Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2020-00487-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2020-00487-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2020-00487-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2020-00487-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 23001233300020200048701 (70.476)
Demandante: Heriberto Enrique Aldana Arias
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro
Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: DERECHO COLECTIVO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA - la configuración de la vulneración
exige, además de un componente objetivo, la acreditación de un elemento subjetivo, expresado en
comportamientos deshonestos, corruptos o, en general, orientados al beneficio particular y contrarios al interés
general / DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL JUEZ POPULAR Y DEL JUEZ DE LA LEGALIDAD - el
juez popular no puede suplantar al juez de lo contencioso-administrativo en el control de la legalidad de los actos
administrativos. La indagación sobre el quebrantamiento de normas jerárquicamente superiores en una actuación
administrativa no constituye, por sí sola, el objeto del proceso diseñado para la tutela de derechos colectivos
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda.
La controversia se refiere a la presunta vulneración del derecho colectivo a la
moralidad administrativa, que el actor atribuye a las acciones y omisiones
desplegadas en el año 2011 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en
desarrollo del procedimiento de actualización de la formación catastral de los predios
rurales y centros poblados del municipio de Ayapel, Córdoba.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. El 25 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera,
profirió la siguiente decisión:
“Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte
motiva.
Segundo: Ejecutoriada la sentencia, remitidas por Secretaría las comunicaciones a las
partes, al Defensor del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y
hechos los registros de rigor, se archivará el expediente”1.
2. La anterior providencia resolvió la demanda presentada por Heriberto Enrique
Aldana Arias en contra del IGAC, cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son los siguientes2:
1
Exp. digital, Documento 58, p. 16.
2
La demanda se presentó el 16 de diciembre de 2020 (Exp. digital, Documento 08).
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
Pretensiones
3. El demandante formuló las siguientes pretensiones (se transcriben literalmente,
incluso con errores):
“Declarar vulnerado el derecho colectivo a la Moralidad Pública por parte de las
autoridades catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- durante las
labores realizadas para la actualización de la formación Catastral de los predios rurales y
centros poblados de las cabeceras de los corregimientos, a través de la persona
contratada para esos efectos.
ORDENAR al representante legal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, o a
quien haga sus veces, para que, a partir de la ejecutoria del fallo que declare la vulneración
del derecho colectivo a la Moralidad Pública, restituya el proceso de actualización de la
formación catastral de los predios de las zonas rurales del Municipio de Ayapel al estado
anterior a la violación del derecho y, consecuencialmente, lleve a cabo dicha actualización
atendiendo imperativamente las obligaciones y prohibiciones establecidas por las normas
técnicas vigentes establecidas para esos efectos.
ORDENAR al representante legal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, o
quien haga sus veces, que mientras se determine el avalúo catastral, en el marco de la
actualización de la formación catastral, se tenga como valor del mismo de los distintos
predios rurales y de los de la cabecera municipal de los corregimientos y veredas rurales,
aplicables para las vigencias de 2011 y posteriores hasta el año en que entre en vigencia
el avalúo catastral corregido en el proceso de actualización de la formación, el vigente
para el año 2010 con sus respectivas actualizaciones conforme a la ley.
ORDENAR al representante legal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, o
quien haga sus veces, COMUNICAR el resultado de los avalúos catastrales anteriores al
señor Alcalde Municipal de Ayapel (Córdoba) para lo de su competencia.
ORDENAR al representante legal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, o
quien haga sus veces, ASUMIR el valor del excedente del IMPUESTO PREDIAL
cancelado al Municipio de Ayapel por cada propietario de los predios afectados por sus
OMISIONES durante las labores que debió realizar para la actualización de la formación
Catastral de los predios rurales y centros poblados de las cabeceras de los corregimientos
y que condujeron a la fijación de un avalúo catastral, base de la liquidación del precitado
IMPUESTO PREDIAL, que no corresponde con los del mercado inmobiliario de Ayapel
(Córdoba), como lo disponen la normas legales reguladoras de los mismos, previa
liquidación por parte de la autoridad administrativa Municipal competente”3.
Hechos
4. En apoyo de sus pretensiones, el demandante relató que el 13 de diciembre de
2010, el IGAC y el municipio de Ayapel suscribieron el Convenio Interadministrativo
No. 5354-2010, cuyo objeto era la actualización de las formaciones catastrales de la
zona rural y los centros poblados de la entidad territorial.
5. El 18 de febrero de 2011, la Dirección Territorial del IGAC de Córdoba expidió la
Resolución No. 23-000-0019-2011, mediante la cual ordenó la actualización de la
formación catastral de Ayapel, en cumplimiento del convenio firmado. Para cumplir
esta decisión, el 10 de junio de del mismo año, el IGAC celebró el contrato de
prestación de servicios No. 09083600 con July Marcela Rodríguez Mustafá, por un
valor de $28’000.000. El objeto de este contrato consistía en elaborar el estudio de
3
Exp. digital, Documento 58, p. 9.
2
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
zonas homogéneas físicas y geoeconómicas dentro del programa de actualización
catastral del municipio de Ayapel.
6. Entre agosto y diciembre de 2011, la contratista presentó varios informes sobre
la ejecución del contrato, los cuales fueron recibidos por la Dirección Territorial
Córdoba del IGAC y el interventor del proyecto, el ingeniero Luis Durante Caraballo.
Dichos informes contenían la información recopilada sobre las zonas homogéneas
físicas y geoeconómicas. En diciembre de 2011, se liquidó de común acuerdo el
contrato de prestación de servicios.
7. A inicios de 2020, Heriberto Enrique Aldana Arias formuló varias peticiones al
IGAC, solicitando información sobre la metodología utilizada en la determinación de
las zonas homogéneas geoeconómicas y los criterios aplicados para la fijación de los
avalúos catastrales. En sus respuestas, la entidad indicó que los avalúos se
determinaron con base en encuestas a peritos. El 7 de abril de 2020, el demandante
elevó una nueva solicitud requiriendo la identificación de los peritos encuestados. El
establecimiento público respondió que la información se basó en consultas a cinco
peritos, pero no proporcionó detalles sobre su metodología de selección ni la forma
de verificación de sus conocimientos sobre el mercado inmobiliario de Ayapel.
8. El 15 de mayo de 2020, el demandante solicitó al IGAC aclarar si se había
solicitado información a entidades como notarías y oficinas de registro de
instrumentos públicos sobre los valores de mercado de los predios analizados. El 28
de mayo del mismo año, la entidad respondió que no efectuó tales solicitudes,
argumentando que la normatividad vigente no lo exigía de manera imperativa.
Posteriormente, el demandante pidió a la Notaría Pública de Ayapel certificar que
había recibido requerimientos de información sobre valores inmobiliarios, obteniendo
como respuesta que no recibió solicitud alguna del IGAC sobre dichos datos.
9. El 2 de julio de 2020, Heriberto Enrique Aldana Arias presentó una petición formal
ante la Dirección Territorial del IGAC en Córdoba, solicitando que se declarara que
hubo un vicio en el procedimiento administrativo de actualización catastral y, por
tanto, que se retrotrajeran sus efectos. El 18 de agosto de 2020, la entidad negó la
solicitud, argumentando que el estudio cumplió con los procedimientos establecidos
en materia catastral.
Fundamentos de derecho
10. El demandante afirmó que las actuaciones del IGAC vulneraron el derecho
colectivo a la moralidad administrativa. Sostuvo que la entidad desconoció las normas
legales, reglamentarias y técnicas que regulan la actualización catastral, entre ellas
la Ley 14 de 1983, el Decreto 3496 de 1983, la Resolución IGAC 070 de 2011 y el
documento técnico M50100-02, aplicable a la elaboración del estudio de zonas
homogéneas físicas y geoeconómicas, así como a la determinación del valor unitario
por tipo de construcción. En particular, argumentó que el IGAC contravino estas
normas superiores al incurrir en las siguientes irregularidades:
3
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
(i) No realizó avalúos comerciales individualizados para cada punto de investigación
basándose en métodos de valoración objetivos, como la comparación de mercado,
la capitalización de rentas, el costo de reposición o la técnica residual.
(ii) No solicitó información a las notarías y oficinas de registro de instrumentos
públicos para contrastar los datos obtenidos en las encuestas con registros objetivos
del mercado inmobiliario. En este punto, sostuvo que, según certificación expedida
por la Notaría Única de Ayapel, entre 2011 y 2012 se otorgaron más de 600 escrituras
públicas, incluyendo múltiples contratos de compraventa de bienes raíces, lo que
evidencia la existencia de información que debió ser considerada en el proceso de
valoración.
