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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2022-00093-01

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2022-00093-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de septiembre de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, para en su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de la elección del señor Jorge Luis Bolaño Prada como suplante del representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede ningún recurso. TERCERA: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 23001-23-33-000-2022-00093-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de marzo de 2023

Radicado: 23001-23-33-000-2022-00093-01
Demandantes: JOAQUÍN FELIPE NEGRETE SEPÚLVEDA Y OTRO
Demandados: JOSÉ LUIS BOLAÑO PRADA COMO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 23001-23-33-000-2022-00093-01
Demandantes: JOAQUÍN FELIPE NEGRETE SEPÚLVEDA Y OTRO
Demandados: ELECCIÓN DE FREDY RAFAEL GLORIA MESTRA Y JOSÉ
LUIS BOLAÑO PRADA COMO MIEMBROS DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN
REPRESENTACIÓN DE LOS EGRESADOS PARA EL
PERIODO 2022-2026.

Temas: Miembros suplentes en el consejo superior universitario.
Exigencias para ser miembro del Consejo Superior de la
Universidad de Córdoba. Experiencia como suplente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Derrotado el proyecto presentado inicialmente por el magistrado Carlos Enrique
Moreno Rubio y una vez dirimido el empate que surgió en la votación inicial,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los
demandantes contra la sentencia del 19 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se declararon probadas
las excepciones de mérito propuestas por la parte pasiva y se denegaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1. Pretensiones

Los señores Rafael Ricardo Cogollo y Joaquín Felipe Negrete Sepúlveda, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, solicitaron que se declare
nulo el acto de elección de los señores José Luis Bolaño Parada y Fredy Rafael
Gloria Mestra como representantes de los egresados ante el Consejo Superior
de la Universidad de Córdoba, periodo 2022-2026. Se elevaron puntualmente

1
Los antecedentes que siguen corresponden a los llevados en la ponencia presentada
inicialmente por el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Radicado: 23001-23-33-000-2022-00093-01
Demandantes: JOAQUÍN FELIPE NEGRETE SEPÚLVEDA Y OTRO
Demandados: JOSÉ LUIS BOLAÑO PRADA COMO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que es NULO ABSOLUTAMENTE el acto de elección de los
ciudadanos FREDY RAFAEL GLORIA MESTRA y JOSE (sic) LUIS BOLAÑO
PRADAS (sic), contenido en el Acta de Escrutinios del Comité Electoral de la
Universidad de Córdoba de fecha marzo once (11) de 2022 como representante
(sic) de los EGRESADOS de dicha Institución Educativa para un periodo de
cuatro (04) años, por no cumplir los requisitos y calidades exigidos por la ley y
los reglamentos de la Universidad para tal designación y en consecuencia, ser
dicho acto violatorio de normas superiores.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones de
nulidad, debe repetirse la elección que deberá convocarse para tal fin por parte
del H. Consejo Superior de conformidad con la ley (sic) 30 de 1992 y los
Estatutos Generales de la Universidad o por el señor Rector (sic) previa
delegación del CSU y previo el lleno de las exigencias de idoneidad de quien le
corresponda realizar dicho proceso”.

2. Hechos

Señalaron que, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, el
Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y gobierno de la
Universidad de Córdoba. En dicha norma se prevé que este órgano colegiado
estará integrado por: i) el ministro de Educación Nacional o su delegado, el
gobernador o el alcalde, quienes lo presidirán, respectivamente, en las
universidades de orden nacional, departamental, distrital o municipal; ii) un
miembro designado por el presidente de la República, que haya tenido vínculos
con el sector universitario; iii) un representante de las directivas académicas; iv)
un representante de los docentes; v)un representante de los egresados; vi) un
representante de los estudiantes; vii) un representante del sector productivo; y
viii) un representante de los exrectores de la universidad.

Anotaron que en total son ocho (8) los miembros activos con voz y voto de todo
el Consejo Superior Universitario (CSU). La presencia de los gobernadores o
alcaldes depende del nivel de la universidad ya que allí se desplaza al
representante del gobierno nacional. De estos miembros del CSU, solo dos (2)
proceden del gobierno y el del Ministerio de Educación es el único autorizado a
delegar su participación por disposición legal. Hay uno, ajeno al gobierno y a la
universidad que pertenece al sector productivo, y los demás (cinco) hacen
parte de la comunidad universitaria.

Afirmaron que la calidad de estos seis integrantes o miembros del consejo
superior universitario relacionados en el literal d) del artículo 64 referido, es de
“representantes” de sectores específicos vinculados a la academia, y no tienen
suplentes en sus funciones tal como lo señala dicha norma y lo precisó la
sentencia C-589 de 1997 de la Corte Constitucional.

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Radicado: 23001-23-33-000-2022-00093-01
Demandantes: JOAQUÍN FELIPE NEGRETE SEPÚLVEDA Y OTRO
Demandados: JOSÉ LUIS BOLAÑO PRADA COMO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Alegaron que, pese a las claras preceptivas legales y jurisprudenciales y que el
artículo 11 del Acuerdo 103 de 2014 que establece el Reglamento Interno del
CSU de la Universidad de Córdoba señala que: “El Consejo Superior estará
compuesto por los miembros determinados por la Ley 30 de 1992 o las normas que la
modifiquen o sustituyan”, en la Universidad de Córdoba, el CSU lo integran
nueve (9) miembros activos, más el rector con voz pero sin voto. Con un
agravante, pues en los Acuerdos 270 de 2017 y 103 de 2014 (Estatuto General
de la Universidad y Reglamento Interno del Consejo Superior), se previó que
además del delegado del Ministerio de Educación Nacional, todos los demás
miembros del CSU tendrán suplentes.

Relataron que, ante la vacancia por vencimiento de la prórroga del periodo del
representante de los egresados ante el CSU de la Universidad de Córdoba,
este órgano colegiado, mediante Acuerdo 082 de 2021, delegó al señor rector
para que expidiera la convocatoria respectiva. Mediante los artículos 7, 8 y 9 de
la Resolución 0301 del 11 de febrero de 2022, el rector de la Universidad de
Córdoba reglamentó el proceso de elección del representante de los egresados
ante el CSU y creó el Comité Electoral. Para el efecto, señaló sus integrantes y
funciones, entre otras, la expedición del boletín o acto con los resultados finales
de la votación. Igualmente, en su artículo 5° estableció los requisitos que
debían cumplir los aspirantes de conformidad con lo señalado en el artículo 27
del Acuerdo 270 de 2017.

Mencionaron que, mediante Resolución 0306 del 14 de febrero de 2022, el
rector de la Universidad de Córdoba convocó al proceso de elección del
representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario para un
período de cuatro (4) años y determinó el cronograma de elección.

Comentaron que, de acuerdo con la programación prevista en la Resolución
0330 del 16 de febrero de 20222, el día 11 de marzo de 2022 se llevó a cabo la
elección del representante de los egresados ante el Consejo Superior
Universitario y según el acta de escrutinio final (que debió ser publicada en el
repositorio de la universidad para conocimiento público, lo que, afirman, no se
ha hecho), resultaron electos los señores Fredy Rafael Gloria Mestra y José
Luis Bolaño Prada, con un total de 2.458 votos.

Aclararon que, a la fecha de presentación de la demanda, no existe dentro del
repositorio institucional publicación alguna que recoja resolución rectoral o
acuerdo del Consejo Superior donde se formalicen los resultados de elección y
2
“Por la cual se modifica el cronograma dentro del proceso de convocatoria para la elección
del representante de los egresados, principal y su suplente, ante el Consejo Superior
Universitario, para un período de cuatro (4) años”

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Radicado: 23001-23-33-000-2022-00093-01
Demandantes: JOAQUÍN FELIPE NEGRETE SEPÚLVEDA Y OTRO
Demandados: JOSÉ LUIS BOLAÑO PRADA COMO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN EL
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la posesión de los elegidos, por lo tanto consideraron que el acta de escrutinio
final actúa como único acto válido conocido hasta la fecha de esa elección y su
declaratoria consta en ella, con la firma de todos los miembros del comité
electoral determinados en la Resolución 0301 de 2022.

Precisaron que, el 1 de marzo de 2022, el señor Rafael Cogollo Pitalua
presentó derecho de petición en el cual solicitó: “Copia de los certificados que
acreditan las calidades exigidas en el artículo 4 de la resolución 0306 de 2022, de los
señores FREDY RAFAEL GLORIA MESTRA Y JOSE (sic) LUIS BOLAÑO PRADA,
quienes resultaron habilitados en el proceso de elección del representante de los
egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba”.

3. Normas violadas y concepto de la violación

Señalaron que con el acto acusado se vulneran los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 40,
83, 121, 122, 228 de la Constitución; así como los artículos 1, 2, 3, 37,44, 88,
89, 97, 137, 139, 275-5 de la Ley 1437 de2011; artículo 27 del Acuerdo 270 de
2017, y la Resolución 306 del 14 de febrero de 2022 proferida por la Rectoría
de la Universidad de Córdoba.

