Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2018-00029-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2018-00029-01 (6546-2024)
Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
Demandados: Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio1
Temas: Sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas.
Aplicación de las reglas de unificación de la sentencia CE-SUJ2-
012-18
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 26 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jesús Álvaro Caicedo González presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad del oficio FPSM-OF-554-2017 del 9 de agosto
de 2017, por medio del cual la Secretaría Educación de Montería le negó el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
1 En lo que sigue Fomag
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2018-00029-01 (6546-2024)
Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
definitivas.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el pago de la sanción por mora equivalente a 1 día de salario por cada día
de retardo «a partir del día siguiente a la radicación de la solicitud de reconocimiento y
pago de las cesantías […] y hasta la fecha en que [se] haga efectivo el pago total» [sic]; ii)
la indexación de las sumas adeudadas; y iii) la condena en costas a la parte
demandada.
3. Asimismo, como pretensiones subsidiarias solicitó: i) el pago de la sanción
moratoria «un día de salario por cada día de retardo contados a partir del día siguiente a
la radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías ante la entidad y
hasta la fecha en que se hizo efectivo el pago parcial de las cesantías definitivas» [sic]; y
ii) la indexación de las sumas adeudadas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
4.1. El 30 de abril de 2014, Jesús Álvaro Caicedo González solicitó al Fomag el
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.
4.2. Mediante Resolución 1345 del 23 de septiembre de 2014, el alcalde del municipio
de Montería le reconoció la suma de $16.189.859 por concepto de cesantías
definitivas «correspondiente a la cuota parte del Municipio de Montería». Esta decisión le
fue notificada el 13 de abril de 2015.
4.3. Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
con la Resolución 0762 del 11 de mayo de 2015 en la que ordenó un « nuevo estudio
de las cesantías definitivas».
4.4. La Secretaría de Educación del municipio de Montería «envió el proyecto de
resolución de fecha 15 de mayo de 2015, a la Fiduciaria La Previsora».
4.5. La Secretaría de Educación del municipio de Montería « de manera unilateral,
arbitraria y sin solicitar el consentimiento […] expidió la Resolución No. 1017 de 2015,
violando lo ordenado en la Resolución No. 0762 del 11 de mayo de 2015 y lo ordenado en
el proyecto de Resolución de 15 de mayo de 2015, por lo que […] interpuso acción de tutela».
4.6. En el marco de la acción de tutela, se profirió sentencia en la que se ordenó a la
Secretaría de Educación del municipio de Montería «decretar la nulidad de la Resolución
No. 1649 del 9 de septiembre de 2016 y, en consecuencia proferir un acto administrativo con
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
base en la Resolución No. 0762 del 11 de mayo de 2015 a través de la cual la Alcaldía
Municipal de Montería repuso la Resolución No. 1345 del 23 de septiembre de 2014, y el
proyecto de las cesantías definitivas “por la cual se reconoce y ordena el pago de una
cesantía definitiva a un docente departamental” el cual fue aprobado por la dirección de
prestaciones económicas de la Fiduprevisora S.A.».
4.7. A través de la Resolución 2178 del 8 de noviembre de 2016, la Secretaría del ente
territorial dio cumplimiento a la orden de tutela y reconoció como cesantías definitivas
la suma de $18.574.614.
4.8. El 22 de julio de 2017 solicitó al Fomag el reconocimiento de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías definitivas. Lo anterior fue negado por la
Secretaría de Educación del municipio de Montería, a través del Oficio FPSM-OF-
554-2017.
4.9. Entre la fecha de la solicitud de reconocimiento [30 de abril de 2014] y aquella en
la que se hizo efectivo el pago de las cesantías [10 de julio de 2017] transcurrieron
1105 días.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales, se señalaron los artículos 4, 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 56 de la Ley
962 de 2005; 3 de Decreto 2831 de 2005; y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
6.1. El Fomag desconoció las normas que regulan el reconocimiento y pago de las
cesantías, puesto que no profirieron el acto administrativo correspondiente dentro de
los 15 días siguientes a la fecha en la que se presentó la reclamación ni efectuó el
pago «dentro de los 45 días, tenidos en cuenta a partir de la fecha en que qued[ó] en firme
la resolución en la que se le reconoció el derecho de las cesantías definitivas».
6.2. Asimismo, sustentó el concepto de violación en la jurisprudencia contenida en la
sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 17 de noviembre de 2016, dentro del expediente con radicado 66001-23-
33-000-2013-00190-01, según la cual «es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45)
días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen
las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de la misma o en este caso la de la
solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número
de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria».
3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_20240116(.zip) NroActua 2»,
carpeta 680012333000-2019-00443-00 NYR, archivo 01 EXPEDIENTE DIGITALIZADO
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1.2. Contestación de la demanda
7. El Fomag no contestó la demanda, según se dejó constancia en el acta de la
audiencia inicial.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Córdoba en sentencia proferida el 26 de agosto de
2024 declaró la nulidad del oficio FPSM-OF-554-2017 del 9 de agosto de 2017 y,
como consecuencia, condenó a la entidad demandada al pago de la sanción
moratoria causada «a favor del señor Jesús Álvaro Caicedo González, por el pago tardío
de sus cesantías, desde el 14 de agosto de 2014 hasta el 5 de julio de 2017. Para su
liquidación, se deberá tener en cuenta el último salario básico devengado por el docente».
9. Para tal efecto se pronunció así:
9.1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, y los lineamientos trazados por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, « el término para que se
genere la indemnización moratoria, debe contarse desde la fecha en la cual el interesado
radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas, es decir,
quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más diez (10) días
hábiles que corresponden a la ejecutoria, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del
día en que quedó en firme la resolución, para un total de 70 días hábiles; transcurridos los
cuales se causará la sanción moratoria, de ser presentada la solicitud bajo la vigencia de la
Ley 1437 de 2011 - CPACA-».
