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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00358-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00358-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con las razones expuestas en este proveído, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2019-00358-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Siete (07) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00358-01 (0468-2026)1
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandado: Universidad de Córdoba
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sustitución pensional
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual, accedió a
las pretensiones la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad del Oficio
del Ocho (8) de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019), notificada el Nueve (9) de Abril,
a través del cual, la Universidad de Córdoba negó el reconocimiento de una pensión
de sobrevivientes.

1
Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
2
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
4 y subsiguientes.

2

Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) reconocer a la señora
Miryam Cecilia Grau McNish como cónyuge supérstite del señor Misael Arsenio
Díaz Urzola; (ii) ordenar a la Universidad de Córdoba el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes, en un 100% de la prestación, y a partir del Veintidós
(22) de Enero de Dos Mil Dieciocho (2018), fecha de fallecimiento del causante; (iii)
indexar las sumas a reconocer; y (iv) condenar en costas a la demandada.

1.2. Los hechos3.

3. La demandante explicó que, el señor Misael Arsenio Díaz Urzola se vinculó a la
Universidad de Córdoba como profesor auxiliar, desde el Diez (10) de Mayo de Mil
Novecientos Setenta y Dos (1972) y, un año después, fue nombrado mediante la
Resolución Núm. 216 del Seis (6) de Abril de Mil Novecientos Setenta y Seis (1976).

4. Narró que, el Doce (12) de Diciembre de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974),
contrajo matrimonio -católico- con el señor Díaz Urzola, unión en cuyo seno
conformaron “una verdadera comunidad de vida, apoyándose mutuamente tanto espiritual como
físicamente, y formando un destino común”, y producto de la cual tuvieron dos hijas: Tania

Yadira Díaz Grau (nacida en 1976) y Miriam Krupskaya Díaz Grau (nacida en 1978).

5. Indicó que, luego de convivir durante nueve (9) años y tres (3) meses, se “separaron
legalmente de cuerpos”, como quedó consignado en la sentencia del Dieciséis (16) de

Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984), proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería – Sala Civil, manteniéndose vigente el
vínculo matrimonial, comoquiera que, la sociedad conyugal nunca se liquidó.

6. Anotó que, en Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984), el señor Díaz Urzola
inició una relación extramatrimonial con la señora Nerilda María Rodríguez Martínez
-ya fallecida-, con quien tuvo dos (2) hijas.

7. Resaltó que, el Veintiséis (26) de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Ocho
(1988), el señor Díaz Urzola, siendo todavía docente, fue asesinado.

3
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
4 y subsiguientes del archivo digitalizado.

3

Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

8. Expuso que, cuando la Universidad de Córdoba inició los trámites para reconocer
y sustituir la pensión vitalicia de jubilación del señor Díaz Urzola, se encontraba con
una de sus hijas en la ciudad de Medellín recibiendo asistencia psiquiátrica, “ debido
al impacto que le causó el asesinato de su padre, tal como consta en los registros de la Oficina de
Bienestar Universitario de la Institución que fue la que gestionó y canceló el tratamiento ”.

Puntualizó que, debido a esa situación, se abstuvo de entrar en conflicto con la
señora Nerilda María Rodríguez Martínez, “por la estabilidad emocional de sus hijas y la
suya, absteniéndose de hacer valer sus derechos como cónyuge sobreviviente .”

9. Mediante Resolución Núm. 3587 del Treinta y Uno (31) de Julio de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998), la Universidad de Córdoba reconoció la
pensión mensual vitalicia de jubilación del señor Díaz Urzola. En el mismo acto
administrativo, se sustituyó el 50% a la señora Nerilda María Rodríguez Martínez,
en calidad de compañera permanente, y el 50% restante a las cuatro (4) hijas que
le sobrevivieron.

10. Sostuvo que, en la actualidad, las cuatro (4) hijas son mayores de veinticinco
(25) años, por lo que, dejaron de percibir las respectivas mesadas. Además, indicó
que, la señora Rodríguez Martínez falleció en Enero de Dos Mil Dieciocho (2018).

11. Aseguró que, mediante petición del Seis (6) de Marzo de Dos Mil Diecinueve
(2019), le solicitó a la Universidad de Córdoba el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite. Para el efecto, explicó en la
solicitud que, existió una convivencia efectiva con el causante durante el período
comprendido entre 1974-1984, fecha de su separación, y que, posteriormente,
continuaron la convivencia hasta el día de la muerte del causante, anotando además
que: (i) el vínculo matrimonial siempre estuvo vigente; y (ii) que la norma exige cinco
(5) años de convivencia en cualquier tiempo, siempre y cuando el vínculo
matrimonial se encuentre en vigor, como ocurrió en su caso.

12. A través del Oficio del Ocho (8) de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019), la entidad
demandada le manifestó que no tenía facultades para dirimir esa controversia,
habida cuenta que, le corresponde al juez natural decidir sobre el particular.

1.3. Concepto de la violación.

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Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

13. La demandante alegó que el acto administrativo enjuiciado desconoce lo
preceptuado por el artículo 47 (literal b) de la Ley 100 de 1993, modificado en lo
pertinente por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

14. Arguyó que, para la expedición del acto acusado, el ente universitario no tuvo
en cuenta que: (i) el vínculo matrimonial estuvo vigente “ya que no hubo divorcio
judicialmente decretado ni cesación de los efectos civiles de su matrimonio católico ”; (ii) al

momento del fallecimiento del causante, la sociedad conyugal no se encontraba
disuelta, ni formalmente liquidada; (iii) la convivencia con el causante se extendió
por espacio superior a los cinco (5) años; y (iv) que, en calidad de cónyuge
supérstite, no debía acreditar que, “la sociedad conyugal estaba vigente al momento de la
muerte del causante siempre que acredite una convivencia por un lapso no inferior a 5 años ”,

precisando que ésta “puede darse en cualquier tiempo, así no se verifique una comunidad de
vida al momento de la muerte del afiliado o pensionado.”

15. Aseveró que, el argumento según el cual los cinco (5) años de convivencia
pueden acreditarse en cualquier tiempo, mientras el vínculo matrimonial
permanezca vigente -sin distingo de la separación de hecho o de cuerpos-, ha sido
acogido en distintas sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
entre otras, en la SL7299-2015, SL6519-2017, SL16419-2017, SL1399-2018.

16. Reseñó que, mediante la sentencia del Veinticinco (25) de Febrero del Dos Mil
(2000), el Juzgado Primero (1º) de Familia del Circuito de Montería reconoció que
la sociedad conyugal nacida de la unión matrimonial entre el señor Díaz Urzola y la
ahora demandante, “no se ha liquidado en legal forma, aún la misma se haya vigente”. Resaltó
que, dicha providencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería - Sala Civil, en sentencia del Veintisiete (27) de Septiembre de ese año.

1.4. La contestación de la demanda.

17. A pesar de haber sido notificada en debida forma4, la Universidad de Córdoba
guardó silencio. Así las cosas, mediante el auto del Seis (6) de Junio de Dos Mil
Veintidós (2022), el Tribunal Administrativo de Córdoba fijó fecha y hora para la
audiencia inicial y, en el mismo proveído, tuvo por no contestada la demanda5.

4
Índice 00009 del expediente del Tribunal de origen.
5
Índice 00018 del expediente del Tribunal de origen.

5

Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

1.5. La sentencia de primera instancia.

18. En la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas frente a la parte vencida. Al respecto, dispuso:

PRIMERO: Declarar la nulidad del Oficio sin número del 8 de abril de 2019,
proferido por la Universidad de Córdoba, a través del cual se negó el
reconocimiento del derecho a la pensión de sobreviviente de la señora Miryam
Cecilia Grau McNish, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Universidad de
Córdoba que reconozca y pague una pensión de sobreviviente a la señora Miryam
Cecilia Grau McNish, en calidad de beneficiaria del docente fallecido Misael
Arsenio Díaz Urzola, la cual debe corresponder al 100 % de la mesada reconocida
en la Resolución nro. 2587 del 31 de julio de 1998, de forma retroactiva desde el
22 de enero de 2018, debidamente actualizada.

