RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2021-00029-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2021-00029-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2021-00029-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba que declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y, denegó las pretensiones de la demanda orientadas a la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de las cesantías parciales solicitadas por la demandante, por lo expuesto en la parte considerativa. En su lugar se ordena: Primero. Declarar la nulidad de las Resoluciones 004542 del 15 de noviembre de 2019, 000547 del 8 de abril de 2020, 001222 del 19 de junio de 2020 y 001396 del 3 de julio de 2020, por medio de las cuales se negó a la demandante el reconocimiento y pago de las cesantías parciales. Segundo: Negar las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto. Segundo. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, por lo considerado. Tercero: NO CONDENAR en costas procesales en esta instancia a la parte demandante, por las razones expuestas en la presente providencia. Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2021-00029-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)
Demandante: Levis Margoth Rojas Espejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y departamento de Córdoba

Tema: Cesantías Parciales. REVOCA PARCIALMENTE SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 19 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba que declaró probada las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro
de lo no debido y en consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. La señora Levis Margoth Rojas Espejo instauró demanda en contra de la Nación
– Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -en adelante FNPSM- y el departamento de Córdoba en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las resoluciones 004542 del 15 de noviembre de 2019,
000547 del 8 de abril de 2020, 001222 del 19 de junio de 2020 y 001396 del 3 de julio
de 2020 y, del Oficio 20201092872081 del 23 de octubre de 2020, por medio de los
cuales se le negó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y de la sanción
moratoria, respectivamente.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se le reconozcan y paguen los
emolumentos pretendidos y, los intereses moratorios e indexación.

4. Pretensión subsidiaria: En caso de que no se tenga el Oficio 20201092872081 del
23 de octubre de 2020 como acto demandable, se declare la ocurrencia del silencio
administrativo negativo por la no respuesta a la petición elevada el 25 de septiembre
de 2020 y, se declare su nulidad.

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que ha laborado como docente del departamento de Córdoba y se encuentra
afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Que el 21 de
agosto de 2019, con radicado 2019-CES-793769, solicitó el reconocimiento y pago de
las cesantías parciales para compra de inmueble, lo cual fue negado en Resolución
004542 del 15 de noviembre de 2019 por inconsistencias en el contrato de
compraventa respecto del nombre del promitente vendedor en la forma como se
consignó en este y como aparece en el Certificado de Libertad y Tradición.

7. Que el 6 de diciembre de 2019 interpuso recurso de reposición y anexó en debida
forma el contrato de compraventa, declaración juramentada, certificado de libertad y
tradición y, fotocopia del documento de identidad del vendedor.

8. Que mediante Resolución 000547 del 8 de abril de 2020 se negó por extemporáneo
el recurso de reposición; decisión que fue notificada el 17 de abril de 2020.

9. Que el 20 de abril de 2020 remitió Email a la Secretaría de Educación de Córdoba
en el que aclaró que existió un error en la fecha de notificación de la Resolución 000547
del 8 de abril de 2020 y, que mediante Resolución 001222 del 19 de junio de 2020 se
revocó en todas sus partes el acto administrativo anterior, lo cual le fue notificado el
14 de julio de 2020.

10. Que en esa misma fecha -14 de julio de 2020- le fue notificada la Resolución
001396 del 3 de julio de 2020 en la que se denegó el recurso de reposición y el
reconocimiento de las cesantías pedidas, argumentando que los documentos
allegados como suporte no cumplían con lo establecido en las Resoluciones 2570 de
29 de agosto de 2019 y 4118 de 9 de octubre del mismo año, las cuales, a su juicio,
no le son aplicables porque su petición fue anterior a su publicación.

11. Que, en caso de que no se entienda así, al menos debió hacerse uso del
mecanismo contemplado en el artículo 17 del CPACA en virtud del principio de eficacia
para que hubiera tenido la oportunidad de aportar la documentación supuestamente
faltante.

