Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00192-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00192-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 23001-23-33-000-2023-00192-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
21 de noviembre de 2024
Demandante: Óscar David Rodríguez Rodríguez
Demandado: Jorge Antonio Triana Tamayo,
concejal del municipio de Tierralta (Córdoba) periodo 2024-2027
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00192-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Barranquilla, D.E.I.P., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00192-01
Demandante: Óscar David Rodríguez Rodríguez
Demandado: Jorge Antonio Triana Tamayo, concejal del municipio de
Tierralta (Córdoba) periodo 2024-2027
Tema: Inhabilidad por parentesco con funcionario que ejerce
autoridad administrativa, artículo 43 numeral 4 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Cuarta de
Decisión, el 5 de agosto de 2024, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El ciudadano Óscar David Rodríguez Rodríguez, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la
Ley 1437 del 2011, presentó demanda el 19 de diciembre de 2023, en la que solicitó la
nulidad del formulario E-26 CON del 4 de noviembre de la misma anualidad, por medio
del cual se declaró la elección del señor Jorge Antonio Triana Tamayo como concejal
del municipio de Tierralta (Córdoba) para el periodo constitucional 2024-20271.
1.2. Hechos
2. Sostuvo el demandante lo siguiente:
3. El 29 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las elecciones para alcaldía, concejo,
gobernación y asamblea en todo el territorio nacional, en las cuales fue elegido como
concejal para el municipio de Tierralta (Córdoba), el señor Jorge Antonio Triana
Tamayo, por el Partido Alianza Social Independiente – ASI.
4. El señor Jorge Antonio Triana Tamayo se encontraba incurso en la causal de
inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 4 de la Ley 136 de 1994, modificada por
el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, ya que es hijo del señor Aider Enrique Triana
Pérez, actual rector de la Institución Educativa Benicio Agudelo, del municipio de
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Demandante: Óscar David Rodríguez Rodríguez
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Radicación: 23001-23-33-000-2023-00192-01
Tierralta (Córdoba), en cuya calidad ejerce como autoridad administrativa de
conformidad con el artículo 6 del Decreto 1278 de 2002, los artículos 4 y 6 del Decreto
4791 de 2008 y el artículo 10 de la Ley 715 de 2001.
5. La Institución Educativa Benicio Agudelo, es de carácter oficial y se encuentra
ubicada en el municipio de Tierralta (Córdoba), lugar donde se celebraron los comicios
electorales y fue elegido el demandado.
1.3. Concepto de la violación
6. Señaló que la norma violada es el numeral 5 del artículo 275 del CPACA, por estar
inmerso en la inhabilidad descrita en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, la cual indica que no podrá
ser inscrito como candidato, ni elegido como concejal municipal o distrital «Quien tenga
vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad… con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección
hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o
distrito…».
7. Dijo que el señor Jorge Antonio Triana Tamayo, concejal electo del municipio de
Tierralta (Córdoba), estaba inhabilitado al momento de inscribirse como candidato para
los comicios electorales del 29 de octubre de 2023 por ser hijo biológico (primer grado
de parentesco) del señor Aider Enrique Triana, quien se desempeña como empleado
público, en calidad de rector de la Institución Educativa Benicio Agudelo y ejerce
autoridad administrativa conforme a las funciones atribuidas en el artículo 10.16 de la
Ley 715 de 2001, pues administra el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que
por incentivos se le asignen.
8. A su turno, el artículo 4 del Decreto 4791 de 2008, indica que el rector o director rural
es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos y tiene la facultad para
celebrar contratos, funciones que conforme al artículo 190 de la Ley 134 de 1994
corresponden a dirección administrativa que ejerce en el municipio de Tierralta
(Córdoba), lugar donde fue elegido el concejal demandado.
9. Afirmó que esta Sección, en innumerables pronunciamientos ha dicho que la
autoridad administrativa es «…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la
administración nacional, departamental y municipal o de los órganos electorales y de control
que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad.
La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una
connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia.»
1.4. Trámite procesal de primera instancia
10. Mediante providencia del 16 de enero de 2024, se admitió el medio de control2, y
se dispuso su notificación al demandado, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo
Nacional Electoral.
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11. Surtidas las notificaciones de rigor, tanto el demandado como el Consejo Nacional
Electoral se pronunciaron oportunamente. La Registraduría Nacional del Estado Civil lo
hizo por fuera del término legal3.
12. El Consejo Nacional Electoral formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva4.
13. El demandado5 se opuso a las pretensiones y dijo que en este caso no está
probado el parentesco que alega el demandante, ya que el registro civil de nacimiento
que aportó es ilegal, porque lo obtuvo de forma fraudulenta de otros procesos donde el
señor Aider Enrique Triana Pérez es una de las partes.