9.2. De acuerdo con los aspectos fácticos acreditados en el expediente «no está en
discusión el pago oportuno de la cesantía definitiva reconocida por el Municipio de Montería
en la Resolución nro. 1017 del 13 de noviembre de 2015, respecto del periodo en que el
docente laboró al servicio del Departamento (1988 a 2010), durante el cual no estuvo afiliado
al Fomag, sino, que, lo que es objeto de debate es la tardanza en el pago de la cesantía
reconocida mediante Resolución nro. 2187 del 8 de noviembre de 2016, modificada por la
Resolución nro. 0715 del 19 de abril de 2017».
9.3. Al respecto, el pago de las cesantías se realizó por fuera del «plazo establecido por
la Sección Segunda del Consejo de Estado» en la mencionada sentencia, puesto que
«el primer acto administrativo emitido para su reconocimiento es la Resolución nro. 1345 del
23 de septiembre de 2014, la cual fue notificada el 13 de abril de 2015. Luego, contra ese
acto prosperó recurso de reposición que derivó en la expedición de dos actos administrativos
de reconocimiento de cesantías definitivas: por un lado la Resolución nro. 1017 del 13 de
noviembre de 2015, en la que el Alcalde de Montería reconoció cesantías definitivas al actor,
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teniendo en cuenta el periodo en el que el docente laboró al servicio del Departamento (1988
a 2010), durante el cual no estuvo afiliado al Fomag, por valor de $91.881.408 -cuya
oportunidad en el pago no se discute-; y por otro lado, la Resolución nro. 1649 del 9 de
septiembre de 2016, en la que se liquidó y ordenó el pago de la suma de $16.189.859 a
cargo del Fomag, respecto del periodo en que el docente estuvo en la planta del Municipio y
afiliado a dicho Fondo. […] Contra este último acto, el docente presentó acción de tutela
porque la nueva liquidación no obedeció la suma inicial liquidada en el proyecto de acto
administrativo remitido a Fiduprevisora con ocasión del recurso, en el que liquidaba sus
cesantías definitivas con régimen retroactivo en la suma de $18.574.614. Con ocasión de
fallo favor del docente, la entidad emitió nuevo acto administrativo en relación con el periodo
en que aquel estuvo afiliado a Fomag, atendiendo la liquidación efectuada en el referido
proyecto -$18.574.614-, que luego fue modificado con la Resolución nro. 0715 del 19 de abril
de 2017, debido a que disponía recursos de intereses de cesantías del régimen anualizado
que no podían garantizar el pago de cesantías retroactivas, determinando entonces que el
Fomag solo pagaría cesantías definitivas al docente en cuantía de $16.189.859, suma que
finalmente fue sufragada el 6 de julio de 2017» [sic]..
9.4. En ese contexto, toda vez que la petición de las cesantías se radicó el 30 de abril
de 2014, el plazo de 70 días con el que contaba el Fomag para efectuar el pago
venció el 13 de agosto de 2014. Por lo anterior, el demandante tenía derecho al pago
de la sanción moratoria, la cual se causó entre el 14 de agosto de 2014 y el 5 de julio
de 2017, es decir, se configuraron 1057 días de mora.
9.5. Finalmente negó la pretensión relacionada con la indexación de las sumas
adeudadas, por cuanto, de conformidad con la sentencia de unificación SUJ012-S2
del 18 de julio de 2018 «es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA». El alcance de lo anterior no es otro que el de impedir que la sanción
moratoria en sí misma se calcule empleando el ajuste de valor, puesto que se trata
de una penalidad que ya lleva intrínseco ese aspecto, lo que no pugna con que sí se
pueda realizar el ajuste que dispone el inciso segundo del artículo 187 del CPACA a
la condena que por ese concepto corresponda.
1.4. El recurso de apelación
10. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, con sustento
en los siguientes argumentos:
10.1. En los asuntos en los que se discute lo relacionado con la sanción moratoria, la
jurisprudencia de las altas cortes ha sido adversa a la «posición inicialmente sostenida»
por la entidad demandada, por cuanto, «determinaron que la sanción por mora si es
aplicable al pago de las cesantías del FOMAG, a pesar de que no esté previsto en la Ley 91
de 1989 ni en la Ley 962 de 2005».
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10.2. El incumplimiento en el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes
es consecuencia «[…] de problemas operativos en las Entidades Territoriales [lo que]
impid[ió] el cumplimiento de los términos para proyectar las respectivas Resoluciones que
reconocen las prestaciones sociales de los educadores nacionales afiliados al FOMAG».
Ahora, si bien el Decreto 1278 de 2018 modificó el procedimiento para esos efectos,
«ajustando los términos para resolver las solicitudes relacionadas con las prestaciones
sociales del magisterio, la atención a las mismas está sujeta al turno de radicación, así
como a la disponibilidad presupuestal para realizar el pago» [resaltado original].
10.3. En la actualidad, el procedimiento para el reconocimiento y pago de las cesantías
en «un procedimiento complejo que involucra a la Entidad Territorial y a la Fiduprevisora
S.A., de acuerdo con el artículo 56 de la ley 962 de 2005». Por lo anterior, «pueden surgir
varias circunstancias por las cuales la moratoria resulta configurada a favor del accionante:
i) En la expedición del acto administrativo, fruto de una demora de la entidad territorial en
enviar el proyecto de acto administrativo o en expedirlo luego de recibida la aprobación por
parte de la sociedad fiduciaria, ii) En la expedición del acto administrativo, producto de la
demora de la sociedad fiduciaria en hacer la revisión respectiva; iii) Una vez expedido y
notificado el acto administrativo, por demoras por causas de falta de disponibilidad
presupuestal» [resaltado origina].
