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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2019-00035-01

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2019-00035-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR a la parte actora al pago de costas de segunda instancia. Esta condena se liquidará de manera concentrada por el Tribunal. TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-33-000-2019-00035-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

1 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 23001-23-33-000-2019-00035-01 (73265)
Demandantes: Nini Paola Lobo Madrid y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –

Temas: Reparación directa – Muerte de un integrante del Ejército en diligencia de allanamiento de
inmueble – Falla no probada.

Síntesis del caso: un soldado profesional que se desempeñaba como conductor en el Ejército murió
en el desarrollo de una diligencia de allanamiento de un inmueble y captura de un miembro de un
grupo armado ilegal. Los hechos ocurrieron en la vereda “El Brillante” del municipio de Puerto
Libertador (Córdoba), el 7 de febrero de 2017.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, en la que se negaron
las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un tribunal
administrativo, de conformidad con los artículos 150, 152 y 157 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma
vigente al momento de la presentación de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3.
Sentencia de primera instancia, 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 21 de enero de 2019, Nini Paola Lobo Madrid y Fernando José
Hernández Lobo presentaron demanda1, en ejercicio del medio de control
de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –

1 Demanda que obra en el índice 63 del historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 23001-23-33-000-2019-00035-01 (73265)
Demandantes: Nini Paola Lobo Madrid y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

Ejército Nacional, con el fin de que se acceda a la siguiente pretensión
declarativa (se trascribe):

“Que se declare a la NACIÓN y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – EJÉRCITO NACIONAL son responsables
administrativamente por el daño antijurídico causado a la demandante NINI
PAOLA LOBO MADRID y a su pequeño hijo FERNANDO JOSÉ HERNÁNDEZ LOBO,
con ocasión de la muerte del señor FERNANDO RAFAEL HERNÁNDEZ ARRIETA
acaecida durante la prestación de sus servicios en el Ejército Nacional, en la
sección de transporte de la Unidad Táctica como conductor del vehículo tipo
camioneta Toyota 4.5 de placas FHK-721, orgánico de la compañía de ASPC del
Batallón de infantería Aerotransportando No. 31 “Rifles””.

2. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Nini Paola Madrid Lobo Cónyuge 200 SMLMV
Morales
Fernando José Hernández Lobo Hijo 200 SMLMV
Materiales en la Nini Paola Madrid Lobo Cónyuge $746.643.928
modalidad de lucro
cesante Fernando José Hernández Lobo Hijo $ 353.590.704

3. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió que
Fernando Rafael Hernández Arrieta era soldado profesional en el Batallón de
Infantería Aerotransportando No 31 “Rifles” y se desempeñaba como
conductor de la Unidad Táctica. El 7 de febrero de 2017, el soldado fue
asignado “de manera imprevista” para participar en el desarrollo de una
orden de operaciones que tenía por objeto “capturar a un integrante del
Clan del Golfo”, quien residía en la vereda El Brillante del municipio de Puerto
Libertador (Córdoba). En el desarrollo de la diligencia, el integrante del
grupo armado ilegal se resistió a la captura, lanzó granadas y disparó en
contra de los integrantes del Ejército, por lo cual estos respondieron al
ataque. Fernando Rafael murió en medio del cruce de disparos.

4. La parte actora refirió que la demandada incurrió en una falla del servicio,
toda vez que asignó a Fernando Rafael el desarrollo de una misión para la
cual no contaba con el conocimiento ni el entrenamiento adecuado; pues
“no solamente fue asignado como conductor para transportar al pelotón
hasta el lugar de los hechos, sino que también recibió órdenes de su superior
de participar en el operativo”. Además, refirió que el operativo fue
improvisado y no contó con el personal suficiente, pues para el desarrollo de
la diligencia estableció la participación de nueve militares, no obstante, en
su ejecución tuvo que asignarse personal de apoyo para contrarrestar el
ataque.

