Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00565-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00565-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00565-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación1
Tema: Retiro por supresión de cargo por virtud del Acuerdo Final Para
la Paz y el Decreto ley 898 de 2017
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 21 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Laureano Antonio Benavides Lugo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Oficio STH15 del 30 de junio de 2017, mediante el cual el subdirector de Talento
Humano le comunicó la supresión del cargo de fiscal delegado ante el tribunal de
distrito judicial.
1.2. Oficio 20173000023641 del 24 de agosto de 2017, con el cual el subdirector de
Talento Humano dio respuesta negativa a la «solicitud radicado
No.20176110742462», mediante la cual pidió la revisión de la supresión del cargo y
1 En lo que sigue FGN.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
su reintegro.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reintegro al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación, sin
solución de continuidad; ii) el pago de los salarios, prestaciones sociales, auxilios
y demás emolumentos a que tenía derecho, desde la fecha en que fue retirado del
servicio y hasta su reincorporación; iii) el reconocimiento y pago de 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes3, por concepto de perjuicios morales; iv) «que
en el evento de no pode materializar el respectivo reintegro con los correspondientes
derechos laborales que accesoriamente le correspondan» [sic], se pague la
indemnización de que trata el artículo 44 de la ley 909 de 2004; v) la actualización
de las sumas reconocidas; y vi) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Desde el 1° de junio de 1994 hasta el 30 de junio de 2017, Laureano Antonio
Benavides Lugo prestó sus servicios personales a la FGN, así:
Cargo Desde Hasta
Fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos 1° de junio de 1994 1° de octubre de 2000
Fiscal delegado ante jueces de circuito 2 de octubre de 2000 6 de agosto de 2001
Fiscal delegado ante el tribunal de distrito 10 de agosto de 2010 30 de junio de 2017
3.2. En ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Acto Legislativo
1 de 2016, el presidente de la República expidió el Decreto Ley 898 de 2017, con
el objeto de conformar la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y
masacres o que atentaran contra defensores de derechos humanos, movimientos
sociales o movimientos políticos, y al efecto suprimió 73 cargos de fiscal delegado
ante los tribunales de distrito.
3.3. El subdirector de talento humano de la FGN con el Oficio STH15 del 30 de junio
de 2017 le comunicó que con el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 se había
suprimido, entre otros, el cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito que
desempeñaba en la entidad, motivo por el cual su vinculación laboral terminaba en
la fecha de la comunicación. Dicho acto fue comunicado a través del correo
electrónico del 6 de julio de esa anualidad.
3 En adelante SMLMV.
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Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
3.4. El 26 de julio de 2017, le solicitó a la FGN su reintegro al cargo que venía
desempeñando o a uno de igual o superior categoría. Esta petición fue resuelta
desfavorablemente por medio del Oficio 20173000023641 del 24 de agosto de
2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 4, 5, 6, 29, 53, 54, 90, 93, 121, 123,
153, 209 y 253 de la Constitución Política; 81 del Decreto 1042 de 1978; 8 de la
Ley 57 de 1985; 46 y 149 del Decreto 1572 de 1998; 228 del Decreto Ley 19 de
2012; 43 de la Ley 1437 de 2011; 2.2.11.2.1 al 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015;
los convenios 158 Y 1919 de la OIT; las leyes 57 de 1985; 443 y 489 de 1998; 909
de 2004; el Decreto Ley 898 de 2017; y los decretos 2504 de 1998; 018, 020 y 021
de 2014.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:
5.1. Los actos demandados se encuentran viciados por una falsa motivación, puesto
que, si bien el Decreto Ley 898 de 2017 dispuso la supresión de 73 cargos de fiscal
delegado ante el Tribunal del Distrito, lo cierto es que no suprimió de manera
particular su cargo «lo que suprimió fueron 73 cargos de la planta global de 193 fiscalías
delegadas ante Tribunales del Distrito dejando en consecuencia 120 existentes, 51 en
propiedad y 69 den provisionalidad» [sic].
5.2. Le asiste el derecho al reintegro al cargo que ocupaba al momento de su
desvinculación, toda vez que el proceso de inclusión o retiro de los servidores a
quienes se les suprimió los cargos de los cuales eran titulares, como consecuencia
de la supresión o fusión de entidades o dependencias o del traslado de funciones
de una entidad a otra o de la modificación de la planta, es una decisión que debe
adoptarse según los supuestos fácticos y criterios «objetivos, técnicos, proporcionales
y razonables, no de manera omnímoda, libérrima o arbitraria» [sic].
5.3. Las decisiones objeto de reproche son nulas, toda vez no existió una justa
causa para el retiro definitivo del servicio «ya que existen otros cargos de igual función
o naturaleza y que podía ocupar normalmente gestándose un procedimiento de retiro
espurio no garantista de derechos constitucionales frente a los demás fiscales que
continuaron vinculados» [sic]. Además, tampoco examinó las hojas de vida de los
funcionarios de la planta de personal ni realizó un estudió que atendiera los planes
y programas de la entidad en el que especificara el criterio objetivo veraz y
4 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
01ExpedienteDigitalizado.pdf; folios 4 al 32.
3
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verificable con el que se soportó la designación de los empleados de la nueva
planta de personal, máxime, si se tiene en cuenta que algunos de ellos no
acreditaron el perfil idóneo debido a antecedentes penales y poca experiencia
profesional.
5.4. La administración no contaba con la autorización específica del legislador para
efectuar las reformas de personal de la entidad demandada, y aun cuando el retiro
de la función pública se efectuó en ejercicio de la facultad discrecional dada su
condición de empleado público en provisionalidad, debía fundamentarse en
razones del buen servicio.
5.5. Se configuró una desviación de poder al prescindir de varios fiscales delegados
ante el tribunal vinculados en carrera administrativa y en provisionalidad y, luego,
sin justificación alguna, nombrar otros que sin haber formado parte de la planta de
personal de la entidad se vinculan en provisionalidad.
1.2. Contestación de la demanda
6. La FGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación5:
6.1. La entidad actuó en cumplimiento de un deber legal, en tanto que la supresión
obedeció al cumplimiento de las facultades otorgadas por el Decreto Ley 898 de
2017 con el que se creó en la entidad la Unidad de Investigación para el
desmantelamiento de homicidios y masacres que atentaran contra defensores de
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenazaran o atentaran contra las personas que participaran en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, que incluye las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo en acatamiento de lo dispuesto en el acuerdo
de paz.
