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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2023-00105-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2023-00105-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el fallo de tutela proferido el 7 de septiembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Segunda de Decisión, y en su lugar declarar IMPROCEDENTE la presente acción, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2023-00105-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de octubre de 2023

Radicado: 23001-23-33-000-2023-00105-01
Accionante: Argemiro Vega Hernández y Otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 230012333000-2023-00105-01
Accionante: Argemiro Vega Hernández - Luz Elena Treco Calderín
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Montería - Alcaldía
de Momil – Unidad de la Gestión del Riesgo y del
Desastre

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora
en contra del fallo de 7 de septiembre de 2023, dictado por el Tribunal
Administrativo de Córdoba.

I. SÍNTESIS DE LA TUTELA

Argemiro Vega Hernández y Luz Elena Treco Calderón, en nombre propio,
promovieron acción de tutela para que se les proteja su derecho
fundamental a la dignidad humana, el cual consideraron vulnerado por la
Alcaldía Municipal de Momil, la Unidad de la Gestion del Riesgo y
Desastres y el Juzgado Séptimo Administrativo de Montería.

Como pretensiones solicitaron que se ordene a las entidades accionadas
la inclusión y actualización real en el censo poblacional de las personas
damnificadas por la inundación, y como consecuencia se les haga entrega
de las ayudas humanitarias, ordenadas mediante la Resolución 1268 de
2022, expedida por la Unidad Nacional del Riesgo y Desastres, así como
de los beneficios de la acción de cumplimiento radicada bajo el núm.
230013333007-2022-00597-01, adelantada por el señor Jesús Gabriel
Negrete Martínez.

Como fundamentos fácticos, manifestaron ser damnificados de la ola
invernal ocurrida el año 2022, debido a que su vivienda se encuentra
ubicada a la orilla de la ciénaga grande, barrio mamon.

Señalaron que, quienes realizaron el censo poblacional de los hogares
afectados con las inundaciones, les manifestaron verbalmente que su
núcleo familiar no sería incluido en el censo, sin brindarles más
explicaciones.

Contaron que, el Municipio publicó el listado de damnificados, sin que
hubieran sido incluidos en el mismo, dejándolos así sin la posibilidad de
recibir ningún tipo de ayuda humanitaria entregadas por la Unidad
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Accionante: Argemiro Vega Hernández y Otra

Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y ordenadas mediante la
Resolución 1268 de 2022, como tampoco el subsidio ordenado en la
acción de cumplimiento 2022-00597-01

Consideraron que, debido a una decisión “caprichosa” de quienes
realizaron el censo de damnificados de no incluirlos en el mismo,
vulneraron sus derechos constitucionales

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

El 25 de agosto de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela y ordenó la notificación a las entidades accionadas.

II.1. Municipio de Momil, por conducto de apoderado judicial, indicó
que mediante el decreto núm. 0108 del 28 de junio de 2022 “Por medio
del cual se declara la situación de calamidad pública con ocasión a la
emergencia generada por la temporada de lluvias en el Municipio de Momil
Córdoba” se declaró la calamidad pública por el término de 3 meses. A
través de decreto núm. 0147 de 28 de septiembre de 2022, se prorrogó
la calamidad pública hasta el mes de diciembre de 2022.

Informó que una de las acciones establecidas en el plan de acción de la
entidad fue realizar el censo de la población damnificada en los barrios el
roble, mamon, las lamas, el rincón, villa cecilia, la floresta, entre otros.

Posteriormente, con recursos propios brindó tres tipos de ayudas, entrega
de subsidio de arriendo, materiales de construcción y kit de alimentación
de acuerdo a la necesidad de cada damnificado y a su elección.

