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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2023-00161-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2023-00161-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del señor SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA, como concejal del municipio de Montería (Córdoba), período constitucional 2020-2023. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 23001-23-33-000-2023-00161-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 230012333000202300161011
Recurso de apelación contra la sentencia de 15 de febrero de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba
Solicitante: RED COLOMBIANA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS
(RED VIGILA)-EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ

TESIS: SE EVIDENCIA LA CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO
EN LA COMISIÓN DE LA INHABILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 43,
NUMERAL 4, DE LA LEY 136, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA
LEY 617, POR PARTE DE CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
(CÓRDOBA).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual
declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por el
accionado respecto, únicamente, del elemento objetivo; en
consecuencia, ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia de 16 de
diciembre de 2020 proferida por el mismo Tribunal, -proceso de
nulidad electoral con número único de radicación
23001233300020190045400-, y confirmada por el Consejo de
Estado mediante sentencia de 15 de abril de 2021; declaró no

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Solicitante: RED COLOMBIANA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS
(RED VIGILA)-EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ

probada la excepción de ‘carencia de la calidad de concejal’ propuesta
por el accionado; y denegó la solicitud de pérdida de investidura
promovida contra el señor SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA,
concejal del municipio de Montería (Córdoba), por hechos
relacionados con el ejercicio de su período constitucional 2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano EDUARDO CARMELO PADILLA HERNANDEZ,
actuando en nombre propio y en representación de la RED
COLOMBIANA DE VEEDURÍAS, en adelante REDVIGILA, entidad
sin ánimo de lucro identificada con NIT. núm. 901373180, solicitó
decretar la pérdida de investidura del señor SANTIAGO MIGUEL
PÉREZ POSADA, concejal del municipio de Montería (Córdoba), por
hechos relacionados con el ejercicio de su período constitucional
2020-2023, al considerar que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección, su madre, la señora ALBA LUZ POSADA
LERECH, en calidad de gerente departamental, nivel directivo, grado
01 de la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba de la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ostentó autoridad
administrativa en los términos censurados por el artículo 43, numeral
4, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, en concordancia con lo
previsto en los artículos 48, numeral 6, de la Ley 617 y 55, numeral
2, de la Ley 136.

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.

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I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:

Afirmó que el señor SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA fue
elegido concejal del municipio de Montería (Córdoba) para el período
constitucional 2020-2023, a pesar de que su madre, la señora ALBA
LUZ POSADA LERECH, dentro de los doce (12) meses anteriores a
su elección, ejerció autoridad administrativa como gerente
departamental de Córdoba de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, perteneciente al nivel directivo, grado 01, nombrada
mediante la Resolución Ordinaria núm. PRD81117-000-2743-2015
de 14 de agosto de 2015, expedida por el contralor general de la
República y posesionada el 1o. de septiembre de 2015, hasta el 21
de noviembre de 2018 cuando fue declarada insubsistente a través
de la Resolución Ordinaria núm. ORD-81117-000-03332-2018 de 21
de noviembre de 2018, notificada el 26 de noviembre de 2018.

Indicó que el ciudadano LARRY NADIM GARCÍA CORREA, a través
de apoderado, promovió demanda de nulidad electoral contra el acto
de elección del señor SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA,
proceso que se tramitó bajo el número único de radicación
23001233300020190045400 ante el Tribunal Administrativo de
Córdoba, asunto que fue resuelto mediante sentencia de 16 de
diciembre de 2020 en la que se declaró su nulidad por violación del
régimen de inhabilidades, decisión que fue confirmada con la
sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

