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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2021-00031-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2021-00031-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba que denegó las pretensiones de la demanda orientadas a la anulación de los actos administrativos que denegaron el reconocimiento y pago de las cesantías parciales reclamadas por el actor, por lo expuesto en la parte considerativa. En su lugar se ordena: Primero. Declarar la nulidad de las Resoluciones 004891 del 6 de diciembre de 2019 y 001010 del 20 de mayo de 2020 por medio de las cuales se negó al demandante el reconocimiento y pago de cesantías parciales. Segundo: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al departamento de Córdoba que, en caso de no haberlo hecho, proceda a expedir el acto administrativo donde resuelva de fondo la petición elevada por el señor Audy Antonio Ruiz Puche el 11 de octubre de 2019, con radicado 20192001360, con la corrección de la solicitud aportada en el escrito del 18 de febrero de 2020, si ello no ha tenido lugar. Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto. Cuarto: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del CPACA. Segundo. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, por lo considerado. Tercero: NO CONDENAR en costas procesales en esta instancia a la parte demandante, por las razones expuestas en la presente providencia. Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2021-00031-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23-001-23-33-000-2021-00031-01 (0869-2026)
Demandante: Audy Antonio Ruiz Puche
Demandado: Nación – Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y departamento de Córdoba

Tema: Cesantías Parciales. REVOCA PARCIALMENTE SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba en la que se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Audy Antonio Ruiz Puche, instauró demanda en contra de la Nación –
Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -en adelante FNPSM- y departamento de Córdoba en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las resoluciones 004891 del 6 de diciembre de 2019 y
001010 del 20 de mayo de 2020 y del Oficio DS 002235 del 25 de septiembre de 2020
por medio de los cuales se le denegó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y de la sanción moratoria, respectivamente.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se le reconozcan y paguen los
emolumentos pretendidos y, los intereses moratorios e indexación.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00031-01 (0869-2026)

5. Que ha laborado como docente del departamento de Córdoba y se encuentra
afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

6. Que el 11 de octubre de 2019, con radicado 20192001360, solicitó el reconocimiento
y pago de cesantías parciales, lo cual fue atendido en forma negativa en Resolución
004891 del 6 de diciembre de 2019, notificada el 7 de febrero de 2020. Que, como
fundamento de ello se indicó la existencia de un error en el contrato de compraventa
respecto del número de matrícula inmobiliaria del bien inmueble descrito en ella y el
que aparece en el certificado de libertad y tradición.

7. Que interpuso recurso de reposición en contra de dicha decisión desatado en
Resolución 001010 del 20 de mayo de 2020, confirmándola. Acto administrativo que
fue notificado el 18 de junio de 2020.

8. Que el 27 de julio de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de sanción moratoria,
a lo que se dio respuesta negativa en el oficio DS 002235 del 5 de septiembre de 2020.

9. Que el 12 de febrero de 2020 se declaró fallida la conciliación extrajudicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

10. Se indicaron como violados los artículos 29 y 53 de la Constitución Política; 3 núm.
11, 17 y 79 del CPACA; 1 y 2 de la Ley 1071 de 2006 -que subrogó la Ley 244 de
1995- y, 15 de la Ley 91 de 1989.

11. En el concepto de la violación se adujo que los actos acusados desconocen el
debido proceso toda vez que la negativa de la entidad obedeció a un error de forma y
no de fondo, con lo cual también se trasgrede el principio de eficacia. Que al no
sustentarse la negación en las normas que regulan las prestaciones solicitadas se
causó un agravio injustificado al demandante quien requería de sus cesantías para
atender a una necesidad como lo es la vivienda para él y su núcleo familiar.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

12. El 23 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda.

13. El departamento de Córdoba se opuso a las pretensiones por considerar que no
es el competente para cancelar las cesantías reclamadas y la presunta sanción
moratoria, porque se trata de un docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en consecuencia, formuló la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva.

14. La Nación – Ministerio de Educación -FNPSM solicitó ser absuelto dado que los
hechos de la demanda le son ajenos puesto que en su base de datos no hay

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información alguna relacionada con la solicitud de reconocimiento de cesantías
realizada por el demandante en el año 2019.

15. En auto del 6 de agosto de 2025, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.

SENTENCIA APELADA

16. En sentencia del 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Córdoba negó las pretensiones y no se impuso condena en costas.