Manifiesta que, a través de la secretaría de gobierno del municipio de
Momil, solicitó a la UNGRD la creación de usuario y contraseña para hacer
uso de la herramienta del Registro Único de Damnificados - RUD para el
diligenciamiento y digitación de la información de las personas
damnificadas. Seguidamente el ente territorial procedió a cargar la
información de la población damnificada como reposa en el censo
municipal. Esto, con fundamento en la Resolución núm. 1256 del 9 de
septiembre de 2013, por la cual se estableció la herramienta del registro
único de damnificados – RUD para el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, modificada por la Resolución 1190 de 10 de octubre
de 2016, en lo relacionado con el proceso de registro y la Resolución
núm.1110 de 28 de noviembre de 2022.

Explicó que, se realizó el censo de damnificados de carácter municipal,
consolidado y cargado al Registro Único de Damnificados RUD para el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en los meses de
noviembre de 2022. Posteriormente, fue consolidado por la UNGRD según
certificado de 19 de mayo de 2023 “avalado información con FECHA
REPORTE 08/03/2023”.

Indicó que, los demandantes no solicitaron de manera previa su inclusión
en el respectivo censo ante el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y
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Desastres conforme lo contempla el artículo 2 de la resolución 1190 de
10 de octubre de 2016, procedimiento reiterado en el artículo 5 de la
resolución núm. 1110 de 2022.

Consideró que, la acción de tutela es improcedente pues no puede
utilizarse como mecanismo principal para lo pretendido por los
demandantes, toda vez que contaban con un mecanismo ordinario a
efectos de conseguir la inclusión en el censo de damnificados del Municipio
de Momil, como lo era presentar solicitud al Consejo Municipal de Gestión
de Riesgo de Desastres (CMGRD) en los términos de la Ley 1755 de 2015,
para que en aplicación de lo señalado en la Resolución núm. 550 de 8 de
junio 2023, “Por medio de la cual se formaliza el cierre del Registro Único
Nacional de Damnificados (RUNDA), en el marco del Decreto número 2113
de 2022”, para que estudiara la posibilidad de su inclusión en el Registro
Único Nacional de Damnificados (RUNDA).

Sostiene que, dentro de la acción constitucional no se demuestra si quiera
sumariamente la condición de damnificados, máxime cuando la situación
de calamidad fue superada en el tiempo, pues la ola invernal del año 2022
fue provocada por el fenómeno del niño de esa anualidad.

Puntualiza que, el Municipio de Momil carece de legitimación y
competencia para la consecución de pagos de subsidios o ayuda
económica a los damnificados por eventos enmarcados en la situación de
desastre nacional declarado mediante Decreto 2113 de 2022, de
conformidad con la resolución núm. 1268 del 26 de diciembre de 2022.
Precisa que la autoridad competente para ello es, la Unidad Nacional para
la Gestión de Riesgo de Desastres.

II.2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD), por medio de apoderado judicial, solicitó se exonere a la
entidad de responsabilidad por no haber desconocido o puesto en peligro
los derechos fundamentales alegados como violados por los accionantes.

Indicó que, al revisar el sistema de información RUD – RUNDA evidenció
que los actores Argemiro Vega Hernández y Luz Elena Treco Calderín, se
encuentran inscritos bajo el formulario 241 con ocasión del evento de
inundación ocurrido el 4 de junio de 2017 como jefe o cabeza de hogar y
pareja (esposa), respectivamente, lo que significa que, de acuerdo al
censo de damnificados realizado por el Municipio de Momil los actores no
fueron registrados en el RUNDA. La UNGRD desconoce las razones de la
falta de registro.

Aludió que, el Municipio de Momil mediante Decreto 0108 de 28 de junio
de 2022, declaró la calamidad pública por un término de 3 meses,
prorrogado, a través del Decreto 0108 de 2022, por un término igual al
establecido inicialmente. La entidad territorial solicitó ante la UNGRD la
habilitación de apertura de la plataforma RUNDA, con la finalidad de que
el municipio con apego al censo de damnificados realizado registrara la
información de los damnificados. Conforme los datos registrados, la
UNGRD procedió con el trámite de entrega de ayuda humanitaria
ordenada por el Gobierno Nacional a la población damnificada
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debidamente censada y registrada por el Municipio de Momil en el marco
de lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 1190 de 2016, que
modificó el artículo 4 de la Resolución 1190 de 2016.