6.2. La modificación de la planta de personal refuerza el área misional de la entidad,
al privilegiar los procesos que permitan materializar la misión constitucional del
ente acusador a través de la ejecución de actividades de investigación y acusación,
fue así como se designaron 500 fiscales con el fin de llegar a los territorios en el
posconflicto; se privilegió la presencia de fiscales en 151 municipios. En
consecuencia, la reducción de algunos cargos y la redefinición de la planta fue el
canal que permitió reforzar la función principal de la entidad, valga decir, el ejercicio
de la acción penal y la investigación de los hechos que revisten características de
5 Ibidem, folios 118 al 136.
4
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delito, de manera que se logró mayor presencia institucional gracias a la
redistribución de recursos sin costo fiscal, lo que hizo posible incrementar el
número de fiscales delegados ante jueces municipales y promiscuos a cambio de
la supresión de cargos directivos en el nivel central.
6.3. La supresión de los cargos se realizó en virtud de la habilitación legal que le dio
el Decreto Ley 898 de 2017 y con ella se generó el cumplimiento de las finalidades
trazadas en dicha norma, a través de la creación de una planta que posibilitara la
creación de la Unidad Especial de Investigación y con el fin de contar con los
recursos institucionales y humanos necesarios. Para el cumplimiento de los
deberes del ente acusador derivados del acuerdo final de paz, se requirió de una
reorganización del área misional, lo que conllevó el cambio de la estructura en los
niveles estratégicos de apoyo y seguimiento, control y por ende el ajuste de la
planta de personal a fin de dar respuesta a las necesidades del postconflicto.
6.4. En virtud de lo dispuesto en la sentencia C-013 del 14 de marzo de 2018, la
Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Decreto Ley 898 de 2017 y en
consecuencia declaró exequible la reestructuración efectuada a la planta de
personal de la entidad demandada.
6.5. Por último, propuso las excepciones de: i) inepta demanda por tratarse de actos
administrativos no sujetos a control judicial; y ii) la genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia proferida el 21 de
octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, observó lo
siguiente6:
7.1. Los actos demandados tuvieron sustento en lo previsto por el Decreto Ley 898
de 2017 que suprimió 73 cargos de fiscal delegado ante tribunal de distrito de los
193 que habían sido creados a través del Decreto 18 del 9 de enero de 2014, de
manera que no es cierto que «deban fundamentarse en un examen detallado de las
capacidades y experiencias del demandante con los demás funcionarios, sobre todo
cuando el Consejo de Estado ha sostenido en casos similares al que se estudia que los
movimientos de personal que resultan de la modificación de la planta de personal no
afectaron a servidores con derechos de carrera o que estén, en reten social, sino a los
nombrados en provisionalidad y libre nombramiento y remoción» [sic].
6 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
29Sentencia.pdf.
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7.2. Si bien se afirma que la entidad demandada actuó con desviación de poder, lo
cierto es que no se allegó prueba de ello «sino que se limit[ó] a hacer meras
apreciaciones subjetivas, más allá de las cuales no se evidencia una intención arbitraria ni
una finalidad verdadera encubierta ni distinta a la correspondiente al objeto o contenido de
los actos administrativos demandados» [sic].
7.3. El demandante no acreditó tener iguales derechos a los de los servidores
nombrados en propiedad, para que la entidad lo tuviera en cuenta para mantenerlo
en el cargo desempeñado en forma provisional. Tampoco demostró el mejor
derecho que le asistía respecto de quienes fueron incorporados en la nueva planta,
por tanto, la entidad no tenía la obligación de reincorporarlo, puesto que no estaba
inscrito en el régimen de carrera ni demostró ser sujeto de especial protección.
1.4. El recurso de apelación
8. Laureano Antonio Benavides Lugo solicitó que se revocara la decisión con
fundamento en los siguientes argumentos 7:
8.1. Contrario a lo concluido por el tribunal, se demostró que la entidad incurrió en
desviación de poder, pues «tras la presunta supresión de cargos», la FNG realizó
nombramientos de nuevos servidores «que no estaban vinculados previamente y que
carecen de la experiencia necesaria puede ser vista como un indicio de que la supresión
del cargo del demandante no se justificó adecuadamente» [sic].
8.2. La falta de un proceso claro y equitativo para la redistribución de cargos no
suprimidos «junto con la decisión de vincular nuevo personal sin un concurso previo»,
contradice el principio de igualdad y el derecho a la estabilidad laboral.
8.3. La FNG no probó la mejora del servicio «con los nombramientos de nuevo personal
en provisionalidad lo que derrumba toda posibilidad a su favor de demostrar la legalidad
del acto de supresión de ciertos cargos y permanencia de otros por muy global que sea la
planta de la entidad siempre se deben conservar las garantías mínimas constitucionales
del articulo 53 superior y las leales de carrera junto con los principios de la OIT» [sic].
1.5. Trámite en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
7 Ibidem, 31RecursoApelacion.pdf.
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1.6. Concepto del Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
10.1. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 8, los
problemas jurídicos consisten en determinar:
10.1.1. ¿si Laureano Antonio Benavides Lugo gozaba de una estabilidad laboral
intermedia debido a su condición de empleado público nombrado en
provisionalidad?
10.1.2. ¿si se demostró la desviación de poder al afirmar que la entidad demandada
realizó nombramientos de servidores con menor experiencia y tiempo de servicio?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. El régimen de carrera especial de la FGN y la supresión del empleo
como causal del retiro del servicio
11. Dentro de los denominados sistemas de carrera administrativa especiales de
origen constitucional se previó en el artículo 253 el correspondiente a la FGN, en
el que se facultó al legislador para determinar «[…] lo relativo a la estructura y
funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del
servicio […]». A su vez, el artículo 159 de la Ley 270 de 1996 determinó su naturaleza
de régimen autónomo de carrera sujeto a los principios del concurso de méritos,
orientado a garantizar la igualdad de oportunidades.
12. En desarrollo del mandato constitucional señalado, la Ley 938 de 2004 9 previó
la estructura, competencia de cada dependencia y de los empleos, entidades
adscritas y, en general, todo lo relativo a la administración de personal y régimen
de carrera de la entidad.
8 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
9 «Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación».
