Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00357-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2018-00357-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00357-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2018-00357-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba el 19 de septiembre de 2025, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES 1
1.1. Hechos y pretensiones
1. La señora Antonia Muentes Suárez, por intermedio de apoderado judicial
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 047433 de 20 de diciembre de
2017, RDP 007784 de 27 de febrero de 2018, y RDP 012448 de 10 de abril de 2018,
a través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, negó una pensión
gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
dicha prestación; así como los reajustes contemplados en la Ley 71 de 1988 y de
los intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el
CPACA; y la condena en costas.
3. Argumentó que nació el 14 de agosto de 1959 y que, mediante Resolución
001129 de 9 de octubre de 1980, fue nombrada por el término de 60 días como
docente en el municipio de Purísima, Córdoba, con el objeto de reemplazar al titular
del cargo durante una licencia ordinaria; posteriormente fue nombrada docente
departamental con Decreto 114 de 28 de diciembre de 1995 y tomó posesión el día
siguiente. Con fundamento en ello, presentó reclamación administrativa para
1
Visible en el archivo 01expediente_230012333000201800357 del expediente digital de primera instancia que reposa en el
aplicativo SAMAI
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
obtener la pensión gracia, sin embargo, obtuvo respuesta desfavorable mediante
los actos acusados.
1.1. Fundamentos de derecho y concepto de violación
4. Indicó que la entidad demandada desconoció los artículos 1.º y 15 de la Ley
91 de 1989; 115 de la Ley 115 de 1994; 1.º de la Ley 114 de 1913; 6.º de la Ley 116
de 1928; 17 del CPACA y 246 del Código General del Proceso. Alegó la nulidad de
los actos acusados por cuanto la UGPP calificó como nacional su vinculación
docente, pese a que los actos administrativos de nombramiento fueron expedidos
por autoridades territoriales. Sostuvo que la naturaleza del vínculo depende de la
autoridad que efectúa el nombramiento y de la naturaleza de la plaza, y no del origen
de los recursos con los cuales se pagan los salarios y las prestaciones sociales.
1.2. Contestación de la demanda2
5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que los actos acusados fueron expedidos con fundamento
en las normas que regulan la pensión gracia. Explicó que la demandante no acreditó
el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a dicha prestación, en
particular, los 20 años de servicio como docente municipal, departamental o
nacionalizado, ni la vinculación al servicio educativo oficial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980.
6. Explicó que, de acuerdo con el certificado de información laboral expedido
por la gobernación de Córdoba, aquella laboró como educadora entre el 4 de marzo
de 1996 y el 8 de agosto de 2017, mediante una vinculación de carácter nacional,
periodo que no podía computarse para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia. Agregó que el supuesto nombramiento efectuado mediante la Resolución
001129 de 9 de octubre de 1980, no obraba en el expediente administrativo y que
los documentos relacionados con ese periodo habían sido aportados en copia
simple.
7. Asimismo, señaló que, aun de acreditarse el nombramiento temporal por 60
días en 1980, la vinculación habría terminado antes del 31 de diciembre de ese año,
por lo que, en su criterio, la actora tampoco cumplía la exigencia establecida en el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Propuso como excepciones i) inexistencia de la
obligación por ausencia de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia,
ii) prescripción trienal y iii) buena fe.
1.3. Sentencia de primera instancia3
8. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 19 de
septiembre de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda. Para el efecto,
encontró acreditado que la señora Muentes Suárez se vinculó al servicio docente
oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, en virtud de la Resolución
001129 de 9 de octubre de 1980, suscrita por el gobernador de Córdoba y el
2
Visible en las páginas 121 a 131 del archivo 01expediente_230012333000201800357 del expediente digital de primera
instancia que reposa en el aplicativo SAMAI. La demanda se presentó el 27 de julio de 2018, y fue admitida el 21 de agosto
de 2018.
3
Visible en el archivo 026Sentencia_Concede_201800357SentenciaP del expediente digital de primera instancia que reposa
en el aplicativo SAMAI
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
secretario de Educación Departamental, designación efectuada por un término de
60 días para cubrir una licencia. Destacó, además, que tomó posesión el 16 de
octubre de 1980 ante el ente departamental, circunstancias que, aunadas a la
certificación expedida por la Secretaría de Educación de Córdoba, permitían
establecer que se trató de una plaza de carácter departamental.
