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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2021-00106-01

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2021-00106-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de febrero de 2023, en su lugar: 1. DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad. 2. CONDENAR en costas de la primera instancia a la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S., hoy Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol–. La liquidación se hará de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta lo decidido en la sentencia de primera instancia sobre las expensas y agencias en derecho. 3. FIJAR las agencias en derecho de la primera instancia en cincuenta y dos millones ochocientos veintisiete mil setecientos cincuenta mil pesos ($52’827.750), a cargo de la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S., hoy Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano –Findecol– y a favor del municipio de Santa Cruz de Lorica. SEGUNDO: Sin condena en costas de la segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-33-000-2021-00106-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 230012333000 202100106 01 (69.941)
Demandante: FUNDACIÓN SERVICIOS Y OBRAS SOCIALES DE
COLOMBIA S.O.S., hoy FUNDACIÓN INTEGRAL
PARA EL DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO
COLOMBIANO – FINDECOL
Demandado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD – solo opera en los casos en los que la ley
lo dispone / DEMANDA ARBITRAL – si se presenta en tiempo produce el efecto de inoperancia de
la caducidad / CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Y
EXTINCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA POR FALTA DE PAGO DE
LOS HONORARIOS Y GASTOS – cuando ello ocurre no se mantienen los efectos de la presentación
de la demanda arbitral oportuna.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

El conflicto se refiere al incumplimiento en el que habría incurrido el municipio de
Santa Cruz de Lorica por la falta de pago de un saldo del precio estipulado en el
contrato y por la mora en la que habría incurrido respecto de los pagos parciales
pactados.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 17 de febrero de 2023, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba decidió: (i) liquidar el contrato 010 del
10 de febrero de 2016 con la determinación de un saldo de $272’783.783,052 a
favor de la Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano –
FINDECOL1, (ii) condenar al municipio al pago de esa suma, (iii) negar las demás
pretensiones de la demanda; y, (iv) abstenerse de condenar en costas2.

Pretensiones

2. La Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S., hoy Fundación
Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol– (en adelante
la Fundación, la demandante o la contratista), presentó demanda en contra del

1 Al momento de la celebración del contrato su razón social correspondía a la primera mencionada. Al momento

de la presentación de la demanda cambió a FINDECOL (índice 010, SAMAI, pág. 17).
2 Índice 42, SAMAI.

Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
Demandante: FINDECOL
Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica
Acción: Controversias contractuales

municipio de Santa Cruz de Lorica (en adelante el Municipio, el demandado o el
contratante), con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas:

“1. Adelantar la liquidación definitiva del contrato de prestación de servicios
educativos No. 010 – 2016, celebrado entre el municipio de Santa Cruz de
Lorica y la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S. hoy
Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol.

2. Como consecuencia de lo anterior, declarar que el municipio de Santa Cruz
de Lorica - Secretaría de Educación incumplió el contrato de prestación de
servicios de educación No 010 – 2016 en cuanto a la omisión de pagar el saldo
debido por valor de setecientos cuatro millones trescientos setenta mil pesos
($704.370.000).

3. Condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica al pago inmediato de la suma
de setecientos cuatro millones trescientos setenta mil pesos ($704.370.000),
junto con los intereses legalmente permitidos, todo hasta la fecha en que
efectivamente se realice el pago.

4. Condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica al pago de los demás valores
y perjuicios que se demuestren en el proceso a los cuales tenga derecho la
Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S. hoy Fundación
Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol.

5. Condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica al pago de intereses
moratorios con la tasa legalmente permitida desde el día del incumplimiento
hasta que se verifique el pago de cada obligación, el cual equivale hasta la
presentación del presente instrumento a mil cincuenta y seis millones quinientos
cincuenta y cinco mil pesos $1.056.555.000.

6. Sobre los valores anteriormente aludidos, solicitamos la indexación de las
condenas.

7. Condenar en costas a la entidad demandada.”3

Hechos

3. En apoyo de las pretensiones, se relacionaron los hechos relevantes que la
Sala resume a continuación:

4. El 10 de febrero de 2016 el Municipio y la Fundación celebraron el contrato
010, cuyo objeto consistió en la “prestación del servicio educativo para atención a
población adulta y jóvenes en extra edad a 3.210 estudiantes de los ciclos tres al
seis en la zona rural y urbana del Municipio de Santa Cruz de Lorica, durante el año
lectivo 2016”, por un valor de $3.272’370.000.

5. El Municipio no pagó el monto de $704’370.000 y los demás pagos los hizo
por fuera del plazo pactado para ello.

6. El primer desembolso por valor de $490’855.500 –equivalente al 15% del
valor del contrato– correspondía a un pago anticipado que se debía hacer el 15 de

3 Índice 010, SAMAI.

2

Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
Demandante: FINDECOL
Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica
Acción: Controversias contractuales

febrero de 2016, cuando se suscribió el acta de inicio; sin embargo, se hizo
posteriormente en tres contados4.

7. Para el segundo pago que se pactó por valor de $1.145’329.500 –
correspondiente al 35% del valor del contrato–, la Fundación presentó la factura No.
26, junto con los documentos requeridos en el contrato –no indicó la fecha de
presentación–. El pago se hizo en tres contados por fuera del término estipulado5.

8. El 11 de agosto de 2016 la demandante presentó la factura No. 035 con los
soportes respectivos para que se efectuara el tercer pago por valor de $654’474.000
–correspondiente al 20% del valor del contrato–, pero éste se hizo de forma parcial
y de manera extemporánea –no indicó cuándo se realizó–.

9. Lo mismo ocurrió respecto del cuarto pago que debía hacerse por un valor
de $654’474.000 –correspondiente al 20% del valor del contrato–. No indicó cuándo
lo solicitó ni cuándo se realizó6.

10. La Fundación presentó los documentos requeridos para que se hiciera el
quinto pago que se estipuló por un valor de $327’237.000 –correspondiente al 10%
del valor del contrato–, pero éste no se realizó. En la demanda no se indicó cuándo
se hizo la solicitud.

11. La Fundación cumplió a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del
contrato.

12. El Municipio se negó a realizar el pago del saldo adeudado con base en un
supuesto otrosí modificatorio que no nació a la vida jurídica, en tanto no existen los
documentos en los que se soportó la variación del valor del contrato para reducirlo
a $2.568’000.0007; no se notificó la decisión del Municipio de aprobar la
modificación; tampoco se adelantó un estudio previo para hacerla y no existe
disponibilidad ni registro presupuestal. Igualmente, no se realizó comité técnico ni
financiero entre las partes, ni existe constancia de determinación del cambio, menos
aún existió validación de las dependencias de ese procedimiento administrativo. No
se actualizaron las pólizas del contrato y la fecha del 15 de julio de 2016 no coincide
con la impuesta con un sello.