TERCERO: La suma del retroactivo resultante deberá ser indexada en los
términos del artículo 187 del CPACA, aplicando la formula indicada en la parte
considerativa de esta providencia.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, cancélese su radicación y archívese el
expediente previas las anotaciones de rigor.

19. El Tribunal empezó por advertir que, de los medios de prueba allegados al
proceso, era posible sostener que la sentencia judicial de separación de cuerpos no
finiquitó el vínculo conyugal entre los señores Díaz Urzola y Miryam Cecilia Grau
McNisch. No obstante, sí disolvió la sociedad conyugal que existía entre ellos, tal
como lo dispone el artículo 167 del Código Civil, del siguiente tenor: “La separación de
cuerpos no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida en común de los casados. La separación
de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, salvo que, fundándose en el mutuo consentimiento de los
cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su deseo de mantenerla vigente ”.

20. Sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-1035 de 2008, en la separación de cuerpos se mantiene el derecho
como beneficiario de la pensión de sobrevivientes, siempre que se acredite la
convivencia mínima de cinco (5) años, antes del tiempo de convivencia acreditado
por la compañera permanente. Así las cosas, consideró que, como los efectos de la
separación judicial de cuerpos entre el causante y la ahora demandante fue la
liquidación de la sociedad conyugal, no le resultaba aplicable “la regla de beneficiarios
que admite la convivencia de los 5 años anteriores al inicio de la convivencia entre el finado y su
compañera permanente, señora Nerilda Rodríguez”.

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Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

21. De las pruebas testimoniales que fueron practicadas, el A-quo señaló que, de la
declaración del señor Antonio Espitia Genes se desprende que: conoció al señor
Díaz Urzola y a la actora desde la década de los setenta, época en la que residían
en el centro de Montería; después de haberse trasladado de barrio, continuó
frecuentando a la pareja en una tienda de propiedad de la madre de la señora Grau,
lugar en el que aseguró haberlos visto convivir hasta la fecha del fallecimiento del
causante; y que este último sostuvo una relación extramatrimonial con otra mujer.

22. Por su parte, de la declaración de José Gregorio Galeano Sánchez, resaltó que:
el deponente manifestó haber entablado una amistad con los cónyuges en los años
setenta, en el marco de actividades de la Universidad de Córdoba; los visitaba con
frecuencia en la tienda “La Campana”, en donde los vio convivir; durante la década de
los noventa, constató que el señor Díaz Urzola seguía vinculado a su vida familiar
con la señora Grau y sus hijas, a pesar de mantener simultáneamente una relación
con Nerilda Rodríguez; y asistió a reuniones sociales en la residencia de la pareja,
lo que le permitía corroborar que, aunque existió una separación de cuerpos, la
convivencia se prolongó hasta la fecha de la muerte del causante.

23. Valoradas ambas declaraciones, el Tribunal explicó que, aunque los testigos
difirieron en aspectos como la separación acaecida en los ochenta, coincidieron en
afirmar que el causante nunca interrumpió, de manera definitiva, la convivencia con
su cónyuge, “permaneciendo en el hogar familiar y ejerciendo un acompañamiento constante
respecto de ella y sus hijas.” Esta concordancia, en su criterio, dotaba de credibilidad a

los relatos y permitía concluir, que la vida en común se mantuvo hasta el momento
del fallecimiento del señor Díaz Urzola, sin que la relación simultánea que aquél
sostuvo con otra mujer, hubiere tenido la virtualidad de extinguir tal convivencia.

24. Precisó que, en la medida en que no se aportaron pruebas que desvirtuaran la
convivencia “debidamente acreditada” de la actora con el causante, la situación fáctica
del caso se encuadraba en la hipótesis normativa de convivencia simultánea, con lo
cual, le asistía derecho al reconocimiento de la pensión reclamada. Sin perjuicio de
lo anterior, anotó que, aunque la accionante sólo reclamó su derecho pensional
hasta el 2018, cuando la compañera permanente del causante falleció, dicha
circunstancia no la despojaba de la legitimidad para acudir a la administración de
justicia, máxime si la prestación deprecada es de naturaleza irrenunciable e

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Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

imprescriptible, motivo por el cual se puede solicitar en cualquier tiempo mientras
subsista la calidad de beneficiaria -de la misma-.

25. En tal virtud, el Tribunal concluyó que “la inactividad de la demandante durante un lapso
prolongado no puede interpretarse como renuncia tácita ni mucho menos como pérdida de su
derecho, pues el simple transcurso del tiempo no extingue la posibilidad de acceder al
reconocimiento, sin perjuicio de que las mesadas dejadas de cobrar con anterioridad se encuentren
sujetas al fenómeno de la prescripción extintiva trienal.” Adicionalmente, destacó que, el

hecho que la solicitud se haya promovido después del fallecimiento de la compañera
permanente no constituye “indicio suficiente para poner en entredicho la legitimación de la
actora, ni permite inferir mala fe en su actuación ”, toda vez que, insistió, las razones para

no solicitar antes el derecho se inscriben en la esfera íntima de la demandante.

26. Como corolario de lo anterior, declaró la nulidad del acto objeto de control y, en
consecuencia, ordenó al ente universitario demandado reconocer y pagar, a favor
de la parte actora, en un 100%, la pensión de sobrevivientes que le fue otorgada al
causante, señor Misael Arsenio Díaz Urzola, a través de la Resolución Núm. 2587
del Treinta y Uno (31) de Julio de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), de forma
retroactiva desde el Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Dieciocho (2018),

1.6. El recurso de apelación.

27. Mediante el memorial radicado el Veinticuatro (24) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025) 6 , la entidad demandada solicitó que se revoque el fallo de
instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda, dejando
incólume la legalidad del Oficio del Ocho (8) de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019).

28. Como fundamento de la apelación, expuso, en primer lugar, que el Tribunal
desconoció un hecho esencial: el reconocimiento previo de la sustitución pensional
a la compañera permanente que, en su momento, acreditó el derecho, refiriéndose
a la señora Nerilda María Rodríguez Martínez. En este punto, resaltó que, la ahora
demandante, no se hizo presente en su momento para reclamar el derecho
pensional pretendido porque, según adujo, “sabía que entre ellos como pareja ya no había
relación conyugal”. Además, puntualizó que, la señora Grau McNish cambió de
residencia a San Andrés por un tiempo sin propósito conocido, y que fue desde allá

6
Índice 00041 del expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

que “envío (sic) una carta en la que confesó su infidelidad a quien en vida fue su esposo”.

29. Llamó la atención en que, la Universidad cumplió con la obligación legal
asociada al reconocimiento pensional que efectuó, el cual, quedó extinguido con el
deceso de la anterior beneficiaria. Precisó que, no resulta jurídicamente procedente
acceder a una nueva sustitución pensional frente a otra reclamante, y por el mismo
hecho generador, máxime, si dicha situación compromete gravemente los recursos
del erario, contrariando los principios de legalidad, eficiencia y sostenibilidad.

30. Adicionalmente, aludió a la falta de convivencia efectiva entre el señor Díaz
Urzola y la parte actora, antes del fallecimiento de aquél. Indicó que, la separación
de cuerpos “implica la ruptura del vínculo convivencial que da origen al derecho pensional
reclamado” y que, aunque la demandante arguyó que, tras la separación, se
restableció la convivencia, lo cierto es que no existe prueba suficiente que así lo
acredite. Ello por cuanto, los testimonios practicados sólo dieron cuenta de una
relación de trato cercano y de mutua atención, sin que la misma configure una vida
en común. Sobre el particular, destacó que, en las declaraciones, no se mencionó
el acompañamiento en fechas especiales, la asistencia durante enfermedades, o la
existencia de una dependencia económica respecto al causante.

31. Cuestionó que el Tribunal hubiera valorado indebidamente los testimonios, al
otorgarle “pleno valor probatorio a declaraciones subjetivas, en contravía de las reglas de la sana
crítica.” Insistió en que los deponentes describieron una relación de amistad,
cercanía o comunicación entre la accionante y el señor Díaz Urzola, pero no de
convivencia efectiva. En tal virtud, aseveró que, el A-quo incurrió en un error por
“falsa apreciación de la prueba testimonial”, toda vez que, derivó de expresiones ambiguas
la existencia de una unión permanente, “confundiendo comunicación afectiva con
convivencia jurídica”, conceptos que, según sostuvo, son claramente diferentes.

