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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00423-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00423-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar lo dispuesto en la sentencia del 20 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Ivett Del Rosario Enamorado Mercado contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. VMT

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2019-00423-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Temas: Pensión de jubilación Acuerdo 049 de 1990, con acumulación de
tiempos públicos y privados. Afiliación al ISS con posterioridad la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 20 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Ivett Del Rosario Enamorado Mercado presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones GNR 314472 del 22 de
noviembre de 2013, GNR 387764 del 30 de noviembre de 2015, GNR 41968 del 8
de febrero y VPB 18744 del 22 de abril de 2016, mediante las cuales se negó el
reconocimiento de la pensión de vejez.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 En adelante CPACA.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de vejez según lo previsto en el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 7 de la
Ley 71 de 1988, con el promedio de lo devengado en el último año de servicio o en
virtud del régimen que le resulte más favorable; ii) la indexación de los montos
reconocidos; iii) el pago del retroactivo; (iv) el cumplimiento de la sentencia y de los
intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y «177
del CCA»; y v) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Ivett Del Rosario Enamorado Mercado nació el 31 de mayo de 1957 y prestó sus
servicios como empleada pública en el cargo de auxiliar de enfermería, en el
Hospital San Jerónimo de Montería entre el 1° de julio de 1980 y el 31 de marzo de
2000, es decir por 19 años y 9 meses. Cotizó como independiente por 29.72
semanas entre el 1° de marzo de 2001 y el 30 de noviembre de 2002.

3.2. Prestó sus servicios en los siguientes términos:

Entidad Desde Hasta Duración
Hospital San Jerónimo de Montería 01/07/1980 31/03/2000 1015 semanas
Independiente 01/03/2001 30/04/2001 8,43 semanas
Independiente 01/01/2002 31/01/2002 4,29 semanas
Independiente 01/03/2002 31/03/2002 4,29 semanas
Independiente 01/09/2002 30/11/2002 12,71 semanas
Tiempo total 7.318 días 1045,43 semanas

3.3. El 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad y, al entrar en
vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, con 1045,43 semanas de cotización, de
manera que alcanzó el estatus pensional el 31 de mayo de 2012, cuando cumplió
55 años de edad.

3.4. El 31 de julio de 2012 solicitó el reconocimiento pensional, el cual fue negado
por Colpensiones, mediante la Resolución GNR 314472 del 22 de noviembre de
2013, al considerar que las 1009 semanas cotizadas resultaban insuficientes para
completar las exigidas en la normatividad vigente.

3.5. El 28 agosto de 2015, solicitó nuevamente el reconocimiento pensional, el cual
fue negado a través de la Resolución GNR 387764 del 30 de noviembre de 2015.
Decisión confirmada con las resoluciones GNR 41968 del 8 de febrero y VPB 18744
del 22 de abril de 2016 «por considerar que los 20 años de servicio son equivalentes a
1029 semanas y la aseguradora cuenta con 1011 semanas por lo tanto no cumple con los
parámetros de la Ley 71 de 1988 y la Circular Interna No 1 de 2012 es necesario que el
asegurado haya acreditado semanas al ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993» [sic].

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 29 y 53 de la Constitución Política, las leyes
100 de 1993, 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de
1990.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:

5.1. La entidad previsional pasó por alto que la trabajadora resultaba beneficiaria del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual
habilitaba el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes en los términos
de la Ley 71 de 1988 o del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de
1990.

1.2. Contestación de la demanda

6. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que la demandante resultaba beneficiaria del régimen de transición previsto en la
Ley 100 de 1993; sin embargo, para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01
de 2005 no contaba con el número de semanas exigidas para beneficiarse de la
transición, de manera que, aunque contaba con la edad [55 años], las semanas de
cotización [1011] no fueron suficientes para acceder al reconocimiento pensional en
los términos previstos en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, como la Ley
71 de 1988.

7. Asimismo, «una vez verificada la historia laboral de la demandante, se evidencia que
posee cotizaciones con el régimen de prima media en cabeza de la Administradora
Colombiana de Pensiones ‘Colpensiones’, a partir del 01 de enero de 1997, fecha que
resulta posterior al 01 de abril de 1994 fecha de la entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones, de manera que no resultaba posible aplicarle a la actora las prerrogativas
dispuestas en la normatividad».

8. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación de reconocer; ii) no procedencia de intereses moratorios; iii) buena fe; iv)
prescripción3.

