Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2020-00025-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2020-00025-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2020-00025-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2020-00025-01 (2120-2025)
Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Moñitos
Temas: Pensión jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente vinculación
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas
contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
1. Mary Luz Arroyo Ortiz presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en orden a que se
declarara la nulidad del acto ficto negativo configurado por el silencio administrativo
respecto de la petición elevada el 12 de junio de 2019 ante el Fomag, en cuanto al
reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en las disposiciones
contenidas en la Ley 33 de 1985.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con la inclusión de
todos los factores salariales percibidos durante el año anterior al cumplimiento del
1 En adelante CPACA.
2 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL «5ED_EXPDIGITA_23001233300020200002(.zip)
NroActua 2», 053Incorporaexped_00ExpedienteDigitali.pdf
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
estatus pensional; ii) el reajuste de la pensión conforme con el IPC; iii) el pago de
los intereses moratorios; iv) el pago de las sumas que resultaren; v) el cumplimiento
del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) la condena en
costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mary Luz Arroyo Ortiz nació el 15 de agosto de 1962, por lo que cumplió 55 años
de edad el 15 de agosto de 2017.
3.2 Se desempeñó como docente del municipio de San Bernardo del Viento, por
órdenes de prestación de servicios, durante los siguientes períodos: del 1 de febrero
de 1987 al 30 de noviembre de 1987, del 1 de febrero de 1988 al 30 de noviembre
de 1988, del 2 de mayo de 1994 al 30 de noviembre de 1994, del 2 de enero de
1995 al 30 de junio de 1995 y del 1 de julio de 1995 al 31 de octubre de 1995.
3.3 Posteriormente, prestó sus servicios como docente del municipio de Moñitos en
los períodos comprendidos entre el 1 de julio de 1999 y el 10 de enero de 2008, el
27 de julio de 1999 y el 10 de enero de 1999, el 23 de abril de 1999 y el 27 de mayo
de 1999, el 27 de abril de 1999 y el 27 de diciembre de 1999, y desde el 19 de
febrero de 1999 hasta el año 2018.
3.4 En consecuencia, acreditó más de 20 años de servicios como docente oficial,
con vinculación anterior al 23 de junio de 2003, por lo que le asistía el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 812 de 2003, la cual era compatible con el salario.
3.5 El 12 de junio de 2019 solicitó ante la secretaria de educación de Córdoba el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con inclusión de todos los factores
salariales percibidos durante el año anterior al cumplimiento del estatus de
pensionada, de conformidad con el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, en
concordancia con las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de
2005. Petición que fue remitida a la entidad competente para su estudio y sobre la
cual se configuró el silencio administrativo negativo, por falta de respuesta.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4 Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 1 y 2 de
la Ley 33 de 1985, la Ley 91 de 1989 y 81 de la Ley 812 de 2003 y el Acto legislativo
01 de 2005.
5 En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1 La entidad desconoció los postulados legales y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, toda vez que los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
Ley 812 de 2003 conservaron el régimen pensional especial del magisterio, el cual
permitía acceder a la pensión de jubilación con 20 años de servicios y 55 años de
edad.
5.2 La vinculación mediante órdenes o contratos de prestación de servicios no
debía impedir el cómputo del tiempo laborado, en la medida en que ello acreditaba
que había ejercido funciones docentes permanentes, misionales y propias del
servicio educativo oficial. Por ello, debía prevalecer el principio constitucional de la
primacía de la realidad sobre las formas, con el propósito de que se reconociera
que, más allá de la modalidad contractual utilizada por la administración, había
existido una verdadera relación laboral docente.
5.3 Los contratos de prestación de servicios, aunque formalmente
correspondieran a una modalidad contractual estatal, no podían utilizarse para
encubrir relaciones laborales cuando se verificaban sus elementos característicos.
En ese sentido, era claro que había prestado personalmente el servicio, recibido
una remuneración y estuvo sometida a condiciones propias de subordinación o
dependencia en el desarrollo de la actividad docente.
5.4. La actividad desarrollada no fue ocasional, transitoria ni ajena a la función
pública educativa, sino que había correspondido a labores ordinarias y permanentes
del servicio educativo territorial. Así, solicitó que dichos tiempos fueran tenidos en
cuenta para el reconocimiento pensional, en aplicación de la jurisprudencia sobre
contrato realidad y protección de derechos laborales en el sector público.
1.2. Contestación de la demanda3
6 El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:
6.1 La relación laboral entre la docente y el Fomag no se configuró durante los
períodos vinculados por prestación de servicios, razón por la cual no cumplió con
los requisitos para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en
los términos de la Ley 33 de 1985.
