Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00311-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00311-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2019-00311-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de febrero de 2026
Radicado: 23001-23-33-000-2019-00311-01 (1930-2025)
Demandante: Manuel Valentín Barrera Diaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2019-00311-01 (1930-2025)
Demandante: Manuel Valentín Barrera Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento de Córdoba y
municipio de San Carlos.
Temas: Auxilio de cesantías.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada1 contra la sentencia del 14 marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. El señor Manuel Valentín Barrera Díaz por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2, solicitó que
se declare la nulidad del acto ficto producto de la no respuesta a las peticiones del 1
de febrero de 2018, 28 de febrero de 2018 y 7 de marzo de 2019 que negaron la
consignación de cesantías y la sanción moratoria.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) las cesantías de los años 1994, 1995 y 1996 ii) la sanción por
mora en la consignación del auxilio, iii) la actualización de la condena de acuerdo con
lo indicado en el artículo 187 del CPACA, iv) el cumplimiento de la sentencia de
conformidad con los artículos 192, 194 y 195 del CPACA y v) la condena en costas.
1 Fomag.
2 Expediente digital visible en SAMAI. 23001233300020190031100. – “02Demanda.pdf”.
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Demandante: Manuel Valentín Barrera Diaz
Hechos.
4. Por medio del Decreto núm. 080 del 11 de agosto de 1994, el demandante fue
nombrado docente en el municipio de San Carlos, cargo del cual tomó posesión en la
misma calenda.
5. Desde 1996 la Nación asumió el pago de salarios y prestaciones sociales del
personal docente adscrito al ente municipal y partir del 1 de enero de 2002 fueron
incorporados a planta de personal del departamento de Córdoba, conservando el
régimen prestacional anterior.
6. Que el señor Manuel Valentín Barrera solo reporta como fecha de inicio de
labores desde 1996 y se encuentra afiliado al Fomag a partir del 14 de noviembre de
1997, pese a que tiene derecho a que el auxilio sea consignado de manera anualizada,
conforme lo indicado en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996.
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
7. Señaló como disposiciones vulneradas las siguientes: Leyes 10 de 1934, 6 de
1945, 65 de 1946, 141 de 1961, 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 2663 de 1950
y las sentencias «C- 48 de 1996», T 661 de 1997 y «CE-SUJ2No.004 de 2016».
8. Al desarrollar el concepto de la violación realizó un recuento de la normativa y
jurisprudencia que consideró aplicable, y concluyó que los actos demandados deben
ser anulados por haber sido proferidos con falsa motivación, en tanto negaron las
cesantías y la sanción por mora en la consignación, a las cuales tiene derecho.
Contestación de la demanda.
9. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio3 adujo que las disposiciones normativas contenidas en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no son aplicables al personal docente afiliado al
Fomag, pues sus prestaciones sociales se rigen por un procedimiento exclusivo
contenido en la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, normas según las cuales,
el reconocimiento está a cargo del ente territorial y la Fiduprevisora S. A. tiene la
función de pagar la prestación.
10. Además, la sanción moratoria no es susceptible de ser indexada en los términos
del artículo 187 del CPACA.
3 Expediente digital – “09ContestaciónDemanda.pdf”.
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11. El departamento de Córdoba4 expuso que el Fomag es la entidad llamada a
asumir el pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 344 de 1996, pues la
Secretaría de Educación Departamental solo expide los actos administrativos de
reconocimiento.
12. Finalmente, el municipio de San Carlos5 afirmó que las cesantías de los años
1994, 1995 y 1996 y la sanción por mora en su consignación se encuentran prescritas.
Sentencia de primera instancia.
13. El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia del 14 de marzo de
6
2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para ello circunscribió
su estudio a las cesantías de los años 1994 y 1995, en tanto la anualidad
correspondiente a 1996 no fue reclamada en sede administrativa. Y concluyó que no
se acreditó en el proceso que las cesantías del docente causadas durante dichas
anualidades fueron consignadas, pese a que presta servicios desde el 11 de agosto
de 1994.
14. Tuvo por demostrado que el docente fue afiliado al Fomag desde 1997 y
consideró que «no puede pasarse por alto que en el presente caso se aportó como
prueba un certificado emitido por la Secretaría de Educación de Córdoba donde se
indicó que para el caso del demandante sus cesantías “quedaron a cargo del FOMAG,
desde la fecha de su posesión 11/08/1994, dado que fue afiliado con pasivo
prestacional, por cuenta de las entidades territoriales quienes le pagan este pasivo
directamente al FOMAG (...)”.»
15. Así las cosas, en cuanto a las cesantías dispuso: «[c]ondenar al Municipio de
San Carlos a trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG el valor correspondiente al auxilio de cesantías e intereses de cesantías del
señor Manuel Valentín Barrera Díaz, por el periodo laborado entre el 11 de agosto de
1994 al 31 de diciembre de 1995, aplicando el régimen de cesantías anualizado
previsto en la numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, para que dicho fondo a
su vez proceda a reconocerlas y pagarlas.»
16. Y negó la sanción moratoria, por cuanto «al demandante no le es aplicable la
Ley 344 de 1996 que es la norma que permite la aplicación de lo previsto en la Ley 50
de 1990 al sector público, puesto que la misma no estaba vigente para esas fechas».
Recurso de apelación.
4 Expediente digital – “07ContestaciónDemanda.pdf”.
5 Expediente digital – “06ContestaciónDemanda.pdf”.
6 Expediente digital – “026Sentencia_201900311CesantiasAn.pdf”.
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17. El apoderado de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio7 inconforme con la decisión anterior, presentó el
recurso de apelación, solicitó le sea revocada la condena impuesta, y, en su lugar, se
«ordene a la entidad territorial al traslado de los recursos al FOMAG, para que estos
estén disponibles cuando lo solicite el docente.»