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia del
20 de octubre de 2023: i) declaró la nulidad de las resoluciones GNR 314472 del 22
de noviembre de 2013, GNR 387764 del 30 de noviembre de 2015, GNR 41968 del
8 de febrero y VPB 18744 del 22 de abril de 2016, ii) ordenó el reconocimiento de
una pensión de vejez, en virtud del régimen de transición previsto en la Ley 100 de

2 Índice 2 de Samai, actuación denominada 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR(.rar) NroActua 2.
3 Índice 2 de Samai, actuación denominada 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR(.rar) NroActua 2.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

1993 y el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, en cuantía
del 78% del promedio de los salarios percibidos, con inclusión de los factores
salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 «que la demandante haya devengado
y sobre los cuales haya efectuado aportes al sistema pensional durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión, para el efecto lo correspondiente a los años
1992 a 2002», iii) el pago del retroactivo pensional causado desde el 22 de julio de
2016, iv) la indexación del monto reconocido, iv) declaró probada parcialmente la
excepción de prescripción de las mesadas causadas antes del 22 de julio de 2016,
v) no probadas las excepciones «inexistencia de las obligaciones reclamadas por no
acreditar requisitos legales» y «buena fe», y vi) negó la condena en costas y las demás
pretensiones.

10. Lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos4:

11. El 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la
demandante contaba con 36 años de edad y en el 2005 acreditaba más de 750
semanas de cotización, de manera que resultaba beneficiaria del régimen de
transición y le era aplicable la Ley 71 de 1988.

12. En ese sentido, contaba con más 55 años de edad [nació el 31 de mayo de 1957]
y con 20 años de cotizaciones [como empleada pública al servicio de la ESE
Hospital San Jerónimo de Montería y trabajadora independiente]. La entidad
previsional negó el reconocimiento pensional por el incumplimiento de las semanas
de cotización al encontrar 1011, en lugar de 1029, «sin embargo, se advierte que la
entidad desconoce o excluye los siguientes periodos de cotización: meses de febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996;
así como el periodo transcurrido entre el 15 de julio y el 31 de agosto de 1999; lo cual no
tiene sustento alguno, pues, la ESE Hospital San Jerónimo certificó que la actora prestó
sus servicios de manera continua desde el 01 de julio de 2000 hasta el 31 de marzo de
2000, tiempo igualmente certificado en ‘Formato 1 Certificado de Información Laboral’, sin
que se haya dejado constancia de interrupción laboral alguna en la casilla Nº 28; militando
incluso certificación de los salarios percibidos por cada una de esas anualidades. Ahora, el
Formato Nº1 en cita, permite establecer que por los periodos transcurridos entre el 01 de
julio de 1980 y el 31 de enero de 1996, las cotizaciones se realizaron a la Caja
Departamental de Previsión Social […] mientras que lo correspondiente a enero 01 de 1997
y por lo menos hasta el 30 de abril de 2000, fue cotizado a Colpensiones. De lo anterior
podría establecerse entonces, que existe una mora en la cotización de los meses de febrero
a diciembre de 1996, los cuales fueron excluidos por la entidad demandada para efectos
de contabilización de las semanas cotizadas, y que corresponderían a 47,19 semanas, sin
embargo, la beneficiaria de la prestación no puede asumir las consecuencias por
incumplimiento» [sic].

13. Colpensiones reportó 217,14 semanas cotizadas entre el 1º de enero y el 31 de
enero de 2002, el 1º de marzo y el 31 de marzo de 2002, cuando lo correcto eran
218,59, valor computado con el resultante del periodo laborado como empleada
pública entre el 1º de julio de 1980 y el 31 de enero de 1996, en estos términos

4 Índice 2 de Samai, actuación denominada 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR(.rar) NroActua 2.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

fueron acreditadas 1058 semanas «sin que tenga incidencia alguna que los aportes
privados los haya realizado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993», puesto que el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 no dispuso salvedad alguna en
cuanto al tiempo en el que deben realizarse los aportes.

14. En este sentido, la demandante acreditó 1058 semanas de cotización, el IBL será
calculado con lo dispuesto en el artículo 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 1158 de 1994; sin embargo, al resultar más beneficiosa la tasa de
reemplazo del 78% previstas en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto
758 de 1990, se tendrá en cuenta esa normatividad para el reconocimiento
pensional.

15. Ahora, en cuanto a la prescripción de las mesadas, la demandante adquirió el
estatus el 31 de mayo de 2012, presentó la solicitud de reconocimiento pensional el
31 de julio de 2012, de manera que el término de prescripción fue interrumpido; sin
embargo, la demanda fue presentada el 22 de julio de 2019, es decir después de
que transcurrieran 3 años desde la presentación de la solicitud, por tal motivo operó
el fenómeno de la prescripción para las mesadas causadas antes del 22 de julio de
2016.
1.4. Los recursos de apelación

16. 1.4.1. Colpensiones solicitó que se revocara la sentencia proferida en primera
instancia con fundamento en los siguientes argumentos5:

16.1. El a quo desconoció que si bien Ivett Del Rosario Enamorado Mercado acreditó
los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 del 1º de febrero de 1990, aprobado por
el Decreto 758 del 11 de abril de 1990, lo cierto es que no se cumplió con lo
dispuesto en la Circular Interna 1 de 2012 suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y
Doctrinal de la entidad, según la cual, «para proceder al reconocimiento de una pensión
de vejez contenida en el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990, es necesario
que el asegurado haya acreditado o acredite cotizaciones al Seguro Social, con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, es decir el 1 de abril
de 1994». Asimismo, una vez revisada la historia laboral de la demandante se
evidenció que fueron acreditadas las cotizaciones con el régimen de prima media a
partir del 1º de enero de 1997, es decir posterior al 1º de abril de 1994, fecha de la
entrada en vigencia de ese régimen, de manera que no le resultaba aplicable.

