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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2017-00566-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2017-00566-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO - Responsabilidad del Estado en la producción del daño antijurídico en virtud del título jurídico de imputación de falla en el servicio / MUERTE DE CIVIL - Por uso excesivo de la fuerza durante operativo - aplicación de la prueba indiciaria / HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA – No se acreditó dicha causal eximente de responsabilidad / PERJUICIOS MORALES - Se presume de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil. 1. La Subsección decide los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia del 24 de abril de 2024, por medio de la cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO 2. Los demandantes solicitan que se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón, ocurrida el 17 de octubre de 2015, en el municipio de Los Córdobas (Córdoba); según se indicó en el escrito inicial, miembros de la entidad demandada lo asesinaron en un procedimiento de registro y allanamiento realizado en la vivienda en la que residía. ANTECEDENTES 3. En escrito presentado el 27 de noviembre de 20171, Sandra Milena Vertel Pérez y otros2, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin 1 Documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en el índice 2 del aplicativo Samai. 2 Como demás demandantes figuran Jhoan Enrique Ariz Vertel y Tatiana Milena Aris Vertel. Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595) Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Reparación directa de que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios a ellos irrogados3 con ocasión de la muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón. 4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente: […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-33-000-2017-00566-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 23001-23-33-000-2017-00566-01 (71.595)
Demandantes: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

Temas: FALLA DEL SERVICIO - Responsabilidad del Estado en la producción del daño
antijurídico en virtud del título jurídico de imputación de falla en el servicio / MUERTE DE
CIVIL - Por uso excesivo de la fuerza durante operativo - aplicación de la prueba indiciaria
/ HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA – No se acreditó dicha causal eximente de
responsabilidad / PERJUICIOS MORALES - Se presume de quienes concurren al proceso,
debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

1. La Subsección decide los recursos de apelación formulados por las partes contra
la sentencia del 24 de abril de 2024, por medio de la cual la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Los demandantes solicitan que se declare la responsabilidad patrimonial de la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte de Jáder Enrique
Ariz Blandón, ocurrida el 17 de octubre de 2015, en el municipio de Los Córdobas
(Córdoba); según se indicó en el escrito inicial, miembros de la entidad demandada
lo asesinaron en un procedimiento de registro y allanamiento realizado en la
vivienda en la que residía.

ANTECEDENTES

3. En escrito presentado el 27 de noviembre de 20171, Sandra Milena Vertel Pérez
y otros2, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación
directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin

1 Documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en el índice 2
del aplicativo Samai.
2 Como demás demandantes figuran Jhoan Enrique Ariz Vertel y Tatiana Milena Aris Vertel.

Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

de que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios a ellos
irrogados3 con ocasión de la muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón.

4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

5. El 17 de octubre de 2015, aproximadamente a las 11:30 horas, un comando
especial de la Policía Nacional, con el propósito de realizar un procedimiento de
registro y allanamiento, ingresó a la vivienda en la que se encontraba el señor Ariz
Blandón con su compañera permanente e hijos, ubicada en una vereda del
corregimiento denominado “La Caña”, en el municipio de Los Córdobas
(departamento de Córdoba).

6. Los uniformados identificaron a Jáder Enrique Ariz Blandón con el alias de “Boris”
y le ordenaron arrojarse al piso boca abajo, posición en la que fue esposado;
después, fue llevado hacía un corral de ganado, donde, según se indicó en la
demanda, le propinaron varios disparos que causaron su deceso.

7. Se agregó que Omar Yesid Navarro Vertel, hijo de la señora Sandra Milena Vertel
Pérez, fue apodado como “El Guaco” por los uniformados, quienes lo golpearon y,
posteriormente, lo subieron a un helicóptero, junto con el difunto Jáder Enrique Ariz
Blandón, con dirección al aeropuerto “Los Garzones” de la ciudad de Montería.

8. El cadáver del señor Ariz Blandón fue dejado en el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, mientras que Omar Yesid Navarro fue trasladado a una Unidad

3 A continuación, la síntesis de las pretensiones consignadas en el escrito por medio del cual se

corrigió la demanda (visibles a folio 90 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del
expediente digital, que obra en el índice 2 del aplicativo Samai):
“Como consecuencia de la anterior declaración condénese a La Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, a pagarle a los demandantes por concepto de daños o perjuicios materiales o
patrimoniales y morales, las siguientes sumas:
PRIMERA. PERJUICIOS MATERIALES.
Daño emergente: Por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, una suma de dinero
no inferior a diez ($10.000.000) millones de pesos, moneda legal, que corresponde a los gastos de
entierro y demás honras fúnebres.
(…).
[En cuanto al lucro cesante:]
A Sandra Milena Bertel (sic) Pérez la suma de cuatrocientos cuarenta nueve millones de pesos
$449.000.000
A Jáder (sic) Enrique Ariz Vertel la suma de doscientos veinticuatro millones quinientos mil de pesos
$224.500.000
A Tatiana Milena Ariz Vertel la suma de doscientos veinticuatro millones quinientos mil de pesos
$224.500.000
SEGUNDA. PERJUICIOS MORALES.
(…).
En consecuencia, se solicita, a la entidad convocada, reconozca a los convocantes, como perjuicios
morales las siguientes sumas de dinero:
Para Sandra Milena Vertel Pérez -Compañera permanente de Jáder Ariz B.-, mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la providencia aprobatoria de la
conciliación a que se llegue en este trámite.
Para Jáder (sic) Enrique Ariz Vertel -hijo-, mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
a la fecha de ejecutoria de la providencia aprobatoria de la conciliación a que se llegue en este
trámite.
Para Tatiana Milena Ariz Bertel -hija-, mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la
fecha de ejecutoria de la providencia aprobatoria de la conciliación a que se llegue en este trámite
(…)”.

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

de Reacción Inmediata (URI), lugar en el que estuvo retenido hasta el 18 de octubre
de 2015.

9. En el escrito inicial se refirió que, previo al fallecimiento de Jáder Enrique Ariz
Blandón, se repartieron unos volantes en los que se le reseñaba como una persona
“buscada” y perteneciente a una banda criminal, pero que ello no correspondía a la
realidad, tanto así que esa situación irregular fue denunciada por una de las
demandantes ante la Personería Municipal de Los Córdobas, el Comando de la
Policía Nacional y el Juzgado 164 de Instrucción Penal Militar. Se especificó,
además, que el señor Ariz Blandón se desmovilizó de las llamadas Autodefensas
Unidas de Colombia -en adelante AUC- en el 2005 y que, desde ese entonces,
cumplía los compromisos que adquirió en dicho proceso.

Trámite relevante en primera instancia

10. Mediante proveído del 18 de enero de 20184, la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Córdoba admitió la demanda5, luego de su subsanación6.

11. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional7 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones.

12. Indicó que, producto de la noticia criminal 10016001276201500090 formulada
contra integrantes de la organización criminal denominada “Clan Úsuga”, el 9 de
octubre de 2015, la Fiscalía 80 Especializada contra el Crimen Organizado emitió
una orden de registro y allanamiento en el inmueble con las coordenadas N
08°46'11.2" W076°20'36,3™, que se hizo efectiva el 17 de octubre siguiente,
cuando un grupo especial de esta institución, en el marco de la operación
“Agamenón”, llegó al lugar en el que se encontraba Jáder Enrique Ariz Blandón,
“alias Boris”, quien era “presuntamente cabecilla de la zona costera del Clan Úsuga,
en compañía de otras personas”.

13. Explicó que Jáder Enrique Ariz Blandón, al notar la presencia de sus agentes,
“opuso resistencia” y comenzó a dispararles, ante lo cual los uniformados no
tuvieron opción diferente que accionar sus armas en legítima defensa, para así
repeler el ataque. Agregó que, como consecuencia del cruce de disparos, “resultó
abatido el señor Ariz Blandón” y capturado Omar Yesid Navarro Vertel, quien fue
señalado como alias “Guaco” y dejado a disposición de las autoridades
competentes.

14. Argumentó que el fallecimiento de la víctima ocurrió durante un enfrentamiento
lícito en el curso de un operativo y que las actuaciones de los miembros de la
Policía Nacional se circunscribieron a sus deberes legales y constitucionales.

4 Folio 87 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
5 Folio 97 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
6 Folios 90 a 95 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra

en Samai.
7 Folios 107 a 123 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

15. Resaltó que Sandra Vertel Pérez carece de legitimación en la causa por activa,
dado que, el día de los hechos, en una entrevista realizada por la Policía Judicial,
aseguró que no conocía a Jáder Enrique Ariz Blandón, lo cual evidenciaba una clara
contradicción con el vínculo que invoca en la presente demanda.

16. Con fundamento en lo anterior, invocó las excepciones que denominó “legítima
defensa”; “hecho exclusivo y determinante de la víctima”; “falta de legitimación en la
causa por activa y por pasiva”; “cumplimiento de un deber constitucional y legal” y
la “innominada”.

17. La audiencia inicial se llevó a cabo el 11 de julio de 20198; oportunidad en la que
el a quo fijó el litigio en torno a la responsabilidad de la entidad accionada por la
muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón9, y decretó los medios de convicción pedidos
por las partes y otras de oficio.

18. El 28 de agosto de 201910 se realizó la audiencia de pruebas; finalizada esa
diligencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión y que el Ministerio Público rindiera concepto, oportunidad en la que
intervino la Policía Nacional11 -entidad que insistió en que sus miembros hicieron un
uso legítimo de sus armas de dotación y que éstas fueron accionadas en defensa
propia-, y la parte demandante12 -reiteró que el daño causado le era imputable al
Estado, por la configuración de una falla en el servicio-. El Ministerio Público guardó
silencio.

La sentencia de primera instancia

19. En sentencia del 24 de abril de 202413, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en tanto que declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional por la muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón en los
siguientes términos:

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de ‘legítima defensa’,
‘hecho exclusivo y determinante de la víctima’, ‘legitimación en la causa por
activa’ (sic), ‘legitimación en la causa por pasiva’ (sic) y ‘cumplimiento de un

8 Folios 159 a 166 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
9 En la audiencia inicial, el magistrado conductor del proceso fijó el litigio en los términos que se

transcriben a continuación:
“Establecer si se encuentran los elementos para atribuir la responsabilidad a la parte demandada, lo
anterior para efectos de la imputación y determinar si existe responsabilidad administrativa y
extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por el deceso del señor Jader
Enrique Ariz Blandón, en hechos ocurridos el día 17 de octubre de 2015, para tal efecto habrá de
establecerse si estamos en presencia de una ejecución extrajudicial como lo afirma la parte
demandante o si la muerte del mismo se produjo en ejecución de un operativo policial como
consecuencia de un fuego cruzado entre la víctima y los miembros efectivos de la policía”.
10 Folios 343 a 348 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
11 Folios 374 a 382 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
12 Folios 370 a 373 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
13 Documento denominado “26ED_24SENTENCIA.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

deber constitucional y legal’, propuestas por la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, por lo expuesto en la parte motiva del fallo.

SEGUNDO: Declarar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
responsable de los perjuicios causados a los demandantes por la muerte del
señor Jáder Enrique Ariz Blandón, en hechos ocurridos el día 17 de octubre
de 2015.

TERCERO: Condénese a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional a pagar a los demandantes las siguientes sumas por los conceptos
que a continuación se relacionan:

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante la suma
de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS los cuales fueron
distribuidos así:

Demandante Lucro cesante Lucro cesante Total
consolidado futuro
Sandra Milena Vertel $64.192.874,52 $83.123.109,51 $147.315.984
Pérez
Jhoan Enrique Ariz Vertel $32.096.437,26 $4.191.054,92 $36.287.492,1
Tatiana Milena Ariz Vertel $32.096.437,26 $14.082.430,29 $46.178.867,4
Total $229.782.344

Por concepto de perjuicios morales los rubros relacionados a continuación:

Demandante Parentesco Indemnización
Sandra Milena Vertel Pérez Compañera permanente 100 SMLMV
Jhoan Enrique Ariz Vertel Hijo 100 SMLMV
Tatiana Milena Ariz Vertel Hijo 100 SMLMV

CUARTO: Niéguense las demás las pretensiones de la demanda, por lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia”.