14. Expuso también que el Decreto 1278 de 2002, no cobija al señor Aider Enrique
Triana Pérez, ya que su nombramiento se hizo el 8 de diciembre de 1998 y aquella
norma aplica a quienes se vinculen a partir de su vigencia. Asimismo, el Decreto 4791
de 2008 fue derogado por el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 y que las funciones
establecidas en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 no puede cumplirlas porque no
corresponden a la autonomía del rector, ya que las responsabilidades mayores recaen
sobre el consejo directivo «como instancia directiva, de participación de la comunidad y de
orientación académica y administrativa del establecimiento» según lo establece el artículo
2.3.3.1.5.3 numeral 1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Reglamentario Único del
Sector Educación.
15. Dijo que la Institución Educativa Benicio Agudelo es administrada por la
Gobernación del departamento de Córdoba, ya que el municipio de Tierralta no es
entidad territorial certificada en educación, tal y como lo establece el artículo 6, numeral
6.2 de la Ley 715 de 2001, lo que implica que varias de las funciones establecidas a los
rectores, es posible que no puedan lograr su cumplimiento, ya sea porque son
atribuciones del gobernador o porque alguna otra norma lo impide.
16. Además, los rectores no cuentan con facultad para imponer sanciones disciplinarias
a pesar de estar establecido en el numeral 10.11 del artículo 10 de la Ley 715 de 2001,
pues la titularidad de esa potestad recae en la Procuraduría General de la Nación, las
personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno y los
funcionarios investidos con esa facultad, como lo indica el artículo 2º de la Ley 1952 de
2019.
17. Por último, aunque el señor Aider Enrique Triana Pérez es empleado público en
calidad de rector, no por ello tiene la virtualidad de ejercer actos de autoridad y mando,
pues se requiere de un grado específico otorgado por la estructura de cada entidad, a
partir del cual se puedan tomar decisiones y lograr su cumplimiento, lo que impone el
análisis del artículo 10 de la Ley 715 de 2001, del cual se concluye que aquél no puede
lograr su cumplimiento ya que incurriría en faltas sancionables.
3
La notificación personal se surtió el 17 de enero de 2024, por lo que, trascurridos los dos (2) días de que trata el artículo 199 del
CPACA, se tiene que los 15 días con que contaba para ejercer su derecho de defensa y contradicción, transcurrieron entre el 22 de
enero y el 09 de febrero de 2024; sin embargo, el escrito de contestación fue remitido el 12 de febrero de 2024.
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «007_CONTESTACION_CONTESTACIONCNE000»
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «009_AGREGARMEMORIAL_CONTESTACION192»
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Demandante: Óscar David Rodríguez Rodríguez
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18. El 28 de febrero de 20246, se tuvo por no contestada la demanda por parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se declaró no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral y se
dijo que las excepciones propuestas por el demandado serían resueltas en la sentencia.
Posteriormente, el 12 de marzo de 20247, se fijó fecha y hora para la celebración de la
audiencia inicial.
19. En la diligencia citada, se abordó la etapa del saneamiento, se fijó el litigio 8 y se
decretaron las pruebas invocadas por las partes9. Finalmente se fijó fecha para la
audiencia de pruebas.
20. Por medio de auto del 11 de junio de 202410 se prescindió de la audiencia de
pruebas y se ordenó correr traslado de las documentales aportadas mediante exhortos.
Posteriormente, el 10 de julio de 202411, se cerró el período probatorio, se prescindió de
la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado común para que las
partes alegaran de conclusión y el Ministerio Público conceptuara si a bien lo tenía.
21. La parte demandante allegó sus alegatos finales12 y reiteró los argumentos
expuestos en la demanda.
22. La parte demandada se pronunció13 insistiendo en los argumentos de defensa
expuestos en la contestación de la demanda y recalcó la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, ya que el demandante no presentó los fundamentos de
derecho idóneos para la pretensión dirigida a que se declare la nulidad del acto de
elección del señor Jorge Antonio Triana Tamayo, teniendo en cuenta que el Decreto
4791 de 2008 se encuentra derogado y el Decreto 1278 de 2002 no le es aplicable.
23. La Registraduría Nacional del Estado Civil14 en esta etapa del proceso se pronunció
y pidió se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
24. El Ministerio Público15 estimó que debían concederse las pretensiones de la
demanda, porque el cargo de rector de una institución educativa envuelve el ejercicio
de autoridad administrativa, toda vez que, por mandato legal, tiene las funciones de
celebrar contratos, ordenar gastos y ejercer la potestad disciplinaria. Tales atribuciones
se adecuan a la definición legal que trae el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, siendo
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «021AUTORESUELVEE_23192OSCARRODRIGUEZV»
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «024AUTOFIJAFECHA_2023192AUTOFIJAFECHA»
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Dijo que el problema jurídico a resolver es el siguiente: Determinar sí hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del señor
Jorge Antonio Triana Tamayo, como concejal del municipio de Tierralta – Córdoba para el periodo electoral 2024-2027, contenido
en el formulario E-26 CON de fecha 4 de noviembre de 2023, por encontrarse el demandado incurso en la causal de inhabilidad
contenida en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA, y la del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificada por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Igualmente, se debe establecer si el señor Aider Enrique Triana Pérez si es padre del
demandado y si se desempeñó como rector de la Institución Educativa Benicio Agudelo ubicada en el municipio de Tierralta doce
meses antes de la elección del demandado, y si en virtud de dicho cargo ejerció autoridad administrativa. Y si ello, inhabilita al
demandado para ser concejal de dicha municipalidad. O si por el contrario no se acredita el parentesco del señor Triana Pérez con
el demandado. Así mismo, se analizará si la Institución Educativa Benicio Agudelo es administrada por el Departamento de
Córdoba, al no ser el municipio de Tierralta una entidad territorial certificada en educación y si esto incide en la configuración de la
causal de inhabilidad referente al ejercicio de la autoridad administrativa en el municipio de Tierralta. De igual, manera se analizará
si se configura la falta de legitimación en la causa de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.