16.2. 1.4.2.Ivett Del Rosario Enamorado Mercado solicitó que se revocara
parcialmente la sentencia proferida en primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos6:

16.3. El a quo desconoció lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del

5 Índice 2 de Samai, actuación denominada 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR(.rar) NroActua 2.
6 Índice 2 de Samai, actuación denominada 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR(.rar) NroActua 2.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

Proceso7, en cuanto a la procedencia de la condena en costas en contra de la parte
vencida, sin tener en cuenta las razones por las cuales fue negado el derecho por
parte de la entidad previsional, de manera que debieron decretarse por cuanto en
«la férrea defensa que hizo Colpensiones en su CONTESTACIÓN, oponiéndose a las
pretensiones de la demanda, presentando excepciones, y además presentó FUNDAMENTOS
DE DERECHO en los que insiste que no es posible el reconocimiento de la pensión de vejez
a la actora por ninguna de las vías posibles».

1.5. Trámite en segunda instancia

17. En auto del 15 de marzo de 20248, el magistrado ponente admitió el recurso de
apelación y prescindió de la etapa de alegatos, en virtud de lo previsto en el numeral
5 del artículo 247 del CPACA.

18. El30 de abril de 20259, Colpensiones allegó como prueba la certificación
195052021, remitida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa
Judicial, en la cual se indicó que, según el Acta No.181-2021 del 1° de octubre de
2021, no proponía fórmula conciliatoria.

19. En consecuencia, el 5 de agosto de 2025, el despacho negó la solicitud
probatoria presentada por Colpensiones, al considerar que «la demandada no señaló
ninguna de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo
53 de la Ley 2080 de 2021, para decretar como pruebas los documentos señalados; por tal
razón se negarán como solicitud probatoria en segunda instancia. De igual forma, se
encuentra que el certificado aportado carece de relevancia porque el asunto se encuentra
surtiendo los recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, con lo cual ya
no es necesario agotar etapa conciliatoria alguna. En ese sentido, una certificación donde
se advierte que el comité de la entidad demandada ha decidido no conciliar resulta
innecesaria por ahora».

20. 1.6. El Ministerio Público

21. En esta oportunidad, el Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado
solicitó confirmar la sentencia proferida en la primera instancia, con fundamento en
que no existieron razones para descartar el tiempo laborado por la demandante en
el Hospital San Jerónimo y los aportes realizados como trabajadora independiente.

22. Además, no le asiste razón a la entidad previsional, en cuanto pretende
sobreponer una Circular Administrativa a la Constitución Política, máxime si el
material probatorio allegado al expediente acreditó el cumplimiento de los requisitos
por parte de la demandante para acceder al reconocimiento pensional, en virtud de
las disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758
de 1990.

7 En adelante CGP.
8 Índice 4 de Samai actuación denominada «8AUTOQUEADMITE_08072024ADMITERECURS(.pdf)

NroActua 4».
9 Índice 57 de Samai del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

23. Se circunscriben a determinar lo siguiente:

23.1. ¿Ivett Del Rosario Enamorado Mercado debió acreditar lo previsto en la Circular
Interna 1 de 2012 suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal de
Colpensiones, que indicó que «para proceder al reconocimiento de una pensión de vejez
contenida en el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990, es necesario que el
asegurado haya acreditado o acredite cotizaciones al Seguro Social, con anterioridad a la
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, es decir el 1 de abril de
1994», para acceder al reconocimiento pensional?

23.2. En
caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa ¿era
procedente la condena en costas a Colpensiones?

2.2. Marco normativo

2.1.1. Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990

10
24. El presidente de la República expidió el Decreto 1650 del 18 de julio de 1977 ,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 12 de 1977 para
determinar la estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales
Obligatorios y de las entidades que los administran. Esta normativa estableció
mecanismos de protección para las contingencias de enfermedad en general,
maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez,
muerte, y asignaciones familiares.

25. Para el efecto, le confirió al Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios
(creado por el artículo 36 del Decreto 1650 como un como organismo del gobierno
que tendría a su cargo la formulación de políticas y la dirección general del régimen
de dichos seguros) la facultad de «[a]probar los reglamentos generales sobre las
condiciones y los términos necesarios para el reconocimiento y la efectividad de las
prestaciones correspondientes a los distintos seguros, previo concepto del Superintendente
de Seguros de Salud».