20. Para llegar a dicha conclusión, el a quo consideró demostrado que, por voluntad
propia, el señor Ariz Blandón se desmovilizó de las AUC desde el año 2005 y que,
previo a su fallecimiento, suscribía planillas de control en la Estación de Policía de
Los Córdobas y recibía clases los fines de semana en el centro educativo “El Minuto
de Dios” en la modalidad sabatina, con una intensidad de 10 horas semanales y que
a la fecha de su deceso no existía sentencia condenatoria ni antecedentes penales
en su contra.

21. Asimismo, el a quo mencionó que Jáder Enrique Ariz Blandón y Sandra Milena
Vertel Pérez habían denunciado ante varias autoridades -la Personería Municipal,
la Policía Nacional y un Juzgado de Instrucción Penal Militar- el hecho de que el
primero de los mencionados aparecía en unos “volantes” con el alias de “Boris” y
con la reseña de que pertenecía a una banda criminal, a pesar que de su conducta
se podía inferir que no era una persona que estuviera huyendo de las autoridades,
“pues las reglas de la experiencia y de la sana crítica demuestran que alguien que
se siente prófugo de la justicia no se acerca ante las mismas autoridades a
suministrar sus datos personales como identificación, dirección de residencia, lugar
de trabajo y/o números telefónicos”.

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

22. Agregó que Jáder Enrique Ariz Blandón falleció como consecuencia de los
impactos de bala realizados por funcionarios de la Policía Nacional, en el operativo
de registro y allanamiento que se llevó a cabo el 17 de octubre de 2015. En cuanto
a las circunstancias que rodearon ese procedimiento, el Tribunal expuso que, de
conformidad con las pruebas documentales y testimoniales recaudadas,
funcionarios de la entidad demandada ingresaron a la vivienda en la que se
encontraba la víctima e hicieron un uso “desproporcionad[o de] sus armas de
dotación oficial”, situación que produjo como resultado la muerte del mencionado
señor.

23. Al lado de lo anterior, destacó que la entidad demandada no atendió los
procedimientos establecidos para preservar la legalidad de la cadena de custodia
de las armas de fuego que supuestamente fueron halladas en el lugar de los hechos
y que, además, se presentaron “inconsistencias en los informes que debían reportar
el hallazgo de dichas armas”.

24. Concluyó que lo expuesto evidenciaba la configuración de una falla en el servicio
“por un actuar arbitrario o anormal de la entidad demandada, que no debían soportar
los demandantes”, lo cual habilitaba a que se declarara su responsabilidad
extracontractual.

25. En punto de la indemnización, reconoció: i) por perjuicios morales, el equivalente
a 100 SMLMV, en favor de cada uno de los aquí demandantes y ii) por perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $147’315.984 para la
señora Sandra Milena Vertel Pérez; así como los montos de $36’287.492,1 y
$46’178.867,4 en favor de sus hijos -de Jhoan Enrique Ariz Vertel y Tatiana Milena
Aris Vertel, respectivamente-. Finalmente, negó los perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente porque, a su juicio, no se demostraron.

Los recursos de apelación

26. La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional14 impugnó la decisión
anterior, con el fin de que se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de
la demanda15.

27. Adujo que debía restársele toda credibilidad a las denuncias presentadas por
Jáder Enrique Ariz Blandón, así como al hecho de que suscribiera unas planillas
de control en una estación de Policía, porque de ello no se podía inferir
automáticamente que se hubiese abstenido de delinquir; al lado de lo anterior,
destacó que, en cambio, se probó que, para el momento de los hechos, hacía lo
propio como miembro activo del Clan Úsuga.

28. Cuestionó la valoración probatoria realizada por el a quo, por considerar que los
elementos de juicio demostraban que fueron otras las circunstancias que rodearon

14 Documento denominado “026ED_22RecursoApelacionPo.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
15 Documento denominado “11RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO
_27001233300020190008.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

la operación “Agamenón”, que permitían exonerar de responsabilidad a la Policía y,
además, acreditar la configuración del eximente consistente en la culpa exclusiva
de la víctima; lo expuesto con fundamento en que se probó que el día de los hechos
el señor Ariz Blandón dejó entrever su intención de afectar, con elementos bélicos,
la integridad de los funcionarios de la Policía Nacional, cuya actuación fue en
legítima defensa y estuvo precedida por la correspondiente advertencia antes de
disparar. Agregó que en el proceso disciplinario que se adelantó por estos hechos
en ningún momento se estableció que el uso de las armas por parte de los
uniformados de la Policía se presentó sin justificación alguna o en contravía de los
protocolos propios para su utilización y que este aspecto no fue tenido en cuenta en
la sentencia de primera instancia.

29. En punto de los perjuicios reconocidos, insistió en que no le asistía legitimación
en la causa por activa a Sandra Milena Vertel Pérez, con los mismos argumentos
consignados en la contestación de la demanda y agregó que, también, debían
revocarse los perjuicios morales concedidos en favor de los hijos de Jáder Enrique
Ariz Blandón porque “no existe en el plenario prueba contundente que demuestre el
grado de aflicción que pudieron haber padecido”. En relación con el lucro cesante,
indicó que no se probó que los aquí demandantes dependían económicamente de
la víctima.

30. La parte actora16 afirmó compartir “en términos generales” el enfoque del fallo;
no obstante, en su criterio, el Tribunal omitió “precisiones probatorias” tales como
que la muerte de la víctima “no se debió a una simple falla administrativa de la
Policía Nacional”, sino que tuvo origen en la comisión de un delito doloso y grave,
con evidente y clara violación de los derechos humanos de las víctimas, y que la
diligencia de allanamiento y registro se inició y desarrolló sin la presencia de la
policía judicial, pese a que la Ley así lo exigía.

31. Dijo que se debían revisar los montos concedidos por concepto de perjuicios
morales con el fin de aumentarlos, “teniendo en cuenta para ello las circunstancias
en que se produjo la muerte de la víctima, la modalidad de las acciones desplegadas
en el operativo policial, su gravedad, la naturaleza e intensidad y demás factores
objetivos, que permitan una indemnización mayor a la concedida o más acorde con
las pretensiones de la demanda”. En punto del lucro cesante indicó que tenía que
condenarse en una suma mayor, dado que obraban en el expediente varias
declaraciones extraprocesales y rendidas en sede judicial que daban cuenta de que
el ingreso base de liquidación de la víctima era mayor al que fue considerado por el
a quo.

32. Los argumentos expuestos como sustento de ambos recursos de apelación, por
razones metodológicas, serán desarrollados con mayor detalle al resolver el fondo
de este asunto.

16 Documento denominado “ED_04RECURSOAPELACIONDT(.pdf) NroActua 2” del expediente
digital, que obra en Samai.

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

Trámite relevante en segunda instancia

33. En auto del 15 de octubre de 2024 se admitieron los recursos de apelación17.

34. En el término para alegar de conclusión, la parte actora solicitó que se confirme
la decisión de primer grado en los aspectos que le resultaron favorables y que se
aumenten los montos reconocidos por concepto de perjuicios materiales e
inmateriales18. El Ministerio Público pidió que se confirme la declaratoria de
responsabilidad estatal, tras concluir que las pruebas que obran en el expediente
acreditan la configuración de “una clara falla de la administración de justicia a cargo
del ente demandado”; para llegar a esa determinación, empleó los mismos
argumentos que esbozó el Tribunal Administrativo de Córdoba. La parte accionada
guardó silencio durante esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

35. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, por lo que procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.
Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por
activa y por pasiva, y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial.

Problemas jurídicos a resolver

36. Antes de enunciar los interrogantes cuya solución acometerá esta Subsección,
es necesario acotar que los reproches de las partes en contra del fallo de primera
instancia son los encargados de fijar el marco del presente pronunciamiento 19 -
salvo otras situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa-20.

37. Así las cosas, los problemas jurídicos que se resolverán en esta instancia
consisten en establecer: 1) ¿a partir del material probatorio, se reúnen los
presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio

17 Índice 4 de Samai.
18 Índice 11 de Samai. Documento denominado “041ALEGATOSDECON_APELACION
ALEGACIONES.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
19 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
20 La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia

lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra
de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás
aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la
instancia superior. Es necesario precisar, en todo caso, que dicha regla general no es absoluta, pues
debe ser entendida sin perjuicio de las excepciones que se derivan, por ejemplo (i) de las normas o
los principios previstos en la Constitución Política; (ii) de los compromisos vinculantes asumidos por
el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales
relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional
Humanitario, o (iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran,
a título ilustrativo, aquellos presupuestos procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe
decretar de manera oficiosa, pese a que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como
fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

de Defensa – Policía Nacional por la muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón? o, por
el contrario, ¿esto último ocurrió por la culpa exclusiva de la víctima? -para la
resolución de estos problemas jurídicos se abordarán las referencias
argumentativas aducidas por la Policía Nacional, en punto de la relevancia de
determinar si Jáder Enrique Ariz Blandón, para el momento de los hechos, delinquía
y cuáles fueron las circunstancias debidamente probadas que rodearon la
operación “Agamenón”-; en el evento de que se confirme la responsabilidad
patrimonial de la entidad demandada, 2) ¿procede la revocatoria y/o aumento y/o
disminución de las sumas concedidas en primera instancia por concepto de
indemnización de perjuicios?; por último, 3) se abordará la imposición de la
condena en costas.

38. Para delimitar el marco de competencia que le corresponde a esta Sala, es
necesario señalar que, si bien en uno de los hechos de la demanda se mencionó
que, el 17 de octubre de 2015, en el mismo operativo en el que falleció Jáder Enrique
Ariz Blandón, fue golpeado, capturado y trasladado a una Unidad de Reacción
Inmediata (URI) Omar Yesid Navarro Vertel “hijo de la señora Sandra Milena Vertel
Pérez”, lo cierto es que este hecho no fue invocado por la parte actora para solicitar
la declaratoria de responsabilidad de la Policía Nacional, ni mucho menos para
edificar sus pretensiones indemnizatorias.

39. Se resalta que en ningún aparte del escrito inicial se cuestionó la aprehensión
irregular o violenta de Omar Yesid Navarro Vertel y/o que fue privado injustamente
de su libertad; es más, esta persona ni siquiera figura como demandante en esta
causa. En el sub lite, lo único que se le reprochó a la Policía Nacional fue el presunto
asesinato de Jáder Enrique Ariz Blandón durante el operativo del 17 de octubre de
2015, siendo a este aspecto al que se circunscribe la causa petendi y
consecuencialmente la competencia de la Sala en esta instancia.

Existencia del daño

40. Es menester indicar que el daño alegado se encuentra plenamente acreditado,
en tanto que está demostrado que el 17 de octubre de 2015, en el municipio de Los
Córdobas – departamento de Córdoba, falleció Jáder Enrique Ariz Blandón, tal como
se observa en su registro civil de defunción21.

Relación de hechos relevantes para resolver la controversia22

41. Previo a efectuar el estudio de la imputación, en clave del primer problema
jurídico a resolver, la Sala reconstruirá el escenario fáctico del caso bajo examen, a
partir de las pruebas incorporadas válidamente al proceso.

21 Folio 207 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
22 Se aclara que aunque obran otros elementos probatorios que fueron allegados a este proceso, no

resulta indispensable que la Sala se refiera a los mismos, pues esta instancia se ceñirá a lo resuelto
en el fallo apelado y a los argumentos de los recursos de apelación.

