Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00271-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00271-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2019-00271-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 23001-23-33-000-2019-00271-01 (2397-2023)
Demandante: Návida Judith Hernández Madera
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)
Tema: Asignación de retiro. Sustitución pensional. Convivencia
simultánea entre el causante, cónyuge y compañera
permanente. Convivencia por un plazo no menor a los 5 años
anteriores al fallecimiento del causante.
Decisión: Confirma la decisión que negó las pretensiones de la demanda
comoquiera que no se encontró acreditada la convivencia
durante los 5 años inmediatamente anteriores a la muerte del
causante.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia de primera instancia del 12 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Návida Judith Hernández Madera por conducto de apoderada
judicial presentó demanda1 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional - Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)
orientada a obtener la nulidad de las Resoluciones No. 18731 de 7 de noviembre de
20122 y 85 de 17 de enero de 20133, por medio de las cuales se negó la sustitución
de una asignación de retiro. A título de restablecimiento del derecho la accionante
solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución sobre la asignación de retiro que
percibía el señor Juan Antonio Ortega Pineda hasta el 25 de noviembre de 2010
fecha en la que falleció este último.
2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que el causante
prestó sus servicios en la Policía Nacional y que como consecuencia de ello le fue
1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «Por la cual se niega y declara legalmente extinguida la sustitución de asignación mensual de retiro, con
fundamento en el expediente a nombre del extinto Agente (r) Ortega Pineda Juan Antonio, con cédula [XXX]»
3 «Por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 18731 de 07-11-2012, con
fundamento en el expediente a nombre del extinto Agente (r) Ortega Pineda Juan Antonio, con cédula [XXX]»
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Demandante: Návida Judith Hernández Madera
reconocida una asignación de retiro el 10 de junio de 1978. Señaló igualmente que
el 8 de mayo de 1978 el antes mencionado contrajo matrimonio con Rosa Emérita
Argel Díaz4 (†) quien falleció el 5 de agosto de 2005. Sin embargo, de forma
simultánea, el causante convivió con la demandante5 hasta el día de su muerte (25
de noviembre de 2010) en el corregimiento El Carito del municipio de Lorica
(Córdoba).
3. La accionante, en su condición de compañera permanente solicitó a CASUR
la sustitución de la asignación de retiro que recibía el causante. Petición que fue
resuelta negativamente por la mencionada entidad a través de la Resolución No
18731 de 7 de noviembre de 2012, la cual a su turno fue confirmada con la
Resolución No. 85 de 17 de enero de 2013.
4. El 12 de abril de 2018, la demandante reiteró su solicitud/reclamación, la
cual igualmente fue negada a través de la Resolución No. E00003-201819007 de
17 de septiembre de 2018.
5. Como fundamento de la vulneración, alegó que la convivencia con el
causante se dio de forma pública, continua e ininterrumpida por más de 40 años,
aunque este estuviera casado con la señora Argel Díaz (†) en el casco urbano del
municipio de Lorica hasta el 5 de agosto de 2005 y con la demandante en el
corregimiento de El Carito hasta el 25 de noviembre de 2010.
6. Conforme con las Sentencias T-190 de 1993, T-553 de 1994, T-566 de
1998, T-1103 de 2000, C-1035 de 2008, T-522 de 2011 y T-578 de 2012 de la Corte
Constitucional, la sustitución pensional se rige por el principio de igualdad entre
cónyuges supérstites y compañeros/compañeras permanentes, pues no resulta
jurídicamente admisible diferenciar a partir de la naturaleza del vínculo específico
entre la pareja.
7. La decisión administrativa de negar la sustitución pensional a favor de la
actora violó los artículos 3 de la Ley 923 de 2004 (armonizado con los artículos 130
y 132 del Decreto 1213 de 1993), 11, 23, 24, 40 y 41 del Decreto 4433 de 2004.
Precisó que, de acuerdo con las normas antes señaladas, la accionante tenía
derecho a ser considerada como beneficiaria vitalicia de la asignación de retiro
reclamada.