(iii) Se basó exclusivamente en encuestas a peritos, lo que contravino la prohibición
de determinar el valor catastral únicamente con este insumo y sin un análisis técnico
complementario.
(iv) No verificó la idoneidad de los peritos encuestados, pese a que la normativa exige
que estos provengan de la zona donde se desarrollan las actividades de avalúo.
(v) No verificó que los peritos contaran con conocimiento suficiente sobre las
características específicas de los predios y los factores que influían en su valoración,
incluyendo limitaciones legales o condiciones físicas particulares.
(vi) No realizó pruebas de los avalúos comerciales con un cubrimiento mínimo del
50% de los predios que se utilizaron como puntos de investigación.
11. Por otra parte, afirmó que la actuación del IGAC fue arbitraria, ya que la entidad
desconoció deliberadamente y sin ninguna justificación las reglas técnicas que
regulan la actualización catastral. En esta línea, adujo que la Administración debe
respetar los principios de la función pública, lo cuales fueron ignorados al avalar un
estudio que carecía de rigor técnico y no aseguraba una valoración equitativa de los
predios rurales de Ayapel.
12. Además, sostuvo que la contratista encargada del estudio obtuvo un provecho
económico indebido, puesto que, a pesar de que las normas violadas exigían la
aplicación de métodos técnicos rigurosos, la valoración se fundamentó
exclusivamente en encuestas. Esto permitió una reducción significativa de los costos
y esfuerzos requeridos para la ejecución del contrato. Afirmó que esta situación no
solo benefició a la contratista, sino que también generó un perjuicio patrimonial a los
propietarios de los predios, ya que incrementó artificialmente los valores catastrales
y, por tanto, la base imponible del impuesto predial.
Contestación de la demanda
13.El IGAC se opuso a las pretensiones de la demanda4. En su defensa, sostuvo
que cumplió las normas técnicas aplicables a la actualización catastral y que el
4
Exp. digital, Documento 21.
4
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
procedimiento seguido se ajustó a los parámetros definidos en la normatividad
vigente. Además, señaló que el demandante no aportó pruebas que permitan
demostrar que los valores fijados en la actualización catastral del municipio de Ayapel
son inconsistentes con los avalúos comerciales. En este sentido, manifestó que la
carga de la prueba recae sobre el actor, quien debía presentar elementos de juicio
que permitieran acreditar la supuesta diferencia entre el avalúo catastral y el valor
comercial de los predios. En ausencia de tales pruebas, consideró que no existe
fundamento para cuestionar la validez de los avalúos realizados.
14. Finalmente, afirmó que las presuntas inconsistencias u omisiones señaladas por
el demandante carecen de impacto sustancial y tienen un carácter meramente formal.
Invocó el principio de instrumentalidad de las formas y argumentó que las posibles
irregularidades no generaron un perjuicio concreto ni afectaron la validez del proceso
de actualización catastral. En este sentido, reiteró que el actor no acreditó que se
haya generado un daño a los sujetos pasivos del impuesto predial en el municipio de
Ayapel.
Vinculación del municipio de Ayapel
15. Mediante auto del 27 de abril de 2022, con fundamento en el artículo 18 de la Ley
472 de 1998, el Tribunal Administrativo ordenó la vinculación del municipio de Ayapel
al proceso y le corrió traslado de la demanda presentada por el actor popular5. En su
contestación, la entidad territorial se opuso a las pretensiones y formuló la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que el municipio no es
titular de competencias administrativas en materia catastral y, por tanto, no puede
atribuírsele responsabilidad por la presunta vulneración de derechos colectivos
derivada del procedimiento de actualización catastral.
Alegatos en primera instancia
16.Declarada fallida la audiencia para la celebración del pacto de cumplimiento6 y
dentro del término de traslado concedido por el Tribunal, las partes presentaron sus
5
Exp. digital, Documento 43.
6
Exp. digital, Documento 42. Mediante auto del 21 de octubre de 2022 (Exp. Digital, Documento 49), el
Tribunal Administrativo de Córdoba decretó como pruebas los documentos aportados con la demanda y la
contestación. En relación con el actor, Heriberto Enrique Aldana Arias, se incorporaron: (i) copia del contrato
de prestación de servicios No. 09083600 de 10 de junio de 2011; (ii) informe dirigido a la Dirección Territorial
Córdoba y al interventor Luis Durante Caraballo, fechado en agosto de 2011; (iii) informe de revisión de
zonas homogéneas físicas y geoeconómicas del municipio de Ayapel, sin fecha ni autor; (iv) informe de
ejecución del Convenio Interadministrativo No. 5354 de 13 de diciembre de 2010; (v) memoria descriptiva
de la determinación de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas del municipio de Ayapel con sus
respectivos anexos, entre ellos los formatos F50100-11/10.V1 al F50100-24/10.V1 que comprenden, entre
otros, planeación, alistamiento, zonificación física urbana y rural, relación de puntos de investigación
económica, estudios estadísticos del mercado inmobiliario, estimaciones de precios unitarios y protocolos
de validación; (vi) escritos radicados por el actor los días 2 de julio y 25 de septiembre de 2020; (vii) oficios
proferidos por el IGAC los días 18 de agosto, 31 de marzo, 27 de abril y 28 de mayo de 2020; (viii) respuesta
de la Notaría Única de Ayapel a solicitud del actor; (ix) el documento técnico M50100-02/10 de diciembre
de 2010 sobre metodología para estudios de zonas homogéneas; (x) la Resolución 070 de 2011 sobre
formación y actualización catastral; (xi) la Resolución 2555 de 1988 que reglamenta el catastro nacional; y
(xii) copia del envío de la demanda y sus anexos al correo del IGAC, conforme al artículo 6 del Decreto 806
de 2020. Por su parte, respecto de los aportados por el IGAC, se decretaron como pruebas: (i) la Resolución
No. 23-000-0019-2011 del 18 de febrero de 2011, mediante la cual se ordenó la actualización catastral de
la zona rural y centros poblados de Ayapel; (ii) informe de avance de actividades presentado por la
contratista; (iii) acta del comité de avalúos de 5 de diciembre de 2011; (iv) concepto favorable de la
5
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
alegatos de conclusión. El demandante reiteró los argumentos de su demanda y
sostuvo que las pruebas aportadas acreditan la vulneración del derecho colectivo a
la moralidad administrativa7. El IGAC, por su parte, reafirmó las defensas expuestas
en su contestación8. El Ministerio Público y el municipio de Ayapel guardaron silencio.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
17. El Tribunal negó las pretensiones9. Sostuvo que las bases técnicas de la
actualización catastral fueron consignadas en la memoria descriptiva elaborada por
July Marcela Rodríguez, a la cual se anexó un estudio estadístico del mercado
inmobiliario y una investigación respaldada por el concepto de peritos. En esta línea,
indicó que las normas que regulan los procedimientos catastrales permiten la
aplicación de diversas metodologías técnicas, siempre que estas aseguren la
adecuada identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles. Así,
concluyó que una eventual divergencia entre los resultados obtenidos con la
metodología aplicada por el IGAC y los valores del mercado inmobiliario respondía a
los insumos estudios utilizados para su implementación, sin que ello implicara un
desconocimiento de la normativa vigente.
18. Agregó que la omisión del IGAC en consultar directamente al Banco Agrario, la
Notaría Única de Ayapel y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos tampoco
implicaba un quebrantamiento del ordenamiento jurídico, dado que ninguna norma
impone la obligación de realizar dicha consulta. Finalmente, advirtió que los afectados
por esta situación podían solicitar la revisión del avalúo conforme a lo previsto en la
Ley 14 de 1983.
19. Por otra parte, el Tribunal sostuvo que, fuera del dicho del demandante, no existía
prueba de que la conducta de los funcionarios del IGAC hubiera sido arbitraria o
estuviera alejada de los fines de la función pública. En este sentido, señaló que no
se acreditó ningún hecho que indicara que la entidad buscara aumentar el valor
catastral de los inmuebles para perjudicar a sus propietarios ni que actuara con
propósitos corruptos, más aún cuando dicha actualización redundaba en el
incremento de los recaudos tributarios para la entidad territorial por concepto de
impuesto predial. Por otra parte, señaló que tampoco existía respaldo probatorio de
la afirmación según la cual la contratista del IGAC, July Marcela Rodríguez Mustafá,
habría actuado con la intención de reducir los costos en que incurrió durante la
ejecución del contrato de prestación de servicios, en detrimento de la calidad de su
trabajo.