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

De las circunstancias acreditadas -en orden cronológico- antes de la
operación policial “Agamenón”

42. - El 11 de octubre de 2010, Jáder Enrique Ariz Blandón acudió ante la personería
municipal de Los Córdobas con el fin de denunciar los siguientes hechos: 1) que el
10 del mismo mes y año se percató de que en la Brigada 17 con asentamiento en
Carepa (Antioquia) “est[aban] regando unos volantes en donde aparec[ía su]
fotografía con un nombre diferente (…) como uno de los más buscados,
supuestamente por pertenecer a las bandas criminales”, respecto de lo cual aclaró
que llevaba seis años desmovilizado “cumpliendo cabalmente con la Ley y con los
compromisos [por él] adquiridos”; dijo que desde aquel entonces se había dedicado
a trabajar y que de ello podían dar cuenta sus vecinos; además, que en la Estación
de Policía de Los Córdobas llevaban un control de su comparecencia con unas
planillas que había firmado “puntualmente”, y 2) que a partir del 2009 fue “objeto de
persecución” por el Ejército Nacional. Mencionó que el “sargento de apellido López”,
le había demostrado una “actitud intimidante” tanto a él, como a su familia, por lo
que solicitó que su caso se pusiera en conocimiento de las autoridades
competentes. Sus palabras textuales a pie de página . 23

43. Como anexo, adjuntó un documento denominado “declaración de buena
conducta de Jáder Enrique Ariz Blandón”, suscrito por varios residentes del barrio
Villa Luz del municipio de Los Córdobas -identificados con su nombre, número de
cédula y firma-, quienes manifestaron que conocían de vista, trato y comunicación
al señor Ariz Blandón y que les constaba que “desde el mismo momento en que se
desmovilizó de las Autodefensas se ha[bía] dedicado a trabajar para su familia, en
labores de campo (..)”24.

23 Denuncia que obra a folios 46 y 47 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del
expediente digital, que obra en Samai, en la que se lee lo siguiente (transcripción literal incluidos
eventuales errores):
“Acudo ante usted como personera encargada de velar por los derechos de los ciudadanos de
nuestro Municipio. Con el ánimo de denunciar unos hechos que desde hace mucho tiempo han
venido pasando y que por temor los había callado. El año pasado y a comienzos de este fue objeto
de una persecución por parte de un miembro del ejercito mas exactamente de un Sargento de
apellido LOPEZ, quien llegó hasta mi casa en diferentes ocasiones con una aptitud intimidante con
mi familia, con mi señora y con mis hijos, mi señora le pregunto que si que era lo que quería o que
pasaba, para que me andaban buscando? Y el respondió que no era para nada especial, en ese
momento las cosas quedaron así. Yo soy Desmovilizado el cual lo hice porque estaba cansado de
estar lejos de mi familia y de mis hijos, desde hace 6 años que me desmovilice he cumplido
cabalmente con la Ley y con los compromisos adquiridos en el momento de la Desmovilización,
dedicándome a trabajar aquí en los Córdobas donde nací y me crie, muchas personas pueden dar
Fé de eso, incluso en la Estación de Policía de los Córdobas nos llevan un control con unas planillas,
las cuales he firmado puntualmente. (…). No puedo entender porque hacen esto, el hecho que en
determinado tiempo haya pertenecido a un grupo al margen de la Ley no significa que como ser
humano que soy tenga que vivir todo el tiempo estigmatizado por hechos del ayer, y aún más cuando
me entero que esos volantes emanan de Funcionarios del estado como lo es el EJÉRCITO
NACIONAL para el caso concreto, cuando es precisamente EL ESTADO quien en los tiempos de la
desmovilización nos brindó y nos apoyó en dicho proceso de reinserción, incluso hasta la fecha nos
han seguido apoyando, hoy me siento muy atemorizado al igual que toda mi Familia y no sé qué
hacer, acudo ante usted para que me ayude y ponga en conocimiento mi casi ante las autoridades
respectivas para de esta manera no convertirme en una injusticia más en este país”.
24 Documento que obra a folios 48 y 49 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai, en el que se lee lo siguiente:
“Nosotros los abajo firmantes amigos, familiares y vecinos del señor Jáder Enrique Aris Blandón,
residentes en el barrio Villa Luz de este municipio, manifestamos que conocemos de vista, trato y
comunicación y podemos dar buena fe de él, como amigo, vecino y trabajador, pues desde el mismo
momento en que se desmovilizó de las autodefensas se ha dedicado a trabajar para su familia, en

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Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

44. La denuncia del señor Ariz Blandón fue remitida por la personera municipal a
varias autoridades, a saber, a la Oficina de Desmovilizados de Córdoba 25; a la
Defensoría del Pueblo26; al Procurador Provincial de Córdoba27, a la Dirección
Seccional de Fiscalías28 y al comandante de la Estación de Policía de Los
Córdobas29.

45. - El 25 de marzo de 2011, Sandra Milena Vertel Pérez radicó una querella ante
la Oficina de atención al ciudadano del Departamento de Policía de Córdoba30, en
la que se refirió a unos “volantes” en los que figuraba su “esposo Jáder Enrique Ariz
Blandón” como integrante de una banda criminal; agregó que los uniformados “IT.
Reinaldo López Vidal” y “Naun Lora Carrascal” decían “por la calle, que iba[n] a
legalizar[lo]”, y que quería dejar constancia “que el día que a [Jáder Enrique Ariz
Blandón] le pas[ara] algo, los responsables ser[ían] estos dos policías”.

46. - El 20 de junio de 2011, a las 10:30 horas, Sandra Milena Vertel Pérez formuló
denuncia contra el intendente Reinaldo López Vidal, por el delito de injuria y
calumnia ante el Juzgado Ciento Sesenta y Cuatro de Instrucción Penal Militar –
Zona Seis 31, oportunidad en la que mencionó que ese uniformado los perseguía,
señalándolos de “paramilitares solo por el hecho de que mi esposo es desmovilizado
de las autodefensas”.

47. - El Departamento Administrativo de Seguridad “en supresión” informó que, para
el 26 de enero de 2012, Jáder Enrique Ariz Blandón “no registra[ba] antecedentes,
de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución Política”32.

48. - La Fiscalía Octava Especializada de Montería adelantó una investigación penal
por el delito de concierto para delinquir, bajo el radicado 110016001276201500090
-se desconoce la fecha de apertura de la instrucción-, en contra de varias personas
que presuntamente pertenecían a la estructura criminal denominada Clan Úsuga,
entre ellas, el señor Ariz Blandón; indagación que, después, fue trasladada a la

labores de campo, no conociéndole vicio alguno tampoco actividades que prediquen proclividad al
delito, pues nos hemos enterado que en los últimos días ha venido siendo objeto de investigación
por parte de organismos de inteligencia y policivas de este municipio, hasta el punto de detenerlo y
reseñarlo sin motivo alguno. Su conducta en este municipio no implica en ningún momento peligro
para la sociedad, por lo que declaramos, bajo la gravedad del juramento, conducta de buena fe”.
25 Folio 51 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
26 Folio 52 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
27 Folio 53 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
28 Folio 54 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
29 Folio 50 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai. Se precisa que quien recibió tal denuncia fue el uniformado “IT. López Vidal Reinaldo”, el 14
de octubre de 2010 a las “14:00 horas”.
30 Folio 55 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
31 Folios 56 y 57 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
32 Folio 60 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.

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Referencia: Reparación directa

Fiscalía Ochenta Especializada contra el Crimen Organizado DFCRIM de Bogotá33.
En el curso de esa causa, el 11 de octubre de 2013, el Juzgado Primero Penal
Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías profirió la orden de
captura 121 en contra de Jáder Enrique Ariz Blandón que, el 15 de octubre de
2015, fue prorrogada -un año más-; según se evidencia en el Oficio 0688-015,
emanado del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con funciones de
control de garantías34.

49. – El señor Ariz Blandón era buscado por la Policía Nacional; así quedó
consignado en el documento denominado “los más buscados por la Policía Nacional
de Colombia por un país sin el clan narcotraficante Úsuga”, de fecha ilegible, en el
que figuraba “Jáder Enrique Ariz Blandón, alias Boris”35, y así mismo quedó anotado
en el documento titulado “carteles divulgados por la Policía Nacional”, elaborado el
“07/04/2015”36. La información anterior fue divulgada en algunos medios de
comunicación, a saber, en una nota periodística de “El País” del 24 de febrero de
2014, titulada “Policía presenta cartel de los más buscados de las bandas criminales
en Colombia”37 y en una noticia de “El Heraldo” del 26 de septiembre de 2014 en la
que se consignó que el señor Ariz Blandón era el encargado de coordinar “todas las
actividades delictivas en los municipios de Los Córdobas y Puerto Escondido”38.

50. - El 5 de octubre de 2015, una persona -que se identificó con el alias de "Pocho"-
otorgó “información privilegiada”, consistente en “la ubicación exacta del inmueble
[ubicado en las coordenadas N 08°46'11.2" W076°20'36,3™, en la vereda “El
Barrial”, corregimiento Santa Rosa de La Caña, jurisdicción del municipio de Los
Córdobas] en el que se encontraban unos integrantes de la organización criminal
Clan Usuga”, en concreto, de “alias Boris” y otro -alias "Negro Perea”-39. Así figura
en el formato “fuentes no formales FPJ-25” que, en la casilla “sugerencias de
análisis”, señaló lo siguiente: “se verific[ó] la información de los alias suministrados
por la fuente (…) estos sujetos estarían publicados en los carteles de los
delincuentes más buscados, lográndose establecer que figura un sujeto (…)
conocido con el alias ‘Boris’ quien responde al nombre de Jáder Enrique Ariz
Blandón”. El 9 de octubre de 2015, la Fiscalía Ochenta contra el Crimen Organizado
de Bogotá expidió una orden de registro y allanamiento en el inmueble citado, por
el delito de concierto para delinquir40.

33 Folio 19 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
34 Folio 150 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
35 Folio 149 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra en

el índice 2 del aplicativo Samai.
36 Folio 154 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra en

el índice 2 del aplicativo Samai.
37 Folio 160 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra en

el índice 2 del aplicativo Samai.
38 Folios 157 a 162 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
39 Folio 46 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
40 Folios 51 a 56 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra

en Samai.

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Referencia: Reparación directa

51. - De acuerdo con el documento denominado “orden de operaciones” del 11 de
octubre de 201541, para hacer efectiva la orden de registro y allanamiento
mencionada se estructuró la operación “Agamenón”, cuyo objetivo era ingresar al
inmueble en las coordenadas N 08°46'11.2" W076°20'36,3™ “con la finalidad de
recaudar elementos materiales probatorios [y] evidencia física” e información
legalmente obtenida”, así como “ubicar y capturar” a los integrantes del grupo
criminal. Para la ejecución de esta operación se indicó que personal del grupo “Félix
1” de comandos de operaciones especiales de la Policía “realizar[ía] un patrullaje
de reconocimiento”, esto es, una “maniobra de infiltración de terrero” con la finalidad
de “asegurar el sitio a allanar” para que, después, funcionarios de Policía Judicial
“ubicar[an] y [le] d[ieran] captura a (…) Jáder Enrique Ariz Blandón (…)”.

De la operación “Agamenón”, adelantada por miembros del Policía Nacional
el 17 de octubre de 2015
52. - En el documento denominado “Informe ejecutivo -FPJ 3-”42, suscrito el 17 de
octubre de 2015 por la Policía Judicial, se consignó que uniformados del grupo de
“comandos de operaciones especiales”, al mando del Subintendente Hugo Bedoya
Castro, llegaron al inmueble objeto de allanamiento el 17 de octubre de 2015,
aproximadamente a las 11:40 horas, y que mientras intentaban ingresar a éste
fueron detectados por las personas que se encontraban en su interior, quienes
“busca[ron] atrincherarse” y “recibir a los policiales que se encontraban en terreno
con disparos, los cuales provenían de diferentes puntos”; en el referido informe se
indicó que, como respuesta a ese “ataque”, los uniformados respondieron
accionando sus armas de fuego y simultáneamente solicitaron apoyo a los
funcionarios de Policía Judicial, quienes se encontraban en el puesto de mando
unificado ubicado en la base antinarcóticos del municipio de Necoclí (Antioquía). Se
agregó que los funcionaros de Policía Judicial Juan Manuel Altamar Arzuza, Jhon
Carlos Reyes Bejarano y Jhonatan Salazar Olivos acudieron al lugar de forma
inmediata en dos helicópteros y que, cuando llegaron al lugar de los hechos,
observaron un cuerpo sin vida y “varias evidencias sobre el terreno”.

