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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00164-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00164-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Sexta de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda formuladas por la señora María Fátima Oviedo de Ruiz contra la UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por la señora la señora María Fátima Oviedo de Ruiz contra la UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. 22 Interno: 0483-2026 Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz Demandado: UGPP TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. QUINTO: RECONOCER personería para actuar como apoderado de la demandada UGPP al abogado JOSE LUIS SEPULVEDA BARRAGÁN, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.096.234.875, portador de la Tarjeta Profesional No. 418.499 del C. S. de la J. conforme al poder allegado al expediente.22 La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2019-00164-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Siete (7) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2019-00164-01 (0483-2026)1
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Reliquidación Pensión de Jubilación
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1 Pretensiones

1. María Fátima Oviedo de Ruiz, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar
la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo, que surgió ante la no
respuesta a la petición del 25 de octubre de 2018, donde reclamó la reliquidación de su
pensión de vejez.

2. A título de restablecimiento del derecho exigió, se ordene a la demandada: (i)
reliquidar la pensión de vejez, con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio comprendido entre el 1º de abril de 2016 al 1º de abril de

1
Expediente digital.
2
Índice 2 Samai.

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Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

2017; (ii) aplicar el inciso final del artículo 187 del CPACA y pagar el valor actualizado de
las sumas a reconocer; (ii) que se paguen los intereses moratorios aplicando el artículo
192 del CPACA; y (iv) se condene en costas a la demandada.

1.2. Hechos.

3. Mediante Resolución No. RDP 009277 del veintinueve (29) de febrero de dos mil
dieciséis (2016), la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), reconoció
Pensión de Vejez a favor de María Fátima Oviedo de Ruiz, efectiva a partir del momento
en que se acreditara el retiro efectivo del servicio; en cuantía del $3.396.921.

4. Presentó solicitud de reliquidación pensional el 28 de agosto de 2018, por retiro
definitivo del servicio, la cual fue negada mediante Resolución No. RDP 047303 del 17
de diciembre de 2018.

5. Posteriormente, en Resolución No. RDP 008809 del 16 de marzo de 2019, se reliquidó
la pensión; modificando el valor reconocido, a la suma de $3.891.135, a partir del 01 de
abril de 2017, por acreditarse el retiro definitivo del servicio.

6. Que, prestó servicios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante
DIAN), a partir del 01 de diciembre de 1968 hasta el 01 de abril de 2017, para un total de
48 años y 4 meses.

7. La pensión fue reconocida aplicando una tasa del 75% del promedio de lo devengado
en los últimos diez (10) años de servicio, teniendo en cuenta únicamente la asignación
básica, la prima de antigüedad, y la bonificación por servicios prestados; omitiendo otros
factores salariales devengados en el último año de servicio, tales como: Prima de
dirección, diferencias remuneración designación, incentivo desempeño grupal, prima de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, ajuste de sueldo, ajuste Incremento
por antigüedad, ajuste prima de dirección, y ajuste diferencia remuneración por
designación.

8. Presentó petición el 25 de octubre de 2018, donde solicitó a la UGPP, la reliquidación
de su pensión de vejez teniendo en cuenta para ello el 75% de todos los factores
devengados en el último año del servicio; frente a la cual, se configuró el silencio
administrativo negativo.

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Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. Refirió como normas violadas las siguientes: Ley 33 de 1985 artículo 1, inciso 3 del
artículo 3; Ley 62 de 1985 artículo 1 inciso 3; Decreto 3135 de 1968; Decreto 1042 y 1045
de 1978; Decreto 1848 de 1969; Ley 6ª de 1945.

10. Al desarrollar el concepto de violación, afirmó que, para la fecha en que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985, la señora María Fátima Oviedo de Ruiz ya contaba con más
de 15 años de servicio en el sector público; por lo tanto, resultaba beneficiaria del régimen
vigente anterior a la mencionada Ley, conforme a la transición contenida en el artículo 1º
parágrafo 2º.

11. Manifestó que, para el reconocimiento pensional debió aplicarse la Ley 6ª de 1945 y
el Decreto 1045 de 1978, no solo lo referente a la edad, sino, incluyendo los elementos
que componen el régimen pensional; esto es, el monto, tiempo de servicio, periodo base
de liquidación y el Ingreso Base de Liquidación (en adelante IBL).

