el cargo, pretensión que fue negada por el a quo, dicha decisión no es
objeto del recurso de apelación, por lo que sobre el particular la Sala no efectuará
pronunciamiento alguno.
28. En ese orden de ideas, conforme a los argumentos esbozados en el recurso de
apelación formulado por la parte actora (apelante único) corresponde a esta Sala
de Subsección determinar si al señor Antonio Carlos Nieto Sotomayor le asiste o no
el derecho a que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional le reconozca
y pague una pensión de jubilación con fundamento en el artículo 98 del Decreto Ley
1214 de 1990.
2.3 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. Del régimen pensional aplicable al personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional.
29. De conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al
Congreso de la República determinar la estructura de la administración nacional y
crear, suprimir o fusionar Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, Establecimientos Públicos y otras entidades del orden nacional,
señalar sus objetivos y estructura orgánica y dictar la ley marco donde se fijen los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para efectos
de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de los miembros de la Fuerza Pública.
30. En atención al mandato contenido en el numeral 19, literales e) y f) del artículo
150 Constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, que en
su artículo 1º determinó que el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas,
criterios y objetivos contenidos en esa ley, le corresponde fijar el régimen salarial y
prestacional, entre otros de “Los miembros de la Fuerza Pública”.
31. En ejercicio de las competencias enunciadas, en el Ministerio de Defensa, en
materia salarial y prestacional se aplican tres regímenes consagrados en diferentes
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estatutos, a saber: i) para el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de
Policía, consagrado en los Decretos Leyes 1211, 1212 y 1213 de 1990; ii) para el
personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, contenido en el Decreto Ley 1214 de 1990 y iii) para los empleados
públicos y trabajadores oficiales de entidades descentralizadas adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional establecido en el Decreto 2701 de
1988. En todo caso, dado el contorno fáctico del presente asunto, la Sala solo se
referirá al régimen contenido en el Decreto 1214 de 1990, disposición con
fundamento en la que el demandante reclama el reconocimiento de la pensión de
jubilación.
32. El Decreto Ley 1214 de 1990, en su artículo 2º7 señala que el personal civil
del Ministerio de Defensa y de la Policía, está integrado por el personal que preste
sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas
Militares o en la Policía Nacional, con excepción de aquellas que prestan sus
servicios en los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y las Unidades Administrativas
Especiales, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa, que se rigen por las
normas orgánicas y estatutarias propias de cada organismo.
33. En materia prestacional, el Decreto Ley 1214 de 1990, contempla el
reconocimiento de pensión de jubilación por tiempo continuo y discontinuo, pensión
por aportes y pensión de retiro por vejez, en los siguientes términos:
“Artículo 98. Pensión de Jubilación por Tiempo Continuo. El empleado público del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acredite veinte (20) años de servicio
continuo a éstas, incluido el servicio militar obligatorio, hasta por veinticuatro (24)
meses, prestado en cualquier tiempo, tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro,
a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, cualquiera
que sea su edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 103 de este
Decreto.
7 “Artículo 2o. Personal Civil. Integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, las
personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las
Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.
En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades administrativas
especiales, adscritos o vinculadas al Ministerio de Defensa, no tienen la condición de personal civil del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada
organismo.”
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Parágrafo. Para los reconocimientos que se hagan a partir de la vigencia del presente
Decreto, se entiende por tiempo continuo, aquel que no haya tenido interrupciones
superiores a quince (15) días corridos, excepto cuando se trate del servicio militar.
Artículo 99. Pensión de Jubilación por Tiempo Discontinuo. El empleado público
del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional que sirva veinte (20) años
discontinuos al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional o a otras entidades
oficiales, y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es varón, o cincuenta (50)
años si es mujer, tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro a que por el Tesoro
Público se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 102 de este Estatuto.
No quedan sujetas a esta regla las personas que trabajen en actividades que por su
naturaleza justifiquen excepción y que la ley determine expresamente.
Parágrafo 1. El empleado público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional
que el 1o. de enero de 1972, hubiere cumplido dieciocho (18) años discontinuos de
servicios en el Ministerio de Defensa, en la Policía Nacional o en otras entidades
oficiales, tendrá derecho a la pensión de jubilación de que trata el presente artículo, al
cumplir veinte (20) años de servicio y cincuenta (50) años de edad.