12. Que el 25 de septiembre de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de sanción
moratoria, la cual fue negada en el oficio 20201092872081 del 23 de octubre de 2020.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

13. Se indicaron como violados los artículos 29 y 53 de la Constitución Política; 17 del
CPACA; 1 y 2 de la Ley 1071 de 2006 -que subrogó la Ley 244 de 1995- y, 15 de la
Ley 91 de 1989.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

14. En el concepto de la violación se adujo que los actos acusados desconocen el
debido proceso porque la negativa de la entidad obedeció a un error de forma y no de
fondo, con lo cual también se trasgreden los principios de legalidad y de la condición
más beneficiosa. Que al no sustentarse la negación en las normas que regulan las
prestaciones solicitadas se causó un agravio injustificado a la demandante quien
requería de sus cesantías para atender a una necesidad como lo es la vivienda para
ella y su núcleo familiar.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

15. El 23 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda.

16. El departamento de Córdoba se opuso a las pretensiones por considerar que no
es el competente para cancelar las cesantías reclamadas y la presunta sanción
moratoria, porque se trata de un docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en consecuencia, formuló la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva.

17. La Nación – Ministerio de Educación -FNPSM solicitó ser desvinculado porque,
según afirma el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 prohibió expresamente el uso de
recursos del fondo para otra cosa que no sean las prestaciones sociales ordinarias y
legales de los docentes. Además, porque no se evidencia la recepción o recibido del
derecho de petición que se indica en la demanda, los cuales fueron remitidos al
departamento de Córdoba.

18. En auto del 6 de agosto de 2025 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.

SENTENCIA APELADA

19. En sentencia del 19 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Córdoba declaró probada las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de
lo no debido y como consecuencia negó las pretensiones de la demanda. Consideró
que no es de recibo el argumento según el cual le exigieron documentos que fueron
reglamentados con posterioridad a la fecha de su solicitud, más aún, cuando las
Resoluciones 004118 del 9 de octubre y 004942 del 9 de diciembre de 2019, que
modificaron parcialmente la Resolución 2570 del mismo año, no eliminaron ni alteraron
los requisitos establecidos para el reconocimiento de las cesantías parciales. Por tanto,
al momento de la radicación -9 de diciembre de 2019-, dichos documentos ya eran
obligatorios conforme a la normativa vigente.

20. Que no se evidenció que se hubiese recurrido la decisión nugatoria a su pedido,
ni que allegase los documentos faltantes para subsanar la falencia motivo de la
negativa, que, por el contrario, lo que se encontró probado es que el 1º de diciembre
de 2021 presentó una nueva solicitud de cesantías parciales, pero esta vez para

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

reparación y ampliación de vivienda, a lo que se accedió en Resolución 005394 de 22
de diciembre de 2021.

21. Que, por lo anterior, no había lugar a declarar la nulidad de los actos acusados,
mediante los cuales se negó el derecho a las cesantías reclamadas, pues, como se
indicó, no aportó los documentos requeridos para validar el trámite y, por consiguiente,
tampoco habría lugar a que se generara la sanción moratoria, porque para que ella se
cause es necesario el reconocimiento del derecho, y el pago tardío de la prestación
reconocida, lo que no ocurrió.

RECURSO DE APELACIÓN

22. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que la
entidad demandada debía hacer uso de las facultades oficiosas probatorias a fin de
resolver cualquier duda sobre los documentos que fueron aportados en sede
administrativa.

23. Que no es cierto que el documento del 6 de diciembre de 2019 corresponde a una
petición, puesto que a través de él se buscaba resolver las falencias de la petición
inicial radicada el 29 de agosto de 2019, por tanto, correspondía a un recurso de
reposición, el cual fue radicado en la oportunidad legal, siendo rechazado por
extemporáneo, pero al que luego se le dio trámite en cumplimiento de orden de tutela.

24. Que, por tanto, se trata de la misma reclamación realizada el 29 de agosto de
2019, cuando la Resolución 2570 de 2019 no había sido expedida y mucho menos las
que la modificaron posteriormente, por lo que aquella no le es aplicable, de forma tal
que no podía un argumento en contrario ser el soporte de la negativa a su
reconocimiento prestacional aduciendo que no se allegaron los documentos indicados
en dicho acto administrativo.