17. Consideró que no se estaba ante una simple omisión documental o la necesidad
de adelantar un trámite accesorio por parte del peticionario, sino que se trataba de un
error sustancial que recaía directamente sobre uno de los elementos esenciales del
negocio jurídico contenido en la promesa del contrato de compraventa; documento
que, a su vez, servía de soporte para el retiro de las cesantías con destino a la
adquisición de un lote para vivienda.

18. Que dicho yerro consistía en la falta de concordancia en la identificación del bien
objeto de la compraventa, específicamente en el número de matrícula inmobiliaria, lo
cual generaba una incertidumbre para la entidad respecto del bien que se quería
adquirir; falencia que no podía subsanarse con el simple aporte de un nuevo certificado
de libertad y tradición “ya que el problema no recaía en la vigencia o inexistencia de
dicho documento, sino en la falta de claridad e identificación del bien objeto del negocio
jurídico”. Por tanto, que la manera de corregir la situación, era la celebración de una
nueva promesa de contrato de compraventa, donde se identificara correctamente el
inmueble como, en efecto, fue hecho por el interesado.

19. Así, concluyó que la entidad no desconoció o paso por alto lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, en la medida en que no se trataba de requerir
documentos faltantes ni de completar trámites menores, sino de subsanar un error que
afectaba directamente la esencia del contrato y, por ende, la procedencia misma de la
prestación solicitada, esto es las cesantías parciales. Por último, se refirió a la
limitación del recurso de reposición señalando que no puede usarse para suplir
omisiones u errores.

RECURSO DE APELACIÓN

20. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó, de una
parte, que el Tribunal restringió el alcance del artículo 17 del CPACA a aquellos casos
de peticiones incompletas o cuando sea necesario adelantar trámites adicionales en
cabeza del solicitante, siendo que lo buscado con la norma es corregir inconsistencias
y errores a fin de que la administración pueda resolver el asunto sometido a su cargo
y, de otra, que se pretende cambiar la naturaleza del recurso de reposición negándole
su condición de modalidad de derecho de petición, restringiendo su alcance y hasta
limitando la facultad probatoria de los administrados durante su interposición.

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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. El 8 de mayo de 2026 se admitió el recurso de apelación. Las partes guardaron
silencio.

22. El agente del Ministerio Público sostuvo que en varios pronunciamientos
jurisprudenciales se ha indicado que no es posible reconocer y ordenar el pago de las
cesantías parciales cuando se incumple la carga mínima consistente en radicar de
forma adecuada la solicitud y aportar los documentos exigidos para ello. Que el
interesado erró en la información contenida en la solicitud de cara al certificado de
tradición del inmueble descrito en ella. Que el recurso de reposición puede subsanar
errores y completar información en actos administrativos definitivos, pero no en
simples actos de trámite, salvo que estos impidan la continuación del procedimiento.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

23. El problema jurídico se contrae a determinar si los actos administrativos
demandados por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales al demandante atendiendo a inconsistencias relacionadas con el
trámite impartido a de los documentos anexos a la solicitud y al recurso de reposición,
se encuentran viciados de nulidad por desconocimiento del debido proceso. En caso
positivo, deberá analizarse si la decisión de la administración suscitó la sanción
moratoria, también pretendida.

Sobre las cesantías en el sector docente

24. El numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías y
la aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:

«(…) 3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero

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durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional».

25. La referida normativa en los artículos 4° y 5° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

26. En lo relativo al reconocimiento del derecho, el artículo 9°1 dispuso que dicha labor
sería adelantada por las secretarías de educación de los entes territoriales por virtud
de la delegación.

27. Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 20182 unificó
jurisprudencia sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071
de 2006 a los maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria por
la cancelación extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En ella se
especificó la naturaleza del empleo docente, concluyendo que integran la categoría de
servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues, aunque
el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que
en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto
de empleado público. En ese sentido a los docentes les son aplicables las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos.

28. En la misma sentencia, se sentaron las bases para determinar la causación de la
erogación indemnizatoria en cita, en los siguientes términos:

«(…) 95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no
resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo
haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará
a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán
15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art.
4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la
Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles
a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al
vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la
sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006»

Resolución del caso concreto

29. A efectos de dar solución al problema jurídico formulado, se encuentra acreditado
que el día 11 de octubre de 2019, el demandante solicitó ante la secretaría de

1
«(…) Artículo 9. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán
reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice en
las entidades territoriales».
2
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 18 de julio de 2018. Expediente: 73001-
23-33-000-2014-00580-01(4961-15).

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educación del departamento de Córdoba el reconocimiento de sus cesantías parciales
para compra de vivienda.