Parágrafo 2. El empleado público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional
que se hubiere retirado del servicio antes del 1o. de enero de 1972 con veinte (20)
años de labor discontinua, tendrá derecho cuando cumpla cincuenta (50) años de
edad, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las
disposiciones rijan en el momento del reconocimiento.
Artículo 100. Pensión por Aportes. A partir de la vigencia del presente Decreto,
conforme al artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, los empleados públicos del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados
en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las Entidades de Previsión Social
o de las hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a una
pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es
varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento
y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas.
Parágrafo. Para el reconocimiento de la pensión de que trata este artículo, a las
personas que a la fecha de vigencia del presente Decreto, tengan diez (10) o más años
de afiliación en una o varias de las entidades y cincuenta (50) años o más de edad si
es varón o cuarenta y cinco (45) años o más si es mujer, continuarán aplicándose las
normas de los regímenes actuales vigentes.
(…)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Artículo 103. Pensión de Retiro por Vejez. Los empleados públicos del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional que sean retirados del servicio por haber cumplido la
edad de sesenta y cinco (65) años y no reúnan los requisitos necesarios para gozar de
pensión de jubilación o de invalidez, tendrán derecho, a partir de la fecha de su retiro,
a que el Tesoro Público les pague una pensión de retiro por vejez, equivalente al veinte
por ciento (20%) de los últimos haberes devengados y un dos por ciento (2%) más por
cada año de servicio, siempre que carezcan de recursos para su congrua
subsistencia.”
34. Conforme a lo dispuesto en la norma en cita, existen cuatro tipos de pensiones
reconocidas a favor del personal civil del Ministerio de Defensa, cuyos requisitos se
sintetizan así:
• Pensión de jubilación por tiempo continuo, 20 años de servicio continuos como
empleado público civil del Ministerio de Defensa o la Policía Nacional, incluido
el servicio militar obligatorio, prestado en cualquier tiempo, sin requisito de
edad.
• Pensión de jubilación por tiempo discontinuo, 20 años de servicio discontinuos
como empleado púbico en el Ministerio de Defensa o en la Policía Nacional o
en otras entidades oficiales y llegue a la edad de 55 años si es hombre o 50
años si es mujer.
• Pensión por aportes, 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o en varias entidades de previsión social o de las que
haga sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el ISS y con 60 años di es hombre o 55 si es mujer.
• Pensión de retiro por vejez, el empleado público del Ministerio de Defensa y
de la Policía Nacional que sea retirado del servicio por haber cumplido 65
años y que no reúna los requisitos necesarios para gozar de pensión de
jubilación o de invalidez.
35. Con posterioridad fue expedida la Ley 100 de 1993, disposición aplicable a todos
los habitantes del territorio nacional excepto a los miembros de las Fuerzas Militares
y de Policía, ni el personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.8
8 “Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica
a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas….”
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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36. Se concluye así que la norma excluyó de su aplicación a los miembros de las
Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y al Personal Civil del Ministerio de Defensa
y de la Policía, con excepción de aquellos que se vinculen a esas entidades, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a quienes se les aplicara
en su integridad el contenido de esa norma.
37. En sentencia de constitucionalidad C- 665 96 del 28 de febrero de 19969, la Corte
Constitucional precisó que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, “no hace cosa distinta
que reconocer la voluntad del constituyente, diferenciando dos situaciones, que no
constituyen en manera alguna discriminación: de una parte, la del personal que se
había vinculado al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Justicia Penal Militar
antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, para quienes se mantendrán las
disposiciones especiales en materia de seguridad social y en especial, el previsto en
el Decreto Ley 1214 de 1990, cuyos derechos adquiridos deben ser respetados y
garantizados, y de la otra, el personal de las mismas instituciones que se vinculó a
partir de la vigencia de la citada ley, a quienes se les aplica el Sistema Integral de
Seguridad Social consagrado en la Ley 100 de 1993, y que por consiguiente no gozan
de derechos adquiridos, razón por la cual es procedente, dada la fecha de su
vinculación, aplicarles el Sistema Integral de Seguridad Social consagrado en la Ley
100 de 1993.”
38. En la misma sentencia, la Corte concluyó que la exclusión del personal civil del
Ministerio de Defensa y de la Policía vinculado con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 del régimen previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990,
no vulnera el ordenamiento superior, pues dicha exclusión tuvo como objetivo la
aplicación para esos servidores del Sistema Integral de Seguridad Social previsto en
la Ley 100 de 1993, respetando en todo caso los derechos adquiridos del personal
vinculado con anterioridad a su entrada en vigencia.