Alegaron que los cargos se sustentan en la infracción de las normas en que
debería fundarse –art. 137 CPACA-, así como la causal de nulidad
contemplada en el artículo 275 numeral 5 ibidem, esto es, “Se elijan candidatos o
se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o
legales de elegibilidad o que se halle incursas en causales de inhabilidad”. Lo
anterior, en tanto se indica que no se cumplen con los requisitos de elegibilidad
exigidos en los acuerdos del ente universitario (numerales 3 y 6 del artículo 27
del Acuerdo 270 de 2017 o Estatuto General de la Universidad de Córdoba),
concretamente respecto del señor José Luis Bolaño Prada, pero que afecta a la
dupla de elegidos.

Anotaron que el Acuerdo 270 de 2017 o Estatuto General (EG) es el acto
macro que rige toda la actividad de la Universidad de Córdoba. Esta norma, en
su artículo 27, contiene los requisitos de elegibilidad para quienes aspiran a
representar a los egresados de la institución de educación superior, tales como:
haber tenido vínculos con instituciones de educación superior por mínimo tres
(3) años a nivel de docencia, investigación o nivel directivo. Igualmente, cumplir
con el tiempo de permanencia y experiencia adquirida en cargos de dirección
universitaria (CSU) que debía ser igual o superior a tres años, entre otros.

Mencionaron que la representación de los egresados de acuerdo con el artículo
64 de la Ley 30 de 1992, solo corresponde a un representante principal, sin
contemplar la figura de la suplencia. No obstante, el Acuerdo 270 de 2017, así

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como otras normas anteriores al EG, como el Acuerdo 103 de 2014 que
reglamenta el funcionamiento del Consejo Superior han previsto que los
consejeros de la Universidad de Córdoba tienen competencia para modificar la
ley vía reglamento interno y establecieron así la figura de un “suplente” para el
cargo de representante de los egresados (y de los demás miembros del CSU).

Aseveraron que con base “en estos actos absolutamente ilegales, por cuanto un
acto administrativo no puede modificar la ley”, el CSU delegó en el rector la
competencia para convocar a la elección de los egresados periodo 2022-2026,
actuación que se concretó en las Resoluciones 301 y 306 de 2022. La
Universidad descalificó a todos los aspirantes y solo escogió como habilitados
a la dupla formada por el egresado Fredy Rafael Gloria Mestra (hermano del
vicerrector académico Elkin Rojas Mestra “vinculado por consanguinidad o afinidad
con más de cinco (5) funcionarios de poder y mando en la Universidad, según se
conoce en las redes sociales, lo cual es sin duda, en un claro acto de nepotismo”) y al
señor José Luis Bolaño Prada, quien no cumple los requisitos exigidos por las
propias normas de la Universidad.

Apuntaron que en el caso del señor José Luis Bolaño Prada, se puede apreciar
que, de una parte, el tiempo acumulado de los requisitos exigidos de
experiencia, sería de 4 años y 3 meses. Explicaron que la secretaria general de
la universidad pasó por alto al momento de habilitar la dupla demandada que el
señor Bolaño Prada, sólo era suplente ante el CSU, pues quién ejerció como
titular todo el tiempo fue el señor José Luis Martínez Salazar, como lo
demuestran las actas del CSU, asistió a casi todas las sesiones CSU sin faltar
de forma regular. De hecho -señalaron- en la certificación expedida por la
secretaria general consta que el representante de los egresados es el señor
José Luis Martínez Salazar, desde el 19 de diciembre de 2013 y que
“actualmente se encuentra ejerciendo la representación desde el 22/02/2017, por un
periodo de cuatro años”.

Agregaron que es un imposible fáctico y jurídico que ambos ciudadanos José
Luis Martínez Salazar y José Luis Bolaño Prada computen el mismo tiempo
como representantes de los egresados, pues además de no estar previsto en
norma alguna, mientras el primero lo ejerce de forma permanente, el otro,
(Bolaño Prada), solo puede hacerlo ante faltas temporales o absolutas como
reza el artículo 31 del Acuerdo 270 de 2017 en su respectivo parágrafo.

Indicaron que, con el propósito de evidenciar que fue el señor José Luis
Martínez Salazar quien como miembro principal asistió al 90 % o más de las
sesiones del periodo respectivo que inició el día 22 de febrero de 2017 y
culminó el día 9 de julio de 2021, y no el ciudadano José Luis Bolaño Prada,
Rafael Cogollo Pitalúa presentó derecho de petición (Anexo 11) a la secretaria

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general, con el fin de que se informara el tiempo de permanencia dentro del
CSU del señor Martínez Salazar y el número total de sesiones realizadas.

Sostuvieron que, en respuesta al derecho de petición referido líneas atrás, se
anexaron las certificaciones sobre el cumplimiento del requisito de experiencia
docente universitaria por parte del señor José Luis Bolaño Prada, previsto en el
numeral 3 del artículo 27 del acuerdo 270 de 2017 y también el numeral 3 del
artículo 5° de la Resolución 0301 de 2022, pero, contrario a lo que se indicó en
el acto de habilitación de la dupla de aspirantes, ello demuestra que no es
cierto que se cumple tal requisito en su caso.

Expusieron que, en la primera de esas certificaciones expedida por la
UNIMINUTO, con fecha 17 de febrero de 2022, se observa que el señor Bolaño
Prada, se desempeñó como profesor de medio tiempo desde el 19 de enero de
2015 hasta el 11 de diciembre de 2018, es decir, aproximadamente cuatro (4)
años; y también entre el 10 de agosto de 2014 hasta el 06 diciembre de 2014,
es decir, cuatro (4) meses. En total 4 años, 4 meses como docente de medio
tiempo. Comoquiera que se trata de una actividad que no implicaba la jornada
completa, ello equivale a un total de 2 años y 2 meses de experiencia docente
de tiempo completo, acorde con lo establecido en el parágrafo 6, numeral 5 de
la Resolución 0306 de 2022.

Señalaron que, como se demuestra con el anexo de la demanda, el señor
Bolaño Prada aportó y se le validó como tal, una certificación expedida por
CORPOSUCRE de fecha 5 de julio de 2019. En aquella se observa que, entre
los años 2017 y 2019, el señor Bolaño Prada desarrolló 11 módulos en la
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, en días específicos, con
una duración de 32 horas de clases cada uno, lo que equivale a un total de 352
horas.

Argumentaron que, de conformidad con el parágrafo 6, numeral 5 de la
Resolución 0306 de 2022, al dividir por 8 (número de horas de trabajo diario en
tiempo completo), se obtienen entonces un total de cuarenta y cuatro (44) días
laborados. Al sumar los 2 años y 2 meses de experiencia docente de jornada
completa en la UNIMINUTO más los 44 días (1 mes, 14 días) de experiencia en
CORPOSUCRE, se obtienen un total de 2 años, 3 meses y 14 días de
experiencia docente de tiempo completo. Así las cosas, con esa sencilla
operación aritmética se prueba que, el señor José Luis Bolaño Prada no
cumple con el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 27 del Acuerdo
270 de 2017 así como el numeral 3 del artículo 5° de la Resolución 0301 de
2022.

Anotaron que la consecuencia jurídica de todo lo expuesto, es el

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incumplimiento de los requisitos de elegibilidad como representantes de los
egresados de la Universidad de Córdoba periodo 2022-2026, de los
ciudadanos Fredy Rafael Gloria Mestra y José Luis Bolaño Prada, pues al no
reunir las calidades y requisitos para ello, se configura la causal 5 del artículo
275 del CPACA.

4. Actuación procesal en la primera instancia

La demanda fue inicialmente radicada ante el Consejo de Estado,
correspondiéndole a la Sección Quinta3, quien con auto del 26 de mayo de
2022 la remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Córdoba, este
con providencia del 14 de junio de 2022 la admitió, negó la medida cautelar
deprecada y ordenó efectuar las notificaciones de rigor.

5. Contestaciones de la demanda

5.1 Universidad de Córdoba

A través de apoderado judicial, presentó escrito de contestación de demanda,
en el cual se opuso a las pretensiones:

Indicó que el artículo 27 del Acuerdo 270 de 2017 – Estatuto General de la
Universidad- contiene las calidades que deben cumplir quienes aspiren a ser
representantes de los egresados ante el CSU; requisitos que el Comité
Electoral verifica al momento de la inscripción, al tenor de la Resolución 0301
de 2021. Cumplido lo anterior, se encontró así que el señor José Luis Bolaño
Prada, acreditó las exigencias contenidas en los numerales 3 y 6 del citado
artículo 27, de conformidad con certificaciones aportadas, explicando que para
demostrar la experiencia de 3 años en cuerpos colegiados de dirección
universitaria, se dejó constancia que aquél ejerció como representante de los
egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, en calidad
de suplente, durante el período comprendido entre el 22 de febrero de 2017
hasta el 20 de agosto de 2021, dado que el tiempo inicial de tres años fue
objeto de dos prórrogas; estimando así que, el señor Bolaño Prada, demostró
una experiencia de 4 años y 6 meses.

Mencionó que para probar la experiencia de 3 años en instituciones de
educación superior, ya sea, en docencia, investigación o nivel directivo, adjuntó
certificación proferida por CORPOSUCRE y UNIMINUTO, que dan cuenta de
una experiencia docente de medio tiempo (este último para 1 año 7 meses y 19
días); así entonces, aduce el ente universitario, que “ el señor Bolaño Prada

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Con ponencia del Dr. Luis Alberto Álvarez Parra.