9
Decretó la prueba documental aportada por las partes. Negó las pruebas pedidas mediante exhortos y decretó prueba de oficio
para allegarse algunos documentos por exhortos por parte de la Institución Educativa Benicio Agudelo y la secretaría de educación
del departamento de Córdoba, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y Notaría Única de Tierralta (Córdoba)
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «038Auto resuelve p_202300192AutoPresind»
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «043Auto de traslad_202300192Alegatospdf»
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «045Agregar memoria_MemorialAlegatosDeCo»
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «046Agregar memoria_MoemorialAlegatosCon»
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «047Agregar memoria_MemorialAlegatosRegi»
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «048Agregar memoria_MemorialConceptoProc»
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Demandante: Óscar David Rodríguez Rodríguez
Demandado: Jorge Antonio Triana Tamayo,
concejal del municipio de Tierralta (Córdoba) periodo 2024-2027
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forzoso concluir la existencia de la inhabilidad prevista por el artículo 40 numeral 4 de la
Ley 617 de 2000.
1.5. Sentencia de primera instancia
25. El 5 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que se probó que el demandado fue
aspirante e inscrito para el Concejo del municipio de Tierralta (Córdoba), para las justas
electorales del 29 de octubre de 2023 y, resultó electo, conforme el acta de escrutinio E
26 CON del 4 de noviembre de 2023.
26. Encontró acreditado el parentesco en primer grado de consanguinidad entre los
señores Jorge Antonio Triana Tamayo y Aider Enrique Triana Pérez conforme al
registro civil de nacimiento aportado al expediente en copia auténtica 16.
27. Adicional, se demostró que su padre, el señor Aider Enrique Triana Pérez, fue
nombrado en propiedad en el cargo de rector de la Institución Educativa Benicio
Agudelo del municipio de Tierralta (Córdoba), según el Decreto 0001053 del 22 de
mayo de 2008 de la Secretaría de Educación de ese Departamento y que para el día 30
de abril de 202417, fecha en la que se certificó dicha situación, se estaba
desempeñando en ese cargo.
28. Frente al ejercicio de autoridad, señaló que, según la Resolución 3842 del 18 de
marzo del 2022, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, el rector o director
rural es el directivo docente que tiene la responsabilidad de dirigir, liderar y gestionar
pedagógica y administrativamente el funcionamiento del establecimiento educativo; se
ocupa de los procesos relacionados con la planeación, dirección, orientación,
programación, administración y evaluación de prácticas y dinámicas educativas que se
llevan a cabo en la institución, como se extrae de las funciones descritas en el numeral
1.2.1.
29. Citó providencias del 29 de febrero de 2015 y 30 de mayo de 2019 de esta
corporación18, para indicar que el elemento referente al alcance del ejercicio de esa
autoridad debe interpretarse de manera objetiva, esto es, que no requiere la verificación
efectiva que el servidor público haya hecho uso de algunas de las atribuciones que le
otorga la ley, sino que es suficiente con que aquel tenga la virtualidad o potencialidad
de desarrollarlas, ya que «la autoridad se ejerce por el mero hecho de tenerla».
30. Por ello, al ostentar las funciones mencionadas, esto es, la de administrar el Fondo
de Servicios Educativos, la cual, conforme a los artículos 2.3.1.6.3.2 y 2.3.1.6.3.4. del
Decreto 1075 de 2015, le implica no sólo ordenar el gasto, sino que, i) es quien debe
elaborar el proyecto anual de presupuesto del mismo, ii) presentarlo al consejo
directivo, iii) elabora el flujo de caja anual estimado mes a mes, iv) hace los ajustes
correspondientes y, v) presenta los informes de ejecución, como lo dispone el artículo
2.3.1.6.3.6. ibídem, permite concluir que el cargo de rector en la Institución Educativa
16
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00006 «01Demanda» Pág. 37-38. También obra en el índice 00031
17
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00033
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de febrero de 2015, expediente 11001-03-28-000-2014-00045-00, C.P.
Alberto Yepes Barreiro (E). Sentencia del 30 de mayo de 2019, expediente 11001-03-28-000-2018-00091-00 C.P. Rocío Araujo
Oñate.
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Benicio Agudelo que ostenta el padre del concejal electo, implica el ejercicio de
autoridad administrativa de conformidad al inciso segundo del artículo 190 de la Ley
136 de 199419.
