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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2018-00153-01

Prestación del servicio bomberil

Fecha
1 de julio de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2018-00153-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN – inexistencia del servicio de cuerpo de bomberos - el municipio de Ciénaga de Oro no acreditó que contaba con la capacidad operativa para prestar el servicio público esencial de bomberos, por lo que se impone concluir que dicha circunstancia contribuyó de manera determinante en el agravamiento del daño cuya reparación se pretende / CAUSALIDAD - la referida omisión no determinó la causa del incendio, sino que permitió que el mismo no fuera atendido oportuna y eficazmente por el personal especializado, con las consecuencias que la propagación de las llamas trajo y que afectaron el inmueble de los hoy demandantes. Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el 25 de agosto de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO Se solicita la indemnización de los daños causados por la ausencia del servicio bomberil que impidió detener la conflagración ocurrida en una casa de campo, de propiedad de los demandantes, quienes alegan daños estructurales y la pérdida total de los enseres que se encontraban en dicho inmueble. II.ANTECEDENTES 1. Demanda El 8 de marzo de 20181, los señores Juan Humberto Rois Dereix, Jenny Cecilia Dereix Guerra y Jeany Margarita Dereix Guerra, presentaron demanda de reparación directa contra el municipio de Ciénaga de Oro, con el fin de que se le 1 índice 1, Samai del Tribunal. Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730) Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro Referencia: Medio de control de reparación directa declare patrimonialmente responsable de los perjuicios que sufrieron por la ausencia del servicio bomberil que impidió detener a tiempo la conflagración ocurrida en un inmueble de su propiedad. Por lo anterior, solicitaron que se les reconociera y pagara por concepto de daño emergente: (i) la suma de $251.614.892, correspondiente a la reconstrucción del inmueble; (ii) la suma de $144.596.700, por la pérdida total de los enseres que se encontraban en el inmueble; por perjuicios morales (iii) el equivalente a 300 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-33-000-2018-00153-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1°) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: JUAN HUMBERTO ROIS DEREIX Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS FRENTE A LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO BOMBERIL / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN –
inexistencia del servicio de cuerpo de bomberos - el municipio de Ciénaga de Oro no
acreditó que contaba con la capacidad operativa para prestar el servicio público esencial
de bomberos, por lo que se impone concluir que dicha circunstancia contribuyó de manera
determinante en el agravamiento del daño cuya reparación se pretende / CAUSALIDAD -
la referida omisión no determinó la causa del incendio, sino que permitió que el mismo no
fuera atendido oportuna y eficazmente por el personal especializado, con las
consecuencias que la propagación de las llamas trajo y que afectaron el inmueble de los
hoy demandantes.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes,
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el 25 de
agosto de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se solicita la indemnización de los daños causados por la ausencia del servicio
bomberil que impidió detener la conflagración ocurrida en una casa de campo, de
propiedad de los demandantes, quienes alegan daños estructurales y la pérdida
total de los enseres que se encontraban en dicho inmueble.

II.ANTECEDENTES

1. Demanda

El 8 de marzo de 20181, los señores Juan Humberto Rois Dereix, Jenny Cecilia
Dereix Guerra y Jeany Margarita Dereix Guerra, presentaron demanda de
reparación directa contra el municipio de Ciénaga de Oro, con el fin de que se le

1 índice 1, Samai del Tribunal.

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

declare patrimonialmente responsable de los perjuicios que sufrieron por la
ausencia del servicio bomberil que impidió detener a tiempo la conflagración
ocurrida en un inmueble de su propiedad.

Por lo anterior, solicitaron que se les reconociera y pagara por concepto de daño
emergente: (i) la suma de $251.614.892, correspondiente a la reconstrucción del
inmueble; (ii) la suma de $144.596.700, por la pérdida total de los enseres que se
encontraban en el inmueble; por perjuicios morales (iii) el equivalente a 300
SMLMV.

Como fundamento fáctico de la demanda, en resumen, manifestaron lo siguiente:

El 14 de diciembre de 2015, en el sector rural del municipio de Ciénaga de Oro
(Córdoba), producto de un rayo que interceptó una palmera, se produjo un incendio
en la vivienda ubicada en la finca “La Margarita”, de propiedad de los demandantes,
situada a orillas de la carretera principal que conduce del municipio de Ciénaga de
Oro al corregimiento de Berasategui, el cual era utilizado con el fin de actividades
recreativas.

La autoridad policial, con apoyo de la comunidad y los bomberos voluntarios del
municipio de Cereté trataron de controlar el fuego. Pese a los esfuerzos, ya se había
consumido toda la estructura junto con todos los enseres que allí se encontraban.
Afirmó que la mitigación oportuna del incendio se vio frustrada por la ausencia de
cuerpo de bomberos en el municipio de Ciénaga de Oro.

Concluyó que se configuró una falla del servicio por parte del municipio demandado,
toda vez que no contaba con cuerpo de bomberos, ni con las herramientas y equipos
necesarios para enfrentar ese tipo de emergencias.

2. El trámite de primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante auto
del 8 de mayo de 20182. Notificado el proveído en debida forma, la demandada
presentó los siguientes planteamientos de defensa3:

Argumentó que no era responsable del daño alegado, teniendo en cuenta que el
mismo obedeció a una situación de fuerza mayor, ya que sucedió debido a que un

2 índice 4, Samai del Tribunal.
3 índice 9, Samai del Tribunal.

2

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

rayo cayó en una palmera contigua a la cocina y no por omisión del municipio, lo
cual es excluyente de responsabilidad, por ausencia de nexo de causalidad para
imputar.

A su vez, refirió que el incendio ocurrió en la cocina y un cuarto aledaño, no en todo
el inmueble, pues la comunidad destechó las partes contiguas al sitio para evitar
que el fuego se extendiera. Afirmó que al lugar de los hechos acudieron miembros
de la Policía Nacional y de la Defensa Civil del municipio de Ciénaga de Oro, así
como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Cereté, el cual no tardó
más de 10 minutos en llegar al sitio.

Propuso las excepciones de: (i) inexistencia de responsabilidad por ausencia de
nexo causal, ii) fuerza mayor, iii) caducidad de la acción, iv) inexistencia de la
obligación, v) pago o cobro de lo no debido y; vi) genérica.

El 7 de marzo de 20194, se llevó a cabo la audiencia inicial, diligencia en la cual se
declaró no probada la excepción de caducidad, se fijó el litigio y se decretaron
pruebas.

La audiencia de pruebas se llevó a cabo durante los días 10 y 26 de julio de 20195
y 21 de agosto de la misma anualidad6, oportunidad en la que se incorporaron al
proceso las pruebas allegadas. Además, se prescindió de la audiencia de alegatos
y juzgamiento y se dispuso que las partes alegaran de conclusión por escrito.

La parte demandada7 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, afirmó que la causa del incendio obedeció a un hecho producto de la
naturaleza, a raíz de la caída de un rayo sobre una palmera contigua a la cocina de
la vivienda y no a la carencia del Cuerpo de Bomberos en el municipio, lo cual era
corroborado por la mayoría de los testigos que participaron en el proceso. Además,
refirió que debido al material del techo de la vivienda (palma y madera), era más
factible que el incendio se propagara a mayor velocidad.

La parte demandante8 señaló que el servicio público esencial de gestión integral de
riesgo contra incendios se consagró en la Ley 1575 de 2012, norma que dispuso
que es obligación de los municipios la prestación de este servicio a través de

4 índice 17, Samai del Tribunal.
5 índices 24 y 29, Samai del Tribunal, respectivamente.
6 índice 32, Samai del Tribunal.
7 páginas 339-344 del expediente digital.
8 páginas 345-348 del expediente digital.

3

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios
con cuerpos de bomberos voluntarios.

Afirmó que estaba probado que el municipio de Ciénaga de Oro, para el momento
de los hechos, no contaba con cuerpo de bomberos ni oficial ni voluntario, tan es
así que quién atendió la emergencia fue el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Cereté, por lo que se configuró una pérdida de oportunidad para los demandantes,
ya que si bien la ausencia total del servicio de bomberos no habría evitado la
emergencia, sí habría minimizado el daño causado.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

3. La sentencia de primera instancia

El 25 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró no probadas
las excepciones propuestas por la demandada, declaró probada, de oficio, la falta
de legitimación en la causa de la señora Jenny Cecilia Dereix Guerra y accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda9.

Como fundamentos de su decisión señaló que si bien no existe informe técnico
acerca de las causas del incendio, los testigos presenciales del hecho afirmaron al
unísono que el mismo tuvo su causa en la caída de un rayo, lo cual constituía para
la Sala de Decisión una fuerza mayor que se configuraba en una causal eximente
de responsabilidad; sin embargo, el reproche de la parte actora radicaba en la
omisión por parte de la demandada de contar con un cuerpo de bomberos que
acudiera de forma inmediata a mitigar el incendio y así evitar que se incinerara gran
parte del inmueble.

Argumentó, que en efecto, para la época de los hechos, el municipio de Ciénaga de
Oro no contaba con un cuerpo de bomberos, situación que no fue refutada a lo largo
del proceso por parte de la demandada. Se acreditó, igualmente, que el municipio
tenía un carro de bomberos, pero que el mismo no funcionaba ni contaba con
personal a cargo, razón por la cual era evidente que lo consagrado en la Ley 1575
de 2012, no se cumplió.

Así las cosas, estimó que si bien al demandado no se le podía atribuir la causa del
incendio, sí le era imputable la omisión en actuar de manera oportuna y eficaz con
un cuerpo de bomberos al que estaba obligado a tener, pues el resultado final pudo

9 índice 36, Samai del Tribunal.

4

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

ser distinto al de la destrucción de gran parte del inmueble, ya que de haber llegado
de forma más pronta los daños hubieran sido menores.

Aunado a lo anterior, expuso que no podía perderse de vista que se trataba de una
vivienda rural, cuyos materiales del techo eran de palma y madera, los cuales eran
altamente inflamables, por lo que la parte actora debía tomar las precauciones del
caso para evitar algún tipo de daño, como el que ocurrió; lo anterior, teniendo en
cuenta que la Ley 1575 de 2012 indica que la gestión del riesgo de incendios “es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano”, por lo que debía la parte actora tomar precauciones para evitar o
aminorar los efectos lesivos de un eventual incendio y no se acreditó que la vivienda
contara con pararrayos o que en el lugar existieran extintores contraincendios.

En razón a lo anterior, consideró que existió concurrencia de culpas en un 70% para
la parte demandada y en un 30% para la parte actora. En ese orden de ideas
condenó al municipio a pagar a la actora por perjuicio material, en la modalidad de
daño emergente por la afectación causada al inmueble, la suma de ($245’752.756).
En cuanto al daño causado a los bienes muebles, estipuló que sería el 70% de la
suma que resultare probada como consecuencia del respectivo incidente de
liquidación, en los términos del artículo 193 del CPACA.

Por último, por concepto de perjuicio moral, concedió 17.5 SMLMV para cada uno
de los demandantes.

4. Los recursos de apelación

La parte demandada expresó su inconformidad con la sentencia de primera
instancia10. Solicitó revocar el numeral primero de la misma, en el sentido de
declarar probada la excepción de fuerza mayor y revocar o modificar los numerales
tercero y cuarto, respecto al valor de los porcentajes de responsabilidad impuestos
y la condena en abstracto.