6.2 El Decreto Ley 2277 de 1979 reguló el régimen especial docente, pero no
estableció directamente las reglas sobre la pensión ordinaria de jubilación, por lo
cual debía acudirse a la Ley 33 de 1985. Según esta norma, el empleado oficial que
hubiese servido veinte (20) años continuos o discontinuos y cumplido cincuenta y
cinco (55) años de edad tenía derecho a una pensión mensual vitalicia equivalente
al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio.
3
Índice 015 Samai Tribunal Administrativo de Córdoba, documento «Contestacion Demanda(.pdf)
NroActua 15»
3
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
6.3 La Ley 91 de 1989 reguló el régimen prestacional del personal docente
nacional y nacionalizado. De acuerdo con dicha normativa, los docentes vinculados
antes del 31 de diciembre de 1989 mantuvieron el régimen prestacional que venían
disfrutando, mientras que los docentes nacionales y los vinculados desde el 1 de
enero de 1990 quedaron sujetos a las normas aplicables a los empleados públicos
del orden nacional, con las excepciones propias del régimen del magisterio.
6.4 La Ley 100 de 1993 no se aplicó de manera general a los afiliados al Fomag,
de conformidad con su artículo 279. Posteriormente, la Ley 812 de 2003 estableció
que los docentes vinculados a partir de su entrada en vigencia serían afiliados al
fondo y tendrían los derechos pensionales del régimen de prima media previsto en
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con la excepción de que la edad de pensión
sería de 57 años para hombres y mujeres.
6.5 El régimen pensional aplicable a los docentes dependía de la fecha de
vinculación al servicio educativo oficial. Si la vinculación se produjo antes del 27 de
junio de 2003, debía aplicarse el régimen previsto en la Ley 91 de 1989 y las normas
anteriores pertinentes, pero si el ingreso ocurrió a partir de esa fecha, era el de prima
media con prestación definida regulado por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con edad pensional unificada en 57 años.
6.6 En relación con los factores salariales para liquidar la pensión, solo podían
incluirse aquellos sobre los cuales se hubieran efectuado aportes o cotizaciones.
Así, en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018,
se indicó que el ingreso base de liquidación debía limitarse a los factores
efectivamente cotizados, en atención a los principios de solidaridad, sostenibilidad
financiera y correspondencia entre lo aportado y lo reconocido.
6.7 En concordancia con lo anterior, la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-
2019 fijó la regla aplicable a los docentes oficiales. Según esta providencia, para los
docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, sujetos al régimen de la Ley 33
de 1985, solo debían incluírsele en la liquidación pensional aquellos sobre los cuales
se hubieran efectuado aportes conforme con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, sin
que pudiera adicionarse ningún factor distinto.
6.8. La docente Mary Luz Arroyo Ortiz nació el 15 de agosto de 1962, ejerció la
docencia oficial a través de órdenes de prestación de servicios en varios períodos
comprendidos entre 1987, 1988, 1994 y 1995, y como docente oficial entre 1999 y
2018. Con base en ello, concluyó que los períodos de prestación de servicios no
podían ser considerados como relación laboral pública ni generaban prestaciones
económicas a cargo del Fomag, porque los aportes no habrían sido efectuados ante
dicho fondo.
6.9. Como excepción propuso la legalidad del acto administrativo demandado.
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
1.3. La sentencia apelada
7 El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, en sentencia
proferida el 15 de mayo de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda en los
siguientes términos4:
«[…] Primero: Declarar la existencia de un acto ficto o presunto, originado en la falta de
respuesta a la petición de 9 de septiembre de 2020, mediante la cual la demandante
solicitó el reconocimiento del derecho pensional; conforme la motivación5.
Segundo: Declarar la nulidad del acto ficto o presunto originado en la falta de respuesta
a la petición fecha 12 de junio de 2019, mediante la cual la Secretaría de Educación de
Córdoba, negó el derecho pensional a la demandante; por las razones expuestas.
Tercero: En consecuencia, ordenar a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-
FNPSM a reconocer con efectos a partir del 15 de agosto de 2017, la pensión de
jubilación de la señora Mary Luz Arroyo Ortiz incluyéndose como factores salariales para
calcular el ingreso base de liquidación de su mesada pensional los factores sobre los
cuales cotizó y que se encuentren enlistados en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985
modificado por la Ley 62 del mismo año, que fueron devengados durante el año anterior
al cumplimiento del estatus pensional (del 15 de agosto de 2016 hasta el 14 de agosto
de 2017), esto es, asignación básica, lo anterior de acuerdo a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia.
Cuarto: Respecto de los conceptos que se reconocen y se pagan anualmente, para
efectos de determinar la base de liquidación de la pensión, lo procedente es tomar una
doceava parte.