1.6. Recurso de apelación
31. La parte demandada20 mediante escrito del 15 de agosto de 2024, apeló la
sentencia, bajo el entendimiento que el tribunal omitió estudiar y resolver las
excepciones propuestas, concretamente la de ineptitud sustantiva de la demanda, por
cuanto el demandante no presentó los fundamentos de derecho idóneos frente a la
pretensión de nulidad invocada, pues se sustenta en normas derogadas o que no son
aplicables al señor Aider Enrique Triana Pérez, desconociendo la exigencia procesal
prevista en el artículo 162.4 del CPACA.
32. Dijo también, que el fallo de primer grado incurrió en defecto sustancial por indebida
aplicación e interpretación del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, el cual
indica que «no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital…
quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad…» (subraya el apelante) y ante el carácter taxativo y de interpretación
restrictiva, dicha inhabilidad no sería aplicable a los parientes dentro del primer grado
de consanguinidad, en el cual se encuentra inmerso el señor Jorge Antonio Triana
Tamayo al ser hijo del señor Aider Enrique Triana Pérez, es decir, el a quo hizo una
interpretación irracional de la norma.
1.7. Auto que concedió el recurso de apelación
33. El Tribunal Administrativo de Córdoba, el 13 de septiembre de 2024, concedió el
recurso interpuesto21.
1.8. Actuaciones en segunda instancia
34. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del
28 de octubre de 202422, admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegaciones finales. En ese término se allegaron los
siguientes escritos:
35. Las partes demandante y demandada guardaron silencio.
36. La procuradora séptima delegada ante esta corporación rindió concepto23,
indicando que en el recurso de alzada, el demandado afirma que el tribunal no
interpretó debidamente el parentesco de que trata el artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
pues en su criterio, la inhabilidad se configura sólo en el segundo grado de
19
El magistrado Pedro Olivella Solano aclaró su voto y dijo que está de acuerdo con la decisión, pero que la redacción del artículo
43.4 de la Ley 136 de 1994, puede tener una interpretación gramatical que no permitiría aplicarla a los parientes dentro del primer
grado de consanguinidad (padres e hijos biológicos), ya que en materia de inhabilidades la interpretación debe ser restrictiva y
favorable al demandado, es decir, según el tenor literal de la norma, dicha inhabilidad cobijaría únicamente a quienes tengan
vínculos de parentesco «en segundo grado» (abuelos, nietos y hermanos) y no podría incluir a los del primer grado.
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Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «056Autoconcedeap_2023000192ConcedeApe»
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consanguinidad porque la interpretación de las inhabilidades se debe realizar de forma
taxativa, por lo que la misma no se aplica a parientes en el primer grado.
37. Dijo que en su criterio, el argumento esgrimido por el apelante no puede ser
estudiado, en la medida que no hizo parte de la controversia, garantizando así el
derecho de defensa y contradicción como componentes del debido proceso, por lo
tanto, considera que se debe confirmar la sentencia de primera instancia al no existir
argumento en el recurso de apelación que permita estudiar de fondo la decisión y/o
entrar a decidir de manera contraria.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
38. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo
dispuesto en los artículos 15024 y 152.7.a)25 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 5 de agosto de 2024, mediante la
cual declaró la nulidad de la elección del señor Jorge Antonio Triana Tamayo como
concejal del municipio de Tierralta (Córdoba) periodo constitucional 2024-2027, al
encontrar configurada la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 200026. Lo anterior, en
consonancia con los argumentos del apelante, referentes a no haberse resuelto la
excepción propuesta y al defecto sustantivo, por la interpretación extensiva que a su
juicio realizó el a quo.
40. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes tópicos:
(i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular;
(ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada; iii) las inhabilidades y su
interpretación restrictiva; iv) la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y; (v) el
caso concreto.
2.3. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular27
24
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).».
25
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…), de los concejales
del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los
municipios y distritos, (…)»
26
«ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:>
No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro
de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito; (…)»
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
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Demandado: Jorge Antonio Triana Tamayo,
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Radicación: 23001-23-33-000-2023-00192-01
41. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder
a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:
Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la
persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo.28
42. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
personas a la función pública29. Dentro de estas limitaciones encontramos el régimen
de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar que a los
cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes
negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio
por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»30.
43. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en « lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales del aspirante»31. Así mismo, en la
realización del principio democrático32 esta Sala ha reconocido que estos regímenes
tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben
desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los
aspirantes»33. También, ha indicado la jurisprudencia:
(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública,
para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen
servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.
Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos.34
44. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato 35, que unas
28
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-
03(IJ).
31
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
32
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
34
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
35
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
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veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de
la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que debe guiar la contienda política, como
las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por
parte del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio
democrático.
2.4. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada
45. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
concejales la siguiente causal:
ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley
136 de 1994 quedará así:
Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal
o distrital:
(…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; (…).
46. La Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección36 han acudido, «para efectos de
precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con carácter analógico sino a título
de referente conceptual»37, a la definición de dirección administrativa plasmada en el
artículo 190 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor literal dispone:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios
de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las
entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como
superiores de los correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no
remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente
los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o
fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades
de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las
faltas disciplinarias.