8. En ejercicio de esta prerrogativa, el aludido órgano expidió el Acuerdo 049 del 1°
de febrero de 199011 aprobado por el Decreto 758 de 1990. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de esta norma, estarían sujetos al seguro social obligatorio

10 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y

se dictan otras disposiciones».
11 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y

Muerte»

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

i) en forma forzosa u obligatoria: a) los trabajadores nacionales o extranjeros que
prestaran sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de
aprendizaje; b) los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales
y, c) los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con
las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas
totalmente por él; ii) en forma facultativa: a) los trabajadores independientes; b) los
sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y, c) los
servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se
encontraban registradas como patronos ante el ISS; y iii) otros sectores de
población respecto de quienes se ampliara la cobertura del régimen de los seguros
sociales obligatorios.

27. Mediante este acuerdo se establecieron los siguientes requisitos para acceder a
la pensión de vejez para aquellas personas afiliadas al Seguro Social:

«Artículo 12. Requisitos de la pensión de vejez: Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la[s] edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».

28. Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigidas por la
citada norma, la Corte Suprema de Justicia12 consideraba que no era posible sumar
los períodos no cotizados al ISS, por cuanto, a su juicio, la norma exigía que esos
tiempos fueran cotizados directamente a tal entidad previsional y la posibilidad de
computar períodos laborados en el sector oficial, la permitían los artículos 13, literal
f) y 33 de la Ley 100 de 1993, esto es, dentro del régimen de prima media con
prestación definida, creado por el Sistema General de Pensiones, de manera que
no era posible escindir las normas para aplicar lo más favorable de cada una de
ellas13.

29. Sin embargo, con posterioridad modificó su postura y permitió sumar semanas
cotizadas al seguro social y los tiempos laborados al servicio de entidades públicas
para el reconocimiento pensional. Al respecto señaló14:

12 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;

23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
13 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;

23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación

70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, en el mismo sentido ver, entre otras,
SL1981-2020, SL1947-2020, SL 74937, 26 ago. 2020, SL 55270, 26 ago. 2020 y SL5147-2020, 21
oct. 2020.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

«[A]nte un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior
precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad,
aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse
con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos
laborados a entidades públicas» [Se resalta].

30. Asimismo, esa Corporación consideró que fue el legislador el que permitió el
cómputo de esos tiempos con el fin de no dejar en situación de desprotección a
los afiliados o sus beneficiarios cuando hayan prestado servicios en el sector público
y privado. Esto dijo15:

«[A] fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al
Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad
de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049
de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se
invoque su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más
beneficiosa.

[…]

En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados
relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los
aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación
de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13
de la Ley 100 de 1993.

En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para
efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del
Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se
puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13
literal f) […]

En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró
como criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el acceso
a las distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los afiliados
concurren a la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de las
cotizaciones a las distintas cajas o entidades administradoras del régimen con tiempos
de servicios en el sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993
y se previeron los instrumentos para facilitarla, tales como los bonos pensionales,
cálculos actuariales o cuotas partes pensionales.

La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio
reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no
cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se
acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 en
virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020,
CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020).

[…]

De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número
de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las

15 Entre otras, en la sentencia CSJ SL5147-2020, CSJ SL2222-2022.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más
beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las
semanas sufragadas a esa entidad.

Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades
propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable
de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en
situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan
prestado servicios en el sector público y privado

En dichos términos, la Sala modifica el criterio sobre la posibilidad de computar tiempos
de servicios públicos sin cotizaciones al ISS con los aportes a esa entidad en materia
de pensiones de invalidez y sobrevivientes, cuando se aplica el Acuerdo 049 de 1990
en virtud del principio de condición más beneficiosa». [Se resalta].

31. Esta postura guarda correspondencia con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 201416. Allí precisó que i) para
efectos de acceder al reconocimiento pensional, es posible acumular tiempo
laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las
cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las aportadas al ISS; y
ii) es viable acumular tiempos cotizados a entidades públicas o fondos de previsión
para contabilizar las semanas requeridas, en tanto que el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva
al ISS.