Manifestó que el a quo incurrió en una incongruencia, toda vez que en la parte
motiva refirió que el incendio se produjo por la caída de un rayo, lo cual constituía
una fuerza mayor y, por ende, se configuraba una causal eximente de
responsabilidad, lo cual había sido alegado por la demandada dentro de las
excepciones propuestas; no obstante, en la parte resolutiva declaró no probadas
tales excepciones, lo cual constituía una grave contradicción.

10 índice 39, Samai del Tribunal.

5

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Acto seguido, señaló que, ante la probada fuerza mayor como eximente de
responsabilidad, no había lugar a analizar la presunta omisión por parte del
municipio, por el hecho de no contar con un cuerpo de bomberos. Insistió en que la
razón del incendio obedeció a un rayo y que los materiales con los que estaba
construido el inmueble facilitaron su conflagración de forma rápida y que la parte
actora debió prever y tomar las precauciones necesarias para evitar el tipo de daño
como el acaecido; no obstante, dicha situación no fue tenida en cuenta por el
juzgador de primera instancia al momento de resolver la excepción ni al fijar los
porcentajes de responsabilidad compartida para los perjuicios.

Reprocha, además, la condena en abstracto y el no decidir en concreto el valor de
los bienes muebles y sus especificaciones técnicas, toda vez que, a su juicio, el
actor debía aportar la valoración y sus pruebas junto con la demanda, tal como lo
hizo con el dictamen pericial que allegó para acreditar el costo de la reconstrucción
del inmueble,razón por la cual, al permitirle aportar las facturas de compra con
posterioridad, se le estaba dando a la parte otra oportunidad procesal para allegar
unas pruebas después de cerrado el debate probatorio.

La parte demandante también presentó apelación11, para lo cual manifestó su
inconformidad con la declaración de concurrencia de culpas, toda vez que para la
época de los hechos si existía en la vivienda un pararrayos y extintores para atender
un eventual incendio, lo cual, afirma, fue manifestado en el acápite de los hechos y
que no fue desvirtuado por la parte demandada, aunado a que los vecinos del
inmueble, eran personas de escasos recursos que no tenían la posibilidad de
adquirir extintores.

Asimismo, se opuso a la condena en abstracto, teniendo en cuenta que en el acápite
de los hechos de la demanda se manifestó que las facturas de los bienes muebles
habían sido consumidas por el fuego, razón por la cual se aportaron las cotizaciones
realizadas en varios establecimientos de comercio, lo cual tampoco fue
controvertido por la demandada; por lo anterior, solicitó condenar al municipio por
el 100% de las pretensiones solicitadas por daño emergente y perjuicios morales.

Los anteriores recursos fueron concedidos por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, el 6 de octubre de 202312.

11 índice 40, Samai del Tribunal
12 índice 42, Samai del Tribunal

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

5. Trámite en segunda instancia

En proveído del 4 de marzo de 202413, esta Corporación admitió las alzadas
interpuestas por las partes y, en vista de que no fue necesario decretar pruebas, no
hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que
el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia, de “las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos”.

Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales
administrativos conocerán, en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de
reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los
agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.

En el sub lite se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la
citada disposición normativa14, razón por la cual se concluye que esta Corporación
es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

2. Oportunidad

De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2, del artículo 164 del
CPACA, el término de caducidad del medio de control de reparación directa es de
dos años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este
si fue en fecha posterior.

13 índice 4, SAMAI
14 La pretensión mayor, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente,

ascendió a la suma de $396’211.592, monto que excedió los 500 SMLMV para la fecha de radicación
de la demanda -8 de marzo de 2018-, los cuales ascendían a $390’621.000.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

En el caso concreto, el incendio en la propiedad de los demandantes ocurrió el 14
de diciembre de 2015, de este modo, el plazo para acudir ante esta jurisdicción
fenecía el 15 de diciembre de 2017; sin embargo, los actores presentaron la
respectiva solicitud de conciliación extrajudicial el 11 de diciembre de 2017, esto es,
faltando 5 días para que se venciera la oportunidad para demandar. La constancia
de no conciliación se profirió el 7 de marzo de 2018 y, como la demanda se radicó
el 8 de marzo siguiente, se impone colegir que fue oportuna.

3. Legitimación

La Sala encuentra probada la legitimación en la causa por activa de los señores
Juan Humberto Rois Dereix y Jeany Margarita Dereix, por cuanto de las pruebas
obrantes en el expediente se acreditó que son los titulares del derecho de dominio
del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 143-29430, código catastral
23189000000010054000, ubicado en el Municipio de Ciénaga de Oro - Vereda
Suárez, denominado “Las Margaritas”, con un área de 11 hectáreas y 3.827 M2, de
ahí que son las víctimas directas del daño cuya indemnización se pretende15.

Respecto de la señora Jenny Cecilia Dereix Guerra, el a quo, declaró no probada
su legitimación en la causa, decisión que no fue objeto de reproche dentro del
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por lo cual la Sala no
realizará, nuevamente, un estudio de la misma.

Ahora bien, el municipio de Ciénaga de Oro se encuentra legitimado en la causa por
pasiva, toda vez que es la entidad a la que se le imputa responsabilidad por su
omisión en el deber de contar con un cuerpo de bomberos oficial o de suscribir un
contrato y/o convenio con un cuerpo de bomberos voluntarios, lo cual, a juicio de la
actora, fue determinante en la agravación del daño.

4. Problema jurídico

En los términos de los recursos de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe
a: i) verificar si el municipio demandado está llamado a responder por la omisión de
no contar con el servicio de bomberos o si por el contrario se encuentra acreditada
la configuración de la eximente de fuerza mayor, al tiempo que se deberá ii)
establecer si se configuró una concausa en la producción del daño. Establecido lo
anterior, será necesario iii) analizar lo correspondiente a la acreditación y liquidación

15 Certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cereté.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

de los perjuicios inmateriales y materiales en los términos referidos en las
apelaciones formuladas.

5. Daño

En el caso concreto, las partes no controvierten este asunto y la Sala encuentra
acreditado que el 14 de diciembre de 2015 se presentó un incendio que destruyó
un inmueble de los demandantes junto con los bienes muebles que allí se
encontraban. Lo anterior, teniendo en cuenta el Informe del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cereté16, así como la anotación registrada en el libro de Población y
Minuta de Servicios de la Estación de Policía de Ciénaga de Oro17, en el que consta
que dos miembros de dicha institución se desplazaron al lugar de los hechos a
conocer de la emergencia que se estaba presentando.

6. Lo probado en el proceso

En el expediente reposan las siguientes pruebas relevantes:

• Mediante informe del 16 de junio de 2016, el Comandante del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Cereté relató que, el 14 de diciembre de 2015, fueron
informados del desarrollo de un incendio estructural en el municipio de Ciénaga de
Oro, vereda Suárez, finca La Margarita, por lo cual se despachó una máquina
extintora de incendios. Refirió que al llegar al lugar de los hechos, el oficial de
servicio Juan Otero manifestó que se trataba de un incendio estructural declarado,
el cual había consumido el 90% de la estructura que se encontraba construida en
palma, paredes de concreto, ventanas de madera y cielo raso en drywall18.

• Mediante oficio del 15 de julio de 2016, el director seccional Córdoba de la Defensa
Civil, manifestó que para el 14 de diciembre de 2015, en Ciénaga de Oro se
disponía de un grupo de voluntarios capacitados en primeros auxilios, control de
abejas y control de incendios forestales, pero que no habían recibido con el apoyo
de la administración municipal para que esas personas contaran con equipos,
instalaciones y medios adecuados para actuar en la oportunidad esperada por la
comunidad. Agregó que la atención de incendios era competencia de los cuerpos
de bomberos que por ley debían existir en todos los municipios y que era
responsabilidad de las alcaldías conformarlos19.

16 Páginas 116-117 del expediente digitalizado.
17 Páginas 144-149 del expediente digitalizado.
18 Folios 116-117 del expediente digital.
19 Folio 120 del expediente digital.

9

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

• El secretario de Gobierno municipal de Ciénaga de Oro, mediante oficio del 24 de
junio de 201620 y certificación del 29 de marzo de 201921, señaló que para la época
de los hechos no existía cuerpo oficial de bomberos en el municipio.

• Mediante comunicación, sin fecha, el secretario general de la Asamblea
Departamental de Córdoba, informó que para el 14 de diciembre de 2015, a
iniciativa del gobernador, no se estableció ningún tipo de estampillas, tasas o
sobretasas a contratos, obras públicas, concesiones y/o donaciones y
contribuciones de competencia del orden departamental en aras de financiar la
actividad bomberil en el municipio de Ciénaga de Oro22.

• El presidente del Concejo Municipal de Ciénaga de Oro, mediante respuesta del
22 de noviembre de 2017, refirió que a la luz del Acuerdo 030 de diciembre de 2008,
se expidió el Estatuto de Rentas en el que se estableció una sobretasa bomberil
sobre el impuesto predial unificado, con destino a la creación, sostenimiento y
dotación permanente del cuerpo de bomberos del municipio, la cual se haría
efectiva en el momento en que se organizara y empezara a funcionar el cuerpo
oficial de bomberos23.

• Mediante Circular 003 del 21 de enero de 2010, la Procuraduría General de la
Nación conminó, entre otros, a los concejos municipales a iniciativa del alcalde,
establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio,
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o proveniente de
cualquier otro tipo de impuesto de ese nivel territorial, de acuerdo con la Ley 322
de 1996, para financiar la actividad bomberil y, en caso de no contar el municipio
con Cuerpo de Bomberos Oficiales, debía planificar sus recursos para prestar el
servicio público esencial a cargo del Estado, por medio de contratos con los
Cuerpos de Bomberos Voluntarios24.

• El director Territorial de Córdoba del Instituto Geográfico Agustin Codazzi, el 6 de
diciembre de 2017, en respuesta a una petición del actor, señaló que desde la
entrada del predio de los demandantes hasta la plaza central de Ciénaga de Oro,
existe una distancia de 3,022 kilómetros y que, por el contrario, hasta el centro del
municipio de Cereté (cuerpo de bomberos) hay una distancia de 15,85 kilómetros25.

20 Folio 122 del expediente digital.
21 Folio 225 del expediente digital.
22 Folio 126 del expediente digital.
23 Folio 134 del expediente digital.
24 Folio 135-137 del expediente digital.
25 Folio 141 del expediente digital.

10

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

• El comandante de la Estación de Policía de Ciénaga de Oro, en oficio del 12 de
diciembre de 2017 informó que el evento -conflagración- ocurrido el 14 de diciembre
de 2015, a las 14:05, fue atendido por dos miembros de esa institución, información
que se encontraba registrada en el libro de Población y Minuta de Servicios de esa
Estación26.

• Reposa en el expediente un avalúo comercial27, rendido el 25 de septiembre de
2017, por un perito designado por la Lonja de Propiedad Raíz de Montería, en el
que se manifestó que se aplicó el método de reposición, conforme al cual el costo
de la reposición de las edificaciones afectadas con la conflagración correspondía,
en total, a $251’614.892.