12. Así las cosas, argumentó que la UGPP desconoció el ordenamiento jurídico pensional
aplicable a la demandante, al no resolver oportunamente su solicitud de reliquidación
pensional y negar su reliquidación de pensión de vejez, acatando el régimen de transición
de la Ley 33 de 1985; además, de no acudir integralmente al régimen anterior contenido
en la Ley 6ª de 1945; en lugar de ello, aplicó erróneamente reglas de la Ley 100 de 1993,
sin incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicio. Con ello,
desmejoró injustificadamente la situación pensional, lo que sirve de sustento para
declarar la nulidad del acto ficto demandado.

2. Contestación de la demanda3

13. La UGPP contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones al
considerar que, el régimen pensional aplicable a la accionante corresponde al contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que cumplió con los requisitos
para adquirir el derecho pensional en vigencia de dicha norma, siendo beneficiaria de su
régimen de transición.

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Índice 2 Samai.

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Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

14. Agregó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 antes referido, solo conservó tres
aspectos de los regímenes anteriores, siendo estos, la edad, el tiempo de servicio y el
monto de la pensión; éste último, entendido como tasa de reemplazo y no como IBL.

15. Recalcó que, pese a que no se ha resuelto expresamente la petición del 25 de octubre
de 2018 presentada por la demandante, la entidad ya había resuelto en sede
administrativa la solicitud de reliquidación pensional, a través de la Resolución No. RDP
047303 del 17 de diciembre de 2018, negando lo reclamado.

16. Que reliquidó la pensión de vejez de la accionante mediante Resolución No. 008809
del 16 de marzo de 2019, utilizando una tasa de reemplazo del 75% sobre el promedio
de lo devengado entre el 01 de julio de 2010 y el 30 de marzo de 2017, incluyendo los
factores sobre los cuales se realizaron aportes a pensión, según lo ordenado por el
Decreto 1158 de 1994.

17. Propuso como excepciones las que denominó: “Deber de obediencia del precedente
que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sentado sobre la materia”,
“inexistencia de la obligación por encontrarse la liquidación de la pensión efectuada en
debida forma”, “buena fe” y “prescripción trienal”.

3. La sentencia de primera instancia4

18. El Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de sentencia del Veintinueve (29) de
agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la demandada.

19. La decisión planteó que, al demostrarse que la señora María Fátima Oviedo de Ruiz,
para el momento de la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, tenía 34 años y 17 años
de servicio laborados; la norma aplicable para el reconocimiento de su pensión era el
régimen de transición previsto en el artículo 1º parágrafo 2 inciso primero de la norma
referida; la cual, contenía como requisitos la edad de 50 años, 20 años de servicio y el
75% del promedio devengado en el último año de servicio.

4
Índice 00049 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo de Córdoba.

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Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

20. Advirtió que, para el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, la
demandante ya tenía los 20 años de servicio que le exigía su régimen pensional, pero no
tenía la edad de pensión; razón por la que, en principio quedaría cobijada por la transición
del nuevo sistema pensional, conservando del régimen anterior, los requisitos de edad,
tiempo de servicio y monto de la pensión; en cuanto al IBL debía acudirse al artículo 36
de la Ley 100, tal y como lo señaló el precedente unificado. No obstante, al verificarse
que, entre la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el cumplimiento de la
edad pensional no había semanas pendiente de cotización, no resultaba procedente
aplicar el inciso 3º del artículo 36 de la Ley referida; al contrario, para calcular el IBL debía
acudirse al régimen pensional anterior, siendo este el Decreto 3135 de 1968.

21. En dichos términos, recalcó que en caso de los regímenes aplicables por transición
de la Ley 33 de 1985, la Jurisprudencia del Consejo de Estado5, decantó que debe darse
aplicación integral del régimen pensional que traía la persona, en este caso, para el
cálculo del monto base pensional incluiría todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios. Ello en aplicación de los principios de inescindibilidad normativa
y favorabilidad laboral.