32. Al
respecto expuso las siguientes interpretaciones sobre la posibilidad de
acumular tiempos de servicio prestado en entidades públicas con el cotizado en el
ISS:

«[C]omo algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización al
Seguro Social, con el fin de obtener el total requerido en la norma, solicitaban que les
fuera sumado el tiempo laborado en entidades públicas cotizado en las cajas o fondos
de previsión. De esa manera, surgió el debate de si era posible o no acumular semanas
de cotización en entidades públicas y privadas, el cual ha sido decantado por la
jurisprudencia constitucional bajo el análisis dos interpretaciones que nacen de la
aplicación de la norma:

7.1.1. Una de ellas es la sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, según la cual los
beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de servicios
exigido por la ley exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible acumular las
semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsión social, públicas o privadas. La
razón se encuentra fundamentada en los siguientes argumentos:

(i) El Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por ese
Instituto”;

(ii) En el referido Acuerdo no se contempla la posibilidad de acumular semanas
cotizadas a otras entidades, “pues para ello existían otros regímenes, como la Ley 71 de
1988, que estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes y
las edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y

16 Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

(iii) El requisito contenido en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500
semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para
pensionarse, “fue en su momento un tipo de transición, para que los empleadores
privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido
pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera concedida
una pensión de jubilación”17.

En virtud de esta interpretación, el interesado en la acumulación de tiempos de servicio
tanto del sector público como del privado, perdería los beneficios del régimen de
transición en tanto para ello debería acogerse en su integridad a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, normatividad que sí permite ese tipo de acumulación.

7.1.2. Por otro lado, una segunda interpretación sobre la aplicación del mencionado
artículo 12 sugiere lo siguiente18:

(i) Del tenor literal de la norma no se desprende que el número de semanas de
cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;

(ii) El régimen de transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios
o número de semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se
encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que
deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones.

Bajo esta interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector público
cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del sector privado cotizados al
Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las
cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la
aplicación del régimen de transición solamente se limita a los tres ítems previamente
señalados, donde no se encuentra aquel referente al cómputo de las semanas, requisito
que debe ser determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

7.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas interpretaciones eran razonables y
concurrentes, esta corporación decidió acoger la segunda de ellas apoyada en el
principio de favorabilidad en materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los
artículos 53 de la Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico,
judicial o administrativo, debe optar por la situación que resulte más favorable al
trabajador».

33. Para resolver lo anterior, expuso la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte
y sobre el particular tuvo en consideración lo siguiente:

«Una vez aceptado por esta corporación que en aplicación del principio de favorabilidad
en materia laboral es posible realizar la acumulación de tiempos ya mencionada bajo el
régimen del Acuerdo 049 de 1990, resulta más garantista acoger la misma interpretación
en aquellos casos donde el peticionario cumple con el otro de los supuestos posibles
contenidos en una misma norma para acceder a la pensión de vejez. En ese sentido, la
segunda posición es la que mejor se ajusta al principio de favorabilidad contenido en los
artículos 53 de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y al principio pro
homine derivado de los artículos 1° y 2° de la Constitución19.

17 Sentencia T-201 de 2012.
18 Sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559

de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-593 de 2013, entre otras.
19 Respecto del principio de interpretación pro homine, en la sentencia T-319 de 2012 se explicó:

“impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

Por otro lado, permitir la acumulación de tiempos tanto del sector público como del
privado en los eventos en que se acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha visto
disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que le
permitan tener una subsistencia en condiciones dignas.

En definitiva, ante la necesidad de unificar la postura de la Corte Constitucional en el
asunto del que ahora se ocupa la Sala, se concluye que la interpretación que más se
acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que, en aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a
empleadores privados, para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la
pensión de vejez» [Se resalta].

34. Para concluir lo anterior, la Corte analizó las diferentes acciones de tutela en las
que había examinado situaciones con contornos fácticos y jurídicos similares y
encontró que la interpretación que acogieron los jueces de tutela se dio bajo el
entendido de que los peticionarios perderían el derecho a un beneficio pensional.
De manera que la decisión a la que llegó la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación partió de un supuesto extremo en virtud del cual, ninguna de las
disposiciones previstas en la norma, les permitirían acceder a la prestación
reclamada. Sin embargo, adoptó las siguientes conclusiones generales:

«9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la
Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para
acceder a la pensión de vejez.

De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.

9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor
se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que
maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es
válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier
tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de
500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.

derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos. En
el orden interno, este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se
consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como
fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las
personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. (Sentencia T-191 de 2009)”. Cfr.
Sentencias C-1056 de 2004, C-372 de 2009 y T-284 de 2006.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas
respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo
de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo
anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce
efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado
las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el
trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga
prestacional» [Se resalta].

35. En línea con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación, en
providencias del 7 de noviembre de 201920 y del 23 de abril de 202021 reconoció la
posibilidad de acumular tiempos de servicio público con las cotizaciones efectuadas
en el ISS para obtener el beneficio a que alude el Acuerdo 049 de 1990.