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13. Con posterioridad, a través de la Ley 1654 de 2013, el Congreso de la República
revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir
normas con fuerza de ley, dirigidas a «expedir el régimen de carrera especial de la
FGN y de sus entidades adscritas y el de las situaciones administrativas de sus
servidores». En virtud de aquella disposición, el gobierno nacional expidió los
decretos 16 de 2014, que modificó y definió la estructura orgánica y funcional; 17
de 2014, que delimitó los niveles jerárquicos, modificó la nomenclatura, definió las
equivalencias y los requisitos generales para los empleos; 18 de 2014, que
modificó la planta de cargos; y 20 de 2014, que clasificó los empleos y expidió el
régimen de carrera especial de la entidad.
14. El artículo 2 del citado Decreto 20 de 2014, definió la carrera especial del ente
acusador y de sus entidades adscritas así:
«[E]l sistema técnico de administración de personal que, en cumplimiento de los
principios constitucionales de la función pública, busca garantizar la igualdad de
oportunidades para acceder a los cargos, previa demostración del mérito; proteger los
derechos de los servidores a la estabilidad y permanencia en los mismos; desarrollar
las capacidades técnicas y funcionales del servidor mediante la capacitación, los
estímulos y el ascenso. Así mismo, pretende la eficiencia y eficacia de la función que
cumplen los servidores, evaluada ésta a través del desempeño del cargo y de las
competencias laborales».
15. El artículo 5 ibidem atinente a la clasificación de los empleos determinó su
naturaleza de carrera, por regla general y como excepción, de libre nombramiento
y remoción; e indicó en el artículo 11 que los nombramientos son ordinarios, en
período de prueba, provisional y en encargo. Respecto de las causales de retiro
de la función pública se dispuso:
«Artículo 96. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la FGN y en
sus entidades adscritas se produce en los siguientes casos:
(…)
7. Supresión del empleo.
(…)
14. Las demás que determinen la Constitución y ley».
16. Esta causal de retiro de retiro del servicio fue definida en el artículo 103 ibidem,
así:
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«Supresión del empleo. Los servidores con derechos de carrera a quienes se les
supriman los cargos de los cuales sean titulares tendrán derecho preferencial a ser
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser
posible tendrán derecho a recibir una indemnización.
Cuando la incorporación se realice en un empleo igual, no podrán exigirse requisitos
distintos de los acreditados por los empleados de carrera al momento de su inscripción
o actualización en el Registro Público de Inscripción de Carrera. Una vez efectuada la
incorporación, será actualizada la inscripción en el registro y el servidor continuará con
los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo.
(…)
En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que conlleve el
pago de la indemnización sin que previamente exista la disponibilidad presupuestal
suficiente para cubrir el monto de tales indemnizaciones.
Parágrafo 2°. No se considera que hubo supresión efectiva del empleo, si como
producto de la modificación de la planta, los cargos de carrera de la nueva planta son
iguales, equivalentes o se distinguen, respecto de los que conformaban la planta
anterior, solamente por su denominación o nivel. En este evento, los titulares con
derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados directamente
en la situación en que se encontraban, no se les exigirán requisitos superiores para su
desempeño y se actualizará su inscripción en el escalafón de la carrera.
El Gobierno Nacional reglamentará el alcance del empleo equivalente para efectos de
la incorporación de los empleados de carrera administrativa, cuando su empleo se
suprima como consecuencia de un proceso de reestructuración o modificación de la
planta de empleos». [Se resalta]
17. La norma transcrita le otorgó el derecho preferente de incorporación a la nueva
planta de personal a los servidores de carrera administrativa y respecto de aquellos
empleados que no ingresaren a la función pública en virtud del mérito, esto es sin
derechos de carrera, el artículo 104 ibidem, salvaguardó a los que se encontraran
en período de prueba con la incorporación al empleo igual o equivalente hasta su
vencimiento, así como de las servidoras en estado de embarazo y en caso de que
no fuere posible, la indemnización por maternidad en la cuantía determinada por
aquella disposición.
2.2.2. Supresión de cargos en la planta de personal de la FGN en virtud del
Acuerdo Final para la paz y el Decreto Ley 898 de 2017
18. El Acto Legislativo 1 de 2016 que estableció los instrumentos jurídicos para
facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
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le otorgó facultades pro tempore al presidente de la República para expedir
decretos con fuerza de ley tendientes a facilitar y asegurar la implementación y
desarrollo normativo de aquel. En el artículo 2 determinó:
«Artículo 2. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual
quedará así:
Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al presidente
de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por
objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Las
anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes
estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o
absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos. Los decretos con fuerza de
ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad
automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de
constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte
Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición».
19. Con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas por la disposición
transcrita, el presidente de la República expidió el Decreto Ley 898 del 29 de mayo
de 201710, por medio del cual, entre otras disposiciones, se creó la Unidad Especial
de Investigación y se modificó la estructura del ente acusador y la planta de cargos.
Lo anterior en atención a que el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera le impuso varios retos al ente
investigador, entre los cuales se destacan:
19.1. (i) fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización para procesar a
quienes atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y
quienes ejercen la política, combatir la corrupción, intensificar la persecución penal
de las organizaciones criminales relacionadas con drogas ilícitas.
10 «Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de
Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables
de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos
sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en
la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo,
en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su
conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de
la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».
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19.2. (ii)
adelantar procesos de especialización en la etapa de investigación y
acusación para elevar las capacidades institucionales con el fin de combatir la
impunidad.
19.3. (iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento
de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y
masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos
sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas
que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz,
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo; y
19.4. (iv) entregar informes a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los hechos
ocurridos con ocasión del conflicto armado.