10.4. De otra parte, el legislador, a través del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019
prohibió que con cargo a los recursos del Fomag se pagaran las sanciones derivadas
de la mora en el pago de las prestaciones e impuso « responsabilidad directa a la
Secretaría de Educación del ente territorial por la mora en el pago de las cesantías». En ese
orden:
«En tratándose de sanción moratoria derivada del pago extemporáneo de la
cesantía parcial o definitiva docente, causadas hasta el 31 de diciembre de 2019; en
cualquiera de estos casos, el pago de la sanción moratoria corre a cargo del
FOMAG, a pesar de que la mora haya sido causada por la Entidad Territorial.
Situación diferente acontece en tratándose de sanción moratoria derivada del pago
extemporáneo de la cesantía parcial o definitiva docente, causadas desde el 01 de
enero de 2020 pues, en cualquiera de estos casos, el pago de la sanción moratoria
corre a cargo del ENTE TERRITORIAL, por expresa disposición legal, como se
argumentará en la excepción de falta de integración de litisconsorcio necesario por
pasivo.» [resaltado original].
10.5. Finalmente,se refirió a la jurisprudencia según la cual es improcedente la
indexación de la sanción moratoria.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas,
no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador «delegado de intervención 8 tercero» ante el Consejo de Estado
solicitó que se confirmara la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, para esos efectos señaló:
«[El]l recurrente manifestó que el pago de la sanción solicitada debía estar a cargo de la
respectiva entidad territorial, formulando adicionalmente y de manera imprecisa una
excepción de contestación al respecto para la fase procesal actual, al considerar una
indebida integración del litisconsorcio necesario por pasivo.
[…]
Este supuesto reparo concreto y único de fondo del escrito de alzada no tuvo en cuenta
el texto explícito del decisum del fallo del juez colegiado de primer grado, el cual señala
expresamente ordenar al recurrente pero a través de la entidad territorial respectiva, con
lo cual la carga en la obligación de la orden judicial de restablecimiento no reside
exclusivamente en la entidad apelante como se sugiere en la apelación, omisiones en la
comprensión de la sentencia impugnada inexplicables, dada su diáfana claridad, pero que
desgastan el aparato de la Administración de justicia y que, en cualquier caso,
comprometen al recurso respecto de los propósitos establecidos por el artículo 320 CGP
y el inciso segundo del numeral 3 del artículo 322 ibidem, con lo cual, forzoso resulta
recomendar respetuosamente la confirmación del fallo de primera instancia.»
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. Se circunscriben a establecer:
13.1. ¿Si el Fomag tiene competencia para pagar la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías parciales reconocidas a Jesús Álvaro Caicedo González?
13.2. ¿Sipara efectos de establecer el momento en el que se hizo exigible la
responsabilidad del Fomag frente al pago de la sanción moratoria, se aplicó la regla
de unificación establecida en la sentencia CE-SUJ2-012-18 que se adecuaba a la
situación fáctica objeto de estudio?
13.3. ¿Si es improcedente la indexación de la sanción moratoria?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
14. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
como una cuenta especial de la nación con el fin de atender «las prestaciones sociales
de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la
promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se
vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación anual de las cesantías de
sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales en el momento de su
promulgación, así:
«Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.
(…)
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por
las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables
a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
Ley.
(…)
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y
sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del
personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional» (se resalta).
15. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes
el Fomag pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio
o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,
solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a
quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.
16. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a los
nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin
hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes
para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de
cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»4
17. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación5, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia
del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
5 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.
2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13 de
agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015- 00048-
01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019, Rad.
2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00029-01 (6546-2024)
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orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 6, sostuvo lo
siguiente:
«(…) la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con anterioridad
a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que gozaban en la
entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás
normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar
a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por
las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación
reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o
en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al pronunciarse
respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de servicios
contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ2
proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del legislador al expedir la Ley
91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a partir del 1º de
enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban a aquellos
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema que
regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del orden
nacional (…)» (se resalta).
18. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de
vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer
los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
2.2.2. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
6 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
19. El artículo 37 de la Ley 91 de 19898 dispuso la creación del Fomag, como una cuenta
especial de la Nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial, contable
y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad fiduciaria
estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital.
20. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.
21. En relación con la finalidad del Fomag, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989 determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la nación el reconocimiento
de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las pagaría9.
22. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 10,
reglamentó su funcionamiento, para lo cual, en relación con el reconocimiento y pago
de las prestaciones económicas de los docentes, precisó que las solicitudes debían
ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del respectivo fondo educativo
regional, el que procedería a realizar el estudio de la documentación, con el visto
bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de
reconocimiento.
23. No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 11, dispuso que
las prestaciones sociales pagadas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
7 «ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los
costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro
de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los
servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad».
8 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
9 Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
10 «Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989».
11 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos».
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correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación
de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del
Decreto 2831 de 200512.
24. En virtud de la normativa aludida, esta Subsección ha señalado que los actos a
través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una
prestación social a favor de los afiliados del Fomag, son actos administrativos
complejos, pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría
de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos de tal fondo)13.
25. Como se señaló, el pago de las cesantías, parciales o definitivas, estaba sometida
al trámite previsto en el Decreto 2831 de 2005, que instituyó un procedimiento
administrativo caracterizado por la división de responsabilidades y cargas
administrativas entre las secretarías de educación y la fiduciaria, pero también,
adoptó términos para la ejecución de cada una de ellas, períodos que, en conjunto,
superaban los plazos dispuestos por el legislador para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías de los demás servidores
públicos14.
26. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, el artículo 1 de la Ley 244 de 1995 preveía que «dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en
la Ley». Tal norma fue subrogada por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2005, en cuanto
i) el sujeto destinatario de la obligación, pues no se refirió solo a «la entidad patronal»,
sino a «la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de
las cesantías», ii) mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para expedir el
acto de reconocimiento de cesantías definitivas y iii) extendió tal deber también a las
solicitudes de cesantías parciales.
27. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que establecía
12 «por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de
1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
14 Al respecto, ver párrafos 118 y 119, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
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el término oportuno para efectuar el pago del auxilio de cesantías definitivas (45 días
hábiles a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la
liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público) y previó una
sanción por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado por el artículo 5 de la
Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:
«Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar
esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este».
28. Comoquiera que las aludidas normas no señalaron como beneficiarios en concreto
al personal docente, esto motivó la expedición de la sentencia SU-336 de 201715, en
la cual la Corte Constitucional determinó «que aquellas personas que se desempeñan
como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos
legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006».
29. A su vez, esta Sección profirió el fallo CE-SUJ-SII-012-201816, en el que sostuvo
que «los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de
la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como
empleados oficiales17, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter
restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio
prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica
de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción,
permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del
concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través
de la ley». De manera que unificó la jurisprudencia, «para señalar que el docente oficial,
al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas
complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías».
30. De igual modo, con el fin de establecer el momento de inicio de la causación de la
15 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
16 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-
012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
17 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los
trabajadores oficiales.
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sanción, la Corporación estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en el
marco del reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fomag, momento en el
que valoró la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto
ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos
y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó a partir de cuándo, en cada
caso, empieza a generarse mora en el pago de la prestación, según las siguientes
reglas:
«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii)
45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley18
para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su
parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los
términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para
sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto».
31. Por último, la Sección también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la
sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro
del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá
tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la
causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
18 Artículo 69 CPACA.
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CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA».
32. A partir de lo anterior, esta corporación ha señalado que los docentes oficiales
afiliados al Fomag tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, afirmación que encuentra sustento de
derecho detallado en los pronunciamientos de unificación proferidos por la Corte
Constitucional (sentencia SU-336 de 201719) y por la sección segunda de esta
Corporación (fallo CE-SUJ-SII-012-201820); de manera que la gestión administrativa
necesaria para resolver todas las solicitudes de reconocimiento del auxilio de
cesantías formuladas ante el Fomag debe ajustarse a los plazos y condiciones
contenidos en esas normas y, en consecuencia, resulta claro que la referida sanción
empieza a generarse en caso de retardo en el pago de la prestación, según las
circunstancias de cada situación particular y con independencia de si se trata de
cesantías definitivas o parciales21.
2.3. Caso en concreto
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
33.1. JesúsÁlvaro Caicedo González prestó sus servicios como docente en el
departamento de Córdoba desde el 1° de febrero de 1988 y fue retirado del servicio
mediante Decreto 0219 del 20 de marzo de 2014. En este último acto se dispuso
«téngase como fecha del retiro del servicio […] el día 16 de febrero de 2010».
33.2. El 30 de abril de 2014 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas.
33.3. La Secretaría de Educación del municipio de Montería elaboró « proyecto de
resolución de 2015» con fecha del 11 de mayo de 2015, en la que propuso el
reconocimiento de las cesantías definitivas por el tiempo de servicios que prestó
como docente departamental «durante 04 años 00 meses y 21 días, lapso comprendido
desde el 18/03/2009 hasta el 08/04/2013».
33.4. A
través de la Resolución 1345 del 23 de septiembre de 2015 le fueron
reconocidas las cesantías definitivas de conformidad con el régimen anualizado,
19 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
20 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-
012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado
05001-23-33-000-2016-01673-01 (1606-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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decisión que fue «notificada el 13 de abril de 2015» [sic]22.
33.5. El «15 de abril de 2015» [sic], presentó recurso de reposición contra la Resolución
1345 del 23 de septiembre de 2014, con la que le fueron reconocidas las cesantías
definitivas con el régimen anualizado23.
33.6. Mediante Resolución 0762 del 11 de mayo de 201524, la Secretaría de Educación
de Montería repuso la Resolución 1345 del 23 de septiembre de 2014 y, como
consecuencia, dispuso «enviar para nuevo estudio y aprobación el proyecto de cesantías
definitiva a que tiene derecho el docente […] liquidadas con el régimen de cesantías
retroactiva». En las consideraciones de esa decisión fueron expuestas las siguientes
consideraciones:
«Que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la Secretaría
de Educación Municipal, mediante Resolución N° 1345 de 23 de septiembre de 2015 [sic],
reconoció cesantías definitivas al docente […].
Que la Resolución No. 1345 del 23 de septiembre de 2015 [sic], fue notificada al señor
Jesús Álvaro Caicedo González, el día 13 de abril de 2015, quedando ejecutoriada el 24,
de abril del mismo año.
Que mediante escrito de fecha 15 de abril de 2015, interpuso recurso de reposición contra
la Resolución N° 1345 del 23 de septiembre de 2015 [sic].
Que el recurrente afirma que no está de acuerdo con la prestación reconocida mediante
Resolución N° 1345 del 23 de septiembre de 2015, por cuanto no le fue respetado el
régimen de cesantías que traía como pensionado de la Gobernación de Córdoba al
ingresar a esta territorial, una vez superó concurso de mérito y fue nombrado como rector
de la Institución Educativa La Manta.
Que considera este despacho, que ciertamente Fiduciaria La Previsora S.A, que es la
entidad encargada del estudio, aprobación y pago de las prestaciones de los docentes
afiliados al Fondo de Prestaciones del Magisterio al momento de liquidar las cesantías
definitivas del educador, no tuvo en cuenta que el señor Jesús Caicedo viene nombrado
como docente por la Gobernación de Córdoba, mediante Decreto N° 000018 desde el 07
de enero de 1988 y posesionado el día 1 de febrero de 1988, según acta de la misma
fecha.