7- La imputación del daño a la demandada

Según la parte actora, el daño alegado le resulta imputable al municipio de Ciénaga
de Oro, a título de falla del servicio, dado el desconocimiento de la Ley 1575 de
201228, que le impuso la obligación de prestar el servicio público de bomberos, el
cual, de haber existido en esa jurisdicción, habría impedido que el fuego se
propagara y destruyera el inmueble junto con los bienes muebles que se
encontraban allí.

Como es sabido, la imputación hace referencia a la atribución fáctica y jurídica que
del daño se hace al Estado de acuerdo con los criterios establecidos para ello, por
manera que en casos como el que se analiza, corresponde a la parte actora
demostrar tanto la existencia de los deberes normativos, como su incumplimiento
por parte de la Administración; finalmente, se debe probar el nexo causal entre
dicho incumplimiento y el daño consumado.

La responsabilidad por omisión, además de exigir establecer si se impone en un caso
concreto una determinada conducta positiva o negativa, y si la autoridad obligada
omitió ejecutarla, también requiere que se elabore un juicio de atribución, soportado
en la necesaria relación que ese deber omitido pudo tener en la causación del daño
alegado. Frente a los supuestos sobre los cuales se analiza si procede declarar la
responsabilidad del Estado por la omisión en el cumplimiento de las funciones que el
ordenamiento le ha atribuido, es necesario efectuar el contraste entre el contenido
obligacional que las normas pertinentes fijan para la autoridad administrativa

26 Folios 144- 149 del expediente digital.
27 Folios 62- 86 del expediente digital.
28 “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”.

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Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa

implicada, de un lado, y su grado de cumplimiento u observancia por parte de la
autoridad demandada en el caso concreto.

De este modo, las obligaciones que están a cargo del Estado –y por tanto, la falla del
servicio que constituye su trasgresión–, han de mirarse en concreto frente al caso
particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la
producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios
de que disponían las autoridades para contrarrestarlo29, sin renunciar al juicio de
atribución soportado en la relación causal entre el deber omitido y su real capacidad
de proyectarse como elemento propiciador de la conducta causante del daño.

Por tanto, no basta que se refieran genéricamente las obligaciones para endilgar
responsabilidad a la demandada, porque es necesario realizar el juicio de atribución
atendiendo particularmente a los deberes que debió haber cumplido en el caso
concreto y a la determinación de si, de haber cumplido dichas obligaciones
particulares, se habría evitado la concreción del daño, representado en este caso
en la destrucción de un inmueble y los bienes muebles que se hallaban en dicho
lugar, de propiedad de los demandantes.

A través de la Ley 1575 de 2012 -vigente para la época de los hechos-, el Legislador
reiteró el carácter de esencial otorgado al servicio público de bomberos previsto
desde la Ley 322 de 1996, y estableció que “es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa a
través de Cuerpos de Bomberos Oficiales, Voluntarios y aeronáuticos”. -art. 1-.

De igual manera, esa normativa delimitó la competencia para la prestación de dicho
servicio público entre el nivel nacional y el territorial. Así, dispuso que los entes
territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, estrategias, programas,
proyectos y la cofinanciación para la gestión integral del riesgo contra incendios en
los instrumentos de planificación territorial e inversión pública. Además, facultó al
municipio para que contrate con los bomberos voluntarios cuando no cuente con
un cuerpo de bomberos oficiales. Así, estableció que los municipios que cuenten
con menos de 20.000 habitantes tendrán apoyo técnico del Departamento, quien
los asesorará para escoger la opción que mejor les convenga -constituir un cuerpo

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de febrero de 2000, exp. 14.787, M.P. Alier

E. Hernández Enríquez y del 30 de noviembre de 2006, exp 14.880, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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de bomberos oficial o contratar con uno voluntario-30.

De la interpretación armónica de las normas, se desprende que los municipios
tienen la obligación de prestar el servicio público bomberil y, para ello, pueden
realizarlo de dos formas, a saber: i) de manera directa mediante un cuerpo de
bomberos oficiales, el cual debe ser creado por el respectivo Concejo a través de
un acuerdo municipal; o ii) de forma indirecta a través de la celebración de contratos
o convenios con bomberos voluntarios constituidos en cada municipio, el cual,
además de estar reconocido por la autoridad respectiva, debe contar con
personería jurídica expedida por las secretarías de gobierno departamentales31.

Respecto a la financiación del servicio público esencial de bomberos, la referida
Ley 1575 de 2012 señala que puede provenir de varias fuentes, entre ellas, las
sobretasas a nivel territorial, los fondos departamentales y el Fondo Nacional de
Bomberos. Respecto de la primera de ellas -en cuanto importa al presente asunto-
, el artículo 37 dispone que los concejos municipales y distritales, a iniciativa del
alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y

30 “Artículo 3. Competencias del nivel nacional y territorial. El servicio público esencial se prestará

con fundamento en los principios de subsidiariedad, coordinación y concurrencia, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución.
Corresponde a la Nación la adopción de políticas, la planeación, las regulaciones generales y la
cofinanciación de la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Los
departamentos ejercen funciones de coordinación, de complementariedad de la acción de los
distritos y municipios, de intermediación de estos ante la Nación para la prestación del servicio y de
contribución a la financiación tendiente al fortalecimiento de los cuerpos de bomberos.
Los entes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, estrategias, programas, proyectos y
la cofinanciación para la gestión integral del riesgo contra incendios, rescates y materiales peligrosos
en los instrumentos de planificación territorial e inversión pública.
Es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los municipios la
prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la
celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios. En cumplimiento
del principio de subsidiariedad, los municipios de menos de 20.000 habitantes contarán con el apoyo
técnico del departamento y la financiación del fondo departamental y/o nacional de bomberos para
asegurar la prestación de este servicio.
Las autoridades civiles, militares y de policía garantizarán el libre desplazamiento de los miembros
de los cuerpos de bomberos en todo el territorio nacional y prestarán el apoyo necesario para el
cabal cumplimiento de sus funciones”.
31 Ley 1575 de 2012: “Artículo 17. Definición. Las instituciones organizadas para la prevención,

atención y control de incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades
inherentes a su actividad y la atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominan
Cuerpos de Bomberos.
“Parágrafo. A partir de la vigencia de la presente ley, ningún municipio podrá tener más de un (1)
cuerpo de bomberos voluntario”.
“Artículo 18. Clases. Los Cuerpos de Bomberos son Oficiales, Voluntarios y Aeronáuticos, así: (…)

“b) Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios: Son aquellos organizados como asociaciones sin ánimo
de lucro, de utilidad común y con personería jurídica expedida por las secretarías de gobierno
departamentales, organizadas para la prestación del servicio público para la gestión integral del
riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la
atención de incidentes con materiales peligrosos, en los términos del artículo segundo de la presente
ley y con certificado de cumplimiento expedido por la dirección Nacional de Bomberos”.

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comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de
acuerdo con la ley y para financiar la actividad bomberil32.

En cuanto a la financiación y asunción de competencias de las entidades
territoriales, debe tenerse en cuenta que la Ley 1551 de 2012 33 establece unas
categorías de municipios con el objetivo de alivianar a los municipios menores de
numerosas funciones que no pueden cumplir y, con ello, democratizar y hacer más
eficiente y racional la Administración municipal mediante una correcta distinción en
cuanto a las peculiaridades de los municipios para el ejercicio de sus competencias
esenciales, las cuales son diversificadas, de acuerdo al régimen de organización,
gobierno y administración establecido en cada municipio.

Actualmente en Colombia existen alrededor de 1.103 municipios, los cuales, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 320 de la Constitución Política y 7 de la Ley
1551 de 2012, están organizados en siete categorías que son: especial, primera,
segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, clasificados de mayor a menor. Esta
categorización obedece a tres criterios: número de habitantes, ingresos corrientes
de libre destinación, e importancia económica.

El parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 617 del 2000 -vigente para la época de los
hechos-, dispone que para que los alcaldes expidan el decreto de categorización
deben tener como base las certificaciones expedidas por el Contralor General de la
República sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados
efectivamente en la vigencia anterior, la relación porcentual entre los gastos de
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia
inmediatamente anterior y la certificación expedida por el DANE sobre la población
para el año anterior. Igualmente, establece que si el respectivo alcalde no expide el
decreto en el término señalado, dicha categorización será fijada por el Contador
General de la Nación en el mes de noviembre. Finalmente, dispone que cuando el
número de población difiera respecto de los ingresos corrientes de libre destinación
anual, la categorización del municipio deberá realizarse con base en este último

32 “Artículo 37. Recursos por iniciativa de los entes territoriales. Los distritos, municipios y
departamentos podrán aportar recursos para la gestión integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con
materiales peligrosos, en los siguientes términos.
a) De los Municipios
Los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas o
recargos a los impuestos de industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación
urbana, predial, de acuerdo con la ley y para financiar la actividad bomberil. (…)”.
33 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios”.

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aspecto.

Mediante el Decreto 066 del 11 de agosto de 2014, el alcalde estableció que el
municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, durante la vigencia fiscal de 2013, recaudó
ingresos corrientes de libre destinación por la suma de $3’252.578 millones de
pesos, respecto de los cuales los gastos de funcionamiento representaron el 66.6%
y registró una población total de 61.846 habitantes, motivo por el cual clasificó a
ese municipio en la sexta categoría.

Así, a pesar de que la Ley 1575 de 2012 prevé de forma explícita que los municipios
son los competentes de cara a la prestación del servicio público esencial de
bomberos, no se puede desatender que el ente territorial demandado pertenecía a
la categoría sexta en razón de sus ingresos, de allí que no esté igualmente obligado
a cumplir las funciones homogéneamente atribuidas por la ley en similares
condiciones a otros entes territoriales con mayores recursos económicos.

En cuanto a las competencias asignadas a los municipios, la Ley 1454 de 2011
dispone que deben formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio,
reglamentar de manera específica los usos del suelo en armonía con las políticas
nacionales y los planes departamentales y metropolitanos -num. 4, art. 29-. En
concordancia con lo anterior, la Ley 1551 de 2012 estableció que dentro de los
derechos que le asisten al municipio se encuentra el administrar los recursos y
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones -num. 3
art. 2-.

Las normas en comento establecen que las competencias asignadas a los entes
territoriales deben ser adelantadas, entre otros, bajo los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad, complementariedad y gradualidad, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 288 de la Constitución Política.

El primero de ellos exige que las autoridades administrativas de todo orden y nivel
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado y la prestación de los servicios públicos esenciales -art. 209- y que, por
tanto, dicha coordinación estratégica debe darse tanto entre la Nación y las
entidades territoriales34.

Por su parte, el principio de concurrencia implica un proceso de participación entre

34 Corte Constitucional, sentencia C-1051 del 4 de octubre de 2001, MP. Jaime Araújo Rentería.

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la Nación y las entidades territoriales, en el sentido de que estas entidades deben
intervenir en el diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar
el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, pues
sólo así resulta posible avanzar en la realización efectiva de principios también de
rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía
territorial35.

El principio de subsidiariedad alude a que cuando los entes territoriales no tengan
la capacidad institucional o presupuestal, o no puedan ejercer directa e
independientemente determinadas competencias y responsabilidades que les
atañen por razón de falta de recursos económicos, técnicos o administrativos,
pueden recurrir a los niveles superiores -departamento o Nación-, para que éstos
asuman el cumplimiento de esas competencias36.