9. En cuanto a la vinculación posterior, explicó que el nombramiento efectuado
mediante Decreto 114 de 28 de diciembre de 1995, también fue de naturaleza
territorial toda vez que el acto fue expedido por el alcalde y el secretario de
Educación de Purísima, quienes igualmente posesionaron a la demandante como
docente en propiedad en la Escuela Nueva de Comején. En ese contexto, el
Tribunal restó mérito probatorio a las certificaciones que calificaron el vínculo como
nacional, al advertir que dicha información provenía de las bases de datos de la
Fiduprevisora y atendía al origen de los recursos con los que se sufragaba la
nómina, aspecto que, por sí solo, no desvirtuaba la naturaleza territorial de la plaza
ni la competencia de las autoridades que efectuaron la designación.
10. Asimismo, encontró acreditados los demás requisitos legales, relacionados
con la edad, la honradez, la consagración, la buena conducta y la ausencia de otra
pensión o recompensa de carácter nacional. En consecuencia, declaró la nulidad
de los actos administrativos demandados y ordenó a la UGPP reconocer y pagar la
pensión gracia en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores
salariales devengados durante el año anterior a la consolidación del estatus
pensional. También dispuso la indexación de la primera mesada, declaró no
probada la excepción de prescripción y condenó en costas a la entidad demandada.
1.4. Recurso de apelación4
11. La UGPP interpuso recurso de apelación con el propósito de que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda. Arguye que la actora no acreditó de manera fehaciente la naturaleza
territorial o nacionalizada de los tiempos de servicio computados por el Tribunal y
que, por tanto, no demostró el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder
a la pensión gracia.
12. Respecto a la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, cuestiona que
el Tribunal hubiera establecido la naturaleza departamental de la plaza únicamente
con fundamento en la Resolución 001129 de 9 de octubre de 1980, el acta de
posesión y la certificación expedida por la Secretaría de Educación de Córdoba,
pues, tales documentos no permitían determinar de manera inequívoca la fuente de
financiación ni el régimen salarial aplicable a ese periodo, aspectos que, en su
criterio, debían acreditarse conforme a las reglas probatorias fijadas en la sentencia
de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018.
13. Frente a la vinculación iniciada en 1995, señaló que las certificaciones
expedidas por el departamento de Córdoba registraban fechas distintas y
calificaban el vínculo como nacional, financiado con recursos del situado fiscal. En
consecuencia, afirmó que los actos de nombramiento y posesión no eran suficientes
para desvirtuar su contenido y que, con fundamento en la sentencia de unificación
4
Visible en el archivo 028_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION del expediente digital
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
referida, era necesario contar con una certificación que precisara la naturaleza de
la plaza, la fuente de financiación y el régimen salarial. En particular, consideró
indispensable que se aportara el certificado CETIL 5, lo cual no ocurrió.
14. Finalmente, solicitó revisar la condena en costas, alegando que la entidad
actuó de buena fe y que no obraba prueba de los gastos efectivamente causados
durante el proceso.
1.5. Trámite correspondiente a segunda instancia
15. Mediante auto de 22 de junio de 2026, se admitió el recurso de apelación
presentado por la entidad demandada.
16. En esta oportunidad, el Ministerio Público conceptuó que debía confirmarse
la sentencia de primera instancia, en tanto la demandante acreditó su vinculación
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980,
nombramientos efectuados por autoridades territoriales para prestar servicios en
instituciones educativas de ese mismo orden. A su vez, estimó cumplidos los
requisitos de 20 años de servicio, edad y buena conducta, por lo que concluyó que
le asistía el derecho a la pensión gracia.
17. Por su lado, la parte actora y la entidad demandada guardaron silencio.
18. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que la
Corporación observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
I. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
19. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 7, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandada
presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
20. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Antonia
Muentes Suárez tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, al
acreditar 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada y una
vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980; o si, por el contrario, no
reúne los requisitos para acceder a dicha prestación.
5 Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados
6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
2.3. Normas y jurisprudencia aplicables al asunto
2.3.1 La pensión gracia
21. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91
de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.
22. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
23. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales 8.
24. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20189 fijó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento que
había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
8
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
naturaleza por el hecho que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.
25. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
26. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 202210 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».