Resaltó que, la Resolución 1256 de 2013, modificada por la Resolución
1190 de 2016, dispuso que es responsabilidad única y exclusiva de los
alcaldes, gobernadores y sus consejos territoriales de gestión del riesgo
de desastres, hacer la solicitud de creación de usuario y contraseña a la
UNGRD para hacer uso de la herramienta del Registro Único de
Damnificados (RUD) para su diligenciamiento y digitación de la
información de las personas damnificadas. A su vez, se estableció que la
población objeto de registro es aquella que cumpla las condiciones de
damnificado y que esté amparada por una declaratoria de calamidad
pública municipal para el periodo definido en el Decreto 2113 de 2022,
que estableció la declaratoria de situación de desastre de carácter
nacional.

Afirmó que, teniendo en cuenta la pretensión de los actores y atendiendo
lo establecido en las consideraciones de la Resolución 550 del 08 de junio
2023, los interesados deberán acudir ante las autoridades del Municipio
de Momil para que estas procedan a dar estricto cumplimiento al
procedimiento establecido en el artículo 4 de la resolución 1190 de 2016
o proceder con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la resolución
550 de 2023, que a tenor literal señala: “Excepcionalmente, se habilitará
la herramienta para atender las situaciones excepcionales determinadas
por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD)
del territorio nacional frente a los trámites de corrección o validación que
estén relacionadas con los efectos derivados del fenómeno de La Niña
amparados en el marco del Decreto número 2113 de 2022”.

Finalmente alude “Se deja constancia que a la fecha del presente
pronunciamiento que ni los accionantes ni las autoridades del Municipio
de Momil, una vez formalizado el cierre del Registro Único Nacional de
Damnificados (RUNDA), en el marco del Decreto 2113 de 2022 y
atendiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Resolución
550 de 2023, han elevado solicitud alguna a la UNGRD para que de
manera excepcional se habilite la herramienta para atender las
situaciones determinadas por los Consejos Municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres (CMGRD) del territorio nacional, frente a los trámites
de corrección o validación que estén relacionadas con los efectos
derivados del fenómeno de La Niña amparados en el marco del Decreto
2113 de 2022”.

II.3. Juzgado Séptimo Administrativo de Montería, remitió el
expediente digital de la acción de cumplimiento radicada bajo el núm.
230013333007-2022-00597-01, en el que se evidencia que, en el trámite
la primera instancia negó las pretensiones y una vez resuelto el recurso
de apelación interpuesto por el demandante, el Tribunal Administrativo
de Córdoba, revocó la decisión y como consecuencia ordenó:

“SEGUNDO: ORDENAR al Alcalde del municipio de Momil que
dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la
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Accionante: Argemiro Vega Hernández y Otra

notificación de esta providencia, cumpla con el deber que le
impone la Ley 1506 del 10 de enero de 2012, reglamentada por
la Resolución 180592 de 2012, y demás concordantes, para lo
cual deberá adoptar, iniciar y realizar de manera prioritaria el
procedimiento necesario y omitido para la ejecución del
reconocimiento del subsidio excepcional, incluyendo lo
relacionado con el registro de damnificados, sin que en ningún
caso, exceda el plazo restante previsto en el artículo 4º de la
Resolución 180592 de 2012 para la aplicación del subsidio
excepcional.

TERCERO: ORDENAR a las empresas SURTIGAS, AQUALIA S.A
y AFINIA S.A., en virtud del principio el principio sistémico de la
gestión del riesgo de desastres, que presten la debida
colaboración disposición y participación activa en el
reconocimiento del subsidio excepcional sobre la base del
ámbito de sus competencias y responsabilidades sobre la base
del ámbito de sus competencias y responsabilidades”.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El 7 de septiembre de 2023, la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Córdoba, negó el amparo solicitado, al considerar que,
mediante el decreto 0108 de 28 de junio de 2022, proferido por la alcaldía
no se demostró que los accionantes previo al inicio de la acción de tutela
o inclusive, en el curso de esta, hubieran acudido al ente municipal para
solicitar su inclusión en el censo poblacional de damnificados, teniendo en
cuenta que es, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
del Municipio, la autoridad competente para verificar el cumplimiento de
las condiciones requeridas a fin de conferirles la calidad de damnificados
de la ola invernal del año 2022.