47. La Sección Quinta del Consejo de Estado38 ha aceptado que a la noción de
autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a partir
del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita obtener la
certeza que el titular de la función detenta la autonomía decisoria requerida; o mediante
el uso de un criterio orgánico que se ocupa de desentrañar, tomando como base la
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana Buitrago Valencia.
Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-
00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009.
37
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana
Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.
38
En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre
de 2020.
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ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección administrativa que la
caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando.
48. Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 200539, mediante
la cual esta Sala dispuso:
Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público implica
el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio orgánico, o
bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender que el ejercicio de
determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos
que, de conformidad con la ley, implican dirección administrativa, por ser ésta es una
manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las
funciones propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en
atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto.
(Negrilla fuera de texto)
49. Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia40 ha admitido que comportan
autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:
• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva
sede al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas
disciplinarias.
50. Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que implican
el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y cuando, las
competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí referidas, esto es,
que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad decisoria atribuida al
cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines esenciales del órgano
administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo ha advertido la Sala Plena
de esta Corporación, la autoridad administrativa es:
[…] aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes
decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad
administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una
connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa
importancia.41 (Negrilla y subrayas fuera de texto)
51. Es menester recordar que la inhabilidad prevista en la ley supone la configuración
de cuatro elementos, a saber: (i) el vínculo por matrimonio o unión permanente o
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil -
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-31-000-2003-01299-02(3657).
M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P. Rocío
Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
41
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). M.P. Darío
Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
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elemento personal-, (ii) con un funcionario que ejerce autoridad civil, política,
administrativa o militar -elemento objetivo-, (iii) durante los 12 meses anteriores a la
elección -elemento temporal-, (iv) en el respectivo municipio o distrito por el cual se
inscribe el candidato a alcalde o concejal -elemento espacial o territorial-.
52. Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo caso
se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de manera
concurrente y, de no ser así, se entenderá que no se materializó el cargo de nulidad
planteado.
2.5. Las inhabilidades y su interpretación restrictiva
53. Las inhabilidades están establecidas como aquellas condiciones especiales de
carácter objetivo que recaen sobre una persona, que limitan su acceso a la función
pública y buscan que quienes desempeñen su cargo, lo hagan bajo los criterios de
igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la
prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales42.
54. En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio profesional y
las actividades lucrativas del interesado»43.
55. Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991, dispuso que el desarrollo de
su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado por
parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el único
facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido derecho,
es el legislador44.
56. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de interpretación restrictiva que
rige en materia electoral, según el cual, no pueden aplicarse de manera genérica por
extensión ni analogía, toda vez que implican la restricción de derechos fundamentales y
políticos.
57. Sobre el tema, esta Sección reiteradamente ha indicado45:
Por lo anterior, la Sala considera que, en atención con las limitaciones a los derechos
políticos que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido que,
respecto de su aplicación, es necesario observar los criterios de interpretación restrictiva y
no la analógica o extensiva.
42
Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz,
Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
43
OSORIO CALDERIN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
44
Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado Nº 110010328000201200051-
00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00 Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo
Padilla Hernández y otros
45
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de septiembre de 2021. Expediente:
66001233300020200049903. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
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Este criterio fue reiterado, en la sentencia del 11 de julio del 201946 y retomado, entre otros,
en los fallos de 22 de abril y 5 de agosto de 202147, al indicar que “[l]a Sección Quinta ha
sido constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades implican la afectación
del derecho fundamental a la participación política, en sus modalidades de ser elegido y
acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, la interpretación de su alcance es
restrictiva48”.
Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que busca la aplicación
de la norma a casos concretos49, los jueces, al momento de determinar la ocurrencia de una
inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público, deben
limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el legislador “-por ejemplo, la
gestión de negocios-, a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v.
gr. El parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año anterior
a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las
calidades respecto de quienes se predican”50.
Esta línea de interpretación conlleva a que dichos condicionamientos se apliquen de forma
concreta a las situaciones o eventos que el constituyente y en su desarrollo el legislador,
según el caso, determinaron como circunstancias de inelegibilidad, sin que para el efecto
puedan considerarse otros distintos.
Así entonces, al momento de establecer la configuración de una inhabilidad, prima el criterio
interpretativo restrictivo, entendido en la forma como se señaló en precedencia y, de ninguna
manera, el estudio que emprenda el operador judicial puede conllevar extensiones,
analogías o interpretaciones amplias, que conlleven a la aplicación del presupuesto
normativo a situaciones diversas a las previstas por el constituyente y/o el legislador, o a
vaciar de contenido las mismas en detrimento de su eficacia.
Criterio de interpretación que se predica respecto de inhabilidades e incompatibilidades y
que busca entonces, aumentar la eficacia y vigencia de las garantías constitucionales
respecto de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, pues solamente en los eventos y bajo
las condiciones que ellas consagran, es procedente predicar su configuración, máxime si se
tiene en cuenta que, en todo caso, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades ha sido
concebido como un límite legítimo y válido a los derechos políticos, conforme al cual, si se
advierte la configuración de alguna causal, ello no conlleva a que de allí se predique la
vulneración de estas prerrogativas superiores, sino que, por el contrario, evita el
desconocimiento de los intereses superiores respecto de quienes ocupan cargos públicos.