13. La presunta modificación perjudicó a la Fundación, toda vez que para ese
momento venía ejecutando el contrato según el valor inicialmente convenido y ya
contaba con la totalidad de libros, kits escolares y la contratación de los docentes
necesarios, además de que había adquirido créditos para cubrir los gastos
necesarios para ejecutar el objeto convenido.

4 Los días 22 de febrero, 3 de marzo y 22 de julio. Los dos primeros por valor de 106’044.540, el último por valor

de 278’766.420.
5 Los días 22 de julio y 1 de diciembre de 2016 y 4 de enero de 2017, por valor de $265’283.781,50,

689’289.501,90 y 190’756.216,6, respectivamente.
6 Señaló que del tercer y cuarto pago la entidad solo canceló la suma de $985’009.704,03.
7 Se refirió a: (i) la solicitud que habría realizado el supervisor del contrato para que se realizara la modificación,

en tanto debía ajustarse a la canasta educativa en atención a las (ii) directrices educativas del Ministerio de
Educación y a la (iii) disponibilidad de recursos asignados para el municipio de Lorica.

3

Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
Demandante: FINDECOL
Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica
Acción: Controversias contractuales

Fundamentos de derecho

14. Como fundamentos de derecho se expresó, que: (i) se vulneraron los
artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, en tanto no se liquidó el contrato y no se
realizaron los pagos adeudados al contratista, y (ii) la presunta modificación no
nació a la vida jurídica porque no cumplió con los requisitos de perfeccionamiento,
en tanto emergió con violación de los procesos de selección de la Ley 80 de 1993.

Contestación de la demanda

15. El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso la
excepción que denominó “pago total de la obligación y cobro de lo no debido”8.
Expresó que el contrato fue objeto de una modificación que se celebró de mutuo
acuerdo el 15 de julio de 2016 y que se perfeccionó porque se elevó a escrito como
exige la ley. A través de ese acuerdo las partes convinieron disminuir el precio
pactado de $3.272’370.000 a $2.568’000.000 de manera que se modificó la forma
de pago para ajustar los montos al nuevo valor, el cual fue cancelado en su totalidad.

16. Los comprobantes de egreso No. CE 01238, CE No. 01645 y CXPC No.
00237 revelan que el Municipio canceló $2.239’139.282 a la Fundación, más
$409’855.500, para un total de $2.729’994.782, pese a que el valor del contrato se
pactó por $2.568’000.000. Añadió que el pago se completó durante el plazo de
ejecución, por lo cual no era procedente reconocer intereses moratorios.

Alegatos en primera Instancia

17. Surtido el periodo probatorio9, en el término para alegar de conclusión10, la
demandante11 y el demandado reiteraron sus argumentos. El Ministerio Público12
conceptuó que se debía acceder a la pretensión de liquidación del contrato, en tanto
no obra prueba de que ese acto se hubiere realizado. Señaló que se encuentra
acreditado que las partes celebraron el otrosí modificatorio para disminuir el valor
del contrato a $2.568’000.000, por lo cual el Municipio no adeuda ninguna suma a
la Fundación, pues se demostró que le pagó $2.633’136.702, por lo que es ésta la
que le debe $65’136.702, lo que impone que se nieguen sus pretensiones.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

18. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expresó que13:

8 Índice 15, SAMAI.
9 En auto del 9 de junio de 2022 el Tribunal incorporó al proceso: (i) el expediente del proceso arbitral que fue

remitido por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Montería, (ii) las documentales
aportadas por la Fundación con el escrito de adecuación de la demanda y con el escrito por medio del cual
descorrió las excepciones formuladas por el Municipio. Negó las demás pruebas solicitadas por las partes
(Índice 25, SAMAI).
10 En auto que ordenó correr alegatos de conclusión calendado el 26 de julio de 2022, de conformidad con el

artículo 182ª de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para emitir concepto, por el término de diez (10) días. (Índice 29, SAMAI).
de audiencia de pruebas calendada el 19 de noviembre de 2020, de conformidad con el inciso 3º del artículo
181 del CPACA el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto si a bien lo tiene. (índice 33, SAMAI).
11 (Índice 33, SAMAI).
12 (índice 36, SAMAI).
13 (Índice 43, SAMAI).

4

Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
Demandante: FINDECOL
Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica
Acción: Controversias contractuales

19. Se demostró que la modificación se perfeccionó por el común acuerdo de las
partes que la suscribieron, por lo cual no es procedente la declaratoria de ineficacia,
pues voluntariamente la Fundación consintió en la reducción del valor del contrato
en $704’370.000.

20. Se acreditó que la Fundación cumplió las obligaciones del contrato, de lo que
dan cuenta las actas de entrega y recibo a satisfacción emitidas por el secretario de
educación municipal en calidad de supervisor.

21. El Municipio pagó a la Fundación la suma de $2.261’194.802; sin embargo,
los pagos los hizo por fuera de los plazos pactados, por lo cual se debían reconocer
los intereses de mora en los términos dispuestos en el inciso 8º del artículo 4º de la
Ley 80 de 1993.

22. Como el 15 de julio de 2016 las partes acordaron reducir el valor del contrato
a $2.568’000.000 y, en función de ello modificaron también los valores de cada
desembolso pactado, para el cálculo de los intereses de mora que se causaron
respecto de los pagos que debían hacerse antes de esa modificación –primero y
segundo– tuvo en cuenta los montos inicialmente convenidos, para los siguientes
pagos tuvo en cuenta los valores modificados. Señaló que los saldos de los primeros
dos pagos se sumaron al capital restante, y que este último se redujo según el nuevo
precio estipulado.

23. Según las referidas pautas, en la sentencia se calcularon los intereses de
mora respecto de cada pago y se consideraron los abonos que realizó el Municipio.
Con base en lo anterior se concluyó que para el 4 de enero de 2017 el Municipio le
debía a la Fundación la suma de $117’083.315 por concepto de capital. Sobre esa
cifra calculó intereses de mora hasta el 31 de enero de 2023, lo que arrojó un
resultado de $272’783.052 a favor de la Fundación y a cargo del demandado.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

24. El Ministerio Público presentó recurso de apelación14 con el objeto de que se
modifique la sentencia, en el sentido de que se establezca que el valor que el
Municipio adeuda a la Fundación asciende a $156’862.019. Como fundamento
expresó:

25. En la liquidación judicial que realizó el a quo se calcularon intereses sobre
intereses, por lo cual se incurrió en la figura del anatocismo proscrita en la
legislación colombiana15. El valor de $117’083.315 que según el fallo el demandado
adeudaba a la Fundación para el 4 de enero de 2017 correspondía a intereses de
mora, por lo cual no era procedente sobre esa misma cifra calcular nuevamente
intereses, sino solamente actualizar ese valor a la fecha del fallo, lo que arrojaba
una cifra de $156’862.019.