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demostró, con la certificación emanada de la Secretaría General, la experiencia de los
tres (3) años en cuerpos colegiados de dirección universitaria, teniendo un tiempo
excedente de esta experiencia, de un (1) año y seis (6) meses, toda vez que la
experiencia certificada fue de cuatro (4) años y seis (6) meses, aquella le fue sumada
al año y siete (7) meses de experiencia docente en UNIMINUTO, con lo que cumplió
con los tres (3) años de experiencia en instituciones de educación superior a nivel de
docencia, investigación o directivo”;

Afirmó que, de acuerdo con lo anterior, el candidato cumplió con las exigencias
y, en todo caso, que, “la experiencia de los miembros del Consejo Superior
Universitario –principales y/o suplentes- no se contabiliza por el número de sesiones a
la que asistan, ni mucho menos se determina por la calidad que ostente el miembro en
el Consejo; la experiencia en esta clase de representaciones, se cuenta desde el
momento mismo de la posesión como representante, ya sea en calidad de principal o
de suplente, ya que, tanto el principal como el suplente se encuentran revestidos de
las facultades representativas por el hecho de haber sido elegidos por los egresados.”

Realizó un recuento sobre el trámite impartido con ocasión de la elección
objeto de cuestionamiento e indicó que el artículo 62 de la Ley 30 de 1992, así
como el Acuerdo 027 de 2017, establecen los integrantes del CSU, entre estos
el representante de los egresados. Que dicho consejo mediante Acuerdo 82 de
2021, delegó al rector para adelantar la convocatoria y trámites para el proceso
de elección de dicho representante de los egresados.

Anotó que el referido dignatario profirió la Resolución 301 de 2022, contentiva
de la reglamentación del proceso y mediante Resolución 306 de 2022, se
expidió la convocatoria; modificada esta última en cuanto al cronograma
mediante las Resoluciones 330, 0505 y 0512 de 2022. Relató que, en el
término dispuesto para la inscripción, se recibieron 4 postulaciones bajo la
modalidad de principal y suplente.

Destacó que el Comité Electoral, en la etapa de la verificación de requisitos,
encontró que solo la inscripción de los señores Fredy Rafael Gloria Mestra y
José Luis Bolaño Prada, cumplía con las exigencias para el efecto. Que se
presentó una reclamación, la cual fue resuelta, confirmando la decisión inicial; y
que el 11 de marzo de 2022, finalmente se realizó el proceso de votación,
fecha misma en que el Comité Electoral, suscribió el acta de escrutinio final y
solicitó su publicación en la página web institucional.

Resaltó que la Resolución 301 mencionada, solo estableció como medio para
materializar la elección, el acta final de escrutinio. De otro lado, se refirió al
cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 27 del Acuerdo 270 de
2017, reiterando que las exigencias enlistadas en los numeral 3 y 6 del artículo
27 del Acuerdo 270 de 2017, fueron acreditadas por los demandados, en la

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medida en que como experiencia en cuerpos colegiados de dirección demostró
un total de 4 años y 6 meses, excediendo así el tiempo requerido que es de 3
años, sobrando o restando a su favor un periodo de 1 año y 6 meses. Este
último lapso, aduce que suma para acreditar el requerimiento de tener o haber
tenido vínculos con instituciones de educación superior de mínimo tres años a
nivel de docencia, investigación o nivel directivo, y para el cual se aportó
certificación expedida por Universidad Minuto de Dios, con un tiempo de 1 año,
7 meses y 19 días.

Sostuvo, además, que la experiencia de los miembros del CSU –principales y
suplentes- no se contabiliza por el número de sesiones a las que asistan, sino
precisamente por la calidad de principal y suplente; y que la experiencia que
deriva de este tipo de representación se contabiliza desde el mismo momento
de la posesión como representante, principal o suplente, dado que ambos se
encuentran revestidos de facultades representativas al haber sido elegidos por
los egresados. Agregó que al tenor del Decreto 1083 de 2015, artículo
2.2.2.3.7, se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión,
arte u oficio.

Indicó que no tiene asidero jurídico la teoría expuesta en la demanda, pues,
llevaría a suponer que, para demostrar los 3 años de experiencia, los miembros
de los CSU tendrían que asistir a 1080 sesiones, que corresponden al número
de días equivalentes a 3 años calendario. Agrega que, para los miembros del
CSU, el periodo de permanencia es equivalente al de experiencia para
desempeñar cargos administrativos en la universidad cuando fuere necesario,
como se desprende del artículo 11 del Acuerdo 103 de 2014 – Reglamento
Interno del Consejo Superior-.

Alegó que, en este punto, los demandantes no sustentaron normativamente
cuál es la infracción que merezca el juicio de reproche por contrariar el orden
legal, cuestionando así una falta de carga argumentativa. Explicó que la figura
de la suplencia para los miembros en cita se regula por el acuerdo mencionado
anteriormente, así como en el Estatuto General–art. 26-, disposiciones que
alega, son de carácter estatutario, proferidas con fundamento en el principio de
la autonomía universitaria, que ante la ausencia de disposición normativa que
prohíba su regulación y no haber sido revocadas, suspendidas o anuladas,
gozan de presunción de legalidad y ostentan una vigencia incuestionable.

Citó la sentencia del Consejo de Estado de 16 de septiembre de 2021, con
radicado 11001-03-28-000-2021-00020-00 en el marco del medio de control de
nulidad electoral interpuesto por los mismos demandantes, señores Rafael
Cogollo Pitalúa y Joaquín Negrette Sepúlveda en contra del acto de elección

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Radicado: 23001-23-33-000-2022-00093-01
Demandantes: JOAQUÍN FELIPE NEGRETE SEPÚLVEDA Y OTRO
Demandados: JOSÉ LUIS BOLAÑO PRADA COMO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

del señor rector de la Universidad de Córdoba, y en la cual se estimó que la
figura de la suplencia en el caso de dicha institución se encuentra prevista y
vigente, conforme el Acuerdo 270 de 2017.

Propuso como excepciones, i) la “legalidad del acta de escrutinio final” y ii) “no
soporte normativo del cuestionamiento por ilegalidad del acto demandado”, esta
última, sustentada en que la parte actora, no expuso cual es la norma que se
desconoce respecto al tópico de que el miembro suplente no se encuentra
revestido de la misma experiencia que el principal.

5.1. Demandados

Mediante apoderada, los miembros del Consejo Superior de la Universidad de
Córdoba demandados se opusieron a las pretensiones. Propusieron como
excepciones la “falta de identificación de las normas presuntamente vulneradas por
el acto administrativo demandado y de los cargos constitucionales y legales contra el
mismo. Experiencia directiva adquirida por el señor Bolaño Prada como representante
suplente de los egresados durante el periodo 2017-2021”.

Argumentaron que la parte actora plantea que solo el representante principal
adquiere la experiencia directiva en representación de los egresados ante el
CSU, lo que para los demandados parece resultar de una valoración personal,
pues, cuestionan que no se realizó la confrontación entre el acto electoral y la
norma superior presuntamente vulnerada.

Afirmaron que tal aspecto fue resuelto por el Consejo de Estado, con
providencia de 19 de julio de 2012, expediente, 11001-0328-000-2011-00051-
01, en el que se pretendía también la nulidad de un acto de elección similar,
para lo cual se revisó la contabilización de la experiencia, encontrando que no
se cumplió con la carga argumentativa por el demandante.

Expresaron que la parte actora no citó el fundamento jurídico por el cual la
experiencia adquirida por el señor Bolaño Prada como representante suplente
de los egresados no puede ser contabilizada para efectos de acreditar los
requisitos para nuevamente ostentar esta calidad para el periodo 2022-2026;
se limitó a mencionar que existe una vulneración al artículo 27 del Acuerdo 270
de 2017 que contiene las exigencias para ostentar el cargo, mas no establece
la forma en la que debe demostrarse dicha experiencia.

Aseguraron que los suplentes sí son miembros del Consejo Superior de la
Universidad de Córdoba, lo cual sustenta en que, si bien la Ley 30 de 1992 no
establece en el artículo 64 la figura de la suplencia para los miembros en cita,
ello no es óbice para que las universidades públicas, con base en la autonomía

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estatutaria que les reconoce la Constitución, no puedan incluir dicha figura. Lo
anterior para garantizar tanto la representatividad de los estamentos
universitarios o gremios, como el quorum deliberatorio o decisorio ante una
eventual ausencia temporal o definitiva por parte de alguno de sus miembros.

Adujeron los artículos 69 de la Constitución Política y el artículo 28 de la ley en
cita para destacar que “(…) resulta claro que la composición del Consejo Superior
Universitario, máximo órgano de dirección administrativa de las instituciones de
educación superior, puede ser modificado en cuanto a la inclusión o no de suplentes
para cada uno de sus miembros; máxime cuando el artículo 64 de la ley 30 de 1992 no
lo prohíbe expresamente. Esta posición ha sido adoptada en diversas ocasiones por
parte del Consejo de Estado, entre las que se encuentra la decisión adoptada por la
sección primera el 5 de marzo de 2015 en el proceso identificado con el radicado
4700123-33-000-2012-00029-01, cuyo Consejero Ponente fue el Dr. Guillermo Vargas
Ayala, en donde se demandó el Estatuto General de la Universidad del Magdalena en
alguno de sus apartes, incluido el parágrafo segundo del artículo 12 que estableció la
existencia de suplentes para algunos miembros de su consejo superior.”