22. Concluyó que, para la determinación del IBL de la pensión de la demandante, se
acogía el criterio de decisión de la SU del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, según la cual, «la base
pensional de los beneficiaros de régimen de transición debe estar compuesta por los factores sobre los
cuales debieron hacerse aportes a pensión y que estén reseñados expresamente en la norma que gobierna
la situación pensional.» Así, consideró que, en el sub lite, debía incluirse los factores

salariales devengados en el último año de servicio, siempre que estuviesen
taxativamente reseñados en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1975.

23. Una vez verificado en el certificado electrónico de tiempos laborados - CETIL, que la
demandante, además de la asignación básica, bonificación por servicios prestados y
prima de antigüedad, también devengo como factores salariales la prima de navidad,
prima de servicios y prima de vacaciones, los cuales están enlistados en el Decreto Ley
1045 de 1978; había lugar a reliquidar la pensión de jubilación incluyendo dichos
emolumentos.

5
Citando sentencia del 7 de octubre de 2010, expediente nro. 2002 02392-01 (0265-07), Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

24. Finalizó afirmado que, había lugar a ordenar a la demandada UGPP, reliquidar la
pensión de la demandante respecto del ingreso base de liquidación, teniendo en cuenta
que debe ser calculado sobre el 75% del promedio de lo devengado durante el último año
de servicio, esto es, en el periodo comprendido entre el año 30 de marzo de 2016 al 29
de marzo de 2017, con la inclusión de factores salariales de asignación básica mensual,
bonificación por servicios prestados, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de
servicios y prima de vacaciones.

25. Para no afectar la sostenibilidad del sistema, dispuso que el restablecimiento del
derecho debe ir acompañado del descuento de los aportes pensionales no efectuados,
limitados al porcentaje correspondiente a la trabajadora, descartando cualquier
enriquecimiento sin causa.

26. Por último, frente a la prescripción, consideró negarla, ya que entre el reconocimiento
pensional y la solicitud de reliquidación presentada por la actora no han transcurrido 3
años.

27. En atención a dichos argumentos se resolvió:

“Primero: Declarar no probada la excepción denominada prescripción trienal, propuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – U.G.P.P, de acuerdo con lo motivado.

Segundo: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones N° RDP009277 de 29 de febrero de
2016 por la cual la UGPP reconoció la pensión de jubilación de la demandante, y N° RDP 008809
de 16 de marzo de 2019 que ordenó reliquidar la pensión, respecto al Ingreso Base de
Liquidación, teniendo en cuenta que el mismo debe ser calculado sobre el 75% del promedio de
lo devengado durante el último año de servicio, esto es, en el periodo comprendido entre el año
30 de marzo de 2016 al 29 de marzo de 2017 (último año de servicios) y con los siguientes
factores salariales asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados, prima de
antigüedad, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones.

Tercero: Declarar la nulidad total de la Resolución N° RDP 047303 de 17 de diciembre de 2018,
por la cual se negó la reliquidación de la pensión de la demandante, conforme lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.

Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, Condenar a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – U.G.P.P., a
reliquidar la pensión de jubilación de la señora María Fátima Oviedo de Ruiz de conformidad con
lo estimado en los considerativos, para efecto del cálculo del ingreso base de liquidación respecto

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Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

al Ingreso Base de Liquidación, teniendo en cuenta que el mismo debe ser calculado sobre el
75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, esto es, en el periodo
comprendido entre el año 30 de marzo de 2016 al 29 de marzo de 2017 (último año de servicios)
y con los siguientes factores salariales asignación básica mensual, bonificación por servicios
prestados, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones; e indexando los
valores de los factores salariales.

A los anteriores efectos, la UGPP deberá constatar que sobre dichos factores salariales se
hubiera efectuado el aporte que al empleado le correspondía, y de existir diferencia deberá
descontar la suma respectiva con destino al sistema general de pensiones, pero solo en el
porcentaje al que está obligado el empleado.

Quinto: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – U.G.P.P reconocer, liquidar y cancelar a favor de la
demandante las diferencias resultantes entre la suma reconocida como mesada pensional que
se le viene pagando y la suma que se obtenga de la reliquidación de la mesada calculada en el
75% de los factores salariales señalados anteriormente como se señala en esta sentencia;
aplicando a la diferencia obtenida la indexación según el IPC indicado por el DANE desde el 1°
de abril de 2017, día siguiente al retiro definitivo del servicio, hasta cuando se haga efectivamente
el pago.