26. Como el Municipio pagó la totalidad del valor del contrato –definido en la
modificación del 15 de julio de 2016– el 4 de enero de 2017, después de ese

14 (Índice 45, SAMAI).
15 Se refirió a los artículos 1617 y 2235 del Código Civil y citó sentencias C-367 de 1995 y C-364 de 2.000.

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Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
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momento no se podían seguir causando intereses de mora, por tanto, el Tribunal no
debió calcularlos.

27. La condena al pago de los intereses moratorios sobre intereses moratorios
vulneró el principio de congruencia, toda vez que la demandante no elevó esa
pretensión.

Trámite en segunda instancia

28. En auto del 28 de abril de 202316, el Tribunal concedió el recurso de apelación
y esta Corporación lo admitió en proveído del 13 de junio de 202317.

29. Al presente asunto le son aplicables las previsiones de la Ley 2080 de 202118,
que modificó el artículo 247 del CPACA. No se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión, comoquiera que no se decretaron pruebas en segunda
instancia19. El Ministerio Público emitió concepto para reiterar los argumentos de su
intervención en primera instancia y los del recurso de apelación20.

III. CONSIDERACIONES

La oportunidad de la demanda

30. Dado que se trata de un requisito procesal sin el cual no es posible proferir
sentencia de mérito, la Sala declarará probada de oficio la excepción de
caducidad21.

31. Antes de expresar las razones que conducen a esta conclusión, se estima
pertinente advertir que en relación con litigios originados en contratos que por
disposición legal o convencional deban ser sometidos a la etapa de liquidación,
existen en la actualidad dos posiciones respecto de la regla de oportunidad
aplicable, una según la cual estos eventos siempre deberán regirse por las normas
especiales contenidas en los ordinales i) a v) del literal j) del numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011 –diseñadas en función de si el balance final se realizó
o no–; otra que considera que aquélla no es una pauta única inamovible, sino que,

16 (Índice 47, SAMAI).
17 Se admitió el auto la apelación por parte del Ministerio Público, pues la apelación que instauró se entendió

en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o las garantías fundamentales. Consejo de Estado, Sala
Plena, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2018. Radicación 66001-23-31-000-2007-00005-
01(36853). C.P. Danilo Rojas Betancourth (Índice 04, C.E, SAMAI)
18 Toda vez que el recurso de apelación se interpuso el 23 de marzo de 2023, esto es, en vigencia de la Ley

2080 de 2021 -25 de enero de 2021-.
19 “ARTÍCULO 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las

sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…)
5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos
por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.
6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el
proceso al despacho para sentencia”.
20(Índice 10, C.E, SAMAI).
21 Ley 1437 de 2011. Artículo 187, inciso segundo: “ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
(…)”.

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en algunos casos, pese a que el contrato deba ser objeto de liquidación, la regla de
caducidad gobernante será la general que determina que el cómputo debe hacerse
a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que
sirven de fundamento a la demanda.

32. La primera tesis se funda en la aplicación del criterio de interpretación
gramatical establecido en el artículo 27 del Código Civil, según el cual cuando el
sentido de la ley es claro, no es posible desatender su tenor literal; y en el criterio
de interpretación que dispone que las normas especiales priman sobre las
generales. Señala esta postura que en los contratos que deben ser sometidos a
liquidación, el referido literal j) ató el término de caducidad a la realización de ese
acto –bilateral o unilateralmente, según el caso– o al vencimiento del plazo
determinado para ello sin que este se adopte, sin ninguna distinción en relación con
la controversia que se vaya a proponer en juicio, por lo cual no está dado al operador
judicial hacer esta distinción; además de que como el referido literal j) contiene una
regla general y varias especiales, se debe preferir la aplicación de las segundas 22;
la otra tesis parte de un análisis íntegro y sistemático de esa misma norma que
conduce a concluir que la regla de caducidad aplicable debe determinarse en
función de si la consolidación o definición de los motivos que generan el conflicto se
traslada o no a la etapa de liquidación.

33. El referido ejercicio hermenéutico sistemático parte de considerar que para
definir la oportunidad en la que se deben presentar las demandas de controversias
contractuales, el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 se
integró con varias reglas, todas las cuales están llamadas a producir efectos
jurídicos: (i) una general según la cual “el término para demandar será de dos (2)
años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”, (ii) una específica para la
pretensión de nulidad del contrato, y (iii) otras que se fijan en función de si el negocio
jurídico en el que se origina el litigio es de ejecución instantánea o sucesiva. En este
último caso, se diferencia entre si requiere o no ser liquidado y, si ese trámite se
impone, si se hizo de forma bilateral o unilateral, o si se obvió.

34. La tesis que sostiene que para los contratos que deben someterse a la etapa
de liquidación el legislador no estableció una única e inamovible pauta para
determinar la caducidad –la realización o no de ese acto– se inclina por dar
relevancia al hecho de que las reglas de oportunidad acabadas de mencionar tienen
su propio campo de aplicación de cara a los supuestos determinados por la ley, de
manera que la general no se subsume en las demás, ni éstas en ella. Un
entendimiento distinto impediría que una u otras proyecten sus efectos en el mundo
jurídico, lo que las haría inoperantes; por tanto, concluye que lo que corresponde es
aplicar aquélla a la que se adecúen los supuestos fácticos de cada caso.

35. En línea con lo anterior, esa postura toma en cuenta que las reglas
especiales contenidas en los ordinales i) a v) del literal j) del numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011 fueron edificadas por el legislador –recogiendo la

22 Al respecto se pueden consultar las aclaraciones de voto presentadas por los doctores María Adriana Marín

y Fernando Alexei Pardo Flórez respecto de la sentencia proferida por esta Subsección el 19 de abril de 2024,
Exp. 66.564, así como la sentencia proferida por esta misma Subsección el 21 de febrero de 205, Exp. 66479,
en la que el doctor José Roberto Sáchica formulo salvamento parcial de voto.

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jurisprudencia de esta Corporación23– en función de si el contrato en el que se
origina la controversia debe o no ser objeto de liquidación, lo que recoge en su
totalidad las distintas formas en las que pueden cumplirse las obligaciones de un
contrato –tracto sucesivo, ejecución o cumplimiento diferidos en el tiempo o
instantáneamente24–, por lo cual entender que el término perentorio para presentar
la demanda de controversias contractuales siempre debe determinarse en función
de ellas, supone inevitablemente anular cualquier escenario en el que la regla
general asociada a los motivos de hecho o de derecho que fundan las pretensiones
pudiera desplegar sus efectos.

