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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00182-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00182-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 12 de agosto de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda promovida contra el acto de elección de los concejales de Montería para el período 2024-2027. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 23001-23-33-000-2023-00182-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

13 de febrero de 2025

Demandante: Janier Jadith Tirado Solera
Demandados: Concejales de Montería para el período 2024-2027
Rad: 23001-23-33-000-2023-00182-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00182-01
Demandante: JANIER JADITH TIRADO SOLERA
Demandado: CONCEJALES DE MONTERÍA PARA EL PERÍODO 2024-2027

Tema: Extemporaneidad de documentos electorales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia del 12 de agosto de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, denegó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Janier Jadith Tirado Solera, actuando en nombre propio y, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
presentó demanda contra el acto de elección de los concejales de Montería para el
período 2024-2027, con las siguientes pretensiones:

1. Declarar la nulidad parcial del formulario E-26-CON expedido el 12 de noviembre
de 2023 por la Comisión Escrutadora General de Montería, Córdoba, mediante el cual
declaró la elección de los Concejales de esta ciudad para el período 2024-2027, en
cuanto para su expedición se incluyeron los documentos y resultados electorales de
las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba” del
municipio de Montería.

2. De igual manera, declarar la nulidad que como actos preparatorios están incluidos
en las resoluciones números 6 del 6 de noviembre; 8 del 7 de noviembre; 25 del 8 de
noviembre y, 39 del 12 de noviembre de 2023 expedidas por la Comisión Escrutadora
Auxiliar, Municipal y General que resolvieron las reclamaciones y recursos.

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Demandante: Janier Jadith Tirado Solera
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3. Como consecuencia, y, con fundamento en el artículo 288 numeral 2º y, parágrafo
del CPACA, cancelar la credencial del Concejal electo Elkin Darío Ávila De Ávila y,
ordenar un nuevo escrutinio con la exclusión de los registros electorales (actas) de
las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba” del
municipio de Montería, y, declarar elegido a Janier Jadith Tirado Solera
expidiéndole una nueva credencial como Concejal por el Partido Liberal para el
período 2024-2027 (Negrilla del texto original)

1.2. Hechos

2. La parte actora señaló que, mediante Resolución 28229 del 14 de octubre de
2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario para las
elecciones de autoridades territoriales que se realizarían el 29 de octubre de 2023.

3. Indicó que el partido Liberal Colombiano inscribió la siguiente lista de
candidatos al Concejo Municipal de Montería:

Código Nombre
01 Pedro Pablo Pérez Rojas
02 Jainer Jadith Tirado Solera
03 Aglae Dinora Caraballo Mercado
04 Elkin Darío Ávila de Ávila
05 José Darío Riascos Callejas
06 Tatiana Mided Guerra Salgado
07 Guillermo José Corrales Vergara
08 Óscar Ney Paternina Mestra
09 Ricardo León Lacharme Méndez
010 Duván Yesid Sánchez Martínez
011 Rafael Arturo Madrid Orozco
012 Loraine Alexandra Flórez Cantero
013 Yanid Arias Ceballos
014 Yenny Patricia Rentería Negrete
015 Ramiro Enrique Avilez Mercado
016 Devier Acosta Pimienta
017 Yurany Andrea Morelo Argumedo
018 Pablo César Villadiego Brun
019 Jader Eduardo Solano Flórez

4. Resaltó que ocupó el segundo lugar de la anterior lista, por lo que le
correspondió el número 2 en la tarjeta electoral.

5. Señaló que, a través de la Resolución 24842 del 25 de octubre de 2023, la
Registraduría Nacional del Estado Civil fijó los términos para la entrega de los
documentos electorales el día de las elecciones para el departamento de Córdoba.

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6. Añadió que en ese acto administrativo se dispuso, para el puesto de votación
denominado «Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba» de Montería, que el plazo
para la entrega de esos documentos sería hasta las 9:00 am del 30 de octubre de
2023.

7. Precisó que en ese puesto se instalaron y funcionaron las mesas 1, 2, 3 y 4,
pero el término anterior fue desconocido ya que los documentos se entregaron a las
12:00 pm del 30 de octubre de 2023.

8. Advirtió que los jurados de votación debían entregarlos a las 9:00 am en los
sobres 7 y 8, debidamente sellados y haciendo referencia a la fecha, hora y nombre
de quien entregaba; no obstante, aseguró que se diligenciaron de forma
extemporánea dos clases de formularios E-17 con información que no coincidía.

9. Explicó que los formularios de las mesas 1, 2 y 3 fueron diligenciados a mano
por el delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, indicando que fueron
recibidos a las 11:57 am, 9:46 am y 9:40 am del 30 de octubre de 2023,
respectivamente.

10. Sostuvo que no le fue posible obtener el formulario E-17 de la mesa 4, pero
aseguró que la hora de entrega debía estar entre las 9:40 y las 9:46 am de ese día.

11. Refirió que en ninguna de esas mesas se dejó constancia alguna sobre
inconvenientes en la entrega de los documentos electorales, pues en la casilla
correspondiente se aprecia la anotación «sin observaciones».

12. Adujo que existían otros formularios E-17 que fueron diligenciados
electrónicamente, en los que se plasmó la siguiente información:

RECIBO DE DOCUMENTOS ELECTORALES ENTREGADOS POR LOS JURADOS
DE VOTACIÓN - ELECCIONES TERRITORIALES 29 DE OCTUBRE DE 2023 (…)

Zona 99, puesto 55, Mesa 1: EL DÍA 30 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A
LAS 12.19 a.m. RECIBÍ DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN EL SOBRE QUE DICE
CONTENER LAS ACTAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES QUE SIVIERON (sic)
PARA LA VOTACIÓN”. “Observaciones: Sin observaciones.

Zona 99, puesto 55, Mesa 2: EL DÍA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A
LAS 10.22.22 p.m. RECIBÍ DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN EL SOBRE QUE
DICE CONTENER LAS ACTAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES QUE SIVIERON
(sic) PARA LA VOTACIÓN”. “Observaciones: Sin observaciones.

Zona 99, puesto 55, Mesa 3: EL DÍA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A
LAS 10.16 p.m. RECIBÍ DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN EL SOBRE QUE DICE
CONTENER LAS ACTAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES QUE SIVIERON (sic)
PARA LA VOTACIÓN”. “Observaciones: Sin observaciones.

Zona 99, puesto 55, Mesa 4: EL DÍA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A
LAS 10.17.22 p.m. RECIBÍ DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN EL SOBRE QUE

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DICE CONTENER LAS ACTAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES QUE SIVIERON
(sic) PARA LA VOTACIÓN”. “Observaciones: Sin observaciones.

13. Alegó que los funcionarios de la registraduría que recibieron los documentos
en esas mesas dejaron esas constancias en el formulario E-17 y no en el E-19, que
era el dispuesto para el efecto.

14. Cuestionó que en los formularios E-17 diligenciados a mano se haya
consignado que los documentos se recibieron el 30 de octubre de 2023, pero en los
electrónicos se haya indicado que la entrega fue el 29 de octubre del mismo año,
por lo que consideró que se podría tratar de una falsedad.

15. Expresó que si los documentos de las mesas 1, 2, 3 y 4 pertenecen a un
mismo puesto de votación, es obvio que son transportados conjuntamente por las
fuerzas armadas al sitio donde serían recibidos, así que no se entiende la diferencia
horaria que existió con la primera mesa.

16. Sostuvo que los funcionarios que recibieron el material electoral nunca
dejaron constancia de alguna situación que impidiera la entrega oportuna, como
sería el caso de sabotaje, violencia o cualquier circunstancia anómala durante el
trayecto que pudieran ser calificadas como fuerza mayor o caso fortuito.

17. Refirió que a las 12:00 pm del 30 de octubre de 2023, el registrador José Jair
Castaño Bedoya hizo público en las instalaciones del Centro de Convenciones de
Montería que en ese momento recibía los documentos electorales de las mesas en
cuestión, hecho que fue grabado por el ciudadano Antony Alexander Ignacio Manuel
Olarte Cordero y cuyo video y declaración juramentada hacen parte de la demanda.

18. Añadió que el 7 de noviembre de 2023, los registradores José Jair Castaño
Bedoya y Norma Peralta Serrano emitieron una certificación en la que indicaron que
los pliegos electorales llegaron custodiados por la Policía Nacional al centro de
convenciones entre la 1:00 am y las 3:00 am del 30 de octubre de ese año, esto es,
cuando las comisiones escrutadoras ya estaban cerradas, por lo que se configuraba
una circunstancia de fuerza mayor y caso fortuito.