25. Que el 1º de diciembre de 2021 elevó una nueva solicitud de cesantías para
reparación y ampliación de vivienda lo que fue resuelto en forma positiva en Resolución
005394 de 22 de diciembre de 2021; sin embargo, esa nueva petición no hace
desaparecer la nulidad de los actos administrativos demandados expedidos en el
marco de una petición anterior y un procedimiento también anterior.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

26. El 8 de mayo de 2026 se admitió el recurso de apelación. Las partes guardaron
silencio.

27. El agente del Ministerio Público solicitó la confirmación de la sentencia apelada
por considerar que la demandante no allegó la documentación necesaria al momento
de solicitar el reconocimiento de las cesantías y tampoco actuó con la diligencia debida
para subsanar oportunamente esa omisión. En lugar de aportar los documentos
faltantes y el formulario requerido por la administración, optó por interponer recurso de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

reposición contra el acto que negó la solicitud, mecanismo que no constituía la vía
idónea para completar los requisitos exigidos. En esas condiciones, la entidad no podía
proceder al reconocimiento de la prestación.

28. De igual manera, sostuvo, que no hay lugar al reconocimiento de la sanción
moratoria porque no se demostró que hubiera existido mala fe o actuación dilatoria
imputable a la entidad estatal. Que, del expediente se desprende que la imposibilidad
de avanzar en el trámite obedeció a la falta de acreditación completa de los
documentos exigidos, circunstancia atribuible a la propia interesada.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

29. El problema jurídico se contrae a determinar si los actos administrativos
demandados por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales a la demandante atendiendo a inconsistencias relacionadas con el
trámite impartido a los documentos anexos a la solicitud y al recurso de reposición, se
encuentran viciados de nulidad por desconocimiento del debido proceso. En caso
positivo, deberá analizarse si la decisión de la administración suscitó la sanción
moratoria, también pretendida.

Sobre las cesantías en el sector docente

30. El numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías y
la aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:

«(…) 3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma
que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de
la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación
del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

31. La referida normativa en los artículos 4° y 5° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

32. En lo relativo al reconocimiento del derecho, el artículo 9°1 dispuso que dicha labor
sería adelantada por las secretarías de educación de los entes territoriales por virtud
de la delegación.

33. Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 20182 unificó
jurisprudencia sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071
de 2006 a los maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria por
la cancelación extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En ella se
especificó la naturaleza del empleo docente, concluyendo que integran la categoría de
servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues, aunque
el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que
en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto
de empleado público. En ese sentido a los docentes les son aplicables las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos.

34. En la misma sentencia, se sentaron las bases para determinar la causación de la
sanción, en los siguientes términos:

«(…) 95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no
resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo
haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará
a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán
15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art.
4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la
Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles
a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al
vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la
sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006»

Resolución del caso concreto

35. El material probatorio evidencia que la actora elevó petición para el reconocimiento
de sus cesantías parciales, la cual fue denegada en Resolución 004542 del 15 de
noviembre de 2019 por un error de forma en el contenido del contrato de
compraventa; decisión que fue objeto de recurso de reposición el 6 de diciembre de
2019 -al cual se anexaron los documentos para corregir la falencia advertida-,
afirmación que es posible puesto que a pesar de que en el documento contentivo del

1
«(…) Artículo 9. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán
reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice en
las entidades territoriales».
2
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 18 de julio de 2018. Expediente: 73001-
23-33-000-2014-00580-01(4961-15).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

mismo no se indicó que se trataba de una reposición en forma textual, así lo aceptó la
administración cuando en la Resolución 000547 del 8 de abril de 2020, decidió
denegarla por extemporánea; orden que, a su vez, fue objeto de acción de Tutela
donde se dejó sin efecto y, como consecuencia de ello, la entidad demandada, a través
de la Resolución 001222 del 19 de junio de 2022, la revocó.

36. Que por lo anterior, el ente territorial destinatario de la petición, en Resolución
001396 del 3 de julio de 2020 negó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales para compra de vivienda, por considerar, contrario de lo expuesto en la
Resolución 000547 de 2000, que el documento presentado el 6 de diciembre de 2019,
era una nueva petición y, que los documentos adicionados a ella no reunían los
requisitos establecidos en las Resoluciones 2570 del 29 de agosto de 2019 y 4118 del
9 de octubre de la misma anualidad.