A su vez, el principio de complementariedad refiere que las entidades territoriales
pueden utilizar mecanismos como los de asociación, cofinanciación, delegación y/o
convenios para complementar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo.
Finalmente, el principio de gradualidad implica la asunción de competencias de
forma progresiva y flexible por parte de los entes territoriales, de acuerdo con las
capacidades administrativas y de gestión de cada entidad.

Para el sub examine, se tiene que para la fecha de los hechos el municipio de
Ciénaga de Oro contaba con más de 20.000 habitantes (64,226)37, por lo que
estaba llamado a prestar el servicio bomberil de manera directa -creando un cuerpo
oficial de bomberos oficiales- o a través de un convenio o contrato -con bomberos
voluntarios-; sin embargo, no hay prueba de que haya desplegado las facultades
legales y constitucionales señaladas para efectos de constituir un cuerpo de
bomberos municipal mediante acuerdo, ni tampoco se probó que haya suscrito
algún convenio o contrato con bomberos voluntarios de ese municipio o de
municipios aledaños para la prestación de ese servicio público esencial en su
jurisdicción: por el contrario se probó que el secretario de Gobierno municipal de
Ciénaga de Oro, en oficio del 24 de junio de 2016 y certificación del 29 de marzo
de 2019, señaló que para la época de los hechos no se había conformado un cuerpo

35 Corte Constitucional, sentencia C-201 del 13 de mayo de 1998, M.P: Fabio Morón Díaz, reiterada,

entre otras, en el auto 314 del 29 de octubre de 2009, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto
Vargas Silva.
36 Corte Constitucional, sentencia C-985 del 26 de septiembre de 2006. MP. Humberto Antonio Sierra

Porto.
37 Información corroborada con los datos registrados la página del DANE:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-
2005-1#proyecciones-de-poblacion-linea-base-2005

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Referencia: Medio de control de reparación directa

oficial de bomberos en el municipio.

Aunque no pueda exigirse que un municipio de sexta categoría preste el servicio
bomberil en las mismas condiciones que los entes territoriales de otras categorías
-dada su financiación y precarias fuentes de recursos-, que es un aspecto relevante
para determinar el alcance y extensión del deber que se sindica como omitido, lo
cierto es que el municipio de Ciénaga de Oro ni siquiera se ocupó de probar: i) que
el Concejo municipal hubiera fijado sobretasas o recargos a los impuestos de
industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana,
predial, para garantizar la prestación de dicho servicio público esencial; ii) que
desarrolló e implementó programas, proyectos y estrategias encaminadas a la
prevención y contención de incendios; iii) que en virtud de los principios de
coordinación y complementariedad haya solicitado el apoyo de niveles superiores -
departamento o Nación- para que aquellos definieran y articularan la forma en la
que se podría prestar ese servicio esencial en su jurisdicción; o, iv) que hubiera
coordinado con otros municipios aledaños o el departamento de Córdoba para que
asumiera la mentada obligación a través de los mecanismos de asociación,
delegación y/o convenios.

En este punto se hace necesario señalar que el legislador estableció el servicio
público bomberil en la categoría de esencial, dada la necesidad de que personas
expertas en el manejo de ese tipo de eventos calamitosos y que cuenten con
instrumentos, herramientas y la preparación necesaria, sean quienes enfrenten ese
tipo de emergencias en cada municipio del territorio nacional.

Por consiguiente, dado que para el día en que se presentó el siniestro -14 de
diciembre de 2015-, el municipio de Ciénaga de Oro no acreditó que contaba con
la capacidad operativa para prestar el servicio público esencial de bomberos -carga
comportamental a la que estaba obligada en virtud de las previsiones normativas
antes descritas-, se impone concluir que dicha circunstancia contribuyó de manera
determinante en el agravamiento del daño cuya reparación se pretende, puesto que
de acuerdo con la lógica y la experiencia, resulta asumible, en el campo de la
probabilidad que de haberse contado con ese servicio bomberil, seguramente se
hubiera podido controlar o mitigar la propagación de las llamas que afectaron el
inmueble de propiedad de los demandantes.

Lo anterior, teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente,
específicamente, el certificado del IGAC en el que informa la distancia entre el

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casco urbano del municipio de Ciénaga de Oro hasta el inmueble de los
demandantes (3,02 kilómetros) y la distancia entre la estación del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Cereté hasta el mismo punto (15,8 kilómetros), lo cual
evidentemente, refleja que de haber contado con un Cuerpo de Bomberos el
municipio demandado, este hubiera llegado a atender la emergencia en un tiempo
mucho menor al que requirió el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cereté,
reduciendo potencialmente el impacto del incendio. Aunado a esto, se tiene la
declaración de los miembros de la Policía Nacional que asistieron al lugar de la
emergencia, quienes son claros al decir que llegaron al predio entre 5 y 7 minutos
después de ser informados, lo que permite evidenciar la proximidad entre el
inmueble y el municipio demandado.

Ahora bien, la Sala no pasa por alto que el inmueble se encontraba en una zona
rural, ni que los materiales en que estaba construido eran altamente inflamables, lo
cual permite pensar que así el municipio demandado contara con un cuerpo de
bomberos no hubieran logrado impedir o mitigar la conflagración; no obstante,
según lo dicho por el bombero Juan Hernández Otero Coneo, persona que tiene la
capacitación y conocimiento sobre el manejo de este tipo de incendios, cuando se
le interrogó sobre el tipo de material de la vivienda y la posibilidad de evitar la
propagación del incendio con una llegada más oportuna, fue contundente al afirmar
que sí se hubiera podido mitigar la afectación y no se hubiese quemado toda la
vivienda, ya que ellos habían atendido en otras oportunidades incendios
estructurales en viviendas construidas en los mismos materiales y solo se había
quemado “la culata o media casa no más.”

Para arribar a esta conclusión -sobre una llegada más oportuna al lugar de los
hechos- se tienen las declaraciones rendidas por los testigos38, quienes coinciden

38 Archivos de vídeo que se ubican en las carpetas identificadas con los nombres “Folio 220”, “Folio

284” y “Folio 294” del expediente digital. Declaración del señor José Alfonso Torres Medevil:
“Trabajo para la Policía Nacional (...) PREGUNTADO: ¿cuánto tiempo se demoró en llegar el cuerpo
de bomberos y de donde llegó este? CONTESTA: vinieron de Cereté, ellos llegaron tipo 3, 3 y
media de la tarde más o menos (...)¿A qué horas comenzó el incendio? CONTESTA: yo pienso
que a las dos de la tarde que nos manda la central (...) PREGUNTADO: ¿qué hora era? CONTESTA:
a las dos de la tarde cuando recibimos el turno llegamos como en un lapso de 5 minutos que
llegamos a la finca, porque siempre está retirado de la estación a la vereda. PREGUNTADO:
¿cuánto se tardó el cuerpo de bomberos en llegar después que ustedes le avisaron? CONTESTA:
por ahí de 3 a las 3 y media llegaron, pienso yo que como una hora”. Declaración del señor
Alberto Diaz Pacheco: “ Yo en ese tiempo era el cuidandero de la finca (...) CONTESTA: todo lo
que había adentro de la vivienda, todo (…) la dueña de la casa fue la que dio aviso, demoraron
como entre media una hora (en llegar los bomberos) ya casi estaba todo, los que lograron apagar
fueron la gente de la comunidad ahí, los vecinos, fue los que lograron apagar. ¿A qué hora comenzó
el incendio y a qué hora terminó? CONTESTA: eso fue como a la 1:40 para 2 de la tarde.
Declaración del intendente Álvaro Miranda Causil: PREGUNTADO: ¿desde el momento que
ustedes llegaron hasta cuando llegó el cuerpo de bomberos, cuánto tiempo se demoró en llegar?
CONTESTA: demoró como hora y media (…) nosotros reportamos a la central que nos como ellos

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en afirmar que el referido cuerpo de bomberos llegó a atender la emergencia
aproximadamente una hora después de haber iniciado la conflagración, lo cual
concuerda con lo afirmado por el bombero Juan Hernández Otero Coneo, al decir
que tienen unos protocolos que deben seguir ya que el municipio con el que tenían
vínculo formal es el de Cereté, por lo que debían recibir autorización de su
comandante para ir a atender el incendio en el municipio de Ciénaga de Oro,
generando así una demora significativa.

Lo anterior, permite encontrar acreditada la relación de causalidad invocada en la
causa petendi. Con este derrotero, no propone la Sala que la referida omisión haya
sido la que determinó la causa del incendio, sino que permitió que el mismo no
fuera atendido oportuna y eficazmente por el personal especializado, con las
consecuencias que la propagación de las llamas trajo y que afectaron el inmueble
de los hoy demandantes.

Ahora bien, en el recurso de apelación el municipio de Ciénaga de Oro plantea un
cargo relacionado con la eximente de fuerza mayor, sostuvo que el incendio, al ser
causado por un rayo, constituía un hecho de fuerza mayor que lo exoneraba de
responsabilidad. No obstante, aunque el origen natural del incendio cumple en
principio con los requisitos de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad, la
responsabilidad atribuida a la entidad territorial no recae exclusivamente a la
generación del fuego, sino principalmente en la omisión consistente en no contar
con un cuerpo de bomberos operativo ni con un convenio vigente para la atención

son los enlaces, que necesitábamos apoyo de bomberos porque el incendio era fuerte y la central
de radio por parte de la Policía Nacional informó y coordinó(…) nosotros nos avisaron y como
íbamos en moto de alto cilindraje pudimos llegar en 6, 7 minutos, (los bomberos tardaron en
llegar) más de una hora, como una hora y media porque nosotros les informamos a la central que
pidiera el apoyo en Cereté, pero como no es jurisdicción de Cereté, es otro municipio, tienen unos
protocolos (…) y el carro (de bomberos de Cereté) es más bien viejito y venía cargada de agua, hizo
más bien que demoraran (…). Declaración del bombero Juan Hernández Otero Coneo (…) Ese
día me encontraba de turno, llegó una patrulla de la Policía y reportó que se estaba reportando un
incendio en el Municipio de Ciénaga de Oro. Le informé a mi jefe porque ese es el protocolo que
tenemos, informar al jefe y nos dirigimos hacia el sitio de la emergencia (...) PREGUNTADO: Siendo
el incendio en el Municipio de Ciénaga de Oro, explique ¿por qué llegaron ustedes al municipio de
Ciénaga de Oro a apagar el incendio? CONTESTADO: Como lo dijo anterior, nosotros el servicio
los estamos prestando en el Municipio de Cereté, que es el municipio en el que nos pagan,
por eso es que uno tiene que informarle al jefe, al comandante de los bomberos para que él
autorice a ir a otro municipio y respecto a la pregunta, llegamos porque ya autorizó el jefe y la
Policía Nacional insistió mucho en el que se trataba de un incendio estructural (…) PREGUNTADO
Explique si una llegada más oportuna para el momento del incendio hubiese evitado hubiese
que se propagara o por la clase de material no era posible. CONTESTADO: Yo me imagino que
si la reacción, porque nosotros duramos 16 minutos aproximadamente para llegar de Cereté
hacia el sitio de la emergencia, me imagino que si hubiese cuerpo de bomberos ahí en Ciénaga
de Oro el tiempo era más rápido. PREGUNTADO: ¿Pero dado el material, la llegada oportuna
al inicio del incendio hubiese colaborado en que no se hubiese propagado? CONTESTADO:
Sí, no se hubiese quemado toda la finca, todos los tres ranchos que había ahí, porque acá en
Cereté, nosotros hemos apagado incendios ahí de ranchos de palma, casas de palma y se ha
quemado la culata o media casa no más.