36. Lo anterior, toda vez que debe tenerse en cuenta que dentro de las disposiciones
que beneficiaban a quienes se encontraban cobijados por el régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, estaba la Ley 71 de 1988 que permitía que aquellas
personas que acreditaran 20 años de aportes «sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del
orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto
de los Seguros Sociales» accedieran a un beneficio pensional. Es decir que solo
quienes se encuentren en la situación que dio lugar a esa interpretación, pueden
acceder a la pensión prevista en el Acuerdo 049 de 1990, esto es, aquellos que no
completaron los requisitos para pensionarse con las leyes 71 de 1988 o 100 de 1993
(modificada por la Ley 797 de 2003).

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

29. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

30. Ivett Del Rosario Enamorado Mercado nació el 31 de mayo de 195722.

31. Según el formato 1 de información laboral, el 27 de julio de 2012 el subdirector
administrativo de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería certificó que prestó
sus servicios en calidad de auxiliar de enfermería entre el 1° de julio de 1980 y el
31 de marzo de 2000, en esa institución, cuyos aportes se realizaron en la Caja
Departamental de Previsión Social entre el 1° de julio de 1980 y el 31 de enero de
1996.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, i) sentencia del 7 de noviembre de 2019,

M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); y ii) sentencia
del 7 de noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-
000-2015-03699-01(3798-17).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado

25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
22 Índice 2 de Samai, actuación denominada 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR(.rar) NroActua2.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

32. El 31 de julio de 2012 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, el cual
fue negado por Colpensiones mediante la Resolución GNR 314472 del 22 de
noviembre de 2013, con fundamento en que «respecto al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Ley 71 de 1988, es necesario informarle a la peticionaria que solo logra
acreditar 1009 semanas cotizadas, por lo que es viable afirmar que no cumple con el
requisito de haber prestado 20 años de servicios al sector público y privado, esto es 1029
semanas».

33. Através de la Resolución GNR 387764 del 30 de noviembre de 2015,
Colpensiones negó el reconocimiento de una pensión de vejez, toda vez que «el
interesado acredita un total de 7079 días laborados, correspondientes a 1011 semanas.
Que nació el 31 de mayo de 1957 y actualmente cuenta con 58 años de edad […] En cuanto
al artículo 1 de la Ley 33 de 1985, si bien el asegurado cuenta con la edad requerida para
acceder a la pensión de vejez, no acredita 20 años continuos o discontinuos de servicios
públicos, requisito sine-qua non, ya que solo se acredita para el caso en estudio un tiempo
de servicio de 6.879 días, correspondientes a 982 semanas, tiempo insuficiente para
proceder al reconocimiento de la prestación solicitada, razón por la cual no es procedente
el reconocimiento de la pensión de vejez en virtud de la Ley 33 de 1985. En cuanto artículo
7 de la Ley 71 de 1988, el asegurado no acredita 20 años de aportes sufragados en
cualquier tiempo de carácter público y privado, a pesar de contar con la edad requerida […]
En cuanto al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990,
NO acredita 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la
edad, NI 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo a esta entidad, ya que cuenta con
982 semanas cotizadas de las cuales 801 corresponden a una caja diferente, a pesar de
que cuenta con la edad requerida […] Que en consideración a lo anterior, el peticionario
aunque acredita el requisito de la edad, no logra acreditar los requisitos mínimos de
semanas cotizadas al año 2015 (1300) conforme lo indica la Ley 797 de 2003 luego que
una vez revisada la historia laboral acredita un total de 1011 semanas». La anterior
decisión fue confirmada mediante las resoluciones GNR 41968 del 8 de febrero de
y VPB 18744 del 22 de abril de 2016.

34. El 1° de febrero de 2018, el asesor de recursos de la E.S.E. Hospital San
Jerónimo de Montería certificó23:

«Que IVETH DEL ROSARIO ENAMORADO MERCADO […] prestó su servicios en
esta Institución desde el 1° de julio de 1980 hasta el 31 de marzo de 2000, desempeñó
el cargo de Auxiliar de Enfermería, el tipo de vinculación que estuvo con la empresa
fue de empleado público. Los salarios devengados con los factores salariales durante
el último año fueron: SUELDO […] OTROS FACTORES SALARIAS DEVENGADO
[…]» [sic].

Asimismo, mediante el formato No. 3 certificación de salarios mes a mes,
determinó los salarios percibidos entre los años 1980 y 2000.