58. Así las cosas, es claro que no resulta conforme con el ordenamiento jurídico
electoral dejar al arbitrio del operador judicial, el entendimiento de estas, pues, como se
reseñó, ellas constituyen una limitación de acceso a cargos públicos.
46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de julio de
2019. radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02.
47
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 22 de abril
de 2021. Radicación Número 15001-23-33-000-2020-00120-01 y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de
2021. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-02, M.P. Rocío Araújo Oñate.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de mayo de 2019, M.P: Carlos
Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 18001-23-33-000-2018-00194-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de
marzo de 2019, Radicación 11001-03-28-000-2018-00603-00, .P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones que se deben
verificar cuando una persona pretenda el acceso a un cargo o empleo y su relación con las causales de inhabilidad, consultar:
Consejo De Estado, Sección Quinta, sentencia Del 29 de Septiembre de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2016-00001-00 (Acumulado),
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. con respecto a la distinción entre las calidades para acceder a un cargo y las causas de
inhabilidad, consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de Marzo de 1999, Radicado 1847, M.P.
Mario Alario Méndez. Acerca del otorgamiento del aval como requisito formal para la inscripción de candidatos, consultar: Consejo
de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de diciembre de 2013, Radicación 11001-03-28-000-2013-00037-00, M.P. Alberto
Yepes Barreiro. En cuanto al principio democrático, Ver: Corte Constitucional, Sentencia de 3 de marzo de 1994, Exp. C-089, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz. acerca de la triple finalidad que cumple el requisito del aval, consultar entre otros: Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia del 11 de Julio de 2013, Rad. 60001-23-31-000-2012-00004-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto
al otorgamiento del aval y el responsable de ello, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 13 de Agosto de
2009, Radicación 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957), M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
49
Criterio acogido por la sala plena de lo contencioso administrativo en: sentencia del 29 de enero del 2019. M.P. Rocío Araújo
Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(su).
50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación número 15001-
23-33-000-2020-00120-01, sentencia de 22 de abril de 2021.
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2.6 Ineptidud sustantiva de la demanda
59. El artículo 100.5 del Código General del Proceso, aplicable al asunto de la
referencia en virtud de lo normado en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, dispone
que entre las excepciones previas se encuentra la «Ineptitud de la demanda por falta de los
requisitos formales», que se configura en dos eventos: i) por la indebida acumulación de
pretensiones y, ii) por la falta de requisitos formales de la demanda51.
60. Respecto de esta excepción, la Corporación precisó lo siguiente52:
La excepción previa denominada «Ineptitud sustantiva de la demanda» propende porque el
escrito inicial se adecúe a los requisitos legales de forma que permitan su análisis en sede
judicial, so pena de la terminación anticipada del proceso.
La referida excepción previa se configura cuando se presentan vicios de forma respecto de
la demanda, los actos o actuación enjuiciada, algunos de esos defectos encuadran en la falta
de requisitos formales de la demanda.
(…) De igual modo, el medio exceptivo encuentra vocación de prosperidad cuando no se
reúnen los requisitos previos exigidos para su estudio de admisibilidad, o, el contenido de la
demanda no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 161 a 164 y 166 de la Ley 1437 de
2011 y demás normas concordantes. (Subraya fuera del original).
61. Frente al cumplimiento de los requisitos formales, la demanda presentada en
debida forma es aquella que cumple con las exigencias señaladas en el artículo 162 del
CPACA y en el artículo 166 ibídem, y entre otros requisitos, el numeral 4 requiere que el
escrito introductor contenga los fundamentos de derecho de las pretensiones, y cuando
se trate de impugnación de un acto administrativo, se deben indicar las normas violadas
y explicar el concepto de violación, de tal forma que exista certeza sobre las razones
que sustentan el planteamiento.
2.7 Caso concreto
62. La cuestión puesta en conocimiento de esta sala, radica en que el tribunal de
primera instancia declaró la nulidad de la elección demandada, al encontrar
estructurados los elementos que configuran la inhabilidad establecida en el numeral 4
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000, pues se demostró el parentesco por consanguinidad entre el electo concejal
Jorge Antonio Triana Tamayo y el señor Aider Enrique Triana Pérez, quien fue
nombrado en propiedad en el cargo de rector de la Institución Educativa Benicio
Agudelo del municipio de Tierralta (Córdoba), en cuya condición ejerció autoridad
administrativa dentro de los 12 meses anteriores a los comicios electorales que tuvieron
lugar el 29 de octubre de 2023.
63. Contrario a lo concluido por el a quo, la parte demandada afirma que el fallador
omitió resolver la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, consistente en que
el demandante no fundamentó debidamente la pretensión de nulidad, pues lo hizo en
normas derogadas o que no le son aplicables al señor Aider Enrique Triana Pérez.