Sexto: Reajustar la mesada pensional de la demandante para que en lo sucesivo se le cancele
de conformidad con la reliquidación ordenada.

Séptimo: Negar las demás pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto
precedentemente. Octavo: Sin condena en costas conforme la motivación. (…)”

4. Recurso de apelación6

28. La parte demandada, inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación.
Argumentó que, el criterio de interpretación del régimen de transición es pacífico entre la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en el sentido de establecer que el IBL, no
fue un aspecto sometido al tránsito legislativo, ya que, el legislador se ocupó
puntualmente del tema en el inciso tercero del artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de
1993.

29. En relación con los factores que deben tenerse en cuenta en el IBL, consideró que
debe acudirse a las subreglas de interpretación que fueron fijadas por la H. Corte
Constitucional en la sentencia SU-023 de 2018, en el sentido de incluir en el IBL los
factores que se encuentren enlistados en el Decreto reglamentario 1158 de 1994.

6
Índice 00054 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo de Córdoba.

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Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

Advirtiendo que dicha restricción “obedece a un criterio de justicia y equidad, según el cual
debe existir congruencia entre lo cotizado, lo liquidado y reconocido, pues no podría ser admisible
para la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, la solidaridad y eficiencia, el
pago de pensiones cuyo valor no sea proporcional al histórico de cotizaciones realizadas por un
cotizante en su historia laboral.”

30. Con todo, refirió que, en el presente asunto, no es procedente la reliquidación con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, pues
debe acudirse al IBL contenido en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, en
cumplimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado, del cual se apartó
injustificadamente la sentencia apelada.

31. Advirtió que, la providencia recurrida erró al incluir factores salariales con base en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, ya que el criterio vigente no solo apela a que se
encuentre en el listado del decreto; sino, la certeza que dichos factores fueron objeto de
cotización. Incluir factores no cotizados afecta la sostenibilidad financiera del sistema.

5. Trámite en segunda instancia

32. Mediante auto del Ocho (08) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo el día veintitrés (23) de abril
de Dos Mil Veintiséis (2026).

33. Posterior a ello las partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

7
índice 0004 de Samai.
8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

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Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

2.2. Problema jurídico

2.2.1. Corresponde a la sala determinar:

2.2.2. ¿La señora María Fátima Oviedo de Ruiz, tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de vejez, teniendo en cuenta para ello el 75% de la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios?

2.2.3. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: (i) Régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y régimen de transición de la
Ley 33 de 1985; (ii) Hechos probados; y (iii) Caso concreto.

2.2.1. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

35. Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la entidad
recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la sentencia
del 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado, y por la no aplicación de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias SU-023 de 2018 y C-258
de 2013, a partir de las cuales, se advierte que el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace parte de
los beneficios que este otorga.

36. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se
agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino
que impone un análisis más detallado y cuidadoso.

37. En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los
requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de
los servidores públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que
tenía previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia”.

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Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

38. Así, aunque la citada Ley 100 de 1993, supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión; el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en
los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión9, aludiendo a los
componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger
las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.

39. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual,
la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el Cuatro
(4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010)10, acogió el principio de inescindibilidad, conforme
al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al
momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en
forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional,
sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios».

40. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230
de 2015, en la cual, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia
referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso
base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y, por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas
calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el

9
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el
sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres,
o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese
igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de
lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
Se resalta.
10
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009. Demandante:
Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.

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Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

41. Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que, solo fue superada hasta la
emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del Veintiocho (28) de Agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018)11, en la cual, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones […]».

2.2.2. De la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985.

42. En armonía con lo estudiado en el acápite anterior, al igual que la Ley 100 de 1993,
la Ley 33 de 1985, previó un régimen de transición, en el parágrafo 2 del artículo 1°, para
los empleados públicos, en los siguientes términos:

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés

12

Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a
que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a
esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su
naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni
aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la
edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno. […]

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían
con anterioridad a la presente Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados
oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando
cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si
son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con
las disposiciones que regían en el momento de su retiro. […]» Se resalta.