19. Aseguró que, lo anterior, confirmaba que los formularios E-17 elaborados a
mano y electrónicamente fueron diligenciados con posterioridad para intentar
sanear la irregularidad.

20. Además, consideró que esta certificación no coincidía con la manifestación
realizada por el señor Castaño Bedoya en el video antes mencionado.

21. Expuso que, si el jurado de votación llegó al centro de convenciones con los
documentos y no los pudo entregar, ¿dónde los dejó y en poder de quién? ¿por qué
no se dejó constancia ni se hizo firmar a los miembros de la Policía Nacional que
custodiaban el lugar? ¿de qué parte los extrajo el registrador cuando se dirigió al

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público en la mañana del 30 de octubre de 2023?

22. Insistió en que las anomalías que pudieron haber afectado la entrega
oportuna debieron quedar consignadas en los mismos documentos electorales en
la hora que se presentaron, mas no posteriormente.

23. Informó que el 6 de noviembre de 2023 presentó una reclamación pidiendo
que se excluyeran los registros de esas mesas, pero la Comisión Escrutadora
Auxiliar 19, mediante la Resolución 6 de misma fecha, la rechazó y luego se emitió
la certificación del 7 de noviembre antes reseñada.

24. Agregó que mediante Resoluciones 8 y 25 del 7 y 8 de noviembre de 2023,
respectivamente, la Comisión Escrutadora Municipal resolvió negativamente las
reclamaciones en las que había reiterado la irregularidad, decisiones que fueron
confirmadas por la Comisión Escrutadora General a través de la Resolución 39 del
12 de noviembre del mismo año.

25. Manifestó que el candidato Elkin Darío Ávila de Ávila fue elegido concejal de
Montería con 3160 votos, mientras que él obtuvo 3098 y no resultó elegido.

26. Alegó que, si se excluyen los registros de esas mesas, el señor Ávila de Ávila
obtendría 3075 votos y él terminaría con 3079, por lo que cambiaría el resultado
final y debería ser declarada su elección como concejal de ese municipio.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

27. La parte demandante alegó como desconocidos los artículos 2, 13, 29 y 40
de la Constitución Política; 275, numeral 3 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 144 y 152 del Código Electoral;
y 1° de la Resolución 24842 del 25 de octubre de 2023 de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

28. Sobre el particular, señaló que los documentos electorales de las mesas 1,
2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba) fueron entregados
fuera del horario establecido en dicha resolución que era las 9:00 am del 30 de
octubre de 2023.

29. Reiteró que en los formularios E-17 elaborados a mano se plasmó que fueron
entregados a las 11:57 am, 9:40 am y 9:46 am, es decir, luego de vencido el término
previsto.

30. Agregó que aunque se intentó corregir irregularmente esa situación con la
expedición de formularios E-17 digitales, lo cierto es que en ninguno se dejó
constancia del impedimento que pudo ocasionar el retardo.

31. Expresó que la certificación expedida el 7 de noviembre siguiente por los

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registradores es extemporánea y, en todo caso, las razones de la demora que allí
se invocaron no constituyen violencia, fuerza mayor o caso fortuito.

32. Aseguró que tal irregularidad desconoce el debido proceso y constituye una
causal de nulidad en los términos del numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011.

33. Aclaró que, aunque no toda anomalía tiene la potencialidad de generar la
anulación del acto demandado, lo cierto es que al excluir los registros de esas
mesas sí cambiaría el resultado de la elección, por lo que se debe acceder a las
pretensiones de la demanda.

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. Elkin Darío Ávila de Ávila

34. Por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones del medio de
control.

35. Analizó los distintos tipos de documentos que se diligencian durante los
comicios, las funciones de los claveros y las figuras de violencia y sabotaje como
causales de nulidad electoral.

36. Manifestó que el demandante no demostró que en la diligencia de recuento
se evidenciara la pérdida o destrucción del material electoral y que, en
consecuencia, hubiera sido imposible verificar el resultado de la elección; por el
contrario, aclaró que hubo reclamación y se realizó el recuento de las cuatro mesas,
como se puede apreciar en el acta de escrutinio zonal 19.

37. Advirtió que el demandante presentó la solicitud de recuento hasta el 7 de
noviembre de 2023, pero las mesas ya habían sido escrutadas desde el 3 y 4 del
mismo mes, es decir, cuando ya había operado el principio de preclusión, lo cual le
fue explicado por las comisiones zonal y municipal de Montería en las resoluciones
pertinentes.

38. Señaló que el material electoral de las mesas bajo controversia nunca perdió
su cadena de custodia ni existe prueba de su manipulación o modificación.

39. Recalcó que los resultados fueron ingresados en debida forma en los
formularios respectivos sin que esté demostrado algún tipo de alteración.

40. Destacó que los pliegos fueron entregados al funcionario competente de la
Registraduría Nacional del Estado Civil para su posterior escrutinio, de lo cual da
cuenta el Formulario E-17 al dejar constancia sobre el recibo de todos y cada uno
de los sobres respectivos dentro del plazo previsto para el efecto.

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41. Comentó que aportó una votación importante en esa zona, por lo que debe
prevalecer el deseo del constituyente primario y respetarse la voluntad del elector,
como desarrollo del principio de eficacia y supremacía del voto.

1.4.2. Álvaro Daniel Cabrales Vergara y Trino Hoyos Piñeres

42. Por conducto del mismo apoderado, radicaron un escrito de contestación
similar al anterior en el que se opusieron a las pretensiones de la demanda.

43. Aclararon que fueron elegidos concejales con una votación importante en
todo Montería, por lo que de llegarse a sustraer los sufragios obtenidos en las mesas
invocadas por el demandante no se afectaría su elección.

44. Con todo, recalcaron que el material electoral no perdió su cadena de
custodia ni se demostró algún tipo de manipulación o alteración.

1.4.3. John Edisson Hoyos Duque, Gian Xavier Berrío Cárcamo, Nacor David
Díaz, Jader Luis Garay Mestra, Miguel Andrés García Ramos, Julio
César Hoyos Zapata, Moisés Adiel Licona Salgado, Anyi Pacheco López
Daniel Francisco Payares H ernández, Juan David Rangel Yanez, Duván
Yesid Sánchez Martínez, Jader Eduardo Solano Flórez, Carmelo José
Tobías Cogollo, Juan Vicente Vargas Buelvas, Carlos Andrés Verbel
Espitia y Pablo Cesar Villadiego Brun

45. A través de apoderado, los demás concejales de Montería pidieron negar las
pretensiones del medio de control.

46. Plantearon la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos
formales e indebida acumulación de pretensiones, al considerar que los hechos
planteados eran insuficientes en cuanto a su ilustración y correspondían a
conjeturas o preguntas que no llevaban al operador jurídico a un discernimiento
claro de la controversia.

47. Así mismo, invocaron la excepción de legalidad del acto administrativo, al
considerar que el Formulario E-26 CON del 12 de noviembre de 2023, que declaró
la elección de los concejales de Montería para el período 2024-2027, no adolece de
defecto alguno, por lo que los argumentos del demandante no tienen vocación de
prosperidad.

48. Además, consideraron que carecen de legitimación en la causa por pasiva,
ya que en la demanda se alegan ciertas irregularidades en los escrutinios y que
terminaron con la elección del señor Elkin Darío Ávila de Ávila con 3160 votos, y no
del señor Janier Jadith Tirado Solera con 3098 votos.

1.4.4. Registraduría Nacional del Estado Civil

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49. El apoderado de la entidad planteó la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, al considerar que no está facultada para proferir actos
administrativos durante el desarrollo de los escrutinios municipales y
departamentales.

50. Explicó que se encarga exclusivamente de la organización de las elecciones,
por lo que sus funciones son de preparación y desarrollo de los comicios.

51. Por lo anterior, aseguró que en los hechos de la demanda no se observa
alguna acción u omisión por parte de la institución que amerite su vinculación en el
presente asunto.

52. Con todo, informó que los escrutinios de la ciudad de Montería iniciaron a las
4:00 pm del 29 de octubre de 2023, pero los pliegos electorales de las cuatro mesas
instaladas en el corregimiento Boca de la Ceiba fueron entregados por la delegada
al registrador auxiliar luego de las 12:00 am del 30 de octubre siguiente, es decir,
en horas de la madrugada.