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Radicación: 23001-23-33-000-2019-00035-01 (73265)
Demandantes: Nini Paola Lobo Madrid y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

1.2. Posición de la parte demandada

5. El Ejército Nacional presentó contestación a la demanda2, en la que se
opuso a las pretensiones, toda vez que no se configuró una falla en el servicio
ni se concretó un riesgo excepcional. Precisó que Fernando Rafael se vinculó
voluntariamente a la entidad como soldado profesional y recibió el
entrenamiento necesario para ello. Indicó que la muerte se produjo como
consecuencia de la concreción de un riesgo propio de la actividad militar,
por lo que la víctima estaba en la obligación de soportarlo. En todo caso,
señaló que la ley prevé un régimen prestacional de naturaleza especial que
cubre la concretización de los riesgos ordinarios de la actividad y, en virtud
de ello, ante la muerte del soldado, la entidad pagó una indemnización a
sus beneficiarios.

1.3. Sentencia de primera instancia

6. El 20 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Tercera de Decisión, profirió Sentencia de primera instancia3, en la que
resolvió:

“PRIMERO: Declarar probadas las excepciones “riesgo propio del servicio” y
“carga de la prueba”, presentadas por la parte demandada Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares – Ejército
Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia
SEGUNDO: Niéguense las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.”

7. El Tribunal encontró probado el daño consistente en la muerte de
Fernando Rafael Hernández Arrieta. Sin embargo, concluyó que no se
demostró la falla en el servicio. Refirió que estaba demostrado que el
operativo tuvo un objetivo específico, esto es, la captura de alias “Cobra II”,
quien era miembro de un grupo armado ilegal, asimismo, que estuvo
debidamente planeado, pues la entidad realizó labores de investigación y
seguimiento durante los meses previos, lo que permitió el acercamiento al
grupo armado y la identificación de uno de sus líderes; indicó que el grupo
de soldados designado para el cumplimiento de la diligencia estaba
conformado por siete personas y que, según los informes de investigación,
alias “Cobra II” generalmente se encontraba acompañado por tres
escoltas, por lo que concluyó que el número de militares asignados para la
misión fue proporcional, teniendo en cuenta, además, que el allanamiento
y la captura se realizaron en un lugar cerrado, esto es, la casa en la que
habitaba el integrante del grupo armado; finalmente, señaló que Fernando

2 Contestación de la demanda que obra en el índice 12 del historial de actuaciones de primera instancia del

aplicativo SAMAI.
3 Sentencia de primera instancia que obra en el índice 53 del historial de actuaciones de primera instancia del

aplicativo SAMAI.

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Radicación: 23001-23-33-000-2019-00035-01 (73265)
Demandantes: Nini Paola Lobo Madrid y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

Rafael murió durante la operación militar y precisó que las funciones
asignadas en el operativo consistieron en trasladar a la tropa, es decir, en
ningún momento se le asignaron funciones distintas a las que usualmente
desempeñaba. Así, concluyó que la muerte se produjo “por razón y efecto
de la prestación del servicio en el marco de la actividad militar y por la
acción directa del enemigo”.

1.4. Recurso de apelación

8. La parte actora interpuso recurso de apelación4, con el fin de que se
revocara la Sentencia de primera instancia. Refirió que la falla en el servicio
sí estaba probada, ya que: la muerte de Fernando Rafael no se produjo en
el ejercicio de su actividad como conductor, sino en medio del
enfrentamiento que se presentó en el desarrollo del operativo; el cadáver
fue hallado en la parte de atrás de la casa en la cual se practicó la
diligencia de allanamiento, es decir, la víctima participó en el operativo; a
la víctima no se le dieron instrucciones ni entrenamiento para las funciones
asignadas; el soldado portaba prendas de civil, es decir, no tenía el uniforme
de la institución como los demás soldados ni contaba con algún distintivo
de la institución. Finalmente, citó algunas sentencias proferidas por esta
corporación, en las cuales se accedió a las pretensiones relacionadas con
la muerte de soldados profesionales, ya que, en su criterio, los razonamientos
allí planteados son extensibles a este caso5.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia, 2.2. Análisis sustantivo, 2.3. Condena en costas.

2.1. Síntesis de la controversia

9. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales del medio de control de reparación
directa6. La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, pues no se probó la existencia de una falla del
servicio.