37. Ahora, se duele la interesada de dos cosas, la primera que se haya entendido que
el documento radicado el 6 de diciembre de 2019 era una nueva petición y no un
recurso de reposición en contra de la Resolución 004542 del 15 de noviembre de 2019
y, que previo a la expedición de la Resolución 001396 del 3 de julio de 2020, la
gobernación de Córdoba no hubiera hecho uso del beneficio contenido en el artículo
17 del CPACA para enmendar el supuesto error en la aportación de los documentos
que se indicaron como ausentes, pese a que también considera que lo reglado en las
aludidas resoluciones no le es aplicable porque no se encontraban vigentes al
momento de su petición.

38. Pues bien, lo primero que advierte la Sala es que, sí incurrió en error la
administración cuando le dio el tratamiento de nueva petición al escrito del 6 de
diciembre de 2019, en tanto, es evidente y ella misma lo había reconocido, que se
trataba de un recurso de reposición.

39. En tal sentido, es claro que su petición debió ser atendida acogiendo la
reclamación inicial del 29 de agosto de 2019 y, decidida con fundamento en las normas
que regían para el momento en que arrancó la actuación administrativa. Sin embargo,
ello no sucedió y para la parte actora, previo a la decisión final debió aplicarse el
artículo 17 del CPACA que establece:

ARTÍCULO 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del
principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su
cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de
un (1) mes.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo
concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales.

40. En la Sentencia C-951 de 2014, la Corte Constitucional al analizar la
constitucionalidad de la norma transcrita consideró:

“Contenido normativo

El artículo 17 establece el trámite a seguir cuando la petición está incompleta porque:
i) en su contenido falte alguno de los elementos previstos en el artículo 163 del
proyecto de ley estatutaria o ii) faltan requisitos o documentos necesarios para
resolverla o estos no se encuentren en los archivos de la autoridad ante la cual se
eleva la petición.

En tales eventos, en garantía del derecho de petición, la norma establece que se
debe indicar al interesado la información o documentos faltantes para que este los
aporte en el plazo indicado en la ley, o dentro de la prórroga que se le conceda, so
pena de entender que ha desistido de la petición. Así mismo, determina que el acto
que declara el desistimiento debe ser motivado y contra el mismo procede el recurso
de reposición.

Análisis de constitucionalidad del artículo 17

La Corte encuentra que esta disposición se ajusta a los parámetros constitucionales
del derecho de petición, las garantías del debido proceso administrativo (artículo 29
de la Constitución) y a los principios de la función administrativa contemplados en el
artículo 209 de la Constitución, en la medida en que brinda la oportunidad al
peticionario de aportar la información o documentación que la autoridad
considere se requiere para dar una respuesta efectiva a la petición, y en garantía
del derecho a la defensa señala en el requerimiento la información o documentos que
debe aportar el peticionario y aplicado el desistimiento tácito, brinda la oportunidad
de controvertir el acto administrativo que lo declara. Para mayor garantía, prevé la
posibilidad de que se pueda formular de nuevo la petición. (Negrilla propia)

Conclusión

De acuerdo con lo expuesto el artículo 17 del proyecto de ley estatutaria en examen
será declarado exequible.

3
Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su
documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la
dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a
indicar su dirección electrónica.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que fundamenta su petición.
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.
Parágrafo 1. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por
falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para
resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.
Parágrafo 2. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

41. En términos similares a los de la norma transcrita, el artículo 4º de la Ley 1071 de
2006, dispone:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo”
(Negrilla propia)

42. En sentencia adiada 4 de febrero de 20164, esta Corporación frente a un caso en
el cual la entidad demandada recibió una solicitud incompleta para el reconocimiento
unas cesantías parciales, consideró:

“En ese orden, debe señalar la Sala que para la procedencia de la expedición de
la Resolución que reconociese las prestaciones sociales y en especial, las
cesantías de la accionante, era necesario que la misma allegara toda la
documentación requerida o cumpliera con la totalidad de los requisitos exigidos
para ello, que para el caso bajo estudio, se exigía no solo el paz y salvo de los
elementos devolutivos o de consumo controlado, documentos, archivos y demás
bienes que le hayan sido asignados al momento de tomar posesión del cargo o al
inicio de la relación laboral con la entidad, sino también, el informe de gestión de
que trata la Ley 951 de 2005 y la declaración de bienes y rentas dispuesta por la
Ley 109 de 1995.