53. Precisó que el material no fue introducido en el arca triclave de la comisión
19 porque no se encontraban en el Centro de Convenciones de Montería todos los
integrantes de esa comisión, pues solo estaba presente el señor Dairo Covo quien
fungía como clavero y como secretario.

54. Añadió que, para salvaguardar los pliegos, el señor Dairo Covo, en presencia
de los registradores especiales Norma Constanza Peralta y José Jair Cataño
Bedoya, verificó la entrada y buen estado de las bolsas de las cuatro mesas y los
introdujo en un arca triclave auxiliar, ya que era materialmente imposible
introducirlos en el que había sido destinado inicialmente porque no se encontraban
los otros dos miembros de la comisión 19.

55. Aseguró que también estuvieron presentes la señora Someya Farah como
administradora del centro de convenciones y un gran número de agentes de la
Policía Nacional, de los que se destacan los patrulleros Eduardo Luis Pereira
Barrera y Rafael Antonio Benítez Negrete.

56. Destacó que el material electoral siempre estuvo custodiado por la fuerza
pública, así que nunca fue manipulado ni modificado por personas ajenas al
proceso.

57. Refirió que, al iniciar los escrutinios municipales y auxiliares a la mañana
siguiente, los registradores se comunicaron con la procuradora provincial Luz
Ángela Ovalle, con el coronel de la Policía Nacional Gimy Palacio, con el procurador
regional Javier Sandoval y con el representante de la Misión de Observación
Electoral Ismael Rivera, a quienes se les informó la novedad presentada la noche
anterior y se les solicitó su acompañamiento para el retiro de los pliegos electorales
del arca triclave auxiliar en el que se encontraban custodiados los de esas cuatro

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mesas.

58. Afirmó que esta situación fue debidamente informada a estas autoridades
para que verificaran que el material permanecía en el arca debidamente cerrada y
custodiada por miembros de la fuerza pública y, de este modo, seguir brindando las
garantías y la respectiva transparencia a los candidatos, movimientos, partidos
políticos y grupos significativos de ciudadanos.

59. Resaltó que el procedimiento se realizó aproximadamente a las 11:00 am del
30 de octubre de 2023 con la presencia de los ciudadanos ya mencionados,
momento para el cual se le informó a todos los presentes en la audiencia pública de
escrutinio el traslado de los pliegos del arca auxiliar al arca de la comisión 19.

60. Con base en lo anterior, argumentó que no se alteraron los documentos y,
contrario a ello, se brindó la debida transparencia y se garantizó la eficacia del voto,
así como la expresión libre de la voluntad popular.

61. Por otra parte, aclaró que no existió necesidad de realizar observaciones en
el Formulario E-17 diligenciado por el delegado de puesto de la registraduría, porque
en ese momento los pliegos fueron entregados sin inconvenientes por parte de los
jurados de votación de las mesas respectivas.

62. Expresó que no existían dos formularios E-17 distintos y señaló que, cuando
se presenta una novedad en el registro electrónico de la información, la entidad
tiene como plan de contingencia un formulario genérico y manual que permite
diligenciar hasta 10 mesas por documento.

63. Añadió que, como el puesto de votación Boca de la Ceiba estaba ubicado en
zona rural, al delegado de puesto no le fue posible cargar la información en tiempo
real por problemas de conectividad en la vereda, lo que hizo que se activara el plan
de contingencia y, por eso, los formularios E-17 manuales se diligenciaron cuando
el jurado de votación que fungió como presidente de la mesa entregó al delegado
de puesto el sobre de claveros debidamente sellado el mismo día de la elección.

64. Indicó que, en tal sentido, los formularios E-17 electrónicos se diligenciaron
posteriormente debido a la necesidad de culminar el procesamiento de la
información en la aplicación «Monitoreo de Puestos» y, así, cerrar definitivamente
el puesto de votación respectivo.

65. Finalmente, aseguró que los pliegos de las cuatro mesas fueron
transportados y custodiados conjuntamente por la delegada del puesto Zaida Luz
Moreno Gélix y la fuerza pública hasta el Centro de Convenciones de Montería,
lugar al que arribaron aproximadamente a las 12:50 am, es decir, en la madrugada
del 30 de octubre de 2023.

66. Informó que el demandante presentó una reclamación el 6 de noviembre de

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2023 ante la comisión auxiliar 19 con el fin de que se excluyeran los registros de las
mesas bajo controversia, la cual fue rechazada mediante Resolución 6 de la misma
fecha por extemporánea.

67. Al respecto, adujo que el escrutinio se había realizado el 3 y 4 de noviembre
de 2023, por lo que para el momento de la reclamación ya había operado el
fenómeno de preclusividad.

68. En relación con la solicitud de saneamiento presentada por el actor, advirtió
que tenía como fundamento un presunto sabotaje por agentes externos, quienes
incluyeron datos contrarios a la verdad en los documentos electorales para alterar
el resultado de las votaciones.

69. Mencionó que la Comisión Municipal de Montería, mediante Resolución 25
del 8 de noviembre de 2023, rechazó esta última solicitud luego de verificar que
entre el Formulario E-14 Claveros y E-14 de Transmisión no existía diferencia
alguna; además, recalcó que la comisión zonal sí evidenció unas anomalías en el
conteo de los votos por errores aritméticos, por lo que realizó un recuento oficioso
para garantizar la transparencia en los comicios, situación que fue registrada en el
acta general de escrutinio correspondiente.

1.4.5. Consejo Nacional Electoral

70. La profesional universitaria adscrita a la Oficina Jurídica de la entidad analizó
la información consignada en los formularios E-17 manuales y digitales y aseguró
que no existía algún tipo de irregularidad.

71. Aseguró que, al estudiar tales documentos, se puede concluir que su entrega
fue realizada dentro de los términos y horas establecidos, por lo que gozan de plena
legalidad y no hay lugar a su exclusión.

72. Sostuvo que las resoluciones 6, 8, 25 y 39 de 2023, expedidas por las
comisiones escrutadoras correspondientes, fueron debidamente motivadas y
tuvieron en cuenta el material probatorio existente.

73. Por lo anterior, pidió desestimar las pretensiones de la demanda.

1.4.6. Concejo Municipal de Montería

74. Mediante apoderado, aclaró que la demora en la entrega de los pliegos no
constituye una causal de nulidad del acto de elección sino una causal de
reclamación, en los términos del artículo 192 del Código Electoral.

75. Manifestó que este tipo de reclamaciones deben respetar el principio de
preclusividad, lo cual no ocurrió en el caso del demandante ya que no lo hizo de
manera oportuna y, por eso, todas las que presentó fueron rechazadas por

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extemporáneas.

76. Precisó que la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 275 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se
configura por una falsedad ideológica (inconsistencias graves entre los distintos
formularios) o por una falsedad material (modificaciones sobre los documentos que
contengan información falsa), circunstancias que no se demostraron en el presente
asunto.

77. Aseguró que, por el contrario, en todo momento se garantizó la cadena de
custodia del material electoral y se encontraba en perfectas condiciones.

78. Manifestó que no están dados los supuestos para declarar la nulidad del acto
de elección demandado y, aunque se pudieron presentar errores durante el proceso
electoral, estos no tienen la entidad jurídica suficiente para desvirtuar la voluntad
popular de los ciudadanos del municipio.

79. En tal sentido, pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.4.7. Tercera impugnadora

80. La señora Diana Luz Murillo Prioló solicitó ser tenida como impugnadora en
el presente asunto y adujo que el acto de elección de los concejales de Montería
está ajustado a derecho porque: (i) operó la preclusividad durante los escrutinios,
(ii) no hay razones jurídicas para solicitar la exclusión de las mesas invocadas, (iii)
no se integró el acto demandado con los actos preparatorios, (iv) no se configuró la
causal de nulidad invocada, (v) no se cumplió la carga probatoria necesaria, (vi) se
respetaron los principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima, debido
proceso e igualdad, y (vi) el acto electoral salvaguarda el principio de eficacia del
voto.

81. Agregó que los pliegos llegaron al lugar de los escrutinios dentro de los
términos establecidos pero el único miembro de la comisión escrutadora que se
encontraba presente era el señor Dairo Covo, quien verificó la entrada y el buen
estado de las bolsas que contenían el material electoral, así que no existía
irregularidad alguna que generara la anulación del acto de elección.