51
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Auto del 27 de septiembre de 2024. MP Pedro Pablo
Vanegas Gil. Radicación: 11001-03-28-000-2024-00061-00 (principal)-11001-03-28-000-2024-00043-00 (acumulado)
52
Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicado No. 76001-23-33-000-2013-00163-02 (1433-2017).
Reiterada en auto del 21 de agosto de 2024. Radicación: 11001-03-28-000-2024-00049-00. MP Gloria María Gómez Montoya
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Radicación: 23001-23-33-000-2023-00192-01
Asimismo, que no resulta acertada la argumentación de la providencia, comoquiera que
la interpretación restrictiva de la norma inhabilitante no permite incluir al primer grado de
consanguinidad, ya que expresamente indica que no podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal, quien tenga vínculo «en segundo grado de consanguinidad»
y en el presente asunto se está ante un parentesco en el primer grado de agnación.
64. Es pertinente advertir, que el inciso 1º del artículo 320 del Código General del
Proceso indica que «el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».
65. Además, el artículo 322 ibídem, frente a los requisitos del mencionado medio de
impugnación, dice que el apelante deberá precisar «los reparos concretos que le hace a la
decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior» y que «será
suficiente que el recurrente exprese, las razones de su inconformidad con la providencia
apelada».
66. En consonancia con lo anterior, el inciso 1º del artículo 328 del mismo estatuto
procesal, dispone que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley».
67. De conformidad con lo anterior, la competencia de la Sección en este caso se limita
a verificar si el tribunal de instancia se pronunció o no sobre el medio exceptivo
formulado por el demandado y si la interpretación que debe darse al aparte «en segundo
grado de consanguinidad» contenido en la norma inhabilitante, comprende o no el primer
grado de parentesco, en el cual se encuentran los señores Jorge Antonio Triana
Tamayo y Aider Enrique Triana Pérez.
2.7.1 Defecto sustantivo por interpretación extensiva de la norma inhabilitante
68. En consideración al argumento expuesto en el recurso de apelación, respecto a que
en virtud de la interpretación restrictiva de la norma inhabilitante, cuando esta indica
que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien tenga vínculo de
parentesco «en segundo grado de consanguinidad», es improcedente aplicarla a los
parientes que se encuentren en el primer grado.
69. Sobre este particular, se debe reseñar, que la jurisprudencia de esta alta corte, ha
sido reiterada en indicar que, aunque la norma hace referencia al segundo grado, debe
también incluirse el primero, pues, si se hace una lectura literal conllevaría a interpretar
que una persona puede ser elegida, aunque su padre, madre o hijo ejerza autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio.
70. Al respecto, esta Sección, al analizar la causal de nulidad contenida en el numeral
5º del artículo 275 del CPACA en concordancia con el numeral 5º del artículo 179
superior, frente a la elección de una congresista, cuyo hijo ejerció autoridad civil, política
y administrativa como alcalde de Montería, indicó53:
53
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero de 2019. MP Alberto Yepes
Barreiro. Radicación: 11001-03-28-000-2018-00109-00. Ver también: Consejo de Estado-Sala Tercera Especial de Decisión de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
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Demandante: Óscar David Rodríguez Rodríguez
Demandado: Jorge Antonio Triana Tamayo,
concejal del municipio de Tierralta (Córdoba) periodo 2024-2027
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00192-01
Sobre el punto, lo primero que se debe precisar es que al interpretar el numeral 5º del
artículo 179 de la Constitución, especialmente en lo que refiere a la expresión “en tercer
grado de consanguinidad”, el Consejo de Estado54 concluyó que aunque en la norma
constitucional solo se hace referencia, expresamente, al tercer grado de consanguinidad,
debe entenderse que esta incluye también el primer y segundo grado, pues de lo contrario,
una lectura literal conllevaría a la interpretación absurda, de que una persona podría ser
congresista a pesar de ser el hijo o hermano de un funcionario que ejerza autoridad civil o
política, pero no si es sobrino del mismo.
71. Para la sala, el fin último de la presente inhabilidad, es evitar que los parientes más
cercanos, puedan interferir en la libertad eleccionaria e inclinar la balanza en favor de la
candidatura de su familiar; por ello, interpretar la norma en ese sentido, le restaría
efectos jurídicos, por cuanto resultaría ineficaz la protección pretendida con ella.
72. Se recuerda que dicha causal de inelegibilidad, promueve un sistema democrático
transparente evitando aquellas prácticas constitutivas de nepotismo. Bajo esa
perspectiva, pretende que los servidores investidos de autoridad no puedan usar su
posición para favorecer intereses de su núcleo familiar de modo que el principio de
imparcialidad impida (i) empeñar el proceso electoral o (ii) comprometer el derecho a la
igualdad de oportunidades de los candidatos para acceder al ejercicio de funciones y
cargos públicos55.
73. Por ello, la lectura que propone la parte demandada, haría nugatorio el fin en que
se sustentó el legislador al establecer la presente limitación al acceso de cargos por
voto popular, ya que permitiría «el apoyo indebido [que] genere un desbalance en el contexto
político electoral. De esta forma se pretende que el éxito electoral sea “el fruto de un capital
electoral propio” y no de uno “endosado” ajeno al propósito de “consolidar un proyecto
ideológico o político”56».