Agregaron que tanto la elección del principal como del suplente, no es
caprichosa, sino que se somete a la forma de selección previamente definida.
De manera que, en la designación de suplentes se observa una decisión
democrática, legítima, participativa y estatutariamente definida. Asimismo,
realizaron un recuento del proceso de elección de los representantes (principal
y suplente) de los estudiantes y del sector productivo.

Sustentaron que el representante suplente de los egresados ante el Consejo
Superior de la Universidad de Córdoba sí adquiere experiencia profesional del
nivel directivo. Para fundamentar esta excepción, trajeron a colación
nuevamente los requisitos contemplados en el Acuerdo 27 de 2017, insistiendo
en que aquellos se cumplieron.

Reiteraron que la parte actora no sustentó el cargo según el cual, el suplente
no adquiere experiencia y que, en todo caso, la elección del suplente proviene
de una expresión de la democracia participativa y directa de la colectividad al
expresar su voto, previa inscripción y evaluación de los requisitos por parte de
la Secretaría General de la Universidad de Córdoba.

Mencionaron que, frente al argumento de la demanda, conforme al cual el
suplente no adquiere la experiencia por el hecho de no ejercer la actividad
propia del cargo al no asistir frecuentemente a las sesiones del Consejo
Superior y por ende no cumplir las mismas funciones que el representante
principal, era preciso destacar que el señor Bolaño Prada asistió como
representante suplente de los egresados, por lo menos a siete sesiones, como

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consta en las respectivas actas.

Explicaron que las funciones de aquél no se agotan solo con la asistencia a
dichas sesiones, sino que el señor Bolaño Prada, “tuvo que estar en todo
momento de su periodo acoplado con la realidad institucional de la Universidad de
Córdoba, lo que implica una verdadera preparación y conocimiento frente a los
proyectos de acuerdo, necesidades de su colectivo, problemáticas de la institución,
estrategias administrativas y académicas para la mejora constante y continua de los
procesos institucionales, entre otras, con el objetivo de cumplir a cabalidad las
funciones contempladas en el artículo 21 del Acuerdo 270 de 2017”.

Sustentaron que desconocerle la experiencia profesional administrativa del
nivel directivo al demandado, vulneraría el derecho a la igualdad, sobre todo
cuando estuvo activo en varias sesiones, y se probó que ostentó el cargo de
representante suplente de los egresados ante el CSU en el periodo transcurrido
entre el 22 de febrero de 2017 hasta el 20 de agosto de 2021.

Anotaron que, igualmente, se cumplió el requisito contemplado en el numeral 3
del artículo 27 del Acuerdo 270 de 2017. Lo anterior por cuanto los aspirantes
podrán acreditar los tres años de experiencia a nivel de docencia, investigación
o directivo, ya sea, (i) en su totalidad por una de las modalidades de
vinculación, o en su defecto, (ii) acumulando prácticas en las diferentes
posibilidades establecidas en la mentada disposición, siempre y cuando no se
sobrepongan tiempos.

Establecieron que quedó demostrada dicha exigencia respecto al señor José
Luis Bolaño Prada, a partir del certificado expedido por la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, en donde consta su vinculación como docente de
medio tiempo; mientras que el tiempo restante para completar los tres años
requeridos por el Acuerdo 270 de 2017 -mencionan- fueron tomados de aquel
“que le sobró como representante de los egresados ante el Consejo Superior de la
Universidad de Córdoba”.

6. Fijación del litigio

Mediante audiencia inicial llevada a cabo el 8 de agosto de 2022, se advirtió
que no había lugar a resolver excepciones previas, dado que no fueron
formuladas; se incorporaron las pruebas aportadas, se negaron las
documentales solicitadas por la parte actora, y se dio por terminada la etapa
probatoria; corriéndose traslado para alegar en dicha diligencia. El litigio quedó
fijado en los siguientes términos:

“Determinar si el acto administrativo contenido en el Acta de Escrutinio Final de

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11 de marzo de 2022-, mediante la cual resultaron electos como representantes
de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, los
señores Fredy Rafael Gloria Mestra y José Luis Bolaño Prada, se encuentra
viciado de nulidad, por haber sido expedido con infracción de las normas en que
debía fundarse, o por haber sido expedido en forma irregular, y por configurarse
la causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA
(se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y
requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en
causales de inhabilidad). O si por el contrario, como lo sustentan los
demandados, dicho acto se ajusta a derecho.

Para resolver tal problema jurídico es necesario absolver por lo menos, los
siguientes cuestionamientos:

4.1. ¿Está viciado de nulidad el acto acusado, al haberse elegido, un miembro
suplente como representante de los egresados ante el Consejo Superior
Universitario, y no solo a un miembro principal?

4.2. ¿Cuáles son los requisitos exigidos para ser representante de los egresados
ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba?

4.3. ¿Cumple el señor José Luis Bolaño Prada –suplente-, con los requisitos
exigidos para fungir como representante suplente de los egresados ante el
Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, concretamente lo dispuesto en
los numerales 3 y 6 del artículo 27 del Acuerdo 270 de 2017? Dichos requisitos
tienen que ver con: “(…) 3) Tener o haber tenido vínculos con instituciones de
educación superior de mínimo tres años a nivel de docencia, investigación o
nivel directivo.” “6) Tener experiencia mínima de tres (3) años en cuerpos de
dirección universitaria.”

4.4. De resultar negativa la respuesta al anterior interrogante ¿hay lugar a
ordenar un nuevo proceso de elección de representantes de egresados ante el
Consejo Superior de la Universidad de Córdoba?”

7. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 19 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Córdoba resolvió:

“PRIMERO: Declarar probadas las excepciones propuestas por la Universidad
de Córdoba, denominadas Legalidad del acta de escrutinio final” y “No soporte
normativo del cuestionamiento por ilegalidad del acto demandado”, propuestas
por la Universidad de Córdoba; así como las propuestas por los señores Fredy
Gloria Mestra y José Luis Bolaño Prada, denominadas “Falta de identificación de
las normas presuntamente vulneradas por el acto administrativo demandado y
de los cargos constitucionales y legales contra el mismo. Experiencia directiva
adquirida por el señor Bolaño Prada como representante suplente de los
egresados durante el periodo 2017-2021”, “Los suplentes SÍ son miembros del
Consejo Superior de la Universidad de Córdoba”, “El representante suplente de
los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba si
adquiere experiencia profesional del nivel directivo”; conforme la motivación.

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SEGUNDO: En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda,
conforme a lo expuesto en la parte motiva.

(…)”.

Como fundamento de esa decisión expuso lo siguiente:

Sostuvo que no se plantea discusión alguna frente al cumplimiento o no de los
requisitos en el cargo por parte del representante principal, señor Fredy Rafael
Gloria Mestra, por lo que no se haría pronunciamiento alguno frente a aquél,
sino respecto del representante suplente –señor José Luis Bolaño Prada- sin
desconocer que, de encontrarse que este último ha incumplido los requisitos
exigidos para ser elegido, habría que determinar si ello, afectaba a la dupla, y si
era necesario que se repita la correspondiente elección.

Expuso que el cargo que se dirige a cuestionar la posibilidad de elegir un
representante suplente de los egresados ante el Consejo Superior, no debía
prosperar. Ello por cuanto que, el único acto demandado es el Acta Final de
Escrutinio, por su parte la figura de suplente, viene contemplada desde el
mismo Estatuto General de la Universidad de Córdoba, Acuerdo 027 de 12 de
diciembre de 2017, que en el artículo 31 señala que en ausencia del
representante principal, asumirá el cargo el suplente respectivo; y ante la falta
definitiva de este último, se deberá convocar a elecciones atípicas de forma
inmediata.

Mencionó que dicho estatuto goza de presunción de legalidad sin que el juez
electoral de este asunto pueda examinar su validez. Y en gracia de discusión -
afirmó- no existe limitación alguna respecto a la figura de la suplencia para los
miembros del Consejo Superior Universitario, pues aun cuando no se prevé en
la Ley 30 de 1992, tampoco existe prohibición al respecto. En consecuencia,
prima la autonomía universitaria, que se ve reflejada en los Acuerdos 270 de
2017 – Estatuto General de la Universidad de Córdoba y 103 de 2014 - por el
cual se expide el reglamento interno del Consejo Superior.

Refirió la providencia del 27 de mayo de 2021 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, radicación 11001-03-28-000-2021-00020-00, mediante la cual se
resolvió una solicitud de medida cautelar de la suspensión provisional de los
efectos del acto de elección del rector de la Universidad de Córdoba, y en la
que respecto a la suplencia de miembros del Consejo Superior Universitario,
precisó que: “(…) en el caso concreto no se cumplen los requisitos del artículo 231
de la Ley 1437 de 2011, pues el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, no contiene en su
texto prohibición o indicación de no permisión de la figura de los suplentes para los
miembros de los Consejos Superiores de las Universidades y, que se itera es ajena a
la delegación (…)”. Postura que se reiteró en el fallo de 16 de septiembre de

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2021.