30. Que en Resolución 004891 del 6 de diciembre de 2019 -notificada el 7 de febrero
de 2020-, se negó el reconocimiento pretendido, previo a lo cual se consideró:

31. Que contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición el 18 de febrero
de 2020, al cual se anexó un nuevo contrato de promesa de compraventa,
“enmendando el error respecto del número de matrícula inmobiliaria del bien suscrito
en el mes de febrero de 2020”.

32. Que en Resolución 001010 del 28 de mayo de 2020 -notificada electrónicamente
el 18 de junio de 2020-, se resolvió el recurso de reposición, confirmando en su
integridad la decisión cuestionada, para lo cual se sostuvo:

33. Que el 27 de julio de 2020, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria derivada de no pago de sus cesantías parciales, lo cual fue resuelto en Oficio
002235 del 25 de septiembre de 2020, denegando lo pedido en razón a lo siguiente:

34. Para la Sala no hay dudas que la negativa de la entidad para reconocer el derecho
pretendido radica en que existía una discordancia entre el número de matrícula
inmobiliaria indicado en el contrato de compraventa del bien inmueble y el contenido

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en el certificado de libertad y tradición y, que de lo que se duele el extremo demandante
es que la gobernación de Córdoba no haya hecho uso del beneficio contenido en el
artículo 17 del CPACA para enmendar el error antes descrito que, al tenor literal,
establece:

ARTÍCULO 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del
principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su
cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de
un (1) mes.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo
concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales.

35. Pues bien, en la Sentencia C-951 de 2014, la Corte Constitucional al analizar la
constitucionalidad de la norma transcrita consideró:

“Contenido normativo

El artículo 17 establece el trámite a seguir cuando la petición está incompleta porque:
i) en su contenido falte alguno de los elementos previstos en el artículo 163 del
proyecto de ley estatutaria o ii) faltan requisitos o documentos necesarios para
resolverla o estos no se encuentren en los archivos de la autoridad ante la cual se
eleva la petición.

En tales eventos, en garantía del derecho de petición, la norma establece que se
debe indicar al interesado la información o documentos faltantes para que este los
aporte en el plazo indicado en la ley, o dentro de la prórroga que se le conceda, so
pena de entender que ha desistido de la petición. Así mismo, determina que el acto

3
Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su
documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la
dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a
indicar su dirección electrónica.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que fundamenta su petición.
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.
Parágrafo 1. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por
falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para
resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.
Parágrafo 2. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.

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que declara el desistimiento debe ser motivado y contra el mismo procede el recurso
de reposición.

Análisis de constitucionalidad del artículo 17

La Corte encuentra que esta disposición se ajusta a los parámetros constitucionales
del derecho de petición, las garantías del debido proceso administrativo (artículo 29
de la Constitución) y a los principios de la función administrativa contemplados en el
artículo 209 de la Constitución, en la medida en que brinda la oportunidad al
peticionario de aportar la información o documentación que la autoridad
considere se requiere para dar una respuesta efectiva a la petición, y en garantía
del derecho a la defensa señala en el requerimiento la información o documentos que
debe aportar el peticionario y aplicado el desistimiento tácito, brinda la oportunidad
de controvertir el acto administrativo que lo declara. Para mayor garantía, prevé la
posibilidad de que se pueda formular de nuevo la petición. (Negrilla propia)

Conclusión

De acuerdo con lo expuesto el artículo 17 del proyecto de ley estatutaria en examen
será declarado exequible.

36. En términos similares a los de la norma transcrita, el artículo 4º de la Ley 1071 de
2006, dispone:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo”
(Negrilla propia)

37. En sentencia adiada 4 de febrero de 20164, esta Corporación frente a un caso en
el cual la entidad demandada recibió una solicitud incompleta para el reconocimiento
unas cesantías parciales, consideró:

“En ese orden, debe señalar la Sala que para la procedencia de la expedición de
la Resolución que reconociese las prestaciones sociales y en especial, las
cesantías de la accionante, era necesario que la misma allegara toda la
documentación requerida o cumpliera con la totalidad de los requisitos exigidos
para ello, que para el caso bajo estudio, se exigía no solo el paz y salvo de los
elementos devolutivos o de consumo controlado, documentos, archivos y demás
bienes que le hayan sido asignados al momento de tomar posesión del cargo o al
inicio de la relación laboral con la entidad, sino también, el informe de gestión de

4
Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00035-01(1203-14)

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Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00031-01 (0869-2026)

que trata la Ley 951 de 2005 y la declaración de bienes y rentas dispuesta por la
Ley 109 de 1995.