53. - De acuerdo con el “Informe ejecutivo -FPJ 3”, ese mismo día -17 de octubre
de 2015- a las 12:55 horas, funcionarios de Policía Judicial recibieron la escena de
los hechos, dejando la advertencia que ésta no fue acordonada porque era una zona
rural y abierta “pero que se preservó en todo momento”. El patrullero Jhon Carlos
Reyes Bejarano, funcionario de Policía Judicial DIJIN, realizó las diligencias de
“inspección técnica a cadáver”, “inspección a lugares” y “fijación fotográfica”; por su
parte, el subintendente Juan Manuel Altamar Arzuza, funcionario de Policía Judicial
DIJIN, practicó el registro y allanamiento en el inmueble en cuestión y realizó la
“recolección, embalaje, rotulado y sometimiento a cadena de custodia de todos EMP
y/o EF”; así mismo, el patrullero Nicolas Gómez, perteneciente al laboratorio

41 Folios 12 a 20 del documento denominado “20“020ED_16RespuestaPoliciaNa.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
42 Folios 214 a 226 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.

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Referencia: Reparación directa

regional de policía científica y criminalística N°6, efectuó el levantamiento del
bosquejo topográfico43.

54. - Sobre la forma en que ocurrieron los hechos existen varias versiones, las
cuales, a continuación, serán sintetizadas por la Sala:

55. 1) Hugo Bedoya Castro44 y Víctor Hugo Pareja Ramírez45, quienes pertenecían
a la unidad de comandos de operaciones especiales de la Policía, manifestaron -en
entrevista con funcionarios de Policía Judicial46- que, el día de los hechos, iniciaron
una aproximación “a pie” hacia el inmueble en cuestión, para revisar si había alguna
actividad hostil que perjudicara el procedimiento de allanamiento; que observaron
un grupo de cinco a seis hombres armados que tenían “actitud de prestar guardia
en el lugar”, por lo que procedieron a identificarse como miembros de la Policía
Nacional debidamente uniformados con insignias institucionales y les solicitaron a
los “hostiles armados que dejaran sus armas en el suelo”; quienes hicieron caso
omiso y comenzaron a dispararl en contra de su integridad. Agregaron que ellos
y sus compañeros reaccionaron repeliendo el ataque; que la confrontación duró
“unos cinco minutos aproximadamente, donde fue neutralizado un sujeto de sexo
masculino”, y que junto a su cuerpo encontraron un fusil M4 y una granada de
fragmentación IM26, elementos que fueron preservados para dejarlos a disposición
de los funcionarios de Policía Judicial.

56. 2) Jhon Carlos Reyes Bejarano y Juan Manuel Altamar Arzuza47 declararon ante
el Tribunal Administrativo de Córdoba que eran funcionarios de Policía Judicial y
que el 17 de octubre de 2015 se encontraban en la base militar de Necoclí cuando
sus compañeros les solicitaron apoyo por radio, porque fueron atacados por unos
subversivos con disparos mientras realizaban una maniobra de reconocimiento en
un inmueble ubicado en una zona rural. Mencionaron que inmediatamente, y junto
con otros uniformados, se trasladaron en dos helicópteros hasta el lugar en
cuestión, al que llegaron en un lapso de cinco a diez minutos y que, acto seguido,
observaron que en ese lugar había un fallecido y material de guerra.

43 Se precisa que las diligencias de “inspección técnica a cadáver”, “inspección a lugares” y “fijación

fotográfica”, el “registro y allanamiento en el inmueble” y el “levantamiento del bosquejo topográfico”
obran a folios 237 a 270 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital,
que obra en Samai.
44 Folio 148 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
45 Folio 146 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra en

el índice 2 del aplicativo Samai.
46 De las entrevistas realizadas por la policía judicial, aunque no se desconoce que fueron recibidas

sin la gravedad de juramento, esa circunstancia no conduce a que su contenido deba desestimarse.
Es pertinente considerar que lo que acá se estudia es si medió o no una violación de los derechos
humanos, lo que impone que la valoración probatoria deba ser más flexible, dadas las circunstancias
de indefensión en la que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos. Entonces, esta y las
demás entrevistas, que pueden catalogarse como una prueba legalmente obtenida, serán objeto de
valoración, siempre que sean útiles, pertinentes y conducentes para determinar la vulneración o no
de los derechos humanos en comento. Al respecto, consultar sentencias del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 2001,
radicación 12.370; Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 2004, radicación 14.174,
sentencia del 26 de febrero de 2009. En cuanto a la información legalmente obtenida, ver: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de marzo de 2015, expediente
44.540, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
47 Declaraciones rendidas en la audiencia de pruebas (link del documento denominado

“8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ. pdf” del expediente digital, que obra en Samai).

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Referencia: Reparación directa

57. 3) Sandra Milena Vertel48, en interrogatorio de parte rendido en la audiencia de
pruebas, reveló que, el día de los hechos, estaba en una finca de su propiedad con
su “esposo” y sus padres; y que mientras Jáder Enrique Ariz Blandón se encontraba
con su sobrina en una hamaca, llegaron miembros de la Policía “por la parte de
atrás a pie” y “patearon las puertas de zinc”, “cogieron” al señor Ariz Blandón,
después de “tira[r] a su sobrina al suelo”, lo llamaron “Boris”, le comenzaron a pegar
y se lo llevaron hacia otro lugar, que escuchó los disparos y después la llegada de
unos helicópteros. Aseguró que en ese lugar estaban su mamá, hermana, sobrinos
y la persona que le ayudaba en la finca; que su “esposo” no tenía armas y que solo
había una escopeta con la que “mataban pisingos al lado de la finca”. Afirmó que no
hubo disparos por parte de ellos.

58. Esa versión de los hechos fue suministrada por la misma persona ante la
Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Montería, el 27 de
noviembre de 2017, en el escrito denominado “Formulación de denuncia”, que tenía
como propósito “denunciar el homicidio cometido en la persona de mi ex compañero
permanente señor Jáder Enrique Ariz Blandón (…) sucedida en el desarrollo de un
operativo policial”49.

59. 4) María Elena Vertel Suárez50, en la audiencia de pruebas, indicó que era
hermana de Sandra Milena Vertel, que siempre había vivido con ella y que para el
momento de los hechos tenía cinco meses de embarazo. Sobre lo ocurrido, señaló
que Jáder Enrique Ariz Blandón tenía a su hija “cargada” en una hamaca, cuando
“se metieron cuatro personas a pie”, lo cogieron, lo “encuellaron”, a su hija “la
botaron como [a] una muñeca”, le empezaron a golpear y se lo llevaron “donde
estaba el ganado”. Aclaró que los uniformados no entraron disparando, pero que lo
hicieron después, y que, posteriormente, llegaron otros agentes de la policía en
helicópteros.

60. 5) Omar Yesid Navarro Vertel51, quien rindió una declaración extraprocesal ante
la Notaría Segunda del Círculo de Montería52 que fue objeto de ratificación en sede
judicial53, manifestó que era hijo de Sandra Milena Vertel Pérez y que el día de los
hechos Jáder Enrique Ariz Blandón descansaba en una hamaca cuando unos
policías entraron a la finca, le dijeron “te cogimos Boris", lo tiraron al suelo, cuando
lo tenía boca abajo y “encañonado”, lo esposaron y sacaron “donde estaba un corral
de ganado”, y que, seguidamente, escuchó unos disparos. Declaró que en ese
inmueble se encontraban “Jáder Ariz, mi mamá Sandra Bertel, mi menor hermano

48 Declaración rendida en la audiencia de pruebas (link del documento denominado
“8ED_06CUADERNO PPALCONSEJ. pdf” del expediente digital, que obra en Samai).
49 Folio 82 del documento denominado “9ED_07PRUEBASACTORAPENAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai
50 Declaración rendida en la audiencia de pruebas (link del documento denominado

“8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ. pdf” del expediente digital, que obra en Samai).
51 Declaración rendida en la audiencia de pruebas (link del documento denominado

“8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ. pdf” del expediente digital, que obra en Samai).
52 Folio 37 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
53 Declaración rendida en la audiencia de pruebas (link del documento denominado

“8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ. pdf” del expediente digital, que obra en Samai).

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Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

Jhoan Enrique Ariz Bertel, mi abuela Ignacia Pérez Gómez, mi tía María Elena
Bertel”.

61. 6) En la audiencia de pruebas, Ignacia Isabel Pérez Gómez54 dijo que era la
madre de Sandra Milena Vertel y mencionó que, el 17 de octubre de 2015, Jáder
Enrique Ariz Blandón estaba en una hamaca con su “sobrinita” acostado sin camisa,
cuando uniformados llegaron a ese lugar, lo tiraron, lo esposaron y se lo llevaron
donde había un corral y allí lo mataron. Aseguró que alcanzó a observar el momento
en que fue asesinado.

62. 7) Yovanis Rafael Madrid Ricardo, quien rindió una declaración extraprocesal
ante la Notaría Segunda del Círculo de Montería55 que fue objeto de ratificación en
sede judicial56, informó que se dirigía hacía la finca en la que sucedieron los hechos
para “preparar unos gallos de pelea”, y que cuando se encontraba a una distancia
aproximada de 200 metros, escuchó unos disparos en el lugar, por lo que se
devolvió. Reveló que aproximadamente a las 19:00 horas del 17 de octubre de 2015
se enteró que habían matado a Jáder Enrique Ariz Blandón.

Análisis del caso concreto

63. Esta Subsección debe determinar si se reúnen los presupuestos para declarar
la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional por el daño alegado o si, por el
contrario, la muerte de la víctima ocurrió por su propia culpa; con miras a la
resolución de este problema jurídico y en clave con las referencias argumentativas
aducidas por la entidad pública demandada, esta Sala se referirá: i) acerca de la
relevancia de determinar si se probó, o no, que Jáder Enrique Ariz Blandón delinquía
para el momento de los hechos y ii) cuáles fueron las circunstancias debidamente
probadas que rodearon la operación “Agamenón”. En ese mismo orden serán
abordados tales aspectos por esta Subsección.

De la relevancia de las supuestas actividades delictivas de Jáder Enrique Ariz
Blandón aducidas por la Policía Nacional en su impugnación

64. Desde la contestación de la demanda, la Policía Nacional afirmó que Jáder
Enrique Ariz Blandón era uno de los cabecillas del Clan Úsuga en la zona costera.
Al respecto, el Tribunal Administrativo llamó la atención acerca de que, si bien la
víctima directa había pertenecido a las AUC, lo cierto fue que se demostró que se
desmovilizó desde el año 2005 y, previo a su fallecimiento, no registraba
antecedentes, asistía a suscribir planillas de control en la Estación de Policía de Los
Córdobas y recibía clases los fines de semana en el centro educativo “El Minuto de
Dios”. También mencionó el a quo que la víctima directa y Sandra Milena Vertel
Pérez habían denunciado ante varias autoridades -la Personería Municipal, la
Policía Nacional y un Juzgado de Instrucción Penal Militar- que circulaban en unos

54 Declaración rendida en la audiencia de pruebas (link del documento denominado
“8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ. pdf” del expediente digital, que obra en Samai).
55 Folio 36 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
56 Declaración rendida en la audiencia de pruebas (link del documento denominado

“8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai).

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“volantes” que mencionaban a alias “Boris” con la reseña de que pertenecía a una
banda criminal. A juicio del Tribunal, lo expuesto permitía inferir que la víctima no
“se s[entía] prófugo de la justicia”, pues de acuerdo con las reglas de la experiencia,
“alguien [así] no se acerca ante las mismas autoridades a suministrar sus datos
personales como identificación, dirección de residencia, lugar de trabajo y/o
números telefónicos”.

65. La anterior determinación fue cuestionada por la Policía Nacional en su
apelación, al punto que solicitó que se le restara credibilidad a las denuncias
presentadas por Jáder Enrique Ariz Blandón y Sandra Milena Vertel Pérez, y al
hecho de que la víctima suscribiera planillas de control en una estación de Policía y
recibiera clases en un centro educativo; a juicio del recurrente, de ello no se podía
inferir automáticamente que se abstuviera de realizar actividades criminales y, por
el contrario, existían medios de convicción que acreditaban que delinquía como
miembro activo del Clan Úsuga.