Destacó que, en consideración a lo anterior dicho reparo no está llamado a
prosperar.

Agregó que, respecto al cargo sobre la falta de calidades o requisitos del
representante suplente demandado, puntualmente en lo concerniente a “tener o
haber tenido vínculos con instituciones de educación superior de mínimo tres años a
nivel de docencia, investigación o nivel directivo”, da cuenta el expediente
administrativo, que el señor Bolaño Prada, aportó en su momento las
certificaciones que acreditan una experiencia de un (1) año, siete (7) meses y
diez (10) días, en la actividad de docencia.

Aclaró que, en lo que corresponde a la experiencia en Corposucre no resulta
claro si las clases teóricas (200 seminario/taller– y – 132 tutorías),
corresponden a horas, o cuál es la modalidad. De manera que, en principio, no
se acreditaría el vínculo mínimo de 3 años con instituciones de educación
superior, a nivel de docencia, investigación o nivel directivo; sin embargo, se
aportó una certificación de la Secretaría General del Consejo Superior
Universitario de la U. de Córdoba, en la que consta que el señor Bolaño Prada
se desempeñó como representante suplente de los egresados, ante dicho
cuerpo colegiado, cargo del nivel directivo, desde el 22 de febrero de 2017
hasta el 20 de agosto de 2021, incluida sus prórrogas; es decir, cuatro (4) años
seis (6) meses y un (1) día.

Mencionó que, obran además, actas de Consejo y Comités Institucionales –
Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, que dan cuenta que el señor
José Luis Bolaño Prada, actuó como representante suplente de los egresados
ante dicho consejo en siete sesiones, en las siguientes fechas: 24 de febrero
de 2021, 01 de marzo de 2021, 12 de abril de 2021, 18 de julio de 2019, 09 de
julio de 2021, 09 de octubre de 2020, 05 de diciembre de 2019.

Argumentó que, de conformidad con lo anterior, sí se acreditó por el señor
Bolaño Prada, la experiencia en cuerpos de dirección universitaria, en un total
de cuatro (4) años, seis (6) meses y un (1) día. Ahora, tal como lo aducen los
demandados, el requisito mínimo exigido es de 3 años de práctica en dichos
cuerpos de dirección, por lo que, descontado este tiempo, aun el representante
suplente elegido, tiene una experiencia adicional de un (1) año y seis (6)
meses, que en efecto puede ser tenida en cuenta para acreditar el requisito
contemplado en el numeral 3 del citado artículo 27 del Acuerdo 270 de 2017.

Agregó que, si bien la parte actora considera que la experiencia obtenida por el
demandado como miembro suplente en el Consejo Superior, no debe contarse,

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lo cierto es que -sostuvo- la demanda se limita a señalar que no es posible
tener como válida la actividad desplegada como suplente, pues considera que
éste no está revestido de la misma experticia que el representante principal,
pero echa de menos la explicación de cuál es la disposición que se trasgrede
en ese sentido con el Acta Final de Escrutinio cuestionada, lo que impide
realizar el respectivo análisis, pues, era carga de la parte actora, demostrar la
vulneración que alega, lo cual no hizo.

Sustentó que no existe impedimento alguno para que se valore como
experiencia, el tiempo durante el cual el señor Bolaño Prada fungió como
representante suplente de los egresados ante el CSU entre el 22 de febrero de
2017 hasta el 20 de agosto de 2021, pues de hecho participó en varias
sesiones; además, señaló, el Acuerdo 103 de 2014, por el que se expide el
reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba,
dispone en el artículo 11, que dicho consejo está conformado tanto por un
representante de los egresados principal como uno suplente.

Concluyó que en el acto administrativo que convocó al proceso de elección
mencionado, esto es, la Resolución 0306 de 2022, se dispone que el
representante principal y el suplente son elegidos por periodos de 4 años,
mediante votación, debiendo ambos cumplir con los requisitos establecidos en
el Acuerdo 270 de 2017. En este último Estatuto General, de manera clara se
prevé que el representante suplente de los egresados reemplazará al
representante principal de los mismos, ante las faltas absolutas y temporales;
sin que de dichas disposiciones se observe restricción alguna en cuanto a la
valoración de la experiencia del suplente; máxime cuando, como se ha dicho, la
elección de esta última proviene también de un procedimiento democrático de
elecciones.

8. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado de la parte actora presentó
recurso de apelación. Los argumentos se pueden sintetizar de la siguiente
manera:

Insistieron en que la elección de los demandados está viciada de nulidad por
violación de las normas superiores, por el claro desconocimiento de la ley por
parte de la Universidad al establecer en sus disposiciones internas un número
de integrantes no válidos ante el Consejo Superior y agregar una figura como la
de los “suplentes” no prevista en la normativa para esos cargos, como pasa a
explicarse.

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Argumentaron que la figura de los suplentes en el CSU de la Universidad
contradice la ley, pues el parágrafo 2 del artículo 64 de la Ley 30 de 1992
establece que: “Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y
período de permanencia en el Consejo Superior, de los miembros contemplados en el
literal d) del presente artículo.” Anotaron que dicha disposición prevé
expresamente lo que pueden hacer las autoridades universitarias dentro de su
autonomía en lo referente a los miembros del CSU. Esto es, que los estatutos,
aparte de reglamentar las calidades, forma de elección y periodo, no pueden
hacer algo distinto con los miembros del CSU, y mucho menos modificar su
número o incluir otras figuras como la suplencia para su remplazo.

Anotaron que, si bien el Tribunal citó una providencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en la que se estudió la demanda de la nulidad de la
elección del rector de la Universidad de Córdoba, en la cual se precisó el
alcance de la Ley 30 de 1992 y la posibilidad de que la universidad adopte la
figura de las suplencias de los miembros del consejo superior, consideran que
debe reevaluarse esa postura.

Mencionaron que, en lo que corresponde a la experiencia que se encontró
acreditada por parte del a quo, respecto del señor Bolaño Prada, era preciso
destacar que la vinculación a una Institución de Educación Superior y el
desempeño del cargo ante el CSU, corresponden a dos (2) requisitos o
condiciones diferentes como acertadamente se señaló en la aclaración de voto
del magistrado Olivella Solano, pero que, el Tribunal Administrativo de Córdoba
extrañamente subsume y trata como si fuesen una sola exigencia, sin
justificación legal que así lo permita.

Agregaron que “no puede legalmente considerarse entonces, que tenga la misma
validez para efectos de la elección, la experiencia a nivel de directivo como miembro
del Consejo Académico, como Rector, o miembro del Consejo de la Facultad, Decano,
Vicerrector u ocupar la Secretaría General (que así son señalados en el artículo 19 del
Acuerdo 270), y que ella es experiencia igual a la que se adquiere al ser Directivo del
CSU, máximo órgano Superior de Dirección universitario al que se aspira pertenecer y
al que sin duda, hace referencia específica tanto el requisito 3 como el 6 del artículo
27 mencionado”.

Precisaron que, además de no cumplir con el requisito de la vinculación, el
ciudadano Bolaño Prada, tampoco cumple con el requisito de la experiencia
específica para el cargo que se inscribe y es electo ilegalmente como suplente.

Alegaron que no puede tomarse la experiencia como suplente, pues quien
puede acreditarla es el principal, el cual, efectivamente, fue el que ostentó el

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cargo. De manera que la misma dignidad no puede ser ocupada por dos
personas al mismo tiempo.

Expusieron que, mientras el representante designado como principal ejerce el
cargo de manera permanente, el suplente (Bolaño Prada) solo puede ejercer
ese empleo ante faltas temporales o absolutas del representante principal. De
hecho, en el manual de la Universidad, no aparece el cargo de consejero
suplente.

Mencionaron que “si bien es cierto, el tiempo como consejero se cuenta como
experiencia en cargos administrativos de ese mismo nivel, pues no es cualquier
directivo, en manera alguna, se dice en la norma que esa experiencia se adquiere o
trasmite por osmosis de la elección, y que las funciones de ambos son simultáneas o
coetáneas en el tiempo, y por ende el requisito de la experiencia se adquiere al mismo
tiempo tal como lo sostiene la providencia recurrida”.

Concluyeron que “De entenderse así como lo plantea la defensa y el Ministerio
Público, -que la experiencia administrativa como directivo se adquiere
simultáneamente con la del representante principal y por el solo hecho de ser su
suplente-, entonces, el Consejo Superior Universitario, ya no estaría compuesto por
nueve (09) miembros como ilegalmente se estila en la U de Córdoba, sino que el
diseño institucional del Cuerpo Directivo sería un batiburrillo jurídico-administrativo que
afectaría incluso su quorum y composición, ya que estaría integrado por diecisiete(17)
miembros (-apenas 17 y no dieciocho ya que el representante del presidente no tiene
suplente-) pues todos; principales y suplentes, ejercen al mismo tiempo las mismas
funciones lo que en la práctica por prohibirlo las propias normas internas de la
universidad como ya vimos es un imposible jurídico”.