1.5. Actuación procesal de primera instancia

82. Mediante auto del 18 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Córdoba admitió la demanda y ordenó notificar a los concejales electos de Montería
para el período 2024-2027 en condición de demandados, así como a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público.

83. El 18 de enero de 2024 se corrigió la anterior actuación en relación con el

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nombre del apoderado de la parte actora y se ordenó informar del proceso al
presidente del Concejo Municipal de Montería.

84. A través de providencia del 24 de abril siguiente se declararon no probadas
las excepciones de «inepta demanda» e «ineptitud por falta de requisitos formales»
propuestas por los concejales demandados.

85. El 28 de mayo del mismo año se reconoció a la señora Diana Luz Murillo Priló
como tercera impugnadora y se fijó el 6 de junio de 2024 como fecha para la
realización de la audiencia inicial, diligencia en la que se decretaron y negaron
algunas pruebas y se fijó el litigio en los siguientes términos:

Determinar sí hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección de los demandados
como concejales del Municipio de Montería elegidos para el periodo 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 CON de fecha 12 de noviembre de 2023, por
encontrarse los demandados incursos en la causal de nulidad contenida en el
numeral 3 del artículo 275 del CPACA relativa que los documentos electorales
contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de
modificar los resultados electorales. Así mismo se deberá verificar si los documentos
electorales relativos a las mesas 1, 2, 3 y 4 ubicadas en el puesto de votación
denominado Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba fueron entregados
extemporáneamente al Centro de Convenciones de Montería – lugar del escrutinio-
vulnerando la Resolución N° 24842 de 25 de octubre de 2023 por la cual se fijan los
términos para la entrega de los documentos electorales y si ello obedeció a actos
constitutivos de violencia, fuerza mayor o caso fortuito. Y de haber sido entregados
de forma extemporánea si esa circunstancia afectó los registros de las mencionadas
mesas, y derivó en que se configurara la causal de nulidad electoral invocada por la
parte actora.

86. El 13 de junio de 2024 se realizó la audiencia de pruebas, en la que se
incorporaron las pruebas decretadas y se dispuso correr traslado para alegar de
conclusión por escrito.

1.6. Sentencia de primera instancia

87. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, mediante fallo
del 12 de agosto de 2024, declaró no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva planteada tanto por la Registraduría Nacional del Estado Civil
como por los concejales demandados.

88. Así mismo, declaró probadas las excepciones de «inexistencia de los hechos
plasmados en la demanda y legalidad del acto administrativo», así como la de
«inexistencia de la causal invocada», por lo que negó las pretensiones del medio de
control.

89. Al analizar las pruebas allegadas al expediente, resaltó que una vez
terminado el escrutinio por parte de los jurados de votación en las mesas 1, 2, 3 y 4
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del puesto de votación del Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba, los documentos
electorales fueron entregados a la delegada de la registraduría y, para el efecto, se
diligenciaron los formularios E-17 tanto manual como electrónicamente.

90. Señaló que en ellos se plasmó que los documentos fueron entregados así:

• Mesa 1: A las 11:57 pm del 29 de octubre de 2023 (formulario manual) y a
las 12:19 am del 30 de octubre siguiente (formulario electrónico).

• Mesa 2: A las 9:46 pm del 29 de octubre de 2023 (formulario manual) y a las
10:12 pm del mismo día (formulario electrónico)

• Mesa 3: A las 9:40 pm del 29 de octubre de 2023 (formulario manual) y a las
10:16 pm del mismo día (formulario electrónico)

• Mesa 4: A las 7:08 pm del 29 de octubre de 2023 (formulario manual) y a las
10:17 pm del mismo día (formulario electrónico)

91. Mencionó que en el Formulario E-20 consta la introducción de los
documentos del arca triclave a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2023.

92. Precisó que se trató de un arca triclave auxiliar porque, para el momento en
que llegaron las bolsas respectivas, no estaban presentes todos los claveros para
abrir la que estaba prevista e introducir el material en ella.

93. Manifestó que en el Formulario E-19 se dejó constancia de la entrega de los
sobres por parte de los delegados de puesto a los claveros el 30 de octubre a las
11:31 am.

94. Indicó que el demandante presentó reclamaciones ante la comisión
escrutadora auxiliar 19, denominadas con los números 7, 8, 9 y 10, cuyo
fundamento fue la extemporaneidad en la entrega de los documentos electorales en
las mesas antes mencionadas.

95. Sostuvo que las reclamaciones fueron resueltas mediante las Resoluciones
5 y 6 del 6 de noviembre de 2023, en el sentido de rechazarlas por extemporáneas.

96. Añadió que la Comisión Escrutadora Municipal, a través de la Resolución 024
del 8 de noviembre siguiente, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el
actor en el sentido de confirmar el rechazo.

97. Expresó que, del acta general de escrutinios del 12 de noviembre de 2023,
se evidenciaba que esas mesas fueron escrutadas los días 3 y 4 de noviembre del
mismo año.

98. Afirmó que el actor presentó una solicitud de saneamiento fundada en los

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numerales 2 y 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, cuya solución requirió de
un reconteo para revisar si existía alguna diferencia entre los formularios E-14
Claveros y de Transmisión, en el que no se advirtió tal irregularidad.

99. Destacó que también obraba en el expediente la certificación del 7 de
noviembre de 2023, expedida por los registradores especiales de Córdoba, en la
que explicaron lo relacionado con la llegada de los pliegos al lugar de los escrutinios
y la necesidad de usar un arca triclave auxiliar ante la ausencia de los miembros de
las comisiones zonales.

100. Con base en el anterior estudio, explicó que la extemporaneidad de los
documentos electorales constituye una causal de reclamación que trae como
consecuencia la exclusión de los votos en las mesas objeto de discusión.

101. Recalcó que, no obstante, el actor presentó la reclamación respectiva de
forma extemporánea, ya que las mesas en cuestión fueron escrutadas el 3 y 4 de
noviembre de 2023, y su solicitud solo fue allegada hasta el 6 de noviembre
siguiente, lo que justificaba su rechazo.

102. Agregó que esta decisión responde al principio de preclusión desarrollado
por la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual las reclamaciones bajo
las causales del artículo 192 del Código Electoral deben ser presentadas en el
mismo momento en que se presenta la irregularidad, o en la etapa en la que se
configura el supuesto de hecho de la causal, presupuestos que no se atendieron en
el presente asunto.

103. Por tal motivo, consideró que no era posible abordar el análisis de este
reparo, en sede del medio de control de nulidad electoral, ya que el demandante no
presentó la reclamación ante la autoridad administrativa competente dentro del
término previsto para el efecto.

104. Con todo, aseguró que si en gracia de discusión se estudiara la
inconformidad, solo podría predicarse una presunta extemporaneidad de la entrega
de los pliegos en la mesa 1, ya que se dio pasadas las 11 de la noche del 29 de
octubre de 2023, es decir, luego de la hora máxima prevista en el Código Electoral.

105. Expuso que, en tal sentido, si se sustrajeran al señor Elkin Darío Ávila de
Ávila los 25 votos obtenidos en esa mesa y al demandante se le retiraran los 2 que
registró allí, el primero de ellos se mantendría con una votación superior si se tiene
en cuenta que la diferencia entre ellos era de 62 votos, así que tampoco habría lugar
a anular el acto de elección.

106. En relación con la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 275
de la Ley 1437 de 2011, referida a una presunta alteración o falsedad de los
documentos electorales, se pronunció en los siguientes términos:

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107. Destacó que, una vez terminado el escrutinio de mesas el 29 de octubre de
2023, el presidente del jurado de votación le entregó a la delegada de la
registraduría los documentos electorales en bolsas de color verde para ser
transportadas al Centro de Convenciones de Montería, de lo cual se dejó constancia
de recibido en los formularios E-17 diligenciados manual y electrónicamente.

108. Argumentó que, al llegar al lugar, no se encontraba la totalidad de los
claveros requeridos para introducir los pliegos en el arca triclave; lo anterior, en la
medida en que ya eran más de las 12 de la noche y se había decidido retomar el
escrutinio a las 9:00 am del día siguiente.

109. Expuso que, en vista de esa circunstancia, el registrador auxiliar que,
además, fungía como clavero de la comisión auxiliar 19, decidió ingresarlos en un
arca auxiliar a la espera de los demás claveros para el retiro y revisión de los
documentos, dejando constancia en el Formulario E-19 del buen estado en el que
se encontraban los sobres.