32. Por último, expuso que, la sentencia apelada conduce a una doble erogación
injustificada (por el hecho del reconocimiento previo frente a una beneficiaria
legítima), que vulnera los principios de sostenibilidad financiera, legalidad del gasto
público y que, aunado a ello, afecta los recursos de una entidad universitaria pública.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

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Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

33. Mediante el auto del Ocho (8) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el despacho
sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera
instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para
fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de las partes.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

34. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 8 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

35. En el asunto sub-examine, le corresponde a la Sala abordar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, los siguientes:

(i) ¿Es jurídicamente procedente el reconocimiento de la sustitución
pensional reclamada, pese a existir un reconocimiento previo en cabeza
de la compañera permanente del causante, y sin perjuicio del tiempo
transcurrido entre el fallecimiento del causante y la solicitud elevada?
(ii) ¿La demandante acreditó el requisito de convivencia efectiva para ser
beneficiaria de la sustitución pensional?
(iii) ¿El A-quo incurrió en una indebida valoración probatoria de los medios
de convicción obrantes en el dosier procesal?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

7
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

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Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
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36. El artículo 48 de la Constitución Política consagra la seguridad social como un
derecho irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo establezca la ley.

37. En atención los principios antes señalados, la Ley 100 de 1993 organizó el
Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado
y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las
demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar
esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan
tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección
de las contingencias que las puedan afectar.

38. Una de las prestaciones para atender la contingencia derivada de la muerte
corresponde a la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, mecanismos
tendientes a la protección a la familia como núcleo básico de la sociedad, con el
propósito de suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba una
persona a su grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un
cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de quienes se
beneficiaban de sus ingresos. Es decir, su reconocimiento se fundamenta en
normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad910.

39. En ese sentido, se previó la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes,
con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones esenciales de vida de
los beneficiarios de esta prestación, la primera de ellas, concedida con ocasión del
fallecimiento de un pensionado o de una persona que ya había adquirido legalmente
ese estatus, pero que no se le había reconocido formalmente, y la segunda, por su
parte, otorgada en virtud de la muerte de un afiliado no pensionado, cuyo deceso
se presenta antes de cumplir las condiciones para acceder a la pensión.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 30 de mayo de 2019, Rad. No.
25000-23-42-000-2013-02235-01 (2602-2016).
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre de
2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Número Interno: 0468-2026
Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

40. En cuanto a la ley aplicable para la sustitución pensional, esta Sala de
Subsección en diferentes oportunidades ha considerado que las disposiciones
aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante. En ese
sentido, los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de 196811, y los artículos 80 y 92 del
Decreto 1848 de 196912, establecían el derecho temporal de los empleados públicos
o trabajadores oficiales a transmitir la pensión a favor de sus beneficiarios,
únicamente en dos (2) eventos, a saber: (a) cuando el empleado fallecía gozando
de una pensión; o (b) cuando, sin estar disfrutando el derecho pensional, el servidor
público tenía derecho a ello.

41. Más adelante, el artículo 1º de la Ley 33 de 197313 consagró la posibilidad de
que se reclamara la sustitución de la pensión en forma vitalicia y no temporal, como
lo tenían previsto los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, aunado a ello, el
artículo 1º de la Ley 12 de 1975 14 exigió que el trabajador o empleado hubiera
completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de cumplir la
edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había lugar a la
sustitución pensional.

11
Artículo 36. Fallecido un empleado público o trabajador oficial jubilado o con derecho a pensión de jubilación, su cónyuge
y sus hijos menores de 23 años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o invalidez y que dependieren i
económicamente del causante, tendrán derecho a percibir entre todos, según las reglas del artículo 275 del Código Sustantivo
del Trabajo, la respectiva pensión durante los cinco (5) años subsiguientes. Cuando faltaren el cónyuge o los hijos, la
sustitución pensional corresponderá a los padres o hermanos inválidos y a las hermanas solteras del empleado fallecido que
dependieren económicamente del causante. […] Artículo 39. Fallecido un empleado público o trabajador oficial con derecho
o en goce de pensión de invalidez o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de 18 años o incapacitados para trabajar
por causa de sus estudios o por invalidez, que 1 dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a percibir entre
todos, según las reglas del artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo, la pensión respectiva durante los cinco (5) años
subsiguientes. Cuando faltaren el cónyuge o los hijos, la sustitución pensión al corresponderá a los padres o hermanos
inválidos y a las hermanas solteras del causante que dependieran económicamente del extinto. 12
Artículo 80º.- Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca un empleado oficial que hubiere causado
en su favor el derecho a pensión de jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida, ese derecho
se transmite a las personas señaladas en el artículo 92 de este Decreto, para el solo efecto de recibir de la entidad obligada
el pago de la pensión que le hubiere correspondido al causante, durante los dos años a que se refiere la citada norma legal.
[…]Artículo 92º.- Transmisión de la pensión. Cuando fallezca el pensionado por invalidez, jubilación o retiro por vejez, su
cónyuge y sus hijos menores de diez y ocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por invalidez,
que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años
subsiguientes al fallecimiento del pensionado. 13
Artículo 1º. Fallecido un trabajador particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez, o un
empleado o trabajador del sector público, sea éste oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia. Parágrafo 1o. Los hijos menores del causante incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a recibir en concurrencia con la
cónyuge supérstite, la respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de edad, o al terminar sus estudios, o al cesar la invalidez. En este último caso se aplicarán las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y en las
disposiciones que lo modificaron y aclararon. Si concurrieren cónyuges e hijos la mesada pensional se pagará, el 50% al
cónyuge y el resto para los hijos por partes iguales. La cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá a
la que perciben los demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital. Parágrafo 2o. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco
(5) años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley. 14
Artículo 1º.

El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular o de un empleado o trabajador
del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere
antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado
para ella en la Ley, o en convenciones colectivas.

12

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Demandante: Miryam Cecilia Grau McNish
Demandada: Universidad de Córdoba

42. Posteriormente, la Ley 71 de 1988, en su artículo 3º, determinó que se extendían
las previsiones de la sustitución pensional en forma vitalicia al cónyuge o al(la)
compañero(a) permanente que dependiera económicamente del pensionado15.

43. Con relación a la convivencia efectiva, [criterio material y no formal], esto es, el
apoyo mutuo y la vida en común con el causante, esta Subsección ha señalado que:

[…] Cuando se presenta conflicto entre los posibles titulares del derecho a la
sustitución pensional, factores como: el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia
efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte son los que
legitiman el derecho reclamado. Frente al supuesto descrito se ha dicho que, la
convivencia efectiva al momento de la muerte del titular de la pensión, constituye
el hecho que legitima la sustitución pensional y, por lo tanto, es el criterio rector
material o real que debe ser satisfecho, tanto por la cónyuge como por la
compañera permanente del titular de la prestación social, ante la entidad de
seguridad social, para lograr que sobrevenida la muerte del pensionado, la
sustituta obtenga la pensión y de esta forma el otro miembro de la pareja cuente
con los recursos económicos básicos e indispensables para subvenir o satisfacer
las necesidades básicas16.

44. De otra parte, la Corte Constitucional ha sostenido que «[e]l vínculo constitutivo de
la familia -matrimonio o unión de hecho- es indiferente para efectos del reconocimiento de este
derecho. El factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional
en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el
compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la
muerte de uno de sus integrantes»17.

45. De igual modo, el Alto Tribunal Constitucional ha precisado que «[…] para efectos
de demostrar la existencia de la unión marital de hecho, opera un sistema de libertad probatoria en
virtud del cual, dicho vínculo puede acreditarse a través de cualquiera de los medios ordinarios de
prueba previstos en el CGP. Por consiguiente, al no existir tarifa legal en esta materia, resultan
válidos la declaración extrajuicio, el interrogatorio de parte, el juramento, el testimonio de terceros,
el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios
que sean útiles para la formación del convencimiento del juez »18.