Contestación de la demanda
8. CASUR, por conducto de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de
la demanda. Invocó como excepción (de fondo) la ausencia de requisitos legales de
la demandante para acceder a la sustitución pensional. Precisó que los actos
demandados fueron proferidos con estricto apego a las normas en las que debía
fundarse concretamente el literal A del parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433
4 Con quien tuvo 3 hijos: Dimas Gabriel, Juan José y Dairis Ortega Argel.
5 Con quien igualmente tuvo una hija, Claudia Susana Ortega Hernández.
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Demandante: Návida Judith Hernández Madera
de 2004. Concluyó que la parte no demostró la convivencia durante los 5 años
anteriores a la muerte del causante, solicita que no se condene en costas y agencias
en derecho.
9. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a través de
apoderada especial solicitó negar las pretensiones de la demanda, que revisado el
expediente del causante se constató que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional CASUR, le reconoció una asignación mensual de retiro en cuantía
equivalente a 85% de sueldo básico y las partidas legalmente computables a partir
del 10 de junio de 1978.
10. Además, que el agente retirado falleció el 25 de noviembre de 2010 y figuraba
casado con la señora Rosa Emérita Argel Díaz (†), quien falleció el 18 de agosto de
2005. Sostuvo que la demandante no acreditó su condición de compañera
permanente ni demostró convivencia con el causante por un periodo no inferior a 5
años anteriores a su fallecimiento. En consecuencia, la actora no cumplía con los
requisitos legales para otorgarle la sustitución pensional reclamada. Así como
tampoco se aportó prueba que diera cuenta de la dependencia económica de esta
con el causante.
11. Finalmente, invocó como excepciones (i) la indebida designación de las
partes y falta de legitimación pasiva en la causa comoquiera que la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional no fue quien expidió los actos
demandando, sino CASUR como entidad con personería jurídica: (ii) la presunción
de legalidad; (iii) inexistencia de vicios de nulidad; y (iv) la innominada o genérica.
Sentencia apelada
12. Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Córdoba negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas.
13. Para ello, luego de hacer un análisis normativo y jurisprudencial de la
asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional y el alcance de los
derechos de los compañeros permanentes, señaló que si bien existió una relación
sentimental y/o familiar entre la demandante y el causante, producto de la cual
existía una hija en común, ayuda de manutención en dinero o víveres y visitas, esto
no correspondía a un vínculo de hecho y convivencia durante un periodo
determinado que permitiera advertir que se trataba de comunidad de vida
conformada por la pareja, pues la actora tuvo convivencia con otra persona y el
causante siempre vivió con su cónyuge la señora Rosa Emerita Argel de Ortega (†)
en el municipio de Lorica (Córdoba).
14. Señaló que hubo contradicción entre los elementos de juicio arrimados al
proceso dado que mientras que en las declaraciones juramentadas se indicaba que
la accionante y el señor Ortega Pineda (†) compartían techo, lecho y mesa, en los
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testimonios se manifestó que no vivián juntos, socialmente no se les veía compartir
vida en común.
15. En ese orden, el tribunal no estimó acreditada la convivencia durante más
de 5 años anteriores a la fecha de la muerte del causante, el auxilio o apoyo mutuo,
comprensión y vida en común, con vocación de estabilidad y permanencia a la luz
de los matices que el Consejo de Estado ha hecho sobre la figura6.
Recurso de apelación
16. La demandante presentó recurso de apelación en el que, luego de referirse
al objeto y finalidad de la sustitución pensional, el alcance del derecho, al debido
proceso y las reglas de apelación de pruebas que prevé el CGP y el CPACA, adujo
que la valoración y apreciación de pruebas por parte del tribunal fue errónea, se
desconoció el contexto sociocultural de la relación, así como el apoyo económico
constante del causante a favor de esta, en esa medida solicitó que se le diera mayor
análisis a las pruebas allegadas al proceso.