110. Adujo que, si bien esta situación particular no está regulada en el Código
Electoral ni ha sido estudiada por la jurisprudencia como un caso fortuito o fuerza
mayor, lo cierto es que al registrador auxiliar le correspondía garantizar la cadena
de custodia del material y mantener las condiciones de los documentos entregados,
lo cual efectivamente ocurrió.

111. En tal sentido, consideró que no hay prueba alguna que demuestre que ante
la ausencia de los demás claveros se efectuaron actividades para alterar los
documentos electorales o tergiversar la información contenida en ellos, máxime si
se tiene en cuenta que, con ocasión de la solicitud de saneamiento, existió un
recuento de los votos en el que no se advirtió algún tipo de manipulación.

112. Por tal razón, concluyó que no prosperaba el cargo en cuestión y aclaró que
el demandante, en todo caso, no planteó dentro de su argumentación la existencia
de diferencias puntuales o injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 que dieran
lugar a la configuración de la causal invocada, sino que se limitó a alegar presuntas
irregularidades sobre la entrega de los pliegos electorales, lo cual no estructura el
supuesto previsto en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

1.7. Recurso de apelación

113. Mediante escrito radicado el 23 de agosto de 2024 a través de la ventanilla
virtual, la parte actora apeló la anterior decisión.

114. Advirtió que su inconformidad con la sentencia de primera instancia radicaba
en tres reparos específicos:

115. En primer lugar, consideró que el tribunal no tuvo en cuenta las circunstancias
que rodearon la inusual y absurda forma de incorporar los documentos electorales

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de las mesas bajo controversia, asumiendo que la reclamación no fue presentada
oportunamente.

116. Al respecto, argumentó que el escrutinio empieza una vez se cierra la
votación, pero con base en las actas de escrutinio de las mesas que se reciban
oportunamente; así mismo, que para presentar una reclamación es necesario que
el hecho sobre el cual descansa la petición sea conocido por el interesado o haya
llegado a manos de la respectiva comisión.

117. Sostuvo que si los documentos de las mesas 1, 2, 3 y 4 no fueron entregados
oportunamente, no podía exigírsele que presentara una reclamación sobre hechos
que no conocía.

118. Indicó que solo radicó la reclamación hasta que conoció el video en donde el
registrador anuncia la llegada extemporánea de los pliegos, por lo que el tribunal no
puede endilgarle los efectos de esa entrega inoportuna.

119. Mencionó que los documentos electorales fueron entregados en un arca
auxiliar de la comisión 16 y no en la 19 que era donde correspondía, por lo que se
trata de una violación al debido proceso que solo se advirtió con el anuncio realizado
por el registrador ante el público y que motivó la radicación de la reclamación.

120. Precisó que, en el video, que no fue tachado de falso ni desconocido, se ve
al funcionario informando a los presentes que no hubo entrega y que las bolsas
fueron encontradas en el suelo.

121. Como segundo punto, aseguró que no comparte el argumento del tribunal
relativo a que solo hubo entrega extemporánea de la mesa 1 del puesto 55.

122. Señaló que, por el contrario, en el video se aprecia al registrador refiriéndose
en general a todas las mesas, y no solo a la número 1.

123. Cuestionó que si el material de las demás mesas fueron entregadas
oportunamente al delegado de la registraduría, por qué ese funcionario no se lo dio
a los claveros inmediatamente o dejó consignada alguna observación sobre el
supuesto hecho de fuerza mayor.

124. En tercera medida, alegó que el a quo utilizó una motivación «muy pobre» al
justificar las irregularidades bajo el supuesto de que esta situación no está regulada
en el Código Electoral ni en la jurisprudencia como fuerza mayor o caso fortuito y
que, en todo caso, la actuación del registrador velaba por el cumplimiento de la
cadena de custodia.

125. Insistió en que el video aportado es claro en señalar que los pliegos se
recibieron después de que se cerrara el arca triclave, sin que se haya demostrado
alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que avale la entrega

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extemporánea del material.

126. Aseguró que no existió ningún hecho imprevisible o imprevisto que impidiera
la entrega e introducción oportuna de los pliegos para la realización del escrutinio,
por lo que no podían ser tenidos en cuenta.

127. Añadió que la ley no hace distinción alguna, por lo que si los documentos no
son allegados oportunamente y no se demuestra un hecho de violencia, fuerza
mayor o caso fortuito, no pueden ser tenidos en cuenta, así las bolsas que los
contienen no presenten alteraciones, porque lo que se reprocha es el acto tardío.

128. Precisó que la apariencia de legalidad que el registrador intentó otorgar a la
actuación no convalida la irregularidad, puesto que el hecho de que se haya llegado
tarde al centro de convenciones no califica como una causal de exculpación.

129. Manifestó que una cosa es lo que indican los formularios y otra es lo que
realmente aconteció, pues en el video aportado con la demanda se advierte que el
material electoral llegó después de las 12:00 am.

130. Por lo anterior, consideró que debía revocarse la sentencia de primera
instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.

1.8. Trámite en segunda instancia

131. Mediante auto del 16 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación,
se ordenó poner a disposición de los demandados el memorial respectivo y se
dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto.

1.9. Alegatos de conclusión

1.9.1. Parte demandada

132. Los concejales de Montería, por conducto de sus apoderados y mediante
escritos separados, pidieron confirmar la decisión apelada con base en los mismos
argumentos presentados al contestar la demanda.

1.9.2. Parte demandante

133. Se limitó a pedir que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en
la demanda, los alegatos de conclusión de primera instancia y el recurso de
apelación, con el fin de que se revoque la sentencia impugnada y se declare la
nulidad del acto de elección cuestionado.

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1.10. Concepto del Ministerio Público1

134. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación expresó que hay
lugar a confirmar la decisión apelada.

135. Señaló que, contrario a lo indicado por el recurrente, tanto el momento en el
que llegaron los pliegos al Centro de Convenciones de Montería (30 de octubre de
2023), como el instante en el que se adelantó el escrutinio de las mesas aludidas (3
y 4 de noviembre de 2023), tuvieron lugar con demasiada antelación a cuando se
presentó la reclamación, por lo que sí se configuró el principio de preclusión.

136. Con todo, en gracia de discusión, analizó la presunta entrega extemporánea
de los pliegos electorales y resaltó que la exclusión de la votación solo se predica
de la entrega tardía de los documentos por parte de los presidentes de la mesa de
votación al registrador o su delegado, la cual se registra en el Formulario E-17.

137. En su criterio, de las pruebas allegadas al expediente, la única mesa en la
que se podría establecer una entrega extemporánea es en la número 1, ya que
ocurrió después de las 11:00 pm del 29 de octubre de 2023, que era la hora máxima
permitida.

138. No obstante, resaltó que si se excluyeran los votos allí obtenidos, no se
modificaría el resultado de la elección.

139. En relación con el cargo de alteración o falsedad en los documentos
electorales, prevista en el numeral 3 del artículo 275 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consideró que los argumentos
del actor no se encuadraban en dicha causal.

140. Explicó que la norma refiere a falsedad de los documentos ya sea en su
elaboración (ideológica) o cuando una vez desarrollado y diligenciado es
manipulado (material), con la intención de alterar la verdad electoral.

141. Destacó que, en cambio, lo que cuestiona el demandante es una violación de
la cadena de custodia de los pliegos de las mesas bajo controversia, sin que se
haya demostrado su ocurrencia.

142. Afirmó que, por el contrario, se acreditó que los documentos siempre
estuvieron custodiados y fueron ingresados al arca triclave dentro del plazo
establecido.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

1
Índice 13 del expediente de segunda instancia visible en Samai.
18

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143. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado
contra la sentencia con la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de
Decisión, negó las pretensiones de la demanda contra el acto de elección de los
concejales de Montería para el período 2024-2027, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1502, 152 numeral 7.a3 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación4.

2.2. El acto acusado

144. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a
la elección de los concejales de para el período 2024-2027, contenida en el
Formulario E-26 CON del 12 de noviembre de 2023.

2.3. Problema jurídico

145. Con base en los argumentos presentados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia del 12 de agosto de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo
de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda.