Al examinar la fecha en que la accionante hizo entrega de la totalidad de los
requisitos de ley para que la administración procediera a la expedición de la
resolución de reconocimiento de las cesantías, se detalla que la misma lo realizó
el día 22 de diciembre de 2011, fecha en la cual, radicó ante la Secretaria General
del municipio el acuso de recibo del informe de gestión presentado conforme la
Ley 951 de 2005 y la declaración de bienes y rentas.

Así las cosas, es claro que desde la fecha en que la actora radicó la solicitud de
liquidación de sus prestaciones sociales, es decir, el día 19 de octubre de 2010,
hasta la fecha en que la administración expidió la Resolución No 0226 por medio
de la cual, resolvió reconocerle las prestaciones sociales de la demandante y en
específico, las cesantías definitivas de la misma, esto es, el día 13 febrero de 2012,
trascurrió un término superior a los 15 días que la norma señala para ello.

Ahora, si bien es cierto que el municipio de Barrancabermeja le atribuye dicha
tardanza en el reconocimiento de las aludidas prestaciones sociales a la actora, en
tanto que, esta solo hasta el día 22 de diciembre de 2011 realizó la entrega de la
totalidad de los requisitos necesarios para que se expidiera la resolución de
reconocimiento de sus cesantías, también lo es que, la administración no se sujetó

4
Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00035-01(1203-14)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

a los parámetros establecidos por el legislador en relación con las peticiones
incompletas.

En efecto, el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 dispone que en caso de que se
observe que la solicitud está incompleta tal situación deberá informársele al
peticionario dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud,
señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes y, una
vez subsanado lo anterior, la solicitud deberá resolverse dentro de los 15 días
hábiles siguientes.

En el presente caso, el acto administrativo contentivo del reconocimiento de las
prestaciones sociales de la demandante fue expedido 327 días hábiles después
de haberse radicado la reclamación prestacional, sin que la entidad demandada
hubiera advertido una falencia en los documentos aportados.

Así las cosas, la petición se radicó el 19 de octubre de 2010 y la parte accionada
no informó a la interesada oportunamente que la documentación suministrada
estuviera incompleta, por lo cual, el acto administrativo de reconocimiento debía
emitirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud,
es decir, a más tardar el 10 de noviembre de 2010; sin embargo, el mencionado
acto solo fue expedido hasta el 13 de febrero de 2012”. (Negrilla propia)

43. En providencia del 24 de febrero de 20225, en términos similares se expuso:

“Es cierto que de acuerdo al parágrafo del artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, al
observar la entidad que la solicitud estaba incompleta debía informársele ello a
la peticionaria dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes, término que fue soslayado por la entidad en la medida que solo
mediante oficio de fecha 20 de abril de 2017 le requirió la certificación que debía
aportar, es decir, cuando había trascurrido un poco más de 8 meses. Sin embargo,
por el hecho que la administración haya desbordado los términos con que contaba
para informarle a la peticionaria que debía completar la petición, ello per se no
puede tenerse como razón para que se entienda que la petición se encontraba
completa ni mucho menos, tener por reconocidas las cesantías parciales
reclamadas. (Negrilla propia)

44. Como se observa, la figura contemplada en los artículos 17 del CPACA y 4 de la
Ley 1071 de 2006, se ha aplicado cuando, en peticiones en sede administrativa, los
documentos no se allegaron en su completitud y, se ha castigado a la entidad receptora
cuando pese a tener la potestad de procurar su saneamiento no lo realiza.