74. Por lo expuesto, corresponde al operador judicial al momento de decidir lo
correspondiente al elemento personal de la inhabilidad analizada, incluir el primer grado
de consanguinidad, bajo el entendido que es apenas lógico concebir que cuando el
legislador previó que la inhabilidad se configura frente a parientes en el segundo grado
de consanguinidad, el mismo comprende aquellos que se ubiquen en grados anteriores,
es decir, como el nexo que se alega existe entre los señores Jorge Antonio Triana
Tamayo y Aider Enrique Triana Pérez, que se ubica en el primer grado, por lo que no
cabe duda que este factor se cumple en el asunto bajo análisis.
75. En razón a lo anterior, se impone confirmar la decisión recurrida en cuanto hace al
cargo de indebida interpretación normativa.
2.7.2 Omisión en la resolución de la excepción previa de ineptitud sustantiva de la
demanda
Pérdida de Investidura. Sentencia del 9 de marzo de 2023. MP Wilson Ramos Girón. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03430-00
// 11001-03-15-000-2022-04444-00 (Acumulado)
54
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de enero de 1998, exp. AC-5397, C.P. Ricardo
Hoyos Duque.
55
Corte Constitucional, sentencia SU 207 de 2022. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de junio de 2009, número
interno 2007-00376.
56
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, número interno 2008- 00014.
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Demandante: Óscar David Rodríguez Rodríguez
Demandado: Jorge Antonio Triana Tamayo,
concejal del municipio de Tierralta (Córdoba) periodo 2024-2027
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00192-01
76. En el trámite de primera instancia, el magistrado sustanciador, en auto del 28 de
febrero de 202457, al resolver las excepciones formuladas, advirtió sobre la de ineptitud
sustantiva de la demanda, que «la sustentación de la misma, se enfoca en un asunto de
fondo, dado que estima que la normativa invocada en la demanda, esto es, el Decreto 4791 de
2008, se encuentra derogada, o en su defecto no le es aplicable al señor Aider Enrique Triana
Pérez -rector de una institución educativa-, y respecto de quien se alega la existencia de un
vínculo por consanguinidad con el demandado. En ese orden de ideas, la excepción en
comento, deberá ser analizada también al momento de fallar».
77. Ahora bien, en la decisión que puso fin a la instancia, el a quo sustentó el ejercicio
de autoridad administrativa que se alegó frente al señor Aider Enrique Triana Pérez, en
el contenido de la Resolución 3842 del 18 de marzo de 202258, así como en el Decreto
1075 de 201559, para indicar que el cargo de rector que aquel ocupa, dentro de sus
funciones, contempla la de administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos
asignados; dirigir la prestación de los servicios docentes y el ejercicio del control del
cumplimiento de las funciones correspondientes, reportar las novedades,
irregularidades y los permisos del personal a cargo; realizar la evaluación anual del
desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo y ejercer
sobre ellos la potestad disciplinaria atribuida y además, es el ordenador del gasto por
ser quien administra el citado fondo.
78. Es decir, para el fallador de instancia, las normas alegadas, una vez analizadas, si
se predicaban para resolver el caso concreto, por ello, no se advierte que haya omitido
pronunciarse sobre este aspecto, dado que su desconocimiento fue la razón de su
decisión para anular el acto demandado.
79. Adicionalmente, si bien en la parte considerativa de la decisión apelada no se indicó
expresamente que la excepción no saldría avante, sí lo hizo en su parte resolutiva
cuando en el numeral quinto dispuso: «Declarar imprósperas las excepciones propuestas
por el demandado Jorge Antonio Triana Tamayo, conforme se motivó.», es decir, encontró
que tales preceptos normativos60 eran las normas que debían respetarse por quien
pretendía aspirar al cargo de elección popular y por ello, procedió a contrastarlas con el
acto demandado y con las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso.
80. Por lo expuesto, este reparo, no tiene vocación de prosperidad, máxime que en él
no se puso en entredicho la fundamentación tenida en cuenta por el fallador de primer
grado para llegar a la aludida conclusión.
81. Por manera que, al no encontrar que los fundamentos de la apelación propuestos
en el recurso de apelación tengan la entidad para modificar o revocar la sentencia
impugnada, resulta procedente confirmar la decisión de primera instancia, mediante la
cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
57
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «021AUTORESUELVEE_23192OSCARRODRIGUEZV»
58
«Por la cual se adopta el nuevo Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para Directivos Docentes y Docentes del
Sistema Especial de Carrera Docente y se dictan otras disposiciones»
59
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación»
60
Resolución 3842 del 18 de marzo de 2022 y el Decreto 1075 de 2015
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
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Demandante: Óscar David Rodríguez Rodríguez
Demandado: Jorge Antonio Triana Tamayo,
concejal del municipio de Tierralta (Córdoba) periodo 2024-2027
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00192-01
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba- Sala Cuarta de Decisión el 5 de agosto de 2024, mediante la cual se accedió
las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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