36. En suma, la tesis se basa en que la lectura de los supuestos contenidos en
el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 se deba realizar de
manera íntegra y sistemática, y dando aplicación al principio de hermenéutica
jurídica del efecto útil de las normas, según el cual se debe preferir la interpretación
que permita dotarlas de sentido y eficacia, frente a otra u otras que lo impidan. Este
razonamiento conduce inmediatamente a concluir que no en todos los litigios
originados en contratos que deban liquidarse el plazo para demandar se deba
computar siempre e ineludiblemente desde que ese acto se realice unilateral o
bilateralmente, o después del vencimiento del término establecido para ello, sino
que existen escenarios en los que la proposición en sede judicial de estos litigios
deba hacerse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que le sirvan de fundamento.

37. El criterio que permite identificar cuál es la regla de caducidad aplicable a los
contratos que están sometidos a liquidación consiste en determinar si existe una
relación directa y próxima entre los motivos que generan la controversia y la
liquidación del contrato, al punto que su definición deba trasladarse hasta esa etapa
final, porque antes de ella no puedan consolidarse debido a la variación que podrían
sufrir de cara la proyección que tengan en la ejecución del respectivo negocio
jurídico.

38. En consecuencia, según esta tesis, la fase de liquidación será el derrotero
para determinar la oportunidad de la demanda en aquellos asuntos cuya definición
sea propia de ser abordada en esa etapa, no así respecto de aquellos que han
quedado precisados desde mucho antes, en la medida que éstos no estarán para
entonces en un estadio de verificación final, pues ya no variarán de cara a la
proyección de ejecución del negocio jurídico y, por tanto, no será razonable ni
justificado que la proposición judicial del conflicto se traslade y extienda hasta ese
momento; de ahí que bajo la hermenéutica expuesta se concluya que en estos
últimos litigios la oportunidad para ventilarlos ante el juez sea la definida en la
premisa general, esto es, dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento.

23 Positivizada primigeniamente con la modificación que se introdujo al artículo al numeral 10 del artículo 136

del Decreto 01 de 1984, a través de la Ley 446 de 1998.
24 Para el caso de los contratos sometidos al EGCAP, la condición de si el contrato debe o no ser sometido a l

trámite de la liquidación debe revisarse en confrontación con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de
1993, que dispone que procede en “[l]os contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento
se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran …”, de donde se deduce que los contratos de ejecución
instantánea no están sometidos imperativamente a aquél; de ahí que para los litigios que se formulen con
ocasión de estos últimos, el término de liquidación no fuera considerado por el legislador como un referente
para determinar el cómputo de la oportunidad dentro de la cual se debe interponer la demanda.

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Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
Demandante: FINDECOL
Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica
Acción: Controversias contractuales

39. En esta oportunidad la Sala no consolidará su posición frente a ninguna de
las dos posturas, pues lo cierto es que cualquiera sea la que se aplique, se arriba a
la misma conclusión, la demanda respecto de todas sus pretensiones se presentó
de manera extemporánea.

40. La Fundación pretendió que se declare que el Municipio incumplió el contrato
010 de 2016, cuyo objeto consistió en la prestación del servicio educativo para
atención a población adulta y jóvenes en extra edad a 3.210 estudiantes de los ciclos
tres al seis en la zona rural y urbana del Municipio de Santa Cruz de Lorica, durante
el año lectivo 201625: (i) por el cumplimiento tardío de los pagos parciales que se
acordaron realizar en el contrato 010 de 2016 de cara al avance de ejecución del
objeto pactado, y (ii) por la falta de pago del saldo de $704’370.000.

41. El contrato se rigió por el Estatuto General de Contratación Estatal –EGCAP–
, pues fungió como contratante una de las entidades a las que se refiere el artículo
2º de la Ley 80 de 1993. En la cláusula vigésima se estipuló que sería liquidado de
conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 200726.

42. Al aplicar la tesis según la cual, al margen de que los motivos que originan el
conflicto se hubieren consolidado antes de la fase de liquidación del contrato, el
término de caducidad debe computarse con base en las reglas estructuradas en
función de si se realizó o no el balance final de cuentas, se concluye que la demanda
fue inoportuna.

43. Bajo esta postura, como la liquidación no se realizó, la regla específica
aplicable sería la contenida en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, esto es, dos (2) años siguientes al vencimiento del
plazo para realizar la liquidación del contrato de manera bilateral y unilateral.

44. El contrato se celebró el 10 de febrero de 201627 para ser ejecutado en un
plazo de ocho (8) meses contados a partir del acta de inicio28, la cual se suscribió
el día 15 siguiente29, por lo que dicho plazo venció el 15 de octubre de 2016. En la
cláusula vigésima30 se estipuló que la liquidación se efectuaría de conformidad con
lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, por tanto, el término de
cuatro (4) meses para realizar ese acto de manera concertada entre las partes
feneció el 16 de febrero de 2017 y el de la liquidación unilateral a la culminación de
los dos (2) meses siguientes, es decir, el 17 de abril de 2017; de manera que el
término para incoar la demanda empezó a computarse a partir del 18 de abril de
ese año y vencía, en principio, el 18 de abril de 2019.

25 Se precisa que, si bien en la demanda se presentaron argumentos tendientes a debatir la legalidad del

acuerdo modificatorio que se pactó para reducir el precio del contrato, lo cierto es que no se formuló una
pretensión en ese sentido, por tanto, la oportunidad de la demanda tampoco se establece en función de ello.
26 Samai tribunal, índice 51, carpeta
27 Índice 010, SAMAI, página 172.
28 CLÁUSULA CUARTA PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de OCHO (8) MESES (sic)

de conformidad con el calendario académico fijado por la Secretaría de Educación Municipal, correspondiente
al calendario “A”, Resolución No. 3672 de fecha 2 de Octubre (sic) de 2015 expedida por el Alcalde de (sic)
Municipal, contados a partir del acta de inicio. PARÁGRAFO: VIGENCIA: Este contrato estará vigente desde la
fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. (Índice 010, SAMAI, página 166-167).
29 Índice 010, SAMAI, página 177.
30 CLÁUSULA VIGÉSIMA – LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente contrato se efectuará de conformidad

con las estipulaciones sobre la materia contenidas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. (Índice 010,
SAMAI, página 171).

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Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
Demandante: FINDECOL
Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica
Acción: Controversias contractuales

45. Sin embargo, en virtud de la solicitud de conciliación prejudicial que presentó
la Fundación el 25 de junio de 201831 ante la Procuraduría 124 Judicial II para
Asuntos Administrativos, el término se suspendió en esa fecha –cuando faltaban 9
meses y 25 días para que se completara el plazo de dos (2) años– y se reanudó el
17 de agosto de 2018, día siguiente a aquél en que se expidió la certificación de
que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 200132; por tanto, el plazo venció el 10 de
junio de 2019. La demanda se radicó ante esta jurisdicción el 23 de julio de 2021,
es decir, por fuera del plazo perentorio establecido por la ley para ello.