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Adujo que tales fallos determinaron que las funciones ejercidas por
la señora ALBA LUZ POSADA LERECH están contenidas en el
Decreto 267, 269 y 271 de 2000, que rigen en todo el territorio
nacional y se presumen conocidas por todos los habitantes, lo que le
otorgaba autoridad administrativa con poderes decisorios de mando
o imposición de sanciones, la conducción de la política institucional
de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en el
departamento de Córdoba, la competencia para celebrar contratos
de menor cuantía cuando el contratista sea seleccionado por la
modalidad de selección abreviada y de mínima cuantía en el nivel
desconcentrado, así como contratos de arrendamiento de bienes
muebles, de comodato y de donación o venta directa de bienes
muebles; el ejercicio de dirección y orientación institucional en ese
ente de control, la facultad de concurrir en la formulación de políticas
en representación del ente de control y en la coordinación y dirección
administrativa del trabajo de los grupos de vigilancia fiscal, de
investigación, de juicios fiscales y de jurisdicción coactiva.

Sostuvo que no obstante su deber de conocer estas normas y que el
desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la
correspondiente responsabilidad, el señor SANTIAGO MIGUEL
PÉREZ POSADA procedió a inscribirse para tales comicios en julio
de 2019, ostentando parentesco en primer grado de consanguinidad
con un servidor público que dentro de los doce (12) meses anteriores
había ejercido y seguía ejerciendo autoridad administrativa en el
mismo municipio de Montería (Córdoba); y que el accionado optó por
obviar dicha particularidad y continuar con su aspiración,
defraudando así la ley y a quienes votaron por él, pues de haber

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obrado con la debida diligencia el candidato hubiese advertido una
situación potencialmente capaz de impedir su inscripción y elección.

Señaló que en el expediente de la nulidad electoral no se encuentra
documento alguno que permita inferir interés del accionado en
averiguar, de forma diligente, la situación jurídica en la que se
encontraba de cara a los requisitos exigidos para ser concejal
municipal, tales como solicitudes de conceptos jurídicos que avalaran
la viabilidad de su candidatura o el análisis del estado de la
jurisprudencia para la época de los hechos y la posible invocación a
su favor.

I.3.- El concejal, obrando mediante apoderado judicial, presentó
escrito de contestación de la solicitud con el que se opuso a la
pretensión de desinvestidura, para lo cual aseguró que a la fecha de
radicación de la solicitud ya no ostentaba la calidad de concejal por
haberse declarado la nulidad de su elección lo que la hacía
improcedente.

Alegó que la violación del principio non bis in idem, porque tanto en
el medio de control de nulidad electoral, -número único de radicación
23001233300020190045400-, como en el presente proceso de
desinvestidura, se invocó la causal prevista en el numeral 4 del
artículo 40 de la Ley 617, en concordancia con el artículo 190 y la
Ley 136, con fundamento en que su señora madre fungió como
gerente departamental Córdoba de la CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA dentro de los doce (12) meses anteriores a su
elección; y que proponía como excepción previa la violación al debido
proceso por infracción de ese principio.

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A su vez, planteó como excepción previa la violación del principio de
cosa juzgada, para lo cual manifestó que ya había sido juzgado por
los mismos hechos y fundamentos de derecho a través del medio de
control de nulidad electoral, en el cual se decretó la nulidad de su
elección como concejal, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.

Finalmente, propuso lo que denominó excepción ‘genérica’ de
conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso,
solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones y condenar en
costas al accionante.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo, a través de la sentencia de 15 de febrero de 2024, denegó
la pérdida de investidura del accionado para lo cual sostuvo,
inicialmente, que resulta procedente la acción de la referencia toda
vez que no se encuentra atada a que éste ostente dicha calidad al
momento de su presentación, lo que permite inferir que es
procedente su presentación aun cuando hubiese finalizado el período
por el cual resultó elegido, por lo que declaró no probada la excepción
de ‘carencia de la calidad de concejal’ propuesta en la contestación.

Señaló que ante ese mismo Tribunal se adelantó el proceso de
nulidad electoral contra el accionado, identificado con número único
de radicación 23001233300020190045400, en el que se profirió
sentencia de 16 de diciembre de 2020 declarando la nulidad del acto
de elección del señor SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA, como
concejal del municipio de Montería (Córdoba), período constitucional
2020-2023, -formulario E-26CON de 4 de noviembre de 2019-,

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decisión confirmada en segunda instancia por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, a través del fallo de 15 de abril de 2021.