15
Artículo 3º. Extiéndense las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley
44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, a los
hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependen económicamente del pensionado, en las
condiciones que a continuación se establecen:
1. El Cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, tendrá derecho a recibir en concurrencia con los hijos
menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes
tenga extinguido su derecho. De igual manera respecto de los hijos entre sí.
2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá íntegramente a
los hijos menores o inválidos por partes iguales.
3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, la sustitución de la
pensión corresponderá a los padres.
4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni padres, la
sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante.
16
Sentencia de abril 22 de 2010, Radicación número: 27001-23-31-000-2002-00221-01(1955-07), Consejero Ponente
Gerardo Arenas Monsalve.
17
Sentencia T-190 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
18
Sentencia T-247 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

13

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46. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral) 19 se ha
referido al concepto de convivencia, en los siguientes términos:

[…] Es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la
ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el
acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida
de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y
afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado»
(CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605).

Así, la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable,
permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo
espiritual y físico, y camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los
encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a
pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una
comunidad de vida.

47. En ese sentido, en caso de convivencia simultánea entre cónyuge y compañero
permanente, la convivencia efectiva, al momento de la muerte del pensionado(a),
es el hecho que legitima la sustitución pensional, y constituye el criterio material que
deben acreditar tanto el(la) cónyuge, como el(la) compañero(a) permanente.

2.3.1. Del requisito de convivencia y su alcance en la sustitución pensional:
precisiones jurisprudenciales.

48. En relación con el requisito de convivencia exigido por los artículos 46 y 47 de
la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003, la Corte Constitucional ha
precisado que, la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad “la protección de la
familia como núcleo fundamental de la sociedad” 20 , de manera que, quienes dependían

económica y afectivamente del causante puedan mantener condiciones mínimas de
subsistencia tras su fallecimiento.

49. En ese contexto, el legislador estableció la exigencia de convivencia durante los
cinco (5) años anteriores al fallecimiento, como un mecanismo dirigido a evitar
“convivencias de última hora”, con fines exclusivamente prestacionales, así como, a
proteger a los demás posibles beneficiarios del sistema pensional.

50. No obstante, la misma Corte, ha diferenciado los supuestos, en los cuales, dicho
requisito debe aplicarse de manera estricta, particularmente, cuando se trata de
relaciones entre cónyuge y compañero permanente, precisando que, no se trata de

19
Sentencia SL 1399-2018 de 25 de abril de 2018, M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, expediente: 45779.
20
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-1094 de 2003.

14

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situaciones equiparables, en razón a las diferencias estructurales entre el
matrimonio y la unión marital de hecho.

51. Así, en eventos en los que, existe cónyuge con sociedad conyugal vigente, pero
separado de hecho, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, la
exigencia de convivencia, no puede interpretarse de manera rígida, pues subsisten
efectos jurídicos y patrimoniales derivados del vínculo matrimonial, que justifican un
tratamiento diferenciado frente al compañero permanente.

52. Posteriormente, la Corte Constitucional21 reiteró esta posición al indicar que, el
cónyuge separado de hecho, con sociedad conyugal vigente se encuentra en una
situación jurídica distinta, a aquel cuya sociedad conyugal ha sido disuelta, pues en
este último evento, desaparecen los vínculos económicos y patrimoniales que
podrían justificar el acceso a la sustitución pensional.

53. En efecto, dicha Corporación precisó que, “el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal disuelta […] no se encuentra en el mismo plano jurídico y fáctico que el cónyuge separado
de hecho con sociedad conyugal vigente”22, en la medida en que, la disolución extingue

los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, incluidos aquellos relacionados
con derechos pensionales.

54. De lo anterior se desprende que, si bien la convivencia constituye el criterio
material determinante para acceder a la sustitución pensional, su exigencia debe
analizarse de manera diferenciada según la situación jurídica del vínculo,
especialmente, en aquellos casos, en los que subsiste o no la sociedad conyugal.

55. Ahora bien, en relación con la interpretación del requisito de convivencia, esta
Sala ha advertido que, no existe una uniformidad absoluta entre las distintas
jurisdicciones, particularmente entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, en lo que respecta al alcance de la convivencia, en escenarios de
separación de hecho o disolución de la sociedad conyugal, lo cual, ha sido objeto
de análisis en pronunciamientos recientes de esta Corporación.

21
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-515 de 2019.
22
Ibidem.

15

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56. En tal sentido, el Consejo de Estado23, ha sostenido que, la existencia de una
sociedad conyugal disuelta, constituye un elemento relevante para efectos de
excluir el reconocimiento de la sustitución pensional al cónyuge, cuando no se
acredita convivencia efectiva en los términos exigidos por la ley, sin que resulte
suficiente la sola existencia histórica del vínculo matrimonial.

57. De manera concordante, esta Sala ha reiterado que, la finalidad de la pensión
de sobrevivientes, es la protección del núcleo familiar real y efectivo, por lo que, la
valoración de la convivencia debe atender a criterios materiales —esto es, apoyo
mutuo, solidaridad y comunidad de vida— y no meramente formales; en
consecuencia, el análisis del requisito de convivencia, exige una valoración integral
del contexto fáctico y jurídico de cada caso, en el que deben ponderarse tanto la
existencia del vínculo jurídico como la realidad de la relación, evitando
interpretaciones automáticas o abstractas que desconozcan la finalidad protectora
del sistema pensional.

57.1. Aunado a lo expuesto, vale la pena anotar que, esta Sala de Subsección, en
la sentencia del Tres (3) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024) 24, dentro del
Rad. 2017-02571(02), recordó que, “a efectos de determinar si el o la cónyuge es beneficiaria
del derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional se requiere que la sociedad
conyugal esté vigente, pues su liquidación y disolución implicaría, en principio, la pérdida del
derecho, incluso aun cuando el vínculo matrimonial permaneciera activo, porque una vez realizada
la separación de bienes, los haberes del pensionado o afiliado dejan de ser parte de la masa
patrimonial que alguna vez conformaron. No obstante, se ha admitido la posibilidad de reconocer el
derecho, pese a la liquidación y disolución de la sociedad conyugal, siempre que se pruebe la
convivencia con el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento, considerando que tal
escenario, no impide que la vida en común continúe.”

57.2. En la misma providencia, se sostuvo que, la disolución de la sociedad
conyugal es una circunstancia determinante para que se pierda el derecho que
otorga la Ley 100 de 1993, “a menos de que se demuestre el apoyo mutuo, la convivencia
efectiva, la comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del pensionado

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de
2020, Radicado: 13001-23- 33-000-2014-00028-01(0791-18), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
24
Así lo ha dicho a partir de la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida dentro del proceso con radicado 05001-23-33-
000-2017-02571-02 (1545-2023).

16

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o afiliado, o, en su defecto, que pruebe que la sociedad conyugal que se conformó, producto del
matrimonio, no ha perdido los efectos patrimoniales”.25

2.4. Hechos probados.

58. De acuerdo con las pruebas que obran en el dosier procesal, se resaltan los
siguientes medios de convicción relevantes para el análisis del caso sub judice:

a) Registros civiles de nacimiento de Tania Yadira Díaz Grau y de Miriam Krupskaya
Díaz Grau, en los que se hace constar que son hijas de Misael Arsenio Díaz Urzola
y de Miriam Cecilia Grau McNish26.

b) Registros civiles de nacimiento de Luz Ahura Stella Díaz Rodríguez y de Helena
Sophía Díaz Rodríguez, en calidad de hijas de Misael Arsenio Díaz Urzola y de la
señora Nerilda María Rodríguez Martínez27.

c) Acta de matrimonio del Doce (12) de Diciembre de Mil Novecientos Setenta y
Cuatro (1974), en la que figuran como contrayentes el señor Misael Arsenio Díaz
Urzola y de Miriam Cecilia Grau McNish28.

d) Sentencia del Dieciséis (16) de Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro
(1984), a través de la cual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Civil de
Montería, decretó la separación de cuerpos indefinida entre los cónyuges Misael
Arsenio Díaz Urzola y de Miriam Cecilia Grau McNish, “lo mismo que la sociedad que
tenían formada con motivo de su matrimonio”29.

e) Contra la providencia anterior, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, medio de impugnación que fue resuelto por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia (en pronunciamiento sin fecha), en el entendido de
confirmar la decisión recurrida, con la precisión que “no se priva a la demandada del

25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 28 de octubre de 2016, radicado: 2014-019-0501 (2650-2015); del
27 de septiembre de 2018, radicado: 2013-00618-01 (3232-2017; del 19 de marzo de 2020, radicado: 2014-03649-01
(0544-2018).
26
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
16-20.
27
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
25-28.
28
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
22-23.
29
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
29-36.