Que esta entidad territorial al momento en que ingresó el directivo docente a la planta
global de cargos mediante Decreto N° 0176 del 15 de marzo de 2010, dejó sentado en el
mismo acto administrativo que el ingreso se producía sin solución de continuidad; es decir
que su vinculación al magisterio inicia a partir del nombramiento efectuado por Decreto
000018 del 07 de enero de 1988, posesionado el día 1 de febrero de 1988, mediante acta
de la misma fecha.
22 De conformidad con los antecedentes de la Resolución 0762 del 11 de mayo de 2015.
23 De conformidad con los antecedentes de la Resolución 0762 del 11 de mayo de 2015.
24 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
Resolución N° 1345 del 23 de septiembre de 2014, y se dictan otras disposiciones».
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[…]
Que así las cosas, con la Ley 91 de 1989, referente al reconocimiento y pago de las
cesantías de los docentes, se estableció un régimen de transición y de garantía de
derechos adquiridos por aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a su
entrada en vigencia (1 de enero de 1990), destacándose que los docentes nacionalizados
y territoriales tenían a dicha fecha derecho a la liquidación de cesantías de manera
retroactiva; sin derecho al reconocimiento y pago de intereses de cesantías; esta garantía
ratificada en la Ley 60 de 1993.» [sic]
33.7. El demandante instauró una solicitud de tutela contra la Alcaldía del municipio
de Montería, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de
petición, al considerar que «la entidad no le resolvió de fondo, en forma clara y congruente
lo solicitado25». Dentro de ese asunto, el Juzgado Tercero Penal Municipal de
Montería profirió sentencia el 6 de octubre de 2016 en la que amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y defensa del docente y, como consecuencia,
dispuso:
«SEGUNDO: ORDENAR, a la ALCALDÍA DE MONTERÍA por intermedio de LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN en cabeza de su representante legal o quien haga sus veces, para que en el
término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde el momento en que
reciba la presente comunicación, proceda a decretar la nulidad de la Resolución 1649 del
9 de septiembre de 2016, y en consecuencia proferir un nuevo Acto Administrativo con
base en la resolución N° 0762 del 11 de mayo de 2015 a través de la cual la Alcaldía
Municipal de Montería repuso la resolución 1345 de 23 de septiembre de 2014, y el
proyecto de cesantías definitivas “Por la cual se reconoce y ordena el pago de una
cesantía definitiva a un docente departamental” el cual fue aprobado por parte de la
Dirección de Prestaciones Económicas de la Fiduprevisora S.A, bajo la observancia y
respeto del debido proceso.» [sic]
33.8. A través de la Resolución 1017 del 13 de noviembre de 2015, el alcalde del
municipio de Montería le reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas por
la suma de $91.881.408.
33.9. Mediante la Resolución 2187 del 8 de noviembre de 2016 la Secretaría de
Educación de Montería dio cumplimiento a la decisión de tutela y, como
consecuencia, se dispuso: i) «declarar la nulidad» de la Resolución 1649 del 9 de
septiembre de 2016; ii) corregir y precisar que el docente era beneficiario del régimen
retroactivo de cesantías y no del anualizado; iii) «de los valores que actualmente se
encuentran depositados en el Fondo de Prestaciones del Magisterio» reconocerle la suma
de $18.580.586, «correspondiente al saldo de cesantías definitivas retroactivas, como se
indicó en la Resolución N° 1017 de 2015». Dentro de las consideraciones del acto en
mención se señaló:
25 Según lo expuesto en los antecedentes de la sentencia proferida dentro de la acción de tutela.
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«Que el Municipio de Montería, para corregir la situación reconoció cesantías definitivas,
a través de la Resolución N° 1017 de 2015, de acuerdo al tiempo laborado en el
Departamento de Córdoba y al tiempo laborado en el Municipio de Montería, lo que arrojó
un valor total de $108.071.267, del cual fueron cancelados $91.881.408, cuota
correspondiente al Departamento de Córdoba, quedando pendiente por cancelar la suma
de 16.189.859, valor este que se programó para ser cancelado con los recursos que están
depositados en el Fondo Prestaciones Sociales del Magisterio.
Que en virtud a lo anterior, la Secretaría de Educación Municipal expidió Resolución N°
1649 del 09 de septiembre de 2016 “por el cual se reconoce y ordena el pago de una
cesantía definitiva a un docente Municipal” por valor de $16.189.859, respetándole al
docente el régimen de cesantías retroactivas.
Expedida la Resolución, el docente […] no accedió a notificarse de la Resolución N° 1649
del 09 de septiembre de 2016, acudiendo a las instancias judiciales a través de una tutela,
pronunciándose el despacho judicial mediante fallo, ordenando la nulidad de dicha
Resolución.
Que la Secretaría de Educación Municipal en virtud a lo ordenado por el despacho judicial,
procede a través de la presente Resolución a anular la Resolución N° 1649 del 9 de
septiembre de 2016, para cumplir las consideraciones ordenadas por el Juzgado Tercero
Municipal, en el sentido de reconocer las cesantías definitivas a favor del docente […] en
la suma de $18.574.614, especificando que corresponde a la liquidación de las cesantías
definitivas.» [sic]
33.10. A través de la Resolución 0715 del 19 de abril de 2017, se corrigió la Resolución
2187 del 8 de noviembre de 2016, en el sentido de modificar la suma reconocida, en
ese orden se precisó que el valor a reconocer sería la suma de $16.189.859. Lo
anterior, al considerar:
«Que la Resolución N° 2187 del 8 de noviembre de 2016, fue devuelta por Fiduprevisora
S.A., según oficio N°20170170416471, de fecha 05-04-2017 por las siguientes razones
“Que revisada la tutela, ella no ordena el pago de intereses a las cesantías, por lo cual,
se reconoce el valor aprobado mediante hoja de revisión que corresponde a los aportes
de cesantías de base de datos, por lo tanto es la Secretaría de Educación quien debe
asumir el pago de los faltantes.