46. Al aplicar al caso la tesis según la cual la regla de caducidad debe
establecerse en función de la relación que exista entre los motivos en los que se
origina el litigio y la fase de liquidación, en tanto sea el escenario para definirlos y
no se hubieren consolidado previamente, por las razones que pasan a exponerse,
se arriba a la misma conclusión.

47. En lo que respecta a la pretensión de incumplimiento por la mora de los pagos
parciales acordados, no es un aspecto que estuviera en latencia o pendiente de ser
definido en la etapa de liquidación del contrato, puesto que no hay litigio en cuanto
a que las prestaciones que daban lugar a ellos se hubieren ejecutado, tampoco en
cuanto a que los pagos no se hubieren realizado.

48. La demandante reclama que el Municipio cumplió tardíamente con los pagos
parciales que se acordaron realizar durante la etapa de ejecución del contrato como
obligación correlativa de cara a las prestaciones que se debían ir desarrollando, es
decir, que la controversia se presentó desde el momento mismo en que habiendo
surgido la obligación de pago, ésta no se satisfizo, circunstancia que no variaría en
función de la continuación de la ejecución del negocio jurídico y su balance
definitivo.

49. En consecuencia, bajo esta tesis, en relación con la pretensión de
incumplimiento que se fundó en la satisfacción tardía de los pagos parciales que se
acordaron realizar durante la fase de ejecución del contrato, la regla aplicable para
determinar si la demanda fue oportuna sería la que establece que el término es de
dos (2) años que se computan a partir del día siguiente a la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, es decir, desde
cuando el Municipio incumplió con la obligación de realizarlos, lo que en este caso
ocurrió desde el mismo momento en que FINDECOL cumplió con las condiciones
acordadas para ello en la cláusula tercera del contrato, pues los pagos no se
sometieron a plazo, por lo cual se trataba de una obligación pura y simple33 que se
hizo exigible de manera inmediata. De conformidad con lo estipulado en el artículo
1608 del Código Civil, en esta clase de obligaciones el deudor se constituye en mora
con la reconvención judicial.

31 Índice 010, SAMAI, página 1446.
32 De conformidad con el artículo 21 de esa misma normativa “La presentación de la solicitud de conciliación

extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso,
hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos
en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo
2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo
que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (énfasis agregado).
33 Se denominan obligaciones puras y simples aquellas que no se encuentran sometidas a plazo, condición o

modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se cumplieron.

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Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
Demandante: FINDECOL
Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica
Acción: Controversias contractuales

50. En lo que respecta a esta pretensión, es pertinente mencionar lo que las
partes pactaron en la cláusula tercera del contrato en cuanto a la forma de pago,
así:

“… a) un pago anticipado del 15% del valor del contrato, es decir la suma de
(…) ($490.855.500,00), los cuales pagará una vez cumplidos los requisitos de
ejecución y suscrita el acta de inicio, b) un segundo pago del 35% por valor de
(…) ($1.145.329.500,00), previa acreditación de matrícula de los estudiantes en
el SIMAT, contratación de facilitadores, capacitación de facilitadores, entrega
de materiales y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor, c) un
tercer pago del 20% de (…) ($654.474.000,000) que se hará una vez se
presente el reporte de matrícula del respectivo periodo, se haya hecho el taller
de seguimiento y se expida certificado de cumplimiento expedido por el
supervisor; d) un cuarto pago del 20% de (…) ($654.474.000,00) que se hará
una vez se presente el reporte de matrícula del periodo respectivo, se haya
hecho el taller de seguimiento y se expida el certificado de cumplimiento
expedido por el supervisor; e) un pago final del 10% por valor de (…)
($327’237.000,00), previo informe final del proceso y certificación de la
población que aprueba los ciclos, la cual deberá estar suscrita por el respectivo
rector. PARAGRAFO PRIMERO. Para cada pago deberá presentarse seguridad
social del personal administrativo, del operador y para el caso de los
facilitadores contratados por prestación de servicios también deberá allegarse
el pago de seguridad social como independientes”.

51. Esta cláusula fue modificada por las partes a través del otrosí del 15 de julio
de 2016, por medio del cual acordaron reducir el precio pactado de $3.272’370.000
a $2.568’000.000; en consecuencia, se redujeron también el monto de los pagos
parciales acordados así: a) el primero de $490’855.000 a $385’200.000, b) el
segundo de $1.145.329.500,00 a $898’800.000, c) el tercero de $654’474.000 a
$513’600.000, d) el cuarto de $654’474.000 a $513’600.000, y el e) quinto de
$327’237.000,00 a $256’800.000.

52. Como el cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo del Municipio no
se sometieron a plazo, éstas se hicieron exigibles y debían realizarse de manera
inmediata para el momento en que la Fundación cumpliera con las condiciones
estipuladas para ello.

53. Salvo en lo que concierne al pago anticipado, que debía realizarse cuando
se suscribiera el acta de inicio –lo que tuvo lugar el 16 de febrero de 2016–, en el
expediente no obran pruebas que permitan determinar con certeza cuándo la
demandante radicó ante la entidad los documentos necesarios para que la
contraprestación se tornara exigible y, por ello, para determinar cuándo el
demandado habría incumplido estas obligaciones. Si bien está acreditado que la
Fundación sí presentó los referidos documentos, en tanto obran los formatos de
verificación documental suscritos por el supervisor34, lo cierto es que estos formatos
no están fechados ni tienen constancia de recibido. Las demás pruebas que obran
en el plenario tampoco permiten deducir con exactitud esta información.

54. No obstante, es posible inferir razonablemente que para las fechas en las
que el Municipio expidió los comprobantes de egreso la Fundación ya había

34 “CLÁUSULA SÉPTIMA- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 80

de 1993, con el fin de ejercer la supervisión del presente contrato, designa al secretario de Educación del
Municipio …”

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Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
Demandante: FINDECOL
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Acción: Controversias contractuales

radicado los documentos respectivos para cada pago. Con todo, si se tomara la
fecha del último de esos comprobantes –4 de enero de 201735–, se tendría que
concluir que la demanda se presentó ante esta jurisdicción de manera
extemporánea, en tanto el término para incoarla habría empezado a computarse a
partir del 5 de enero de 2017 y, por tanto, en principio habría vencido el 5 de enero
de 2019, de donde se deduce que se arriba a esta misma conclusión respecto de
los comprobantes de egreso fechados en días anteriores.

55. Como ya se mencionó, el 25 de junio de 201836 la Fundación presentó
solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 124 Judicial II para
Asuntos Administrativos, esto es, cuando faltaban 6 meses y 11 días para que se
completara el término de caducidad. El término se reanudó el 17 de agosto de 2018,
dado que el día anterior se expidió la certificación de que trata el artículo 2 de la Ley
640 de 200137; por tanto, el plazo venció el 28 de febrero de 2019. La demanda se
radicó ante esta jurisdicción el 23 de julio de 2021, es decir, por fuera del plazo
perentorio establecido por la ley para ello.