17

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ejercicio conjunto de la patria potestad sobre sus menores hijas (…)”30.

f) Según el registro civil de defunción (732273), el señor Misael Arsenio Díaz Urzola
falleció el Veintiséis (26) de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998)31.

g) Mediante la Resolución Núm. 2587 del Treinta y Uno (31) de Julio de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998), la Universidad de Córdoba le reconoció la
pensión vitalicia de jubilación a la que tenía derecho el señor Misael Arsenio Díaz
Urzola y, en adición, sustituyó la misma de la siguiente forma: (i) el 50% a favor de
la compañera permanente, Nerilda María Rodríguez Martínez; y (ii) el 50% restante
a favor de las hijas, Helena Sophía y Luz Ahura Díaz Rodríguez, y Tania Yadira y
Miriam Krupskaya Díaz Grau32.

h) A través de la sentencia del Veinticinco (25) de Febrero de Dos Mil (2000), el
Juzgado Primero (1º) de Familia del Circuito de Montería desestimó las
pretensiones promovidas por la señora Nerilda María Rodríguez Martínez,
encaminadas a declarar la existencia de la unión marital de hecho -y su régimen
patrimonial- con el señor Misael Arsenio Díaz Urzola.33 La decisión en comento fue
confirmada mediante la sentencia del Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil
(2000), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería34.

i) Por medio de la petición del Seis (6) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019),
tramitada con el Rad. 003465, la señora Grau McNish le solicitó a la Universidad de
Córdoba el reconocimiento de su condición de cónyuge supérstite de Misael Arsenio
Díaz Urzola y, como consecuencia de dicha declaración, la sustitución de la pensión
mensual vitalicia de jubilación, más los respectivos intereses moratorios 35.

j) En respuesta del Ocho (8) de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019), la jefe de unidad
de asuntos jurídicos de la Universidad de Córdoba indicó que, no tenía facultades
para dirimir la controversia planteada por la peticionaria, “dada la pluralidad de

30
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
39-43.
31
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47,
fl.44.
32
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
46-49.
33
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
51-61.
34
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
62-69.
35
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
70-74.

18

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beneficiarios”, precisando que dicho asunto era del resorte de los jueces 36.

k) Declaraciones extrajuicio del Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019),
rendidas por Antonio María Espitia Genes y José Gregorio Galeano Sánchez, ante
la Notaría Segunda (2ª) del Círculo de Montería37.

l) De acuerdo con el registro civil de defunción (con indicativo serial 09489514), la
señora Nerilda María Rodríguez Martínez, en calidad de beneficiaria de la pensión,
falleció el Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Dieciocho (2018)38.

m) En el trámite del proceso, la Universidad allegó el expediente administrativo del
señor Díaz Urzola, en la que se incluyeron, entre otras, los siguientes documentos39:

(i) Contrato individual de trabajo celebrado entre la Universidad de Córdoba
y el señor Misael Arsenio Díaz Urzola.
(ii) Acta de posesión del señor Díaz Urzola como docente especial -adscrito
a la sección de topografía de la institución-, de fecha Dos (2) de Febrero
de Mil Novecientos Setenta y Seis (1976).
(iii) Resolución Núm. 002 del Diecinueve (19) de enero de Mil Novecientos
Setenta y Seis (1976), por medio de la cual, el Consejo Directivo de la
Universidad nombró en propiedad al causante.
(iv) Constancias de vinculación como docente.
(v) Resoluciones mediante las cuales se efectúan autorizaciones de pagos,
de liquidación parcial de cesantías, y del disfrute de vacaciones.
(vi) Certificado de factores devengados.

2.6. Caso concreto.

59. Para resolver los reparos formulados en el recurso de apelación, la Sala
abordará el análisis en el siguiente orden: (i) sobre la alegada imposibilidad de
reconocer el derecho, por existir un reconocimiento previo de la sustitución
pensional; (ii) el alcance del requisito de convivencia; (iii) la valoración del material

36
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
75-76.
37
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
77-79.
38
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fl.
80.
39
Índice 00027 del expediente del Tribunal de origen.

19

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probatorio; y (iv) la afectación del erario invocada por la entidad.

2.6.1. Sobre el reconocimiento previo de la sustitución pensional.

60. De acuerdo con los medios de convicción que integran el dosier procesal, se
observa que, en efecto, mediante la Resolución Núm. 2587 del Treinta y Uno (31)
de Julio de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), la Universidad de Córdoba le
reconoció la pensión vitalicia de jubilación a la que tenía derecho el señor Misael
Arsenio Díaz Urzola y, en el mismo acto, sustituyó la pensión de la siguiente forma:
(i) el 50% a favor de la compañera permanente, Nerilda María Rodríguez Martínez;
y (ii) el 50% restante a favor de las hijas del causante, a saber, Helena Sophía y
Luz Ahura Díaz Rodríguez, y Tania Yadira y Miriam Krupskaya Díaz Grau40.

61. Para el reconocimiento pensional, la señora Nerilda María Rodríguez Martínez,
quien acreditó ser compañera permanente del causante, aportó, entre otros, los
siguientes documentos que reposan en el expediente administrativo allegado por la
Universidad de Córdoba41: a) las declaraciones juramentadas de Jairo Antonio Soto
Arias y de Carlos Mariano Espitia Mateus, quienes manifestaron conocer de vista y
trato a la reclamante, e hicieron constar que, por espacio cercano a los quince (15)
años, ella convivió con en unión libre con el señor Misael Díaz Urzola; b) acta de
defunción del docente; c) registro civil de las hijas; y d) copia de la sentencia que
declaró “la separación de cuerpos y de la disolución de la sociedad conyugal ”.

62. Aunque en esa oportunidad no fungió como reclamante la señora Grau McNish,
lo cierto es que, el hecho del reconocimiento pensional previo a favor de la señora
Rodríguez Martínez, o el simple paso del tiempo para promover la solicitud que
derivó en la expedición del acto administrativo enjuiciado, no le cercena la
posibilidad a la ahora demandante de discutir el derecho que, a su juicio, le asiste.

63. Al respecto, no puede perderse de vista que, el derecho a la sustitución
pensional ha sido definido como una de las expresiones del derecho a la seguridad
social, siendo una prestación que se genera a favor de las personas que dependían
económicamente de otra que fallece. En tal virtud, corresponde a una garantía
propia del sistema de seguridad social fundada en los principios constitucionales de

40
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fls.
46-49.
41
Índice 00027 del expediente del Tribunal de origen.

20

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solidaridad, reciprocidad, y universalidad del servicio público42.

64. Consciente de la fundamentalidad que se predica del derecho a la seguridad
social, y, en particular, del carácter imprescriptible del derecho pensional, considera
la Sala que, el primer cargo del recurso de alzada no está llamado a prosperar,
pues, se itera, las hipótesis alegadas, asociadas al paso del tiempo, o el
reconocimiento pensional anterior, no enervan la posibilidad que le asiste a quien
en vida figuró como cónyuge del causante, de reclamar la sustitución pensional.

2.6.2. Alcance del requisito de convivencia.

65. Valga precisar que, en el recurso de apelación, la entidad demandada aludió a
la falta de convivencia efectiva entre el señor Misael Díaz Urzola y la parte actora,
antes del fallecimiento de aquél, indicando, además, que la separación de cuerpos
“implica la ruptura del vínculo convivencial que da origen al derecho pensional reclamado ”. Agregó,
que no existen elementos de juicio que permitan sostener que, la señora Grau
McNish y el docente fallecido “compartieron nuevamente hogar, ni que existiera dependencia
económica o comunidad de vida durante los cinco años anteriores al fallecimiento ”.