20. El citado decreto introdujo algunos cambios en materia de estructura y planta
de personal de la FGN, en cuyo título IV dispuso la supresión de los siguientes
empleos de la planta de personal, entre ellos, 73 cargos de fiscal delegado ante el
Tribunal de Distrito, según se observa a continuación:
NUMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
4 CONSEJERO JUDICIAL
291 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS
322 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO
73 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
1.101 ASISTENTE DE FISCAL
931 ASISTENTE DE FISCAL
244 ASISTENTE DE FISCAL III
210 ASISTENTE DE FISCAL IV
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
6 DIRECTOR NACIONAL II
1 DIRECTOR ESTRATÉGICO
3 DIRECTOR ESTRATÉGICO I
5 DIRECTOR ESPECIALIZADO
3 SUBDIRECTOR NACIONAL
128 SUBDIRECTOR SECCIONAL
8 JEFE DE DEPARTAMENTO
23 ASESOR I
27 ASESOR II
91 PROFESIONAL EXPERTO
94 PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
151 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
27 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
95 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
221 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
11 TÉCNICO I
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2 TÉCNICO
11 AUXILIAR I
7 AUXILIAR II
130 CONDUCTOR
140 CONDUCTOR II
1 CONDUCTOR III
2 ASISTENTE I
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
7 SECRETARIO ADMINISTRATIVO II
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
205 PROFESIONAL INVESTIGADOR
62 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
143 PROFESIONAL INVESTIGADOR
56 TÉCNICO INVESTIGADOR I
414 TÉCNICO INVESTIGADOR II
321 TÉCNICO INVESTIGADOR III
15 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I
107 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II
10 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III
16 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV
21. Por su parte, el artículo 60 ibidem dispuso la creación de los siguientes cargos
en la planta de personal de la entidad:
NUMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
1 DIRECTOR EJECUTIVO
3 DELEGADO
9 DIRECTOR NACIONAL I
6 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
8 SUBDIRECTOR REGIONAL
85 ASESOR III
2 ASESOR DE DESPACHO
1 ASESOR EXPERTO
706 TÉCNICO II
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
190 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
20 INVESTIGADOR EXPERTO
22. Así mismo, el artículo 61 ibidem dispuso la creación de los siguientes cargos
para la Unidad Especial de Investigación:
NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
1 DIRECTOR NACIONAL II
12
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
5 PROFESIONAL EXPERTO
5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
5 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
2 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
3 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
4 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADO
4 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL CIRCUITO
5 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS
5 ASISTENTE DE FISCAL I
4 ASISTENTE DE FISCAL II
4 ASISTENTE DE FISCAL III
3 ASISTENTE DE FISCAL IV
5 SECRETARIO EJECUTIVO
2 ASISTENTES I
1 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
12 TÉCNICO INVESTIGADOR I
13 TÉCNICO INVESTIGADOR II
3 CONDUCTOR II
23. En los artículos 62 a 67 del Decreto Ley 898 de 2017, se previó i) la continuidad
en el servicio, esto es el ejercicio de las funciones del empleo en el que los
servidores se encontraran nombrados con la remuneración asignada, hasta tanto
se produjera su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunicara la
supresión de sus cargos; y respecto de quienes tuvieran causada la pensión, solo
se haría efectiva a partir del ingreso a la nómina de pensionados; ii) el carácter
global y flexible de la planta de cargos, que conllevaba la facultad del fiscal general
de la Nación para «distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de éstas, de
conformidad con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de
la entidad»; iii) la prohibición de pérdida o desmejora respecto de los servidores con
derechos de carrera como resultado de la incorporación o movimiento de personal;
y iv) la vigencia de las funciones asignadas hasta tanto se distribuyera la nueva
planta de personal y el fiscal general expidiera los actos administrativos necesarios
para la entrada en funcionamiento de la nueva estructura.
24. La Corte Constitucional en sentencia C-013 de 2018 al efectuar la revisión de
constitucionalidad del Decreto Ley 898 de 2017 y en concreto del Título II, sobre la
reorganización administrativa, consideró que la supresión de algunas
dependencias del órgano de investigación y acusación, la fusión y creación de
otras, constituyeron cambios orgánicos cuya competencia fue otorgada por
13
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
mandato constitucional al legislador11, y de ningún modo alteró las competencias
y facultades constitucionales de la FGN12.
25. En el examen material del Título IV, relativo a la supresión de 5.737 cargos de la
planta de personal de la FGN, la Corte Constitucional determinó que el propósito de
la modificación fue reforzar el área misional de la entidad, en la medida en que se
realizó una disminución significativa de los cargos del nivel directivo, profesional y
asistencial que conllevó una reducción en los gastos de personal con miras al manejo
eficiente de los recursos públicos. En tal sentido, encontró que la reforma institucional
perseguía fines constitucionalmente válidos, esto es los principios de igualdad,
eficacia y economía previstos en el artículo 209 constitucional, entre otros.
26. Sin embargo, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 62 ibidem «en el
entendido de que los derechos constitucionales laborales se protegerán de conformidad
con lo expresado en la parte motiva de esta providencia». En relación con este
condicionamiento señaló:
«El artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 regula la continuidad en el servicio. Se
prevé que los servidores continuarán desempeñando las funciones del empleo en el
cual se encuentran nombrados y devengado su respectiva remuneración, hasta tanto
se produzca su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la supresión
de sus cargos, aclarando que “La supresión efectiva de los cargos de los servidores
que tienen causada la pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina de
pensionados”.
[…]
Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se
surte, resulta necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y
contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres y mujeres cabeza
de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las personas
que a 29 de mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de 2017, les
faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva
pensión; y las personas en condición de discapacidad, respecto de quienes se suprimen
los cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de sus derechos
constitucionales. En este sentido, se declarará la exequibilidad condicionada del
artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las personas a las que se
ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con ocasión del proceso de
ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y posesionados en otro cargo
igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que se mantienen en la FGN».
11 Artículo 253 de la Constitución Política.
12 Artículos 249, 250, 251 y 252 Superiores.
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Radicado: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
27. Es así como los procesos de reestructuración de las entidades públicas y las
subsecuentes modificaciones a las plantas de personal, deben ir acompañadas de
las garantías necesarias para proteger los derechos fundamentales del trabajador y
muy especialmente los de aquellos que por su condición personal ven limitadas las
posibilidades de desempeño, como ocurre en el caso de los pre-pensionados, las
personas en situación de discapacidad y los hombres y mujeres cabeza de familia,
alrededor de los cuales ha sido dispuesto el retén social.
28. En los anteriores términos, la Corte Constitucional encontró ajustado al
ordenamiento superior el Título IV del Decreto Ley 898 de 2017, puesto que atendió
el requisito de conexidad suficiente y superó el juicio de estricta necesidad, por
cuanto se demostró la existencia de una proximidad estrecha entre el objeto
regulado en el texto del Acuerdo Final para la paz y las disposiciones sometidas al
control de constitucionalidad. Sin embargo, fijó un condicionamiento especial para
el retiro de los servidores públicos que hacían parte del retén social y beneficiarios
de la estabilidad laboral reforzada.
2.2.3. Sobre la motivación del acto administrativo de retiro del servicio
29. El acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de
una autoridad o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas
otorgadas por la Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen
ciertos efectos jurídicos. Por regla general, la administración debe exponer en él los
motivos de hecho y de derecho que sustenta la decisión que contiene para evitar
decisiones arbitrarias y controlar que las autoridades actúen conforme con el fin de
la función pública y dentro del marco de las normas que autorizan la decisión13. Esta
regla admite excepciones, solo si la Constitución Política o la ley lo determinan.