[…]
Que de acuerdo a lo anterior se procedió a revisar la Resolución N°2187 del 08 de
noviembre de 2016, y ciertamente se constató que en ella se mencionaba que se iba a
pagar intereses de cesantías no cobrados por valor de $2.529.591, por lo que se aclara
que el valor a girar por concepto de cesantías acumuladas será de $16.189.895, como lo
indica la hoja de revisión con identificador 1271275, que hace parte del acto
administrativo, quedando pendiente a reconocer por otro medio el valor de los intereses
de cesantías acumuladas que registra el docente en los extractos de intereses de
cesantías, cubriendo así la totalidad de los $18.574.614, que se le adeudan al saldo de
cesantías definitivas retroactivas.» [sic].
18
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
33.11. Cheque de gerencia 0050320 emitido el 10 de julio de 2017, en el que se indicó
como beneficiario Jesús Álvaro Caicedo González, por valor de $16.189.850. Este
fue pagado al docente en la fecha de emisión, por concepto de « nómina de cesantías
definitivas».
33.12. El 25 de julio de 201726, solicitó al Fomag el reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas.
33.13. El secretario de educación del municipio de Montería suscribió el Oficio FPSM-
OF-554-2017 del 9 de agosto de 2017, con el asunto « respuesta al derecho de petición
con radicado N°8205 del 25 de julio de 2017», puesta en conocimiento del demandante
el 15 de agosto de ese año, le indicó:
«Comedidamente, hacemos saber que la solicitud de reconocimiento y pago de sanción
moratoria solicitada a través de apoderado judicial, mediante oficio con radicado N° 8205
de fecha 25 de julio de 2017, por competencia fue remitida a “Fiduprevisora S.A. por ser
la entidad encargada de estudiar, aprobar, negar y/o pagar las prestaciones sociales de
los docentes afiliados al Fondo de prestaciones Sociales del Magisterio, una vez sea
reasignada, aprobada o negada se hará saber por este mismo medio».
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
34. El Tribunal Administrativo de Córdoba declaró la nulidad del oficio FPSM-OF-554-
2017 del 9 de agosto de 2017 y, como consecuencia, condenó a la entidad
demandada al pago de la sanción moratoria causada « a favor del señor Jesús Álvaro
Caicedo González, por el pago tardío de sus cesantías, desde el 14 de agosto de 2014 hasta
el 5 de julio de 2017. Para su liquidación, se deberá tener en cuenta el último salario básico
devengado por el docente»
35. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se advierte
que no se planteó reproche alguno frente a la causación de la sanción moratoria por
el pago tardío a favor del demandante. En ese orden, la sala limitará su estudio a los
reproches planteados por el apelante único, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 328 del Código General del Proceso.
2.4.1. En cuanto a la competencia frente al pago de la sanción moratoria
36. ElFomag sustentó su pretensión de revocatoria de la sentencia de primera
instancia en que no tiene competencia para asumir la condena impuesta en esta, por
cuanto «tratándose de sanción moratoria derivada del pago extemporáneo de la cesantía
parcial o definitiva docente, causadas hasta el 31 de diciembre de 2019; en cualquiera de
26 En la constancia de envío se indicó como «tiempo estimado de entrega» el 25 de julio de 2017.
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
estos casos, el pago de la sanción moratoria corre a cargo del FOMAG, a pesar de que la
mora haya sido causada por la Entidad Territorial. Situación diferente acontece en tratándose
de sanción moratoria derivada del pago extemporáneo de la cesantía parcial o definitiva
docente, causadas desde el 01 de enero de 2020 pues, en cualquiera de estos casos, el
pago de la sanción moratoria corre a cargo del ENTE TERRITORIAL, por expresa disposición
legal, como se argumentará en la excepción de falta de integración de litisconsorcio
necesario por pasivo» [se resalta].
37. Al respecto, encuentra la sala que en la situación fáctica que es objeto de estudio
tuvo lugar entre el 30 de abril de 2014 [fecha en la que fueron reclamadas las
cesantías] y el 10 de julio de 2017 [fecha de pago de las cesantías], periodo en el
que era aplicable lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, según el cual:
«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para
el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro
del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este.» [se resalta]
38. De acuerdo con la disposición en cita, contrario a lo afirmado por la apelante, sí
era al Fomag, como entidad pagadora, a la que le correspondía reconocer y pagar
de sus propios recursos la sanción en casos como el sub judice en los que se
configuró la mora en el pago. Ahora bien, si como lo sostuvo en el recurso, considera
que el incumplimiento del término previsto en el ordenamiento obedeció a la
«presencia de problemas operativos en las Entidades Territoriales [lo cual] impid[ió] el
cumplimiento de los términos para proyectar las respectivas Resoluciones que reconocen
las prestaciones sociales de los educadores nacionales afiliados al FOMAG», el legislador
lo autorizó para repetir contra el funcionario a quien le fuera imputable la culpa.
39. La Sala no desconoce que actualmente se encuentran vigentes los artículos 57
de la Ley 1955 de 2019 y 2.4.4.2.3.2.28. del Decreto 942 de 2022, según los cuales
«[l]a Entidad Territorial Certificada en Educación y la sociedad fiduciaria encargada del
manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán
las responsables del pago de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías, en
aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del
incumplimiento de los términos previstos para cada una de ellas» y la «sanción moratoria
no afectará los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
caso de presentarse, su pago será responsabilidad de la entidad que la genere». Sin
embargo, dichas normas entraron en vigor con posterioridad a la fecha en la que se
causó el derecho de la sanción de la que era acreedor el demandante.