Indicó que en los fallos citados se demostró que el cargo de gerente
departamental Córdoba de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, nivel directivo, grado 01 desempeñado por la señora
ALBA LUZ POSADA LERECH, implicó el ejercicio de autoridad
administrativa de acuerdo con las funciones atribuidas por delegación
en materia contractual y de ordenación de gasto, desde un enfoque
funcional tal y como lo ha admitido el Consejo de Estado respecto de
las actividades enlistadas en el referido artículo 190.

Mencionó que también se acreditó tanto el elemento territorial,
debido a que la señora ALBA LUZ POSADA LERECH desplegó sus
competencias en el municipio de Montería (Córdoba) donde resultó
electo su hijo el concejal SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA,
como el elemento de la temporalidad, pues las elecciones se
realizaron el 27 de octubre de 2019, y habiendo transcurrido los doce
(12) meses anteriores a la misma entre el 27 de octubre de 2018 y
el 27 de octubre de 2019, aquella ejerció funciones desde el 1o. de
septiembre de 2015 hasta el 26 de noviembre de 2018.

De manera que, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, declaró probada
la excepción de cosa juzgada propuesta por el propio accionado con
relación al aspecto objetivo de la causal de inhabilidad establecida en

4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, en concordancia con el artículo 190 de la Ley 136,
excepto con relación al elemento subjetivo por ser un análisis
exclusivo del proceso de pérdida de investidura, con lo cual garantiza
el principio de non bis in idem, argumento que también invocó el
concejal, debiendo abstenerse de efectuar un nuevo análisis sobre la
existencia de la inhabilidad, -aspecto objetivo-, atribuida al señor
SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA.

Respecto del elemento subjetivo sostuvo que, en primer lugar, no
había lugar a que el accionado demostrara, en el proceso electoral,
que no actuó con dolo por cuanto ese estudio no corresponde al
efectuado en ese marco de legalidad objetiva; y, en segundo lugar,
que el accionante se limitó a manifestar que el elemento subjetivo se
configuró pero sin aportar elementos probatorios que respalden su
dicho ni hacer referencia alguna a las condiciones personales del
concejal para determinar si le era exigible un mayor grado de
conocimiento sobre la posible configuración de la causal de
inhabilidad.

Por ello, le resultó insuficiente lo expuesto en la solicitud por
encontrarla huérfana de pruebas, máxime cuando en los procesos de
pérdida de investidura, debido al contenido o naturaleza
sancionatoria, le es exigible al solicitante la carga de la prueba, razón
para no encontrar demostrado el elemento subjetivo en la
configuración de la causal de inhabilidad y denegar la desinvestidura
del concejal SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El solicitante, a través de escrito remitido por correo electrónico de
28 de febrero de 2024, pide que se revoque la sentencia de 15 de
febrero de 2024 y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura
del accionado, para lo cual aduce que dicho fallo incurre en el error
de confundir la obligatoria prueba del dolo, con la prueba de la culpa.
Que en el primer caso debe probarse que el accionado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura como sería el caso de manifestaciones
públicas o en redes sociales del candidato en tal sentido, lo cual es
casi un absurdo conseguirlo, mientras que en la culpa gravísima, tal
como está definida en el Código Civil, no importa si el sujeto había
leído o no la ley, es decir si la conocía o no pues la presunción de su
conocimiento es jure et jure, y aun así lo mínimo que se espera de
todo candidato a cargo de elección popular es el deber de verificar si
cumple o no las condiciones que la misma ley le exige para acceder
al cargo.