66. Teniendo en cuenta que, la recurrente circunscribe el análisis de la convivencia
a los cinco (5) años anteriores a la muerte del causante, la Sala estima pertinente
hacer las siguientes precisiones, a la luz de los hechos del caso sub-examine.

67. Como se expuso en el marco normativo, el criterio determinante para acceder a
la sustitución pensional, cuando existe conflicto entre posibles beneficiarios, es la
convivencia efectiva al momento del fallecimiento del causante, entendida como una
comunidad de vida real, con apoyo mutuo, acompañamiento y vocación de
permanencia. Ahora, si bien la jurisprudencia de esta Corporación 43 ha admitido
que, la convivencia no se reduce a la cohabitación física y puede flexibilizarse frente
a circunstancias particulares —como razones laborales o de salud—, lo cierto es
que, dicha flexibilización no elimina el deber de acreditar la existencia de una
relación estable, continua y vigente en los años previos al fallecimiento, pues es
este el elemento que legitima el derecho pensional.

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 4 de marzo de
2021, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. 23001-23-33-000-2014-00074-02(6180-18).
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contensioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de enero de
2022, rad. 88001-23-33-000-2018-00052-01 (5322-2019).

21

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68. En ese sentido, si bien la Sala ha señalado que, en eventos de convivencia
simultánea, el análisis debe centrarse en la convivencia efectiva al momento del
fallecimiento del causante, también es cierto que, conforme a la jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional44, de la Corte Suprema de Justicia y de esta
Corporación, tratándose del cónyuge con vínculo matrimonial vigente “ aun en
escenarios de separación de hecho o de disolución y liquidación de la sociedad conyugal ”, el

requisito de convivencia puede acreditarse en cualquier tiempo, siempre que se
demuestre la existencia de una comunidad de vida real y efectiva.

69. En efecto, la Corte Constitucional ha precisado que, la exigencia de convivencia
no se restringe a los años inmediatamente anteriores al fallecimiento, sino que,
puede cumplirse en cualquier etapa de la relación, siempre que, la misma refleje
una verdadera comunidad de vida, fundada en el apoyo mutuo, la solidaridad y el
acompañamiento propio de la vida en pareja45.

70. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha advertido que, la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal, no tiene la virtualidad de extinguir el vínculo
matrimonial ni de excluir, por sí sola, el derecho a la sustitución pensional, en tanto
y en cuanto se trata de una institución con efectos eminentemente patrimoniales.
En esa medida, “la liquidación de la sociedad conyugal tiene efectos exclusivamente económicos
y no comporta, per se, la ausencia de convivencia”46.

70.1. La Sala debe precisar que, si bien esta Subsección, en su conformación
anterior, consideró que la disolución no tenía la virtualidad de extinguir el derecho a
la sustitución pensional, ello se derivó de una conclusión errada de la jurisprudencia
y de una lectura distinta de la norma, pues, lo cierto es que el artículo 47 de la Ley
100 se refiere al pensionado con sociedad anterior conyugal no disuelta, lo que
coincide con lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-1035 de
2008 y C-515 de 2019. Por esta razón, en la citada sentencia del Tres (3) de Octubre
de Dos Mil Veinticuatro (2024), se puntualizó que, el fenómeno jurídico de la
disolución del vínculo matrimonial, la liquidación de la sociedad conyugal y la
separación de hecho son instituciones con connotaciones jurídicas diferentes, y

44 Entre otras, en las sentencias SU-453 de Dos Mil Diecinueve (2019), T-228 de Dos Mil Veintitrés (2023) y SU-169 de Dos
Mil Veinticuatro (2024)
45 SU-169 de 2024.
46 Corte Constitucional, Sentencia T-401 de 2021.

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Demandada: Universidad de Córdoba

que, ni la liquidación, ni la separación de hecho, tienen la fuerza suficiente para
enervar el derecho a que la pensión sea sustituida. En tal virtud, sólo la disolución
hace que desaparezca el vínculo y genera la pérdida del beneficio prestacional, al
que podría acceder de acreditar la convivencia durante los últimos cinco (5) años.

71. Así las cosas, aunque esta Sala ha admitido que, tratándose del cónyuge con
vínculo matrimonial vigente, la convivencia puede acreditarse en cualquier tiempo,
dicha regla no resulta trasladable de manera automática a los eventos en los que
se ha producido la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, pues, en estos
casos, el análisis debe centrarse en la existencia de una comunidad de vida real y
efectiva que subsista o se haya reconfigurado con posterioridad a dicha ruptura47.

72. En el caso sub judice, la Sala encuentra acreditado que: (i) Misael Arsenio Díaz
Urzola y Miryam Cecilia Grau McNish contrajeron matrimonio el Doce (12) de
Diciembre de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974), unión de la cual nacieron
sus hijas, Tania Yadira y Miriam Krupskaya Díaz Grau; (ii) convivieron durante
espacio cercano a los diez (10) años, considerando que, mediante la sentencia del
Dieciséis (16) de Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984), el Tribunal
Superior del Distrito Judicial – Sala Civil de Montería, decretó la separación de
cuerpos indefinida entre los cónyuges, “lo mismo que la sociedad que tenían formada con
motivo de su matrimonio” 48 , providencia que, luego fue confirmada por la Sala de

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con la precisión que “ no se priva a la
demandada del ejercicio conjunto de la patria potestad sobre sus menores hijas (…)” 49. Contrario

a lo sostenido por la parte actora en el trámite de instancia, este hecho permite
considerar que la sociedad se disolvió, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1820 del Código Civil, lo que hacía exigible acreditar el requisito de convivencia con
el causante, previo a su fallecimiento.

72.1. Asimismo, se puede evidenciar que: (iii) Misael Arsenio Díaz Urzola convivió
posteriormente con la señora Nerilda María Rodríguez Martínez, unión de la cual
nacieron Luz Ahura Stella y Helena Sophía Díaz Rodríguez; (iv) la señora
Rodríguez Martínez fue beneficiaria de la sustitución pensional (en un 50%), así

47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, Radicado: 13001-23- 33-000-
2014-00028-01(0791-18), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
48
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47,
fls. 29-36.
49
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47,
fls. 39-43.

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Demandada: Universidad de Córdoba

como todas las hijas del señor Díaz Urzola (amparadas con el 50% restante); (iv) y
la señora Rodríguez Martínez falleció el Veintidós (22) de Enero de Dos Mil
Dieciocho (2018), como consta en el registro civil de defunción aportado.

72.2. Aunque las pruebas testimoniales practicadas dan cuenta del vínculo que se
forjó entre la demandante y el causante, lo cierto es que, los relatos expuestos por
Antonio María Espitia Genes y José Gregorio Galeano Sánchez50, los cuales serán
objeto de un análisis minucioso en el siguiente acápite, no guardan correspondencia
con las declaraciones extra-proceso de los mismos deponentes y, en adición, sus
dichos no dan cuenta de las circunstancias en las que, con posterioridad a la ruptura
acaecida en 1984, se reconfiguró una convivencia material, real y efectiva entre la
demandante y el causante, al margen de los encuentros y/o visitas frecuentes que
narraron, el contacto que mantenían y el apoyo que le brindaba el señor Misael Díaz
Urzola a las hijas que tenía en común con la ahora reclamante.

72.3. Sin perjuicio de lo anterior, a partir de las pruebas que fueron valoradas en su
conjunto, no es dable concluir que, con posterioridad a la separación de cuerpos
que fue judicialmente declarada, y la disolución de la sociedad conyugal que fue
advertida en la misma providencia (citada ut supra), la accionante y el señor Díaz
Urzola hubieran retomado una relación con vocación de permanencia en el tiempo,
fundada en el apoyo mutuo y una vida en común, en los términos exigidos por la
jurisprudencia para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional.

73. No pasa inadvertido que, aunque la separación indefinida de cuerpos, y la
disolución de la sociedad conyugal, no resultan determinantes por sí mismas, lo
cierto es que, sí se erigen como un indicio relevante de la ruptura de la comunidad
de vida, el cual, examinado integralmente con el acervo probatorio, refuerza la
conclusión según la cual, no se estructuró una convivencia material, real y efectiva
(sustentada en el acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de
apoyo y auxilio mutuo entre la pareja, así como la vocación y convicción de
establecer, constituir y mantener una familia), en los términos exigidos por el
ordenamiento jurídico para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional.

