RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2018-00479-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00479-02

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2018-00479-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el numeral quinto, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000 www.consejodeestado.gov.co 10 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025) Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia impugnada en el sentido de señalar que se encuentra probada la excepción de prescripción trienal, en el entendido que las sumas causadas con anterioridad al 23 de octubre de 2014 se encuentran prescritas. TERCERO. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia impugnada, el cual quedará, así: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada a reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración mensual, desde el 23 de octubre de 2014 y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante jueces de circuito, tribunal y/o equivalente, con la incidencia en los aportes a pensión, de conformidad con la ley. CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 4 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2018-00479-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

11 de junio de 2026

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutiérrez Montiel
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral quinto para estarse a lo resuelto, modifica
numerales tercero y cuarto respecto de la prescripción y el
restablecimiento y confirma en lo demás. No se condena en
costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 4 de
abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución DS.SRANOC.GSA-
04 No. 00011 del 5 de enero de 20182 y de la Resolución No. 2-2244 del 10 de
julio de 20183, mediante las cuales la entidad demandada negó el reconocimiento
y pago del reajuste solicitado.

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso. Además, se precisa que, si bien es cierto que al doctor Luis Eduardo Mesa Nieves en
calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba le fue aceptado impedimento junto con los
demás magistrados para conocer en primera instancia del presente asunto, también lo es que la presente
actuación no constituye una instancia o gestión en instancia anterior de tal manera que no se enmarca en
ninguna causal de impedimento, sobre el particular actualmente la subsección B ha emitido varios
pronunciamientos negando los impedimentos en ese sentido. Aunado a lo anterior, en la actualidad tampoco
tiene proceso vigente cuyas pretensiones estén encaminadas al reconocimiento de la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, ni pleito pendiente entre las partes o interés actual sobre la
controversia, razón por la cual asume el conocimiento del presente asunto, como ya se ha precisado en
anteriores oportunidades, como el proceso con radicado: 23001233300020150008002 (1982-2023).
2 Índice 2 expediente digital, 1ED_23001233300020180047(.zip), 01expedientedigitalizado págs. 63-68 de

Samai.
3 Índice 2 expediente digital, 1ED_23001233300020180047(.zip), 01expedientedigitalizado págs. 88-94 de

Samai.

www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] CUARTA.- [...]
reconocimiento y pago […], de la reliquidación de la prima especial de servicios
y reconocimiento de la naturaleza salarial de dicha prestación, con la
concerniente reliquidación de salarios, prima de servicios, cesantías, vacaciones,
prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por actividad judicial, sus
efectos en la reliquidación de las cesantías, intereses a las cesantías, aportes a
pensión, reliquidación de aportes a la pensión de jubilación, demás de
prestaciones sociales y cualquier otro emolumento […] por venir ejerciendo el
cargo de fiscal delegado ante el H. Tribunal Superior de Monteria, cargo de fiscal
que desempeña desde el 1 de julio 1992 hasta la fecha.

QUINTA- […] reconocerle y pagarle […] todas las sumas dejadas de percibir
correspondientes el reconocimiento y pago efectivo de la reliquidación de la prima
especial de servicios y reconocimiento de la naturaleza salarial de dicha prestación con
la concerniente reliquidación de salarios. […].

SEXTO. Disponer la cancelación de las sumas debidas, con los efectos retroactivos
previstos en ley, desde el 1 de julio de 1992 hasta la fecha […] se ordenen los descuentos
y traslados a Colpensiones […]»4.

Hechos que fundamentan la demanda

3. El señor Luis Alfonso Gutiérrez Montiel ha laborado al servicio de la Fiscalía
General de la Nación como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito y
de tribunal desde el 1 de julio de 1992 en adelante.

4. La parte actora elevó petición el 23 de octubre de 2017 ante la entidad
demandada, en la que solicitó se le reconociera y pagara la prima especial de
servicios, y el reajuste de sus prestaciones sociales. La cual fue resuelta de
manera negativa mediante los actos demandados.

Fundamentos de derecho

5. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron el
preámbulo y los artículos 13, 23, 25, 53, 55, 58, 136, 150, 209, 227, 228 y 280 de
la Constitución Política; 127, 128 y 132 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 2,
3, 4, 14 y 15 de la Ley 4 de 1992; Leyes 44 de 1980, 33 de 1985 y 50 de 1990;
Decretos 3135 de 1968, 1402 y 1045 de 1978.

6. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que el Gobierno nacional
efectuó una errónea interpretación al expedir los decretos salariales, pues restó
el 30% del sueldo para hacerlo aparecer como prima especial, pagando el 70%,
y desmejorando la asignación básica.

4 Transcripción literal del acápite de pretensiones.

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

Contestación de la demanda

7. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda5 y se opuso a las
pretensiones en razón a que el Gobierno nacional al expedir los decretos
salariales de los funcionarios de dicha entidad de los años 2003 en adelante, no
incluyó la prima de 30% para los Fiscales y demás funcionarios como en derecho
corresponde.