9 Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara, de fecha 28 de noviembre de 1996.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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39. En consonancia a lo orientado por la Corte Constitucional, esta Corporación 10
sobre el particular, señaló:
“En este orden, la excepción prevista en el artículo 279 referido, tiene una doble
justificación constitucional. En el caso de los miembros de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional obedece al mandato superior consagrado en los artículos 217 y 218 de
la Carta, que defiere en el legislador la creación de un régimen prestacional especial
para éstos; mientras que la del personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional que a la fecha de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 estaban vinculados,
encuentra su fundamento en la salvaguarda de los derechos adquiridos y regulados por
el Decreto 1214 de 1990, norma especial que les era aplicable.
(…)
De otro lado, el régimen del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional no fue
considerado por el Constituyente de 1991 como especial; argumento que, a diferencia
del régimen de las fuerzas militares, sustenta su origen y justificación posterior de orden
legal. Frente al tema, en sentencia C-888 de 2002, la Corte Constitucional encontró que
el tratamiento diferente entre el régimen prestacional de los miembros civiles al servicio
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, contemplado en el Decreto 1214 de
1990, y el régimen de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, no constituyen
una discriminación pues regulan situaciones de hecho distintas «que ameritan
constitucionalmente un tratamiento legislativo diferente» ...
(…)
De igual forma en la sentencia C-1143 de 2004, la Corte Constitucional al referirse a la
validez constitucional del trato diferencial formulado en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 entre el régimen prestacional de los miembros de las Fuerzas Militares y el
régimen del personal civil al servicio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional,
precisó:
«Mientras que a los primeros se les excluye del régimen general por mandato
constitucional, a los segundos se les excluye para únicamente salvaguardar los
derechos adquiridos. Es decir, mientras que todos los miembros de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional quedan excluidos total y definitivamente del régimen
prestacional general, sin importar cuándo se vincularon a la institución, en el caso del
personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional sólo se excluyó a
aquellas personas que al momento de ser expedida la Ley 100 de 1993, se
encontraban cobijados por el Decreto Ley 1214 de 1990. (…)
4.6. (…) Ello se traduce en que los civiles que laboran para el servicio de esas
entidades, vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no
cuentan con un régimen especial, sino que por el contrario, se encuentran sujetos a
la normatividad general del régimen de seguridad social, aplicable a todos los
servidores del Estado”.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, de fecha 09 de marzo de 2017, radicación No: 25000-23-25-000-2011-00040- 01(3823-14),
actor: Rosa Elena Tovar García, demandado: Ministerio De Defensa Nacional.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
40. Con fundamento en lo expuesto, resulta claro que las personas que a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ostentaban la condición de personal civil
del Ministerio de Defensa o la Policía, conservaron el derecho a la aplicación del
régimen especial previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990, no obstante para aquellos
que se vincularon con posterioridad a la vigencia de la norma, en materia prestacional
quedaron sometidos a las normas que regulan el Sistema Integral de Seguridad Social
administrado actualmente por la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones.
2.4 . Actuación administrativa
41. El 13 de marzo de 201711, el señor Antonio Carlos Nieto Sotomayor solicitó el
reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en el Decreto Ley
1214 de 1990 y el reconocimiento y pago de los ascensos en calidad de personal
civil del Ministerio de Defensa.
42. En respuesta a esa solicitud la entidad demandada profirió el oficio No.
20173130436911: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del
18 de marzo de 2017, por el cual negó las pretensiones incoadas por el actor
teniendo en cuenta que su vinculación con la entidad fue posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, de otra parte y respecto a los ascensos pretendidos
señaló que revisado el Sistema de Información de Talento Humano del Ejército
Nacional, desde su ingreso en el año 1994 como Adjunto Tercero y en vigencia del
artículo 21 del Decreto Ley 1214 de 1990, fue promovido al grado de Adjunto
Segundo en el año 1997, sin que sea procedente aplicar con posterioridad a esa
fecha una nueva promoción.
2.5 Caso concreto
43. El señor Antonio Carlos Nieto Sotomayor nació el 10 de octubre de 1961.12
44. Obran en el plenario los siguientes documentos que dan cuenta de la vinculación
del demandante con el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en calidad de
personal civil, veamos:
11 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
12 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
12
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
• Acta de posesión No. 112 del 19 de octubre de 1994, por la que tomó
posesión del cargo de conductor, para el cual fue designado mediante OAP No.