Señala que, en manera alguna, la libertad de valoración le permite
al juzgador de una parte, hacerlo oficiosamente y/o presumirlo, y de
otra, ignorar la presunción le legalidad e invertir de paso la carga
probatoria como se hizo en la sentencia; y que el accionado,
ingeniero de profesión como quedó demostrado en el proceso
electoral que se allegó al expediente, no puede ser considerado un
ignorante de la ley por su grado de formación o profesión, pues, por
el contrario, su propia formación académica y social no puede alegar
el desconocimiento de la ley.

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Manifiesta que la decisión del Tribunal no se sostiene sobre prueba
alguna de que el accionado fuese o estuviese en una circunstancia
exculpatoria para que no tuviera la diligencia y cuidado del caso que
se le exige; y que ello implicaba el análisis de las particulares
circunstancias en las que se presentó la conducta, si conocía o debía
conocer de la actuación que desarrollaba y si su voluntad se enderezó
a ella o si existió alguna circunstancia que excluya la responsabilidad
del servidor público o que permita descartar la culpa y, en
consecuencia, indicarlas en la sentencia, pero no descargar esa
actividad en el actor y apoyarse en su propio silencio como ahora
sucede en esta providencia.

Señala que cuando no sea posible alegar error de derecho, no cabe
invertir ni modificar las consecuencias jurídicas que se derivan de esa
situación recurriendo a los principios de la buena fe, como se hace
en la providencia apelada, pues se entiende que se tiene por parte
de la persona aspirante, -y no por el accionante-, el deber y la carga
inexcusables de conocer la ley; y que no es viable invocar el error de
derecho, es decir la ignorancia de la ley como elemento de la buena
fe, pues nuestra legislación se limita a afirmar uno de los supuestos
del orden jurídico: que la ley es conocida por todos y rige para todos.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, otorgado por el

5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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Despacho sustanciador a través de auto de 15 de marzo de 20246,
no fue descorrido ni por la parte accionada ni por el Ministerio Público.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

En los precisos términos del recurso de apelación interpuesto, le
corresponde a la Sala establecer, únicamente, si el concejal del
municipio de Montería (Córdoba), señor SANTIAGO MIGUEL
PÉREZ POSADA, durante el ejercicio de su período constitucional
2020-2023, actuó con dolo o culpa grave en la configuración objetiva
de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 43,
numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
en concordancia con lo establecido en los artículos 48, numeral 6, de
la Ley 617 y 55, numeral 2, de la Ley 136, esto es por ostentar
vínculo de parentesco en primer grado de consanguinidad con la
señora ALBA LUZ POSADA LERECH, gerente departamental
Córdoba de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, quien
ostentó autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección del accionado.

V.2.- De la inhabilidad para ostentar vínculo de parentesco
con quien ejerció autoridad administrativa dentro de los doce
(12) meses anteriores a la elección, como causal de pérdida
de investidura de concejales, -artículo 43, numeral 4, de la
Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617-.

6 Índice 00004, SAMAI.

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La causal de pérdida de investidura que se le endilga al señor
SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA, concejal del municipio de
Montería (Córdoba), elegido para el período constitucional 2020-
2023, es la comisión de la inhabilidad prevista en la primera parte
del artículo 43, numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617, la cual se encontró configurada objetivamente en
las sentencias de 16 de diciembre de 2020 y 15 de abril de 2021,
proferidas por el Tribunal Administrativo de Córdoba y la Sección
Quinta de esta Corporación, respectivamente, dentro del radicado
23001233300020190045401-, providencias con las que se anuló el
acto de elección del accionado y sobre las cuales se declaró probada
la excepción de cosa juzgada prevista en el parágrafo del artículo 1º
de la Ley 1881, a través de la sentencia recurrida en el presente
proceso de desinvestidura.

La citada causal de inhabilidad establece lo siguiente:

“[…] CAPÍTULO IV.