4 Recurso de apelación que obra en los índices 56 y 57 del historial de actuaciones de primera instancia del
aplicativo SAMAI.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de

septiembre de 2021, exp. 81001-23-31-000-2011-00065-01 (48750); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 50001-23-15-000-1999-00326-
01(31172); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia
de 28 de enero de 2015, exp. 05-001-23-31-000-2002-03487-01 (32912); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 10 de marzo de 2011, exp. 25000-23-26-000-1996-
03221-01(19159).
6 La demanda se presentó oportunamente. Fernando Rafael Hernández Arrieta falleció el 7 de febrero de 2017,

por lo que, en principio, la demanda podía interponerse antes del 8 de febrero de 2019. El término se suspendió
desde el 30 de octubre de 2018, con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, hasta el 21 de
enero de 2019, cuando se declaró fallido el trámite (constancia de no conciliación que obra en el índice 65 del
historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.). La demanda se presentó el 21 de enero de
2019, esto es, antes del vencimiento del término previsto en el literal i) del artículo 164.2 del CPACA.

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Radicación: 23001-23-33-000-2019-00035-01 (73265)
Demandantes: Nini Paola Lobo Madrid y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

10. El daño, esto es, la muerte de Fernando Rafael Hernández Arrieta se
encontró acreditado en la Sentencia de primera instancia y no fue objeto
de discusión entre las partes, en todo caso se encuentra probado con el
registro civil de defunción aportado al proceso7. En ese sentido, el análisis se
centrará en la causalidad e imputación de responsabilidad al Estado. La
Sala, en primer lugar, analizará el nexo causal entre el daño y la conducta
estatal; en segundo lugar, explicará las razones por las cuales considera que
no se probó una falla en el servicio.

11. En el expediente obran documentos de las investigaciones penal y
disciplinaria adelantadas por los hechos demandados, los cuales serán
valorados, ya que frente a ellos las partes pudieron ejercer debidamente su
derecho de contradicción de la prueba. También obran algunos testimonios
de esos procesos, los cuales también serán analizados, ya que fueron
solicitados como prueba por ambas partes8. La investigación disciplinaria
finalizó con providencia 25 de septiembre de 2017 que ordenó el archivo de
la diligencia9. En relación con la investigación penal, en el expediente no
obran pruebas de su terminación.

2.2. Análisis sustantivo

12. En el expediente está acreditado que Fernando Rafael Hernández
Arrieta era soldado profesional del Batallón de Infantería Aerotransportado
No. 31 Rifles y se desempeñaba en el cargo de conductor en la sección de
transportes10. El soldado fue asignado para participar en el desarrollo de la
Orden Fragmentaria No. 411 de la Orden de Operaciones Filipinas No. 612 del
Plan Troya II, la cual tuvo por objeto que “el 7 de febrero de 2017, sobre la
vereda El Brillante, área general del municipio de Puerto Libertador, capturar
o en caso de resistencia armada neutralizar el sujeto Devis Johan Barragán

7 Registro civil defunción. Folio 27 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en el índice 30 del historial

de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
8 Esta Corporación ha establecido que la regla general es que, en virtud del principio de inmediación, los

testimonios tienen que practicarse en presencia de los jueces que deben resolver los litigios y, en observancia del
derecho a la defensa, las partes deben tener la posibilidad de contradecir las pruebas que se presenten en su
contra. Por lo que, para la valoración de los testimonios practicados por fuera del proceso se exige su ratificación
en el proceso en el que se pretenden hacer valer. No obstante, el trámite de ratificación se podrá omitir cuando
ambas parte soliciten que se incluya la prueba al expediente; cuando la parte contra la cual se presenta la
prueba, de manera expresa, manifiesta que está de acuerdo con la práctica de la prueba solicitada por la parte
actora; cuando el testimonio ha sido trasladado al trámite contencioso administrativo por solicitud de una de las
partes y la otra utiliza en su defensa lo consignado en esa declaración juramentada; o cuando la prueba se
practicó con la audiencia de la parte contra la cual se aduce o fue recopilado por ella misma, pues en este caso
se cumplen con las condiciones establecidas en los artículos 185 y 229 del Código de Procedimiento Civil. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de septiembre de 2013, Exp.
Radicación: 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601). En concordancia, Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28
de mayo de 2018.
9 Folios 268 al 295 del cuaderno No. 2 de indagación preliminar que obra en el índice 30 del historial de actuaciones

de primera instancia del aplicativo SAMAI.
10 Hoja de vida. Folio 29 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en el índice 30 del historial de

actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
11 Folio 45 al 52 del documento de pruebas aportado por el Ejército que obra en los índices 13 al 15 del historial de

actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
12 Folios 91 al 114 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en el índice 30 del historial de actuaciones

de primera instancia del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 23001-23-33-000-2019-00035-01 (73265)
Demandantes: Nini Paola Lobo Madrid y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

Blanco alias Javier o Cobra 2, perteneciente al enemigo SAO GAO (Clan del
Golfo) Frente Julio César Vargas”. En la ejecución del operativo el soldado
fue asesinado13.