Al examinar la fecha en que la accionante hizo entrega de la totalidad de los
requisitos de ley para que la administración procediera a la expedición de la
resolución de reconocimiento de las cesantías, se detalla que la misma lo realizó
el día 22 de diciembre de 2011, fecha en la cual, radicó ante la Secretaria General
del municipio el acuso de recibo del informe de gestión presentado conforme la
Ley 951 de 2005 y la declaración de bienes y rentas.

Así las cosas, es claro que desde la fecha en que la actora radicó la solicitud de
liquidación de sus prestaciones sociales, es decir, el día 19 de octubre de 2010,
hasta la fecha en que la administración expidió la Resolución No 0226 por medio
de la cual, resolvió reconocerle las prestaciones sociales de la demandante y en
específico, las cesantías definitivas de la misma, esto es, el día 13 febrero de 2012,
trascurrió un término superior a los 15 días que la norma señala para ello.

Ahora, si bien es cierto que el municipio de Barrancabermeja le atribuye dicha
tardanza en el reconocimiento de las aludidas prestaciones sociales a la actora, en
tanto que, esta solo hasta el día 22 de diciembre de 2011 realizó la entrega de la
totalidad de los requisitos necesarios para que se expidiera la resolución de
reconocimiento de sus cesantías, también lo es que, la administración no se sujetó
a los parámetros establecidos por el legislador en relación con las peticiones
incompletas.

En efecto, el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 dispone que en caso de que se
observe que la solicitud está incompleta tal situación deberá informársele al
peticionario dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud,
señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes y, una
vez subsanado lo anterior, la solicitud deberá resolverse dentro de los 15 días
hábiles siguientes.

En el presente caso, el acto administrativo contentivo del reconocimiento de las
prestaciones sociales de la demandante fue expedido 327 días hábiles después
de haberse radicado la reclamación prestacional, sin que la entidad demandada
hubiera advertido una falencia en los documentos aportados.

Así las cosas, la petición se radicó el 19 de octubre de 2010 y la parte accionada
no informó a la interesada oportunamente que la documentación suministrada
estuviera incompleta, por lo cual, el acto administrativo de reconocimiento debía
emitirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud,
es decir, a más tardar el 10 de noviembre de 2010; sin embargo, el mencionado
acto solo fue expedido hasta el 13 de febrero de 2012”. (Negrilla propia)

38. En providencia del 24 de febrero de 20225, en términos similares se expuso:

“Es cierto que de acuerdo al parágrafo del artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, al
observar la entidad que la solicitud estaba incompleta debía informársele ello a
la peticionaria dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes, término que fue soslayado por la entidad en la medida que solo
mediante oficio de fecha 20 de abril de 2017 le requirió la certificación que debía
aportar, es decir, cuando había trascurrido un poco más de 8 meses. Sin embargo,
por el hecho que la administración haya desbordado los términos con que contaba

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Expediente: 73001233300020190029201 (1359-2021)

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Radicado: 23-001-23-33-000-2021-00031-01 (0869-2026)

para informarle a la peticionaria que debía completar la petición, ello per se no
puede tenerse como razón para que se entienda que la petición se encontraba
completa ni mucho menos, tener por reconocidas las cesantías parciales
reclamadas. (Negrilla propia)

39. Como se observa, la figura contemplada en los artículos 17 del CPACA y 4 de la
Ley 1071 de 2006, se ha aplicado cuando, en peticiones en sede administrativa, los
documentos no se allegaron en su completitud y, se ha castigado a la entidad receptora
cuando pese a tener la potestad de procurar su saneamiento no lo realiza.

40. Ahora, pese a la literalidad de las normas que vienen siendo objeto de revisión, no
puede pasar por alto esta Corporación que el fin último de la facultad que fue otorgada
a la administración persigue el saneamiento de la actuación administrativa al punto
que la misma pueda ser decidida bajo las previsiones legales que regulen la materia;
finalidad que fue desconocida por el departamento de Córdoba, en primer lugar, al
denegar el reconocimiento del derecho solicitado sin haber intentado su saneamiento
y, al confirmar la decisión nugatoria pese a que el interesado, con el recurso de
reposición, había corregido el yerro que le había sido advertido aportando un nuevo
contrato de compraventa del bien inmueble que suscitó la solicitud de retiro de sus
cesantías parciales en el cual los datos se encontraban acorde con los anexos
aportados en sede administrativa.