17. Resaltó que el matrimonio entre el causante y la señora Argel Díaz fue el 8
de mayo de 1978 esto es poco más de 7 años después del nacimiento de Claudia
Susana Ortega Hérnandez y con ocasión de dichas nupcias, el señor Ortega Pineda
(†) dejó su «vida nómada de policía» y adoptó una vida sedentaria con su cónyuge
pese a que continuaba conviviendo con la demandante, pero no con la misma
frecuencia de antes. Manifestó que las responsabilidad y obligaciones en el hogar
establecido con la señora Argel Díaz y sus hijos llevaron al causante a mantener
mayor permanencia en el casco urbano de Lorica, pero ello no le impidió continuar
con su convivencia con la accionante.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Mediante Auto de 21 de septiembre de 2023, se admitió el recurso de
apelación contra la Sentencia de 12 de diciembre de 2022.
19. CASUR presentó escrito de alegatos de conclusión, en el que se opuso a
las pretensiones de la demanda, pues estimó que el acto administrativo
demandando se profirió en estricto acatamiento de literal A del parágrafo 2 del
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, sobre la sustitución pensional cuando existe
cónyuge y compañero o compañera permanente, donde se exige prueba de la vida
marital y convivencia con el causante durante los 5 años anteriores a la muerte de
este. Asimismo, solicitó no ser condena en costas.
20. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa.
III. CONSIDERACIONES
6 Al respecto citó la Sentencia de 27 de enero 2022, Radicado No. 88001233330002018005201 (5322-2019).
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Demandante: Návida Judith Hernández Madera
Competencia
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si la demandante acreditó los requisitos
jurisprudenciales y legales para acceder a la sustitución de la asignación de retiro,
en particular la convivencia efectiva durante los 5 años anteriores al fallecimiento
del causante.
Análisis del problema jurídico
23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 12 de diciembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, tras considerar que no
quedó demostrada la convivencia entre la accionante y el causante dentro de los 5
años inmediatamente anteriores a la muerte de este último.
24. De conformidad con los literales A y B del parágrafo 2 del artículo 11 y el
artículo 40 del Decreto 4433 de 2004, normas vigentes para la época de la muerte
del señor Juan Antonio Ortega Pineda para la sustitución de la asignación de retiro
por la muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite deberá acreditar vida marital con el causante hasta su muerte y haber
convivido con el fallecido por no menos de 5 años continuos inmediatamente
anteriores a su muerte. Asimismo, la mencionada norma diferencia 2 supuestos que
dependerán de (1) la edad del beneficiario y (2) si existieron o no hijos en común,
para determinar si la prestación en comento, entiéndase la sustitución pensional, es
temporal o vitalicia.
25. En ese orden de ideas, se hará una relación de las pruebas recaudadas en
el expediente para identificar si están satisfechos los requisitos legales para que la
señora Návida Judith Hernández Madera acceda a la prestación reclamada
concretamente, en lo que respecta al presupuesto de convivencia. Aunado a ello,
se pone de presente que el reconocimiento de la asignación de retiro, el
fallecimiento de su titular y de la señora Rosa Emérita Argel Díaz y la edad de la
demandante y los hijos del causante no están en discusión.
26. Junto con la demanda, se allegaron como pruebas las declaraciones extra
juicio rendidas por Robinson Manuel Peinado Sandon7, Ángel Miguel Ramírez
7 14 de febrero de 2018.
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Demandante: Návida Judith Hernández Madera
Salgado8, Humberto Garces Guerra9, Ángel Gustavo Beltrán Sierra10, Gabriel
Ignacio Argel Díaz11 y Rodolfo Antonio Mangonez López12, las cuales coinciden en
indicar que la demandante dependía económicamente del causante quien de
manera habitual le proporcionaba dinero y sustento, ya sea directamente o a través
de terceros.