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de emergencias, como lo exige la Ley 1575 de 2012 y la jurisprudencia del Consejo
de Estado en materia de prestación de servicios públicos esenciales.

En el presente caso, si bien la causa inicial del incendio puede calificarse como un
hecho natural, no se acredita que la administración municipal estuviese
completamente imposibilitada de reaccionar frente al siniestro, por el contrario, lo
que evidencia el material probatorio es una omisión estructural de la administración
pública en la gestión del riesgo y la atención de emergencias.

Adicionalmente, la responsabilidad de los propietarios también se considera
relevante, pues no contaba con elementos básicos de contención del fuego ni
medidas preventivas, como extintores o pararrayos, a pesar de que la construcción
era altamente vulnerable por los materiales utilizados (techo de palma y madera).

En este contexto, se descarta que la fuerza mayor opere como una eximente total
de responsabilidad, ya que el hecho natural puede haber sido el detonante del
incendio pero no constituye causa exclusiva del daño, toda vez que la falta de
preparación institucional del municipio contribuyó de manera directa a la
imposibilidad de controlar de manera oportuna la emergencia. La omisión del
municipio fue determinante para que el incendio no pudiera ser contenido a tiempo
y agravó las consecuencias materiales del mismo.

8. Sobre la configuración de la concausa en el presente caso

La Sala advierte que se confirmará la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria
de la concausa en la producción del daño, establecida por el tribunal, de acuerdo
con el razonamiento que pasa a exponerse.

El legislador a través de la Ley 322 de 1996 39, le otorgó la categoría de servicio
público esencial a la prevención y control de incendios y demás calamidades
conexas a cargo de las instituciones bomberiles. Además, estableció la obligación
a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas de prestar ese
servicio a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de
contratos con los cuerpos de bomberos voluntarios, bajo la coordinación,
complementariedad, intermediación y cofinanciación de proyectos por parte de los
departamentos y la adopción de políticas generales por parte de la Nación.

La anterior definición está acompañada de una serie de menciones al propio

39 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras disposiciones”.

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sistema que hace presumir el cumplimiento y desarrollo de un cúmulo de
actividades administrativas, presupuestales, contractuales, de ordenación y, en
general, de planeación propias para la implementación y desarrollo del citado
servicio.

Como se ha referido, la normatividad prevé que el servicio público esencial de
bomberos es una obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales
indígenas para lo cual podrán constituir Cuerpos de Bomberos Oficiales o celebrar
contratos con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, es decir, si bien es cierto que
la prestación eficiente del servicio público de prevención y atención de incendios y
demás calamidades conexas está a cargo de entes territoriales, también lo es que
la generación del mismo -del servicio- se puede trasladar a cuerpos de bomberos
oficiales y voluntarios.

La Sala, según lo analizado en párrafos anteriores, encuentra que el ente territorial
demandado, incumplió con la obligación legal de constituir el respectivo cuerpo de
bomberos oficial o contratar con un cuerpo de bomberos voluntarios. Así, aunque
a la administración no le resulta imputable el incendio que trajo consigo el daño
alegado, sí es posible atribuirle responsabilidad por éste, como concausa
sobreviniente y determinante frente al perjuicio alegado en la demanda, en tanto
que no cumplió con el deber legal de contar con un cuerpo de bomberos o con
convenio que eficazmente permitiera acudir a controlar la situación.

Por otra parte, en el recurso de apelación de la demandante, se sostuvo que no ha
debido atribuírsele participación alguna en la concreción del daño y, en
consecuencia, reducirse la condena en un 30%, por cuanto los demandantes
contaban con un pararrayos y extintores al interior del inmueble donde se presentó
la conflagración, lo cual fue manifestado en los hechos de la demanda y que no fue
controvertido por la demandada. Sobre el particular, lo primero es reiterar que el
artículo 1° de la Ley 1575 de 2012 establece una responsabilidad compartida,
entre todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano, respecto a “la
gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates
en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos”,
razón por la cual, no puede la Sala pasar por alto el deber de diligencia y cuidado
que recaía sobre los propietarios del inmueble, quiénes al tener una casa construida
con madera y palma, materiales altamente inflamables, debían adoptar las medidas
necesarias para contrarrestar o evitar la propagación de un eventual incendio.

21

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Una vez revisado el expediente, la Sala encuentra que en el escrito de la demanda
no se mencionó que los demandantes contaran con extintores o pararrayos para
mitigar la afectación de un eventual incendio, tanto es así que en la detallada
relación de los bienes muebles que, bajo juramento, afirmaron que se encontraban
en el lugar del siniestro y cuya reposición solicitan, no se incluyeron los supuestos
extintores de propiedad de los demandantes y la aseveración de que los vecinos
eran de escasos recursos y no podían adquirir extintores, carece de fundamento y
de prueba que le soporte.

Ahora bien, los testigos traídos al proceso manifestaron no tener conocimiento de
la existencia de estos elementos en el inmueble. En efecto, se tiene que el señor
Alberto Diaz Pacheco, quien afirmó ser el “cuidandero” de la propiedad, al ser
interrogado sobre la existencia del pararrayos manifestó que “seguramente había
transformador”, lo que permite inferir que no tenía certeza de la existencia del
mismo, igual situación ocurre con la señora Nancy Narváez Fuentes. A su vez, el
intendente de la Policía Nacional Álvaro Miranda Causil, quien acudió al lugar de
los hechos ante el llamado de la comunidad, refirió que no vió elementos como
pararrayos o extintores.

Por su parte, el señor Juan Hernández Otero Coneo, miembro del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Cereté, manifestó que no se percató de la existencia de
pararrayos y que observó a la comunidad y a los dueños de la finca utilizar varios
extintores, pero no que sabía si estaban en la finca con anterioridad al incendio.

Esta Subsección ha precisado que está en manos del interesado evitar el daño,
pues de lo contrario incurre en una actitud negligente, de desidia frente a sus
propios deberes, lo cual le impide trasladar a la administración las consecuencias
desfavorables de ello y perseguir, entonces, la obtención de una ventaja o provecho
económico, con cargo al patrimonio de aquélla, pues tal comportamiento no sólo
resulta contrario a la buena fe, principio superior por el cual se deben regir todas
las relaciones entre el Estado y los administrados, sino que también contraría el
principio de derecho según el cual nadie puede sacar provecho de su propia
desidia40 .

Así las cosas, como los medios probatorios allegados a este proceso no dan cuenta
de que en el inmueble fueron implementadas las medidas de seguridad para la

40Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de julio de 2016, exp. 41491. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

prevención y control de incendios41, cuya comprobación -se insiste-, le
correspondía a la parte actora, se impone confirmar la concurrencia de causas pero
se modificará el porcentaje de responsabilidad de cada una de las partes. En efecto,
aunque el Tribunal asignó un 70% de responsabilidad al municipio y un 30% a los
demandantes, esta decisión debe ajustarse a la luz de una valoración más detallada
del acervo probatorio y de los principios de equidad y causalidad concurrente. Si
bien se acredita una omisión por parte del municipio en cuanto a la prestación del
servicio público esencial de atención de emergencias, también es claro que los
demandantes incurrieron en una conducta omisiva relevante, al no adoptar medidas
mínimas de prevención frente a un riesgo previsible. En consecuencia, se
condenará al Municipio de Ciénaga de Oro al pago del 30% de los perjuicios
materiales acreditados y se imputará a los demandantes el 70% restante, en
atención a su contribución en el agravamiento del daño.

9. Sobre los perjuicios

9.1. Perjuicios morales

En el escrito inicial, la parte actora solicitó que se le reconocieran perjuicios morales
en la suma de 100 SMLMV para cada uno de los demandantes, dada la situación
de zozobra y angustia que les ocasionó el incendio que consumió el inmueble de
su propiedad junto con los bienes muebles que allí se encontraban.

Al respecto, resulta necesario advertir que esta Sección del Consejo de Estado ha
reconocido este tipo de perjuicio inmaterial, pero siempre que el mismo se
encuentre probado en el proceso, puesto que a diferencia de lo que ocurre con la
pérdida de la vida y/o el menoscabo de la integridad psicofísica de una persona, la
pérdida o destrucción de tales cosas materiales, por sí misma, no está llamada a
generar un perjuicio de esa naturaleza. Esto no significa que en circunstancias
especiales y por razones particulares se vivencie una afectación por los daños a
bienes materiales, pero en tal caso el padecimiento moral deberá estar
debidamente acreditado en el plenario42.

En ese sentido, debe indicarse que la pérdida de cosas materiales, en principio, no
amerita el reconocimiento de perjuicios morales, pues la materia necesita ser

41 Al respecto, la Sala se remite a los medios de prueba reseñados líneas atrás.
42 “Pero ¿acaso no basta con señalar que la primera ocasión en que la Corte concedió indemnización

por daño moral (1922), fue precisamente por daño a bienes o cosas con especial valor de afección,
como sin duda lo eran los restos de su esposa para el señor Villaveces?”. NAVIA ARROYO Felipe.
Del daño moral al daño fisiológico, ¿una evolución real? Ensayos de Derecho Privado No 4. Pág. 52,
Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las
personas que no poseen las cosas sino que se dejan poseer por ellas. Si bien en
la generalidad de las sentencias se admite la posibilidad de indemnización moral
por la pérdida de un bien material, se exige al actor demostrar de manera plena y
real su existencia, pues tal perjuicio no se presume.

Al respecto, ha entendido la Sala que la indemnización por daño moral debe estar
precedida de un análisis del fallador que verifique la existencia de criterios o
referentes objetivos para su cuantificación, tales como las características mismas
del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada
persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que
enmarcan la situación del demandante afectado.

En últimas, para que haya lugar a la indemnización del daño moral, resulta
necesario que dicho daño este acreditado, pues, debe recordarse que solo los
perjuicios derivados de la afectación a la vida o a la integridad psicofísica de la
persona se presumen respecto de la víctima directa y de sus familiares más
cercanos.

En el caso concreto, el a quo, teniendo en cuenta los testimonios rendidos por la
señora Alba Anaya Caraballo y el señor Carlos Alberto Castaño Puentes, quienes
afirmaron conocer a los demandantes desde hace más de 20 años y que les consta
la congoja y tristeza que padecieron en razón a la destrucción del inmueble, toda
vez que era su lugar de esparcimiento, de reuniones con familiares y amigos y el
misma tenía un gran valor sentimental para aquellos, impuso una condena de 25
SMLMV, por concepto de perjuicios morales, a favor de cada uno de los
demandantes.