43. De la lectura de la citada norma, se identifican dos grupos de destinatarios del
régimen de transición: (i) quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de
1985 (13 de febrero de 1985), acreditaran 15 años de servicio al Estado, tendrían
derecho a la aplicación del requisito de edad, que regía en normas anteriores; y (ii) los
que tuviesen 20 años de servicio, como empleados oficiales y, estuvieran retirados del
servicio en el momento en que entró a regir la referida ley, quienes obtendrían una
pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres y, 55 en el
de los hombres, esto, aplicando, para reconocimiento y pago, las normas vigentes a
la fecha de retiro.

44. Así entonces, la norma anterior aplicable, para el primer grupo de beneficiarios del
régimen de transición, sería la dispuesta en el Decreto – Ley 3135 de 1968, sin
embargo, como la misma Ley 33 de 1985, en su artículo 25, lo derogó, esta
Corporación, sostuvo, en diferentes posiciones12, que la citada transición remitiría a la
Ley 6ª de 1945, la cual, al igual que el derogado Decreto, permitía el reconocimiento
pensional con 50 años de edad.

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 16 de diciembre de 2009, radicación: 25000-23-25-000-2002-00474-01(1754
06), demandante: German Rodríguez Carmona; del 31 de enero de 2019, radicado: 730012331000201100659 01 (3005-2016),
demandante: José Álvaro Ortiz; del 16 de diciembre de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754 -06); y sentencia del 19
de noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villarreal.

13

Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

45. No obstante, también se presentaron distintas posturas en esta Colegiatura 13, en
las que se propendía la aplicación del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 a los
beneficiarios del primer inciso del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 (los
que hubieran cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio); por esta razón,
a efectos de llegar a un consenso, mediante sentencia del seis (6) de Agosto de Dos
Mil Veinte (2020)14, esta Sección, definió que, en cuanto a la edad de jubilación, «[…]
para el caso de los servidores públicos del orden nacional [se aplicaría] el Decreto 3135 de 1968, y
frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945 […]».

46. De otra parte, respecto al Ingreso Base de Liquidación la Sala Plena de esta
Corporación, mediante SU del Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)
concluyó que el ingreso base de liquidación no fue objeto de la transición establecida
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de manera que, a los beneficiarios
de la pensión, se les debe calcular con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo de la norma anterior, pero, los factores, serán aquellos que hayan servido
como base para realizar los aportes, conforme a lo previsto en el Decreto 1158 de
1994.

47. En virtud de lo anterior, es evidente, que la demandante cumple con los requisitos
para ser beneficiaria de la pensión de vejez, tanto en los términos de la Ley 100 de
1993, como en el Decreto Ley 3135 de 1968 (anterior a la Ley 33 de 1985), pero,
respecto de este último, solo en lo relativo a la edad para adquirir la pensión; por
cuanto, se insiste, conforme a la sentencia de unificación antes referida, los factores,
serán aquellos que hayan servido como base para realizar los aportes, en los términos
del Decreto 1158 de 1994.

2.3. Hechos probados15

48. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos constatados,
se destaca:

13
Por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación: 25000-23-25 000-
2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales.
14
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Exp. Núm. 47001-23-33-000-2015-00314
01 (3049-2017)
15
La documentación que a continuación se relaciona, obra en el índice 00004 de Samai.

14

Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

i) Que, a través de la Resolución No. RDP 009277 del Veintinueve (29) de febrero de Dos
Mil Dieciséis (2016), la UGPP reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor
de la señora María Fátima Oviedo de Ruiz, condicionada a demostrar el retiro definitivo
del servicio; al verificar que, acreditaba 16.918 días laborados correspondientes a 2.416
semanas y que para ese momento contaba con 65 años. Además, que había adquirido el
estatus pensional el 31 de diciembre de 2000.

49. Para su reconocimiento tuvo en cuenta lo siguiente:

• Concretamente frente al requisito del tiempo de servicio y la edad, hizo alusión al
artículo 2 de la Ley 33 de 1985, el cual establece que aquellas personas que al
trece (13) de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985), acreditaran quince
(15) años continuos o discontinuos de servicio, tendrán derecho a pensionarse con
los requisitos contemplados en la norma anterior, en este caso, el artículo 68 del
Decreto 1848 de 1969.