2.6.3. Consideraciones sobre la valoración probatoria.

50
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47,
C01 Principal, Archivos 19-20.

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74. El A-quo, sobre la base de las pruebas testimoniales que fueron valoradas,
concluyó que, “aunque los testigos difieren en relación con la formalidad de la separación
acaecida en la década de los ochenta, coinciden en afirmar que el causante nunca interrumpió de
manera definitiva la convivencia con su cónyuge, permaneciendo en el hogar familiar y ejerciendo
un acompañamiento constante respecto de ella y de sus hijas ”. Esa concordancia, en criterio

del Tribunal, dotaba de credibilidad a los relatos, permitiéndole sostener que, la vida
en común entre la actora y el causante se mantuvo hasta la fecha de su deceso, “sin
que la relación simultanea que sostuvo con otra mujer hubiere tenido la virtualidad de extinguir su
convivencia conyugal.” Incluso, advirtió que, pese a la imprecisión percibida entre los

testimonios y las declaraciones extra-proceso, la misma “no les resta credibilidad, pues,
estos fueron fluidos y precisos en cuanto a la continuidad de la convivencia (…) ”.

75. La entidad demandada, en la apelación interpuesta, hizo énfasis en que el A-
quo le otorgó “pleno valor probatorio a declaraciones subjetivas, en contravía de las reglas de la
sana crítica.” A su juicio, los testigos describieron una relación de amistad, cercanía o

comunicación, pero no una convivencia efectiva. Agregó, que el Tribunal incurrió en
una falsa apreciación de la prueba testimonial, al derivar de expresiones ambiguas
de los deponentes, como “(…) tenía como que esa doble relación, pero que siempre estuvo
pendiente de sus hijas, él siempre tuvo un cariño especial por sus hijas y en ese sentido siempre las
estaba como protegiendo, y obviamente, en esas circunstancias, pues también encontraba que él
frecuentaba con Miryam por ahí”, la existencia de una unión permanente.

76. Para resolver el problema planteado, la Sala procederá a valorar las pruebas
testimoniales, de manera conjunta con los otros medios de convicción, y de acuerdo
con las reglas de la sana crítica. En relación con la prueba testimonial, esta Sala,
en reciente sentencia del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)51, recordó
que su fuerza probatoria material depende que el juez o la autoridad administrativa
encuentre en cada una de las declaraciones, en su conjunto con las demás,
“argumentos que le sirvan para formarse su convencimiento sobre los hechos que interesen al
proceso”, los cuales, deberán erigirse a la luz de las reglas de la sana crítica. En

punto a los criterios racionales de valoración, se resaltaron los siguientes: (i) la
coherencia del relato; (ii) la contextualización del relato; (iii) las corroboraciones
periféricas; y (iv) la existencia de detalles oportunistas a favor del(la) declarante.

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de marzo
de 2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2023-00320-01 (5510-2024).

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77. Pues bien, en la diligencia del Nueve (09) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022),
se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en cuyo marco se practicaron las
testimoniales de Antonio María Espitia Genes y José Gregorio Galeano Sánchez.52

78. Por un lado, el señor Espitia Genes manifestó que, conoció al señor Díaz Urzola
y a la señora Grau McNish desde, aproximadamente, los años de 1972-1973. Adujo
que, durante el tiempo en el que vivió en el mismo sector (hasta 1976), pudo percibir
que convivían juntos, unión de la cual tuvieron dos (2) hijas. Luego de ese año,
declaró que siguieron conviviendo, pues, los veía cuando frecuentaba la tienda “ La
Campana”, de propiedad de la suegra del causante. Llamó la atención en que

convivieron “todo el tiempo”, hasta cuando ocurrió el asesinato del señor Díaz Urzola,
en el año de 1998, incluso ante la existencia de una “relación extramatrimonial”.

78.1. Narró que sí tuvo conocimiento de la compañera del señor Misael Arsenio Díaz
Urzola, de la cual se enteró a través de otra persona. Reconoció que, fue la señora
Nerilda María Rodríguez quien reclamó la pensión de sobrevivientes, habida cuenta
que, para ese momento, la señora Grau McNish y sus hijas estaban atendiendo
temas de salud que surgieron con ocasión del fallecimiento del causante. Aludió a
que la relación extramatrimonial “no fue causal de separación con Miryam”.

78.2. Al ser interrogado por el hecho de la separación de cuerpos que se invocó en
el escrito de demanda, indicó que no tenía conocimiento sobre el particular. Insistió
en que, “siempre los vio” en el mismo sitio (tienda “La Campana”), y que la última vez
que compartió con el causante fue hasta la fecha de su fallecimiento.

79. Por su parte, el señor José Gregorio Galeano Sánchez, quien ejerció la docencia
por espacio de 42 años, aseguró que, conoció al señor Misael Díaz Urzola y a la
señora Grau McNish en el marco de actividades de tipo cultural, al frecuentar la
Universidad de Córdoba, y que logró entablar con ellos una amistad. Dijo que supo
de su matrimonio, del cual nacieron dos (2) hijas, y reconoció, asimismo, que la
pareja enfrentó dificultades, porque “Misael como que tuvo otro tipo de relaciones”. Empero,
aseguró que, seguía encontrándose con Misael y Myriam en distintas reuniones.

79.1. Al ser consultado sobre el conocimiento de una separación, respondió que no

52
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47,
C01 Principal, Archivos 19-20.

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“supo nunca que ellos tuvieran problemas de separación por demanda”. Sin embargo, anotó
que sí supo que “Misael tuvo esa doble relación, pero que siempre estaba como pendiente de
sus hijas (…) él siempre tuvo, digamos, un cariño especial por sus hijas y, en ese sentido, siempre
las estaba protegiendo, y en esas circunstancias él también frecuentaba con Myriam por ahí”.

Precisó que, la señora Myriam, para la época en la que la conoció, fungía como
secretaria, y que empezó a estudiar en la Universidad de Córdoba. Cuando “pasó lo
de Misael”, es decir, “cuando dejó de frecuentar”, explicó que, la señora Myriam fue “muy

emprendedora” y se la “rebuscaba”, y que vendía medicinas o promocionaba productos.

79.2. En lo que toca a la convivencia de la pareja durante los años anteriores al
fallecimiento del señor Misael Urzola Díaz, afirmó que, él siempre frecuentaba y
estaba muy pendiente de sus hijas, a pesar de las discrepancias que tenían -al
referir a la pareja-. Cuando se le preguntó si le constaba o no que convivieran para
esa época (esto es, para la década de los 90s), aseguró: “sí, cuando yo los encontraba,
siempre estaba Misael como pendiente de ella, a pesar de que ya, pues, como un amigo se conoce
que él tenía la otra relación, pero que él siempre estaba pendiente con Myriam y con sus hijas ”.

79.3. Más adelante, agregó que, le constaba que “ellos convivieron en el mismo techo”,
pero que, previo al fallecimiento (en 1998), “ya él tenía la doble convivencia, pero él
frecuentaba mucho al sitio La Campana que era donde vivía con la señora Myriam Grau ”. En ese

punto, resaltó que, Misael, en efecto, tenía una convivencia simultánea, y que “él
estaba pendiente de esas dos relaciones, al principio era sólo con Myriam, creo que ellos debieron
vivir como unos 10 años, ya por lo que uno calcula como amigo y como persona que iba donde ella”.

Al cierre de su declaración, hizo énfasis en que “siempre estuvieron pendientes el uno del
otro”, pese a las dificultades -incluso judiciales- que atravesaron.