66. Así las cosas, la entidad demandada pretende que en esta instancia se razone,
de alguna forma, que el supuesto actuar delictivo de la víctima directa para la época
en que ocurrieron los hechos motivó que éste actuara de forma violenta, empleando
elementos bélicos en contra de los agentes de la Policía Nacional que pretendían
capturarlo.

67. Es importante señalar que, según la jurisprudencia de la Corporación,
concretamente de esta Subsección, en el uso de las armas de dotación oficial por
parte de los miembros de la Fuerza Pública, “debe tenerse en cuenta la contingencia
del peligro, lo cual implica que éstos pueden acudir a aquéllas solo como última
medida para proteger su integridad física o la de terceras personas, evitando
siempre cualquier exceso”57, el cual, de producirse, dará lugar a la declaratoria de
responsabilidad del Estado, salvo que se configure una causal eximente como la
culpa exclusiva y determinante de la víctima, o el ejercicio de la legítima defensa
por parte de los uniformados, entre otras.

68. Bajo este contexto, el planteamiento del recurrente no es de recibo para la Sala
y no está llamado a modificar de alguna forma el sentido del fallo de primera
instancia, bajo el entendimiento de que, en función de la exclusión de
responsabilidad patrimonial de la Policía, el único escenario que justificaría el
fallecimiento de Jáder Enrique Ariz Blandón en el procedimiento policial que
pretendía dar con su captura, sin importar su vinculación a un proceso penal o el
hecho de que tenía una orden de captura vigente para el 15 de octubre de 2015,
sería la comprobación de que empleó armas, material de guerra o cualquier otro
medio análogo, para repeler o atacar de manera contundente a los integrantes de
la Fuerza Pública, y que la respuesta de estos últimos, entonces, fue proporcional y
legítima, asunto que será objeto de estudio en el siguiente acápite, en el que se
desentrañarán las circunstancias que rodearon la producción del daño.

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de junio de 2017, exp. 66001-23-31-000-2008-00258-01 (45.350), CP: Carlos
Alberto Zambrano Barrera.

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Referencia: Reparación directa

69. Adicionalmente, aunque sea un aspecto completamente secundario, pues como
se dijo lo realmente determinante en el sub lite consiste en establecer si la víctima
directa atacó a los efectivos de la Policía que pretendían su captura, no sobra
agregar que la inferencia que realizó el Tribunal Administrativo, consistente en que
la conducta de Jáder Enrique Ariz Blandón no correspondía a la de una persona
que se encontrara huyendo de las autoridades, continúa incólume, en la medida en
que se soportó en circunstancias debidamente acreditadas en el proceso, de
acuerdo con las pruebas que fueron relacionadas en un acápite anterior.

70. En este punto de la providencia la Sala llama la atención sobre un aspecto. A
pesar de que existe un lapso entre las fechas en que ocurrieron los hechos
indicadores mencionados por el Tribunal Administrativo -que el señor Ariz Blandón
no tenía antecedentes, que estaba estudiando y había radicado denuncias tanto él
como su compañera permanente ante varias autoridades, aclarando que no
pertenecía a ningún grupo criminal [a pie de página la relación exacta de fechas]58-
y el hecho que se infirió -que la víctima directa, para el 17 de octubre de 2015, no
se dedicaba a actividades delictivas- ello no permite que se desestime la fuerza de
la construcción indiciaria que estructuró el a quo. El solo paso del tiempo entre el
hecho indicador y el indicado no resulta determinante en el sub lite porque no existe
medio de convicción que opere como contraindicio; sobre esto último, esta
Subsección aclara que la sola vinculación del señor Ariz Blandón a un proceso penal
no comporta ese efecto, a menos que se asuma una posición o visión de derecho
penal de autor, y no del derecho penal de acto que está establecido en el sistema
penal colombiano59.

De las circunstancias probadas que rodearon la muerte de Jáder Enrique Ariz
Blandón

71. La razón medular del a quo para declarar la responsabilidad de la Policía
Nacional se fundamentó en que, a su juicio, se probó que funcionarios de esa

58 Al respecto, el director del Centro Educativo “El Minuto de Dios” de Los Córdobas aseguró que

Jáder Enrique Ariz Blandón se encontraba matriculado en “modalidad sabatina con una intensidad
horaria de 10 horas semanales” para el 12 de febrero de 2009; a su turno, Jáder Enrique Aris Blandón
acudió ante la personería municipal de Los Córdobas en octubre de 2010, oportunidad en la que él
mismo afirmó que se había desmovilizado a partir del año 2005 y que suscribía unas planillas de
control en la Estación de Policía. Sandra Milena Vertel Pérez radicó la querella ante el Departamento
de Policía de Córdoba y la denuncia ante Juzgado Ciento Sesenta y Cuatro de Instrucción Penal
Militar en marzo y junio de 2011, respectivamente, y la certificación del DAS da cuenta de la ausencia
de antecedentes del señor Ariz Blandón hasta el 26 de enero de 2012.
59 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-077 de 2006 indicó lo siguiente:

“En la doctrina penal se distingue entre el Derecho Penal de autor y el Derecho Penal de acto. i) En
el primero, el sujeto responde por su ser, por sus condiciones sicofísicas o su personalidad, que se
consideran peligrosos para la sociedad, por su supuesta inclinación natural al delito, con un criterio
determinista, de modo que el sujeto resulta condenado por la naturaleza a sufrir las condenas
penales, por obra del destino y, por tanto, de modo fatal o inevitable. En este orden de ideas no es
relevante que aquel cometa infracciones, sino que tenga la potencialidad de cometerlas. ii) En el
segundo, el sujeto responde por sus actos conscientes y libres, es decir por la comisión de conductas
conocidas y queridas por el mismo, previstas expresa y previamente en la ley como contrarias a
bienes fundamentales de la sociedad y de sus miembros y que hacen a aquel merecedor de una
sanción. Esta clase de Derecho, inspirado por la filosofía liberal y fundado en la dignidad humana,
ha sido acogido por los regímenes políticos democráticos y encuentra fundamento en varios
preceptos de la Constitución colombiana, entre ellos el Art. 29. Por sus fundamentos filosóficos y
políticos, la responsabilidad derivada de esta última concepción del Derecho Penal es
necesariamente subjetiva, es decir, exige la existencia de la culpabilidad, en alguna de las
modalidades previstas en la ley, en la comisión de la conducta”.

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entidad ingresaron a la vivienda en la que se encontraba Jáder Enrique Ariz Blandón
e hicieron un uso “desproporcionad[o de] sus armas de dotación oficial”; al lado de
lo anterior, destacó que la entidad demandada no atendió los “procedimientos
establecidos” para preservar la legalidad de la cadena de custodia de las armas de
fuego que “presuntamente fueron halladas en el lugar de los hechos”.

72. En el recurso de apelación, la entidad demandada denunció que la sentencia de
primera instancia carece de “análisis y valoración probatoria” pues los medios de
convicción que obra n en el expediente da n cuenta de la culpa exclusiva del
señor Ariz Blandón, quien, el día de los hechos, inició la confrontación armada,
propinando disparos con el objetivo de afectar a los uniformados de la Policía
Nacional que llegaron al lugar en el que se encontraba con armas de fuego aptas
para disparar.

73. Por su parte, los demandantes en su impugnación indicaron que el a quo omitió
algunas “precisiones y valoraciones probatorias”, en concreto, que la muerte de la
víctima “no se debió a una simple falla administrativa de la Policía Nacional”, sino
que tuvo su origen en la comisión de un delito doloso y grave, en evidente violación
de los derechos humanos de las víctimas, y que la diligencia de allanamiento y
registro se inició y desarrolló sin la presencia de la Policía Judicial, en abierta
vulneración a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley 906 de 2004.

74. Esta Corporación ha considerado que la utilización de armas de dotación por la
Fuerza Pública y otros organismos del Estado resulta necesaria para garantizar la
seguridad de los ciudadanos; no obstante, que su ejercicio constituye un título de
imputación idóneo para deducir responsabilidad al Estado, cuando se causa un
daño antijurídico a alguna persona60.

75. Cabe señalar, desde ya, que en el expediente no existe prueba directa que
permita establecer cuáles fueron las circunstancias exactas que rodearon la muerte
del señor Ariz Blandón por la que aquí se demanda. Sin perjuicio lo anterior, a esta
Subsección le fue posible encontrar acreditados los supuestos fácticos planteados
en el escrito inicial por vía de los medios de convicción indirectos 61; toda vez que
las pruebas que obran en el expediente permiten realizar los razonamientos lógicos
que se relacionan a continuación:

1) La muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón fue producida por agentes de la
Policía Nacional, que se encontraban en ejercicio de sus funciones y con la
utilización de sus correspondientes armas de dotación oficial

60 Ver, entre otras, sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 12.053.
61 Tal como lo ha reiterado la Sección Tercera del Consejo de Estado, el indicio es una prueba

indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos
debidamente acreditados en el proceso, para así deducir determinadas consecuencias. Al respecto,
ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de
mayo de 2007, expediente No. 15.700, M.P. Ruth Stella Correa. Ver, en ese mismo sentido, las
siguientes providencias: i) sentencia del 10 de julio de 2013, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente No. 27.913, M.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera y ii) sentencia del 1º de octubre de 2018, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, expediente No. 53.990, M.P. Guillermo Sánchez Luque.

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76. Se acreditó que, el 17 de octubre de 2015 aproximadamente a las 11:40 de la
mañana, personal del grupo de “comandos de operaciones especiales” de la Policía,
al mando de Hugo Bedoya Castro, llegó al inmueble en el que se encontraba el
señor Ariz Blandón. Los uniformados Hugo Bedoya Castro y Víctor Pareja Ramírez
aceptaron que accionaron sus armas de dotación en contra de Jáder Enrique Ariz
Blandón, y así quedó consignado en el informe ejecutivo -FPJ 3- presentado por la
Policía Judicial.

77. Asimismo, un perito en dactiloscopia corroboró que el cadáver que se encontró
en la escena de los hechos era el de Jader Enrique Ariz Blandón -de acuerdo con
el informe de investigador de laboratorio del 18 de octubre de 2015 62-; además, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses certificó que su deceso se
produjo como consecuencia de seis impactos de arma de fuego63 -según informó el
informe de necropsia número 201501012300100038164 y el gráfico de las heridas
por proyectil65-.

2) No existe prueba de la ocurrencia de un enfrentamiento armado entre la
Policía y Jáder Enrique Ariz Blandón

78. En punto de la confrontación armada, los elementos de juicio allegados y
recaudados en este proceso se contradicen. Hugo Bedoya Castro y Víctor Hugo
Pareja Ramírez, de la unidad de comandos de operaciones especiales de la Policía,
manifestaron que, ese día, realizaron una “maniobra de despeje” por el “frente” del
inmueble en el que se realizaría el allanamiento; que al momento de ingresar a sus
inmediaciones observaron cinco o seis personas armadas prestando seguridad a
sus alrededores, que se identificaron verbalmente como integrantes de la Policía
Nacional y les solicitaron que bajaran las armas, pero que las referidas personas
empezaron a disparar en su contra, ante lo cual reaccionaron de inmediato;
indicaron que el cruce de disparos duró cinco minutos aproximadamente, que varios
de esos sujetos salieron corriendo “internándose en la maraña” pero que uno [Jáder
Enrique Ariz Blandón] cayó herido “junto a un quiosco (…) cerca de la vivienda”; que
cuando finalizó la confrontación se acercaron para prestarle los primeros auxilios y
verificaron que se encontraba sin signos vitales; dicha versión fue replicada en el
documento denominado “Informe ejecutivo -FPJ 3-“.

78. De otra parte, Sandra Milena Vertel, María Elena Vertel Suárez, Omar Yesid
Navarro Vertel e Ignacia Isabel Pérez Gómez revelaron que, el 17 de octubre de
2015, el señor Ariz Blandón estaba en el inmueble en cuestión junto con su familia,
cuando miembros de la Fuerza Pública irrumpieron en éste, lo abordaron mientras
se encontraba en una hamaca con su sobrina, lo golpearon y se lo llevaron a un

62 Folios 309 y 310 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
63 Al respecto, en el referido informe consignó lo siguiente: “ANÁLISIS Y OPINIÓN PERICIAL. La

muerte de hombre adulto trigueño identificado fue consecuencia a natural directa de SHOCK
HIPOVOLEMICO, secundarios a heridas por proyectil de arma de fuego a pulmones. Causa básica
de muerte: heridas por proyectil de arma de fuego. Manera de muerte: Violenta Homicidio”.
64 Folios 193 a 198 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
65 Folio 199 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.