13. En el acta de necropsia consta que la muerte fue ocasionada por
“choque neurogénico dado por laceración encefálica presentado por
proyectil de arma de fuego de carga única en cabeza”14. En el informe
fotográfico de la escena de los hechos15 y en el acta de inspección técnica
del cadáver16 se advierte que el cuerpo fue hallado en la parte trasera de
la casa, que “presenta [una] herida abierta de ingreso en la región parietal
izquierda con orificio de salida en la región occipital derecha” y que vestía
pantalón dril color gris, camiseta tipo polo con rayas horizontales de color
azul oscuro y blanco, y zapatillas deportivas color negro y blanco.

14. Sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, los soldados Efrén
Ferney Pérez Ramón17, Iván David Castro González18, Carlos Julio Quinchoa
Quinchoa19, Ferney Enrique Cordero Mendoza20, Carlos Andrés Ortiz Rueda
Mendoza21, Alberto Luis Pereira Cadavid Mendoza22 y Kevin Mercado
Moreno23, quienes conformaban el grupo de militares asignados para la
misión, manifestaron que, el 7 de febrero de 2017, a las 4:00 a.m., se dirigieron
a la vereda El Brillante del municipio de Puerto Libertador con el objetivo de
acompañar a la Policía Judicial a realizar una diligencia de allanamiento y
la captura de alias “Cobra II” integrante de un grupo armado ilegal. Cuando
llegaron a la vivienda, los militares rodearon el lugar con el fin de evitar la
fuga del implicado. Dos de los militares y un policía judicial ingresaron al lugar
se identificaron y solicitaron a la persona que se encontraban dentro de la
última habitación que saliera, no obstante, no recibieron respuesta, en su

13 Oficio que informa muerte e informe administrativo por muerte. Folio 2 y 31 del cuaderno No. 1 de indagación

preliminar que obra en el índice 30 del historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
14 Folios 191 al 199 del cuaderno No. 2 de indagación preliminar que obra en el índice 30 del historial de actuaciones

de primera instancia del aplicativo SAMAI.
15 Folio 30 al 88 del cuaderno No. 2 de indagación preliminar que obra en el índice 30 del historial de actuaciones

de primera instancia del aplicativo SAMAI.
16 Folios 128 al 134 del cuaderno No. 2 de indagación preliminar que obra en el índice 30 del historial de actuaciones

de primera instancia del aplicativo SAMAI.
17 Declaración de Efrén Ferney Pérez Ramón rendida el 6 de abril de 2017, dentro de la indagación preliminar

adelantada por los hechos. Folios 22 al 24 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en el índice 30
del historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
18 Declaración que rinde Iván David Castro González 13 de julio de 2017 dentro de la indagación preliminar

adelantada por los hechos. Folios 133 al 135 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en el índice
30 del historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
19 Declaración que rinde Carlos Julio Quinchoa Quinchoa el 12 de julio de 2017 dentro de la indagación preliminar

adelantada por los hechos. Folios 136 al 139 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en el índice
30 del historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
20 Declaración que rinde Ferney Enrique Cordero Mendoza el 12 de julio de 2017 dentro de la indagación preliminar

adelantada por los hechos. Folio 140 al 142 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en el índice 30
del historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
21 Declaración que rinde Carlos Andrés Ortiz Rueda Mendoza el 12 de julio de 2017 dentro de la indagación

preliminar adelantada por los hechos. Folios 143 al 145 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en
el índice 30 del historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
22 Declaración que rinde Alberto Luis Pereira Cadavid Mendoza el 12 de julio de 2017 dentro de la indagación

preliminar adelantada por los hechos. Folios 146 al 149 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en
el índice 30 del historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.
23 Declaración que rinde Kevin Mercado Moreno el 10 de agosto de 2017 dentro de la indagación preliminar

adelantada por los hechos. Folios 156 al 158 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en el índice
30 del historial de actuaciones de primera instancia del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 23001-23-33-000-2019-00035-01 (73265)
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Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

lugar, esta persona les lanzó una granada que explotó y causó la muerte del
policía judicial. Los militares reaccionaron al ataque y se presentó un cruce
de disparos que finalizó con la muerte de la persona que se pretendía
capturar. Al finalizar el operativo, hallaron el cuerpo sin vida de Fernando
Rafael en el patio de la parte de atrás de la vivienda.