• Para definir el IBL, acudió al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que
establece que “será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
obtener el derecho a la pensión, o de diez años en caso de que ése fuese superior”. Ello
en razón a que, conforme al inciso 6º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sólo
quienes hubiesen adquirido el estatus pensional con anterioridad al 1º de abril de
1994, se les reconocería la pensión con las normas anteriores, y en este caso, el
estatus pensional de la demandante se consolidó el 31 de diciembre de 2000 al
cumplir la edad.

• Conforme a lo anterior, liquidó la pensión aplicando un 75% sobre un IBL
conformado por el promedio de salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado o
aportado el interesado entre el 1 de abril de 2009 y el 30 de diciembre de 2015.

ii) La DIAN, mediante Resolución No. 007759 del 12 de octubre de 2016, retiró del servicio
a la señora María Fátima Oviedo de Ruiz, respecto del cargo de carrera administrativa
GESTOR II CÓDIGO 302, a partir del 01 de abril de 2017.

50. La demandante presentó petición el 25 de octubre de 2018 ante la UGPP, radicada
con el No. 201850053395302, en la cual solicitó que la pensión actualmente reconocida,
sea reliquidada teniendo en cuenta el 75% de lo devengado en el último año de servicio,
del 1º de abril de 2016, al 1º de abril de 2017; lo anterior, argumentando ser beneficiaria

15

Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, pues para su entrada en
vigencia ya contaba con más de 15 años de servicio.

iii) Paralelamente, a través de la Resolución No. RDP 047303 del Diecisiete (17) de
diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), la UGPP negó la solicitud de reliquidación de
pensión de vejez, argumentando la falta documentos necesarios. De ella se extrae que la
petición de reliquidación que en ella se resolvía, tenía como fundamento el retiro efectivo
del servicio.

iv) Contra la anterior decisión se propuso recurso de apelación el 28 de enero de 2019, el
cual fue radicado con el No. 2019500500280842. En él se argumentó, frente a la falta de
documentos, que, la señora María Fátima Oviedo de Ruiz, cotizó tanto para CAJANAL
EICE hoy UGPP y para COLPENSIONES; en esta última hasta el 31 de marzo de 2017,
por lo cual solicita se tenga en cuenta los salarios y prestaciones devengados hasta esa
fecha; es decir, nada frente a solicitar el reconocimiento de la reliquidación pensional
teniendo en cuenta el 75% de lo devengado en el último año de servicios.

v) A través de Resolución RDP 008809 del Dieciséis (16) de marzo de Dos Mil Diecinueve
(2019), la UGPP revoca la anterior decisión y ordena la reliquidación de la pensión de
vejez de la señora María Fátima Oviedo de Ruiz. Como fundamento para la reliquidación
se manifestó:

• Que la interesada acredita un total de 17.368 días laborados correspondientes a
2.481 semanas.
• Que el ingreso base de liquidación está conformado por los factores salariales
devengados entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de marzo de 2017, aplicando el
75%.
• Para la liquidación se aplicó la transición legal Ley 33 de 1985.
• La pensión estará a cargo del Fondo de Pensión Públicas FOPEP y
COLPENSIONES traslado CAJANAL.

16

Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

vi) Se aportaron los reportes de nómina de los años 2016 y 2017, que da cuenta de los
emolumentos devengados mes a mes.

vii) Mediante auto del Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), reiterado
en auto del siete (7) de noviembre de la misma calenda, el Tribunal Administrativo de
Córdoba, decretó prueba de oficio, con el fin que la DIAN allegara los certificados de los
factores salariales que fueron devengados por la demandante, señora María Fátima
Oviedo, dentro del periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2007 hasta el 1 de abril
de 2017; además, informar sobre cuales certificados se realizó el aporte con destino a
cotizaciones en pensión.

viii) Mediante memorial del cinco (05) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) la DIAN
aportó Certificación Electrónica de Tiempos Laborados, de la cual se puede verificar los
factores salariales devengados desde el año 2007 hasta el año 2017, también
certificación aparte que muestra los devengados en el último año de servicio.