27. En lo que respecta a las pruebas recaudadas en la audiencia de 17 de
marzo de 2022 (declaración de parte y ratificación de declaración de terceros), se
tiene lo siguiente:
I) La señora Návida Judith Hernández Madera manifestó que mantuvo una
relación como compañera permanente con Juan Antonio Ortega Pineda (†) por
más de cuarenta años de la cual nació una hija, Claudia Susana Ortega
Hernández. Indicó que el causante residía principalmente en Lorica donde
convivía con su cónyuge Rosita Argel (†) y sus tres hijos, pero que frecuentaba
de manera constante el corregimiento de El Carito, donde se visitaban. Adujo
que dependía económicamente de los aportes que aquel le suministraba de
forma directa o por intermedio de terceros, que debido a los traslados laborales
del causante la relación se mantuvo mediante visitas recíprocas, que nunca
existieron conflictos entre ellos ni con la esposa del fallecido y que lo
acompañó hasta el día de su muerte. aunque afirmó no recordar fechas
relevantes de su vida personal y laboral.
II) El señor Ángel Miguel Ramírez Salgado manifestó que conocía a la
demandante de 15 o 20 años atrás por ser la compañera del señor Juan
Antonio Ortega Pineda (†) a quien trató de manera cercana porque era un
amigo muy cercano de su tío y estudió la secundaria con uno Juan Ortega
Argel, hijo del fallecido. Que compartió con ellos en algunas celebraciones y
que el causante convivía tanto con su pareja, fallecida en 2005, como con la
demandante, con quien tuvo una hija. Señaló que el señor Ortega Pineda (†)
prestó apoyo económico a la demandante hasta el día de su muerte,
circunstancia que le constaba por haberlo acompañado en varias ocasiones.
Refirió que el causante residía en Lorica y la accionante en el corregimiento
de El Carito, que después de pensionado permaneció en Lorica, que falleció
el 25 de noviembre de 2010 y que tuvo cuatro hijos. Agregó que no conocía la
fecha de inicio de la relación.
III)El señor Robinson Manuel Peinado Sandon señaló que es pensionado de la
Policía Nacional desde 1994 y que laboró, entre otros lugares, en el municipio
de Lorica, donde conoció al señor Juan Antonio Ortega Pineda (†) por más de
veinte años. Indicó que supo de la relación de este con la señora Návida Judith
Hernández Madera y que el causante siempre respondió económicamente por
ella, incluso acompañándolo en varias ocasiones al corregimiento de El Carito
8 14 de febrero de 2018.
9 29 de abril de 2011.
10 29 de abril de 2011.
11 20 de noviembre de 2012.
12 20 de noviembre de 2012.
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a entregarle dinero. Manifestó que el causante convivía tanto con su cónyuge
como con la demandante y que, tras el fallecimiento de aquella, continuó
visitando a esta última, sin trasladar su residencia a El Carito. Agregó que entre
ambos existía una relación de marido y mujer hasta la muerte del causante,
ocurrida meses después del fallecimiento de esta, que desconocía si la señora
accionante tuvo otro compañero y que esta no reclamó antes la prestación por
falta de asesoría.
28. A partir de lo anterior, la Sala advierte, tal como lo señaló en su momento el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que no se cumplen los requisitos exigidos por
ley para que proceda el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro
reclamada, por las razones que pasan a explicarse:
29. De los elementos de juicio, queda claro que entre la demandante y el
causante existió una relación afectiva y colaboración económica. Sin embargo, la
discusión no se centra en ello, sino en la acreditación de una convivencia con
vocación de permanencia en los términos exigidos por la jurisprudencia de esta
corporación, en ese orden, si bien la figura de la sustitución pensional, en este caso
de la asignación de retiro, tiene por objeto que los beneficiarios del pensionado
fallecido no carezcan del apoyo económico que éste les brindaba, también lo es que
su reconocimiento está condicionado a los requisitos que fija la ley.
30. Las pruebas arrimadas al proceso no dan certeza de que dentro de los 5
años inmediatamente anteriores al fallecimiento del señor Ortega Pineda, este
hubiere convivido con la hoy demandante. No se logra establecer un marco temporal
para la vida en común que se invoca y existen varias inconsistencias entre las
declaraciones, por ejemplo, en si aquellos vivián o no juntos en el corregimiento de
El Carito.