146. En tal sentido, se deberá determinar si hay lugar a estudiar de fondo el reparo
relacionado con la entrega extemporánea de los pliegos electorales de las mesas
1, 2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba) de Montería o
si, por el contrario, operó el principio de preclusividad respecto de las reclamaciones
presentadas por el actor durante los escrutinios, que impida a la sala realizar el

2
«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
3
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán
en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de elección o
llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales,
de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos
superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos
directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración
(…)». (Subrayado fuera del texto original)
4
ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
19

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análisis correspondiente.

147. Para el efecto, resulta necesario examinar (i) el procedimiento de escrutinio
en elecciones por voto popular, (ii) la entrega de los documentos electorales y (iii)
el caso concreto.

2.4. El procedimiento de escrutinio en elecciones por voto popular –
Reiteración de jurisprudencia5

148. Las garantías del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, rigen tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y
electoral, como parámetro de control de legalidad de la actuación de las
autoridades, en armonía con los principios que rigen la función pública, enlistados
en el artículo 209 ejusdem, entre los cuales se destaca el de celeridad, en virtud del
cual, el diseño de cualquier procedimiento para la toma de decisiones por parte de
los servidores públicos debe estar estructurado a través de etapas, diferenciadas y
sucesivas, que han de agotarse dentro de plazos razonables, bajo el principio de
preclusividad, evitando dilaciones injustificadas y, a la vez, salvaguardando el
derecho de contradicción.

149. Al respecto, esta sección ha explicado que:

[…] no comparte la idea de que pueda existir un procedimiento que no obstante tener
fijadas unas etapas o fases, quede librada a la voluntad de los interesados la
oportunidad en que decidan ejercer sus derechos o adelantar ciertos trámites, ya que
esa posibilidad además de desquiciar la estructura lógica y consecutiva de cada
procedimiento, conduciría a la incertidumbre sobre el momento en que culminaría la
actuación, pues bastaría una petición formulada en una de las últimas fases para que
lo actuado se retrotrajera a fases iniciales6.

150. En este marco general, el Código Electoral y la Ley 1475 de 2011 regulan el
procedimiento de escrutinio que debe adelantarse para declarar una elección por
voto popular, señalando cada una de sus fases, las autoridades que las dirigen, los
derechos y deberes de quienes intervienen en ellas, el marco adjetivo y sustantivo
de sus actuaciones, las decisiones que se deben tomar y los recursos que proceden
en su contra, entre otros aspectos, que brindan seguridad jurídica para garantizar la
transparencia e igualdad entre los candidatos en la contienda electoral, así como la
soberanía popular expresada en el voto.

151. En este orden, es menester precisar que el procedimiento de escrutinio que

5
La sala reitera el análisis realizado en la sentencia del 17 de octubre de 2024, radicación 17001-
23-33-000-2024-00006-02, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Así mismo, consultar, entre otras, la
sentencia del 29 de abril de 2021, radicación 11001-03-28-000-2018-00106-00, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
6
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 13 de noviembre de 2014, rad. 11001-03-28-
000-2014-00046-0, MP, Alberto Yepes Barreiro
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adelantan las distintas autoridades electorales se rige por los principios de
preclusión, celeridad, contradicción, doble instancia, consecutividad, publicidad y
transparencia, entre otros, en tanto que estas actúan como escrutadoras y,
simultáneamente, como superior jerárquico de las comisiones del nivel que le
precede, siendo el CNE el órgano de cierre como máxima autoridad de este
procedimiento, cuya competencia es desplegada por diversas vías, según se trate
de una elección del orden nacional o departamental7.

152. Ahora bien, dentro de las garantías del debido proceso, se destaca también
el derecho de defensa que la legislación electoral materializa en distintos
mecanismos de contradicción que proceden contra las decisiones que adoptan las
autoridades electorales en las fases o etapas del procedimiento de escrutinio, para
efectos de enmendar los errores en que ellas puedan incurrir y controlar la legalidad
de sus actuaciones, a fin de asegurar que los resultados de los comicios se
correspondan con la realidad, salvaguardando la eficacia del voto.

153. Así entonces, la legislación distingue entre las solicitudes de recuento de
votos, cuyas causales específicas se encuentran consagradas en el artículo 164 del
Código Electoral; las reclamaciones, que proceden bajo los supuestos establecidos
en los artículos 122 y 192 ibidem, y las solicitudes de saneamiento de nulidades
electorales, que corresponden a algunas de las hipótesis enlistadas en el artículo
275 del CPACA, mecanismos de contradicción que proceden dentro de la
oportunidad y ante la autoridad correspondiente8 y cuya resolución es susceptible
del recurso de apelación, excepto que el acto provenga del CNE, como órgano de
cierre del procedimiento de escrutinio.

154. En suma, el procedimiento escalonado y preclusivo de los escrutinios está
determinado por el debido proceso, que asegura diferentes oportunidades para
verificar y corregir los resultados, con base en situaciones expresamente previstas
en la ley y ante las autoridades que tienen establecida la respectiva competencia.

2.5. Entrega de los documentos electorales para el escrutinio y sus
excepciones

155. El artículo 144 del Código Electoral regula la entrega de los documentos
electorales y las excepciones previstas por el legislador para la entrega posterior al
plazo legal, en los siguientes términos:

a) Terminado el escrutinio en las mesas de votación y antes de las 11 pm, del día de
las elecciones, el presidente de cada una de las mesas de votación hará entrega de
las actas y documentos y formularios al delegado de la Registraduría, quien a su vez
deja constancia de la fecha y hora de recibo, y de ser el caso también del estado de
los sobres electorales de la correspondiente mesa de votación.

7
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 11 de marzo de 2021, rad. 11001-03-28- 000-
2018-00081-00 (acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
8
Artículos 122, 164 y 192 del Código Electoral.
21

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b) Posteriormente, los pliegos electorales son entregados al clavero quien los
deposita en el arca triclave con el fin de resguardar su contenido y expide una
constancia de su ingreso.

c) Los pliegos que fueren entregados extemporáneamente, no serán tenidos en
cuenta en el escrutinio y el hecho deberá denunciarse ante la autoridad competente,
excepto que ante la comisión escrutadora se demuestre la existencia de actos de
violencia, fuerza mayor o caso fortuito, que justifiquen la tardanza.

156. En principio, solo los eventos constitutivos de violencia, fuerza mayor o caso
fortuito permiten dar validez a los documentos electorales entregados de manera
extemporánea, pero la jurisprudencia9 ha señalado otros factores eximentes
relacionados con hechos imputables al funcionario que deba recibir los documentos
electorales, así:

Se consideran factores eximentes en la entrega extemporánea de los pliegos
electorales las situaciones que acrediten i) violencia, ii) fuerza mayor o caso fortuito o
iii) hechos imputables al funcionario encargado de recibir los documentos
electorales. En esos casos las comisiones escrutadoras dejarán de excluir las
votaciones de las mesas que hayan sufrido alguna de estas alteraciones.

(…)

Frente a la última causal eximente, el hecho imputable al funcionario encargado de
recibir los documentos electorales, se dice que “en el marco de la relación causal,
debe acreditarse que la demora en la entrega de los pliegos electorales por los
presidentes del Jurado a los Registradores o sus delegados, debe tener por
causa la conducta exclusiva del funcionario encargado de recibir ese material.
(Negrilla del original).

157. Al respecto, resulta necesario reseñar que esta Sección en providencia de 9
de febrero de 201710, precisó que:

De igual manera, esta Sala Electoral ha distinguido tres momentos específicos para
la entrega de documentos electorales a la terminación del escrutinio de mesa, la
Sección se refirió de la siguiente manera:

Así que, (a) a la entrega de documentos electorales del Presidente del jurado al
Registrador o su delegado, le sucede (b) la entrega de éste a los claveros o a otros
funcionarios electorales y luego (c) la introducción o retiro de los documentos en el
arca triclave por parte de los últimos, queda constancia con la correspondiente fecha
y hora11.

La distinción anteriormente expuesta es importante para determinar en qué momento

9
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de abril de 2023, expediente 11001-03-28-
000-2022-00208-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio. Reiterado en Consejo de Estado, Sección
Quinta. Sentencia del 12 de septiembre de 2024, de radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00035-
00. MP. Gloria María Gómez Montoya.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia dictada en el Rad. 11001032800020140011200,
MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 26 de febrero de 2014,
radicado No. 66001-23-31-000-2012-00011-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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puede haber algún tipo de demora en la entrega de los pliegos electorales a las
diferentes autoridades competentes.