45. Ahora, pese a la literalidad de las normas que vienen siendo objeto de revisión, no
puede pasar por alto esta Corporación que el fin último de la facultad que fue otorgada
a la administración persigue el saneamiento de la actuación administrativa al punto
que la misma pueda ser decidida bajo las previsiones legales que regulen la materia;
finalidad que fue desconocida por el departamento de Córdoba al denegar el
reconocimiento prestacional considerando que el documento presentado por la
demandante el 6 de diciembre de 2019 constituía una nueva petición distinta a la hecha
el 29 de agosto de la misma anualidad, siendo que se trataba de un recurso de

5
Expediente: 73001233300020190029201 (1359-2021)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

reposición que, en inicio fue rechazado por extemporáneo y, que luego simplemente
no fue resuelto pasando por alto la entidad valorar los documentos presentados por la
demandante como forma de satisfacer las falencias anotadas por la administración, a
quien, además, le aplicó una normativa que no estaba vigente al momento en que
inició la actuación administrativa sin ni siquiera darle la oportunidad de enmendar las
supuestas omisiones en que había incurrido en uso de la potestad reglada en el
transcrito artículo 17 del CPACA.

46. En este punto, recuerda la Sala que el artículo 228 de la Constitución Política
consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial en virtud del cual “las
formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho
sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas
procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no
fines en sí mismas”6.

47. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que debe primar el principio de
justicia material para resolver asuntos de diferente índole, señalado que el mismo “no
se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una
determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las
consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el
entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los
principios, valores y derechos constitucionales”7.

48. Así, sobre el alcance del principio en cita, dicha Alta Corporación agregó:

“La aplicación de este principio es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones
y decisiones de la Administración cuando define situaciones jurídicas, las cuales
además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser proporcionales a los hechos
que le sirven de causa o motivo, deben responder a la idea de la justicia material8.

De igual forma, lo es en la función ejercida por los jueces dentro del análisis de los
casos concretos, quienes dentro del análisis probatorio deben evitar incurrir en el
exceso ritual manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el
contrario han de sujetarse a los contenido, postulados y principios constitucionales
de forzosa aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas”9

49. También se ha aclarado que el principio de justicia material no puede ser aplicado
de manera absoluta por cuanto tampoco pueden pasarse por alto las formalidades
establecidas para los reconocimientos del derecho en beneficio de una consideración
fáctica10.

50. Concordante con lo expuesto, cuando una autoridad obstaculiza la efectividad del
derecho material con ocasión de la forma, incurre en desconocimiento del derecho al

6
Sentencia T-268 de 2010. Cfr. Sentencia C-029 de 1995.
7
Sentencia T-429 de 1994. Reiterada en la sentencia T-618 de 2013.
8
Sentencia T-429 de 1994. Reiterada en la sentencia T-618 de 2013.
9
Sentencias T-352 de 2012. Cfr. Sentencia T-1306 de 2001 y T-618 de 2013
10
Sentencia T-058 de 1995. Reiterada en la sentencia T-618 de 2013.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

debido proceso en tanto se produce un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto que ha sido entendido como la “aplicación desproporcionada de una
ritualidad o formalismo, que conlleva desconocer la verdad objetiva de los hechos
puestos en consideración del juez o la administración”11. Por tanto, como viene dicho,
dicha figura no solo se aplica en el ámbito judicial, sino también en los procedimientos
administrativos, pues estos tienen relación con la consecución de los fines esenciales
del Estado, en la medida en que por medio de ellos se puede reconocer o vulnerar un
derecho fundamental12.

51. Lo anterior no desconoce que las autoridades administrativas gozan de legitimidad
para imponer ciertos requisitos a la hora de reconocer derechos, verbigracia, referidos
a prestaciones derivadas de vínculos laborales, como son las cesantías, sin embargo,
dichas exigencias no pueden convertirse en obstáculos insuperables. En ese sentido
se pronunció la Corporación en cita en sentencia T-039 de 2017 al concluir: “la
imposición de trámites administrativos excesivos constituye entonces una traba
injustificada e inaceptable para el goce efectivo de ciertos derechos fundamentales
como la vida, la seguridad social, el mínimo vital y el derecho al pago oportuno de las
prestaciones sociales, carga que no debe recaer ni ser soportada por el interesado”.