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“corral de ganado”, donde lo asesinaron en estado de indefensión; también
aseguraron que en ningún momento hubo un cruce de disparos, que la víctima no
tenía armas, y que en la propiedad solo había una escopeta con la que “mataban
pisingos al lado de la finca”.

79. En este punto, aclara la Sala que no tendrá en cuenta las declaraciones de las
personas que aceptaron que no estaban presentes cuando ocurrieron los hechos
relevantes para el caso; además, que las versiones de los hechos que sí se toman
en consideración -las reseñadas en el párrafo anterior- se valorarán con mayor rigor
-pues Hugo Bedoya Castro y Víctor Hugo Pareja Ramírez pertenecían, al menos
para la época de los hechos, a la entidad demandada y les asistía interés en no
autoincriminarse; mientras que María Elena Vertel Suárez, Omar Yesid Navarro
Vertel e Ignacia Isabel Pérez Gómez aseguraron que pertenecían al núcleo familiar
de Sandra Milena Vertel, compañera permanente de la víctima y demandante en
este asunto-, de acuerdo con las demás pruebas que reposan en el expediente y
las circunstancias del caso, basado en la sana crítica66.

80. Ahora, esta Subsección llama la atención sobre tres aspectos que permiten
restarle mérito probatorio a la versión que fue suministrada por los uniformados
Hugo Bedoya Castro y Víctor Hugo Pareja Ramírez:

81. Primero, que se acreditó que en el lugar de los hechos únicamente estaban,
además de la víctima directa, Sandra Vertel Pérez -su compañera permanente-, su
hermana -María Elena Vertel Pérez, quien aseguró que, para ese momento, tenía
cinco meses de embarazo-, su hijo -Omar Yesid Navarro Vertel- y dos menores de
edad, uno de 10 años y otro de 8 meses de nacido -no se mencionaron sus
nombres-67. Así quedó consignado en la diligencia de registro y allanamiento que
realizó la Policía Judicial en el inmueble tantas veces mencionado, en la que se dejó
constancia de las personas que se encontraban allí el 17 de octubre de 2015 y que,
previa verificación, no tenían antecedentes penales ni requerimiento alguno de las
autoridades competentes.

82. Segundo, que resulta extraño que no se hubiera tenido noticia alguna de las
otras cinco personas armadas que supuestamente se encontraban prestando
seguridad a los alrededores del inmueble y que, según dicen los uniformados,
dispararon en su contra. Aunque Víctor Hugo Pareja Ramírez declaró que esos
sujetos huyeron “intern[ándose] en la maraña”, no es claro el por qué no se continuó
con la operación o se llevó a cabo alguna persecución, ni siquiera hay constancia
de que se hubiese intentado el rastreo o la búsqueda de estas personas que
supuestamente emprendieron la huida; esto último pese a que los helicópteros que

66 Desarrollo jurisprudencial realizado con fundamento en el artículo 211 del Código General del

Proceso, que se refiere al testimonio de las personas “que se encuentren en circunstancias que
afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o
interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”. Al
respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 54.252; sentencia del 17 de junio de 2024,
exp. 68.981, sentencia del 28 de junio de 2024, exp. 70.177, entre otras.
67 Se precisa que no quedó constancia que Ignacia Isabel Pérez Gómez estuviera en el lugar de los

hechos.

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reforzaron el operativo llegaron al lugar de los hechos entre 5 y 10 minutos después
-así lo manifestaron los funcionarios de Policía Judicial Jhon Carlos Reyes Bejarano
y Juan Manuel Altamar Arzuza-.

83. Tercero, aunque los policías al unísono aseguraron que la confrontación armada
duró cinco minutos aproximadamente y que hubo un cruce de disparos entre los
“subversivos” y la Policía, lo cierto es que ninguna de las personas que se
encontraba en el inmueble -mencionadas en el párrafo 81- ni de los uniformados
presentes resultó herido producto del supuesto enfrentamiento armado.

3) No se acreditó que las armas incautadas hubieran sido accionadas

84. Al lado de la ausencia de elementos de juicio que permitan concluir que sí medió
una confrontación armada, tampoco quedó demostrado que la víctima directa utilizó
el material de guerra que supuestamente fue incautado en el lugar de los hechos -
elementos que serán relacionados en el siguiente acápite, por razones
metodológicas-.

85. 3.1. Preliminarmente, se debe destacar que Hugo Bedoya Castro y Víctor Hugo
Pareja Ramírez indicaron que Jáder Enrique Ariz Blandón cayó herido “junto a un
quiosco que se encuentra cerca de la vivienda”, que junto a su cadáver se
encontraron un fusil M4 y una granada de fragmentación IM26 y que esos elementos
fueron preservados para dejarlos a disposición de los funcionarios de Policía
Judicial; sin embargo, en el acta de registro y allanamiento -FPJ 18-68 que se realizó
el día de los hechos se dejó constancia que en el “patio” y en el “corral de cerdonas
y zona contigua”, lugar donde supuestamente estaba el cuerpo de la víctima, “no se
halló EMP y/o EF”69, y que éstos fueron incautados al interior de la vivienda -en sus
dos habitaciones, en la cocina, cuarto de herramientas y una sala-.

68 Folio 231 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
69 En el acta de registro y allanamiento -FPJ 18-, que obra a folio 231 del documento

“005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en Samai, se consignó el
siguiente cuadro:
N° Lugar donde fueron Identificación y descripción Nombre de quien la
encontradas halló
01 SALA - COMEDOR NO SE HALLO EMP Y/O EF N/A
02 HABITACIÓN N°. 1 UN CELULAR MARCA SI. JUAN ALTAMAR
ALCATEL ONE TOUCH
03 HABITACIÓN N°. 2 UNA PISTOLA, UN SI. JUAN ALTAMAR
REVOLVER, MUNICIÓN Y 02
CELULARES
04 COCINA Y CUARTO DE UN CELULAR MARCA SI. JUAN ALTAMAR
HERRAMIENTAS BLACKBERRY 9220
05 BAÑO NO SE HALLO EMP Y/O EF N/A
06 PATIO NO SE HALLO EMP Y/O EF N/A
07 SALA CONTIGUA A LA 2 CELULARES BLACKBERRY SI. JUAN ALTAMAR
HABITACIÓN N°. 2 Y 01 CELULAR MARCA
SAMSUNG
08 CORRAL DE CERDONAS Y NO SE HALLO EMP Y/O EF N/A
ZONA CONTIGUA

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86. 3.2. Un perito en balística determinó, en el informe de investigador de laboratorio
del 17 de octubre de 201570, que el fusil marca Colt calibre 5,56 y la pistola calibre
9mm se encontraban en condiciones aptas para producir disparos y que arrojaban
“positivo” para presencia de residuos de pólvora (nitritos), pero que “no exist[ía]
medio técnico, ni científico para determinar la fecha en que se realizaron el o los
disparos de [estas] arma[s] de fuego”, lo que le impide corroborar a esta Sala si,
efectivamente, dichas armas fueron usadas precisamente el 17 de octubre de 2015.

87. 3.3. Al cadáver de Jáder Enrique Ariz Blandón no se le realizaron pruebas de
absorción atómica, con las cuales se hubiera podido comprobar la presencia de
residuos de disparo en sus manos y así demostrar que eventualmente disparó, el día
de los hechos, contra los miembros de la Policía.

4) La Policía no cuestionó la determinación que adoptó el Tribunal a quo en
punto de la cadena de custodia irregular

88. El Tribunal Administrativo de Córdoba encontró que no existía certeza sobre la
legalidad de la cadena de custodia; al respecto, destacó: 1) que no había “total
claridad” sobre los objetos incautados durante el operativo, porque los que fueron
confiscados conforme al informe ejecutivo FPJ–3 no coincidían con los relacionados
en el de registro y allanamiento FPJ-19, y 2) que no existía certeza sobre cuál había
sido el destino de las armas que presuntamente fueron incautadas en el operativo
policial.

89. Se observa que la Policía Nacional no presentó ningún argumento de
inconformidad dirigido a rebatir esa conclusión, con fundamento en la cual el
Tribunal a quo estimó que medió una cadena de custodia irregular; razón suficiente
para que en esta instancia dicha determinación se mantenga incólume, pues se
recuerda que el juez de segunda instancia “no puede ir al extremo de suponer las
razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía,
de suplir las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”71.

90. En cualquier caso, lo expuesto por el a quo es corroborado por esta Sala, así:
1) en el “informe ejecutivo FPJ-3” se indicó que, en el lugar de los hechos, se
encontraron los siguientes elementos materiales probatorios y/o evidencia física:
1.1) un cuerpo de sexo masculino no identificado; 1.2) un fusil marca Colt calibre
5,56, modelo M4, serial número A0092959, con un proveedor con 23 cartuchos; 1.3)
una granada de fragmentación IM26; 1.4) una pistola calibre 9mm, sin marca, con
un proveedor con 11 cartuchos; 1.5) una escopeta calibre 22mm; 1.6) dos vainillas
percutidas calibre 5,56, y 1.7) diez vainillas percutidas calibre 5,56. Por su parte, 2)

70 Folios 135 a 142 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente No. 44.707, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez. En esa misma línea ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación: i) sentencia del 10 de noviembre de 2017,
expediente No. 54.675; ii) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 51.212; iii) auto
del 14 de octubre de 2015, expediente No. 48.502, M.P. Hernán Andrade Rincón y iv) sentencia del
9 de abril de 2014, expediente No. 27.550, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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en el informe de registro y allanamiento FPJ-1972 se dejó constancia no solo de los
siete elementos anteriormente relacionados, sino también de: 2.8) una pistola
calibre 9MM, cachas plásticas color negro, con serie N° 16810, acabado niquelado
en mal estado de conservación, con un proveedor y 09 cartuchos ;; 2.9) un revólver
calibre 22, acabado pavonado en mal estado de conservación (oxidada), contiguo
a esta una caja en su interior contiene 30 cartuchos calibre 22; 2.10) once cartuchos
calibre 9 MM, con encamisado en latón, y 2.11) seis celulares. También es cierto
que en el oficio de “registro de cadena de custodia”, identificado con el código único
del caso y el radicado 110016101276201500090, figura en la descripción de los
elementos de prueba encontrados únicamente siete celulares, pero que no se
relacionaron las armas de fuego supuestamente incautadas, por lo que no se tiene
conocimiento de cuál fue su destino73.

Conclusiones acerca de las causas del deceso de Jáder Enrique Ariz Blandón

91. El uso de la fuerza y de las armas debe estar orientado de manera exclusiva a
cumplir las finalidades constitucionales del Estado74, y los integrantes de la fuerza
pública que están investidos para el efecto deben respetar los derechos humanos,
entre ellos, el derecho a la vida; por tales razones, la Corte Constitucional ha dicho
que tal uso debe estar regido por los siguientes principios75:
“(i) Proporcionalidad, según el cual las acciones no deben afectar los derechos
humanos de una manera desproporcionada respecto del objetivo;
(ii) necesidad, según el cual las acciones no deben afectar ni restringir los
derechos humanos más de lo necesario; y (iii) precaución, según el cual se
deben adoptar todas las precauciones posibles para asegurar que la fuerza se
emplee de conformidad con el marco jurídico vigente y protegiendo el derecho
a la vida en la máxima medida posible”.

92. Lo hasta aquí referenciado permite concluir que los miembros de la Policía
Nacional accionaron sus armas de dotación y que, como consecuencia de ello, el
señor Ariz Blandón falleció. No pudo determinarse la existencia de un
enfrentamiento ni que las armas incautadas, con una cadena de custodia irregular,
fueron disparadas por la víctima; tampoco obran elementos de juicio que permitan
determinar un acto de legítima defensa por parte de los agentes de la Policía.