001115 del 01 de octubre de 1994.13
• Acta de posesión funcionarios civiles No. 1342 del 18 de abril de 2016, por la
que tomó posesión del empleo de Auxiliar de Servicios código 6-1 grado 12
(AS12) en la planta de global de empleados públicos del Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional, para el cual fue incorporado mediante Resolución No. 0103
del 29 de enero de 2016.14
• El Oficial Sección Atención al Usuario DIPER del Ejército Nacional, certificó
que el Civil AS12 Antonio Carlos Nieto Sotomayor, con código militar 6885724
orgánico del Batallón A.S.P.C. No.11 Cacique Tirromé, al 19 de abril de 2017, le
figuraba el siguiente tiempo de servicio: i) servicio militar del 30 de julio de 1982
al 30 de julio de 1983; ii) civil tiempo continuo desde el 19 de octubre de 1994;
ara un total de tiempo de 23 años y 6 meses.15
45. De conformidad con los desprendibles de nómina correspondientes a los meses
de enero, febrero y marzo de 2017, el señor Antonio Carlos Nieto Sotomayor,
devenga: auxilio de trasporte, partida alimentación, prima actividad civiles, prima de
antigüedad, prima de orden público, seguro de vida, subsidio familiar y sueldo
básico. Así mismo, se observa que los aportes a pensiones están destinados a la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.16
46. De conformidad con el extracto de la hoja de vida del actor, al servicio de la
Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional fue objeto de los siguientes
ascensos17:
• Soldado bachiller - 30 de julio de 1982.
• Adjunto Tercero - 19 de octubre de 1994.
• Adjunto Segundo - 1 de diciembre de 1997.
• Auxiliar de Servicios 6 - 22 de noviembre de 2007.
• Auxiliar de Servicios 8 - 7 de febrero de 2014.
• Auxiliar de Servicios 12 – 18 de abril de 2016.
13 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
14 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
15 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
16 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
17 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
13
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
47. Oficio No. 300/MD-CE-CCCN1-DIV7-BR11-BITER-S1 del 17 de marzo de 2010,
suscrito por el Comandante Batallón de Instrucción, Entramiento y Reentrenamiento
No. 11, dirigido al Comandante Batallón de Servicios No. 11, en el que se lee asunto:
envío civil, “Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Comandante
Batallón de Servicios No. 11, al señor AS06 NIETO SOTOMAYOR ANTONIO
CARLOS CM. 6885724, durante su estadía en esta unidad desempeñó un trabajo
excelente.”18
48. Oficio No. 81304/ MD-DIVO7-BR11-BASPC11-S1 del 16 de mayo de 2011,
suscrito por el Comandante de Batallón de A.S.P.C. No. 11 Cacique Tirrome,
dirigido al Comandante Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento
No. 11 “Antonio Ignacio Gallardo y Guerrero”, en el que se lee asunto: envió civil,
“Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel Comandante del
Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 11 “Antonio Ignacio
Gallargo y Guerrero”, al Señor AS6. NIETO SOTOMAYOR ANTONIO CARLOS CM.
6885724, quien sale en comisión del servicio para esa Unidad para desempeñarse
como conductor del carro tanque de agua.”19
49. Ordenes de Marcha y de Servicios que dan fe de los desplazamientos
efectuados por el señor Antonio Nieto Sotomayor a órdenes del Batallón de A.S.P.C.