41. Respecto de esto último, se observa que la entidad se limitó a indicar que la
decisión recurrida se hizo con base en los documentos que habían sido aportados por
el peticionario al radicar la solicitud y que él podía hacer uso de su derecho radicando
una nueva petición anexando los documentos en debida forma, sin efectuar ningún
pronunciamiento respecto al nuevo contrato o si éste reunía los presupuestos para
hacer procedente el análisis del derecho pretendido.

42. En este punto, recuerda la Sala que el artículo 228 de la Constitución Política
consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial en virtud del cual “las
formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho
sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas
procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no
fines en sí mismas”6.

43. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que debe primar el principio de
justicia material para resolver asuntos de diferente índole, señalado que el mismo “no
se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una
determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las
consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el
entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los
principios, valores y derechos constitucionales”7.

6
Sentencia T-268 de 2010. Cfr. Sentencia C-029 de 1995.
7
Sentencia T-429 de 1994. Reiterada en la sentencia T-618 de 2013.

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44. Así, sobre el alcance del principio en cita, dicha Alta Corporación agregó:

“La aplicación de este principio es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones
y decisiones de la Administración cuando define situaciones jurídicas, las cuales
además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser proporcionales a los hechos
que le sirven de causa o motivo, deben responder a la idea de la justicia material8.

De igual forma, lo es en la función ejercida por los jueces dentro del análisis de los
casos concretos, quienes dentro del análisis probatorio deben evitar incurrir en el
exceso ritual manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el
contrario han de sujetarse a los contenido, postulados y principios constitucionales
de forzosa aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas”9

45. También se ha aclarado que el principio de justicia material no puede ser aplicado
de manera absoluta por cuanto tampoco pueden pasarse por alto las formalidades
establecidas para los reconocimientos del derecho en beneficio de una consideración
fáctica10.

46. Concordante con lo expuesto, cuando una autoridad obstaculiza la efectividad del
derecho material con ocasión de la forma, incurre en desconocimiento del derecho al
debido proceso en tanto se produce un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto que ha sido entendido como la “aplicación desproporcionada de una
ritualidad o formalismo, que conlleva desconocer la verdad objetiva de los hechos
puestos en consideración del juez o la administración”11. Por tanto, como viene dicho,
dicha figura no solo se aplica en el ámbito judicial, sino también en los procedimientos
administrativos, pues estos tienen relación con la consecución de los fines esenciales
del Estado, en la medida en que por medio de ellos se puede reconocer o vulnerar un
derecho fundamental12.

47. Lo anterior no desconoce que las autoridades administrativas gozan de legitimidad
para imponer ciertos requisitos a la hora de reconocer derechos, verbigracia, referidos
a prestaciones derivadas de vínculos laborales, como son las cesantías, sin embargo,
dichas exigencias no pueden convertirse en obstáculos insuperables. En ese sentido
se pronunció la Corporación en cita en sentencia T-039 de 2017 al concluir: “la
imposición de trámites administrativos excesivos constituye entonces una traba
injustificada e inaceptable para el goce efectivo de ciertos derechos fundamentales
como la vida, la seguridad social, el mínimo vital y el derecho al pago oportuno de las
prestaciones sociales, carga que no debe recaer ni ser soportada por el interesado”.

48. Colofón de lo dicho, “las autoridades judiciales y administrativas deben observar
las formas y procedimientos propios de cada trámite que es de su conocimiento. Sin
embargo, la aplicación de las normas procesales no puede convertirse en un proceder
automático, porque con ello podría desconocerse la verdad jurídica objetiva evidente

8
Sentencia T-429 de 1994. Reiterada en la sentencia T-618 de 2013.
9
Sentencias T-352 de 2012. Cfr. Sentencia T-1306 de 2001 y T-618 de 2013
10
Sentencia T-058 de 1995. Reiterada en la sentencia T-618 de 2013.
11
Sentencia T-158 de 2012.
12
Sentencia T-154 de 2018 Corte Constitucional

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en los hechos. Por esa razón, los requisitos formales deben ser ponderados con los
principios que conforman el ordenamiento jurídico y así evitar incurrir en la aplicación
excesiva de la ritualidad, so pena de desconocer lo consagrado en el artículo 228 de
la Constitución”13.