93. Precisamente lo hasta aquí dicho evidencia que no se cumplió con los principios
que deben regir el uso de la fuerza, pues no era proporcional ni necesario que los
uniformados accionaran sus armas, si se tiene en cuenta que ellos no solo portaban
armamento, sino que, además, contaron con el apoyo posterior de funcionarios de
Policía Judicial y de helicópteros, frente a la amenaza que podía representar el
señor Ariz Blandón, quien se encontraba en el inmueble escenario de los hechos en
compañía de su compañera permanente, familiares de ella y dos menores de edad
-quienes, según las declaraciones de Sandra Milena Vertel, María Elena Vertel

72 Folios 227 a 230 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
73 Folios 248 al 257 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
74 Corte Constitucional, Sentencia C-082 de 2018.
75 Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2019.

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

Suárez, Omar Yesid Navarro Vertel e Ignacia Isabel Pérez Gómez, anteriormente
reseñadas, eran su hijo y su sobrina-.

94. Se recuerda que el artículo 2 de la Constitución Política señala que las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades; a la par, el artículo 218 prevé que la Policía tendrá como finalidad
primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes convivan en paz;
además, que el empleo de la fuerza armada sólo puede ser utilizado como último
recurso, luego de que se hayan agotado todos los medios al alcance de las
autoridades que representen menores probabilidades de causar daños severos y
que “lo contrario, implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de
la vida y demás derechos fundamentales de las personas”76.

95. En este punto de la providencia se resalta que los miembros de la Fuerza Pública
no sólo reciben suficiente preparación en el uso de armas y que están obligados a
observar las indicaciones sobre el manejo mecánico y las medidas de seguridad
sino que también están capacitados para actuar en operativos oficiales, al punto
que ese nivel de instrucción les debe permitir entender que sus acciones no deben
afectar ni restringir los derechos humanos más de lo necesario, junto con la
adopción de todas las precauciones posibles para proteger el derecho a la vida de
la víctima directa, de manera que cuando se advierte que actuaron
desproporcionadamente en el cumplimiento de sus funciones durante un servicio
oficial, obviando los procedimientos para los cuales fueron preparados, debe
declararse la configuración de una falla del servicio77.

96. Finalmente, se descartarán los demás cargos formulados en los recursos de
apelación a continuación.

97. La Policía manifestó, en su impugnación, que en el proceso disciplinario que se
adelantó por estos hechos permitía establecer que el uso de las armas oficiales se
presentó con justificación, y que ese aspecto no fue tenido en cuenta en primera
instancia. Al respecto, obra el oficio con radicado INDEL-CODIN 3.1 del 15 de
noviembre de 2017 que informa que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Policía Nacional no inició investigación disciplinaria en contra de ninguno de sus
miembros, porque determinó que la “neutralización” de Jáder Enrique Ariz Blandón
obedeció a un acto de legítima defensa de los uniformados 78. Tal oficio en nada
varía el análisis efectuado por el a quo ni el realizado por esta Sala en los párrafos
precedentes, pues se recuerda que esta determinación judicial se circunscribe a la
responsabilidad administrativa del Estado y se sustentó en los elementos de juicio

76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de

febrero de 2010, exp. 17.834. M.P. Myriam Guerrero de Escobar.
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 13 de

julio de 1993, exp. 8163– y del 16 de julio de 2008 –exp. 16423–, C.P. Juan de Dios Montes
Hernández y Mauricio Fajardo Gómez, respectivamente, entre otras.
78 Folio 140 del documento denominado “20“020ED_16RespuestaPoliciaNa.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
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Referencia: Reparación directa

allegados a este proceso de reparación directa, en el que la Policía tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

98. No sobra decir que la parte actora denunció, en su apelación, que la diligencia
de allanamiento inició y se desarrolló sin la presencia de la Policía Judicial, en
abierta vulneración a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley 906 de 2004; pero
advierte esta Sala que, de acuerdo con el documento denominado “orden de
operaciones” del 11 de octubre de 201579, se dispuso que, previamente, ingresarían
al inmueble unos funcionarios de Policía Judicial cuya función consistía en
“despejar” y “asegurar” el área para así facilitar la posterior labor de allanamiento
que estaría a cargo de los agentes de Policía Judicial Jhonatan Salazar Olivos, Juan
Manuel Altamar Arzuza y Jhon Carlos Reyes Bejarano. Sin perjuicio de lo anterior,
esta Subsección estableció que el título de imputación jurídica que debe guiar este
caso es el de falla del servicio, pues, como se explicó, aparece la prueba del
comportamiento desproporcionado de los miembros de la entidad demandada que
precisamente realizaron ese “patrullaje de reconocimiento” durante la operación
policial del 17 de octubre de 2015.

99. Ahora, en relación con la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima
propuesta por la Policía Nacional, esta Corporación ha dicho que debe estar
demostrada, además de la simple causalidad material, que la víctima directa
participó y que fueron sus actuaciones imprudentes y/o culposas la causa eficiente
en la producción del resultado o daño que se reclama. En este caso, no existe
elemento de convicción alguno que permita concluir que la muerte de la víctima,
causada por la actuación que en su momento desplegaron los agentes de la Policía
Nacional, hubiere obedecido a su propia culpa, pues la entidad demandada no
probó que la circunstancia que desencadenó su deceso en el citado operativo
policial fue que él asumió una conducta de hostilidad suprema en contra de los
agentes estatales que justificó su reacción armada.

100. Por lo expuesto, se confirmará el fallo apelado proferido por el Tribunal de
primera instancia, que declaró la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional,
dado que se probó que el daño alegado en la demanda le resulta imputable a título
de falla en el servicio.

Indemnización de perjuicios

Legitimación en la causa de Sandra Milena Vertel Pérez

101. Antes de abordar lo concerniente a los perjuicios, resulta indispensable
referirse a si le asiste, o no, legitimación en esta causa material por activa a Sandra
Milena Vertel Pérez; lo anterior porque la Policía, en su recurso de apelación,
advirtió que el día del operativo policial indicó que no conocía a Jáder Enrique Ariz
Blandón, por lo que no podía alegar que, para el momento en que ocurrieron los
hechos, era su compañera permanente.

79 Folios 12 a 20 del documento denominado “20“020ED_16RespuestaPoliciaNa.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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Referencia: Reparación directa

102. Si bien el 17 de octubre de 2015 funcionarios de la Policía Judicial entrevistaron
a Sandra Milena Vertel Pérez80, y en esa oportunidad ella aseguró que no conocía
a la persona que falleció en el operativo, lo cierto es que cuando esta señora rindió
su interrogatorio de parte ante el Tribunal Administrativo aclaró que ese día
miembros de la Policía se iban a llevar a sus hijos Omar Yesid Navarro Vertel y
Tatiana Milena Aris Vertel, esta última de 10 años, en dos helicópteros; agregó que
le dijeron que no se llevarían a la menor Tatiana Milena si firmaba “un papel en
blanco”, donde figuraba la declaración que daba cuenta de que no conocía a la
víctima, y que accedió con la única intención que le entregaran a su hija.

103. Al margen de que lo relatado por Sandra Milena Vertel sea cierto o no -pues
no le corresponde a esta Sala determinar si la entrevista de Sandra Milena Vertel
Pérez fue manipulada de alguna forma por la Policía Nacional-, en este proceso se
observa que:

104. 1) Obran declaraciones juramentadas y pruebas testimoniales de Yovanis
Rafael Madrid Ricardo, Merlis del Rosario Mausa Mejía, Fader Luis Madrid Mausa,
Eider Darío Correa Ballestas -quienes dijeron que eran amigos de la víctima directa
del daño-, Ignacia Isabel Pérez Gómez, María Elena Vertel Suárez y Omar Yesid
Navarro Verte l -quienes manifestaron que eran la madre, la hermana y el hijo de
Sandra Milena Vertel Pérez, respectivamente-81, que dan cuenta de 1.1) que la
víctima y la señora Vertel Pérez, para octubre de 2015, tenían “más de 15 años”
conviviendo, fruto de lo cual tuvieron dos hijos -Jhoan Enrique Ariz Vertel y Tatiana
Milena Aris Vertel, demandantes también en esta causa, como se verá en el párrafo
109- con quienes convivían y 1.2) que la muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón le
causó un grave dolor moral a Sandra Milena Vertel Pérez, por las relaciones de
afecto y cariño que se profesaban. Tales dichos son claros y consistentes entre sí,
por lo cual merecen credibilidad.

105. 2) También fueron allegadas al expediente pruebas documentales que
acreditan la calidad con la que demandó la señora Vertel Pérez; lo anterior se
verifica con: 2.1) la querella que radicó el 25 de marzo de 2011 ante la Oficina de
atención al ciudadano del Departamento de Policía de Córdoba, en la que contó
acerca de los “volantes” en los que figuraba su “esposo (sic) Jáder Enrique Ariz
Blandón” como integrante de una banda criminal; 2.2) la denuncia que formuló el 20
de junio de 2011 en el Juzgado Ciento Sesenta y Cuatro de Instrucción Penal Militar,
cuando puso de presente que un uniformado “perseguía” a su “compañero Jáder
Enrique Ariz Blandón” y 2.3) la denuncia que realizó el 27 de noviembre de 2017 en
la Fiscalía Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Montería, para
“denunciar el homicidio cometido en la persona de mi ex compañero permanente
señor Jáder Enrique Ariz Blandón”. Tanto en la querella como en las denuncias no
solo se identificó como la compañera sentimental de la víctima, sino que realizó
declaraciones formales acerca de situaciones que lo afectaban de alguna forma,

80 Folio 240 del documento “012ED_08RespuestaFiscaliaG.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
81 Folios 42 y 43 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.

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todo lo que se traduce en su interés genuino en que la situación personal y jurídica
de Jáder Enrique Ariz Blandón estuviera en orden.

106. Por todo lo anterior, la Sala concluye que sí está probada la legitimación en la
causa material por activa de la referida demandante.

Perjuicios morales

107. El Tribunal de primera instancia reconoció, por este concepto, el equivalente a
100 SMLV en favor de cada uno de los aquí actores. Al respecto, mientras la Policía
indicó que debían revocarse los perjuicios morales concedidos en favor de los
demandantes, porque “no exist[ía] en el plenario prueba contundente que
dem[ostrara] el grado de aflicción que pudieron haber padecido, como dictámenes
periciales psicológicos, historias clínicas, entre otros”; los demandantes solicitaron
su incremento “teniendo en cuenta (…) las circunstancias en que se produjo la
muerte de la víctima, la modalidad de las acciones desplegadas en el operativo
policial, su gravedad, la naturaleza e intensidad y demás factores objetivos”.

108. Se anticipa que no prosperan ninguno de estos cargos de apelación, por las
razones que pasan a desarrollarse. La sentencia de unificación aplicable a esta
controversia es la proferida el 28 de agosto de 2014, en el marco del expediente
26.251, por la Sección Tercera de esta Corporación. Para la reparación del daño
moral en caso de muerte, se diseñaron cinco niveles82 de cercanía afectiva entre la
víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados
indirectos, y definió que para los niveles 1 y 2, dentro de los que figuran la
compañera permanente y los hijos, solo se requiere la prueba de la convivencia de
los compañeros permanentes y del estado civil, respectivamente; esto último
después de razonar que es común, esperable y comprensible que los seres
humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se
produce la muerte de un ser querido en ese grado de cercanía.

109. La Sala ya se refirió a que Sandra Milena Vertel Pérez probó que era la
compañera permanente de la víctima83, y advierte que los demás demandantes eran
sus hijos, lo anterior, de acuerdo con los registros civiles de nacimiento de Jhoan
Enrique Ariz Vertel84 y Tatiana Milena Aris Vertel85, en los que figura Jáder Enrique
Ariz Blandón como su padre. Ante la acreditación de los vínculos de quienes
acudieron como compañera permanente e hijos de la víctima directa, no resultaba
necesario que en el sub lite se aportara prueba “que dem[ostrara] el grado de
aflicción que pudieron haber padecido, como dictámenes periciales psicológicos,
historias clínicas, entre otros”, argumento suficiente para descartar el cargo de
apelación planteado por la Policía Nacional.