A pesar de lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la parte actora en
su pretensión de obtener la indemnización por concepto de perjuicios morales,
pues no se acreditó en el plenario una afectación real y concreta de esa naturaleza.
Si bien se allegaron los testimonios de dos personas cercanas que manifestaron
conocer la tristeza experimentada por los demandantes ante la pérdida del
inmueble, lo cierto es que la sola destrucción o afectación de bienes materiales no
genera, por sí misma, un perjuicio moral resarcible, salvo que se demuestre de
forma clara y específica una perturbación emocional de tal intensidad que
trascienda lo meramente subjetivo, además, la mera titularidad del bien no es
suficiente para acreditar el perjuicio moral.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

En el presente caso, el hecho de que el inmueble destruido no fuera la residencia
habitual de la familia, sino una casa de descanso utilizada esporádicamente,
disminuye la posibilidad de que su pérdida haya causado un perjuicio moral de la
magnitud requerida para ser indemnizable. La jurisprudencia ha reconocido que la
afectación emocional por la pérdida de bienes materiales puede ser indemnizada
en circunstancias especiales, pero estas deben estar claramente acreditadas y
demostrar un impacto significativo en la vida de los afectados. En consecuencia, la
Sala revocará el reconocimiento que de este perjuicio se efectuó en la primera
instancia.

9.2 Daño emergente

9.2.1 Por la pérdida total de los enseres que se encontraban en el inmueble

La parte actora, por este concepto, solicitó la suma de $144’596.700 de conformidad
con las cotizaciones realizadas en diversos establecimientos de comercio de los
bienes que, afirma, se encontraban en el inmueble para el momento de la
conflagración y que fueron destruidos en su totalidad43.

El a quo condenó a la entidad demandada al pago de la indemnización por el daño
emergente, pero en abstracto, por considerar que se carecía de los elementos de
juicio necesarios para liquidar dicha condena. No obstante, considera la Sala
procedente establecer, en concreto, el monto de esa condena, de manera integral
y en equidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de
1998, con observancia de los criterios técnicos actuariales44.

43 El listado de bienes solicitado por los demandantes es el siguiente: “6 espejos de baño, 6 juegos

de tocador de baño, 6 muebles de baño, 1 batería de cocina, 8 lámparas de aluminio LED, 4 lámparas
de mesa, 1 licuadora, 4 mangueras, 1 comedor auxiliar, 7 ventiladores de techo, 1 generador de
energía eléctrica diésel, 10 lámparas colgantes, 5 materas, 1 bomba centrífuga (electrobomba), 4
televisores LG 55”, 1 lavadora Samsung, 1 nevera de 230 litros, 1 cubierta marca HACEB cinco
puestos, 4 aires acondicionados marca Lg, 3 manteles, 16 tenderos de camas, 12 juegos de
sábanas, 6 sillas RIMAX sin brazos, 21 sillas RIMAX con brazos, 24 toallas, 19 colchones, 2
dispensadores de agua marca HACEB, 36 almohadas, 1 minicomponente marca SONY, 2 termos, 1
litera (cama de camarote), 1 sala rinconera (mueble sofá), 4 nocheros, 8 mecedoras, comedor de 8
puestos, 8 marcos de espejos, 3 candelabros, 1 adorno de fruta gigante pera, 2 tendidos de madera
(tablas para el soporte de la cama), 8 duplex colin (camas con rodachines), 16 tendidos de madera
EC (tablas para el soporte de las camas), 1 cama doble, tendido de madera (tabla para el soporte
de la cama), 1 bife, 1 ropero, 1 mesa de centro, 3 gatos de madera, 1 frutera, 2 esferas grandes, 1
virgen de madera, 2 ensaladeras tamo, jarrones tamo, 2 televisores marca SAMSUNG 50”, 1
grabadora marca SONY”.
44 Al respecto, véase lo dispuesto en la sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente

15001233100020040095801 (56714), proferida por esta Subsección.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Sobre la aplicación del principio de equidad para liquidar perjuicios de contenido
material, esta Sección del Consejo de Estado, en pronunciamiento de 24 de octubre
de 201545, explicó lo siguiente:

En esa línea de pensamiento, la equidad constituye un instrumento útil para
determinar la proporción o valoración de un daño cuando resultan insuficientes
los datos que integran el proceso, sin que tenga la obligación el juez de arribar
a conclusiones matemáticas específicas, ya que, son la sana crítica y el sentido
común, articulados con la equidad como principio general del derecho, los
instrumentos que permiten determinar o establecer resultados fundamentados
en la experiencia, a efectos de, so pena de aplicar la ley, imponer conclusiones
o decisiones injustas que no se acompasan con los principios y valores
constitucionales46.
La Corte Suprema de Justicia se ha orientado en la misma línea, ha
considerado que el juez debe determinar una compensación que, permita poner
a los damnificados en una situación patrimonial similar a la que tenían, antes
del acontecimiento que causó su menoscabo; en sentencia del 5 de octubre de
2004, señaló:

“Con referencia específica al invocado principio de la equidad, vale la pena
recordar, además, con apego a numerosos contenidos doctrinarios,
jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las
consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atrás
aludida, hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización
so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su
cuantificación no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, además
de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen
a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le
impiden soslayar los derechos de las víctimas.

En efecto, ante la configuración de excepcionales circunstancias fácticas que
imposibiliten o hagan en extremo difícil deducir un equivalente exacto entre el
monto de la indemnización y el daño material padecido por las víctimas y por
cuanto ‘dicho monto no viene a desempeñar, en la generalidad de los casos,
sino la función de satisfacer, enfrente de los beneficiarios, cierto bienestar que
reemplace al que fue arrebatado por la muerte de una persona’, se colige,
siguiendo otros precedentes jurisprudenciales, que la simple dificultad de tipo
probatorio, per se, no puede cerrar el paso a la merecida indemnización, pues
‘si ello fuere así, los perjuicios morales de tan inasible evaluación, no podrían
jamás representarse en cantidades pecuniarias’, lo que, en el entendido de que
‘la ley no dice cuál es el criterio adoptable para tales justiprecios’, lleva
ineluctablemente a concluir que ‘en esta labor es indispensable acudir a las
reglas generales del derecho’, admitiendo que ‘el juez está dotado de alguna
relativa libertad para llegar a conclusiones que consulten la equidad, siendo,
como es, irrealizable a todas luces una justicia de exactitud matemática’, y que,
tratándose de daños ciertos que se proyectan en el futuro, ‘la prestación de la
indemnización debe consultar una compensación equitativa que ponga a los
damnificados en una situación patrimonial más o menos equivalente a la que
tenían antes del acontecimiento que les causó el menoscabo’ (XLVI, págs. 689
y 690)”.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, expediente 27335, M.P. Enrique Gil Botero.
46 “‘La equidad es justicia matizada; radica, pues, en una relación de justicia, cuyo deber atempera o

cuyo derecho acomoda, en consideración a lo postulado por las circunstancias del caso, a causa del
bien común o de las leyes generales que regulan las relaciones humanas. Lo equitativo es lo justo
reforzado o atemperado. La equidad atempera el deber y acomoda el derecho’ Cf. HERVADA, Javier
‘Introducción crítica al Derecho Natural’, Bogotá, Ed. Temis, 2000”.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Y no está por demás recordar que la equidad se erige en uno de los más caros
criterios teleológicos que debe caracterizar la gestión judicial, no sólo para
interpretar la ley cual lo disponen los artículos 32 del Código Civil y 8º de la Ley
153 de 1887, sino para definir tópicos ajenos a la labor hermenéutica
propiamente dicha, inclusive de naturaleza probatoria, pues, v. gr., de
conformidad con la Ley 446 de 1998, dentro de cualquier proceso que se surta
ante la administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las
personas, “atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará
los criterios técnicos actuariales (art. 16)”47

La Corte Suprema de Justicia, en diversos pronunciamientos, se ha referido al
derecho que le asiste a las víctimas de obtener la reparación de los daños causados,
cualquiera sea su naturaleza, afirmando que ésta es una labor deferida al prudente
arbitrio del juzgador, según las circunstancias propias del caso y los elementos de
convicción aportados al plenario. En providencia de 5 de abril de 2017 48, esa alta
corte razonó de la siguiente forma:

Al respecto, dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de
Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá
los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales (artículo 16 de la Ley 446 de 1998; cas. civ. sentencias de 3 de
septiembre de 1991, 5 de noviembre de 1998 y 1º de abril de 2003), es decir,
se consagra el resarcimiento de todos los daños causados, sean patrimoniales,
ora extrapatrimoniales, aplicando la equidad que no equivale a arbitrariedad ni
permite “valoraciones manifiestamente exorbitantes o, al contrario inicuas y
desproporcionadas en relación con los perjuicios sufridos” (Flavio Peccenini, La
liquidazione del danno morale, in Monateri, Bona, Oliva, Peccenini, Tullini, Il
danno alla persona, Torino, 2000, Tomo I, 108 ss).

La Corte Constitucional, por su parte, en sentencia C-344 de 24 de mayo de 201749,
frente al ejercicio del arbitrio iudice por parte de los jueces, explicó:

31. Ahora bien, en lo que respecta al componente netamente económico del
derecho a la reparación integral de los perjuicios causados a las víctimas de los
delitos, la integralidad tiene una doble connotación: una general, relativa a la
tipología de los perjuicios reconocidos y otra específica que se refiere a los
montos acordados para indemnizar, el perjuicio material o para compensar, el
perjuicio inmaterial.
32. En estas materias, ante la inexistencia de una norma de rango legal que
precise las categorías de perjuicios que deben ser reconocidos por el juez a
efectos de reparar todos los perjuicios causados y que determine el quantum
de dichas condenas50, ambas decisiones son confiadas al juez quien, con base
en las pruebas, de manera razonable, proporcionada y motivada, en ejercicio
del arbitrio iudicidis, debe precisar el alcance tanto horizontal (los perjuicios
reconocidos), como vertical (el monto acordado a cada categoría) de la
reparación. Es justamente el mandato de reparación integral, aunado con la

47 “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del cinco de octubre de 2004,

expediente: 6975, Magistrado Ponente: Pedro Octavio Munar Cadena”.
48 Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, radicado 2007-00052-01 - SC21828-2017, M.P.

Álvaro Fernando García Restrepo.
49 M.P. Alejandro Linares Cantillo
50 “El artículo 95 del Código Penal de 1936 establecía un tope para la compensación del daño moral

en 2000 pesos”.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

ausencia de fijación legal de la materia, lo que ha permitido la evolución
jurisprudencial en la Jurisdicción Ordinaria51 y en la de lo Contencioso
Administrativo52, tanto en lo relativo a la tipología de los perjuicios reparables,
como en los montos mismos de cada una de dichas categorías, en lo que
respecta a las indemnizaciones o compensaciones pecuniarias, como medidas
complementarias a los otros instrumentos de la reparación integral.

La parte actora, en su alzada, cuestionó que no se haya reconocido la totalidad de
la suma pedida por concepto de daño emergente, puesto que en la demanda se
afirmó que las facturas de los bienes se consumieron durante la conflagración, por
lo que se aportaron las cotizaciones realizadas en varios establecimientos de
comercio, lo cual no fue controvertido por la demandada.