8. Asimismo, sostuvo que de acceder al reconocimiento solicitado, se superaría
el tope determinado en el Decreto 610 de 1998.

Sentencia de primera instancia

9. En sentencia del 4 de abril de 2025,6 el Tribunal Administrativo de Córdoba
accedió las súplicas de la demanda.

10. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que el concepto de prima debe
entenderse como un fenómeno retributivo de carácter adicional, por consiguiente,
los actos acusados fueron proferidos en virtud de normas que contrarían
principios constitucionales como los consagrados en el artículo 53 superior, toda
vez que, la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 no puede ser entendida como una parte sustraída del salario básico, sino
como un emolumento adicional al mismo.

11. Agregó que en lo que respecta a las prestaciones sociales, estas se deben
liquidar sobre la totalidad del salario básico, sin tener en cuenta el valor del 30%
de la prima especial de servicios.

12.Determinó que en el presente caso procede el pago de las sumas causadas
con posterioridad al «28 de agosto de 2014, ya que la petición la presentó el 28
de agosto de 2017».

13.En consecuencia, inaplicó los decretos salariales que regularon la prima
especial del 2008 a 20157, declaró probada parcialmente la excepción de
prescripción y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso:

CUARTO: Como restablecimiento del derecho, se condene a la Fiscalía General de
la Nación para que reconozcan, reliquiden y paguen las diferencias salariales y
prestacionales dejadas de percibir por el señor Luis Alfonso Gutiérrez Montiel
Cuadrado desde el 28 de agosto de 2014 y las que se causen a futuro mientras se
ejerza como Fiscal, incluyendo la prima especial de servicios del 30% cancelada
mensualmente, de conformidad con lo expuesto anteriormente.

5 Índice 2 expediente digital, 1ED_23001233300020180047(.zip), 16ContestacionDemanda de Samai.

6 Índice 2 expediente digital, 1ED_23001233300020180047(.zip), 35SentenciaPrimeraInstancia de Samai.
7 Así lo determinó en el numeral quinto de la parte resolutiva.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

Recurso de apelación

14.Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte accionada la recurrió
en apelación.8

15. En su intervención, la entidad demandada hizo referencia a la sentencia del
15 de diciembre de 20209 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, y señaló que hasta el año 2002, la Fiscalía
General de la Nación pagó a los servidores beneficiarios la prima de 30%, pues
del 100% de su salario, se tomaba dicho 30% para establecerse como prima.
Luego, desde el año 2003 en adelante, la entidad dejó de descontar el 30% de
su salario para imputarse como prima, y en cambio, pagó de manera completa
su salario básico, y por tanto sus prestaciones sociales se liquidaron sobre el
100% de su asignación.

16. Insistió en que no es procedente el reajuste de las prestaciones sociales
ordenado por el Tribunal, pues al demandante se le reconoció y pagó el 100% de
su salario y sobre ese porcentaje se realizó la liquidación de tales prestaciones.

17. Por otro lado, argumentó que la prima especial no constituye factor de
liquidación de las prestaciones sociales, excepto para pensión.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

18. Por auto del 28 de noviembre de 2025,10 se admitió el recurso de apelación
de la entidad demandada.

19. Las partes guardaron silencio.

20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

8 Índice 2 expediente digital, 1ED_23001233300020180047(.zip), 37RecursoApelacionFiscalia de Samai.
9 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
10 Índice 0004 de Samai.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

Problema jurídico

22. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación como
lo determinó el Tribunal de instancia, o si por el contrario la entidad no adeuda
ningún valor por concepto de salario y prestaciones sociales. Asimismo, se
deberá determinar si tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios.

23. Igualmente, si la mencionada prima constituye factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales.

24. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

25. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial12 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

26. Porsu parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción13 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.

12 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
13 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

27. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199614 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.

28. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

29. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202015, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”

14 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos

se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

30. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,16 10 de septiembre de 202417 y 5 de noviembre 2024.18

31. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202219 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Hechos probados

32. Dentro del proceso se encuentra probado que el actor presta sus servicios
ininterrumpidamente a la Fiscalía General de la Nación, como fiscal delegado
ante los jueces penales del circuito del 1 de julio de 1992 al 3 de julio de 2006, y
como fiscal delegado ante Tribunal desde el 4 de julio de 2006, sin que a la fecha
de expedición de la certificación laboral se reporte retiro del servicio. 20

33. Está demostrado que el actor devengó hasta el año 2002, la remuneración
mensual y las prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene
derecho, ya que la Administración restó la prima especial de servicios del 100%
del salario. A partir del año 2003 percibió el 100% del sueldo correspondiente al
cargo de fiscal que desempeñó y que no reporta ningún emolumento por
concepto de la prima mencionada. 21

34. Que el 23 de octubre de 201722 el demandante elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.

Caso concreto

35. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,23 que desde el

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:

05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.

Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.

Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
19 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
20 Índice 2 expediente digital, 1ED_23001233300020180047(.zip), 01expedientedigitalizado págs. 104-106

de Samai. La Certificación relaciona los tiempos hasta el 26 de abril de 2017.
21 Índice 2 expediente digital, 1ED_23001233300020180047(.zip), 01expedientedigitalizado págs. 109-142

de Samai
22 Índice 2 expediente digital, 1ED_23001233300020180047(.zip), 01expedientedigitalizado págs. 42-62 de

Samai. Conforme al soporte de entrega de Servicios Postales Nacionales 472.
23 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018)

conjuez ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica, según lo dispuesto en la
Ley 476 de 199824, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la
asignación básica, y en consecuencia liquidó las prestaciones sociales teniendo
en cuenta dicho emolumento de forma completa. No obstante, se evidencia que
no reconoció ningún concepto por prima especial de servicios del 30%.

36. Ahora bien, en los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada,
expedidos entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en
el 30% de la asignación básica25, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos
mensuales de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó
la prima especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel.

37. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia resulta equivocada,
en cuanto ordenó la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2014, ya que desde el 2003 el salario fue
reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma respecto de la asignación
básica. En consecuencia, lo que procede es el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión26. Lo anterior, se traduce sólo en el pago
del 30% que el demandante no recibió a título de prima especial, por lo que al no
presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento no
comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas.

38. Conforme a lo anterior, se advierte que le asiste razón parcialmente a la
entidad apelante, por lo que se modificará el numeral cuarto de la sentencia de
primera instancia, con el fin de reconocer y ordenar el pago de la prima especial
sin carácter salarial al actor y eliminar el reconocimiento de diferencias salariales
y prestacionales en un periodo en que no había derecho a ello.

39.Por otro lado, en cuanto a la prescripción27 es necesario verificar si en el
presente caso la sentencia de primera instancia aplicó en debida forma dicho
fenómeno.

24 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí

consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
25 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima

especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.
26 La Sala no se pronunciará frente a dicho aspecto, ya que la entidad demandada es apelante único.
27 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

40. Al respecto, esta Corporación ha sostenido, de forma pacífica28, que el hecho
constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible con la
entrada en vigencia del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992,
a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha que entró en vigor el Decreto 57
de 1993. En consecuencia, en el presente caso desde que fue vinculado al cargo
de juez el interesado pudo haber interrumpido la prescripción trienal.

41. Ahora bien, revisado el expediente se advierte que si bien la petición tiene
fecha de elaboración del 28 de agosto de 2017, lo cierto es que la constancia de
entrega de Servicios Postales Nacionales 472, da cuenta que la radicación ante
la entidad demandada es de fecha 23 de octubre de 201729. Igualmente, se
encuentra que tanto la parte actora en el escrito de demanda, como la entidad en
los actos administrativos demandados refieren como fecha de radicación de la
solicitud esta última.

42. Conforme a lo expuesto, la parte demandante tiene derecho a que se le
pague la prima especial de servicios desde el 23 de octubre de 2014, y en
adelante mientras desempeñe el cargo de fiscal delegado ante jueces de
circuito, tribunal y/o un cargo equivalente o similar, con la incidencia en los
aportes a pensión, de conformidad con la ley, por lo que se modificarán los
numerales cuarto y quinto para precisar la fecha en que operó la prescripción
trienal, en razón a que dicha decisión no afecta al apelante único30.

43. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral quinto del fallo impugnado que
inaplicó los decretos salariales que regularon la prima de los años 2008 a 2015,
para estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 202231 de la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017 en los
cuales señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser
inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a
éste». Además, se declaró la nulidad de la siguiente previsión «ninguna autoridad
podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las
normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo
10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo

(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
28 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
29 Índice 2 expediente digital, 1ED_23001233300020180047(.zip), 01expedientedigitalizado pág. 42 de

Samai
30 La Sala no hará pronunciamiento alguno frente a la prescripción de los aportes a pensión, ya que cualquier

modificación al respecto afectaría al apelante único, pues el a quo no se pronunció al respecto.
31 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

efecto y no creará derechos adquiridos».

44. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral segundo,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); ii) modificar los
literales a) y c) del numeral cuarto frente al restablecimiento del derecho; y iii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.

Condena en costas

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

49.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral quinto, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto
en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2018-00479-02 (2089-2025)
Demandante: Luis Alfonso Gutièrrez Montiel

2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia impugnada en el
sentido de señalar que se encuentra probada la excepción de prescripción trienal,
en el entendido que las sumas causadas con anterioridad al 23 de octubre de
2014 se encuentran prescritas.

TERCERO. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia impugnada, el cual
quedará, así:

A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
demandada a reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración
mensual, desde el 23 de octubre de 2014 y de ahí en adelante hasta que
desempeñe el cargo de fiscal delegado ante jueces de circuito, tribunal
y/o equivalente, con la incidencia en los aportes a pensión, de
conformidad con la ley.

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 4 de abril de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.

SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.