Quinto: Ordénese, en cuanto a las cotizaciones pensionales de la actora, lo siguiente:
a) A la señora Mary Luz Arroyo Ortiz, acreditar documentalmente y manifestar al
momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de previsión y por
qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió
como docente contratista de los municipios de San Bernardo del Viento y Moñitos,
en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizó tales aportes, indicar lo propio
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
b) A la Nación-Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, repetir en contra de la entidad -o entidades- de previsión a la cual la
demandante acredite que se encontraba afiliada durante el lapso que subsistió la
relación contractual con los Municipios de San Bernardo del Viento y Moñitos, a fin
de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por aquél en dicha
oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure la señora Mary Luz Arroyo
Ortiz de acuerdo con el literal «a» de este ordinal. En todo caso, se autoriza al mentado
fondo, descontar de los valores adeudados a la libelista en virtud de la condena, los
saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento
de lo anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabajador
le correspondía efectuar por los períodos referidos en los literales «b» y «c» de este
ordinal.
b) A los Municipios de San Bernardo del Viento y Moñitos realizar en caso de no
haberlo hecho el pago por concepto de aportes a pensión a favor de la señora Mary Luz
4 Samai Índice 38, documento «45Sentencia_03202000025PensionLe(.pdf) NroActua 38.
5 De acuerdo con los antecedentes del caso y las consideraciones contenidas en la decisión del
tribunal, el numeral primero resulta ser un error de digitación.
5
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
Arroyo Ortiz, únicamente en la proporción que como empleador le correspondía a dicho
ente, durante los períodos en los que la demandante se desempeñó como docente para
dichas entidades territoriales por medio de órdenes de prestación de servicios. Lo
anterior calculado con base en el monto que el primero devengó a título de honorarios.
c) En caso de no efectuarse el pago anterior, la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional, podrá repetir en contra de los Municipios de San Bernardo del Viento
y Moñitos, a fin de obtener el pago de los aportes mencionados.
Sexto: Condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional -FNPSM a pagar a la
demandante, las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el día 15 de agosto
de 2017, conforme lo dicho en la parte motiva. Aplicando a las mesadas causadas la
indexación según el IPC indicado por el DANE desde la fecha en la que se debió hacer
el pago de la pensión a la actora hasta cuando éste se haga efectivamente, según lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo: Condenar a la Nación-Ministerio de Educación Nacional- FNPSM, que sobre
las sumas de dinero resultantes de la presente condena efectúe los correspondientes
ajustes de ley, conforme al porcentaje ordenado para cada año por el Gobierno Nacional.
Octavo: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia de conformidad
con lo indicado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, so pena de ser condenada al
pago de los intereses previstos en el artículo 195 ibidem.
Noveno: Negar las demás pretensiones, conforme lo expuesto.
Decimo: Sin condena en costas conforme la motivación. […]». (sic)
8. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable
al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1 La Ley 91 de 1989 creó el Fomag como la entidad encargada del
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de sus docentes afiliados.
Disposición que distinguió entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
y precisó que el régimen prestacional aplicable dependía de la naturaleza de la
vinculación y de la fecha de ingreso al servicio educativo oficial.
8.2 Conforme con la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 conservaron el régimen pensional establecido
para el magisterio en las disposiciones anteriores a dicha ley. En ese sentido, a los
docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 les resultaba aplicable la Ley 91
de 1989 y las normas concordantes, y no el régimen previsto para quienes se
vincularon con posterioridad.
8.3 Para los docentes regidos por la Ley 91 de 1989, el régimen pensional
aplicable era el previsto en la Ley 33 de 1985. Dicha norma exigía dos requisitos
para acceder a la pensión ordinaria de jubilación: haber servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.
Además, el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985,
estableció como factores salariales para liquidar la pensión la asignación básica,
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gastos de representación, prima técnica, dominicales y feriados, horas extras,
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio.
8.4 La sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, mediante la cual se
unificó la jurisprudencia sobre la liquidación de pensiones de docentes oficiales,
dispuso que, para los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, beneficiarios del régimen de la Ley 33 de 1985, solo podían incluirse en el
ingreso base de liquidación los factores sobre los cuales se hubieran efectuado
aportes y que estuvieran previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Para los
docentes vinculados después de la Ley 812 de 2003, en cambio, resultaba aplicable
el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con edad
pensional de 57 años para hombres y mujeres.
8.5 En cuanto al cómputo de los tiempos laborados mediante órdenes o contratos
de prestación de servicios, el principio de primacía de la realidad sobre las formas
tenía especial relevancia porque la actividad desempeñada mediante órdenes de
prestación de servicios podía revelar una verdadera relación de trabajo, en la
medida en que los docentes contratistas cumplían funciones similares a las de los
docentes de planta y debían acreditar condiciones equivalentes de formación y
experiencia.
8.6 Respecto de la posibilidad de computar tiempos laborados mediante
contratos de prestación de servicios para efectos pensionales, el tiempo laborado
bajo contrato de prestación de servicios como docente debía computarse para
efectos pensionales, siempre que, una vez acreditados los requisitos de edad y
tiempo, se ordenará el recaudo de los aportes pensionales faltantes para financiar
la prestación. Posición que garantizaba la efectividad de los derechos de quien
había prestado sus servicios docentes y había cumplido con los requisitos legales
para adquirir la pensión.