56. En el marco de la tesis que se viene desarrollando, respecto de la pretensión
de incumplimiento por falta de pago del saldo de $704’370.000 la regla de caducidad
aplicable sería la contenida en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, esto es, dos (2) años siguientes al vencimiento del
plazo para realizar la liquidación del contrato de manera bilateral y unilateral, en la
medida que la discusión versa sobre la ausencia de un pago aspecto que es propio
de ser definido al momento de realizar el balance final de cuentas, en función de las
evaluaciones que se hagan en torno al cumplimiento de las obligaciones estipuladas
versus la contraprestación pactada. Como ya se definió, al aplicar este parámetro
también se concluye en la extemporaneidad de la presentación de la demanda.

57. Finalmente, la Sala estima necesario advertir que para efectos del cómputo
del término de caducidad no se puede tener en cuenta la fecha en la que la
Fundación presentó solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento para
dirimir estos mismos conflictos.

58. En virtud de la cláusula compromisoria pactada por las partes38, el 03 de
septiembre de 2018 la Fundación presentó solicitud de arbitraje ante el Centro de

35 En el expediente obran los comprobantes de egreso que se relacionan a continuación: (i) respecto del acta

parcial 1: comprobantes de egreso 1238 del 22 de julio de 2016, 1646 del 1 de diciembre de 2016 y 1237 del 4
de enero de 2017; (ii) respecto del acta parcial 2, comprobante de egreso 1237 del 4 de enero de 2017, (iii) acta
final, comprobante de egreso 1237 del 4 de enero de 2017. En relación con el pago anticipado obran los
comprobantes de egreso: 163 del 2 de febrero de 2016, 217 del 3 de marzo de 2016 y 1099 del 22 de julio de
2016.
36 Índice 010, SAMAI, página 1446.
37 De conformidad con el artículo 21 de esa misma normativa “La presentación de la solicitud de conciliación

extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso,
hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos
en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo
2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo
que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (énfasis agregado).
38 “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLÁUSULA COMPROMISORIA:

Las partes buscarán solucionar en forma ágil y discreta las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual distintas al incumplimiento, mediante la conciliación, transacción y demás mecanismos alternativos
de solución de conflictos que las partes acuerden según los procedimientos establecidos por la ley. Las
controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución o liquidación del contrato que no puedan ser
resueltas mediante la aplicación de los mecanismos de solución directa de controversias, serán sometidas a un
Tribunal de Arbitramento, quien decidirá en derecho, el cual será integrado por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio, para efectos de su funcionamiento se aplicará lo previsto en el
reglamento de dicho Centro”.

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Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Montería, es decir, que
presentó la demanda arbitral de manera oportuna en relación con todas sus
pretensiones39. A través de auto del 15 de marzo de 2019 se fijaron los gastos y
honorarios del tribunal de arbitramento y, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, se estableció un término de diez (10) días para
que las partes realizaran las consignaciones correspondientes.

59. El expediente da cuenta de que el proceso arbitral se suspendió antes de
que se notificara el referido auto del 15 de marzo de 2019, que reinició el 6 de marzo
de 2020, fecha en la que se ordenó que se ese trámite se realizara 40;
posteriormente, se suspendió nuevamente, y se reactivó el 7 de septiembre de
2020, cuando el Tribunal de Arbitramento declaró la cesación de sus funciones por
falta de pago de los gastos y honorarios fijados.

60. A través de oficio del 3 de diciembre de 202041, la directora de la Cámara de
Comercio de Montería remitió el expediente arbitral al Tribunal Administrativo de
Córdoba. Como fundamento expresó que el tribunal de arbitramento perdió
competencia para resolver el asunto por falta de pago de los honorarios, según se
declaró en proveído del 7 de septiembre de 2020. No obra prueba de que la directora
hubiese obrado por solicitud de las partes. En el expediente obra acta de reparto
del referido Tribunal Administrativo calendada el 14 de abril de 2021.

61. A través de auto del 4 de junio de 202142, el Tribunal Administrativo de
Córdoba avocó el conocimiento del asunto y ordenó a la Fundación que confiriera
poder en los términos del artículo 74 del CGP y que adecuara la demanda a las
exigencias procesales propias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
establecidas en la Ley 1437 de 2011. La Fundación dio cumplimiento a lo
ordenado43. La demanda se admitió el 30 de septiembre de 2021.

62. Empieza la Sala por advertir que no existe norma que señale que cuando se
extingan los efectos del pacto arbitral y cesen las funciones del tribunal de
arbitramento por falta de pago de los gastos y honorarios fijados para su
funcionamiento el proceso deba ser trasladado a la jurisdicción permanente para
que ésta continúe con el conocimiento del asunto. Lo que disponen los artículos 27
–inciso 4º– y 35 – inciso 1º– de la Ley 1563 de 2012 es que concluyen las funciones
del tribunal de arbitramento y se extinguen los efectos del pacto arbitral para el caso,
es decir, que el proceso arbitral finaliza.

63. En virtud de la cesación de los efectos del pacto arbitral las partes quedan
habilitadas para promover el litigio ante los jueces permanentes. Sin embargo, si es
de su interés que la controversia se ventile ante esta jurisdicción, tienen que cumplir
con las cargas que la ley les impone para ello; por tanto, deben iniciar el proceso a
través de la presentación de la respectiva demanda, con el lleno de los requisitos
que la ley establece. Esta carga no se suple con la remisión de una demanda arbitral

39 Índice 02, SAMAI, CE, archivo 46, página 1.
40 La notificación a la parte demandante se realizó el 13 de marzo de 2020, y a la demandada el día 16 siguiente.
41 Cuyas constancias de remisión de correo electrónico datan del 09 de diciembre de 2020 al 25 de marzo de

2021.
42 Índice 004, SAMAI.
43 La notificación se realizó el 13 de julio de 2021, la adecuación de la demanda se presentó el día 23 siguiente.

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que realice un tercero respecto del cual, dicho sea de paso, no se predica ningún
interés en el proceso.

64. Lo dicho pone en evidencia que la remisión que del expediente arbitral hizo
la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Montería al Tribunal Administrativo de Córdoba no encuentra ningún respaldo legal,
como tampoco lo tienen las decisiones posteriores que adoptó este juez colegiado
en el sentido de avocar el conocimiento del asunto y de ordenar que la demanda se
adecuara para que pudiera ser tramitada ante esta jurisdicción, puesto que el
derecho de acción no había sido ejercido por la Fundación interesada para que se
procediera en ese sentido, lo que determinó que, de manera irregular, el proceso se
iniciara oficiosamente por el juez.

65. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que, en razón de los
requerimientos que realizó el Tribunal Administrativo de Córdoba, la Fundación
expresó su clara intención de tramitar el litigio ante esta jurisdicción, para lo cual
otorgó poder dirigido a esa Corporación con la manifestación expresa de que
facultaba a su apoderado para “adecuar y presentar la demanda de controversias
contractuales”. En cumplimiento de ese mandato, el 23 de julio de 2021 el abogado
presentó la demanda adecuada. La referida fecha fue la que se tuvo en cuenta para
establecer si la demanda ante esta jurisdicción se instauró de manera oportuna,
pues fue cuando la Fundación ejerció su derecho de acción ante esta jurisdicción.

66. Ahora, es pertinente advertir que, si bien la demanda arbitral se presentó en
tiempo, los efectos de ello –interrupción de la prescripción e inoperancia de la
caducidad44– desaparecieron en el mismo momento en que quedó en firme el auto
que declaró la cesación de las funciones del tribunal de arbitramento y se produjo
también la cesación de los efectos de la cláusula compromisoria por falta de pago
de los honorarios y gastos fijados para su funcionamiento.

67. Al respecto, es pertinente mencionar –como en otra oportunidad ya lo hizo
esta Subsección45– que en el escenario especial e integral del Estatuto de Arbitraje
Nacional e Internacional contenido en la Ley 1563 de 2012, advirtiendo una serie
de circunstancias que pueden impedir que el proceso se surta en esa sede y que
se explican en razón de los pilares fundamentales que soportan la justicia arbitral y
el procedimiento establecido en función de ellos, el legislador contempló
taxativamente una serie de circunstancias en las que, pese a que el proceso arbitral
no continúe, se mantienen los efectos de la demanda arbitral que se hubiere
presentado en tiempo, esto es, la interrupción de la prescripción y la inoperancia de
la caducidad, bajo la condición de que la demanda ante la jurisdicción permanente
se instaure dentro del plazo máximo que esa misma normativa dispone para cada
uno de esos supuestos, así: a) en caso de rechazo de la demanda por falta de
acreditación de la existencia del pacto arbitral (art. 20, inciso 5º46), b) en caso de
extinción de los efectos del pacto arbitral derivado de la declaratoria de

44 Artículo 94 del CGP.
45 Sentencia del 19 de abril de 2024, Exp. 66564.
46 “… El tribunal rechazará de plano la demanda cuando no se acompañe prueba de la existencia de pacto

arbitral, salvo que el demandante invoque su existencia para los efectos probatorios previstos en el parágrafo
del artículo 3o. En caso de rechazo, el demandante tendrá un término de veinte (20) días hábiles para instaurar
la demanda ante el juez competente para conservar los efectos derivados de la presentación de la demanda
ante el centro de arbitraje” (énfasis agregado).

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incompetencia del tribunal de arbitramento en la primera audiencia de trámite (art.
30, inciso 1º47); c) en caso de extinción de los efectos del pacto arbitral cuando las
personas que no lo suscribieron pero respecto de las cuales el laudo haya de
generar efectos de cosa juzgada no se adhieran a él, o cuando no se los logre
notificar (art. 36, inciso 2º48). En todos estos eventos se dispone un término de 20
días hábiles para interponer la demanda.

68. Esa misma ley establece otro supuesto en el que se mantienen los efectos
de la presentación de la demanda arbitral en tiempo, cuando se anula el laudo por
cualquiera de las causales 3 a 7 de su artículo 41, caso en el cual el artículo 44
dispone expresamente que se considerará interrumpida la prescripción y no operará
la caducidad, siempre que la parte interesada presente la solicitud de convocatoria
del tribunal de arbitramento dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria
de la sentencia.

69. La razón por la que se declaró la cesación de las funciones del Tribunal de
Arbitramento y se produjo la extinción de los efectos de la cláusula compromisoria
en la que se soportó la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento que
presentó la Fundación el 3 de septiembre de 2018, no corresponde a ninguna de
las situaciones previamente descritas, sino que se debió al incumplimiento de la
carga que les correspondía a ambas partes del pacto de consignar el valor de los
honorarios y gastos fijados por el tribunal; de manera que no se habilitó el plazo
perentorio que la Ley 1563 de 2012 dispone en otros eventos para que se
mantengan los efectos de la presentación oportuna de la demanda.

70. Reitera la Sala, que la desatención de una carga inherente a la habilitación y
voluntariedad del pacto arbitral no puede utilizarse como motivo para extender el
término de caducidad, pues se trata de un aspecto meramente subjetivo atribuible
a la conducta de las partes al que no está ni puede quedar sujeto tal instituto, en la
medida que comporta una consecuencia jurídico – procesal estatuida por el
legislador en aras de garantizar los principios referidos, así como la seguridad
jurídica que deviene de la certeza de que las situaciones de hecho y de derecho
que no sean puestas en conocimiento del juez en el plazo perentorio ordenado por
la ley queden consolidadas.

71. Cabe destacar que el pago de los honorarios y gastos del arbitramento es
una carga que las partes conocen y asumen desde el momento mismo en que
deciden voluntariamente someter sus conflictos al conocimiento de un panel arbitral
y que, inclusive, la Ley 1563 de 2012 prevé mecanismos para que la falta de
cumplimiento de esa carga por una de las partes no impida el desarrollo del proceso

47 “… Si decidiere que no es competente para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda y la

reconvención, se extinguirán los efectos del pacto arbitral para el caso concreto, (…). En este caso, para
conservar los efectos derivados de la presentación de la demanda ante el centro de arbitraje, el
demandante tendrá un término de veinte (20) días hábiles para instaurar la demanda ante el juez competente”
(énfasis agregado).
48 “… Los citados manifestarán expresamente su decisión de adherir al pacto arbitral dentro de los cinco (5)

días siguientes. De no hacerlo, el tribunal declarará extinguidos los efectos del compromiso o de la cláusula
compromisoria para dicha controversia. Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los citados.
En la misma providencia en la que se declaren extinguidos los efectos del pacto arbitral, los árbitros ordenarán
el reintegro a las partes de la totalidad de los honorarios. En estos eventos, no se considerará interrumpida
la prescripción y operará la caducidad, salvo que se promueva el respectivo proceso ante el juez dentro
de los veinte días (20) hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia referida en este inciso” (énfasis
agregado).

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Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)
Demandante: FINDECOL
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Acción: Controversias contractuales

en esa sede, en tanto habilita a la otra para que haga el pago por aquélla y la dota
de mecanismos para recobrar lo que hubiere cancelado por ese motivo (art. 27, inc.
2º49), de esta manera ninguno de los contrayentes queda a merced del otro.
Igualmente, la eventual insuficiencia de recursos no supone una barrera
infranqueable para adelantar el procedimiento en sede arbitral, en la medida que
esa normativa en el artículo 13 contempla el amparo de pobreza y establece que “el
amparado quedará exonerado del pago de los honorarios y gastos del tribunal
arbitral, sin que le corresponda a su contraparte sufragar lo que al amparado le
hubiese correspondido pagar”.