52. Dicho todo lo precedente, la respuesta a la primera parte del problema jurídico
formulado es que los actos acusados, a saber, Resoluciones 004542 del 15 de
noviembre de 2019, 000547 del 8 de abril de 2020, 001222 del 19 de junio de 2020
y 001396 del 3 de julio de 2020, que negaron el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales de la demandante se encuentran viciados de nulidad por
violación del debido proceso al haber incurrido en un excesivo ritual manifiesto en
cuanto la administración so pretexto de que se trataba de una nueva petición no valoró
los documentos que fueron aportados por la demandante con el recurso de reposición
con los cuales se encontraba superada la falencia anotada en el primero de los actos
administrativos citados; por manera que aquellos se anularán.

53. No obstante, no se ordenara restablecimiento alguno porque en el expediente está
acreditado que la actora elevó petición el 1º de diciembre de 2021 para obtener el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales para reparación y ampliación de
vivienda a lo cual se accedió en Resolución 005394 del 22 de diciembre de ese mismo
año y, en la liquidación de la prestación pretendida se tuvieron en cuenta los valores
consignados por dicho concepto desde el año 2004 hasta el año 2021, por lo que
cualquier orden adicional relacionada con ello resulta inocua en tanto la orden
impartida subsume lo querido por la demandante en la petición que suscitó los actos
administrativos demandados en sede judicial

54. En cuanto a la segunda parte del cuestionamiento formulado, la respuesta de esta
Sala es que la negativa de la administración no genera la sanción moratoria
pretendida por el demandante, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad del Oficio

11
Sentencia T-158 de 2012.
12
Sentencia T-154 de 2018 Corte Constitucional

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

20201092872081 del 23 de octubre de 2020 que denegó su reconocimiento. Ello,
teniendo en cuenta que la sanción pretendida se deriva o se causa cuando la
administración no paga o paga en forma tardía unas cesantías que han sido
reconocidas, cosa que en el presente asunto no ha sucedido, por cuanto, no existe
prueba de que la administración se haya pronunciado de fondo frente a lo solicitado
por la señora Rojas Espejo el 29 de agosto de 2019, accediendo a ello, por tanto, no
puede condenarse a la entidad a un reconocimiento que deriva de un derecho
prestacional que no se definió.

55. Finalmente, se denegarán las pretensiones orientadas contra la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
tanto, la actuación administrativa objeto de nulidad fue adelantada por el departamento
de Córdoba.

56. Con todo lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia en cuanto
declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido y denegó las pretensiones de la demanda orientadas a la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento y pago de las cesantías parciales
solicitadas por la demandante. En su lugar se declarará la nulidad de las
Resoluciones 004542 del 15 de noviembre de 2019, 000547 del 8 de abril de 2020,
001222 del 19 de junio de 2020 y 001396 del 3 de julio de 2020, sin restablecimiento
alguno.

57. En lo demás, la sentencia se confirmará pues las otras pretensiones no prosperan

De la condena en costas de segunda instancia

58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

60. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00029-01 (0883-2026)

61. En consecuencia, no se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será parcialmente revocada, en tanto las peticiones del recurso
fueron en parte acogidas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 19 de noviembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba que declaró probadas las excepciones
de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y, denegó las pretensiones de
la demanda orientadas a la nulidad de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales solicitadas por la demandante, por
lo expuesto en la parte considerativa.

En su lugar se ordena:

Primero. Declarar la nulidad de las Resoluciones 004542 del 15 de noviembre
de 2019, 000547 del 8 de abril de 2020, 001222 del 19 de junio de 2020 y
001396 del 3 de julio de 2020, por medio de las cuales se negó a la demandante
el reconocimiento y pago de las cesantías parciales.

Segundo: Negar las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto.

Segundo. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, por lo considerado.

Tercero: NO CONDENAR en costas procesales en esta instancia a la parte
demandante, por las razones expuestas en la presente providencia.

Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.