8.7 Mary Luz Arroyo Ortiz prestó sus servicios como alfabetizadora y docente
mediante contratos de prestación de servicios con los municipios de San Bernardo
del Viento y de Moñitos en distintos períodos. Entre ellos, se encontró acreditado el
servido del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1987, del 1 de febrero al 30 de
noviembre de 1988, del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1992, del 1 de febrero
al 30 de noviembre de 1993, del 2 de mayo al 30 de noviembre de 1994, del 2 de
enero al 30 de junio de 1995 y del 1 de julio al 31 de diciembre de 1995.
8.8 Igualmente, quedó acreditado que la demandante fue vinculada
posteriormente mediante nombramientos y que, según el formato único para
expedición de certificado laboral, prestó labor docente del 2 de noviembre de 1999
al 6 de febrero de 2018, para un tiempo de servicio de 18 años, 7 meses y 17 días.
Por lo que concluyó que, el tiempo servido por la actora mediante contratos de
prestación de servicios como docente era computable para efectos del
reconocimiento de su pensión de jubilación. Así, era claro que había prestado
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
servicios docentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo
cual debía verificarse el cumplimiento de los requisitos de la Ley 33 de 1985, esto
es, 20 años de servicios continuos o discontinuos y 55 años de edad. Además, la
existencia de solución de continuidad en la vinculación laboral no impedía el
reconocimiento pensional.
8.9 Respecto del requisito de edad, la accionante nació el 15 de agosto de 1962 y
que, para la fecha de solicitud de reconocimiento pensional, esto es, el 12 de junio
de 2019, tenía 56 años. En consecuencia, se probó el cumplimiento de la edad
exigida por la Ley 33 de 1985. Asimismo, en relación con el tiempo de servicio, al
tener en cuenta el laborado mediante órdenes de prestación de servicios, el cual fue
de 4 años y 11 meses, y el tiempo certificado según vinculaciones a través de
nombramientos, equivalente a 18 años, 7 meses y 17 días, Mary Luz Arroyo, para
el 12 de junio de 2019, acreditó un total de 23 años, 6 meses y 17 días de servicio.
1.4. El recurso de apelación
9. El municipio de Moñitos interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así6:
9.1 El punto cuestionado se limitó a la orden contenida en la sentencia de primera
instancia mediante la cual se dispuso que los municipios de San Bernardo del Viento
y de Moñitos debían realizar, en caso de no haberlo hecho, el pago de los aportes
pensionales a favor de Mary Luz Arroyo Ortiz, únicamente en la proporción que
como empleadores les correspondía, durante los períodos en los que se desempeñó
como docente para dichas entidades territoriales mediante órdenes de prestación
de servicios, calculados con base en los honorarios devengados.
9.2 Se desconoció el hecho de que, como lo había reconocido el tribunal, existían
decisiones del Consejo de Estado que sostenían una tesis contraria a la finalmente
acogida, esta es, que los tiempos laborados mediante contratos de prestación de
servicios docentes no eran computables para efectos pensionales cuando no
obraba prueba de que el contratista hubiera realizado los respectivos aportes o
cotizaciones a pensión durante el tiempo de la relación contractual
9.3 Así, el hecho de que se hubiera optado por acoger la tesis favorable a efecto
de contabilizar dichos tiempos para efectos pensionales, ello conllevó a que se
ordenara el recaudo de los aportes faltantes, con el argumento de garantizar la
efectividad de los derechos de quien había prestado servicios y cumplido con la
edad y el tiempo. Sin embargo, dicha conclusión no resultaba jurídicamente viable
respecto de ese municipio.
9.4 Si bien el Fomag podía ser el responsable de efectuar el reconocimiento
pensional conforme con la normativa aplicable, no resultaba jurídicamente viable
imponer al municipio la condena consistente en pagar aportes pensionales como
6 Samai, índice 050Agregarmemoria_ilove_merged.
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supuesto empleador durante los períodos de prestación de servicios, ya que dicho
vínculo se originó en contratos de prestación de servicios y no en una relación
laboral declarada judicialmente.
9.5 Los contratos de prestación de servicios, por su naturaleza civil y no laboral,
establecen una relación entre contratante y contratista, sin generar un vínculo de
subordinación propio del contrato laboral. En ese sentido, para el caso concreto no
se demostró los elementos esenciales del contrato realidad, esto es, la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación.
10. El Fomag interpuso recurso de apelación, en los siguientes términos:
10.1 En el caso bajo estudio resultaba improcedente computar, para efectos
pensionales, los períodos en los que la actora estuvo vinculada mediante órdenes
o contratos de prestación de servicios. Dichos contratos tenían naturaleza civil y no
laboral, por lo que no generaban por sí mismos una relación de subordinación ni
podían equipararse automáticamente a una relación legal y reglamentaria o laboral.