30. La motivación del acto administrativo permite su control judicial, materializa el
debido proceso de los afectados al permitirles ejercer su derecho de defensa y
contradicción y debatir las razones que plasmó la administración. También desarrolla
el principio de publicidad contenido en el artículo 209 Constitucional14, por cuanto se
da a conocer a la sociedad y a la persona la decisión y su fundamento, de suerte que
se evitan decisiones arbitrarias por la simple discrecionalidad de la autoridad.
13 Ver sentencia C-734 de 2000. El artículo 36 de CCA establecía que «Artículo 36.- Decisiones
discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular,
sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los
hechos que le sirven de causa». Actualmente el artículo 44 del CPACA indica «Decisiones
discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular
sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los
hechos que le sirven de causa».
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020,
Radicado: 68001-23-33-000-2013-00611-01(4110-16). Actor: Armando Jaimes Ortiz.
15
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
31. En lo que respecta a la motivación de los actos administrativos que disponen el
retiro del servicio de empleados en provisionalidad, la jurisprudencia constitucional
ha considerado que deben ser motivados, puesto que no existe norma que exonere
al nominador de cumplir este requisito15 y no hacerlo contraviene los postulados
antedichos. Además, que es obligatorio porque, aunque no son empleados de carrera
administrativa tampoco son de libre nombramiento y remoción y, por ende, gozan de
una protección intermedia, una estabilidad laboral relativa, que obliga a la
sustentación de su desvinculación16.
32. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2010 manifestó que
es deber de las autoridades motivar tales actos y que tal sustentación debe ser clara,
detallada y precisa en virtud del principio de «razón suficiente» que conlleva que en el
acto administrativo «deben constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y
de derecho, por las cuales se decide remover a un determinado funcionario, de manera que
no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se
predican directamente de quien es desvinculado».
33. Bajo estos parámetros explicó: «sólo es constitucionalmente admisible una motivación
donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo
por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones
disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que
está prestando y debería prestar el funcionario concreto”».
34. El Consejo de Estado indicó que, a partir de la expedición de la Ley 909 de 2004,
es obligatoria la motivación de los actos administrativos que disponen el retiro de un
empleado en provisionalidad, por cuanto ello «obedece a razones de índole
constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce en la obligación para la
administración de prodigar un trato igual a quienes desempeñan un empleo de carrera, el
que funcionalmente considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los
empleados provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre ellas la estabilidad
relativa, en la medida en que su retiro del servicio se produce bajo una competencia reglada
del nominador, por causales expresamente previstas (art. 41 Ley 909 de 2004, art. 10 Dec.
1227 de 2005), y que justifican la decisión que debe producirse mediante acto motivado»17.
15 T-356 de 2008.
16 T-007 de 2008.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 23 de septiembre de 2010.
Radicado: 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08),
Esta postura ha sido reiterada por esta sección, entre otras, en las siguientes providencias:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de
2021.Radicado 66001-23-33-000-2016-00555-01(5295-19).
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021.
Radicado: 05001-23-33-000-2012-00365-02(2358-17).
16
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
35. En definitiva, los actos administrativos de retiro del servicio de los empleados
provisionales deben ser motivados por parte de la administración, según los criterios
expuestos.
2.3. Caso en concreto
36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
36.1. Entre el 1° de junio de 1994 y el 30 de junio de 2017 Laureano Antonio
Benavides prestó su servicio a la FGN, así18:
Acto administrativo Cargo Desde Hasta
Resolución 0-0846 del 23 Fiscal delegado ante jueces
1° de junio de 1994 1° de octubre de 2000
de mayo de 199419 municipales y promiscuos
Resolución 0-1767 del 12 Fiscal delegado ante jueces
2 de octubre de 2000 6 de agosto de 2001
de septiembre de 20020 del circuito
Resolución 01601 del 21 de Fiscal delegado ante el
10 de agosto de 2010 30 de junio de 2017
julio de 201021 Tribunal de Distrito
36.2. Mediante la Resolución 0-0361 del 10 de febrero de 201122, el fiscal general
de la Nación lo nombró en propiedad en la planta de la entidad «en el cargo de fiscal
ante Tribunal de Distrito en la Dirección de Seccional de Fiscalías de Santa Marta». Lo
anterior, comoquiera que obtuvo calificación satisfactoria con ocasión del
nombramiento en periodo de prueba efectuado por la «Resolución 01601 del 21 de
julio de 2010».
36.3. A través de la Resolución 00909 del 13 de junio de 2012, en cumplimiento de
la sentencia SU-446 de 2011, el fiscal general de la Nación modificó «el carácter del
nombramiento en propiedad efectuado […] en el sentido de indicar que su nombramiento
se entiende en provisionalidad»23 [sic].
36.4. En la certificación expedida el 19 de abril de 2018, por el jefe del Departamento
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2021.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01558-02(2184-19).
18 La información descrita también se encuentra fundada en la certificación expedida el 6 de julio
de 2017 por el profesional de gestión II, de la Dirección Seccional de Fiscalía de Cordoba, visible
en Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
01ExpedienteDigitalizado.pdf; folio 63.
19 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
01ExpedienteDigitalizado.pdf; folio 66.
20 Ibidem, folios 67 y 68.
21 Ibidem, folios 69 al 74
22 Ibidem, folio 75.
23 Ibidem, folios 77 al 81.
17
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
Administrativo de Personal de la FGN se hizo constar que «el id 22632 del cargo que
ocupaba el servidore Benavides Lugo, equivalente a Fiscal Delegado ante Tribunal de
Distrito, en la Subdireccción Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana-Cordoba, fue
suprimido a partir del 1 de julio de 2017, según lo establecido en el decreto Ley 898 de
2017»24 [sic].
36.5. Con el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, el presidente de la República,
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de
2016, dispuso «crear al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de
Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales
responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra
las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la
paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en
consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación,
la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones»25.
36.5.1. El artículo 59 del decreto mencionado en el párrafo que antecede dispuso la
supresión de algunos cargos de la planta de personal de la FGN, entre los cuales,
se encuentran 73 empleos de fiscal delegado ante tribunal de distrito así:
Número Denominación del cargo
Planta global área fiscalías
4 Consejero judicial
291 Fiscal delegado ante jueces penales de circuito especializados
322 Fiscal delegado ante jueces de circuito
73 Fiscal delegado ante tribunal del distrito
1101 Asistente de fiscal I
931 Asistente de fiscal II
244 Asistente de fiscal III
210 Asistente de fiscal IV
36.6. En la Resolución 2358 de 29 de junio de 201726, por medio de la cual distribuyó
los empleos que no fueron suprimidos por disposición del Decreto 898 del 29 de
mayo de 2017, expedida por la FNG se consideró:
24 Ibidem, folio 114.
25 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
17RespuestaFiscalia.pdf; folios 6 al 46.