Al respecto, se tiene que, en el informe técnico del 16 de junio de 2016, rendido por
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cereté, se hizo un relato de los hechos y
circunstancias en que ocurrió el incendio del 14 de diciembre de 2015 y se
relacionaron como daños “la pérdida total del bien inmueble y bienes muebles que
se encontraban en la estructura, los cuales eran: 12 ventanas de madera y de vidrio,
1 nevera, 1 lavadora, 1 elementos de cocina, 8 sillas de madera, 12 taburetes, 6
cuadros de lujo, 11 adornos decorativos, 4 camas y sus colchones, 4 closet con
ropa, 1 armario, 2 equipos de sonido, 5 ventiladores, 4 aires acondicionados, 17
jornales de palma, dos TV Samsung”.

51 “El daño a la vida de relación fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del

4 de abril de 1962. Recientemente, dicho perjuicio fue reparado a partir de la sentencia de la Sala
de Casación del 13 de mayo de 2008, Rad. n.° 1997-09327-01. También cabe resaltar que la
sentencia de la Sala de Casación Civil del 30 de septiembre de 2016, SC-139252016
(05001310300320050017401) amplió las categorías de los perjuicios objeto de reparación, en
nombre de la constitucionalización del derecho, y reconoció el daño a los bienes superiores como
una categoría autónoma que desarrolla el principio de la reparación integral”.
52 “A este respecto resulta interesante identificar algunos hitos en la evolución en el reconocimiento

de los perjuicios inmateriales. Así, a más del daño moral, en 1993, la jurisprudencia reconoció el
perjuicio fisiológico (Consejo de Estado, Sección 3, sentencia del 6 de mayo de 1993, exp. 7428), el
que en el año 2000 fue denominado como daño a la vida de relación (Consejo de Estado, Sección
3, sentencia del 19 de julio de 2000, exp. 11842). En el año 2002 se reconoce el perjuicio
denominado alteración en las condiciones de existencia (Consejo de Estado, Sección 3, sentencia
del 15 de agosto de 2002, exp. 14357). En el año 2010 las categorías anteriores se redefinen en el
denominado perjuicio por alteración de bienes jurídicos constitucionales (Consejo de Estado,
Sección 3, sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 32651). En el año 2011 se reconoció el daño a
la salud (Consejo de Estado, Sección 3, sentencia del 14 de septiembre de 2011, ref. 19.031 y
38.222). En la actualidad, los perjuicios inmateriales reconocidos en dicha jurisdicción son los
recogidos en la sentencia de unificación de la Sección 3 del 28 de agosto de 2014, rad. 66001-23-
31-000-2001-00731-01 (26251), así: daño moral, perjuicio por afectación relevante de bienes o
derechos convencional o constitucionalmente amparados y daño a la salud. En lo relativo a la manera
de reparar el perjuicio denominado por afectación relevante de bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados, esta sentencia de unificación precisó que ‘En casos excepcionales,
cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación
integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante
el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y
cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este
quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño’”.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
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Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

La Sala, en anteriores oportunidades, se ha pronunciado frente a este tipo de
informes y ha manifestado que ese documento no es prueba suficiente, por sí
mismo, para que el juez le otorgue plenos efectos probatorios para acreditar el valor
a indemnizar, toda vez que, en cada caso, deberá indicarse o aportarse los
respaldos que sirvieron de fundamento para calcular tales pérdidas materiales 53. A
pesar de lo anterior, en el expediente se recepcionaron una serie de testimonios 54
de las personas que acudieron a atender la emergencia, los cuáles coinciden en
que se quemaron “muchas” cosas y se refieren a algunas de ellas como televisores,
adornos, aires, ventiladores, entre otros, lo que permite inferir que, efectivamente,
si se perdieron varios bienes a raíz de la conflagración.

A pesar de lo anterior, se observa una evidente discrepancia entre la relación de los
bienes presentada por la actora y lo reportado por el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cereté en el informe técnico del incendio; si bien, varios testigos
afirmaron que los bienes se destruyeron en su totalidad, lo cierto es que sus
declaraciones no fueron precisas al identificar o detallar cuáles bienes
efectivamente se encontraban en el lugar ni cuáles fueron destruidos. Incluso, el
propio “cuidandero” de la finca, quién habría tenido mayor conocimiento sobre el
inventario real de los enseres, no realizó una descripción concreta ni
suficientemente detallada de los objetos supuestamente perdidos.

En ese sentido, la Sala considera razonable restringir el reconocimiento de los
perjuicios materiales por este concepto, únicamente a aquellos bienes cuya
existencia y pérdida se encuentran sustentadas tanto en la lista aportada por los
demandantes como en el informe oficial del cuerpo de bomberos, descartando,

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de abril de 2023, exp. 58337. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
54 Archivos de vídeo que se ubican en las carpetas identificadas con los nombres “Folio 220”, “Folio

284” y “Folio 294” del expediente digital. Declaración del señor Alberto Díaz: “yo era el cuidandero
de la finca (...) se quemó todo lo que había dentro de la vivienda, todo(...)”. Declaración de la señora
Nancy del Carmen Narváez Fuentes: “(...) cuando llegó el cuerpo de bomberos de Cereté ya todo se
había quemado, lo que alcanzaron a sacar no servía (...) todo se quemó (...) se quemaron los aires,
los televisores, todos los adornos que había en la finca, todo (...) habían aires, ventiladores también,
televisores en cada pieza, las camas, los muebles, muchos enseres (...)”. Declaración del señor
Urbazan Herrera: “(...) todo se quemó (...) se quemaron muchas cosas, televisores, aires
acondicionados, sillas (...) No se recuperó más bien nada. Declaración del señor Juan Hernando
Otero Coneo, bombero que atendió la emergencia: (...) varios aires acondicionados, colchones,
cuadros de lujo, camas, televisores, sillas, las llamas consumieron varios enseres o muebles (...)”.
Declaración del señor Gregorio de Jesús Pacheco Lora, miembro de la Defensa Civil que atendió la
emergencia: “(...) había como dos aires y unos abanicos que alcancé a ver en el cuarto (...)”.
Declaración del señor Jorge Eliécer Arbalaéz Villalba, Comandante del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cereté: “(...) dentro del informe está lo que visualmente, al momento de realizar la
inspección ocular de ese incendio, se encontró, allí está plasmado todo lo que alcanzamos a ver
pues dentro de lo que se pudo ver, porque como todo se redujo a cenizas, pues básicamente era
como el testimonio de las personas que estaban ahí y de lo que los bomberos pudieron observar y
constatar de que fuese así”.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

además, aquellos que ya están incluidos en el avalúo de reconstrucción del
inmueble -como los jornales de palma destinados a la reposición del techo o de las
ventanas afectadas-, a efectos de evitar una duplicidad en la reparación.

Al efectuar el cotejo entre lo pedido por la actora y lo certificado en el informe técnico
del incendio, se encontró coincidencia en los siguientes bienes:

Informe técnico del Solicitado por la parte Cantidad a reconocer
incendio actora por la Sala

1 nevera 1 nevera de 230 litros 1

1 lavadora 1 lavadora Samsung 1

1 elementos de cocina 1 licuadora, 1 batería de 2
cocina

8 sillas de madera, 12 8 mecedoras, 6 sillas RIMAX 20
taburetes sin brazos, 21 sillas RIMAX
con brazos

11 adornos decorativos 1 adorno de fruta gigante 11
pera, 3 gatos de madera, 1
frutera, 2 esferas grandes, 1
virgen de madera, 2
ensaladeras tamo, jarrones
tamo

4 camas 1 litera (cama de camarote), 8 4
dúplex colin (camas con
rodachines), 1 cama doble

4 colchones 19 colchones 4

4 closet con ropa 1 ropero 1

1 armario 1 bife 1

2 equipos de sonido 1 minicomponente marca 2
SONY, 1 grabadora marca
SONY

5 ventiladores 7 ventiladores de techo 5

4 aires acondicionados 4 aires acondicionados marca 4
LG

2 TV Samsung 2 televisores marca 2
SAMSUNG 50”

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Así, a falta de pruebas suficientes que permitan cuantificar de forma técnica el
monto del perjuicio a indemnizar, en parte por la dificultad que representa la
consecución de datos debido al amplio transcurso del tiempo desde la ocurrencia
de los hechos, se acudirá a un comparativo de los precios de los bienes en dos
tiendas de superficie55 en las que se vendan dispositivos semejantes a los perdidos
por el demandante56.

En ese sentido se obtendrá el promedio de los valores de los bienes de la siguiente
manera: La suma de los valores fijados por las tiendas dividido por el número de
valores referenciados (2).

En caso de que la suma de los rubros que se pretende reparar exceda el valor
solicitado por el demandante, esto es -$144.596.700, por daño emergente-, se
ajustará la cuantía de la indemnización de modo que no sobrepase las pretensiones
elevadas, como garantía del principio de congruencia57, así:

1. Una nevera

ÉXITO: Nevera MABE No Frost Congelador Superior 230 Litros Netos Grafito,
valor: $ 1’573.128

ALKOSTO: Nevera Mabe No Frost Congelador Superior 230 Litros Brutos Grafito,
valor: $1’619.900

VP: 1’573.128 + 1’619.900 = $1’596.514
2

2. Una lavadora

ÉXITO: Lavadora SAMSUNG Carga Superior 15 kg (33 lb), valor: $ 1’684.842

ALKOSTO: Lavadora SAMSUNG Bespoke Carga Superior AI Wash 15 Kg Negra,
valor: $1’719.900

VP: 1’684.842 + 1’719.900 = $1’702.371

55 La información se obtuvo mediante consulta que se realizó en las páginas web www.exito.com -

www.alkosto.com y www.homecenter.com.co el día 12 de junio de 2025.
56 Sobre los cálculos de las condenas atendiendo los criterios de equidad y justicia restaurativa, ver

AG 2013- 00380 M.P. Martha Nubia Velásquez Rico
57 “Los fallos ultra petita, que van más allá de lo pedido en la demanda, y extrapetita, que reconocen

algo no solicitado en aquella, distan de las formas de congruencia enunciadas y se encuentran
proscritos para la autoridad judicial, salvo en especialisimos casos que resulten imprescindibles para
proteger algún derecho fundamental que se advierta vulnerado”.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre de 2019, exp. 2011-00073-
01(21084), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

31

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

2

3. Una licuadora

ÉXITO: Licuadora Clásica Perilla 3 Ve OSTER, valor: $ 314.010

ALKOSTO: Licuadora OSTER Clásica BLST4655 700W Plateado, valor: $348.900

VP: 314.010 + 348.900 = $331.455
2

4. Batería de cocina

ÉXITO: Batería 10 Piezas Antiadherent IMUSA, valor: $ 494.990

ALKOSTO: Batería / Juego de Ollas 9 Piezas IMUSA Antiadherente Talent, valor:
$315.000