10.2 Para que un período de servicio pudiera ser considerado con efectos
pensionales, era necesario acreditar la existencia de una verdadera relación laboral,
la cual exigía la demostración de tres elementos esenciales: la prestación personal
del servicio, la remuneración y la subordinación. El denominado contrato realidad
debe ser declarado por autoridad judicial competente cuando, pese a la
denominación formal del vínculo, se acrediten los elementos propios de una relación
laboral. Sin embargo, en el presente asunto no existía sentencia judicial que hubiera
declarado la existencia de una relación laboral entre la demandante y la entidad
correspondiente. Por ello, no era jurídicamente procedente reconocer los períodos
de prestación de servicios como tiempos laborales válidos para efectos pensionales.
10.3 Con el reconocimiento realizado a Mary Luz Arroyo Ortiz se generaría un
detrimento patrimonial, toda vez que se tendrían en cuenta períodos no cotizados,
lo que obligaría al Fomag a asumir el pago de una prestación pensional sin la
financiación correspondiente, lo cual afectaría la sostenibilidad del sistema y
comprometería recursos públicos.
10.4 Por último, solicitó la revocatoria de la condena en costas con fundamento en
la buena fe de la entidad y la insuficiencia probatoria de los perjuicios alegados por
la accionante. Conforme con el numeral 9 del artículo 365 del CGP, aplicable por
remisión del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, la condena en costas solo
procedía cuando en el expediente se acreditará su causación y en la medida de su
comprobación, carga probatoria que no cumplió la demandante.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
11. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA7.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se revocara la
sentencia objeto de apelación, por considerar que no obraba prueba dentro del
expediente de que la docente hubiera realizado los aportes a pensión dentro del
periodo que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, razón
por la cual no podían ser tenidos en cuenta para computarlos para efectos del
reconocimiento pensional.
2. Consideraciones
2.1 . Competencia
13. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
2.2. Cuestión previa
14. Revisado el recurso de apelación interpuesto por el Fomag, se advierte que,
dentro de sus argumentos, solicitó la revocatoria de la condena en costas. No
obstante, una vez examinada la sentencia de primera instancia, se constata que el
tribunal no impuso condena en costas a la parte pasiva. En consecuencia, al no
existir un pronunciamiento al respecto que pueda ser objeto de inconformidad, no
hay lugar a efectuar un estudio de fondo frente a dicho cargo por sustracción de
materia.
2.3. Los problemas jurídicos
15. Con fundamento en los argumentos expuestos en los escritos de apelación8,
los problemas jurídicos se contraen a establecer:
15.1 ¿si el tiempo laborado por Mary Luz Arroyo Ortiz mediante órdenes de
prestación de servicios podía ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985 y de ser así, si dicho
cómputo permitía establecer que era beneficiaria del régimen de transición previsto
en el 81 de la Ley 812 de 2003?
7 Samai, índice 4, 6Auto que admite_6Autoqueadmite_21202025admiterecurs(.pdf) NroActua 4.
8 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
10
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
15.2 ¿si era procedente la condena a los entes territoriales al pago de los aportes
al sistema pensional correspondiente a los períodos en que la demandante prestó
sus servicios mediante contratos de prestación de servicios, pese a la inexistencia
de una declaratoria judicial de relación laboral?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
16. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte9. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas10.
17. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción11. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»12. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
18. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos13. Está integrado por dos regímenes
9 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
10 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
11 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
12 Preámbulo y artículo 6.
13 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
11
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
19. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
20. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida. [Resalta la Sala].
21. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200314.
22. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
23. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
14 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado ese personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
24. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen
prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad
anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor,
los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en
adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
25. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i)
a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
26. La Ley 60 de 199315 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
27.Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia del 23 de febrero de
2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro,
sobre el tema objeto de análisis, precisó:
«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones
señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación
– ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’,
como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que
estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que
se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad
constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en
materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art.
146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
15 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.
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‘especiales’. […]».
28. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
29. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia
pensional, en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que
los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos
y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.4.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales
30.El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
31. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200316, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
[…] Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
16 Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias. Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones. […].
32. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201917, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».
33. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo
17 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de
la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta
pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que
están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del
1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de
enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». [Se resalta]
34. En cuanto a las reglas anteriores, en particular sobre los factores que se
deben tener en cuenta, es necesario precisar que esta Sala ha sostenido18 que
además de los previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, deben incluirse todos
aquellos que han sido señalados en las normas expedidas por el Gobierno Nacional
para los docentes en los que se establezca otro emolumento con carácter salarial,
siempre que se hubiere devengado por el docente, los que, entonces, deben
integrar la base de la liquidación pensional.
35. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado
por quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el
mismo fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años19. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
18 Entre otras, puede consultarse la sentencia del 12 de septiembre de 2024, radicado 05001-23-33-
000-2021-00447-01 (0140-2023), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
19 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
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ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».
36. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera
reciente por esta Subsección20, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto
legislativo 1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo
depende de si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor
de la Ley 812 del 2003.
2.4.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
37. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores21. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
38. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
39. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 22, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación23 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación
47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
22 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
23 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
40. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1624 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
41. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199425 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
42. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
43. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 26 y luego
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
25 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
26 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
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Radicado: 23001-23-33-000-2020-00025-01 (2120-2025)
Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199427; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar28. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
44. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«[…] Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores. […]».
45. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.
46. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado29, sino lo que se evidencia de esa relación, en
27 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
28 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Álvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
47. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»30. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»31.
48. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
49. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
".
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
30 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
31 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
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con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
50. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
51. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 32, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
52. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el artículo
2 del Decreto 3752 de 200333 las prestaciones sociales de los docentes causadas
con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de la entidad de
previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera que la
omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes estuvieron
vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la entidad que
se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la cual se
efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la obligación
de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar los
procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
53. En efecto, el artículo 2334 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
33 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
34 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2435 y 5736 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
54. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.5. Caso concreto
55. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
55.1 Mary Luz Arroyo Ortiz nació el 15 de agosto de 196237. Suscribió los
siguientes contratos de prestación de servicios como docente38:
• Con el municipio de San Bernardo del Viento como alfabetizadora del 1 de
febrero al 30 de noviembre de 1987.
• Con el municipio de Moñitos como alfabetizadora en la Escuela Rural Mixta
Barcelona del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1988.
• 29, con el municipio de Moñitos como alfabetizadora en la Escuela Tres
Bocas del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1992.
• Con el municipio de Moñitos como alfabetizadora en la Escuela Nueva San
Rafael de la Vereda Tinas Abajo del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1993.
• 22, con el municipio de Moñitos como maestra en la Escuela Tinas Abajo del
2 de mayo al 30 de noviembre de 1994.
35«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
36«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
37 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL «5ED_EXPDIGITA_23001233300020200002(.zip)
NroActua 2», 053Incorporaexped_00ExpedienteDigitali.pdf – fl 57
38 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL «5ED_EXPDIGITA_23001233300020200002(.zip)
NroActua 2», 053Incorporaexped_00ExpedienteDigitali.pdf – fl 65 - 89
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
• 27, con el municipio de Moñitos como docente en la Institución Educativa San
Rafael Tinas Abajo del 2 de enero al 30 de junio de 1995.
• Con el municipio de Moñitos como docente en la Escuela San Rafael de la
vereda Tinas Abajo del 1 de julio al 31 de diciembre de 1995.
55.2 De acuerdo con el certificado de información laboral [Formato único para la
expedición de certificados de historia laboral]39 expedido por el Fomag, Mary Luz
Arroyo Ortiz prestó sus servicios como docente, en propiedad, nombrada mediante
el Decreto 035 del 2 de noviembre de 1999 al 6 de octubre de 2018, para un total
de tiempo de servicios de 18 años, 7 meses y 17 días.
55.3 Según certificados de salarios [Formato único para la expedición de
certificado de salarios]40, se señalaron los factores salariales devengados por Mary
Luz Arroyo entre 2016 y 2018.
55.4 El certificado de no pensión41, suscrito por la dirección de nómina de
pensionados de Colpensiones del 25 de septiembre de 2017.
55.5 El 12 de junio de 201942, solicitó a la secretaria de educación departamental
– Fomag el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
33 de 1985. Petición respecto de la cual se configuró el silencio administrativo
negativo.
2.5.1. Análisis sustancial del caso concreto
56. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, en sentencia
proferida el 15 de mayo de 2025 declaró la nulidad del acto administrativo negativo
ficto derivado de la petición del 12 de junio de 2019, y ordenó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación a favor de Mary Luz Arroyo Ortiz, de conformidad
con lo previsto en la Ley 33 de 1985, pues consideró que había acreditado los
requisitos legales de 55 años de edad y 20 años de servicio como docente oficial.
57. El Fomag presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal, pues era improcedente computar para efectos
pensionales los períodos en los que la actora estuvo vinculada mediante órdenes o
contratos de prestación de servicios. Así, Mary Luz Arroyo Ortiz no era beneficiaria
del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, toda vez que se vinculó
39 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL «5ED_EXPDIGITA_23001233300020200002(.zip)
NroActua 2», 053Incorporaexped_00ExpedienteDigitali.pdf – fl 97 – 100.
40 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL «5ED_EXPDIGITA_23001233300020200002(.zip)
NroActua 2», 053Incorporaexped_00ExpedienteDigitali.pdf – fl 104 – 106.