26 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
08RespuestaFiscalia.pdf; folios 33 al 1151.
18
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
«Que mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de Investigación
para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables
de Homicidio y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las
personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la
paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en
el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación
y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.
Que como consecuencia de esta modificación se hace necesario distribuir los cargos
de la Planta adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación» [Se resalta]
36.6.1. De acuerdo con la parte resolutiva de este acto administrativo en el que se
dispuso «[d]istribuir los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación
y determinar la ubicación de los servidores de la entidad», se observó la creación de 3
cargos de fiscal delegado ante el tribunal de distrito para la Unidad de
Investigación, así:
Número Denominación del cargo
1 Director nacional II
5 Profesional experto
5 Profesional especializado II
5 Profesional de gestión III
2 Profesional de gestión I
3 Fiscal delegado ante tribunal de distrito
4 Fiscal delegado ante jueces penales de circuito especializados
4 Fiscal delegado ante jueces de circuito
5 Fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos
5 Asistente de fiscal I
4 Asistente de fiscal II
4 Asistente de fiscal III
3 Asistente de fiscal IV
5 Secretario ejecutivo
2 Asistente I
1 Profesional investigador II
12 Técnico investigador I
13 Técnico investigador II
3 Conductor II
36.7. Por medio del Oficio STH 15 del 30 junio de 2017, el subdirector de talento
humano de la FGN le comunicó al actor que «el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de
2017 suprimió, entre otros cargos, el de FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DE
DISTRITO que usted desempeña en la Fiscalía General de la Nación, motivo por el cual,
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Radicado: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
su vinculación laboral terminar[ía] al finalizar el 30 de junio de 2017»27 [sic].
36.8. El 26 julio de 2017, el demandante le solicitó a la FGN ordenar el reintegro al
cargo de fiscal delegado ante el tribunal superior o a uno de igual o superior
categoría28.
36.9. Mediante el Oficio STH-201730000023641 del 24 de agosto de 2017, el
subdirector de talento humano de la FGN negó la anterior petición, en los
siguientes términos29:
«[E]l Decreto Ley 898 de 2017, ordena a la Fiscalía General de la nación suprimir los
cargos de Fiscal Delegado ante Tribunal y para tal efecto, se comunicó de la supresión
a los servidores titulares afectados.
Ahora bien, es necesario que los servidores tengan en cuenta que los nombramientos
en provisionalidad tienen una estabilidad laboral transitoria y sujeta a la supresión, la
cual atiende a la naturaleza del empleo y se encuentra descrita en el acto administrativo
de nombramiento […]
Lo señalado anteriormente, permite indicar que la Fiscalía General de la Nación dio
cumplimiento al mencionado decreto ley, teniendo en cuenta la debida prestación del
servicio y el correcto funcionamiento de las diferentes direcciones y dependencias que
la conforman.
Por lo anteriormente expuesto no es posible atender su solicitud de reintegro» [sic].
36.10. Con el Oficio STH 30100 del 29 de julio de 2021, suscrito por el subdirector
de talento humano de la FGN, se certificaron los «nombramientos en provisionalidad
posteriores a 30 de junio de 2017 en los cargos de Fiscales delegados ante tribunales de
Distrito hasta el 24 de noviembre de 2017 (fecha de presentación de la demanda)» [sic],
así30:
«A continuación se relacionan los nombramientos en las fechas indicadas. Se anexan
copias auténticas de los actos administrativos:
27 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
01ExpedienteDigitalizado.pdf, folios 52 al 53.
28 Ibidem, folios 58 al 61.
29 Ibidem, folios 54 al 57.
30 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
08RespuestaFiscalia.pdf; folios 3 al 7.
20
Radicado: 23001-23-33-000-2017-00565-02 (0439-2025)
Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
Es preciso señalar que antes de la supresión de cargos, se contaba con ciento noventa
y tres (193) cargos de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, conforme a lo indicado
en el Decreto Ley 018 de 2014 y posteriormente en cumplimiento de la modificación de
la planta dispuesta en el Decreto Ley 898 de 2017, se suprimieron setenta y tres (73)
cargos de esta denominación, quedando una planta de personal de ciento veinte (120)
empleos de Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito
Es así que con posterioridad a la supresión de los setenta y tres (73) cargos de Fiscal
Delegado ante Tribunal de Distrito, esto es, a partir del 1 de julio de 2017 y durante las
fechas señaladas, se efectuaron cuatro (4) nombramientos, los cuales obedecieron a
renuncias que se presentaron y licencia no remunerada del cargo, después de la
publicación de la Resolución 0-2358 de 2017, por medio de la cual se distribuyeron los
cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.
[…]
“Indique cuales fueron los motivos por los cuales la entidad procedió a nombrar
de manera provisional como fiscales delegados ante Tribunal De Distrito a los
señores José Elver Barbosa Hernández y Claudia Marcela Martínez con
posterioridad al 30 de junio de 2017, y si se tuvo en cuenta a personal que antes
ocupaba dichos cargos como el demandante”.
Respuesta: Dichos nombramientos obedecieron a renuncias que se presentaron
después de la publicación de la Resolución 0-2358 de 2017, por medio de la cual se
distribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación»
[sic].
36.11. Además, fueron allegados los siguientes documentos:
36.11.1. Actos
administrativos a través de los cuales la FGN realizó algunos
movimientos de personal en relación con el demandante31.
31 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
09RespuestaFiscalia.pdf.
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Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
36.11.2. Estudio técnico denominado «organización de la Fiscalía de la gente, para la
gente y por la gente» del 5 de enero de 2017, en el cual se realizó un extenso y
pormenorizado análisis del gasto fiscal de la entidad y la propuesta de «austeridad
inteligente» a fin de ajustar el accionar misional a los focos de criminalidad y de
apoyar los mecanismos de justicia excepcional para la transición a la paz y la
investigación de los hechos relacionados con el conflicto armado, así como la
disminución de los tiempos de investigación y judicialización de todos los casos
para dar una respuesta adecuada en menor tiempo32.