40. En ese sentido, no es posible su aplicación a situaciones que se consolidaron con
anterioridad, puesto que en aquellas no se previó de manera expresa su
retroactividad y, al contrario, se estableció un régimen de transición, según el cual
«[p]ara efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2022, facúltese al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán
administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los
mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición presupuestal de los recursos
de los que trata el presente parágrafo27».
41. Así las cosas, no es procedente el reproche planteado por la entidad de previsión,
por cuanto, al momento en que se causó la sanción moratoria y se fijó el presente
litigio, la competencia para efectos de su reconocimiento y pago se encontraba en
cabeza del Fomag como entidad pagadora.
2.4.2. En cuanto al periodo en el que se causó la sanción moratoria
42. En el recurso de apelación, el Fomag cuestionó que el a quo no tuviera en cuenta
que el reconocimiento y pago de las cesantías era un «un procedimiento complejo que
involucra a la Entidad Territorial y a la Fiduprevisora S.A., de acuerdo con el artículo 56 de
la ley 962 de 2005», esto, porque la responsabilidad podía estar en cabeza de
cualquiera de las entidades que intervinieran en el trámite en cuestión. En relación
con lo anterior, se considera que este reproche habilita a la Sala para revisar la
actuación administrativa adelantada, con el fin de verificar el momento en el que, con
ocasión del incumplimiento de un deber legal, surgió para la entidad la
responsabilidad frente al pago de la sanción moratoria.
43. Ahora bien, el tribunal de instancia concluyó que el pago de las cesantías del
demandante se realizó por fuera del «plazo establecido por la Sección Segunda del
Consejo de Estado» en la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de
2018. Esto, porque el pago de la prestación se efectuó por fuera de los 70 días
siguientes a la fecha en la que se radicó la reclamación.
44. Como se mencionó, la decisión que es objeto de apelación se sustentó en una
sentencia de unificación de esta Corporación en la que se «sentó jurisprudencia» en
27 Parágrafo transitorio del artículo 324 de la Ley 2294 de 2023.
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
relación con la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
En la mencionada decisión se analizaron los siguientes supuestos: i) cuando «el acto
que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o
cuando no se profiere», caso en el cual «la sanción moratoria corre 70 días hábiles después
de radicada la solicitud de reconocimiento»; y ii) «cuando se interpone recurso […] los 45
días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto».
45. Con el fin de verificar si en el sub judice el tribunal aplicó la regla de unificación
acorde con el caso concreto, se resumen las actuaciones pertinentes que se
adelantaron en el trámite administrativo que dio lugar a la expedición del acto que es
objeto de control judicial, así: i) el 30 de abril de 2014, Jesús Álvaro Caicedo
González solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas; ii) mediante
la Resolución 1345 del 23 de septiembre de 2014 le fueron reconocidas las cesantías
definitivas; iii) el 15 de abril de 2015 interpuso recurso de reposición contra el acto
de reconocimiento; iv) con la Resolución 0762 del 11 de mayo de 2015 fue desatado
el recurso y se dispuso reponer el acto de reconocimiento de cesantías; v) mediante
la Resolución 1017 del 13 de noviembre de 2017, en cumplimiento de una orden de
tutela, se reconocieron las cesantías de conformidad con el régimen retroactivo; y vi)
el 10 de julio de 2017 el Fomag efectuó el pago de la prestación.
46. Lo anterior permite concluir que, en tanto el acto de reconocimiento se expidió por
fuera del término de 15 días previsto para esos efectos, como se explicó en el marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia, en principio, como lo concluyó el a
quo se estaría en el supuesto frente al cual, de acuerdo con las reglas de unificación,
la sanción moratoria «corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento». Sin embargo, para esta Subsección, el tribunal omitió analizar que
el demandante decidió presentar recurso de reposición, situación que afectó la
ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento y, como consecuencia, le
impedía a la administración darle cumplimiento en una fecha anterior.
47. Ahora bien, lo expuesto cobra importancia, si se tiene en cuenta que la
obligatoriedad de un acto administrativo depende de su firmeza, la cual, de
conformidad con el artículo 87 del CPACA se da: i) «desde el día siguiente al de su
notificación, comunicación o publicación según el caso» cuando contra el acto no proceda
recurso; ii) desde el día siguiente al de la publicación, comunicación o notificación de
la decisión sobre los recursos interpuestos; iii) desde el día siguiente al del término
para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos o se hubiere renunciado
expresamente a ellos; iv) desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación
del desistimiento de los recursos; y v) desde el día siguiente al de la protocolización
del silencio administrativo positivo.
48. Así las cosas, el acto de reconocimiento de las cesantías no contaba con el
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
atributo de la ejecutoriedad, esto es, la administración no estaba facultada para darle
cumplimiento, puesto que el recurso de reposición interpuesto impidió que cobrara
firmeza y como consecuencia no ostentaba la «aptitud e idoneidad para servir de título
de ejecución28».
49. En consonancia, la decisión del demandante de interponer un recurso que
resultaba facultativo conllevó a que la administración no contara con un título que le
permitiera efectuar el pago de la suma inicialmente reconocida y, en su lugar, le
surgió la obligación de resolver el recurso de reposición dentro del término de 15 días
siguientes a la fecha de su interposición. Lo anterior, permite concluir que, contrario
a la interpretación efectuada por el tribunal, la exigibilidad de la sanción moratoria
debió ser estudiada bajo la regla establecida en la sentencia de unificación según la
cual «[c]uando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto».