Subdirección de Catastro emitido el 13 de diciembre de 2011; (v) Resolución No. 23-000-0350-2011 del 20
de diciembre, por la cual se aprobaron los estudios y se ordenó la liquidación de avalúos; (vi) Resolución
No. 23-000-0353-2011 del 20 de diciembre de 2011, que ordenó la renovación de la inscripción catastral;
(vii) acta de recibo final de 21 de diciembre de 2011; (viii) memoria del estudio de zonas homogéneas físicas
y económicas del municipio; y (ix) oficio No. 1232020EE6144 del 18 de agosto de 2020 suscrito por la
directora territorial. El municipio de Ayapel no solicitó ni aportó pruebas.
7
Exp. digital, Documento 50.
8
Exp. digital, Documento 51.
9
Exp. digital, Documento 58.
6
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
20. El demandante solicitó que se revoque la sentencia. Sostuvo que el Tribunal
Administrativo omitió analizar varias acciones y omisiones imputadas al IGAC, que
habrían implicado el desconocimiento de normas superiores: (i) la determinación del
valor catastral exclusivamente con base en encuestas a peritos, sin la aplicación de
metodologías técnicas complementarias; (ii) la omisión en la verificación de la
idoneidad de los peritos encuestados; (iii) la falta de comprobación de que los peritos
contaran con conocimiento suficiente sobre las características específicas de los
predios y los factores que influían en su valoración, incluyendo limitaciones legales o
condiciones físicas particulares; y, (iv) el incumplimiento de la obligación de realizar
pruebas de los avalúos comerciales con un cubrimiento mínimo del 50% de los puntos
de investigación.
21. También sostuvo que el Tribunal valoró indebidamente las pruebas al concluir
que los anexos incluidos en la memoria descriptiva de la investigación realizada por
la contratista demostraban la aplicación de los métodos técnicos establecidos en la
Resolución 070 de 2011. En esta línea, señaló que las fichas técnicas anexas
contienen declaraciones como la siguiente: “no se registran ofertas durante el
recorrido efectuado por el profesional de zonas, la información de valores se obtiene
a través de investigación directa”. Afirmó que la supuesta inexistencia de
transacciones no justificaba que la contratista del IGAC prescindiera de los métodos
establecidos en las normas técnicas y basara la determinación del valor catastral
exclusivamente en encuestas. Por el contrario, debía consultar fuentes oficiales,
como notarías, entidades financieras y oficinas de registro de instrumentos públicos.
Además, destacó que el Tribunal omitió valorar el documento titulado
“METODOLÓGICO Cod. M50100-02/10 Fecha Dic. de 2010. Versión 1”, el cual
prohíbe la determinación del valor catastral basada únicamente en encuestas,
metodología que, según el demandante, fue la aplicada por el IGAC a través de su
contratista.
22. Finalmente, sostuvo que el carácter arbitrario y caprichoso de la actuación del
IGAC se acreditó con los documentos del expediente y se manifestaba en la
inexactitud de las afirmaciones consignadas en los informes que sustentaron la
actualización de los avalúos. En dichos informes se aseveró que “el municipio no
presenta transacciones de compraventas representativas durante los últimos años,
no cuenta con puntos de oferta o transacciones recientes”. Sin embargo, indicó que
la certificación emitida por la Notaría Única de Ayapel acreditaba el otorgamiento de
más de 600 escrituras públicas entre 2011 y 2012, incluyendo múltiples contratos de
compraventa. El apelante concluyó que esta distorsión de la realidad evidenciaba un
direccionamiento indebido de la actuación administrativa y, por tanto, su carácter
arbitrario.
Trámite en segunda instancia
23. Dentro del término previsto en el numeral 6 del artículo 247 del CPACA, el
Ministerio Público presentó su concepto y solicitó confirmar la sentencia impugnada.
Argumentó que no se acreditó el elemento subjetivo de la violación, pues las pruebas
7
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
del expediente no demostraban que la contratista del IGAC hubiese actuado con la
intención de favorecer intereses particulares o de obtener un beneficio indebido. Por
otra parte, sostuvo que, en última instancia, el actor popular pretendía la anulación
de los actos administrativos mediante los cuales se ordenó la actualización de las
formaciones catastrales de los predios rurales de Ayapel y la liquidación de los
avalúos, por lo que sus pretensiones debieron formularse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho10.
24. El IGAC y el municipio de Ayapel no se pronunciaron sobre el recurso de
apelación.
III. CONSIDERACIONES
Objeto de la apelación
25. Corresponde determinar si los reparos del apelante evidencian errores en la
justificación de la decisión impugnada sobre la inexistencia de una lesión al derecho
a la moralidad administrativa y si, en consecuencia, dicha decisión debe revocarse.
26. La formulación del problema en clave de una supuesta vulneración al derecho
colectivo a la moralidad administrativa permite anticipar el sentido de la decisión que
la Sala anuncia ab initio: confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda. La razón de esta decisión radica en que la confrontación
propuesta por el apelante entre (i) las normas superiores que regulan el
procedimiento de actualización de las formaciones catastrales y (ii) los actos
administrativos expedidos por el IGAC, es propia de un juicio de legalidad —que
escapa a la competencia del juez popular— y no es suficiente para concluir la
vulneración del derecho colectivo alegado. Para ello, es necesario acreditar
elementos de naturaleza subjetiva que, en este caso, no fueron probados.
27. Para justificar la decisión anunciada, la Sala abordará los siguientes puntos: (i) la
legitimación en la causa por pasiva del municipio de Ayapel; (ii) el contenido del
derecho colectivo a la moralidad administrativa; (iii) las implicaciones de esta
caracterización en la delimitación de las competencias del juez popular y del juez de
la legalidad; y (iv) la falta de demostración de una vulneración del derecho colectivo
a la moralidad administrativa atribuido al IGAC.
La legitimación en la causa por pasiva del municipio de Ayapel
28. La jurisprudencia ha distinguido entre la legitimación de hecho y la legitimación
material en la causa11. La primera hace referencia a la relación que surge entre las
partes a partir de la pretensión procesal. Así, quien interpone la demanda y atribuye
una conducta activa u omisiva que justifica el ejercicio de la acción está legitimado
de hecho por activa, mientras que quien es citado y señalado como responsable de
dicha conducta adquiere la legitimación de hecho por pasiva. Por otro lado, la
10
Samai CE, Índice 11.
11
Cfr. C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 68.632 (párr. 15), sep. 13/2024. C.P José Roberto Sáchica.
8
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
legitimación material en la causa se refiere a la participación real de los sujetos en el
hecho que origina la demanda, independientemente de su calidad de parte en el
proceso. En este sentido, un sujeto puede estar legitimado en la causa de hecho,
pero carecer de legitimación material cuando, pese a ser parte en el proceso no tenga
un vínculo sustancial con los intereses en disputa, al no estar relacionado con los
hechos que dieron lugar al litigio.
29. El artículo 9º de la Ley 472 de 1998 establece que las acciones populares
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares que hayan violado o amenacen con violar los derechos e intereses
colectivos. En este caso, la demandante sostiene que la lesión del derecho colectivo
a la moralidad administrativa derivó de las acciones y omisiones ocurridas en el
marco de una actuación administrativa: la actualización de las formaciones
catastrales de los predios rurales del municipio de Ayapel.
30. Según el artículo 3º de la Ley 14 de 1983, las autoridades catastrales tienen a su
cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, con el
fin de garantizar la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los
inmuebles12. El IGAC ejercía las funciones de autoridad máxima catastral en el país,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6.7 del Decreto 2113 de 1992, dictado con
fundamento en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política y vigente en la
época de los hechos13. En contraste, el municipio de Ayapel, que fue vinculado al
proceso oficiosamente por el Tribunal como parte del extremo pasivo del litigio, no
tenía entonces —ni tiene ahora— funciones asignadas constitucional o legalmente
como autoridad catastral, a diferencia de otras entidades territoriales como el Distrito
Capital de Bogotá D.C14.
31. La legitimación en la causa constituye un presupuesto necesario para que el juez
pueda emitir una sentencia de mérito sobre las pretensiones formuladas en la
demanda. En este caso, la acción popular se fundamenta en la presunta vulneración
del derecho colectivo a la moralidad administrativa derivada de la actualización de las
formaciones catastrales de los predios rurales del municipio de Ayapel. Dicha
actuación fue desarrollada exclusivamente por el IGAC, que expidió diversos actos
administrativos —cuyo contenido será analizado más adelante—, sin intervención
directa del municipio, que no ostentaba la calidad de autoridad catastral. En
consecuencia, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, propuesta en la contestación de la demanda de la entidad territorial.