35. El 7 de junio de 2018, Colpensiones reportó 217,14 semanas cotizadas en
tiempos simultáneos, en los siguientes términos:

23 Índice 2 de Samai, actuación denominada 5EDEXPEDIENTE DIGI_EXPDIGRAR(.rar) NroActua2.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

Nombre o razón Desde Hasta Total (semanas)
social
Empresa Social del 01/01/1997 31/03/1997 12,86
Estado
Organismos 01/04/1997 30/09/1997 25,71
Periferic
Organismos 01/10/1997 31/03/1998 25,71
Periferic
ESE Hospital San 01/04/1998 30/06/1998 12,86
Jer
ESE Hospital San 01/07/1998 30/09/1998 12,86
Jer
Hospital San 01/10/1998 31/03/1999 25,71
Jeronimo
Hospital San 01/04/1999 31/12/1999 38,57
Jeronimo
Hospital San 01/01/2000 31/01/2000 4,29
Jeronimo
Hospital San 01/02/2000 30/04/2000 12,86
Jeronimo
EST Hospital San J 01/05/2000 31/05/2000 4,29
Hospital San 01/06/2000 31/08/2000 12,86
Jeronimo
Ivett Del Rosario En 01/03/2001 30/04/2001 8,57
Ivett Del Rosario En 01/01/2002 31/01/2002 3,57
Ivett Del Rosario En 01/03/2002 31/03/2002 3,57
Ivett Del Rosario En 01/09/2002 30/11/2002 12,86

36. El
16 de septiembre de 2021, Colpensiones certificó que cotizó 1029,56
semanas, además de los reportados el 7 de junio de 2018, reportó lo siguiente:

Entidad Desde Hasta Semanas
ESE Hospital San Jerónimo de Montería 01/07/1980 31/12/1994 756,71
ESE Hospital San Jerónimo de Montería 01/01/1995 31/01/1996 55,71
Total 812,42

2.4. Análisis sustancial

2.4.1. Caso concreto

41. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que Ivett del Rosario
Enamorado Mercado acreditó 1058 semanas cotizadas «sin que tenga incidencia
alguna que los aportes privados los haya realizado con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993» y al resultar más beneficiosa la tasa de reemplazo del
78% prevista en el Acuerdo 048 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, el
reconocimiento pensional se hará en los términos previstos en esa normatividad.

42. Colpensiones solicitó que se revocara la sentencia proferida en primera
instancia, al considerar que el a quo desconoció que si bien la demandante acreditó
los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 del 1º de febrero de 1990, aprobado por
el Decreto 758 del 11 de abril de 1990, lo cierto es que fue incumplida la Circular
Interna 1 de 2012 suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal de la entidad,

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

que indicó que «para proceder al reconocimiento de una pensión de vejez contenida en el
Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990, es necesario que el asegurado haya
acreditado o acredite cotizaciones al Seguro Social, con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones, es decir el 1 de abril de 1994». Asimismo,
una vez revisada la historia laboral de la demandante se evidenció que fueron
acreditadas las cotizaciones con el régimen de prima media a partir del 1º de enero
de 1997, es decir posterior a la fecha indicada en la referida circular, de manera que
no le resulta aplicable.

43. Al respecto, como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, la Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014 estableció que
para acceder a la pensión de vejez era posible acumular tiempos cotizados en
entidades públicas, aun cuando el empleador no hubiese realizado aportes a cajas
o fondos de previsión, con las semanas cotizadas al ISS, con fundamento en el
principio de favorabilidad laboral y en la ausencia de una exigencia de cotización
exclusiva al ISS en el Acuerdo 049 de 1990. A tal conclusión se llegó luego de
analizar 2 interpretaciones sobre la acumulación de tiempos, una, que restringía la
acumulación solo al ISS y, otra, que permitía sumar tiempos del sector público y
privado, la cual fue la acogida por la Corte Constitucional al considerarla más
garantista y acorde con el principio pro homine, además, porque con la expedición
de la Ley 100 de 1993 lo que se buscó fue solucionar la fragmentación de regímenes
pensionales, para lo cual se permitió la acumulación de tiempos de servicio.

44. En igual sentido se ha pronunciado esta Sección24, no obstante, también se ha
considerado que esta acumulación solo aplica a quienes no cumplen con los
requisitos de pensión bajo las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 o 100 de 1993
[modificada por la Ley 797 de 2003], evitando así la pérdida de beneficios del
régimen de transición25.

45. En este orden de ideas, la Sala determinará si la demandante a pesar de cumplir
con los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758
de 1990, debió cumplir con lo previsto en la Circular Interna 1º de 2012, en cuanto
a la necesidad de acreditar cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales26, antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994, es decir el 1º de abril de 1994.

46. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, estudió la
posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a un trabajador que era beneficiario del
régimen de transición y no había cotizado para el ISS previo a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1994, para tal efecto consideró que «[e]n lo que respecta al régimen

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 7 de noviembre de 2019,

M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); del 7 de
noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-000-2015-
03699-01(3798-17); y del 23 de abril de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-
2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
25 Sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024), C.P.

Juan Enrique Bedoya Escobar
26 En adelante ISS.