27. Las anteriores providencias de unificación establecieron que sus efectos
serían retrospectivos, razón por la cual resultan de obligatoria aplicación a los
asuntos pendientes de resolución, tanto en sede administrativa como judicial. En
consecuencia, para obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los
demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
28. La demandante, por intermedio de apoderado, presentó el 18 de agosto de
10
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
2017, ante la UGPP, solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia, la
cual fue negada mediante la Resolución RDP 047433 del 20 de diciembre de 2017 11,
por considerar que la certificación aportada únicamente acreditaba servicios
docentes entre el 4 de marzo de 1996 y el 8 de agosto de 2017 y no contenía
información suficiente sobre el tipo de vinculación, el origen de los recursos y el
régimen prestacional aplicable. Agregó que, el acta de posesión de 16 de octubre
de 1980 fue allegada en copia simple y que dicho periodo no se encontraba
certificado, por lo que no se demostró una vinculación docente anterior al 31 de
diciembre de 1980.
29. Inconforme con dicha respuesta la señora Muentes Suárez interpuso recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero fue resuelto mediante la
Resolución RDP 007784 de 27 de febrero de 2018, que confirmó la negativa, al
estimar que el certificado laboral no precisaba la naturaleza de la vinculación y que
los documentos relacionados con el periodo de 1980 no cumplían las exigencias
probatorias para el reconocimiento pensional. Luego, con Resolución RDP 012448
de 10 de abril de 2018 resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión inicial.
2.5 Caso concreto
30. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden
a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
31. Edad y buena conducta. Se encuentra acreditado que la señora Antonia
Muentes Suárez nació el 14 de agosto de 1959, por lo que el 14 de agosto de 2009
cumplió 50 años; y, por otro lado, no se advierten reproches que pongan en duda
su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, requisitos frente a los que, en
todo caso, no existe discusión.
32. Vinculación de la demandante y tiempo de servicios. Ahora bien, se
observan las siguientes novedades laborales de la actora como docente oficial,
aspecto sobre el que se centra el recurso de apelación.
-
Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 16 de octubre de
1980 hasta el 1° de diciembre de 1980 (1 mes y 15 días)
33. Estad demostrado, que el gobernador del departamento de Córdoba, en uso
de sus facultades legales, expidió la Resolución 001129 de 9 de octubre de 1980,
mediante la cual concedió una licencia ordinaria por el término de 60 días a una
educadora que se desempeñaba como seccional de la Escuela Urbana Mixta San
Juan del municipio de Purísima y, en su reemplazo, nombró a la señora Muentes
Suárez por el término de la licencia; tomando posesión del cargo el 16 de octubre
de esa anualidad.
34. Por su parte, la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba, en
11Visible en la página 38 del archivo 01expediente_230012333000201800357 que reposa en el expediente
digital
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
certificado de tiempo de servicio de 26 de febrero de 2018, indicó que la actora
prestó sus servicios al departamento como seccional de la Escuela Urbana Mixta
«San Juan de la Palma» del municipio de Purísima, con ocasión de la licencia
ordinaria, retirando el mismo acto de nombramiento ya mencionado, por el mismo
término, precisando que la posesión se realizó el 16 de octubre de 1980.
35. De lo anterior se evidencia que el gobernador actuó de manera independiente
y autónoma, sin sujeción al Ministerio de Educación Nacional, pues en el contenido
del acto no se dejó constancia de que la designación se efectuara por instrucciones
de dicha cartera ministerial o respecto de una plaza del orden nacional.
36. Teniendo en cuenta el material probatorio en cita, estima la Sala que existe
certeza respecto al tiempo de servicio prestado por la señora Muentes Suárez, si
bien el acto de nombramiento dispuso que la licencia se extendería desde el 1.º de
octubre hasta el 1.º de diciembre de 1980, la demandante únicamente tomó
posesión del cargo el 16 de octubre de ese año, por lo que la vinculación produjo
efectos a partir de esta última fecha, toda vez que en el acto no se dejó constancia
de efecto retroactivo alguno. En consecuencia, el periodo computable corresponde
a 1 mes y 15 días y resulta válido para efectos de obtener la pensión gracia, en tanto
se trató de un vínculo como docente territorial. Lo anterior encuentra respaldo en el
artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que refiere que son territoriales: «Personal
territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
37. Pertinente destacar que las designaciones en interinidad son válidas para
efectos de obtener la prestación en comento como lo ha sostenido de manera
pacífica la jurisprudencia de esta Subsección 12, dado que no resulta relevante la
forma en la que fue provisto el empleo docente, esto es, si lo fue en carrera, en
provisionalidad o en forma transitoria o interina; máxime que la interinidad
corresponde a otros tipos de vinculación al servicio público y se ha venido
entendiendo por esta Sección como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de tal actividad,
en razón de la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del servicio
educativo.