12
Ley 14 de 1983, art. 3: “Las autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores de formación,
actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y
económica de los inmuebles”.
13
Decreto 2113 de 1992, art. 6.7: “De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto
tendrá las siguientes funciones: (…) 7. Ejercer las funciones de autoridad máxima catastral en el país;
reglamentar, formar, actualizar y conservar el catastro en el territorio nacional, elaborando el inventario de
la propiedad inmueble con sus atributos físicos, económicos, jurídicos y fiscales y expedir las normas que
deberán seguir las autoridades locales cuando les correspondan las funciones de formación, actualización
y conservación catastrales”.
14
Ley 14 de 1983, art. 29.
9
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
El derecho colectivo a la moralidad administrativa
32. La moralidad administrativa tiene una doble condición: es un derecho colectivo
de rango constitucional (CP, art. 88; Ley 472 de 1998, art. 4º) y, al mismo tiempo, un
principio que orienta el ejercicio de la función administrativa, que está al servicio de
los intereses generales (CP, art. 209). Aunque se trata de un concepto jurídico
indeterminado, esto no implica que su contenido dependa exclusivamente de la
apreciación subjetiva del operador judicial15.
33. La acción administrativa se ejerce como expresión de un poder atribuido y
delimitado previamente por la Constitución o la Ley. En ausencia de una habilitación
normativa, la Administración carece de facultades para actuar. En este marco de
vinculación positiva a la Constitución y a la Ley (CP, art. 121), uno de los criterios
empleados para precisar el contenido del derecho colectivo a la moralidad
administrativa consiste en verificar la observancia de las normas jurídicas que regulan
la producción de los actos administrativos y predeterminan su contenido 16. Estas
normas habilitantes —que con frecuencia incorporan valores morales— confieren
competencias orientadas a la realización del interés general (CP, art. 209) y al
aseguramiento de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución (CP, art. 2).
34. La jurisprudencia de la Corporación ha reconocido, sin embargo, que el contenido
del derecho colectivo a la moralidad administrativa no se limita a la observancia de
las normas positivas que regulan las actuaciones de la Administración, sino que
también abarca los principios generales del derecho consagrados en la Constitución
y la Ley17. Incluso, se ha planteado que dichos contenidos pueden hallarse
extramuros del derecho positivo18, “en los valores que la sociedad reclama de la
administración, así no estén expresamente previstos en las normas y reglamentos”19.
15
C.E., Sala Plena Contenciosa, Sent. 11001-33-31-035-2007-00033-01[AP], dic. 1/2015. C.P. Luis Rafael
Vergara Quintero.
16
C.E., Secc. Tercera, Sent. 88001-23-31-000-2004-00009-01[AP], ago. 30/2007. C.P. Enrique Gil Botero.
17
C.E., Sala Plena Contenciosa, Sent. 11001-33-31-035-2007-00033-01[AP], dic. 1/2015 (§ 4.1.2). C.P.
Luis Rafael Vergara Quintero.
18
C.E., Secc. Tercera, Subs. B, Sent. 25000-23-24-000-2011-00032-01 [AP] ago. 29/2014. C.P. Stella
Conto Díaz del Castillo: “En lo que toca con el alcance del juicio de moralidad y las medidas que al juez
popular le corresponde adoptar cuando ese derecho es vulnerado o amenazado en el ámbito de la actividad
contractual del Estado, la Sección Tercera tiene por establecido que, dado su carácter principal,
independiente y prevalente, se trata de hacer prevalecer, en cada caso concreto, un valor constitucional
con fuerza normativa vinculante, que alcanza mayor jerarquía que el principio de la legalidad, en tanto la
moralidad no se agota en este, sino que trasciende a valores que la sociedad reclama de la administración,
así no estén expresamente previstos en las normas y reglamentos”.
19
Esta concepción implica la asunción una postura de objetivismo moral, fundada en expectativas éticas
compartidas sobre la corrección del ejercicio de la función pública Según esta postura, pueden ofrecerse
razones concluyentes a favor de los enunciados morales, fruto de una argumentación racional, y, por
consiguiente, estos pueden resultar fundados o infundados (o más o menos fundados o infundados), de
manera semejante —aunque no idéntica— a como los enunciados científicos, o en general los enunciados
descriptivos, que pueden calificarse como verdaderos o falsos. Cfr. Manuel Atienza. ‘Objetivismo moral y
Derecho’. En: Filosofía del derecho y transformación social. Madrid: Ed. Trotta, 2023, pp. 221 – 224.
10
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
35. Independientemente de los criterios que se adopten para concretar sus
contenidos, el derecho colectivo a la moralidad administrativa no se confunde con la
exigencia o pretensión de legalidad en las actuaciones administrativas20.
36. El derecho colectivo a la moralidad administrativa, en su dimensión
constitucional, trasciende una comprensión netamente legal e incorpora valores que
la sociedad exige de la Administración Pública, aunque no estén expresamente
previstos en normas o reglamentos. Entre estos valores se destacan la prudencia, la
pulcritud, la honestidad, la rectitud, la seriedad, la ponderación en el uso de las
facultades y la racionalidad en la toma de decisiones. No puede ser de otra manera:
si el juicio de moralidad se redujera a una confrontación abstracta entre una actuación
administrativa —como un acto o contrato— y una norma superior que regula su
producción o predetermina su contenido se desnaturalizaría su contenido moral y se
convertiría en un juicio de legalidad encubierto, con el riesgo de colectivizar o
moralizar cualquier transgresión del derecho positivo21.
37. En síntesis, la configuración de la vulneración de este derecho exige, además de
un componente objetivo, la acreditación de un elemento subjetivo, expresado en
comportamientos deshonestos, corruptos o, en general, orientados al beneficio
particular y contrarios al interés general y a los principios que rigen una recta
administración de lo público. Es la articulación entre estos dos planos —objetivo y
subjetivo— la que permite diferenciar el juicio de moralidad del simple control
abstracto de legalidad de las actuaciones administrativas22.
La delimitación de las competencias del juez popular y del juez de la legalidad
38. La distinción entre el derecho colectivo a la moralidad administrativa y la
pretensión de legalidad de los actos de la Administración comporta varias
implicaciones. La primera es que el juez popular no puede suplantar al juez de lo
contencioso-administrativo en el control de la legalidad de los actos administrativos23.
En efecto, la indagación sobre el quebrantamiento de normas jerárquicamente
20
La expresión pretensión se utiliza acá, no en el sentido procesal de objeto de la acción o petición que se
formula a una autoridad judicial, sino como la situación jurídica de un sujeto al cual una norma le consiente
exigir el cumplimiento de una obligación por parte de otro sujeto.
21
C.E., Sala Plena Contenciosa, Sent. 11001-33-31-035-2007-00033-01[AP], dic. 1/2015 (§ 4.1.2). C.P.
Luis Rafael Vergara Quintero. “Esta conexión “moralidad - legalidad” no ha tenido divergencia
jurisprudencial al interior del Consejo de Estado. Pero también ha sido uniforme la jurisprudencia en señalar
que no toda ilegalidad constituye vulneración a la moralidad administrativa; que el incumplimiento per se no
implica la violación al derecho colectivo: en palabras de la misma Corporación “no se puede colectivizar
toda transgresión a la ley”.
22
C.E., Sala Plena Contenciosa, Sent. 11001-33-31-035-2007-00033-01[AP], dic. 1/2015 (§ 4.1.2). C.P.
Luis Rafael Vergara Quintero: “Ya se vio cómo para disponer la protección del derecho colectivo pretendido
por el juez popular deben tener presencia tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo y su debida
correlación. Para ello se requiere de una carga argumentativa por el actor popular en la que se efectúe una
imputación directa, seria y real de la violación del ordenamiento jurídico y de la realización de las conductas
atentatorias de la moralidad administrativa”.
23
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 73001-23-31-000-2010-00441-01 [AP] (párr. 32), mar. 5/2021. C.P.
José Roberto Sáchica Méndez: “Si bien, a través de la acción popular se pretende corregir las
irregularidades que lesionan principios rectores de la actividad administrativa, conjurando oportunamente
hechos u omisiones capaces de generar daños colectivos a la moralidad y al patrimonio público con el fin
de superarlos, no se trata de que el juez popular realice un juicio de legalidad formal, como quedó dicho,
pues ello le corresponde al juez de nulidad, sino que propenda por la protección de la moralidad
administrativa y la defensa del patrimonio público sin los límites de las acciones ordinarias”.