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que señaló el Tribunal es
que, para estar matriculado en él, solo le era necesario el cumplimiento de una determinada
edad o 15 años de servicios cotizados, lo que no supone un mal entendimiento de la norma,
pues eso es lo que se desprende de su inciso primero cuando señala: `La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y
el monto de la pensión de vejez, de las personas que al momento de entrar en vigencia el
sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o
más años de edad si son hombres o quince (15) o más años de servicios, será la establecida
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Ahora bien, de las consideraciones del Tribunal no se desprende que éste hubiera
entendido que por el hecho de estar inmerso el afiliado en el régimen de transición señalado
le resultada aplicable cualquier norma anterior a la vigencia del nuevo sistema general de
pensión, como se lo recrimina la censura, pues nada dijo expresamente sobre el punto ni
ello, tampoco, cabe suponerlo del hecho que hubiera aplicado la Ley 71 de 1988, ya que
específicamente sobre esta normatividad estimó que resultaba enteramente aplicable a la
demandante toda vez que, consideró, su artículo 7 era claro en afirmar como condición para
el otorgamiento de la pensión, el cumplimiento de 20 años de aportes que resaltó podían
ser sufragados ‘en cualquier tiempo, a partir de su vigencia’ sin que requiriera que los
aportes al ISS se hubiesen realizado con anterioridad a la vigencia o con retrospectividad
a la Ley 100 de 1993».

47. Ahora bien, en relación con el reproche expuesto por la entidad de previsión, en
el sentido de que para el reconocimiento de la pensión con el régimen contenido en
el Acuerdo 049 de 1990 el beneficiario de la prestación debió acreditar que estuvo
afiliado al ISS antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-049 de 2024 concluyó que «desde el año 2016, la
jurisprudencia constitucional admite la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados
para la aplicación de las disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 del mismo año. Esto con el propósito de reconocer la pensión de vejez a los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
independientemente de si la afiliación al Instituto de Seguros Sociales (ISS) se dio
con posterioridad a la entrada en vigor del Sistema de Seguridad Social Integral» [se
resalta].

48. En dicha decisión, el tribunal constitucional reiteró que, « la acumulación de
supuestos entre distintos fondos, regímenes pensionales o tiempos de servicio públicos y
privados para la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, no puede condicionarse a que los
beneficiarios del régimen de transición estuvieran afiliados al ISS para la fecha de entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993. La Corte clarificó -a modo de subregla jurisprudencial- que
ni Colpensiones, ni las autoridades judiciales en los trámites ordinarios o contenciosos,
incluso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[30] o el Consejo de
Estado[31], pueden negar el acceso a la pensión de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990 con
el argumento de que, aunque el solicitante o demandante era beneficiario del régimen de
transición, no podía procederse con la acumulación de los tiempos públicos de cotización
por no haber efectuado cotizaciones al ISS antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993».

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

49. Finalmente, en relación con la aplicación de la Circular Interna 1 de 2012, esta
sala encuentra pertinente recordar que el establecimiento de requisitos o
condicionamientos a derechos fundamentales como el que es objeto de estudio es
competencia del legislador, por lo que no es dable a la entidad de previsión
imponerlos y como consecuencia afectar el mínimo vital de los beneficiarios de la
prestación. En ese sentido, en la sentencia de unificación mencionada en párrafos
anteriores, la Corte Constitucional precisó que «al tratarse de la aplicación del régimen
de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el asunto se relaciona
directamente con una materia vinculada con los derechos fundamentales, especialmente
con el derecho a la seguridad social, por lo que su estructuración se encuentra sujeta a
reserva de ley. En consecuencia, su regulación no puede quedar en cabeza del
ejecutivo ni de la entidad pensional, como lo pretende Colpensiones» [se resalta].

50. En consecuencia, no le asiste razón a lo manifestado por Colpensiones en el
recurso de apelación, comoquiera que no es posible aplicar preferencialmente una
circular proferida de carácter interno por una autoridad administrativa, sobre la
Constitución y las leyes.

51. Ahora, en cuanto a la pretensión de la demandante de que se revoque
parcialmente la sentencia de primera instancia con el fin de que se condene en
costas a la entidad de previsión, se precisa que la determinación de la condena en
costas, la Sala encuentra que la palabra «disponer» a la que hace referencia la
norma enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

52. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma27.

53. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

54. Así las cosas, al no resultar acreditada conducta temeraria alguna por parte de
Colpensiones tendiente a dilatar o entorpecer la actividad judicial se confirmará la
negativa por parte del tribunal de primera instancia.

2.5. Costas

27En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

55. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

56. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

57. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.

58. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

59. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala confirmará la decisión de la condena en costas por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala cuarta de decisión.

3. Conclusión

60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el reconocimiento de la
pensión de vejez, en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990, no está condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en la
Circular Interna 1 de 2012 de Colpensiones, en cuanto a la afiliación al ISS previo
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

28En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00423-01 (0807-2024)
Demandante: Ivett Del Rosario Enamorado Mercado

F A L L A:

Primero. Confirmar lo dispuesto en la sentencia del 20 de octubre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Ivett Del
Rosario Enamorado Mercado contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

VMT

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