49. Dicho todo lo precedente, la respuesta a la primera parte del problema jurídico
formulado es que los actos acusados, a saber, Resoluciones 004891 del 6 de
diciembre de 2019 y 001010 del 20 de mayo de 2020, que negaron el reconocimiento
y pago de las cesantías parciales del demandante por razones de forma que, además,
fueron superadas, pero inadvertidas por la administración, se encuentran viciados
de nulidad por violación del debido proceso al haber incurrido en un excesivo ritual
manifiesto, por lo que se anularán y, como restablecimiento del derecho, se ordenará
a la entidad demandada que, en caso de no haberlo hecho, proceda a resolver de
fondo la solicitud elevada por el señor Ruiz Puche el 11 de octubre de 2019, con
radicado 20192001360.

50. No puede ser otro el restablecimiento que se ordene, por cuanto el Juez no puede
invadir las orbitas y competencias de la administración a efecto de examinar, no solo
el documento allegado en su momento con el recurso de reposición, sino los demás
requisitos para conceder las cesantías y, decidir sobre lo pedido en sede
administrativa, más aún cuando, dicho sea de paso, aquella no ha tenido la
oportunidad de referirse al derecho pretendido en aplicación de las normas subjetivas
que rigen sobre la materia. Además, se desconoce si persiste la voluntad de las partes
respecto del negocio jurídico y lo relativo al monto de recursos requeridos pues, se
insiste, los documentos que podrían incidir en dicha determinación no fueron valorados
por la administración, dado que fueron allegados con ocasión del recurso de
reposición.

51. En cuanto a la segunda parte del cuestionamiento formulado, la respuesta de esta
Sala es que la negativa de la administración no genera la sanción moratoria
pretendida por el demandante, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad del Oficio
DS 002236 del 25 de septiembre de 2020 que denegó su reconocimiento. Ello,
teniendo en cuenta que la sanción pretendida se deriva o se causa cuando la
administración no paga o paga en forma tardía una cesantía -bien parcial, bien
definitiva- que ha sido reconocida a favor de su beneficiario, cosa que en el presente
asunto no ha sucedido, por cuanto, no existe prueba de que la administración se haya
pronunciado de fondo frente a lo solicitado por el señor Ruiz Puche el 11 de octubre
de 2019 accediendo a ello, por tanto, no puede condenarse a la entidad a un
reconocimiento que deriva de un derecho prestacional que no ha sido definido, esto
es, que se encuentra en discusión.

52. Finalmente, se denegarán las pretensiones orientadas contra la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en

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Ídem (12)

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tanto, la actuación administrativa objeto de nulidad fue adelantada por el departamento
de Córdoba.

53. Con todo lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia en cuanto
negó las pretensiones de la demanda orientadas a la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento y pago de las cesantías parciales
solicitadas por el demandante.

54. En su lugar se declarará la nulidad de las Resoluciones 004891 del 6 de
diciembre de 2019 y 001010 del 20 de mayo de 2020, y como consecuencia de ello,
se ordenará al departamento de Córdoba que expida el acto administrativo por medio
del cual resuelva de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales
elevado por el actor el 11 de octubre de 2019, con la corrección de la solicitud aportada
en el escrito del 18 de febrero de 2020, si ello no ha tenido lugar.

55. En lo demás la sentencia se confirmará, pues las otras pretensiones no prosperan

De la condena en costas de segunda instancia

56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

58. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

59. En consecuencia, no se impondrán costas a la parte demandante, pues la
sentencia apelada será parcialmente revocada, por no ser de recibo los argumentos
del

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 25 de noviembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba que denegó las pretensiones de la
demanda orientadas a la anulación de los actos administrativos que denegaron el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales reclamadas por el actor, por lo
expuesto en la parte considerativa.

En su lugar se ordena:

Primero. Declarar la nulidad de las Resoluciones 004891 del 6 de diciembre de
2019 y 001010 del 20 de mayo de 2020 por medio de las cuales se negó al
demandante el reconocimiento y pago de cesantías parciales.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al departamento de
Córdoba que, en caso de no haberlo hecho, proceda a expedir el acto
administrativo donde resuelva de fondo la petición elevada por el señor Audy
Antonio Ruiz Puche el 11 de octubre de 2019, con radicado 20192001360, con la
corrección de la solicitud aportada en el escrito del 18 de febrero de 2020, si ello
no ha tenido lugar.

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto.

Cuarto: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos establecidos en
los artículos 192 y 195 del CPACA.

Segundo. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, por lo considerado.

Tercero: NO CONDENAR en costas procesales en esta instancia a la parte
demandante, por las razones expuestas en la presente providencia.

Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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