11
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
superiores en una actuación administrativa no constituye, por sí sola, el objeto del
proceso diseñado para la tutela de derechos colectivos. Esta verificación debe
correlacionarse con los presupuestos de carácter subjetivo, pues la conjunción de
estos elementos es la que puede proyectarse, ya sea en sus efectos o en su origen,
como un factor perturbador del derecho colectivo. No se trata, entonces, de que el
juez popular realice un juicio de legalidad formal, sino de que garantice la protección
de los derechos colectivos sin las restricciones propias de los medios de control
ordinarios.
39. La segunda implicación, estrechamente vinculada con la anterior, es que la
acción popular no puede convertirse en una vía para la protección de la legalidad en
abstracto, cuando no se articula con los elementos subjetivos propios del juicio de
moralidad administrativa. El medio de control judicial instituido con ese propósito es
el de nulidad, mediante el cual cualquier persona puede solicitar esta sanción jurídica
de los actos administrativos de carácter general —o, excepcionalmente, particular—
cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse,
sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia
y defensa, mediante falsa motivación o con desviación de poder (CPACA, art. 137) 24.
40. La tercera implicación es que la acción popular no puede convertirse en un
mecanismo para instrumentalizar el juicio de legalidad con el fin de modificar
situaciones jurídicas particulares y concretas afectadas por una actuación
administrativa. En otras palabras, no puede utilizarse para obtener el restablecimiento
de un derecho subjetivo, que —a diferencia de los intereses colectivos— se
caracteriza por su contenido individual y responde al paradigma de protección de los
intereses particulares frente a la actuación del Estado25. En efecto, el medio de control
judicial previsto para esa finalidad es el de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través del cual toda persona que se considere lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica puede solicitar la declaración de nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y el restablecimiento del derecho
conculcado, así como la reparación del daño causado (CPACA, art. 138).
41. Las anteriores consideraciones, lejos de poner en duda el carácter autónomo y
principal de la acción popular, afianzan esta característica, solo que reservando para
sí los asuntos propios de la protección de derechos e intereses colectivos y dejando
para los otros medios de control la protección de la legalidad abstracta y la tutela
judicial de los derechos subjetivos vulnerados por una actuación administrativa26.
24
C.E., Sala Plena Contenciosa, Sent. 2704 (25000-23-15-000-2002-02704-01[SU], feb. 13/2018. C.P.
William Hernández Gómez: “Por otra parte, el objeto de la acción popular se circunscribe a la protección de
los derechos e intereses colectivos, que si bien tienen profundas repercusiones jurídicas, sociales y
económicas, no están protegidos necesariamente por las acciones ordinarias mencionadas. Su finalidad,
por tanto, se aleja de la salvaguarda del orden jurídico abstracto y no culmina con el restablecimiento de
derechos subjetivos ni con indemnización de perjuicios, salvo la condena al pago de perjuicios cuando se
haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga
a su cargo”.
25
Luis Medina Alcoz. Libertad y autoridad en el Derecho administrativo: Derecho subjetivo e interés legítimo:
una revisión. Madrid : Marcial Pons, 2016, pp. 13 – 15.
26
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: “Entonces, el hecho que el legislador
haya establecido en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 que el juez de la acción popular no puede decidir
sobre la anulación de los actos administrativos y contratos estatales, en nada afecta el carácter principal o
autónomo y no subsidiario de la acción. Se trata de una medida legítima del órgano legislativo que busca
armonizar la regulación legal de los distintos medios de control judicial de la administración al establecer
12
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
42. En suma, el derecho colectivo a la moralidad administrativa se entenderá
vulnerado o amenazado —y, en consecuencia, se justificará la intervención del juez
popular— cuando la articulación entre los elementos objetivos y subjetivos del juicio
de moralidad permita concluir que la función administrativa fue ejercida en desviación
del fin público que la justifica jurídica y moralmente, en favor del propio servidor
público o de un tercero.
43. Como se explicará a continuación, la Sala no encuentra acreditada dicha
vulneración en este caso. Por el contrario, se advierte que la acción popular fue
promovida con un propósito ajeno a su naturaleza: instrumentalizar el juicio de
legalidad para incidir en situaciones jurídicas particulares y concretas de los sujetos
pasivos del impuesto predial unificado en el municipio de Ayapel, lo cual desborda el
objeto del medio de control previsto en el artículo 2º de la Ley 472 de 1998.
La inexistencia de la lesión derecho colectivo a la moralidad administrativa
atribuido al IGAC
44. Como se indicó anteriormente, el demandante alegó que el origen de la
vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa es el procedimiento
de actualización de las formaciones catastrales de los predios rurales del municipio
de Ayapel, Córdoba. En relación con este procedimiento, cabe señalar que la Ley 14
de 1983, mediante la cual se dictaron disposiciones orientadas a fortalecer los fiscos
de las entidades territoriales, estableció que las autoridades catastrales debían
formar o actualizar los catastros dentro de periodos máximos de cinco años, con el
propósito de revisar los elementos físicos o jurídicos del inventario predial, cuando se
presentaran mutaciones físicas, variaciones en el uso del suelo o la productividad,
obras públicas o cambios en las condiciones locales del mercado inmobiliario (art. 5).
45. El Decreto 3496 de 1983, que reglamentó la Ley 14 del mismo año, incorporó
varias definiciones relevantes, reconoció derechos a favor de los titulares de predios
respecto de los cuales se ejercieran funciones catastrales y atribuyó al IGAC la
competencia para dictar las normas técnicas que debían regir dichas labores. En su
artículo 2, definió el catastro como el inventario o censo, debidamente actualizado y
clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes tanto al Estado como a los
particulares. A su vez, el artículo 5 destacó su componente fiscal, al disponer que
dicho inventario debía servir como base para la preparación y entrega, a los tesoreros
municipales y a las administraciones de impuestos nacionales, de los listados de
avalúos sobre los cuales se aplica la tarifa del impuesto predial.
46. Asimismo, el Decreto 3496 de 1983 distinguió tres momentos dentro del proceso
catastral: formación, actualización y conservación.
(i) La formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a
obtener información sobre los terrenos y edificaciones en sus aspectos físico, jurídico,
fiscal y económico. Este procedimiento concluye con una resolución mediante la cual
que en este tipo de acciones no es procedente anular contratos o actos de la administración, en tanto que
para ello están las acciones contencioso administrativas correspondientes, o medios de control, como los
denomina la Ley 1437 de 2011 a partir de su artículo 135”. C. Const., Sent. C-644 (§ 3.2.2), ago. 31/2011.
M.P. Jorge Iván Palacio.
13
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
las autoridades catastrales ordenan la inscripción en el catastro de los predios
formados (art. 11).
(ii) La actualización de la formación catastral comprende el conjunto de operaciones
orientadas a renovar los datos previamente recopilados, mediante la revisión de los
elementos físico y jurídico del catastro, y la corrección de las disparidades existentes
en el componente económico, originadas por mutaciones físicas, cambios en el uso,
obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Este procedimiento
también culmina con una resolución que ordena la renovación de la inscripción
catastral de los predios actualizados (art. 13).
(iii) Por último, la conservación catastral se refiere a las operaciones destinadas a
mantener actualizados los documentos catastrales conforme a los cambios que
experimente la propiedad raíz en sus distintos aspectos. Esta etapa se inicia al día
siguiente de la inscripción de la formación o actualización, y se formaliza mediante
una resolución que dispone la inscripción de los cambios respectivos en el catastro
(art. 12).
47. El Decreto 3496 de 1983 dispuso que el avalúo de cada predio debe establecerse
mediante la suma de los avalúos parciales practicados de manera independiente para
el terreno y para las edificaciones que lo integran (art. 7). Asimismo, estableció que
las autoridades catastrales deben realizar los avalúos por áreas geoeconómicas
homogéneas, dentro de las cuales se fijarán valores unitarios diferenciados para
terrenos y edificaciones. Finalmente, fijó reglas orientadas a garantizar el derecho
reconocido a los propietarios y poseedores en el artículo 9º de la Ley 14 de 1983,
consistente en solicitar la revisión del avalúo resultante del proceso de formación o
actualización, cuando acrediten que el valor asignado no se ajusta a las
características y condiciones del predio (art. 30). Esta revisión se tramita dentro del
proceso de conservación catastral mediante un procedimiento especial regulado en
los artículos 31 a 39 del mismo decreto.
48. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley 14 de 1983 —reiterado en el artículo
41 de su decreto reglamentario—, que confirió al IGAC la facultad de dictar las
normas técnicas a las que debían sujetarse las labores catastrales en todo el país,
se expidió la Resolución 070 de 2011, mediante la cual se reglamentó técnicamente
la formación catastral, la actualización de la formación y la conservación catastral. En
el Título III de esta Resolución (arts. 97 a 104) se reguló lo relativo a la actualización
de las formaciones catastrales y se estableció que en este proceso debían
desarrollarse las mismas actividades previstas para la formación inicial. Entre estas
se encuentran: la investigación del mercado inmobiliario (art. 77.7), la determinación
de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas (art. 77.8), la determinación del
valor de los terrenos y edificaciones (art. 77.9) y, en última instancia, la liquidación
del avalúo para cada predio (art. 77.12).
49. Para la determinación de los avalúos resultantes de la actualización catastral,
debían surtirse actuaciones técnicas previas. En primer lugar, la determinación del
valor de las zonas homogéneas geoeconómicas, entendida como el proceso por el
cual se establece, a partir de puntos de investigación económica dentro de las zonas
14
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
homogéneas físicas, el valor en el mercado inmobiliario de los terrenos ubicados en
ellas (Res. 070/2011, art. 77.8). En segundo lugar, la determinación de los valores
unitarios para las construcciones o edificaciones, mediante el análisis de puntos de
investigación económica para cada tipo de construcción, con el fin de estimar su valor
comercial (art. 77.9). Finalmente, la liquidación de los avalúos debía realizarse con
base en los valores unitarios definidos para la zona homogénea geoeconómica, los
precios unitarios según el tipo de edificación y las áreas correspondientes del terreno
y de las construcciones (art. 77.12).
50. De acuerdo con el artículo 93 de la misma Resolución, para el estudio de zonas
homogéneas físicas y geoeconómicas y la determinación del valor unitario de los
tipos de construcciones y/o edificaciones, se requería la aprobación del Director
Territorial del IGAC, la cual debía estar precedida por el concepto técnico de la
Subdirección de Catastro.
51. En síntesis, la Ley 14 de 1983 atribuyó al IGAC la función administrativa especial
de formar, actualizar y conservar el catastro. Se trata de una competencia técnica,
permanente y continua, orientada a la producción y actualización sistemática de
información sobre los bienes inmuebles del territorio nacional. Si bien una de sus
finalidades consiste en suministrar la información para la determinación la base
imponible del impuesto predial unificado, esta no agota el alcance de la función
catastral. El catastro también cumple otros fines como identificar física, jurídica y
económicamente los predios, con el fin de clarificar los objetos de apropiación;
facilitar las transacciones inmobiliarias mediante información confiable; sustentar
procesos de ordenamiento territorial; y reforzar la seguridad jurídica en materia de
propiedad inmueble.
52. Bajo este marco legal y reglamentario, el IGAC y el municipio de Ayapel
celebraron el convenio interadministrativo No. 5354 del 13 de diciembre de 2010. En
virtud de este, el establecimiento público del orden nacional, por conducto de su
Dirección Territorial Córdoba, asumió la realización de la actualización de la
formación catastral de la zona rural y de los centros poblados del municipio 27. El
convenio indicó que los nuevos avalúos entrarían en vigencia el 1 de enero de 2012.
En cumplimiento de este compromiso, mediante Resolución del 18 de febrero de
2011, la Directora Territorial Córdoba del IGAC ordenó iniciar, a partir del mes de
marzo de ese mismo año, el proceso de actualización de la formación catastral28.
53. Para la determinación del valor de las zonas homogéneas geoeconómicas (Res.
070 de 2011, art. 77.8), el IGAC celebró el contrato de prestación de servicios No.
090836600 del 10 de junio de 2011 con July Marcela Mustafá29. Según consta en
varios documentos obrantes en el expediente, la contratista tomó como insumo
principal una encuesta realizada a cinco peritos. Esta decisión fue justificada por dos
factores: (i) las restricciones para efectuar inspecciones oculares debido a problemas
de orden público y a las inundaciones en los terrenos y (ii) la ausencia de información
27
Expediente Digital, PRUEBA_29_11_2020 13_46_28, p. 26.
28
Expediente Digital, Anexo 26 contestación demanda.
29
Expediente Digital, PRUEBA_29_11_2020 13_45_28.
15
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
que permitiera estimar el valor del suelo con base en fuentes indirectas del mercado
inmobiliario.
54. En el informe de agosto de 2011, dirigido a la Directora Territorial del IGAC y al
interventor del contrato, la contratista informó lo siguiente:
“El municipio Ayapel tiene, por su ubicación geográfica, un especial interés para los grupos
armados, ilegales que buscan un enclave de movilidad hacia otros, puntos de vital
importancia para el tráfico de drogas como Nechí y Caucasia en Antioquia, y San Carlos
en Sucre. Igualmente el sitio conocido como Cuatro Bocas es un punto importante dentro
del municipio para el posicionamiento y control territorial puesto que de allí se puede llegar
a Caucasia, también hacia la parte rural de la Apartada, hacia Nechí en Antioquia y hacia
El Cedro, sitio que ofrece condiciones para el desarrollo de la actividad de tráfico de
drogas y otros productos ilegales, en la década de los 80 este municipio sufrió una fuerte
influencia por parte del narcotráfico, situación que aún se mantiene, transformando el
interés actual de los grupos armados en controlar las rutas que por vía fluvial comunican
la ciénaga de Ayapel, los ríos San Jorge y Cauca, con otros departamentos.
Situación Predios Ubicación
predios Ayapel
Total 3156
reconocidos
Sin 156 Predios al sur oriente del municipio que se encuentran en
reconocimiento límite con Nechi
por orden
público
Afectados por 816 Corregimientos de palotal, las delicias, el cable, pueblo
orden público nuevo popales, vereda los Trejos.
según IR 001-
11 de febrero
de 2011
Predios 1830 Veredas Caño Muñoz, Nariño, caño Barro, Playa Blanca,
afectados por caño Muñoz arriba, caño bamba, Alfonso López, San
inundación Matías, el totumo, sincelejito, barandilla, cabecera, el
cabruno, los monos, santa rosa, san Jorge abajo, las
múcuras, Juan Díaz, marralu, morrocoy, campo alegre,
palotal, los novillos, monteadero, la Ceiba, el cedro,
quebradona, rodeo limpio, las escobollas, pueblo nuevo,
popales, aguas claras, trejos, caño pescao, caño gil.
Este panorama, pretende explicar cuáles son las dificultades actualmente presentadas
para el desarrollo óptimo del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas en
el municipio en mención, no obstante, se continuará en la medida de lo posible y con las
limitantes descritas, si así se decide, con las diferentes actividades conducentes a la
determinación final de las ZHF y de valores para la delimitación de las ZG”30.
55.Por otra parte, en el documento titulado informe de revisión estudio de zonas
homogéneas físicas y geoeconómicas, precisó lo siguiente:
“2.3.1. Investigación Económica: El estudio económico se fundamentó básicamente en la
entrevista a expertos de la zona, conocedores del movimiento inmobiliario en el
Departamento de Córdoba, se realizó revisión de ofertas o algún tipo de transacción
consultando en internet y con funcionarios de la población pero no se encontró un mercado
inmobiliario real es decir, con demanda y oferta de inmuebles.
30
Expediente Digital, PRUEBA_29_11_2020 13_46_03.
16
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
2.3.2. Puntos de Investigación Económica: Se tomaron para la investigación económica
58 puntos para la zona rural, el criterio básico que se contempló para definir los puntos de
investigación fue la de garantizar que en cada una de las zonas homogéneas físicas
delimitadas tuvieran una cobertura mínima. La información obtenida para la adopción de
los valores comerciales de cada zona homogénea física fue lograda en la investigación
directa del mercado inmobiliario.