2.4. Caso concreto

51. En el sub examine no se discute que, i) la demandante es beneficiaria del régimen de
transición previsto en la Ley 33 de 1985; dado que, para el 13 de febrero de 1985 (cuando
entró en vigor la mencionada norma, tenía más de 15 años de servicio, pues, ingresó a

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Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

la DIAN el 1º de diciembre de 196816; ii) Además, también es beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, al momento de su
inicio de vigencia, 1° de abril de 1994, acreditaba más de 15 años de servicio y más de
35 años de edad17.

52. Lo anterior implica que, respecto del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, solo
era aplicable lo relativo a la edad para adquirir la pensión, por cuanto, se insiste, conforme
a lo dispuesto por esta Corporación, mediante sentencia SU del Veintiocho (28) de Agosto
de Dos Mil Dieciocho (2018), el IBL a aplicar es el contenido en el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y los factores, serán aquellos que hayan servido como
base para realizar los aportes, en los términos del Decreto 1158 de 1994.

53. Entonces, el IBL para quienes están en transición es el previsto en el inciso tercero
del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas
se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

54. Ahora bien, al expediente se aportó Certificación Electrónica de tiempos laborados
CETIL No. 20190180019726800058000118 firmada por el Jefe de Coordinación de la
DIAN, se constata que, ingresó al servicio de la entidad, el Primero (1º) de Diciembre de
Mil Novecientos Sesenta y Ocho (1968), es decir que, al Primero (1º) de Abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994)19, había acreditado veintiséis (25) años de servicio.

55. La demandante nació el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos
Cincuenta (1950), por ende, es claro que, adquirió el estatus de pensionada, el Treinta y
Uno (31) de Diciembre del Dos Mil (2000), cuando cumplió 50 años de edad, conservando
los requisitos de edad de su régimen de transición.

56. La aplicación del régimen de transición para la actora, conforme con el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, significa que la liquidación de su pensión, efectuada por la entidad
demandada, aplicando la tasa de reemplazo equivalente al 75% sobre el IBL contenido
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fue acorde a derecho; razón por la
cual no procedía la reliquidación pensional con el fin de tomar como ingreso base de
liquidación la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios,

16
Véase Resolución No. RDP 009277 del 29 de febrero de 2016.
17
Nació el 31 de diciembre de 1950.
18
Índice 00002 Samai. Archivo digital 26Memorial.
19
Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

18

Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

incluyendo aquellos sobre los que no realizó los aportes al Sistema.

57. Se corrobora que la liquidación contenida en la Resolución No. 009277 del 29 de
febrero de 2016, y la realizada en la Resolución RDP 008809 del 16 de marzo de 2019,
atendieron el régimen aplicable a la liquidación pensional de la señora María Fátima
Oviedo de Ruiz, y tuvo en cuenta los factores que sirvieron como base para realizar los
aportes, en los términos del Decreto 1158 de 1994, estos son; asignación básica,
bonificación de servicios prestados y prima de antigüedad; corroborados con la
certificación electrónica de tiempo laborados CETIL, allegada al expediente.20 Ahora bien,
se advierte de la certificación aportada que, en el año 2016 y parte del 2017, hasta marzo;
la demandante devengó otros factores que fueron considerados como parte del ingreso
base de cotización, estos son: Asignación adicional, factores por vacaciones (pagada
solo el mes de marzo de 2017), prima de dirección, prima de navidad (anual), prima de
productividad (semestral), prima de servicios (anual) y prima de vacaciones (anual); sin
embargo, se advierte dichos factores no hacen parte de los contenidos en el Decreto
1158 de 1994.

58. Por lo tanto, la sentencia apelada interpretó erróneamente el régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y decidió aplicar el precedente que
imperaba con antelación21 a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018; pues
consideró que lo procedente era, “la aplicación por transición del régimen pensional anterior
más favorable al pensionado, es total e integral, de forma tal que no sólo debe beneficiarlo la
edad de aquél régimen, sino también para el cálculo del monto de la base pensional, que para el
caso, incluiría todos los factores salariales devengados en el último año de servicios”, cuando
en sentencia de unificación se corrigió la postura concluyendo que, “el IBL del inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

59. Tal y como lo advirtió la entidad demandada, no había lugar a declarar la nulidad
parcial de las Resoluciones N° RDP009277 de 29 de febrero de 2016 por la cual la UGPP
reconoció la pensión de jubilación de la demandante, y N° RDP 008809 de 16 de marzo
de 2019 que ordenó reliquidar la pensión, respecto al Ingreso Base de Liquidación; pues
en ellas, correctamente se aplicó lo correspondiente al régimen de transición que
gobernaba a la actora.