9. Actuación procesal en segunda instancia

Por auto del 15 de noviembre de 2022, la Sección Quinta4 del Consejo de
Estado adoptó las siguientes decisiones: (i) admitió el recurso de apelación; (ii)
ordenó a la Secretaría que lo pusiera a disposición de las partes por el término
de 3 días; (iii) dispuso que vencido el plazo anterior, permaneciera el
expediente en secretaría por otros 3 días para que las partes presentaran
alegatos de conclusión y, (iv) dispuso lo propio para que el Ministerio Público
rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.

10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10.1. Universidad de Córdoba

Anotó que, se encuentra plenamente demostrado dentro del expediente que el

4
Con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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señor José Luis Bolaño Prada cumplió con los requisitos para participar en el
proceso de elección del representante –principal y suplente- de los egresados,
ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba.

Precisó que se acreditaron las exigencias del artículo 27 del Acuerdo 270 de
2017, específicamente las contenidas en los numerales 3 y 6. El primero
permite que la vinculación a la cual se refiere, sea cualquier tipo de nexo que
se pueda demostrar en docencia, investigación o nivel directivo; esta última
opción podrá combrobarse de igual manera por quienes demuestren haber
ostentado la calidad de miembros del Consejo Superior Universitario, o por
quien compruebe cualquier otro vínculo directivo en la institución de educación
superior; y el numeral 6, es específico, al exigir experiencia solo en cuerpos
colegiados de educación superior.

Argumentó que la experiencia de los miembros del Consejo Superior
Universitario –principales y/o suplentes- no se contabiliza por el número de
sesiones a la que asistan, sino precisamente por la calidad de miembros. La
experiencia en esta clase de representaciones, se cuenta desde el momento
mismo de la posesión en el cargo, ya sea en calidad de principal o de suplente,
puesto que ambos se encuentran revestidos de las facultades representativas
por el hecho de haber sido elegidos por los egresados.

Sostuvo que la figura de la suplencia para los miembros del Consejo Superior
Universitario, se encuentra regulada por el Acuerdo 103 de 2014, Reglamento
Interno del Consejo Superior Universitario. De igual forma el Acuerdo 270 de
2017, Estatuto General de la Universidad, la contempla en sus disposiciones;
normas estatutarias expedidas en el marco del principio de la autonomía
universitaria que, ante la ausencia de disposición normativa que prohíba su
regulación, y no haber sido revocados, suspendidas o anuladas, gozan de
presunción de legalidad y ostentan una vigencia incuestionable.

11. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
en los siguientes términos:

Solicitó confirmar la sentencia apelada toda vez que: (i) no se encontró
fundamentado el cargo referente a la indebida valoración como experiencia del
tiempo que José Luis Bolaño Prada fue representante de los egresados ante el
Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, durante los años 2017 a 2021;
(ii) la figura de suplente, pese a no estar contenida en la Ley 30 de 1992, es
desarrollo de la autonomía universitaria y se encuentran vigente y, (iii) el
cómputo de experiencia, como miembro de cuerpo colegiado de dirección

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Radicado: 23001-23-33-000-2022-00093-01
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universitaria y de vinculación con instituciones de educación superior a nivel de
docencia o directivo, se hizo en debida forma.

12. Designación de conjuez

Comoquiera que la ponencia presentada inicialmente por el consejero de
Estado, doctor Carlos Enrique Moreno Rubio no obtuvo la mayoría necesaria,
mediante auto del 27 de enero de 2023, se dispuso el sorteo de conjuez, por
Secretaría. Una vez realizada dicha diligencia, se designó al doctor Pedro Luis
Blanco Jiménez para que actuara en este asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 19
de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba de
conformidad con lo establecido en los artículos 150 y en el literal a) del numeral
7 del artículo 152 del CPACA, modificado el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021.

2. Problema jurídico

Le corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos expuestos en
el recurso de apelación, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 19 de
septiembre de 2022, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la
demanda.

Para el efecto, se debe determinar si, como lo sostienen los demandantes, el
acto de elección demandado está viciado de nulidad por expedición irregular y
por infracción de las normas en que debía fundarse. Particularmente habrá de
constatarse si: i) la figura de la suplencia de los miembros del Consejo Superior
Universitario resulta contraria a la normativa vigente y, ii) si el señor Jorge Luis
Bolaño Parada, como suplente del representante de los egresados ante el
referido consejo, cumplía o no con los requisitos para ocupar el cargo.

2.1. La figura de la suplencia de los miembros del Consejo Superior
Universitario resulta contraria a la normativa vigente

Para los apelantes la elección de los demandados está viciada de nulidad por
violación de normas superiores, al considerar que la Universidad al establecer
en sus disposiciones internas un número de integrantes no válidos en el

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Consejo Superior y agregar una figura como la de los “suplentes” no prevista
en el ordenamiento jurídico para esos cargos, contradijo la ley, pues el
parágrafo 2 del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 establece que: “Los estatutos
orgánicos reglamentarán las calidades, elección y período de permanencia en
el Consejo Superior, de los miembros contemplados en el literal d) del presente
artículo.”

En esa medida, para los demandantes lo que pueden hacer las autoridades
universitarias dentro de su autonomía en lo referente a los miembros del CSU,
se limita a reglamentar las calidades, forma de elección y periodo. Sin
embargo, no pueden hacer algo distinto con los miembros del CSU, y mucho
menos modificar su número o incluir otras figuras como la suplencia para su
remplazo

En este punto es necesario recordar que esta Sala5, al estudiar la legalidad de
la elección del Rector de la Universidad de Córdoba, para el periodo 2021-
2022, se pronunció respecto al presunto desconocimiento de la Ley 30 de 1992
con la creación de la figura de la suplencia en los estatutos de la referida
universidad, al respecto se indicó:

“(…) De acuerdo con las anteriores disposiciones, es lo procedente concluir que
si bien, la Ley 30 de 1992, no se refiere a la figura de la suplencia para algunos
de los miembros del Consejo Superior Universitario, la normativa interna de la
Universidad de Córdoba sí la ha establecido.

En efecto, desde el estatuto general contenido en el Acuerdo 021 de 1994, que
fue derogado por el Acuerdo 270 de 2017, ya se establecía que algunos
representantes, como el de los profesores y de los estudiantes, tendrían
suplentes que podrían reemplazarlos ante la ocurrencia de faltas temporales o
absolutas.

Entonces, en la actualidad en la Universidad de Córdoba los representantes de
las directivas académicas, de los docentes, egresados, estudiantes, del sector
productivo y de los ex rectores, cuentan con suplentes que son elegidos en el
mismo proceso electoral del titular”.

Así mismo, al igual que en esta oportunidad, el argumento del recurrente fue
que los suplentes no estaban permitidos por la Ley 30 de 1992, a lo que la Sala
consideró que “el debate en torno a si la Universidad de Córdoba al establecer la
figura de la suplencia vulnera o no el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, debe darse en
el curso del proceso que se adelante contra el Acuerdo 270 de 2017 “por medio
del cual se adopta el estatuto general de la Universidad de Córdoba” o incluso

5
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 16 de septiembre de 2021, radicado 11001-
03-28-000-2021-00020-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Con salvamento de voto del Dr. Luis
Alberto Álvarez Parra consistente en que la autonomía universitaria tiene un límite que es la ley
y la Constitución.

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también respecto del Acuerdo 103 de 2014 “por el cual se expide el reglamento
interno del consejo superior”, por ser las disposiciones que autorizan la participación
de los suplentes de los representantes del sector productivo, de las directivas
académicas y de los estudiantes ante el consejo superior universitario, pero no en
sede del presente medio de control de nulidad electoral.”

En esa medida, en cuanto al proceso que ahora se estudia , es claro que la
figura de los suplentes fue introducida por el Acuerdo 270 de 2017 y el Acuerdo
102 de 2014, -Estatuto General de la Universidad de Córdoba y Reglamento
Interno del Consejo Superior, respectivamente-, siendo evidente que la parte
actora también pretende cuestionar los mencionados actos administrativos,
razón por la cual, se reitera6 que esta no es la vía adecuada para contravenir la
legalidad de actos administrativos de carácter general (estatutos y reglamento
interno del consejo superior universitario), como lo mencionó el fallo antes
aludido.

En tales condiciones, si la parte demandante considera que dicha disposición
contraría el ordenamiento jurídico, así debería proponerlo mediante el
mecanismo idóneo para el efecto, como lo es el medio de control de nulidad,
postura que se mantendrá al no existir circunstancias nuevas que permitan
cambiar la posición asumida por esta Sección en el fallo del 16 de septiembre
de 2021. Adicional, en este escenario procesal, la Sala encuentra que, existe
una disposición válida y vigente de la Universidad de Córdoba, que prevé sin
lugar a duda la posibilidad de elegir a los miembros que integran el Consejo
Superior Universitario y a sus suplentes.

Ahora bien7, los demandantes señalan en el recurso de apelación que permitir
la figura de la suplencia de los miembros del consejo superior, implicaría un
cambio en la composición de dicho órgano, el cual desconocería el artículo 64
de la Ley 30 de 1992, que prevé cómo debe integrarse. Así, según los actores
se duplicarían los miembros en tanto que habría que considerar principal y
suplente.