2.3.3. Investigación Directa del Mercado Inmobiliario: Se tomaron 58 puntos de
investigación rural, consultando a 5 personas conocedoras del mercado inmobiliario de la
región, quienes aportaron sus apreciaciones sobre lo que estimaban como valor de terreno
y construcción en cada punto de investigación determinado:
Nombre del experto Entidad
CAMILO SAENZ PERITO BANCO AGRARIO SUR DE CORDOBA
ROBINSON FRANCO PERITO BANCO DE COLOMBIA
MANUEL TORO PERITO LONJA CORDOBA
JOSE PACHECO PERITO LONJA-AVALUADOR EXTERNO IGAC
AMPARO OTERO ERITO LONJA-AVALUADOR EXTERNO IGAC
56. Igualmente, en el documento entregado al interventor, titulado memoria de Zonas
Homogéneas Físicas y Geoeconómicas Rurales y Corregimientos Municipio de
Ayapel, que contiene los 7 anexos del estudio contratado con la contratista, se
reiteraron los anteriores señalamientos:
“El estudio económico se fundamentó básicamente en la entrevista a expertos de la zona,
conocedores del movimiento inmobiliario en el Departamento de Córdoba, se realizó
revisión de ofertas o algún tipo de transacción consultando en internet y con funcionarios
de la población pero no se encontró un mercado inmobiliario real es decir, con demanda
y oferta de inmuebles. Ayapel cuenta con una situación de orden público complicado que
en un anexo a esta memoria está el informe presentado a la dirección territorial con el fin
de indicar por qué hubo zonas que no se visitaron y que el análisis económico que se
realizó para estas zonas, fue producto de realizar una comparación de zonas físicas
similares en municipios aledaños observar los valores para las mismas en condiciones
normales y comparar estas zonas también en municipios aledaños pero que presentan
iguales inconvenientes de orden público”31.
57. En conclusión, está probado que la determinación del valor de las zonas
homogéneas geoeconómicas se basó en encuestas realizadas a peritos, y no en
información proveniente de fuentes documentales externas, como entidades
bancarias, notarías u oficinas de registro de instrumentos públicos, debido a la
alegada inexistencia de transacciones inmobiliarias sobre los predios objeto de
avalúo. También se encuentra acreditado que la contratista comunicó haber
enfrentado restricciones significativas para llevar a cabo inspecciones oculares en
algunos predios rurales del municipio, debido tanto a las condiciones de inundación
como a la presencia de grupos armados al margen de la Ley.
58. Asimismo, está probado que, el 13 de diciembre de 2011, el Subdirector de
Catastro del IGAC emitió concepto favorable al Estudio de Zonas Homogéneas
Físicas y Geoeconómicas presentado por la contratista32. Con fundamento en dicho
concepto, el 20 de diciembre del mismo año, la Directora Territorial Córdoba del IGAC
31
Expediente Digital, PRUEBA_29_11_2020 13_46_43, p. 28
32
Expediente Digital, Anexo 23 contestación demanda.
17
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
expidió las Resoluciones 23-00-0350-201133 y 23-00-0353-201134, mediante las
cuales: (i) aprobó el estudio técnico que estableció los valores catastrales de los
inmuebles rurales por zona geoeconómica; (ii) avaló las ecuaciones para el cálculo
de las tablas de valores de construcción; (iii) ordenó la liquidación de los avalúos con
base en estos parámetros; (iv) dispuso la inscripción en el catastro de los predios
actualizados; y, (v) estableció que los avalúos resultantes de esta actualización
regirían a partir del 1 de enero de 2012.
59. Finalmente, también está probado que el documento del IGAC con código
M50100-02/10, titulado “Metodología para elaboración del estudio de zonas
homogéneas físicas y geoeconómicas y determinación del valor unitario por tipo de
construcción”, contenía las dos prescripciones técnicas señaladas por el apelante en
su recurso. En efecto, en su capítulo 6.2.3, relacionado con la determinación de zonas
homogéneas geoeconómicas, se estableció lo siguiente:
“Avalúos de punto de investigación y obtención de información del mercado inmobiliario.
A cada punto de investigación se le debe realizar avalúo comercial y se integra para su
análisis y procesamiento con la información obtenida de la investigación tanto directa
como indirecta del mercado inmobiliario.
Se debe realizar el avalúo mediante inspección ocular al punto de investigación por
cualquiera de los métodos descritos a continuación. En ningún caso se aceptan las
encuestas como único soporte al avalúo del punto de investigación.
° Avalúo comercial por punto de investigación:
• Métodos de avalúo: Para realizar el avalúo de cada punto de investigación se debe
aplicar cualquiera de los siguientes métodos (Resolución 620 /2008):
• Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de
bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones
deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial.
• Método de capitalización de rentas o ingresos. Es la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos que se puedan
obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y comparables por sus características
físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los probables ingresos
o rentas generadas en la vida remanente del bien objeto de avalúo, con una tasa de
capitalización o interés.
(…)
Investigación Indirecta: El ejecutor del estudio debe obtener la información
correspondiente al mercado inmobiliario con base en ofertas, avalúos comerciales,
compraventa de inmuebles, arrendamientos, transacciones inmobiliarias consultadas en
entidades financieras, notarias, lonjas inmobiliarias y avalúos realizados por el IGAC y
demás autoridades catastrales con el fin de complementar el avalúo comercial realizado
a los puntos de investigación, relacionando la información en el formato vigente de Estudio
estadístico del mercado inmobiliario. Se deben tomar las fotografías a los predios en oferta
en campo o si son consultadas de periódicos, revistas o internet fotocopia de las mismas
o impresión de los reportes.
33
Expediente Digital, Anexo 24 contestación demanda.
34
Expediente Digital, Anexo 25 contestación demanda.
18
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
• Investigación directa Información recolectada a través de encuestas aplicadas, mediante
la utilización del formato vigente de Investigación directa de valores de terreno y
construcción a personas expertas del mercado inmobiliario de la zona que se realiza con
el fin de complementar el avalúo comercial realizado a los puntos de investigación"
(Subrayado fuera del texto original)35.
60. Sin embargo, de los anteriores elementos no se sigue que, en desarrollo de esta
actuación, el IGAC —directamente o por medio de su contratista— hubiera vulnerado
el derecho colectivo a la moralidad administrativa. En primer lugar, tras revisar los
documentos que obran en el expediente, la Sala no encuentra ninguno del cual pueda
inferirse, siquiera de forma indirecta, que la autoridad catastral ejerció sus
atribuciones desviándose de los fines que justifican el ejercicio de esta función
administrativa especial. Como se explicó, la función catastral no se limita a
suministrar información para la determinación de la base imponible del impuesto
predial unificado. También busca identificar física, jurídica y económicamente los
predios para clarificar los objetos de apropiación, facilitar las transacciones
inmobiliarias, sustentar procesos de ordenamiento territorial y reforzar la seguridad
jurídica en materia de propiedad inmueble. En este contexto, no se acreditó que la
actividad de actualización se hubiera orientado al favorecimiento indebido de
intereses particulares, ni que se hubieran comprometido los principios de una recta
administración por perseguir finalidades diferentes a las que acaban de citarse.
61. En segundo lugar, en el expediente no reposan pruebas que desvirtúen las
circunstancias invocadas por el contratista del IGAC para justificar la imposibilidad de
realizar la inspección ocular sobre algunos predios de las zonas homogéneas físicas:
los problemas de orden público derivados de la presencia de grupos armados al
margen de la ley y la inundación de los terrenos. Mucho menos se acreditó que estas
justificaciones encubrieran un propósito velado de desviar el ejercicio de la función
catastral y, en particular, de alterar la elaboración de los estudios de zonas
homogéneas geoeconómicas con el fin de obtener un beneficio indebido para el
contratista o para un tercero.
62. En tercer lugar, la supuesta inexactitud contenida en el estudio de zonas
homogéneas —según la cual “no se encontró un mercado inmobiliario real, es decir,
con demanda y oferta de inmuebles”— no acredita por sí sola la vulneración del
derecho colectivo invocado. Aun en el evento de que fuera cierta la imputación del
demandante, lo que se evidenciaría sería un desconocimiento de las normas técnicas
adoptadas por el IGAC para los procesos de actualización catastral y, eventualmente,
una falsa motivación fáctica del acto que culminó dicho proceso por la divergencia
entre los motivos de hecho que indujeron el acto y la realidad fáctica. Sin embargo,
esta circunstancia no constituye prueba de un elemento subjetivo —como
comportamientos corruptos guiados por un interés particular— que permita tener por
acreditada una desviación del interés general o de los principios que rigen una recta
administración de lo público.
63. Además, la imputación relativa a una supuesta divergencia entre la realidad
fáctica y los motivos que indujeron la expedición del acto mediante el cual se ordenó
35
Expediente Digital, PRUEBA_29_11_2020 13_49_05, pp. 45 – 57.