18. Para ello, expuso que el Fomag carece de facultad legal para reconocer y pagar
prestaciones sociales que no hayan sido previamente cotizadas, por lo que, la orden
de reconocimiento y pago de las cesantías por un período anterior a la fecha de
afiliación del docente – el «14/11/1997» - es jurídicamente inviable.
19. Lo procedente es ordenar el traslado de los recursos al Fondo, para que este
último realice el pago de las cesantías en caso de ser solicitadas.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
20. Mediante auto del 28 de noviembre de 20258 se admitió el recurso de apelación.
21. Dentro de la oportunidad legal para ello, las partes guardaron silencio y el
agente del Ministerio Público9 rindió concepto y solicitó confirmar la sentencia apelada
por cuanto en ella se ordenó el traslado de la suma reconocida al Fomag, para que
proceda el reconocimiento y pago.
22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
23. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo10.
24. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.
7 Expediente digital – “028_MemorialWeb_Recurso-RecApeMANUELVALENT.pdf”.
8 índice 4 en SAMAI.
9 Índice 10 en SAMAI.
10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Problema jurídico.
25. Le corresponde a la Subsección determinar si procede revocar la orden
impartida al Fomag de reconocer y pagar las cesantías del docente causadas durante
los años 1994 y 1995, por cuanto dichas prestaciones se generaron con anterioridad
a la fecha de afiliación al Fondo y, además, no le fueron trasladadas.
26. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Régimen anualizado de cesantías docentes y ii) Caso concreto.
Régimen anualizado de cesantías docentes.
27. La Ley 91 de 1989 «por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», lo hizo «como una cuenta especial de la
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía
mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital». Dicho fondo estaría dotado
de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los
servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad; y sería el
encargado del pago de las prestaciones sociales causadas a favor del personal
docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de dicha ley.
28. Ahora, en el artículo segundo se estableció la forma en que la Nación y las
entidades territoriales asumirían sus obligaciones con el personal docente. Al tenor:
«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales
con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo
de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.»
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29. Por su parte, la obligación de afiliación de todos los docentes oficiales al Fomag
a más tardar el 31 de octubre de 200411, surgió con el Decreto 3752 de 200312, y su
falta de afiliación implica la responsabilidad de la entidad territorial nominadora frente
a la totalidad de las prestaciones.
30. En cuanto a las prestaciones sociales causadas en favor de personal docente,
con anterioridad a la afiliación al mencionado Fondo, el artículo 2 dispuso:
Artículo 2°. Prestaciones sociales causadas. Se entiende por causación de
prestaciones el cumplimiento de los requisitos legales que determinan su exigibilidad.
Las prestaciones sociales de los docentes causadas con anterioridad a la afiliación al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones estarán a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes.
Las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la afiliación al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serán reconocidas de conformidad con lo que
establezca la Ley y se pagarán por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Sin perjuicio de lo anterior, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales
que se causen a favor de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, se limitará al período de cotizaciones que haya
efectivamente recibido el Fondo y al valor del pasivo actuarial que le haya sido
efectivamente cancelado. (negrilla fuera de texto)
Caso concreto.
31. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio aduce que, contrario a lo decidido por el tribunal, no resultaba
procedente la orden relativa a «que dicho fondo a su vez proceda a recono[cer] y
pag[ar]» las cesantías desde el 11 de agosto de 1994 hasta el 31 de diciembre de
1995, por ser anteriores a la fecha de afiliación del docente al Fondo y, además, no le
han sido trasladadas.
32. Encuentra la Sala acreditado que el señor Manuel Valentín Barrera Díaz presta
servicios como docente desde el 11 de agosto de 199413 y solo reporta cesantías
desde 199714. Asimismo, el auxilio «en su calidad de docente municipal e incorporado
11 Como en idéntico se había desarrollado en el Decreto 0196 de 1995, por medio del cual se reglamentan
parcialmente el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la
incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras
disposiciones.
12 Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la
Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
13 Nombrado en propiedad por medio del Decreto núm. 080 del 11 de agosto de 1994, cargo del cual tomó
posesión en la misma fecha (Expediente digital – “02Demanda.pdf”. Págs. 31 a 33 y 40).
14 Resolución núm. 0001509 del 22 de julio de 2015, por medio de la cual se le reconocen al demandante
cesantías parciales visible en el Expediente digital – “02Demanda.pdf”. Págs. 37 a 39.
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a la planta del departamento a partir del año 2002, qued[ó] a cargo del FOMAG, desde
la fecha de su posesión 11/08/1994, dado que fue afiliado con pasivo prestacional, por
cuenta de las entidades territoriales quienes le pagan este pasivo directamente al
FOMAG»15.
33. Así las cosas, de conformidad con la normativa citada en el acápite anterior,
dado que el docente se encuentra afiliado con pasivo prestacional desde la fecha de
su ingreso al servicio público el 11 de agosto de 1994, una vez las cotizaciones hayan
sido recibidas por el Fondo, esta es la entidad encargada del pago de las cesantías
causadas, por lo que no le asiste razón al apelante.
34. Comoquiera que el tribunal no encontró probada la acreditación de las cesantías
durante el periodo señalado, procedió a ordenar a la entidad territorial empleadora su
respectivo traslado al Fomag.
35. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 14 marzo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
Condena en costas.
36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
38. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
39. En consecuencia, se impondrá condena en costas, a la parte demandada
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
15 Certificado expedido por el departamento de Córdoba, visible en el expediente digital -“02Demanda.pdf”. Pág.
16.
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Magisterio en cuanto el recurso no prosperó. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Córdoba.
40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 14 marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba.
SEGUNDO. Condenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio en costas en esta instancia conforme a lo
expresado en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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