38. En ese contexto, el cargo del recurso de apelación frente a este periodo no
tiene vocación de prosperidad, pues la Resolución 001129 de 9 de octubre de 1980,
el acta de posesión y la certificación expedida por la Secretaría de Educación de
Córdoba permiten identificar la autoridad nominadora, el cargo, la institución
educativa y el periodo de servicio, elementos suficientes para establecer la
naturaleza territorial de la vinculación. Conforme a la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 de 21 de junio de 2018, dicha calidad puede acreditarse mediante los
actos administrativos de vinculación, sin que resulte indispensable demostrar la
fuente de financiación o el régimen salarial aplicable.
12
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-2014). Sentencia de 30 de julio
de 2015.
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
39. En ese orden, se encuentra satisfecho el requisito de una vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
• Desde el 29 de diciembre de 1995 hasta el 8 de agosto de 2017 –fecha
de último certificado laboral- (21 años, 7 meses y 10 días)
40. Pues bien, reposa en el plenario copia del Decreto 114 de 28 de diciembre
de 1995, por medio del cual el alcalde municipal de Purísima, Córdoba, en ejercicio
de las facultades conferidas por el artículo 9.º de la Ley 29 de 1989 y de conformidad
con los Decretos 1950 de 1973 y 2277 de 1979, nombró en propiedad a la señora
Muentes Suárez como docente en la Escuela Nueva de Comején, cargo del que
tomó posesión el 29 de diciembre de 1995 ante el alcalde y el secretario de
educación municipal.
41. Por su parte, el Departamento de Córdoba, en el certificado de información
laboral de 8 de agosto de 2017, indicó que la demandante prestó sus servicios
docentes desde el 4 de marzo de 1996 hasta el 8 de agosto de 2017; luego, en el
certificado de salarios de 27 de julio de 2017, señaló que se encontraba sometida a
un régimen de pensiones nacional. Asimismo, mediante certificación de 9 de marzo
de 2020, expedida con fundamento en las bases de datos suministradas por la
Fiduprevisora, informó que fue afiliada como docente de tiempo completo desde el
4 de marzo de 1999, con tipo de vinculación nacional y fuente de recursos del
situado fiscal.
42. Advierte la Sala que, si bien en los certificados aportados al proceso se
consignó que la demandante se encontraba sometida a un régimen de pensiones
nacional y que su tipo de vinculación era nacional, tales clasificaciones son ajenas
a la naturaleza del vínculo docente, pues esta se establece a partir del acto de
nombramiento y de la entidad territorial que efectuó la designación. Además, la
información contenida en la certificación del año 2020 se sustentó exclusivamente
en las bases de datos de la Fiduprevisora, de manera que no tiene incidencia alguna
para definir la naturaleza de la plaza.
43. Aclarado lo anterior, se observa que el decreto de nombramiento en mención
se expidió en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 9° de la Ley 29 de
1989 y los Decretos 1950 de 1973 y 2277 de 1979. Sobre el particular, como ya lo
ha precisado la Sala en asunto similares 13, el nombramiento en uso de las
facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no significa per se que
la vinculación sea nacional, puesto que en virtud de esa disposición se asignaron a
los alcaldes municipales las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y,
en general, administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos
educativos nacionales o nacionalizados. A su turno, el Decreto 1950 de 1973
reguló aspectos generales de la administración del personal civil; y el Decreto 2277
de 1979 establece el régimen especial regular las condiciones de ingreso y demás
situaciones administrativas sobre el ejercicio de la profesión docente.
13 Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Subsección A - expediente 47001 23 33 000 2019
00604 01 (3916-2021), C.P. Luis Mesa Nieves.