(…)

[…] se tiene que el primer momento de entrega de los documentos electorales,
después de realizada la votación, se registra en el formulario E-17 recibo de
documentos electorales para jurados de votación, el segundo en el formulario E-19
recibo de documentos electorales y el último, en el formulario E-20 acta de
introducción de documentos electorales en el arca triclave12.

Frente a este procedimiento electoral esta Sala13 de decisión ha señalado que en
caso de duda o confusión con la información plasmada en los demás formularios –E-
19 y E-20-, respecto de lo consignado en el E-17, prima la información contenida en
este último, en especial en lo que tiene que ver con la fecha y la hora de entrega de
los documentos electorales.

El formulario E-17, en el cual se consigna el recibo de documentos electorales
entregados por los jurados de votación, es el instrumento por medio del cual el
delegado de la Registraduría recibe de los jurados de mesa los documentos
electorales, una vez realizado el escrutinio de mesa.

(…)

El procedimiento de entrega de documentos electorales por los jurados de votación,
conforme al Código Electoral, consiste en que el presidente de cada una de las mesas
de votación diligencia el formulario E-17 y luego hace entrega de los documentos al
delegado de la Registraduría, quien a su vez deja constancia de la fecha y hora de
recibo y de ser el caso también del estado de los sobres electorales de la
correspondiente mesa de votación. Posteriormente los pliegos electorales son
entregados al clavero quien los deposita en el arca triclave con el fin de guardar su
contenido y expide una constancia de su ingreso14.

De la norma que antecede se decanta la exigencia para los jurados de votación de
entregar los pliegos electorales, inmediatamente después de la terminación del
proceso de escrutinio y antes de las once de la noche. De la entrega se deja
constancia en el formulario E-17 en el cual se debe registrar la fecha y la hora en la
que se reciben los documentos por el delegado con el fin de comprobar que allegaron
a tiempo, es decir antes de las once de la noche.

Sobre el particular, esta Sección ha señalado que el Formulario E-17 contiene las
constancias sobre el “recibo de documentos electorales entregados por los Jurados
de Votación”, (…) que permite obtener información sobre el momento en que dicha
entrega tuvo lugar, pues, se insiste, sólo cuando el Presidente del Jurado de Votación
no entrega oportunamente los documentos electorales al Registrador o al Delegado
de éste, es procedente la exclusión de dichos documentos en el escrutinio15.

158. En ese orden, de acuerdo con el inciso final del artículo 144 del Código

12
Página web, Registraduría Nacional del Estado Civil. http://www.registraduria.gov.co/1-de-
octubrede-2011-No-56#09.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 26 de febrero de 2014,
radicado No. 66001-23-31-000-2012-00011-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14
Capítulo II del Decreto 2241 de 1986 – Código Electoral.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 24 de noviembre de 2005, radicado
No. 52001-23-31-000-2003-01773-01(3856), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
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Electoral, situaciones de violencia, fuerza mayor, caso fortuito o hechos imputables
al funcionario encargado de recibir los documentos electorales16, justifican la llegada
extemporánea de los pliegos electorales, lo que permite que los mismos sean
tenidos en cuenta.

159. Por tanto, será obligación del juez electoral constatar en cada caso concreto
las circunstancias particulares del escrutinio y las actuaciones que adoptaron las
autoridades, con el fin de subsanar las irregularidades que pudieron surgir.

160. Sumado a lo anterior, debe tenerse en consideración que la entrega
extemporánea de los documentos electorales fue prevista como causal de
reclamación y, por tanto, debe proponerse en los términos del artículo 192, numeral
7, del Código Electoral, antes de acudir al juez de lo electoral, so pena de no poder
abordar su análisis, en sede judicial.

2.6. Caso concreto

161. Según se tiene, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de
Decisión, denegó las pretensiones de la demanda por dos razones principales:

162. En primer lugar, advirtió que la reclamación realizada por el señor Tirado
Solera había sido radicada de manera extemporánea y, por lo mismo, las
comisiones escrutadoras rechazaron sus distintas peticiones por haber precluido la
oportunidad para formular el reparo, así que el juez de lo electoral no podía efectuar
un análisis de fondo sobre el particular.

163. Con todo y, en gracia de discusión, aseguró que solamente en la mesa 1
hubo una entrega extemporánea de los pliegos, pero si se excluyeran los votos allí
obtenidos no cambiaría el resultado de la elección.

164. Como segunda medida, mencionó que el demandante planteó la
configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 275 de la
Ley 1437 de 2011, relativa a la alteración o falsedad de los documentos electorales.

165. Sin embargo, sostuvo que no había prueba de que el material hubiera sido
alterado pues, por el contrario, se respetó la cadena de custodia de los pliegos y se
realizó un reconteo de los votos en el que no se encontró algún tipo de manipulación.

166. Además, precisó que el actor no alegó la existencia de diferencias puntuales
o injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 que dieran lugar a la configuración
de la causal, sino que se limitó a invocar irregularidades en la entrega de los pliegos,
lo cual no estructura el supuesto establecido en el numeral 3 del artículo 275 ibidem.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de
abril de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00208-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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167. El demandante apeló la anterior decisión y, en síntesis, planteó tres reparos
concretos:

168. El primero, relativo a que no pudo presentar la reclamación de manera
oportuna, porque solamente se percató de la irregularidad cuando conoció del video
en el que se aprecia al registrador dejando constancia sobre la entrega
extemporánea de los pliegos.

169. El segundo, en el que aseguró que el video en cuestión hace referencia a la
entrega tardía de los pliegos en todas las mesas del puesto 55, por lo que no es
cierto que solamente se haya dado la irregularidad en la mesa número 1.

170. El tercero, en el que cuestionó que el tribunal haya avalado las
irregularidades bajo el argumento de no estar reguladas por la ley o la jurisprudencia
como circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y por tratarse de acciones para
conservar la cadena de custodia; en su concepto, el registro videográfico es claro
en establecer que el material electoral se entregó de forma extemporánea, sin que
se haya dejado constancia sobre algún hecho imprevisible que impidiera la entrega
e introducción oportuna de los pliegos para la realización del escrutinio.

171. Por tal motivo, señaló que si los documentos no fueron allegados
oportunamente y no se demuestra alguna causal eximente, así las bolsas que los
contengan no presenten alteraciones, deben ser excluidos porque lo que se
cuestiona es la entrega tardía.

172. En consecuencia, pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y
se acceda a las pretensiones, pues una cosa es lo que indicaban los formularios
diligenciados y otra la que realmente ocurrió, ya que según el video aportado con la
demanda el material electoral llegó después de las 12:00 am, es decir, fuera de la
oportunidad prevista.

173. Antes de efectuar el estudio respectivo, la sala estima pertinente realizar una
aclaración frente a los reparos planteados por el demandante a lo largo del proceso.

174. De acuerdo con la demanda y el recurso de apelación, es posible advertir
que el actor se ha referido a la entrega extemporánea de los pliegos como causal
de exclusión de la votación obtenida en las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón
Comunal Vereda Boca de la Ceiba) de Montería.

175. Específicamente, el señor Tirado Solera siempre ha expuesto su
inconformidad respecto de la entrega tardía de los pliegos a los claveros, cuya
ausencia en el Centro de Convenciones de Montería impidió su incorporación en el
arca triclave y motivó a que el único de los miembros presentes lo hiciera,
presuntamente, en un arca auxiliar.

176. De lo anterior, la sala encuentra que en el reclamo se han combinado dos

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momentos distintos de la etapa post electoral: el primero, relativo a la entrega del
material por parte del presidente de los jurados al delegado de la registraduría, y el
segundo, que tiene que ver con la entrega que este hace a los claveros para la
introducción de los documentos en el arca triclave.

177. Dicha precisión resulta relevante ya que el actor ha sido consistente en
indicar que, contrario a lo plasmado en el Formulario E-17, las pruebas allegadas al
expediente demuestran que el material electoral fue entregado extemporáneamente
a los referidos funcionarios.

178. Sin embargo, ese alegato está relacionado con el segundo de los momentos
antes relacionados, del cual se deja registro en los formularios E-19 (recepción de
documentos a funcionarios electorales) y E-20 (introducción o retiro de documentos
en el arca), mas no en el E-17 como lo ha indicado a lo largo del proceso, ya que
en este lo que se registra es la entrega que hacen los jurados de votación al
delegado de la registraduría.

179. Realizada dicha aclaración, la sala procede a estudiar los argumentos de la
apelación en los siguientes términos:

180. En primer lugar, resulta del caso recordar que la competencia del juez de
segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso17 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que la
sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos concretos
formulados por el recurrente.