15. Ninguno de los militares presenció el momento en el cual el soldado
profesional perdió la vida. Efrén Ferney Pérez Ramón, quien fue uno de los
militares que ingresó a la casa, afirmó que tras la explosión de la granada y
los disparos realizados por el integrante del grupo armado “yo saco mi
linterna y alumbro hacia la puerta de la habitación a ver si salía alguien de
ahí. La gente se empezó a congregar y la tropa la detuvo para que no
pasarán donde estaba sucediendo el evento, empezaron a llamar al
conductor del carro para que alumbrara hacia la casa y no contestó, uno
de los soldados me dijo que había un muerto en el patio de la casa (…)”.
Ante la pregunta sobre las funciones que debía cumplir Fernando Rafael,
adujo que “la función era estar pendiente de su carro, pero no sé qué otras
órdenes le habrán dado” y ante la pregunta sobre el lugar en que se
encontraba la víctima en el momento de la diligencia, manifestó “hasta que
yo lo miré el quedó afuera, de ahí yo quedé adentro en la vivienda con el
policía judicial y mi sargento Bernal”. El soldado Kevin Mercado Moreno,
quien se desempeñaba para la fecha de los hechos como comandante de
escuadra, afirmó que, al llegar al lugar de hechos, “el objetivo principal era
prestar seguridad al personal de policía judicial quienes iban a desarrollar un
allanamiento, yo ubico a los soldados a 360 grados a una distancia
aproximada de 400 metros del objetivo”. Los demás declarantes afirmaron
que se encontraban en los puestos asignados para garantizar la seguridad
del operativo y que solo se enteraron de la muerte de su compañero
cuando hallaron el cadáver en la parte trasera de la casa al terminar la
misión.

16. La parte actora no probó el supuesto de hecho en el que fundamentó
sus pretensiones, esto es, que a Fernando Rafael se le expuso a un riesgo
distinto al propio de su cargo, al asignársele funciones de seguridad, sin el
entrenamiento ni los elementos necesarios para ello.

17. No hay prueba de que a Fernando Rafael se le encargara el
cumplimiento de tareas distintas a las de trasladar a la tropa al lugar en el
que se desarrolló el operativo. Si bien ninguno de los declarantes afirmó
conocer con certeza las funciones que se le habían asignado, lo cierto es
que todos manifestaron que la víctima estaba encargada de transportarlos
y ninguno hizo referencia a que el soldado cumpliera funciones diferentes,
mucho menos que se le hubieren asignado funciones de seguridad similares
a quienes custodiaron el operativo. En la orden de operaciones se señalaron
los objetivos a cumplir y las directrices que se debía tener en cuenta en la

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Radicación: 23001-23-33-000-2019-00035-01 (73265)
Demandantes: Nini Paola Lobo Madrid y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
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Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

ejecución de la diligencia, no obstante, no constan las actividades
individuales que cada soldado debía realizar en el desarrollo de la misión.

18. Se desconocen las razones por las cuales la víctima se encontraba en el
patio de la casa objeto de allanamiento y en la que se encontraba la
persona por capturar. Los asignados para ingresar a la residencia fueron un
policía judicial encargado de la diligencia de allanamiento y captura, y dos
soldados encargados de brindarle seguridad (el soldado profesional Efrén
Ferney Pérez Ramón y el sargento “Bernal”). Los demás soldados debían
situarse alrededor de la vivienda a una distancia prudente (no en su interior)
garantizando la seguridad de la operación. El soldado Efrén Ferney, en su
declaración, expuso que, ante la poca visibilidad en el lugar, hicieron un
llamado al conductor para que, con las luces del vehículo, iluminara la
residencia, pero este no respondió. Los anteriores hechos probados permiten
inferir que a la víctima se le asignó la función de transporte y de permanecer
en el vehículo, no es posible advertir que recibió órdenes de estar en ese
lugar en el que fue hallado muerto ni de que integrara el grupo encargado
de brindar seguridad en ese operativo.