CONCEJALES
(…)
Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente,
o de parentesco en segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil, con funcionarios que
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo
lapso hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo,
quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero
de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o

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movimiento político para elección de cargos o de corporaciones
públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la
misma fecha […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

V.3.- Del análisis subjetivo de la conducta del concejal

De conformidad con lo considerado desde el planteamiento del
problema jurídico, una vez adentrados en el análisis de la culpabilidad
del concejal SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA, deben
prohijarse los criterios elaborados por la Sala en sentencia de 25 de
mayo de 20177, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública8, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
8 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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• Son causales de pérdida de investidura9: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades10; la indebida destinación de
dineros públicos11; el conflicto de intereses12 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado13.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,

9 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el
artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
10 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003);

180, 181 y 183 de la Constitución Política.
11 Art. 183 de la Constitución Política.
12 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
13 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo

Escobar Gil.

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se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de

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investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”14 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

14Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).

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El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.15

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con

15 Ídem.

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estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201216 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.17 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”18, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.

16 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
17 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro
del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el
voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un
proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de inocencia.
El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el reproche
jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por el mero
resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
18 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto).

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Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

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Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las

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elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”19
[…]20” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de

19 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
20 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar21.

Lo anterior, sin dejar de lado que la ignorancia de las leyes no sirve
para excusar su transgresión, al tenor de los artículos 4º de la
Constitución Política y 9° del Código Civil, habida cuenta que las
disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se pretende
ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria observancia y
diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en particular,
con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el
individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la
Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201922, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y
la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
22 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones

[…]”.

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las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución, lo que aporta, significativamente, en aquellos factores
que también deben verificarse en el comportamiento desplegado por
los miembros de las corporaciones públicas territoriales, -dolo o culpa
grave-.

De conformidad con el acervo probatorio que guarda estrecha
relación con el asunto bajo examen23, la Sala evidencia que tal como
fue establecido en las sentencias de 16 de diciembre de 2020 y de
15 de abril de 2021 proferidas por el Tribunal Administrativo de
Córdoba y la Sección Quinta de esta Corporación, en el marco del
proceso de nulidad electoral identificado con número único de
radicación 23001233300020190045401, el señor SANTIAGO
MIGUEL PÉREZ POSADA incurrió en la comisión objetiva de la
inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, había cuenta que:

(I) Resultó elegido concejal del municipio de Montería (Córdoba),
para el período constitucional 2020-2023, conforme el acto de
elección contenido en el formulario E-26CON de 4 de noviembre de
2019.

(II) Según consta en el registro civil de nacimiento del señor
SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA, su señora madre es ALBA
LUZ POSADA LERECH, quien se identifica con la cédula de
ciudadanía núm. 34.989.025, por lo que deviene que entre estos

23 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el

proceso reposan en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el índice
00002, con descripción del documento: “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”.

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existe un vínculo de consanguinidad en primer grado debidamente
acreditado.

(III) La señora ALBA LUZ POSADA LERECH fungió como gerente
departamental Córdoba de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA desde el 1o. de septiembre de 2015 hasta el 26
de noviembre de 2018, según consta en la Resolución Ordinaria
núm. PRD81117-000-2743-2015 de 14 de agosto de 2015, mediante
la cual fue nombrada en ese cargo, siendo posesionada el 1o. de
septiembre de 2015, y en la Resolución Ordinaria núm. ORD-81117-
000-03332-2018 de 21 de noviembre de 2018 en la que se declaró
insubsistente su nombramiento ordinario, todo ello en concordancia
con la certificación de 28 de octubre de 2020, suscrita por la gerente
de Talento Humano de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA en la que se ratificaron dichas circunstancias laborales.