41 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL «5ED_EXPDIGITA_23001233300020200002(.zip)
NroActua 2», 053Incorporaexped_00ExpedienteDigitali.pdf – fl 107.
42 Samai, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL «5ED_EXPDIGITA_23001233300020200002(.zip)
NroActua 2», 053Incorporaexped_00ExpedienteDigitali.pdf – fl 20 – 27.
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
en el Fomag con posterioridad al 27 de junio del 2003, por lo que no tenía derecho
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de
1985.
58. De otra parte, el municipio de Moñitos apeló la condena consistente en pagar
aportes pensionales como supuesto empleador durante los períodos de prestación
de servicios, al considerar que los contratos de prestación de servicios, por su
naturaleza civil y no laboral, establecían una relación entre contratante y contratista,
sin generar un vínculo de subordinación propio de un contrato laboral, por lo que,
reconocer dichos periodos para efectuar un reconocimiento pensional violaba la
normativa aplicable docente. La relación que la demandante mantuvo con el
municipio se había originado en contratos de prestación de servicios y no en una
relación laboral declarada judicialmente.
59. De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, quedó
acreditado que Mary Luz Arroyo Ortiz laboró al servicio de la docencia por 23 años,
6 meses y 17 días y cumplió los 55 años de edad el 15 de agosto de 2017, razón
por la cual, le asistía el derecho al reconocimiento pensional a partir de esta fecha,
bajo las premisas de la Ley 33 de 1985, es decir, la liquidación debía ser de acuerdo
con lo devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus [15
de agosto de 2016 hasta el 14 de agosto de 2017], con la inclusión de los factores
que hubieran servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de
1985.
60. Al respecto, es necesario precisar que contrario a lo señalado en la apelación,
es irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
hubiera sido en virtud de contratos y órdenes de prestación de servicios y no a través
de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen de
transición de la norma antes mencionada no estableció condición alguna adicional
al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como
docente nacional, nacionalizado o territorial.
61. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»43
62. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio
acreditados bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la
pensión reclamada, aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta, pues los derechos en materia
43 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
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laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de vínculo
en virtud del cual se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia
del Estado da lugar a una verdadera relación laboral con él, lo que le permite el
reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las
prestaciones sociales.
63. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la
forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan
a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que,
desde el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de
personal de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación
de servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
64. De esta manera, si bien, Mary Luz Arroyo Ortiz estuvo vinculada a través de una
relación contractual por más de 4 años, esa situación desconocía las disposiciones
del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según las cuales la
diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía justificación
constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en contraste,
vulneraba los derechos laborales irrenunciables de quienes tenían previsto un
régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas en la ley y
no en el contrato.
65. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la entidad
recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria por
tener acreditados los aportes a pensión, pues lo cierto es que el Fomag podría
adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener el traslado del bono
pensional e incluso ante las entidades territoriales en las que la demandante prestó
sus servicios a efectos de que estas asuman los aportes que debieron realizarse en
virtud de esas vinculaciones contractuales y así garantizar la financiación de la
prestación.
66. Lo anterior es así, toda vez que se constituye en un deber de la entidad acudir a
los mecanismos legales para recaudar esas sumas de dinero, pues así se
desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley
100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003;
cuyo trámite no puede afectar el reconocimiento prestacional, de conformidad con
el inciso final del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
67. En ese sentido, resulta necesario resaltar que no solo una vinculación legal y
reglamentaria es útil para acceder al derecho reclamado, pues esta Subsección ha
señalado que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que define su
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
relación con el Estado44, sino lo que se evidencia de esa relación, de forma que el
ejercicio de la función docente a través de otras modalidades, como la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales.
2.4.1.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003
68. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional45», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es los docentes oficiales.
69. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo,
el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese momento
habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de transición,
según el cual, esta reforma solo les sería aplicables a quienes a partir del 26 de
junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
70. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [se resalta].
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
45 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
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Radicado: 23001-23-33-000-2020-00025-01 (2120-2025)
Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
71. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.
72. En esa línea, la Sección Segunda de esta corporación, en sentencia SUJ-
014 -CE-S2 de 25 de abril de 201946, precisó que para efectos de establecer el
régimen prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i) quienes
se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los
servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del
requisito de la edad.
73. De acuerdo con lo anterior y con las pruebas obrantes al expediente, quedó
demostrado que la demandante prestó sus servicios como alfabetizadora del
departamento de Córdoba con ocasión de órdenes de prestación de servicios, así:
del 1 de febrero de 1987 al 30 de noviembre de 1987, del 1 de febrero al 30 de
noviembre de 1988, del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1992, del 1 de febrero
al 30 de noviembre de 1993, del 2 de mayo al 30 de noviembre de 1994, del 2 de
enero al 30 de junio de 1995 y del 1 de julio al 31 de diciembre de 1995.