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
44. Así entonces, de conformidad con el material probatorio aportado, se advierte
que no le asiste razón a la entidad recurrente, pues, para esta Subsección la
educadora durante este interregno tuvo una vinculación de carácter nacionalizado,
esto por cuanto, a partir del acto de designación se evidencia que se realizó por
voluntad de la autoridad territorial, dejándose constancia de que el alcalde actuaba
en uso de las facultades anteriormente referidas, y lo propio se puede establecer a
partir del acta de posesión. Tales pruebas documentales ofrecen certeza suficiente
sobre ese hecho, y restan mérito probatorio a las certificaciones emanadas de la
secretaría de educación, que por el contrario relacionaban la designación con el
orden nacional.
45. En cuanto a la intervención del delegado del Ministerio de Educación
Nacional, debe la Sala señalar que se encaminó a garantizar la disponibilidad de los
recursos para el pago de los salarios de la docente, más ello no implica en modo
alguno, que la demandante tuviera la condición de docente nacional; nótese que en
las consideraciones se dejó sentado que dicho delegado ante el FER certificó la
existencia de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del educador. A lo
anterior se suma que, no se dejó constancia de que se actuara por instrucciones de
dicho ministerio, o que la plaza fuera de aquellas del orden nacional.
46. Por lo anterior, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el Tribunal de
instancia en cuanto a que el periodo objeto de estudio resulta computable para
obtener la pensión gracia, pero atendiendo a la naturaleza nacionalizada de la
designación, más no territorial toda vez que dicho nombramiento lo efectuó una
autoridad territorial, en una fecha posterior al 1° de enero de 1976, es decir, en el
marco del proceso de nacionalización contenido en la Ley 43 de 1975 y contó con
el aval de las autoridades pertinentes, lo que encuentra respaldo en el artículo 1°
de la Ley 91 de 1989. 14
47. Por otra parte, tampoco prospera el reparo de la UGPP relacionado con la
ausencia de la certificación electrónica de tiempos laborados –CETIL–, pues la
naturaleza de la vinculación quedó acreditada mediante el Decreto 114 de 28 de
diciembre de 1995 y el acta de posesión correspondiente. En ese sentido, no resulta
relevante el origen de los recursos con los cuales se financiaron las acreencias
laborales, ni es exigible un medio probatorio específico como el CETIL, conforme a
los criterios fijados por la jurisprudencia de unificación en cita.
48. En ese orden, los tiempos de servicio acreditados por la demandante son los
siguientes:
Periodo de servicio Tipo de vínculo Tiempo laborado
Desde el 16 de octubre de Territorial 1 mes y 15 días
1980 hasta el 1.º de diciembre
de 1980
Desde el 29 de diciembre de Nacionalizado 21 años, 7 meses y 10 días
1995 hasta el 8 de agosto de
2017
14 Dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43
de 1975».
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
Total 21 años, 8 meses y 25 días
49. Así entonces, se tiene que la señora Antonia Muentes Suárez adquirió el
estatus pensional el 14 de noviembre de 2015, fecha en la que completó los 20 años
de servicio exigidos, momento para el cual ya contaba con 50 años de edad.
50. En cuanto a la excepción de prescripción, siendo exigible el derecho desde
el 14 de noviembre de 2015, la demandante tenía hasta el 14 de noviembre de 2018
para presentar la reclamación administrativa. Comoquiera que esta fue radicada el
18 de agosto de 2017 y la demanda se presentó el 27 de julio de 2018, ambas
actuaciones tuvieron lugar dentro del término trienal, razón por la cual no operó la
prescripción de las mesadas pensionales, tal como lo dispuso el Tribunal de
instancia.
51. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por
encontrarse acreditados los requisitos legales exigidos para el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.
2.6. Condena en costas
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; con
lo cual creó una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
55. En consecuencia, no prospera el reparo formulado por la UGPP contra la
condena impuesta en primera instancia, pues la buena fe alegada no excluye la
aplicación del criterio objetivo que rige esta materia.
56. De otro lado, teniendo en cuenta el análisis expuesto, se condenará en
costas en esta instancia a la entidad demandada, por cuanto no prosperó el recurso
de apelación interpuesto. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
Radicado: 23001 23 33 000 2018 00357 01 (0471-2026)
Demandante: Antonia Muentes Suárez
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Córdoba.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 19 de septiembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la entidad demandada -
parte vencida-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” y, ejecutoriada esta
providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.