Sobre el particular la Sala considera que no le asiste razón a los recurrentes,
puesto que, la composición del Consejo Superior de la Universidad de
Córdoba, no se modifica en cada una de las sesiones, pues los miembros

6
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de mayo de 2022.
Radicado 52001-23-33-000-2021-00279-01. M.P. Rocío Araújo Oñate; Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2022. Radicado 25000-23-41-000-2019-00892-01.
M.P. Rocío Araújo Oñate.
7
Los argumentos que siguen corresponden a los formulados en la ponencia presentada
inicialmente por el Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, sobre las cuales hubo consenso
de la Sala.

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suplentes solo actúan o hacen parte de las reuniones de dicho órgano de
dirección, únicamente ante las faltas temporales o absolutas de los principales.
De manera que, al sesionar la composición siempre será la misma, ya sea que
se actúe a través del representante principal o suplente de cada uno de los
estamentos, tal y como lo establece el parágrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo
103 de 2014 (Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad de
Córdoba).

2.2. Cumplimiento de los requisitos para ser miembro del Consejo
Superior de la Universidad de Córdoba

El Acuerdo 270 de 2017, Estatuto General de la Universidad de Córdoba, en
su artículo 27 estableció los requisitos que se debe cumplir para ser miembro
del Consejo Superior, en representación de los egresados. Dicha normativa
señala lo siguiente:

“Artículo 27. Calidades para ser representante de los egresados. Para ser
representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario se
requiere:

1) Tener título profesional o de posgrado, otorgado por la Universidad de
Córdoba.
2) Poseer título de posgrado mínimo a nivel de maestría o la equivalencia
en experiencia profesional establecida en las normas respectivas.
3) Tener o haber tenido vínculos con instituciones de educación superior
de minino tres años a nivel de docencia, investigación o nivel directivo.
4) No tener vinculación laboral, ni contractual con la Universidad, mínimo
un (1) año, antes de la fecha de elección.
5) No pertenecer a otro órgano de dirección o gobierno de la Universidad,
en el momento de la inscripción,
6) Tener experiencia mínima de tres (3) años en cuerpos colegiados de
dirección universitaria.
7) Ser elegido por los egresados graduados de la Universidad de Córdoba
mediante voto secreto.
8) No haber sido sancionado disciplinaria, fiscal ni penalmente, salvo por
delitos políticos o culposos”.

Para los recurrentes, el señor José Luis Bolaño Prada no cumple con los
requisitos señalados en los numerales 3 y 6, pues no se puede tener como
experiencia el tiempo en el que fue suplente del representante de los
egresados, durante los años 2017 a 2021, al no haber sido el principal del
cargo.

Igualmente, señalan que el Tribunal de primera instancia no debió analizar

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conjuntamente los tiempos exigidos en los numerales 3 y 6 del artículo 27 del
Acuerdo 270 de 2017, referentes a la vinculación a instituciones de educación
superior y la experiencia en órganos colegiados del nivel directivo, pues
consideran que son requisitos diferentes.

2.2.1. Teniendo claro lo anterior la Sala entrará a analizar si es posible tener
como experiencia, con el fin de acreditar el numeral sexto del artículo 27 del
Estatuto General de la Universidad de Córdoba, el tiempo que el señor José
Luis Bolaño Prada fue suplente de los representantes. Para tal fin es necesario
traer el concepto de experiencia tal como lo contempla el Decreto 1083 de
2015, en el que se establece:

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los
conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas
mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional,
relacionada, laboral y docente”.

De la definición anterior, se concluye que solo es posible tener como
experiencia el tiempo en el que se ejerció la profesión, arte u oficio.

Con el mismo fin, se tiene que la suplencia es el ejercicio de la función en
ausencia del principal, para evitar que se presente una falta de representación
de alguno de los estamentos del sector dentro del Consejo Superior
Universitario. Estas ausencias, acorde con el Estatuto de la Universidad
(Acuerdo 270 de 2017), pueden ser temporales o definitivas:

Se tienen entonces que, ante la falta definitiva del represente principal el

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suplente estaría habilitado para ejercer el cargo, mientras que en las ausencias
temporales el ejercicio de este, se limita únicamente a la reunión en la que se
reemplace al titular. De lo anterior se despende que la experiencia del suplente
se circunscribe a las veces que ejerció el cargo, en el caso del señor José Luis
Bolaño Prada ese ejercicio de la profesión, arte u oficio se circunscribe a las
siete sesiones a las que efectivamente asistió ante la ausencia temporal del
principal.

En este punto, es pertinente aclarar y resaltar que vinculación y experiencia
son situaciones diferentes, pues la vinculación no conlleva el ejercicio efectivo
del cargo o función encomendada, sino que se configura desde el momento en
que se profiere el acto de elección, creando a partir de esta actuación una
situación de disponibilidad por parte del elegido como suplente para reemplazar
al representante principal cuando sea necesario.

Por otra parte, para que se adquiera la experiencia, como se ha venido
explicando, se requiere que se cumpla con el rol para el que se ha
seleccionado mediante actuaciones concretas, como lo son, en el sub judice, la
asistencia a las sesiones ejerciendo la suplencia, que según se acreditó se
limita únicamente a 7 reuniones en las que efectivamente ejerció como
representante de los egresados.

Tan es así la diferencia, que la propia Universidad, en sus estatutos generales
al señalar los requisitos que se deben cumplir para ser representante de los
egresados contempló, en requisitos diferentes, el haber estado vinculado a
instituciones de educación superior mínimo por tres años y en otro tener
experiencia mínima de tres años en cuerpos colegiados de dirección
universitaria.

En este caso, obra dentro del expediente que el señor José Luis Bolaño Prada
ostentó la calidad de suplente del representante de los egresados ante el
Consejo Superior Universitario en el periodo 2017 a 2021, con lo cual acreditó
su vinculación a la institución en dicho lapso

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Por lo anterior, esta Sala encuentra que el señor José Luis Bolaño Prada
estuvo vinculado a la Universidad de Córdoba como suplente de los
representantes en el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2017 hasta
el 20 de agosto de 2021; sin embargo, no puede tenerse como experiencia la
totalidad del periodo 2017 – 2021, sino que, lo correcto es contabilizar
únicamente las sesiones a las que asistió, en su calidad de suplente.

2.2.2. Ahora bien, los recurrentes señalan que los requisitos establecidos en
los numerales 3 y 6 del artículo 27 del Acuerdo 270 de 2017, deben
computarse de manera separada y no conjunta, pues son independientes. De
manera que, el tribunal de primera instancia no debió hacer un análisis de
tiempo conjunto respecto de la vinculación a la docencia, investigación o nivel
directivo y el de la experiencia en cuerpos colegiados de dirección universitaria.

En efecto, como se indicó en párrafos precedentes, el Estatuto General de la
Universidad de Córdoba exige, en el artículo 27, para ser representante de los
egresados ante el Consejo Superior, los siguientes requisitos:

1. Tener título profesional o de postgrado, otorgado por la Universidad de
Córdoba.
2. Poseer título de postgrado mínimo a nivel de maestría o la equivalencia
en experiencia profesional establecida en las normas respectivas.
3. Tener o haber tenido vínculos con instituciones de educación
superior de mínimo tres (3) años a nivel de docencia, investigación
o nivel directivo.
4. No tener vinculación laboral ni contractual con la Universidad, mínimo un
(1) año antes de la fecha de elección.
5. No pertenecer a otro órgano de dirección o gobierno de la Universidad

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en el momento de la inscripción.
6. Tener experiencia mínima de tres (3) años en cuerpos colegiados
de dirección universitaria.
7. Ser elegido por los egresados graduados de la Universidad de Córdoba
mediante voto secreto.
8. No haber sido sancionado disciplinaria, fiscal ni penalmente, salvo por
delitos políticos o culposos.

Los accionantes insisten en el recurso de apelación, que el señor Bolaño Prada
no acreditó el requisito previsto en el numeral 3 anterior, es decir, que no
demostró vínculos con instituciones de educación superior de mínimo tres (3)
años a nivel de docencia, investigación o nivel directivo y que, en todo caso, la
experiencia acreditada como miembro suplente del CSU de la Universidad de
Córdoba, es independiente y no se puede computar para acreditar dicha
exigencia, pues aquella solo serviría para cumplir con el requisito del numeral
6.

La Sala considera que los requerimientos establecidos en los numerales 3 y 6
del artículo 27 del Estatuto General de la U. de Córdoba son independientes,
pues corresponden a un listado de condiciones que deben cumplirse y
acreditarse por los aspirantes. Por lo tanto, el tiempo que debe demostrarse en
cuerpos colegiados de dirección universitaria es adicional al que debe
cumplirse respecto de la vinculación con instituciones de educación superior
como docente, en investigación o del nivel directivo.

En esa misma línea, se advierte que en la Resolución 306 del 14 de febrero de
2022 “Por la cual se convoca al proceso de elección del representante de los
egresados ante el consejo superior universitario para un periodo de 4 años y se
establece el cronograma”, expedida por el rector de la Universidad de Córdoba,
en su artículo 5, que trata de los requisitos para la inscripción, específicamente
se indicó que la experiencia de tres años en cuerpos colegiados de dirección
universitaria era adicional a la requerida para demostrar el vínculo con
instituciones de educación superior a nivel de docencia, investigación o nivel
directivo, al respecto estableció lo siguiente:

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En ese orden de ideas, cada uno de los requisitos debe ser analizado de forma
independiente, como lo señalaron los apelantes, en atención al parágrafo
transcrito.