50. Lo expuesto se encuentra en línea con las consideraciones de la decisión de
unificación, en cuanto que, para calcular la sanción moratoria por la falta «de
expedición del acto de reconocimiento, o siendo tardío, adicionalmente deberá la Sala
analizar la causación de la penalidad en el evento de que exista acto escrito de parte de
la administración que reconoce la cesantía, sí se notifica o no, a través de qué medio o,
si se renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, considerando que éstos
son los momentos en que legamente se inicia el término para controvertirlo y después
verificar el pago oportuno de la cesantía» [se resalta].
51. De conformidad con lo expuesto, se procederá a verificar la fecha en la que se
causó el derecho a la sanción moratoria, según la regla aplicable al presente asunto,
como se explicó antes:
Fecha de presentación de la solicitud
30 de abril de 2014
de cesantías definitivas
Fecha en la que se presentó el recurso 15 de abril de 2015
15 días para expedir el acto
administrativo que resuelve el recurso 7 de mayo de 2015
interpuesto
45 días hábiles para efectuar el pago 15 de julio de 2015
Pago de las cesantías 10 de julio de 2017
52. Visto lo anterior, la sanción moratoria se hizo exigible el 16 de julio de 2015, día
28 Consejo de Estado, Sección Cuarta; sentencia del 12 de diciembre de 2018; expediente con
radicado 66001-23-31-000-2010-00028-011 (22239).
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siguiente al vencimiento de los 45 días que tenía la entidad demanda para efectuar
el pago de las cesantías definitivas lo que ocurrió el 10 de julio de 2017, de tal manera
que el demandante tenía derecho a que se le reconociera la sanción causada por la
mora en que incurrió la entidad entre el 16 de julio de 2015 y el 9 de julio de 2017.
Por lo que se modificará en ese sentido la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba en primera instancia.
53. En este punto, se encuentra pertinente precisar que, si bien en la sentencia de
primera instancia se indicó que «de conformidad con el comprobante de pago emitido por
el banco BBVA, el 6 de julio de 2017, fueron puestos a disposición los recursos por parte del
Fomag de las cesantías definitivas del actor»; revisado el material probatorio aportado
no obra comprobante con esa fecha; sin embargo, sí se aportó copia del cheque de
gerencia y comprobante de pago expedido por esa entidad bancaria con fecha del
10 de julio de 2017, razón por la que esta última será tenida en cuenta como fecha
del pago de las cesantías.
2.4.3. En cuanto a la indexación de la sanción moratoria
54. Finalmente, la entidad recurrente consideró que era improcedente la indexación
de la sanción moratoria. En relación con esto, se advierte que, en la sentencia de
primera instancia, el a quo concluyó:
«Finalmente, en cuanto a la indexación solicitada en la demanda, la Sala rememora que
el alcance de la regla fijada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
Sentencia Unificación SUJ012-S2 de 18 de julio de 2018, según la cual «es improcedente
la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA», no es otro que impedir que la
sanción moratoria en sí misma se calcule empleando el ajuste de valor, puesto que se
trata de una penalidad que ya lleva intrínseco ese aspecto, lo que no pugna con que sí se
pueda realizar el ajuste que dispone el inciso segundo del artículo 187 del CPACA a la
condena que por ese concepto corresponda.»
55. Eneste punto, no se advierte que el tribunal de primera instancia hubiese
dispuesto que la «suma resultante a pagar deberá ser indexada aplicando la formula
señalada en la parte considerativa de esta sentencia, en los términos del artículo 187 del
CPACA», lo que se encuentra en línea con la regla contenida en la parte resolutiva
de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018, que dispone «SENTAR
JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar que es
improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA».
56. En consecuencia, se advierte que si bien es cierto no procede la indexación del
capital base de liquidación, esto es, el reajuste de la asignación básica con la cual
debe ser calculada la sanción, no lo es menos que se trata de asuntos distintos y ello
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
no es óbice para dar aplicación al artículo 187 [inciso final] del CPACA, en el sentido
de actualizar la suma líquida de dinero que correspondan a la condena.
57. De conformidad con lo expuesto, la Sala modificará el ordinal segundo de la
sentencia proferida 26 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
con el fin de precisar que el periodo en el que se causó la sanción moratoria es el
comprendido entre el 16 de julio de 2015 y el 9 de julio de 2017; y confirmará en lo
demás la referida providencia.
2.4. Costas
58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma29.
61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
62. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
29 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
4. Conclusión
63. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, de conformidad con las
normas vigentes en la fecha en la que se causó la sanción moratoria, el Fomag es la
entidad competente para su reconocimiento y pago.
64. Asimismo, la regla jurisprudencial aplicable al caso concreto es la contenida en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18, según la cual, «[c]uando se interpone
recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el
recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de
interpuesto». En consonancia, se deberá modificar la sentencia de primera instancia
con el fin de precisar que el periodo en el que se causó la sanción moratoria es el
comprendido entre el 16 de julio de 2015 y el 9 de julio de 2017.
65. Finalmente, la orden de indexar la suma reconocida de conformidad con el artículo
188 del CPACA, se encuentra en consonancia con el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 26 de agosto de
2024 por el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Jesús Álvaro Caicedo González contra el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual quedará así:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación-
Ministerio de Educación-Fomag, a través de la entidad territorial respectiva, el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada a favor del señor Jesús Álvaro
Caicedo González, por el pago tardío de sus cesantías, desde 16 de julio de 2015 hasta
el 9 de julio de 2017. Para su liquidación, se deberá tener en cuenta el último salario
básico devengado por el docente.
La suma resultante a pagar deberá ser indexada aplicando la formula señalada en la parte
considerativa de esta sentencia, en los términos del artículo 187 del CPACA.»
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 26 de agosto de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió a las pretensiones de la demanda
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Demandante: Jesús Álvaro Caicedo González
presentada por Jesús Álvaro Caicedo González contra el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMC
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