19. Por otra parte, la Sala encuentra que, tal como concluyó el Tribunal, el
operativo fue planeado y se adoptaron las medidas de seguridad
necesarias para su ejecución. En efecto, en la Orden de Operaciones
Filipinas No. 6 y en los informes de inteligencia24 que respaldaron ese
documento constan las labores de investigación adelantadas previo a la
realización de la diligencia, las cuales datan de octubre de 2016 hasta la
fecha de su desarrollo (febrero de 2017) y dan cuenta del seguimiento que
se le realizó al integrante del grupo armado. Allí se advirtió que “este sujeto
está en compañía de del sujeto N alias Pedro y dos personas más quienes
serían sus escoltas personales” y residía en la vivienda que fue allanada. El
operativo tuvo un objeto especifico, se realizó en horas de la madrugada,
en sitio cerrado, y contó con la participación de un policía judicial y siete
integrantes del Ejército, más personal de apoyo, por lo cual no se advierte
una falla por la falta de personal como lo alegó la parte actora.

20. Por último, la Sala observa que es cierto que la víctima vestía prendas de
civil durante la diligencia, no obstante, este hecho, por sí solo, no constituye
la causa adecuada de su fallecimiento. En efecto, dado que no está
probado que al soldado se le asignó la tarea de participar de manera
directa en la misión y brindar seguridad a los miembros de la policía judicial
encargados de las diligencias de allanamiento y captura, el porte del
uniforme no constituye un hecho relevante a partir del cual se pueda
configurar la responsabilidad alegada.

24 Folio 115 al 126 del cuaderno No. 1 de indagación preliminar que obra en el índice 30 del historial de actuaciones

de primera instancia del aplicativo SAMAI.

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Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

21. La parte actora solicitó como prueba la práctica de testimonios de los
soldados que participaron en la operación. No obstante, el Tribunal negó la
prueba al considerar que las declaraciones trasladadas de la investigación
penal y disciplinaria suplían lo requerido. Los demandantes no insistieron en
la prueba, pese a que en las declaraciones de los procesos mencionados
no se evidenciaban los supuestos de hecho que sustentaban sus
pretensiones.

22. En lo que refiere a las sentencias citadas como jurisprudencia aplicable
al caso concreto, la Sala observa que en uno de los casos citados la
sentencia resolvió el recurso de apelación que versó sobre el monto de los
perjuicios reconocidos en primera instancia, de manera que no se realizó un
análisis sobre la responsabilidad del Estado25. Otro de los casos citados tiene
supuestos de hecho distintos a los de la presente controversia, toda vez que
se demandó la responsabilidad del Estado por la muerte y las lesiones
causadas a dos civiles como consecuencia de la explosión de una granada
abandonada por miembros del Ejército26. En otro de los casos, se estudió la
responsabilidad del Estado por las lesiones sufridas por un joven que
prestaba el servicio militar obligatorio, lo cual habilita la aplicación de un
régimen de responsabilidad distinto al de soldados vinculados de manera
voluntaria a la actividad militar, como el presente asunto27; y en el último
caso se advierte que se declaró la responsabilidad del Estado por la muerte
de un soldado profesional porque se encontró acreditada una falla en el
servicio28, carga procesal que no se cumplió en la controversia objeto de
este pronunciamiento.

23. Por lo expuesto, la Sala confirmará la Sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Condena en costas

24. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA y los numerales 1 y 3 del
artículo 365 del Código General del Proceso, la parte demandante será la
condenada en costas en esta instancia. El tribunal de origen deberá liquidar
la condena en costas de manera concentrada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 366 del CGP.

25
Sentencia de 8 de septiembre de 2021, exp. 81001-23-31-000-2011-00065-01 (48750).
26
Sentencia de 28 de enero de 2015, exp. 05-001-23-31-000-2002-03487-01 (32912).
27
Sentencia de 10 de marzo de 2011, exp. 25000-23-26-000-1996-03221-01(19159).
28
Sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172).

9 de 10

Radicación: 23001-23-33-000-2019-00035-01 (73265)
Demandantes: Nini Paola Lobo Madrid y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 20 de febrero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, en la que
se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte actora al pago de costas de segunda
instancia. Esta condena se liquidará de manera concentrada por el Tribunal.

TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

10 de 10

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