VP: 494.900 + 315.000 = $404.950
2

5. Seis sillas Rimax sin brazos

ÉXITO: SILLA ETERNA SIN BRAZOS RIMAX, valor: $ 59.990

ALKOSTO: Silla RIMAX Eterna Wengue, valor: $49.900

VP: 59.990 + 49.900 = $54.945 x 6= $329.670
2

6. Catorce sillas Rimax con brazos

ÉXITO: SILLA ETERNA CON BRAZOS RIMAX, valor: $ 59.990

ALKOSTO: Silla RIMAX Eterna con brazos Wengue, valor: $49.900

VP: 59.990 + 49.900 = $54.945 x 14= $769.230
2

7. Cuatro camas

ÉXITO: Cama Granada Doble 146 X 197 Cm Blanco Natural, valor: $ 808.900

HOMECENTER: Cama Doble Libia 198X146X110 Duna, valor: $1.159.900

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

VP: 808.900 + 1.159.900 = $984.400 x 4= 3.937.600
2

8. Cuatro colchones

ALKOSTO: Colchón SPRING Doble Resortado New 3 140 x 190 cm, valor:
$1.143.948

HOMECENTER: Colchón Doble New 3 140x190, valor: $1.139.900

VP: 1.143.948 + 1.139.900 = $1.141.924 x 4= 4.567.696
2

9. Un ropero

ÉXITO: Ropero Flash Almendra 6 Puertas 2 Cajones, valor: $699.900

ALKOSTO: Armario MADERKIT Nova 140 cm Ceniza, valor: $949.900

VP: 699.900 + 949.900 = $824.900
2

10. Un Biffet

ÉXITO: Bife Vassel RTA Habano + Blanco RTA DESIGN BHB, valor: $526.425

HOMECENTER: Biffet Salem 78.4x140.1x42.1cm Miel/Plomo, valor: $599.900

VP: 526.425 + 599.900 = $563.162
2

11. Dos equipos de sonido

ÉXITO: Minicomponente SONY MHCV13 150 W Negro Bluetooth, valor: $999.900

ALKOSTO: Minicomponente SONY MHC-V13 150 Watts Negro Torre de Sonido,
valor: $999.900

VP: 999.900 + 999.900 = $999.900 x 2= $1.999.800
2

12. Cinco ventiladores

ÉXITO: Ventilador De Techo Industrial Silencioso Sankey, valor: $249.900

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

HOMECENTER: Ventilador Industrial 142 cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux,
valor: $299.900

VP: 249.900 + 299.900 = $274.900 x 5= $1.374.500
2

13. Cuatro aires acondicionados

ÉXITO: Aire Acondicionado. Convencional FINLANDEK 9000 Btu 110 V
FDAC9111, valor: $1.035.703

HOMECENTER: Aire Acondicionado On/Off 9000 BTU 220 V, valor: $1.049.900

VP: 1.035.703 + 1.049.900 = $1.042.801 x 4= $4.171.206
2

14. Dos televisores

ÉXITO: Televisor SAMSUNG 50 pulgadas LED Uhd4K Smart TV, valor: $1.699.900

ALKOSTO: TV SAMSUNG 50" Pulgadas 127 cm 50DU8000 4K UHD LED Crystal
Smart TV, valor: $1.749.900

VP: 1.699.900 + 1.749.900 = $1.724.900 x 2= $3.449.800
2

15. Once adornos decorativos

En relación con esta solicitud, se observa que la parte actora aportó una cotización
expedida por el almacén “Recuerdos del Caribe”58, en la cual se discrimina el valor
unitario y total de dichos elementos. Esta prueba documental no fue controvertida
por la parte demandada ni desvirtuada a lo largo del proceso y, además, resulta
concordante con los hechos narrados por los testigos sobre la existencia de
elementos decorativos en el inmueble siniestrado. Por lo tanto, la Sala encuentra
procedente acceder al reconocimiento de este rubro en el valor contenido en la
referida cotización, esto es: $3.595.000.

Ahora bien, dado que ese valor corresponde a una cotización del año 2017, se
procede a actualizar el mismo, bajo la siguiente fórmula:

58 Folio 108 del expediente digital

34

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Ra = Rh índice final
índice inicial

Ra = $3.595.000 índice final – mayo 2025 (150.14)59 = $5.569.060
índice inicial – diciembre 2017 (96,92)60

Item Valor reconocido

1 nevera $1.596.514

1 lavadora $1.702.371

1 licuadora $331.455

1 batería de cocina $404.950

6 sillas Rimax sin brazos $329.670

14 sillas Rimax con brazos $769.230

4 camas $3.937.600

4 colchones $4.567.696

1 ropero $824.900

1 Biffet $563.162

2 equipos de sonido $1.999.800

5 ventiladores $1.374.500

4 aires acondicionados $4.171.206

2 televisores $3.449.800

11 adornos decorativos $5.569.060

TOTAL $31.591.914

59 IPC vigente a la fecha de la presente sentencia (junio de 2025). Se hace la precisión de que se

toma el IPC de mayo, por cuanto a la fecha no se ha publicado el IPC de junio, habida cuenta de
que tales cifras se publican una vez termine el mes, es decir, por mes vencido.
60 IPC correspondiente al de la fecha de expedición de la respectiva cotización.

35

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

Total de la indemnización por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad
de daño emergente, derivado de la pérdida de los bienes muebles: treinta y un
millones quinientos noventa y un mil novecientos catorce pesos ($31.591.914).
Ahora bien, como quiera que existe concurrencia de culpas, al municipio
demandado le corresponde asumir el pago del 30% de este valor, es decir: nueve
millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos setenta y cuatro pesos
($9’477.574).

9.2.2 Por la reconstrucción del inmueble

La parte demandante solicitó que se le reconociera por este concepto la suma de
$251.614.892, derivada de la destrucción del inmueble y su reconstrucción a causa
de la conflagración allí ocurrida. Para acreditar su causación, aportó un avalúo
comercial rendido por la Lonja de Propiedad Raíz de Montería, el 25 de septiembre
de 201761.

El 10 de julio de 2019 se llevó a cabo audiencia de pruebas, en la que el perito,
designado por la Lonja de Montería para efectuar el avalúo, expuso las razones y
conclusiones de su dictamen, para lo cual indicó los fundamentos técnicos y
científicos de sus conclusiones. La parte demandada solicitó una ampliación y/o
aclaración del dictámen, la cual fue resuelta en debida forma por el perito 62.

La Sala confirmará lo decidido por el A quo en este aspecto, toda vez que efectuó
una apreciación del dictámen de acuerdo con las reglas de la sana crítica así como
la claridad, precisión, calidad de sus fundamentos y el “método de reposición”
utilizado para efectuar el avalúo, el cual resulta pertinente para estimar el costo de
reemplazar o construir una propiedad de características similares a la que se
estaba evaluando; asimismo, tuvo en cuenta la idoneidad del perito, quien acreditó
haber laborado en el IGAC desde 1964 hasta 1991 en distintos cargos, haber sido
perito avaluador para el municipio de Planeta Rica en donde realizó 13 avalúos y
ser miembro de la Lonja de Propiedad Raíz desde 1987; además, aportó varios
certificados en los que constaban los cursos sobre avalúos de bienes urbanos y
rurales que había efectuado, al igual que una serie de seminarios de avalúos
especiales de finca raíz en los que participó, entre otros63.

Ahora bien, el A quo fijó el valor total de este perjuicio en $351’075.366, de los

61 Folios 62-79 del expediente digital
62 Archivo de vídeo que se ubica en la carpeta identificada con el nombre “Folio 220” del expediente

digital
63 Folios 268-319 del expediente digital

36

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

cuales le correspondía pagar al municipio $245’752.756, equivalentes al 70% de la
suma total; no obstante, como en la presente providencia se modificó ese
porcentaje y se fijó en un 30% la responsabilidad del municipio y en un 70% la de
los demandantes, el valor que le corresponde pagar a la demandada sería de
$105’322.609, el cual será actualizado de la siguiente manera:

La fórmula aplicable es la siguiente:

Ra = Rh índice final
índice inicial

Ra = $105’322.609 índice final – mayo 2025 (150.14)64 = $116’796.931
índice inicial – agosto 2023 (135,39)65

Total de la indemnización por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad
de daño emergente, derivado de la destrucción del inmueble y su reconstrucción:
ciento dieciséis millones setecientos noventa y seis mil novecientos treinta y un
pesos ($116’796.931).

10. Costas

El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas y que su liquidación y ejecución se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 365 del CGP66, la Sala impondrá una condena en costas
parcial equivalente a la mitad (50%) de todos los factores que conforman este
concepto, en atención a que en la presente decisión se accede parcialmente a las
pretensiones.

Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201667, se fijan agencias en

64 IPC vigente a la fecha de la presente sentencia (junio de 2025). Se hace la precisión de que se

toma el IPC de mayo, por cuanto a la fecha no se ha publicado el IPC de junio, habida cuenta de
que tales cifras se publican una vez termine el mes, es decir, por mes vencido.
65 IPC correspondiente al de la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia.
66 En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena

en costas se sujetará a las siguientes reglas:
“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.
67 “ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS

EN GENERAL. (…)

37

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

derecho en la suma de nueve millones doscientos sesenta y dos mil novecientos
pesos ($9’262.900), a cargo del municipio de Ciénaga de Oro, el cual la pagará en
favor de la parte actora, que corresponden al 1.5% del valor de las pretensiones 68,
de acuerdo con la estimación razonada de la cuantía efectuada en la demanda y
en atención a que se impone una condena en costas parcial.

La liquidación de las costas se efectuará de manera concentrada por el tribunal a
quo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso69.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de agosto de 2023, por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas de
“inexistencia de responsabilidad por ausencia de nexo causal, fuerza mayor
como causal de exculpación, inexistencia de la obligación y pago de lo no
debido”, conforme lo motivado en este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR de oficio probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa respecto de la señora Jenny Cecilia
Dereix Guerra.

TERCERO: DECLARAR responsable al Municipio de Ciénaga de Oro de
los perjuicios causados a los señores Juan Humberto Rois Dereix y Jeany
Margarita Dereix Guerra, al existir CONCURRENCIA DE CULPAS en
proporción del 30% imputable a la entidad demandada y 70% a la parte
actora, por los motivos expuestos en esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR al municipio de Ciénaga de Oro, a pagar a favor de
los demandantes, la suma de ciento dieciséis millones setecientos noventa
y seis mil novecientos treinta y un pesos ($116’796.931), por concepto de
daño emergente, derivado de la destrucción del inmueble.

QUINTO: CONDENAR al municipio de Ciénaga de Oro, a pagar a favor de
los demandantes, la suma de nueve millones cuatrocientos setenta y siete

“En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía,
entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. “(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.” (se resalta). Se aplica entonces el 50% del tope
mínimo del 3%.
68 Las pretensiones de la demanda se estimaron en la suma de $617’526.692.
69 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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Radicación: 23001-23-33-000-2018-00153-01 (70.730)
Actor: Juan Humberto Rois Dereix y otros
Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro
Referencia: Medio de control de reparación directa

mil quinientos setenta y cuatro pesos ($9’477.574), por concepto de daño
emergente, derivado de la pérdida de los muebles.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, con base en los
argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, parcialmente a la parte
demandada. La condena en costas se efectúa en el monto equivalente a la mitad
(50%) de todos los factores que conforman este concepto. Como agencias en
derecho se fija la suma de nueve millones doscientos sesenta y dos mil novecientos
pesos ($9’262.900) Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal
a quo.

TERCERO:Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR, con destino a las
partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las
copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha
venido actuando.

CUARTO: El cumplimiento de la presente sentencia deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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