82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 28 de

agosto de 2014, No. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
83 Folio 28 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
84 Folio 30 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
85 Se precisa que en citado registro civil figura su primer apellido como “Aris” y no como “Ariz”. Folio

32 del documento “005ED_01expedienteRad23001.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.

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110. Ahora, en la sentencia de unificación aplicable se fijaron los montos máximos
que podían reconocerse, por perjuicios morales, en favor de las víctimas en casos
de muerte, y se estableció, además, que esos topes podían ser superados cuando
se acreditaran circunstancias que evidenciaran una gravedad o intensidad
excepcional, por lo que “en casos excepcionales, como los de graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre
otros, podrá otorgarse una indemnización” se podía reconocer hasta tres veces el
tope fijado por la jurisprudencia de esta Corporación.

111. Esta Subsección, con fundamento en su prudente juicio y después de
establecer la situación concreta en la que falleció la víctima, así como la aflicción
que ello debió generar en los aquí demandantes, encuentra procedente confirmar
el tope indemnizatorio de 100 salarios mínimos legales mensuales reconocido en
sede de primera instancia por la muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón en favor de
Sandra Milena Vertel Pérez -compañera permanente-, Jhoan Enrique Ariz Vertel y
Tatiana Milena Aris Vertel -hijos-. Dicha suma no se incrementará toda vez que en
este caso no se acreditaron circunstancias que evidencien una gravedad o
intensidad excepcional en dicho perjuicio moral y que permitan fijar un monto mayor.

112. En definitiva, los valores que se confirmarán por perjuicios morales serán los
siguientes86:

Demandante Condición Monto a reconocer
Sandra Milena Vertel Pérez Compañera permanente 100 SMLMV
Jhoan Enrique Ariz Vertel Hijo 100 SMLMV
Tatiana Milena Aris Vertel Hija 100 SMLMV

Lucro cesante

113. A título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, en primera
instancia se reconocieron las siguientes sumas: i) $147’315.984 en favor de Sandra
Milena Vertel Pérez; ii) $36’287.492,1 en favor de Jhoan Enrique Ariz Vertel y (iii)
$46’178.867,4 en favor de Tatiana Milena Aris Vertel.

114. En punto de este perjuicio, la Policía Nacional indicó, en su recurso, que los
testimonios rendidos “no [era]n uniformes” en relación con la dependencia
económica que tenían los aquí demandantes respecto de la víctima; agregó que al
expediente no se aportó ningún elemento de juicio que diera cuenta de este aspecto
“como, por ejemplo, consignaciones de pago, certificado de depósitos o envíos de
dinero, certificación de que la señora Sandra Milena Vertel Pérez y sus hijos fuese
beneficiaria del sistema de salud de la víctima como cotizante, entre otros”. Por su
parte, los actores hicieron alusión a varios testimonios que permitían acreditar que
Jáder Enrique Ariz Blandón tenía un ingreso mensual no inferior a dos millones de
pesos, lo que posibilitaba una mayor condena a la impuesta.

86 Se precisa que el monto del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la

fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

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115. De acuerdo con esta Sección87, el reconocimiento de indemnización por lucro
cesante resulta procedente para aquellas personas que comprueben que dependen
económicamente de la persona fallecida, asimismo, se ha establecido la presunción
de que los hijos son dependientes de sus padres hasta que cumplan 25 años y, por
último, los cónyuges y compañeros permanentes son dependientes por la vida
probable de uno de ellos.

116. En cuanto a la dependencia económica de los demandantes el a quo no realizó
ningún análisis expreso, solo afirmó que el lucro cesante “correspond[ía] con la idea
de ganancia frustrada”, sin precisar si se valía de algún medio de prueba específico
que acreditara tal hecho en relación con Sandra Milena Vertel Pérez, pues aplicaba
la presunción referida en el párrafo anterior para sus hijos, quienes, para la fecha
de la muerte de Jáder Enrique Ariz Blandón, aún no habían cumplido 25 años88. Sin
perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que mediante las declaraciones de
Yovanis Rafael Madrid Ricardo, Merlis del Rosario Mausa Mejía, Fader Luís Madrid
Mausa, Eider Darío Correa Ballestas, Ignacia Isabel Pérez Gómez y María Elena
Vertel se demostró que Jáder Enrique Ariz Blandón convivía con su compañera
Sandra Milena Bertel Pérez y con sus hijos y que se ocupaba de su manutención,
todo lo que permite concluir que los actores dependían económicamente de la
persona fallecida.

117. En punto del ingreso base con el que sería liquidado este perjuicio, el Tribunal
Administrativo consideró que no se probó el ingreso de Jáder Enrique Ariz Blandón
y, ante la falta de prueba, lo hizo con base en el salario mínimo legal mensual
vigente para la fecha de la sentencia -2024-; dijo que a dicha suma no se le
incrementaría 25% por concepto de prestaciones sociales, “pues no se probó que
la persona tuviera una relación laboral dependiente ni un vínculo contractual
vigente” y que se le descontaría el 25%, correspondiente a lo que la víctima utilizaba
para su propia manutención; todo lo cual arrojó la suma de $975.000.

118. Al respecto, aunque es cierto que Yovanis Rafael Madrid Ricardo, Merlis del
Rosario Mausa Mejía y Fader Luís Madrid Mausa aseguraron que la víctima se
dedicaba a la agricultura pero que principalmente tenía una “gallera” en un local
comercial arrendado ubicado cerca a la cancha principal del municipio de Los
Córdobas; actividades independientes que le permitían devengar mensualmente
$2’000.000, estas declaraciones tienen la suficiencia probatoria requerida para
acreditar que Jáder Enrique Ariz Blandón laboraba pero no que percibía, en efecto,
la suma referida.

119. Si el señor Ariz Blandón era comerciante y tenía un establecimiento de
comercio que le generaba tales ingresos, debió acreditarse en el sub lite que se
matriculó en el registro mercantil -lo cual era su obligación- y que llevaba la
contabilidad regular de este negocio, conforme con lo previsto en los artículos 1989,

87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de abril de 2022, exp. 53.762.
88 Dicha información se obtuvo de sus respectivos registros civiles de nacimiento.
89 “Artículo 19. Es obligación de todo comerciante:

1) Matricularse en el registro mercantil;

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4890 y 5391 del Código de Comercio; pese a lo anterior, no se aportaron a este
proceso los libros contables que debía llevar y registrar, que dieran cuenta de los
ingresos percibidos por su actividad comercial o cualquier otra prueba idónea; esto
último, en línea con el criterio de unificación de la Sección para el reconocimiento
del lucro cesante de los trabajadores independientes92.

120. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no puede desconocer las declaraciones
mencionadas, que al unísono refirieron que Jáder Enrique Ariz Blandón tenía un
“negocio” de pelea de gallos; testimonios que permiten acreditar que esa persona
desempeñaba, al momento de su deceso, una actividad productiva lícita 93 que le
proporcionaba ingresos, sin que esté demostrado el monto devengado producto de
su ejercicio. Cuando lo anterior ocurre, el criterio de unificación de la Sección94
indica que la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo como ingreso
base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia,
sin el incremento del 25% en el sub lite, toda vez que no se probó que Jáder Enrique
Ariz Blandón trabajara como empleado o la existencia de una relación laboral
subordinada, luego, tampoco la existencia de prestaciones sociales 95, y así mismo
lo hizo -apropiadamente- el Tribunal Administrativo en sede de primera instancia,

121. No sobra agregar que el a quo tomó el valor base de liquidación -el monto de

2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley
exija esa formalidad;
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus
negocios o actividades (…)”.
90 “Artículo 48. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios

y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la
materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la
guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo será permitida la utilización de otros
procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre
que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos
individuales y el estado general de los negocios”.
91 “Artículo 53. En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas

aquellas que puedan influir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes
de contabilidad que las respalden.
El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al registro de
cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la
operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los
documentos que lo justifiquen”.
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

del 18 de julio de 2019, exp. 44.572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
93 Las peleas de gallos están regladas por el Acuerdo 009 de 2005 del Consejo Nacional de Juegos

de Suerte y Azar y, por lo tanto, deben cumplir con las disposiciones allí contenidas.
94 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

del 18 de julio de 2019, exp. 44.572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
95 La Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, precisó que las prestaciones sociales solo

se causan en virtud de la existencia de un contrato de trabajo subordinado y que a ellas no tienen
derecho quienes desarrollan una actividad como independientes; al respecto, dijo:
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del
contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que
quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener
frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones
sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes
a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de
horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al
pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.

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$975.000- y lo dividió en 2 partes iguales, una para la compañera permanente
Sandra Milena Vertel Pérez -la suma de $487.500- y otra entre sus hijos Jhoan
Enrique Ariz Vertel y Tatiana Milena Aris Vertel -$243.750 para cada uno de los
referidos actores-; que determinó que para la compañera permanente supérstite de
la víctima, el período de liquidación se extendería hasta la vida probable del occiso,
mientras que para los hijos se ampliaría hasta el momento en que cumplieran los
25 años de edad; y que la operación pertinente arrojó los montos consignados en el
párrafo 113 en favor de cada uno de los demandantes.

122. Así las cosas, la Sala se limitará a actualizar los montos concedidos por el a
quo, así: i) $153’899.244,6796 en favor de Sandra Milena Vertel Pérez; ii)
$37’909.108,4297 en favor de Jhoan Enrique Ariz Vertel y iii) $48’242.509,4598 en
favor de Tatiana Milena Aris Vertel.

123. En conclusión, la sentencia de primera instancia será confirmada, después de
actualizar el reconocimiento económico fijado por el a quo por lucro cesante.

Condena en costas

124. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, que ésta debe imponerse “a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación”. A su vez, el numeral 4 de ese mismo artículo prescribe que
“cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”.

125. Vistos los argumentos que sirven de sustento a esta providencia, se concluye
que, en principio, procede la condena en costas, al ser resueltos de forma
desfavorable los recursos de apelación, si se tiene en cuenta que 1) se confirmó la
responsabilidad de la Policía Nacional, se determinó que Sandra Milena Vertel
Pérez sí estaba legitimada en la causa y se confirmaron los montos reconocidos por
el a quo por concepto de indemnización de perjuicios y 2) tampoco prosperaron los
argumentos de la parte actora, pues se estableció que no procedía el aumento de
los montos concedidos por perjuicios morales ni por lucro cesante.

126. C omo, en estricto sentido, ninguno de los cargos expuestos por cada una de
las partes recurrentes, la demandante y la demandada, tuvo vocación de
prosperidad, no habrá lugar a condenar en costas a favor ni en contra de ninguno
de los extremos procesales, comoquiera que, en realidad, operó una suerte de
compensación, dado que a ambas partes les fue resuelto de manera desfavorable

96 Suma actualizada de $147’315.984, tomando como IPC inicial 142,32 (abril de 2024, fecha en que

se profirió la sentencia de primera instancia) y como IPC final 148,68 (vigente para el momento en
que se expide la decisión de segunda instancia).
97 Suma actualizada de $36’287.492 tomando como IPC inicial 142,32 (abril de 2024, fecha en que

se profirió la sentencia de primera instancia) y como IPC final 148,68 (vigente para el momento en
que se expide la decisión de segunda instancia).
98 Suma actualizada de $46’178.867 tomando como IPC inicial 142,32 (abril de 2024, fecha en que

se profirió la sentencia de primera instancia) y como IPC final 148,68 (vigente para el momento en
que se expide la decisión de segunda instancia).

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Radicación: 23001-23-33-002-2017-00566-01 (71.595)
Demandante: Sandra Milena Vertel Pérez y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Reparación directa

los argumentos que sustentaron en sus recursos de alzada, tal como esta Sala se
pronunció en recientes oportunidades99.

127. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2024, proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: FIJAR la actualización de la condena impuesta a la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional por concepto de lucro cesante, en favor de los
demandantes, en los siguientes montos:

Demandante Condición acreditada Indemnización
Sandra Milena Vertel Pérez Compañera permanente $153’899.244,67
Jhoan Enrique Ariz Vertel Hijo $37’909.108,42
Tatiana Milena Aris Vertel Hija $48’242.509,45

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas.

CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

VF

99 Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, exp. 70.416.

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