19
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
la inscripción en el catastro de los predios actualizados —con fundamento en el
estudio de zonas homogéneas— no fue suficientemente probada. El apelante
sustentó esta afirmación en una certificación expedida por la Notaría Única del
municipio de Ayapel, cuyo contenido es el siguiente:
“Manifiesto que este despacho notarial nunca ha recibido derecho de petición de ninguna
índole de parte del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC), relacionado
con suministrar información de los valores de negociación de las escrituras públicas de
ventas, hipotecas u otras, entre particulares o entidades financieras: es decir, que el IGAC
no ha solicitado información a la NOTARÍA PÚBLICA DE AYAPEL, así como tampoco ha
realizado trabajo de campo concerniente a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 14 de
1984 y/o artículo 44 del decreto 3496 de 1983.
De igual forma se le informa que en la NOTARÍA PÚBLICA DE AYAPEL se suscribieron y
autorizaron en el año 2009 trescientas setenta y un (371) escrituras, en el año 2010 se
autorizaron trescientas nueve (309) escrituras, en el año 2011 trescientas treinta y dos
(332) escrituras públicas, este número de escrituras suscritas corresponden a actos de
VENTAS, HIPOTECAS, CONSTITUCIÓN DE USUFRUCTO, ANTICRESIS, SUCESIÓN,
RESCILIACIÓN, LEVANTAMIENTO PATRIMONIO, CANCELACIÓN DE AFECTACIÓN A
VIVIENDA FAMILIAR, LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS, entre- otros actos que son de
competencias notariales de acuerdo con el Decreto 960 de 1970, Ley 30 de 1987, Decreto
1664 de 2015. y normas complementarias”36.
64. La certificación expedida por la Notaría Única de Ayapel no acredita la inexactitud
de la manifestación contenida en el estudio de zonas homogéneas, según la cual no
existía un mercado inmobiliario real en las zonas rurales objeto de la actualización.
En efecto, si bien el documento indica que en los años 2009, 2010 y 2011 se
autorizaron escrituras públicas de diversa índole, no se precisa si tales actos jurídicos
versaron sobre inmuebles ubicados en el municipio de Ayapel, ni mucho menos si
correspondían a predios situados en las zonas homogéneas físicas objeto del estudio
técnico. Además, conforme al Estatuto Notarial (Decreto Ley 960 de 1970), las
notarías no están restringidas para autorizar escrituras sobre bienes inmuebles
ubicados fuera de su círculo notarial, por lo que el número de escrituras reportado no
constituye, por sí solo, una prueba idónea para desvirtuar la inexistencia de un
mercado inmobiliario rural en las zonas analizadas por el IGAC.
65. Aunque las razones previamente expuestas son suficientes para confirmar la
sentencia apelada, la Sala considera necesario advertir que, en este caso, la acción
popular fue utilizada como un mecanismo para inducir un juicio de legalidad orientado
a modificar situaciones jurídicas particulares y concretas, lo cual se aparta de la
finalidad constitucional y legal que justifica este medio de control. Además de la
ausencia del elemento subjetivo exigido en el juicio de moralidad —el cual no fue
acreditado—, esta conclusión se sustenta en dos consideraciones adicionales. Por
una parte, las pretensiones consecuenciales a la declaratoria de vulneración del
derecho colectivo buscan que se condene al IGAC a “ASUMIR el valor del excedente
del IMPUESTO PREDIAL cancelado al Municipio de Ayapel por cada propietario de
los predios”. Esta solicitud revela el interés preponderante de mejorar la situación
jurídica subjetiva de los propietarios de inmuebles rurales del municipio.
36
Expediente Digital, PRUEBA_29_11_2020 13_48_51.
20
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
66. Por otra parte, los derechos de petición presentados por el actor ante el IGAC,
en los cuales fundamentó las pretensiones de esta demanda, evidencian que su
actuación estuvo guiada por un interés particular y concreto. En efecto, en el derecho
de petición radicado el 11 de marzo de 2020, el señor Heriberto Enrique Aldana
manifestó que su finalidad era “ejercer el derecho de contradicción y defensa frente
a las decisiones de su despacho relacionadas con el avalúo catastral del predio rural
en comento [con matrícula 141-1078]”, identificado como uno de los bienes relictos
de la sucesión de Víctor Alejandro Aldana Castilla, de la cual afirmó ser heredero
reconocido37.
67. La petición fue presentada casi nueve (9) años después de culminado el proceso
de actualización catastral, en un momento en el que, conforme al artículo 5 de la Ley
14 de 1983, ya debía haberse efectuado una nueva actualización y avalúo. Esta
circunstancia refuerza la conclusión de que la acción popular fue utilizada con un fin
particular: reabrir por vía judicial una discusión propia del procedimiento
administrativo de revisión del avalúo de un predio sobre el cual el actor alegaba
derechos hereditarios. Ello desnaturaliza el objeto del medio de control, por cuanto
(i) persigue la protección de derechos subjetivos, y no de intereses colectivos, y (ii)
induce un juicio de legalidad —ajeno a la competencia del juez popular— respecto
de la resolución que concluye el proceso de actualización de formaciones catastrales,
la cual, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial, no es susceptible de
control judicial por tratarse de un acto de trámite:
“Lo anterior quiere decir igualmente, que en virtud del régimen especial mencionado,
justificado por la naturaleza propia y la complejidad de la función pública catastral, la ley
ha querido ordenar el ejercicio de esta función a través de etapas que si bien terminan
cada una de ellas con un acto administrativo formal, como es una resolución, no todos
ellos son actos sometidos a los recursos y las acciones. Es el caso concretamente de las
resoluciones con que terminan las etapas de ‘formación’ y ‘actualización’, las cuales abren
las puertas para que el interesado pueda iniciar el procedimiento gubernativo de revisión
del avalúo, que sí dará lugar a un acto definitivo sujeto a los recursos y las acciones.
De tal manera que, contrariamente a lo pretendido por el recurrente, el acto que ordenó la
inscripción de los predios del Municipio de Tocancipá, entre ellos el de propiedad de la
demandante y recurrente, no puso fin a un proceso catastral sino que era un simple acto
con el cual finalizaba una etapa de ese proceso, y, como ya se anotó, no susceptible de
los recursos y las acciones”38.
68. En consideración a las anteriores razones, la Sala confirmará la decisión de negar
las pretensiones de la demanda, sin perjuicio de declarar la falta de legitimación en
la causa por pasiva del municipio de Ayapel.
Costas
69.Si bien no se acreditó una vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, la Sala no encuentra que la demanda haya sido temeraria. En efecto,
37
Expediente Digital, PRUEBA_29_11_2020 13_46_56.
38
C.E., Secc. Primera, Sent. CE-SEC1-EXP1991-N40, feb. 28/1991. C.P. Miguel González Rodríguez.
Reiterada en: C.E., Secc. Primera, Sent. 68001-23-31-000-2006-02596-01, ene. 23/2014. C.P. María
Claudia Rojas Lasso. C.E., Secc. Primera, Sent. 08001-23-31-000-1993-07864-01, dic. 12/2019. C.P.
Hernando Sánchez Sánchez C.E., Secc. Primera, Auto 11001-03-24-000-2018-00215-00, jun. 8/2021. C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
21
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
parte de las imputaciones fácticas —como la elaboración del estudio de zonas
homogéneas con base en consultas a peritos— se ajustan a lo probado en el proceso.
70. Además, no existen elementos que permitan afirmar que el demandante actuó
con mala fe. En particular, la Sala no encuentra que se hubiera disimulado u omitido
información con la intención de inducir en error para obtener un provecho
injustificado. Por el contrario, con la demanda se aportaron los derechos de petición
que permitieron inferir que la acción también pretendía incidir en situaciones jurídicas
subjetivas. En consecuencia, al no evidenciarse temeridad ni mala fe en la actuación
procesal del demandante, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas,
conforme al artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y a las reglas fijadas en la sentencia
de unificación del 6 de agosto de 201939.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Primera, el 25 de agosto de 2023, por lo cual su parte resolutiva será
la siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el municipio de Ayapel.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Ejecutoriada la sentencia y remitidas por Secretaría las comunicaciones a las
partes, al Defensor del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y
hechos los registros de rigor, se archivará el expediente”.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
39
“Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor popular, cuando este
último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista
en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en
contra”. C.E., Sala Plena de lo Contencioso, Sala 27 Esp. de Decisión, Sent. 15001-33-33-007-2017-00036-
01 [AP] REV-SU, ago. 6/2019. C.P. Rocío Araújo Oñate.
22
Radicación: 23001233300020200048701 (70.476)
Actor: Heriberto Enrique Aldana
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
23
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.