No. 11.20
50. El Jefe de la Sección Transporte (E) del Batallón A.S.P.C. No. 11, certificó los
cargos desempeñados por el AS12 Antonio Carlos Nieto Sotomayor para los años
2015 a 2017, a saber: “Conductor de servicio”.21
51. El 8 de febrero de 2016, el Jefe de Personal del Batallón de ASPC No. 11,
notificó al AS12 Antonio Carlos Nieto Sotomayor, de las funciones específicas del
cargo asignado, así: “En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 3105 del
28 de Diciembre de 2015 por medio de la cual se adopta el Manual Específico de
Funciones y Competencias, para los empleados públicos de la planta de empleados
públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para su
conocimiento le hago entrega de las funciones que debe desempeñar en el empleo
18 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
19 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
20 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
21 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
14
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
de Auxiliar de Servicios Código 6-1, Grado 12 (AS12), las cuales se encuentran
definidas en la página 1407 del anexo de la citada resolución.” 22
52. Mediante oficio No. 002203/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-
BR11-BAS11-TRANS-29.1 del 8 de mayo de 2018, el Jefe Sección Trasporte (E)
del Batallón A.S.P.C. No. 11, certificó que el AS12 Antonio Carlos Nieto Sotomayor
de acuerdo a la directiva permanente No. 000012 se desempeña como conductor
de la Unidad, además que: “El señor AS12. ANTONIO CARLOS NIETO
SOTOMAYOR NO a (sic) cumplido funciones como escolta ya que estas funciones
las cumplen personal Militar.”23
53. En audiencia de pruebas celebrada el 24 de enero de 2019, se recibieron los
testimonios de Jhon Enrique Pérez Velásquez y Santiago Omar Ramos Pastrana,
quienes manifestaron estar en la misma situación jurídica del demandante respecto
al reconocimiento de la mesada pensional con fundamento en el Decreto Ley 1214
de 1990, teniendo en cuenta que en condición de personal civil cumplieron las
mismas funciones que el personal uniformado.
54. Al unísono señalan que son conductores de la Brigada No. 11 en Montería, que
sus funciones se limitan al traslado de Tropas según las indicaciones de sus
superiores, que inicialmente portaban uniforme y tenían disponibilidad 24/7, sin
embargo, actualmente laboran 8 horas y si no se presenta un desplazamiento
descansan el restante tiempo, que forman todos los días con el personal
uniformado, así como otros civiles y que no prestaban funciones de guardia, solo de
conducción.
55. Atendiendo al recuento normativo y jurisprudencial que antecede, estima la Sala
que, para el caso del señor Antonio Carlos Nieto Sotomayor, teniendo en cuenta
que su fecha de vinculación con el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, data
del 1° de octubre de 1994, esto es con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 199324, en materia prestacional se encuentra sometido a los preceptos
que regulan el Sistema de Seguridad Social Integral, esto es el contenido en la Ley
100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003.
22 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
23 Expediente digital primera instancia. Índice 9 Samai.
24 1 de abril de 1994
15
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
56. Ahora bien, no desconoce la Sala que entre el 30 de julio de 1982 y el 30 de
julio de 1983, el demandante prestó servicio militar en las filas del Ejército Nacional,
esto es con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no obstante
esta vinculación la hizo en calidad de soldado del Ejército Nacional, por lo que ese
tiempo no puede ser computado para efectos de la aplicación del Decreto Ley 1214
de 1990, ya que no fue prestado como personal civil del Ministerio de Defensa o la
Policía Nacional.
57. No son de recibo de la Sala los argumentos esbozados por la parte actora,
encaminados a señalar que el actor desempeñó iguales funciones que el personal
uniformado del Ejército Nacional, por lo que le asiste derecho al reconocimiento y
pago de la mesada pensional con fundamento en el Decreto Ley 1214 de 1990; lo
anterior teniendo en cuenta que, no es posible asimilar las funciones ejecutadas por
el actor en calidad de personal civil con las funciones propias del personal
uniformado, toda vez pertenecen a dos regímenes diferentes no equiparable entre
sí, dada la naturaleza de las funciones que por ministerio de la Ley les fueron
asignadas.
58. En este punto, resulta pertinente recordar que de conformidad con el artículo
217 de la Constitución Política, las Fuerzas Militares están constituidas por el
Ejército, la Armada y la Fuerzas Aérea, quienes tienen como finalidad primordial la
defensa de la soberanía, la independencia, integridad del territorio nacional y del
orden constitucional, mandato reiterado en el artículo 1° del Decreto 1790 de 200025.
59. En cumplimiento de este mandato Constitucional y por disposición del Decreto
1790 de 2000, al interior del Ejército Nacional el personal uniformado se encuentra
integrado por los Oficiales, Suboficiales y Soldados, quienes tienen como obligación
cumplir el mandato constitucional que les fue asignado en labores esencialmente
relacionadas con la preservación del orden público en todo el territorio.
60. De otra parte, conforme al artículo 6° del Decreto Ley 1214 de 1990, las
funciones de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y Policía son
determinadas por el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas
Militares, los Comandantes de Fuerza y la Dirección General de la Policía Nacional.
25 Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares.