72. La lectura sistemática de los artículos de la Ley 1563 de 2012 a los que se
hizo alusión previamente revelan que el legislador quiso mantener los efectos de la
presentación oportuna de la demanda arbitral cuando por cuestiones ajenas a la
voluntad o conducta de las partes el proceso no se puede surtir en esa sede,
escenario en el que no puede incluirse la extinción de los efectos de la cláusula
compromisoria cuando ello obedece a la falta de pago de los honorarios y gastos
del arbitramento. De esta manera, debe concluirse que si el proceso arbitral no
puede continuarse por esta causa, los efectos que está llamada a producir la
presentación oportuna de la demanda no se conservan y los términos de
prescripción y de caducidad tendrán que contabilizarse como si la demanda arbitral
no se hubiere interpuesto.

73. Es pertinente advertir que la ley tampoco establece que el término de
caducidad se suspenda durante el tiempo por el que se tramite el procedimiento
arbitral. Como se mencionó, lo que dispone la Ley 1563 de 2012 es un plazo durante
el cual se mantienen los efectos de la presentación oportuna de la demanda arbitral
en los casos taxativamente previstos en esa normativa en los que el procedimiento
no puede continuar en esa sede por causas que no son imputables a las partes. Esa
normativa no contempla ningún evento de suspensión del término de caducidad.

74. Se recuerda que las normas que consagran los términos perentorios dentro
de los cuales debe ejercerse el derecho de acción para reclamar en juicio el
reconocimiento de un derecho o la definición de una situación jurídica conflictiva son
de orden público y, por ello, de obligatorio cumplimiento. En concordancia con la
naturaleza de la que participan, los plazos que contemplan estas normas están
definidos en función de supuestos objetivos que no dependen de la voluntad de las
partes, de ahí que para que se entienda configurado el fenómeno de la caducidad
basta con que transcurra dicho plazo sin que se presente la demanda; por lo mismo,
su suspensión solo opera en los supuestos específicos que determina la ley.

75. Actualmente se reconocen tres eventos en los que el término para la
presentación de la demanda que ha empezado a correr se suspende: i) con la

49 “Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella podrá hacerlo por esta dentro de

los cinco (5) días siguientes. Si no se produjere el reembolso, la acreedora podrá demandar su pago por la vía
ejecutiva ante la justicia ordinaria. Para tal efecto le bastará presentar la correspondiente certificación expedida
por el presidente del tribunal con la firma del secretario. En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente
a la de pago. La certificación solamente podrá ser expedida cuando haya cobrado firmeza la providencia
mediante la cual el tribunal se declare competente.
De no mediar ejecución, las expensas pendientes de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para lo que
hubiere lugar. A cargo de la parte incumplida, se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada,
desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que cancele la totalidad de las sumas
debidas”.

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presentación de la solicitud de conciliación prejudicial (art. 21, Ley 640 de 2001); ii)
con la solicitud de extensión de jurisprudencia (art. 102, Ley 1437 de 2011); y, iii)
con la petición del Gobierno Nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que
emita concepto en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre
entidades públicas del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial,
con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente (art. 112, Ley
1437 de 2011). En ninguno de estos encaja la situación descrita en el sub judice.

76. La Sala ya estableció que la demanda se presentó de manera extemporánea
respecto de todas sus pretensiones, lo que impone que se revoque el fallo apelado
y, en su lugar, se declare probada de oficio la excepción de caducidad.

Costas

77. En los términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los
procesos en los que se ventile un interés público, en el fallo se debe disponer sobre
la condena en costas, para lo cual se debe acudir a las reglas del Código General
del Proceso. Esta normativa, en su artículo 365 regula los eventos en los que es
procedente la condena en costas. En el numeral 1 señala que se condenará en
costas a la “parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación …”.

78. En lo que concierne a las costas de la segunda instancia no resulta
procedente imponer condena en contra de la demandante, dado que no fue ésta la
que propuso el recurso de apelación, de manera que solo no puede predicarse que
se le hubiere resuelto negativamente, sino que, además, no fue a iniciativa suya que
se generaron las costas del proceso en esta instancia. No obstante, sí deben
imponerse en su contra las costas de la primera instancia, en la medida que, por las
razones ya expuestas, se revocará íntegramente la sentencia recurrida (art. 365,
núm. 4), convirtiéndola en la parte vencida en el proceso.

79. Se advierte que bajo las reglas del Código General del Proceso la condena
en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de
la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena
se determina con fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte
que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.

80. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

81. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen
por el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda. Dado que el Municipio contó
con apoderado judicial en el curso de ambas instancias, se condenará a la
Fundación a pagar a favor del demandado por concepto de agencias de la primera
instancia, el monto de cincuenta y dos millones ochocientos veintisiete mil

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setecientos cincuenta mil pesos ($52’827.750), equivalente al 3% del valor
correspondiente a las pretensiones pecuniarias de la demanda50.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de febrero de 2023, en
su lugar:

1. DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad.

2. CONDENAR en costas de la primera instancia a la Fundación
Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S., hoy Fundación Integral
para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol–. La
liquidación se hará de manera concentrada en el Tribunal que conoció
del proceso en primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del
Código General del Proceso y teniendo en cuenta lo decidido en la
sentencia de primera instancia sobre las expensas y agencias en
derecho.

3. FIJAR las agencias en derecho de la primera instancia en cincuenta y
dos millones ochocientos veintisiete mil setecientos cincuenta mil pesos
($52’827.750), a cargo de la Fundación Servicios y Obras Sociales de
Colombia S.O.S., hoy Fundación Integral para el Desarrollo y
Emprendimiento Colombiano –Findecol– y a favor del municipio de Santa
Cruz de Lorica.

SEGUNDO: Sin condena en costas de la segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ

50 De conformidad con el artículo 5 del referido acuerdo, en los procesos de mayor cuantía, las agencias en
derecho de la primera instancia se deben fijar entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. El CPACA no contiene una
regla para clasificar los procesos como de mayor o menor cuantía, por lo cual, para efectos de aplicar esta
norma se debe acudir a las regulaciones que sobre esa materia contempla el CGP, que en su artículo 25 dispone
que son procesos de mayor cuantía aquellos cuyas pretensiones patrimoniales excedan 150 salarios mínimos
vigentes al momento de la presentación de la demanda. En el año 2021, el salario mínimo equivalía a $908.526,
por lo que para que un proceso fuera calificado como de mayor cuantía sus pretensiones debían superar el
valor de $136’278.900. La Fundación solicitó que se declare que el Municipio le adeuda $704’370.000 por
concepto de capital y $1.056'555.000, por concepto de intereses de mora, para un total de $1.760’925.000

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FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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