Respecto a la vinculación con instituciones de educación superior en áreas de
docencia, investigación o nivel directivo, el demandado allegó una certificación
en la que consta que fue profesor instructor 2, de medio tiempo, durante 1 año,
7 meses y 10 días en la Universidad Minuto de Dios.

Por otro lado, como lo señaló el a quo no es posible contabilizar el tiempo
prestado por el señor Bolaño Prada a CORPOSUCRE, teniendo en cuenta que
en el certificado aportado se menciona que se trata de orientación de módulos,
pero no resulta claro si las clases teóricas (200 seminario/taller– y – 132
tutorías), corresponden a horas, o cuál es la intensidad. En consecuencia, en
principio, no se acreditaría el vínculo mínimo de 3 años con instituciones de
educación superior, a nivel de docencia, investigación o nivel directivo.

Sin embargo, el Tribunal sostuvo que sí se acreditó por el señor Bolaño Prada,
la experiencia en cuerpos de dirección universitaria, en un total de cuatro (4)
años, seis (6) meses y un (1) día. En la misma línea, señaló que el requisito
mínimo exigido es de 3 años de experiencia en dichos cuerpos de dirección
(numeral 6), por lo que, descontado este tiempo, aun el representante suplente
elegido, tiene una experiencia adicional de 1 año y 6 meses, que en efecto
podía ser tenida en cuenta para acreditar el requisito contemplado en el
numeral 3 del citado artículo 27 del Acuerdo 270 de 2017.

Pues bien, sobre el particular se tiene que como quedó señalado líneas atrás,
el parágrafo 7 del artículo 5 de la Resolución 306 de 14 de febrero de 2022 “Por
la cual se convoca al proceso de elección del representante de los egresados ante el
consejo superior universitario para un periodo de 4 años y se establece el

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cronograma”, previó que la experiencia en cuerpos colegiados de dirección
universitaria es adicional a la requerida para demostrar el vínculo con
instituciones de educación superior en las áreas de docencia, investigación o
nivel directivo.

Quiere decir entonces que debía acreditarse seis (6) años de experiencia: i)
tres (3) con vinculación con instituciones de educación superior en las áreas de
docencia, investigación o nivel directivo y ii) tres (3) en cuerpos colegiados de
dirección universitaria.

El Tribunal entendió que, el año y seis meses que le “sobraba” al señor Bolaño
Prada como suplente del representante de los egresados ante el Consejo
Superior Universitario de la Universidad de Córdoba, podía computarse a la
exigencia de demostrar una vinculación con instituciones de educación
superior, en las áreas de docencia, investigación o nivel directivo.

Así lo comprendió en tanto que, en esta última acepción del requisito, esto es,
“nivel directivo” podía encuadrarse la experiencia adquirida en el Consejo
Superior Universitario de la Universidad de Córdoba, comoquiera que dicho
órgano colegiado en estricto sentido es del nivel directivo de la institución.

De manera que, el análisis efectuado en primera instancia se sintetizó así:

En ese orden, para los recurrentes el cómputo realizado por el Tribunal no tuvo
en cuenta que se trataba de exigencias diferentes y que, la sumatoria del
tiempo como miembro del Consejo Superior Universitario, no era computable al
requisito de tener o haber tenido vínculos con instituciones de educación
superior a nivel de docencia, investigación o nivel directivo.

En efecto, los requisitos 3 y 6 fueron individualmente considerados en el

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Estatuto General. Una posibilidad es haber tenido vínculos con instituciones de
educación superior ya sea como docente, investigador o desempeñándose en
un cargo del nivel directivo. La otra exigencia es que se tenga experiencia en
un cuerpo colegiado de dirección universitaria.

Así las cosas, debe determinarse qué se entiende por “nivel directivo”, pues el
referido numeral tres (3) prevé la posibilidad de acreditar la vinculación con
instituciones de educación superior a través de la docencia, la investigación o
el nivel directivo.

Según el Acuerdo 270 de 2017, Estatuto General de la Universidad de
Córdoba, hacen parte del gobierno, organización y dirección -indistintamente-
los siguientes órganos y dignidades:

Como se lee, el nivel directivo de la Universidad de Córdoba lo ejercen varios
cuerpos colegiados y dignidades, como el rector, los decanos de cada una de
las facultades, los consejos de facultad, los vicerrectores y, por supuesto, el
Consejo Superior Universitario, que es el máximo órgano de dirección, como lo
prevé, además, el artículo 20 del Acuerdo 270 de 2017.

La Sala entiende que el numeral 3º del artículo 27 del Acuerdo 270 del 2017,
como requisito para ser representante de los egresados ante el Consejo
Superior de la Universidad de Córdoba, refiere a tener o haber tenido vínculos
con instituciones de educación superior, entre otros, en el nivel directivo, por lo

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que se hace necesario determinar, específicamente, qué se entiende por las
expresiones utilizadas por dicha norma.

Para efectos de la norma analizada en este caso concreto, para esta judicatura
el vínculo con el sector directivo de una universidad se deriva de los nexos que
una persona pueda tener con las instancias que internamente puedan ser
calificadas de dicha manera. Así las cosas, la elección como representante
suplente por el estamento correspondiente, implica el vínculo al que hace
referencia la disposición jurídica contenida en el Estatuto General de la
Universidad de Córdoba.

Lo anterior no conlleva a concluir que el representante suplente tenga la
condición de integrante del referido órgano de dirección, en la medida en que
ello sólo se predica de quien haya sido elegido como principal, e incluso, las
normas internas de la referida universidad señalan que aquel está integrado,
entre otros, por sólo un (1) miembro en representación de los egresados -
artículo 23 del Acuerdo 270 de 2017-. Como fue expuesto con anterioridad en
esta providencia, el suplente solamente es cuando reemplaza al principal en
sus faltas temporales y absolutas.
Es por esta última razón, que esta Sección concluye que la experiencia, en
punto del numeral 6º del artículo 27 del Acuerdo 270 del 2017, sólo se obtiene
cuando efectivamente se presenta la participación del suplente ante la falta del
principal, más dicha circunstancia es insuficiente para señalar que el vínculo
exigido por el numeral 3º no se acreditó por el demandado al interior del
proceso electoral.

Por lo anterior y al tener en cuenta que el señor José Luis Bolaño Prada
ostentó la calidad de suplente del representante de los egresados ante el
Consejo Superior Universitario, en el periodo 2017 a 2021, es posible concluir
que acreditó su vinculación a la institución en dicho lapso en un cargo de nivel
directivo, por lo que, cumple con el requisito contemplado en el numeral 3 del
citado artículo 27 del Acuerdo 270 de 2017.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el requisito señalado en el numeral 6,
pues como se indicó en líneas anteriores, no es posible tener como experiencia
la totalidad del periodo, del 22 de febrero de 2017 hasta el 20 de agosto de
2021, en el que el señor Jorge Luis Bolaño Prada fue suplente del
representante de los egresados al interior del Consejo Superior Universitario,
sino que, lo correcto es contabilizar como experiencia únicamente las 7
sesiones a las que asistió, en su calidad de suplente.

Entonces, sin ningún otro tipo de experiencia en cuerpos colegiados de
dirección universitaria certificada, y al tener acreditado solamente 7 sesiones
cuando el requisito exige como mínimo 3 años, es posible concluir que el señor

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Radicado: 23001-23-33-000-2022-00093-01
Demandantes: JOAQUÍN FELIPE NEGRETE SEPÚLVEDA Y OTRO
Demandados: JOSÉ LUIS BOLAÑO PRADA COMO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Jorge Luis Bolaño Prada no cumplió con el requisito 6º señalado en el artículo
27 de los Estatutos Generales para poder ser suplente del representante de los
egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba.

Respecto a la solicitud de la parte actora de declarar la nulidad de la elección
tanto del representante principal y como del suplente, encuentra la Sala que
esto no es procedente, pues lo probado dentro del proceso fue que el señor
Jorge Luis Bolaño Prada no cumplía con los requisitos para ser suplente del
representante de los egresados, sin evidenciar vicio alguno al trámite o a la
elección del señor Fredy Rafael Gloria Mestra como principal.

En mérito de lo expuesto, concluye la Sala que es procedente revocar el fallo
del 19 de septiembre de 2022 dictado por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, para en su lugar declarar la nulidad de la elección del señor Jorge
Luis Bolaño Prada como suplante del representante de los egresados ante el
Consejo Superior de la Universidad de Córdoba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de septiembre de 2022 dictada por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, para en su lugar, DECLARAR LA
NULIDAD de la elección del señor Jorge Luis Bolaño Prada como suplante del
representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de
Córdoba.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no
procede ningún recurso.

TERCERA: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

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Radicado: 23001-23-33-000-2022-00093-01
Demandantes: JOAQUÍN FELIPE NEGRETE SEPÚLVEDA Y OTRO
Demandados: JOSÉ LUIS BOLAÑO PRADA COMO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Conjuez

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Salva voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salva voto

"Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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