181. De la lectura de la alzada, se advierte que las tres censuras planteadas por

17
ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.

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la parte actora tienen un objeto común que no es otro que demostrar que el material
electoral de las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón Comunal Vereda Boca de la
Ceiba) de Montería, fue entregado después de la hora límite prevista para el efecto,
circunstancia que debió conllevar a su exclusión del escrutinio.

182. Frente al punto, esta sección comparte la postura del tribunal de primer grado
en relación con la imposibilidad del juez de lo electoral de analizar de fondo el reparo
relativo a la entrega extemporánea de los pliegos.

183. Como se explicó en el marco jurídico de esta providencia, el artículo 144 del
Código Electoral establece que los pliegos que hayan sido entregados a los
delegados del registrador del Estado Civil después de las once de la noche del día
de las elecciones, salvo que se demuestre violencia, fuerza mayor o caso fortuito,
no pueden ser tenidos en cuenta en el escrutinio.

184. Sin embargo, al tratarse de una causal de reclamación establecida en el
artículo 192 del Código Electoral, debe ser presentada en la etapa misma del
escrutinio, según lo dispone el artículo 167 de esta última codificación, so pena de
que se entienda subsanada.

185. Así lo estableció esta sección en sentencia del 29 de abril de 2021:

(…) tanto las solicitudes de recuento de votos como las reclamaciones están
sometidas al principio de preclusividad o eventualidad, de modo tal que incluso
antes de estudiar la legitimidad y fundamento de aquellas, se debe constatar la
oportunidad para formularlas; normalmente se interponen en la misma etapa en
que se configura el supuesto de hecho de la causal de que se trate para darle a
la autoridad electoral la oportunidad de advertir y corregir su propio yerro, con
garantía del derecho a la doble instancia por vía de apelación; y en caso de
encontrarla precluida, se impone su rechazo por extemporánea con el fin de dotar
de certeza el cierre de cada una de las etapas del procedimiento de escrutinio –sin
dilaciones por tener que volver a una fase anterior en contra del principio de celeridad
que lo rige- y de la firmeza que debe revestir a las decisiones que se adoptan en su
desarrollo hasta el acto definitivo de elección, de modo tal que si no se alegan
oportunamente quedan subsanadas. Al respecto, la sentencia en cita precisa que:

La Sala no comparte la idea de que pueda existir un procedimiento que no
obstante tener fijadas unas etapas o fases, quede librada a la voluntad de los
interesados la oportunidad en que decidan ejercer sus derechos o adelantar
ciertos trámites, ya que esa posibilidad además de desquiciar la estructura
lógica y consecutiva de cada procedimiento, conduciría a la incertidumbre
sobre el momento en que culminaría la actuación, pues bastaría una petición
formulada en una de las últimas fases para que lo actuado se retrotrajera a fases
iniciales18. (Se resalta)

186. Por eso, es evidente que reclamaciones como la relacionada con la entrega
extemporánea de los pliegos electorales debe realizarse en la oportunidad
pertinente para que pueda ser estudiada por la autoridad electoral porque, de lo

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contrario, será rechazada por haber precluido.

187. En este caso, la presunta irregularidad debía ser alegada ante la comisión
escrutadora auxiliar durante el escrutinio respectivo, el cual, según concluyó el
Tribunal Administrativo de Córdoba, se realizó entre el 3 y 4 de noviembre de 2023
para las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba).

188. No obstante, como lo informó el propio demandante, la reclamación
solamente fue realizada hasta el 6 de noviembre de 2023, lo que motivó que la
Comisión Escrutadora Auxiliar 19, mediante Resolución 6 de esa misma fecha, la
rechazara por extemporánea19.

189. Por tal motivo, el a quo consideró que no era posible que el juez de lo electoral
realizara el análisis de una presunta irregularidad que no fue alegada ante la
autoridad competente en la oportunidad prevista para el efecto, en respeto del
principio de preclusividad que rige el procedimiento en cuestión.

190. Ahora bien, en el primer reparo presentado en el recurso de apelación, el
actor aceptó que la reclamación no fue presentada oportunamente, puesto que no
conoció la anomalía sino hasta que vio el video en el que aparece el registrador
informando a los asistentes sobre la recepción extemporánea de los pliegos.

191. Sin embargo, aunque el demandante afirma que solamente se percató de la
irregularidad con posterioridad a su configuración, lo cierto es que esto no puede
servir de excusa para desconocer el carácter preclusivo de las distintas etapas del
proceso electoral.

192. Frente al punto, se recuerda que las reclamaciones deben ser presentadas
en la etapa en que se configura el supuesto de hecho respectivo justamente para
evitar una dilación indebida durante el escrutinio y, así, dar cierre a cada una de sus
etapas.

193. Lo anterior, con el fin de que las decisiones adoptadas por la autoridad
electoral adquieran firmeza y, así, evitar que se retrotraiga la actuación hasta una
fase que ya ha sido superada en virtud de una petición formulada fuera de la
oportunidad pertinente.

194. De ser así, se dejaría al arbitrio de los interesados la oportunidad de realizar
las reclamaciones y se generaría una incertidumbre sobre la culminación de la
actuación, lo cual resulta improcedente.

195. En ese sentido, al quedar en firme la actuación y tenerse por subsanada la
posible irregularidad, al juez de lo electoral le estaba vedado realizar cualquier
estudio de fondo sobre la posible entrega extemporánea de los pliegos, so pena de

19
Documento visible en Samai como «06Anexo», aportado con la demanda.
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desconocer el principio de preclusividad que rige la actuación, lo que justifica que el
Tribunal Administrativo de Córdoba haya establecido que no debía analizarse el
fondo del reclamo.

196. Además, de la lectura de la demanda, la sala advierte que el demandante
nunca cuestionó la decisión adoptada por la Comisión Escrutadora Auxiliar 19 en
relación con el rechazo por extemporánea de su reclamación, pues si bien la incluyó
en las pretensiones del medio de control y pidió que se declarara su nulidad, no
planteó ni desarrolló algún cargo específico contra el acto administrativo
correspondiente; de hecho, solo se refirió a la presunta justificación al apelar el fallo
de primera instancia, lo que impide realizar cualquier análisis sobre la legalidad de
esa decisión.

197. Por eso, como la posible anomalía, según lo concluido por el tribunal de
primer grado y aceptado por el propio recurrente, no fue alegada oportunamente,
sumado a que la presunta justificación no había sido objeto de debate en el proceso,
esta sección no puede adoptar una decisión distinta frente a dicho aspecto.

198. Ahora bien, el segundo punto de disenso planteado en la alzada tiene que
ver con que el video aportado con la demanda demuestra claramente que los
pliegos fueron entregados de forma extemporánea en todas las mesas y no solo en
la primera.

199. No obstante, tal y como se dijo en precedencia, no es posible hacer un
estudio en sede judicial sobre la oportunidad de la entrega de los pliegos de ninguna
de esas mesas, puesto que operó el fenómeno de preclusividad al radicarse de
manera extemporánea la reclamación respectiva.

200. Tampoco hay lugar a estudiar el tercer reparo formulado por el apelante,
relativo a que no existió una causal de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera
avalar la entrega extemporánea del material electoral, así el tribunal de primera
instancia considerara que se trataba de proteger la cadena de custodia.

201. Se insiste, al tratarse de etapas preclusivas, la reclamación correspondiente
debió elevarse en el momento indicado y ante la comisión escrutadora respectiva,
por lo que al no haber sido así, el juez de lo electoral no puede analizar el fondo de
algún tipo de reclamo relacionado con justificación o no de una posible tardanza en
la entrega del material.

202. Por eso, independientemente de que el actor pretenda demostrar, a partir de
un registro videográfico, que los pliegos fueron entregados fuera del límite temporal
previsto para el efecto, la sala no puede realizar un estudio concreto de la posible
irregularidad, ya que se desconocería el principio de preclusividad de la actuación
administrativa.

203. Así pues, comoquiera que las inconformidades planteadas por el

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Demandante: Janier Jadith Tirado Solera
Demandados: Concejales de Montería para el período 2024-2027
Rad: 23001-23-33-000-2023-00182-01

demandante en el recurso de apelación no tienen vocación de prosperidad, la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda será
confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 12 de agosto de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda promovida contra el acto de elección de los concejales
de Montería para el período 2024-2027.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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