Posteriormente, tuvo una nueva vinculación como docente en propiedad del 2 de
noviembre al 6 de febrero de 2018 [fecha de la certificación]. Así las cosas, acreditó
el único requisito previsto por el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para ser
beneficiaria de la transición prevista en esa disposición, esto es, una vinculación al
servicio educativo oficial previa a su entrada en vigor.
74. En relación con lo anterior, y de conformidad con la normativa que regula el
derecho que se reclama, para la Sala, existen dos aspectos relevantes, los cuales
son: en primer lugar, la norma de manera expresa señala que el « régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley», es
decir, lo que determina quiénes son beneficiarios de esta prerrogativa es el ejercicio
de la docencia oficial y no la afiliación a un fondo o administrador de pensiones
determinado.
75. Y, en segundo lugar, porque si bien la obligación de afiliar al Fomag a los
docentes territoriales inició con la Ley 60 de 1993, de conformidad con el Decreto
46
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
196 de 1995, este proceso de incorporación dependía de la «solicitud de la respectiva
entidad territorial, la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público». Es decir que la no afiliación a este fondo fue consecuencia del
incumplimiento de un deber legal de las entidades que según el mandato legal eran
las competentes para efectuarlo.
76. Asimismo, la obligación improrrogable de afiliar al Fomag a los docentes
«vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales47» surgió con la expedición
del Decreto 3752 de 2003, en tanto estableció una fecha máxima para que las
entidades territoriales cumplieran con ese deber legal establecido por el legislador
desde el 1993, pues precisó que esa afiliación se debía realizar « a más tardar el 31
de octubre de 2004». De igual forma, advirtió que esta obligación se extendía a los
docentes que se vincularan en provisionalidad y que su incumplimiento «implicará la
responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones
sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar».
77. En suma, lo que le permite a Mary Luz Arroyo mantener el régimen pensional
del cual eran beneficiarios los empleados públicos del orden nacional antes de la
expedición de la Ley 100 de 1993, no era la afiliación al Fomag sino las
vinculaciones que ostentó como docente oficial antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003. Asimismo, se advierte que el régimen prestacional aplicable en
el sub judice era el de la Ley 33 de 1985, puesto que pretendió dicho reconocimiento
con base en el tiempo de servicio que prestó como educadora oficial.
78. Por otro lado, resulta oportuno precisar que en razón a que el derecho
pensional es de carácter imprescriptible y en cuanto a las mesadas pensionales
adeudadas, tampoco se configuró, comoquiera que entre la adquisición del estatus
pensional de la demandante (15 de agosto de 2017) y la petición de reconocimiento
pensional (12 de junio de 2019) no trascurrieron más de 3 años, según el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968, por ende el pago de las correspondientes mesadas
procede a partir del 15 de agosto de 2017.
2.4.1.2. En torno a la inclusión de factores sobre los cuales no se hayan
realizado aportes
79. El reconocimiento pensional se rige por las siguientes reglas: i) una tasa de
remplazo del 75% y ii) el ingreso base de liquidación se determinará con base en lo
devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la
inclusión de los factores que hayan servido de base para calcular los aportes
previstos en la Ley 62 de 1985. Asimismo, deberán incluirse aquellos creados por
la autoridad competente como factor salarial con efectos pensionales y que haya
devengado la docente durante el periodo que se tendrá en cuenta para la
liquidación.
47
Artículo 1 del Decreto 3452 de 2003.
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Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
80. En ese sentido, según el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, la caja de previsión
obligada al pago de pensión tiene «derecho a repetir contra los organismos no afiliados
a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado
hubiere servido o aportado a ellos», de manera que resultaba procedente la orden de
proferida por el tribunal en tal sentido. Así, queda desvirtuado el argumento de
apelación traído por el municipio de Moñitos.
2.6. Costas
81. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
82. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
83. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma48.
84. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron las costas.
85. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas en esta instancia.
3. Conclusión
86. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la vinculación que ostentó
la docente a través de contratos de prestación de servicios entre el 1 de febrero de
48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, CP Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-
33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 23001-23-33-000-2020-00025-01 (2120-2025)
Demandante: Mary Luz Arroyo Ortiz
1987 al 31 de diciembre de 1995 debía ser tenida en cuenta para verificar el
cumplimiento de las exigencias para el reconocimiento de la prestación de
jubilación. En ese orden, en tanto la demandante se vinculó por primera vez al
servicio público educativo oficial previo a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
sin que su vinculación en una fecha posterior al Fomag impidiera resultar
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 ibidem, su situación
pensional se regía por las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985.
87. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida el 15 de mayo de
2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, que accedió a las pretensiones
de la demanda presentada por Mary Luz Arroyo Ortiz en contra de la nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y otro.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Aclara voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
BG
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