También consideró el a quo que no existe una acción u omisión atribuible
a las entidades demandadas que haya vulnerado o amenazado el derecho
a la dignidad humana invocado por los accionantes, debido a que ellos no
acudieron al ente territorial a solicitar su inclusión en el censo de
damnificados, como tampoco dentro del presente tramite acreditaron la
condición de damnificados.

IV. IMPUGNACIÓN

Los accionantes, manifestaron su inconformismo con la decisión del
Tribunal, así:

“(…) expresamos que la entidad territorial tiene una NEGATIVA
DE INCLUIRNOS EN EL CENSO DE DAMNIFICADOS, lo que indica
que hicimos acciones administrativas para la inclusión en el
censo ante el municipio de forma verbal, es entonces que el
concejo de gestión del riesgo manifestaba que no podían hacer
nada, de allí que nos resulte imposible probar que hicimos

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acciones administrativas, puesto que el mismo concejo no tiene
mecanismos que nos brinden una certeza de estas acciones.

Es entonces que ahí funge nuestro inconformiso con la decisión
del Tribunal de negar nuestra acción de tutela, puesto que basa
su fundamento jurisprudencial en la resolución 550 del año 2023
que ni siquiera existía cuando fue la inundación (en otras
palabras, el Tribunal le dio efectos retroactivos a la resolución
del 2023, transgrediendo más derechos fundamentales),
además de ello, el miso recinto se fundamenta en otra
resolución, que primeramente no conocemos y tampoco
debemos hacerlo, solo somo ciudadanos comunes que no
estábamos en la obligación de conocerla, ya que por mandato
de la constitución, los municipios son los entes encargados de
velar por nuestros derechos, lo que indica que existe una
obligación de rango constitucional que conmina a estos a realizar
todas la acciones para nuestra debida protección, y como ya
mencionamos, nosotros hicimos tramites que el concejo de
gestión del riesgo no prestó atención, mismo supuesto que fue
corroborado en el hecho noveno de la tutela y confirmado a
través de la presunción de la confesión por parte del ente
territorial, además, téngase en cuenta que estas entidades no
cuenta con un sistema de turnos que avale nuestra asistencia,
de allí, que el Tribunal no puede imponernos una carga procesal
imposible de cumplir debido a la negligencia del municipio a la
hora de realizar sus actividades.( )”

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021 numeral 5, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

VI.2. Hechos Relevantes

VI.2.1. Los accionantes afirmaron que son residentes del barrio mamón
en el inmueble ubicado en la calle 7 #3-38, del municipio de Momil,
departamento de Córdoba.

VI.2.2. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, en el
informe rendido en esta instancia, señaló que una vez consultado el
registro único de damnificados (RUNDA), no encontró el registro de los
accionantes

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VI.2.3. De acuerdo con el anexo (evaluación de daños y análisis de
necesidades) aportado por los accionantes se advierte que los mismos
fueron beneficiarios para el año 2017, fueron reconocidos como
damnificados debido a la ola invernal del ese año, y como consecuencia
fueron beneficiarios de las ayudas entregadas.

VI.3. Análisis de la sala.

Pretenden los accionantes a través de esta acción de tutela, que se ordene
a la alcaldía de Momil – Córdoba incluirlos en el censo de damnificados de
la ola invernal del año 2022 y como consecuencia, se ordene a la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres haga entrega de las ayudas
humanitarias, así como del auxilio excepcional consistente en el no cobro
de los servicios públicos domiciliarios.