31. Contrario a lo que se sostuvo en el recurso de apelación, no se observa una
valoración del material probatorio contraria al contexto sociocultural en la que se dio
la relación entre la demandante y el causante, pues incluso este ni siquiera fue
descrito y/o explicado.
32. Las declaraciones valoradas en conjunto y de conformidad con la sana
critica, como se indicó previamente, dan cuenta de la existencia de una relación
sentimental fruto de la cual hubo una hija en común anterior al matrimonio del
causante con la señora Argel Díaz (†), sin embargo de la cual no hubo prueba que
permitiera establecer sus circunstancias de modo, tiempo y lugar y mucho menos,
su vocación de permanencia tendiente a configurar una vida en común
caracterizada por la compañía y apoyo continuo. Asimismo, quedó probado la
existencia del vínculo económico entre el causante y la accionante con ocasión de
los aportes monetarios y víveres que se entregaban de forma directa o a través de
terceros y que los antes mencionados no vivieron juntos, ni siquiera después de la
muerte de la cónyuge del primero.
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33. Por lo anterior, la Sala estima necesario resaltar que el contexto que alega
la demandante no la exime de la carga de aportar al proceso toda aquella prueba
que permita al juez de lo contencioso administrativo establecer si se dan todos los
presupuestos para acceder a la prestación solicitada. Era preciso que se aportaran
los medios de prueba suficientes que acreditaran, más allá de la dependencia
económica, la comunidad de vida de por lo menos de los 5 años anteriores al deceso
del causante.
34. En lo que respecta a la declaración de la demandante, más allá de las
condiciones especiales que se invocaron en el recurso de apelación [edad grado de
escolaridad, deficiencias auditivas], no puede perderse de vista que la misma fue
insistente en los aspectos económicos, pero refirió desconocer y/o no recordar
aspectos relevantes como fechas de fallecimiento, fechas de cumpleaños, nombres
de los hijos de quien alega haber compartido por más de 40 años.
35. Por lo anterior, es preciso señalar que existe diferencia entre el apoyo
económico y la comunidad de vida. Mientras que el primero se refiere a la ayuda
monetaria y/o en especie de cara a una situación de vulnerabilidad o dependencia,
la segunda se relaciona con la unión afectiva, solidaria y real entre 2 personas.
36. No sobra anotar que la parte demandante, pese a que invocó como
fundamento de la vulneración el desconocimiento de artículos 3, 23, 24 y 41, no
desarrolló en qué medida la autoridad administrativa encargada de resolver su
reclamación, entiéndase CASUR, desconoció los principios y reglas relativas a las
partidas computables, asignación de retiro de personal activo de la Policía Nacional
y mesada adicional, cuando el objeto de la controversia giró a la sustitución de la
asignación de retiro reconocida en vida del causante.
37. De igual manera, no se advierten como desconocidos los pronunciamientos
de la Corte Constitucional contenidos en las Sentencias T-190 de 1993, T-553 de
1994, T-566 de 1998, T-1103 de 2000, T-522 de 2011 y T-578 de 2012, pues estos
no son decisiones de unificación, no fijan subreglas jurisprudenciales susceptibles
de ser aplicados a casos análogos y están llamadas a producir efectos interpartes.
38. Por lo anterior, la Sala considera que las pretensiones de la demanda no
están llamadas a prosperar, porque las pruebas arrimadas al proceso no logran
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, pues los mismos
no contrariaron las normas en las que debían fundarse, esto es, el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública y
existieron inconsistencias temporales y espaciales en las declaraciones de terceros
y de parte.
Condena en costas
39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
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de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
41. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
42. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Córdoba.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 12 de diciembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia la señora Návida Judith
Hernández Madera, a favor de la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional)
y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR). Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Córdoba.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Demandante: Návida Judith Hernández Madera
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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