(IV) Dentro de los doce meses anteriores a la elección, -27 de
octubre de 2018 a 27 de octubre de 2019-, la señora ALBA LUZ
POSADA LERECH, como gerente departamental Córdoba de la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ejerció autoridad
administrativa toda vez que de conformidad con lo previsto en la
Resolución Organizacional núm. OGZ-0191-2015 de 11 de febrero de
2015, expedida por el contralor general de la República y vigente
durante la vinculación de la señora madre del accionado, ostentó
facultades contractuales y de ordenación del gasto, así:

• Ordenación del gasto y la competencia para dirigir y adelantar en
el respectivo departamento, todas y cada una de las etapas
precontractual, contractual y poscontractual inherentes a los

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procesos de contratación que deban adelantarse a través de la
modalidad de selección abreviada de que trata los literales a), b)
y c) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, hasta
por el monto máximo de trescientos cincuenta (350) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y los procesos de mínima
cuantía de que trata el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que
adicionó el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el Capítulo V
Mínima Cuantía del Decreto 1510 de 2013.
• Suscripción de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles a
que se refiere el literal i) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley
1150 de 2007.
• Suscripción de contratos de comodato de bienes muebles e
inmuebles, bien sea que la Gerencia Departamental actúe como
comodante o comodatario.
• Aprobación de las garantías que se constituyan para amparar el
cumplimiento de las obligaciones de los contratos celebrados por
la respectiva Gerencia Departamental y demás mecanismos de
cobertura de riesgos, lo anterior conforme a lo establecido en el
artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Título III del Decreto 1510
de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o aclaren.

(V) Y, finalmente, porque esa autoridad administrativa ostentada por
la señora ALBA LUZ POSADA LERECH como gerente departamental
Córdoba de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA fue
ejercida en el mismo municipio para el cual resultó elegido el concejal
SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA, toda vez que en el nivel
departamental está comprendido el municipio de Montería
(Córdoba).

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De igual forma, se concluyó en dicho proceso que: “[…] como bien lo
señaló la agente del Ministerio Público, las funciones del cargo del
gerente departamental de Córdoba, pese a que conciernen al control
fiscal de las entidades de orden departamental y administrar los
recursos institucionales de la Gerencia Departamental, también están
orientadas a la vigilancia de la gestión fiscal de todas las entidades
que administren o ejecuten recursos de la Nación como lo consagran
los artículos 268 fundamental y 128 de la Ley 1474 de 2011, dentro
de los cuales, obviamente se encuentran los municipios en virtud de
los recursos del SGP, o los recursos del SGR, conforme lo previsto en
los artículos 356 y 361 de la Carta Política, respectivamente. De
manera que, los recursos del orden nacional que ejecutan las
entidades del orden municipal, como la alcaldía y otros entes públicos
que dependen de la entidad territorial, los cuales tienen su domicilio
en el municipio de Montería, sí ejercen las funciones en esta
circunscripción territorial. Igualmente, la Sala ha precisado que el
hecho de que una entidad sea del orden nacional, pero con
jurisdicción en un departamento, no enerva la configuración del
elemento territorial […]”24.

A diferencia de lo concluido por el Tribunal, las pruebas le permiten
a la Sala constatar que la actuación del señor SANTIAGO MIGUEL
PÉREZ POSADA, no estuvo precedida de la conducta propia de una
persona diligente, prudente y cuidadosa, porque siendo
precisamente su señora madre la funcionaria que ostentó autoridad
administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

15 de abril de 2021, número único de radicación 23001233300020190045401, consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio.

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en el municipio de Montería (Córdoba), como gerente departamental
Córdoba de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, le
resultaba fácil advertir que estaba inhabilitado para inscribirse y
hacerse elegir concejal municipal.

Tampoco está probado que el accionado hubiese acudido, a manera
de ejemplo, a otro tipo de consultas especializadas que, con el
suministro de la información completa y certera, le hubiesen
precavido de iniciar o continuar su aspiración al Concejo Municipal de
Montería (Córdoba), que lo condujo a la inscripción y elección en ese
cabildo municipal.

Los hechos descritos en el caso bajo examen, en modo alguno
permiten establecer la debida diligencia del concejal en la comisión
de la conducta típica, pues prosiguió hasta el final no obstante su
deber de conocer los requisitos, calidades e inhabilidades para ser
elegido concejal municipal, dentro de la que claramente se
encontraba la prohibición de ostentar vínculo de parentesco en
primer grado de consanguinidad con su señora madre, la gerente
departamental Córdoba de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, dentro de los doce (12) meses anteriores a las
elecciones territoriales.