Señalan1 los accionantes que, con ocasión de la ola invernal del año 2017,
fueron registrados como damnificados, por lo que recibieron las ayudas
entregadas en ese momento por la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo
y Desastres, como lo fue el pago de arrendamiento temporal por 3 meses,
por lo que consideran que también para la ola invernal del año 2022,
debieron ser incluidos en el censo para recibir las ayudas que ahora
reclaman.

En la decisión impugnada, se resolvió negar la presente acción dado que
los actores no acreditaron que hubiesen agotado el trámite administrativo
ante la entidad territorial para que fuesen inscritos en el registro de
damnificados por la ola invernal del 2022.

Revisado el material obrante en el proceso, en concordancia con lo
manifestado en el escrito de tutela, advierte la Sala que no puede tener
por cierto lo manifestado por los accionantes, pues se limitaron a indicar
que quienes estuvieron en su residencia decidieron no incluirlos “por
simple capricho”, lo que afirman sucedió el día que funcionarios del
municipio estuvieron en su residencia haciendo el censo.

Es decir, no deja de ser una manifestación sin soporte probatorio alguno
que lleve a la Sala a tener por cierta la situación descrita en el escrito de
tutela, máxime cuando el municipio en su informe señala que si realizó el
censo en los barrios del roble, mamón, las lamas, el rincón, villa Cecilia,
la floresta, entre otros, lo que condujo a que los residentes de estos
barrios fueran inscritos como damnificados.

Adicionalmente, si en el día en que se realizó el censo, la respuesta de las
personas que estuvieron censando a la población afectada fue la que se
afirmó, estaban en la posibilidad de acudir directamente al Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Momil para que fuesen
registrados, según lo dispuesto en la Resolución 1110 de 2022.

Ahora bien, el anexo que aportaron acredita que los accionantes fueron
inscritos como damnificados de la ola invernal de 2017, sin embargo, en

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Celda 52

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esta tutela se solicita la protección de sus derechos fundamentales por la
presentada en el 2022, es decir, corresponden a dos hechos generadores
diferentes, por lo que no se puede tener por acreditada su condición de
damnificados en esta oportunidad por el hecho de haber sido inscritos en
un momento anterior.

Finalmente, según lo manifestado por el municipio en la presente acción,
los accionantes podrían acudir ante el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo del municipio de Momil, para que sean censados y, en caso de
cumplir las condiciones, sean incluidos de forma excepcional en el
Registro Único Nacional de Damnificados, de conformidad con lo previsto
en el parágrafo del artículo 1° de la Resolución 5502 de 8 de junio de
2023.

En conclusión, la Sala modificará la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, dado que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues los actores podían acudir previo a la presentación de
esta acción ante la autoridad administrativa competente3.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el fallo de tutela proferido el 7 de septiembre
de 2023, por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Segunda de
Decisión, y en su lugar declarar IMPROCEDENTE la presente acción,
según lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

2
Por medio de la cual se formaliza el cierre del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).
“Parágrafo: excepcionalmente, se habilitará la herramienta para atender las situaciones excepcionales
determinadas por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del territorio nacional
frente a los trámites de corrección o validación que estén relacionadas con los efectos derivados del fenómeno
de La Niña amparados en el marco del Decreto número 2113 de 2022.”
3
Sentencia T-683 de 2012, MP. Nilson Pinilla Pinilla. la Corte Constitucional ha determinado que, cuando se
trata de una acción de tutela interpuesta para proteger los derechos fundamentales de personas que se ven
afectadas por desastres naturales, se debe haber agotado previamente las instancias gubernativas, así:
“en ese contexto de atención y ayudas de emergencia por desastres naturales, el medio idóneo de defensa
judicial es la acción de tutela, pues agotadas las instancias gubernativas sin una efectiva solución, las
circunstancias se tornan apremiantes y la respuesta debe ser oportuna

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Radicado: 23001-23-33-000-2023-00105-01
Accionante: Argemiro Vega Hernández y Otra

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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