36.11.3. Actos de nombramiento de Claudia Marcela Martínez Murillo33, José Elder
Barvoda Hernández34 y Rubén Darío Arciniegas Calderón35, en los cargos de fiscal
delgado ante tribunal del distrito.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
37. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia proferida el 21 de
octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el
demandante ostentaba la condición de empleado en provisionalidad y no había
acreditado una situación especial de protección como prepensionado, hombre
cabeza de familia o en condición de discapacidad, por lo que aun cuando la
denominación del cargo que desempeñaba no desapareció de la planta de
personal de la entidad, sí se redujo ostensiblemente de 193 a 120 y su ejercicio en
provisionalidad no le otorgaba fuero de estabilidad.
38. Asimismo, porque Laureano Antonio Benavides Lugo no demostró el mejor
derecho que le asistía respecto de quienes fueron incorporados en la nueva planta,
por tanto, la entidad no tenía la obligación de reincorporarlo, puesto que no estaba
inscrito en el régimen de carrera ni había demostrado ser sujeto de especial
protección.
39. Elrecurrente señaló que la entidad demandada infringió las normas que
regularon los procesos de reestructuración en la medida en que se desconoció la
estabilidad laboral intermedia de la que gozaba en su calidad de servidor en
32 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
02EstudioTecnico15062017.pdf.
33 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi(.zip) NroActua 2;
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_3_1422025zi_0_20250214112938026;
08RespuestaFiscalia.pdf; folios 26.
34 Ibidem, folios 24 y 25.
35 Ibidem, folios 28 al 31.
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Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
provisionalidad. Además, que se demostró que la FGN había incurrido en
desviación de poder, pues «tras la presunta supresión de cargos», realizó
nombramientos de nuevos servidores «que no estaban vinculados previamente y que
carecen de la experiencia necesaria puede ser vista como un indicio de que la supresión
del cargo del demandante no se justificó adecuadamente» [sic].
40. Al respecto, la Sala señala en primer lugar que si bien es cierto Laureano
Antonio Benavides Lugo gozaba de una protección intermedia derivada de una
estabilidad laboral relativa, se configuró una de las causales de retiro del servicio
previstas en artículo 96 del Decreto 20 de 2014, esto es la supresión en virtud del
proceso de ajuste institucional de la entidad, sin que acreditara alguna de las
circunstancias que lo hiciera beneficiario del retén social, de acuerdo con lo previsto
por la Corte Constitucional en la sentencia C-013 del 14 de marzo de 2018. En tal
sentido, la administración solo se encontraba obligada a la sustentación de su
desvinculación.
41. Dentro de las pruebas aportadas al proceso no existe un acto administrativo
distinto de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 que distribuyó los cargos de
la planta de personal de la FGN con ocasión de lo dispuesto en el Decreto Ley 898
de 2017. Sin embargo, para la Sala en el sub examine sí existe el acto de retiro del
servicio motivado, según pasa a exponerse.
42. Si bien no hay un acto administrativo específico que disponga de manera
expresa el retiro de Laureano Antonio Benavides Lugo, como se expuso en los
acápites precedentes, este se produjo en virtud del Decreto Ley 898 de 2017, en
tanto el artículo 59 suprimió de la planta de personal 73 cargos de fiscal delegado
ante tribunal de distrito, y el artículo 63 facultó al fiscal general de la nación para
distribuir, trasladar y reubicar los empleos, de conformidad con las necesidades del
servicio, para el funcionamiento de la nueva estructura de la entidad.
43. De este modo, al señalarse en el Oficio STH 15 del 30 junio de 2017 que el retiro
del servicio obedeció a la supresión del empleo de fiscal delegado ante tribunal de
distrito ordenada por el Decreto Ley 898 de 2017, es claro que se indicó la razón
de la desvinculación del demandante y bastaba solo con ir al texto de esa norma
para corroborarlo, de tal manera que para la Sala sí se cumplió con el principio de
«razón suficiente» exigido por la sentencia SU-917 de 2010, en tanto la supresión
del empleo es una razón constitucional y legalmente admisible para disponer el
retiro de un empleado en provisionalidad, por lo que no prospera el cargo del
recurso.
44. Precisamente, a través de la Resolución 2358 de 29 de junio de 2017, la FGN
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Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
distribuyó los cargos de la planta de personal de la entidad, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
«Que mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de Investigación
para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables
de homicidio y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las
personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la
paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en
el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación
y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la FGN, la planta de
cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».
45. De lo anterior, se extrae que los motivos de la resolución fueron concordantes
con la finalidad que se propuso el gobierno nacional al expedir el Decreto Ley 898
de 2017 y el estudio técnico que le precedió. En efecto, de la revisión de este último
documento se observó un análisis comparativo de las dependencias nuevas y
actuales, las razones que motivaron su modificación, la consolidación y diseño de
la estructura organizacional, el análisis de cargas de trabajo, los perfiles de los
cargos y planta de personal incluido su impacto presupuestal. Todo ello bajo «los
parámetros metodológicos y técnicos exigidos en la Guía de Rediseño Institucional de
Entidades Públicas de julio de 2014, emitida por el Departamento Administrativo de la
Función Pública -DAFP». De manera particular y específica, el estudio al referirse al
área administrativa determinó:
«[…]
7.7 Área Administrativa
La modificación estructural de la Fiscalía necesaria para cumplir con los
compromisos establecidos en el Acuerdo Final, requiere un manejo gerencial del
área administrativa que incluya la tendencia actual de la austeridad inteligente en el
sector público. En este sentido, se propone una reducción en el número de
dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión, como se mencionó
anteriormente, que pasa de 24 Subdirecciones Seccionales a 8 Subdirecciones
Regionales. Como consecuencia, hay una reducción importante en los cargos del
Nivel Directivo, Profesional y Asistencial (cargos de Auxiliar, Asistente, secretario y
Conductor). Esto incide en la disminución en los gastos de personal (Tabla 34).
La atomización existente de algunas dependencias tiene como consecuencia la falta
de coordinación y demora en la ejecución de los procesos en la entidad. Con miras
a la optimización de la comunicación interna y mayor articulación entre
dependencias, la parte misional de la Entidad, en cabeza de la Vice Fiscalía General,
se organiza en tres delegadas: La Delegada para la Seguridad Ciudadana, la
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Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
delegada contra la Criminalidad Organizada, y delegada para las Finanzas
Criminales.