80. Al confrontar las testimoniales practicadas con las declaraciones extrajuicio
aportadas por la parte actora, la Sala observa sendas contradicciones, comoquiera
que, en la declaración rendida en audiencia, el señor Antonio María Espitia Genes
manifestó que, nunca supo de la separación de cuerpos entre el señor Misael Díaz
Urzola y Myriam Cecilia Grau McNish, a quienes, según adujo, los vio convivir “todo
el tiempo”, esto es, sin interrupción, hasta la fecha de fallecimiento del causante,

mientras que, en la declaración extra-proceso, dejó consignado que supo “que se
separaron en el año 1984 (…) también que después restablecieron convivencia hasta el 26 de mayo
de 1998, fecha en la que fue asesinado el señor Misael Arcenio (sic) Díez Urzola .”53

53
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fl.
78.

27

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81. Por su parte, en la declaración extra-proceso del señor José Gregorio Galeano
Sánchez, se hizo constar lo siguiente: “sé que se separaron en el año 1984, sé también que
después restablecieron convivencia hasta la fecha que fue asesinado el señor Misael Arcenio (sic)
Díez Urzola, el día 26 de mayo del año 1988 (sic)”. 54 No obstante, al contrastar lo anterior

con lo sostenido en audiencia, se aprecia que, en la diligencia de pruebas, el
deponente no se refirió a la convivencia en estricto sentido, sino que, en su lugar,
puntualizó que, por la “doble relación” que tenía el señor Díaz Urzola, él siempre se
mantuvo muy pendiente de Myriam y sus hijas, y frecuentaba el punto de “La
Campana”, en donde vivía ella. Sin perjuicio de lo anterior, en sus dichos no ratificó

que la convivencia entre la actora y el causante se prolongara hasta la fecha del
deceso de este último, al punto que, en una de sus intervenciones, aseveró: “ él estaba
pendiente de esas dos relaciones, al principio era sólo con Myriam, creo que ellos debieron vivir
como unos 10 años, ya por lo que uno calcula como amigo y como persona que iba donde ella ”.

82. De los dichos de los declarantes no se logran extraer las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se mantuvo la convivencia, o de la efectividad de la
misma durante el período en el que el causante sostenía otra relación con la señora
Nerilda María Rodríguez Martínez, con posterioridad a la separación de cuerpos
que fue declarada judicialmente en 1984. Además de la contradicción en la que
incurrió el señor Espitia Genes, al desconocer la separación de la pareja que, en la
declaración extra-juicio, él mismo hizo constar, las manifestaciones de ambos
deponentes se circunscriben a que veían frecuentar al señor Díaz Urzola en “ La
Campana”, o a que este último, durante los últimos años antes de su muerte, estuvo

pendiente de Myriam y de sus hijas, sin ofrecer mayor explicación sobre cómo esa
atención que les ofreció se traducía en un proyecto de vida en común con la actora.

83. La debilidad del relato, la escasa contextualización, la ausencia de
corroboraciones periféricas con otros datos pasibles de ser extraídos del proceso, y
las imprecisiones -reconocidas incluso por el A quo-, impiden sostener, como lo hizo
el Tribunal, que el causante “nunca interrumpió de manera definitiva con su cónyuge”, o que
permaneció en todo momento “en el hogar familiar”, pues, se itera, lo declarado por los
testigos no permite llegar a esa conclusión, máxime, si no existen otros elementos
de prueba que refuercen el aserto según el cual existió una comunidad de vida real

54
Índice 00047 del expediente del Tribunal de origen, 39Incorporaexped_LINKDEACCESOEXPEDIEN(.pdf) NroActua 47, fl.
79.

28

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Demandada: Universidad de Córdoba

y efectiva que se hubiere reconfigurado con posterioridad a la ruptura conyugal.

84. Nótese que, al margen de las declaraciones en estudio, el Tribunal no se valió
de otros medios de convicción para advertir la existencia de una relación que, pese
a la separación de cuerpos y la liquidación de la sociedad conyugal que acaeció, se
hubiera reconfigurado bajo condiciones de estabilidad y permanencia. Por el
contrario, sostuvo que, “comoquiera que no se aportaron pruebas que desvirtuaran la
convivencia debidamente acreditada”, debía reconocerse el derecho pensional
deprecado, circunstancia que devela que, para el A-quo, se tuvo por acreditada la
convivencia efectiva, sin mayor sustento probatorio que la respaldara.

85. En este punto, fuerza resaltar que esta Sala, en sentencia del Diecinueve (19)
de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), 55 reiterada en la reciente sentencia del
Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)56, reafirmó que, no basta con la
simple afirmación de la convivencia, sino que, resulta necesario verificar que las
pruebas den cuenta de una realidad material consistente, continua y jurídicamente
relevante. En tal virtud, el análisis probatorio debe orientarse a establecer si las
condiciones en que se desarrolló la relación permiten desvirtuar las formas jurídicas
aparentes y evidenciar la realidad subyacente, a partir de la valoración integral,
conjunta y razonada del acervo probatorio.

86. Vistas así las cosas, la Sala considera que, el reparo expuesto por la entidad
tiene vocación de prosperidad y, en esa medida, al no encontrarse acreditado el
requisito de convivencia, incluso durante los últimos cinco (5) años anteriores al
fallecimiento, se impone revocar la sentencia apelada, que accedió a las
pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas.

2.6.3. Sobre la alegada doble erogación contra el erario.

87. Aunque la entidad apelante arguyó que, el reconocimiento pensional derivaría
en una “doble erogación injustificada”, que entraña la vulneración de los principios de
sostenibilidad financiera, legalidad del gasto público y afecta los recursos del ente
universitario, lo cierto es que, al disponerse la revocatoria del fallo recurrido y

55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Diecinueve
(19) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 08001-23-33-000-2020-00440-01 (6387-2024) Consejero Ponente.
Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de abril de
2026, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 25000-23-42-000-2020-00893-01.

29

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negarse las pretensiones de la demanda, por sustracción de materia, no hay lugar
a emitir pronunciamiento alguno frente a este reparo esgrimido en el recurso.

88. Con fundamento en lo expuesto en precedencia, la Sala revocará la sentencia
del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, y, como consecuencia, denegará las súplicas
de la demanda.

2.7. Conclusiones

89. A partir de los puntos desarrollados ut supra, la Sala concluye, en primer término,
que el reconocimiento previo de la sustitución pensional, en cabeza de la señora
Nerilda María Rodríguez Martínez, o el tiempo transcurrido entre el fallecimiento del
señor Misael Arsenio Díaz Urzola y la reclamación elevada por la demandante, no
enervan la posibilidad que le asiste a quien en vida figuró como cónyuge del
causante, de reclamar la sustitución pensional, máxime, si se trata de una
manifestación propia del derecho fundamental a la seguridad social y, en particular,
una prestación de naturaleza irrenunciable e imprescriptible.

90. Por otra parte, en el caso concreto se pudo evidenciar que, de acuerdo con las
pruebas que reposan en el dosier procesal, luego de la separación acaecida en
1984, que implicó la disolución de la sociedad, no se logró acreditar una convivencia
material, real y efectiva entre la parte actora y el causante (sustentada en el
acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio mutuo
entre la pareja, así como la vocación y convicción de establecer, constituir y
mantener una familia), en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico para
efectos del reconocimiento de la sustitución pensional.

91. La conclusión antes sostenida encuentra fundamento en una valoración
conjunta, razonada e integral del acervo probatorio, a partir de la cual, se pudo
determinar que, contrario a lo resuelto por el A-quo, las pruebas testimoniales
practicadas, contrastadas con las documentales que fueron incorporadas al
expediente, no dan cuenta de una convivencia efectiva entre la señora Grau
McNish, y el señor Díaz Urzola, con posterioridad a la separación de cuerpos que
fue declarada judicialmente en 1984. Al respecto, de las declaraciones de los
señores Galeano Sánchez y Espitia Genes no se logran extraer las circunstancias

30

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de tiempo, modo y lugar en que se mantuvo la convivencia, o de la efectividad de
esta durante el período en el que el causante sostenía otra relación.

92. Finalmente, en lo que toca a la alegada “doble erogación” que comporta una
afectación al erario, la Sala determinó que, al disponerse la revocatoria del fallo
recurrido y negarse las pretensiones de la demanda, por sustracción de materia, no
era procedente un pronunciamiento frente al punto en comento.

2.8. Condena en costas.

93. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de
conformidad con las razones expuestas en este proveído, para, en su lugar, NEGAR
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

31

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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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