20 Expediente digital archivo 26Memorial.pdf
21
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2010, expediente nro. 2002
02392-01 (0265-07), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

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Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

60. La Resolución No. 009277 del 29 de febrero de 2016 reconoció y ordenó el pago de
la pensión de vejez de la demandante conforme los siguientes argumentos:

61. Así mismo, la Resolución No. RDP 008809 de 16 de marzo de 2019 que ordenó
reliquidar la pensión, consideró que el Ingreso Base de Liquidación estaba conformado
por los factores salariales devengados entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de marzo de
2017, aplicando un 75%.

62. Se trae de presente que, la sentencia apelada concluyó, frente al IBL a aplicar en el
caso concreto que, se acogía al criterio de decisión de la SU del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
según el cual, “la base pensional de los beneficiaros de régimen de transición debe estar
compuesta por los factores sobre los cuales debieron hacerse aportes a pensión y que estén
reseñados expresamente en la norma que gobierna la situación pensional. Así, en el presente
caso debe incluirse los factores salariales devengados en el último año de servicio, siempre que
estén taxativamente reseñados en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1975”; afirmación que
se aleja de lo resuelto por la Sala Plena de esta corporación.

63. La demandada argumentó en su recurso de apelación, que el fallo de primera
instancia, erró al ordenar la reliquidación olvidando la aplicación del principio de la

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Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

sostenibilidad financiera del sistema; lo cual guarda consonancia con lo estudiado en la
Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018:

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de
1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio,
va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión
de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una
tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario”
y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento,
además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo,
para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por
virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los
factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone
en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio
colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios
constitucionales de universalidad y eficiencia.” Se resalta

64. Condensando lo anterior, y en atención a que la sentencia recurrida ordenó el reajuste
pensional de la demandante en contravía a la línea jurisprudencial imperante frente a
este tema, se impone la decisión de revocar la sentencia proferida por el A quo.

65. Así las cosas, la Sala precisa que la pretensión de reajustar la pensión con el último
año de servicios, con la 33 de 1985, comoquiera que a la entrada en vigor la Ley 100 de
1993, le faltaban menos de diez años para adquirir su estatus pensional, debía acudirse
al IBL contenido en el inciso 3 del artículo 36. Así pues, su ingreso base de liquidación
debió determinarse con «el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante el tiempo que le faltara para ello anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE», con la inclusión de los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994.

66. Con todo, y en atención a los pronunciamientos mencionados, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
estableció una regla general y dos subreglas, respecto a la aplicación del régimen de

21

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Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

transición de la Ley 100 de 1993. Esta decisión, que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fácticos y jurídicamente similares, precisó que dichas
reglas se aplicarían con efectos retrospectivos; por lo que, al ceñirnos a este derrotero
jurisprudencial, no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia.

67. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, en tanto se interpretó
erróneamente el régimen de transición, y no se aplicó la subregla jurisprudencial contenida
en la ya mencionada sentencia del H. Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018,
indicando que los actos administrativos demandados carecen de vicio de nulidad alguno.

68. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala, revocará la sentencia de
primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar, negará
la solicitud de reliquidación pensional con la inclusión de los factores devengados en el
último año de servicio conforme a lo expuesto.

5. Condena en costas

69. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

70. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Sexta de Decisión, que
accedió a las pretensiones de la demanda formuladas por la señora María Fátima Oviedo
de Ruiz contra la UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
sentencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por la señora la señora
María Fátima Oviedo de Ruiz contra la UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente sentencia.

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Interno: 0483-2026
Demandante: María Fátima Oviedo de Ruiz
Demandado: UGPP

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia

CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

QUINTO: RECONOCER personería para actuar como apoderado de la demandada
UGPP al abogado JOSE LUIS SEPULVEDA BARRAGÁN, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 1.096.234.875, portador de la Tarjeta Profesional No. 418.499 del C. S.
de la J. conforme al poder allegado al expediente.22

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

22
Índice 10 Samai.

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