Esta reorganización estructural y el análisis de las cargas laborales, mostraron una
reducción significativa de cargos en todos los niveles, excepto en el Nivel Asesor,
toda vez que los cargos de este nivel serán los encargados de liderar las Secciones
de Fiscalía, Policía Judicial y Atención al Usuario en las 35 Direcciones Seccionales
del territorio Nacional.
La reducción del nivel Directivo, permitirá financiar la ampliación de cargos
misionales activos (Fiscales e Investigadores) que serán distribuidos a nivel
nacional, para aumentar la efectividad de las investigaciones a cargo.
En la Tabla 34, se evidencia la reducción de cargos en 4.706 y la disminución de
gastos de personal total en $495.659.163.645.
Tabla 34. Comparativa planta actual vs planta nueva
PLANTA ACTUAL PLANTA NUEVA
N° NIVEL Costos Total N° Cargos NIVEL Costos Total
Cargos Anual Anual
226 Directivo 61.104.789.156 95 Directivo 30.987.492.740
81 Asesor 15.332.666.460 119 Asesor 27.338.335.949
9.009 profesional 1.472.084.767.3 7.444 profesional 1.223.317.997.437
59
17.163 Técnico 1.351.552.135.1 14.422 Técnico 1.137.640.770.026
30
2.357 Asistencia 105.885.350.408 2.050 Asistencia 91.015.948.718
Total 28.836 - 3.005.959.708.51 24.130 - 2.510.300.544.870
[…]»
46. Como puede observarse, el estudio técnico analizó en forma detallada cada uno
de los diversos componentes necesarios que justificaban el proceso de
reestructuración de la entidad, esto con base en una i) metodología de diseño
organizacional y ocupacional en consideración de los procesos misionales y de
apoyo; ii) evaluación de la prestación de los servicios; y iii) evaluación de las
funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos y por supuesto, la
focalización en la investigación y el ejercicio de la acción penal orientada al
fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía General de la Nación a nivel
nacional, particularmente, en los territorios más afectados por la criminalidad, todo
ello con ocasión justamente de la implementación del Acuerdo final para la paz.
47. Por último, en el escrito de apelación el demandante señaló que se había
demostrado que la FGN incurrió en desviación de poder, pues «tras la presunta
supresión de cargos», realizó nombramientos de nuevos servidores «que no estaban
vinculados previamente y que carecen de la experiencia necesaria puede ser vista como
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Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
un indicio de que la supresión del cargo del demandante no se justificó adecuadamente»
[sic].
48. Al respecto, del contenido del artículo 167 del CGP, se extrae el principio de la
carga de la prueba, en el que se establece que a las partes les incumbe acreditar
los hechos que alegan y constituyen fundamento de sus pretensiones, de tal
manera que ellas soportan las consecuencias de su inactividad, descuido o de su
equivocada actividad probatoria. Entonces, quien afirma un hecho es quien está
obligado a probarlo, de tal manera que es obligación de quien pretenda el
reconocimiento de un derecho, demostrar los hechos que se ponen de presente
en la demanda o en su contestación para soportar las pretensiones o las
excepciones de la defensa, a través de los medios de prueba previstos por el
legislador36.
49. En esa medida, la aseveración atinente a que los nombramientos de «Claudia
Marcela Martínez Murillo […] José Elder Barvoda Hernández […] y Rubén Darío Arciniegas
Calderón» no se basaron en criterios objetivos, esto es el mejoramiento del servicio,
debido a las condiciones técnicas, profesionales y fácticas de esos servidores
implicaba un ejercicio probatorio a su cargo, sin que existiera la necesidad de
aplicar el principio de distribución de la carga de la prueba para determinar cuál de
las partes en contienda tenía la obligación de demostrar dicho supuesto fáctico. Si
bien alegó que era la demandada la que tenía mejores condiciones para acreditar
que estuvieron ajustados a los criterios de objetividad, lo cierto es que el
demandante contó con todos los medios probatorios para acreditar los supuestos
invocados en contra de aquel, de manera que había podido acudir a cualquiera de
ellos para lograr el propósito probatorio perseguido.
50. Bajo los razonamientos expuestos, no es de recibo la alegación del demandante
referente a que le correspondía a la demandada demostrar que tales
nombramientos se realizaron con sujeción a criterios de objetividad, habida cuenta
que, desde el punto de vista normativo y jurisprudencial, esta carga procesal le
correspondía asumirla a la parte demandante, la que en definitiva era la llamada a
probar los hechos o supuestos fácticos en que fundó sus pretensiones y por tanto,
a demostrar la causal de nulidad invocada.
36 Para ese efecto, el artículo 165 del CGP previó los medios de prueba de que se puede disponer
en el marco de un proceso judicial así: «[s]on medios de prueba la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación
del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que
regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías
constitucionales».
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51. Entonces, comoquiera que los actos administrativos encuentran sustento en
normas de orden constitucional y cobijados por la presunción de legalidad, se
presume que el empleador, al elegir los servidores públicos que se incorporaron y
los que son retirados del servicio, tuvo en consideración aspectos como sus
méritos académicos y profesionales, experiencia y antecedentes laborales para
tomar una decisión con el propósito de lograr la prestación de un mejor servicio y,
con ello, en la satisfacción del interés general.
52. Es así como le correspondía al demandante desvirtuar tal presunción, al
acreditar que se le retiró del servicio aun cuando no solo cumplía con los requisitos
mínimos para el ejercicio del empleo, sino mejores condiciones de cara al
mejoramiento del servicio. Por las razones hasta aquí expuestas en precedencia,
se confirmará la sentencia apelada.
2.4. Costas
53. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
54. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
55. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma37.
56. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
37 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
57. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar
en costas.
4. Conclusión
58. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, aunque el demandante
gozaba de una protección intermedia derivada de una estabilidad laboral relativa,
en el presente caso se configuró una causal legal de retiro del servicio, esto es la
supresión del empleo, sin que el demandante estuviera dentro del retén social.
59. Sumado a ello, se cumplió con el principio de «razón suficiente» para el retiro del
demandante en su condición de empleado en provisionalidad, sin que se
demostrara la falsa motivación o desviación de poder de los actos acusados, ni
que Laureano Antonio Benavides Lugo tuviera mejor derecho respecto de los
demás funcionarios que fueron vinculados en el empleo de fiscal delegado ante el
tribunal de distrito.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 21 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Laureano Antonio Benavides Lugo contra la Fiscalía General de la Nación, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: Laureano Antonio Benavides Lugo
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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