Esa circunstancia prohibitiva queda exacerbada en el caso concreto,
toda vez que en el formulario E-6CO de la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL contentivo de la ‘Solicitud para la
inscripción de listas y constancia de aceptación de candidatos’ para
el Concejo Municipal de Montería (Córdoba), período constitucional
2020-2023, diligenciado el 27 de julio de 2019 por el Partido Centro

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Democrático, se observa la firma del accionado SANTIAGO MIGUEL
PÉREZ POSADA con la aceptación de su candidatura bajo el
siguiente juramento:

“[…] Bajo la gravedad de juramento, los firmantes declaramos NO
haber participado en consultas de otro partido, movimiento y/o
grupo significativo de ciudadanos, reunimos las calidades y no
estamos incursos en causales de inhabilidad y/o
incompatibilidad consagradas en la Constitución y la Ley; por
lo tanto, aceptamos la candidatura para la corporación arriba
referida […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Este comportamiento corresponde a no manejar los negocios ajenos
con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios en la medida en
que, se reitera, la Ley 136 establece en su artículo 43 las
inhabilidades o ‘requisitos negativos’ de los que debe carecer un
candidato al concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las
que se encuadra en su numeral 4 aquella que ahora se advierte
configurada y que el accionado manifestó no estar incurso bajo la
gravedad del juramento ante la autoridad electoral.

Para la Sala resulta palmario que la conducta censurada sí fue
desplegada por el señor SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA
debiendo saber que estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido
concejal municipal de Montería (Córdoba), a partir de las evidentes
funciones de autoridad administrativa que había ejercido su señora
madre, la señora ALBA LUZ POSADA LERECH y, aun así, optó por
participar y hacerse elegir en los comicios de 27 de octubre de 2019
de forma gravemente culposa, muy a pesar de que tuvo la capacidad
cognitiva de reconocer que esa actuación le impedía su aspiración

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electoral, sin que exista en el expediente prueba o argumento alguno
que justifique su conducta.

Sumado a ello se tiene que los principales argumentos de defensa
del accionado tampoco lo exoneran de responsabilidad en el presente
asunto, toda vez que la nulidad del acto de su elección como concejal
municipal de Montería (Córdoba), -período constitucional 2020-
2023-, durante el citado proceso de nulidad electoral, no impide su
actual juzgamiento bajo la cuerda procesal de la pérdida de
investidura, en el entendido que son dos medios de control disímiles
y autónomos entre sí, y porque si bien le fue suprimida su calidad de
concejal, lo cierto es que el señor SANTIAGO MIGUEL PÉREZ
POSADA aún la tenía para la época de los hechos censurados,
condición suficiente para que se habilitara este juicio de
desinvestidura y se desvirtúen las denominadas ‘carencia de calidad
de concejal’ y ‘violación del principio non bis in idem’.

De igual forma, en cuanto a la cosa juzgada propuesta por la defensa
del concejal debe reiterarse que habiendo sido declarada probada por
el Tribunal en la sentencia recurrida, lejos de impedir la continuación
del proceso de pérdida de investidura en los términos sostenidos por
el concejal, lo que conduce es la inmutabilidad de la configuración
del elemento objetivo de la causal de inhabilidad del artículo 43,
numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
pero a proseguir con el examen restante del elemento subjetivo como
lo prevé el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1881 y se dio
cumplimiento en esta providencia.

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Por las razones expuestas, y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal de inhabilidad prevista en
el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, la Sala revocará la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba y, en su lugar, decretará la pérdida de
investidura del concejal SANTIAGO MIGUEL PÉREZ POSADA,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de febrero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar,
DECRETAR la pérdida de investidura del señor SANTIAGO MIGUEL
PÉREZ POSADA, como concejal del municipio de Montería
(Córdoba), período constitucional 2020-2023.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 9 de mayo de 2024.

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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