16
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
61. En el curso del proceso el Jefe de Personal del Batallón de ASPC No. 11 informó
que las funciones asignadas al señor AS12 Antonio Carlos Nieto Sotomayor
corresponden a las contenidas en el Manual Específico de Funciones y
Competencias para los empleados públicos de la planta de personal del Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional distintas a las que son asignadas por ministerio de
la Ley al personal Uniformado de la Institución.
62. Obra en el plenario copia parcial del Manual Específico de Funciones y
Competencias del Ejército Nacional, documento en el que se lee:
17
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
63. Como se observa para el personal civil que presta sus servicios al Ministerio de
Defensa, existe funciones expresamente determinadas en el Manual Específico de
Funciones y Competencias, en el caso particular del demandante las relacionadas
con el transporte de personas, bienes y servicios de acuerdo a las necesidades del
servicio, funciones que de conformidad con lo probado en el proceso fueron
ejecutadas por el actor.
64. En el curso del proceso la parte demandante no probó que el personal
uniformado desempeñara idénticas funciones que el actor ejerció en calidad de
conductor – personal civil, contrario a ello y según lo relatado por los testigos ellos
no prestan guardia o realizan actividades propias del manejo del orden público, se
itera que conforme al manual específico de funciones y competencias, sus labores
estaban limitadas al trasporte de personas, bienes y servicios de acuerdo a las
necesidades del servicio.
65. Ahora bien, al margen de lo anterior, no es posible bajo el argumento esbozado
por el actor interpretar que le asiste derecho al reconocimiento de la mesada
pensional con fundamento en el Decreto Ley 1214 de 1990, porque cumplía iguales
funciones que los uniformados del Ejército Nacional, toda vez que estos últimos
pertenece a un régimen de naturaleza especial del cual el actor nunca hizo parte.
66. Conviene recordar tal como lo orientó el máximo órgano en materia
Constitucional, que el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de Policía, fue
excluido del régimen general de seguridad social por expreso mandato
Constitucional, sin consideración a la fecha de su vinculación, sin embargo, al
personal civil, solo se lo excluyó en aras de preservar sus derechos adquiridos.
67. En orden a lo expuesto, y contrario a lo afirmado por el apelante, su vinculación
con la entidad y el cumplimiento de las funciones asignadas corresponde al régimen
del personal civil del Ministerio de Defensa, el cual es diferente al reconocido a favor
del personal uniformado, dada la especialidad de las actividades que ejecutan.
68. En ese orden de ideas no le asiste derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación con fundamento en el artículo 98 del Decreto Ley 1214 de
1990, toda vez que, por la fecha en que se vinculó con la entidad, siempre fue
beneficiario de las disposiciones que regulan el sistema general de seguridad social,
contenido en la Ley 100 de 1993.
18
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
69. Bajo tales consideraciones, no prosperan los cargos del recurso de apelación
formulado por la parte actora, teniendo en cuenta que la vinculación del señor
Antonio Carlos Nieto Sotomayor se produjo en vigencia de la Ley 100 de 1993, por
lo que en materia pensional se encuentra sometido a las disposiciones que regulan
el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones actualmente administrado
por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, entidad a la que
conforme a lo probado en el plenario se encuentra afiliado el demandante.
70. En ese sentido, comparte la Sala la decisión proferida por el tribunal de
instancia, que negó las pretensiones de la demanda, por lo que se confirmará la
sentencia apelada.
2.6 Conclusión
71. En relación con el caso que nos ocupa, al señor Antonio Carlos Nieto
Sotomayor, no le asiste derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación con
fundamento en el artículo 98 del Decreto Ley 1214 de 1990, toda vez que su
vinculación con la entidad se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, por lo que desde su vinculación se encuentra sometida en
materia prestacional a las normas que rigen el sistema general de seguridad social.
2.7 Condena en costas
72. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto la existencia de carencia de fundamentación jurídica;
por lo que en esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo
análisis, de la revisión de los argumentos presentados por la parte actora, no puede
observarse dicha situación, contrario a ello, se advierte que se sustentaron las
razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en
costas.
73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
19
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 23001 23 33 000 2017 00454 01 (4593-2021)
Demandante: Antonio Carlos Nieto Sotomayor
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de abril de 2021, por el
Administrativo de Córdoba – Sala Tercera de Decisión, dentro del proceso
promovido por el señor Antonio Carlos Nieto Sotomayor en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, que negó las súplicas incoadas en la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. No condenar en costas conforme la motivación.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
20
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