Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2024-00185-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2024-00185-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 23001-23-33-000-2024-00185-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
Demandados: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social1 y
Universidad de Córdoba
Temas: Derechos al debido proceso y educación / Incumplimiento con el
pago del programa Renta Joven
Decisión: Confirmar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el DPS y la Universidad de Córdoba,
en contra de la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
Daniel David Martínez Avilez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y educación, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la falta de pago de los periodos 2024-1 R1 y
2024-1 R2 del programa de Renta Joven, de acuerdo con el contenido de la
Resolución 00137 de 20243 y el Decreto 1960 de 20234.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Mediante la Resolución 00137 de 2024, el DPS estableció las reglas de entregas
monetarias a las Instituciones de Educación Superior, entre ellas la Universidad de
1 En adelante DPS
22 Ver índice 2 de Samai del expediente 23001233300020240018501, actuación denominada
«3ED_2Demandapdf(.pdf) NroActua 2»
3 Por medio de la cual se reglamenta el programa renta joven y el régimen de transición que aplica
para los participantes de jóvenes en acción
4 Por medio del cual se modifican los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se
incorporan las transferencias monetarias al Sistema de Transferencias creado por la Ley 2294 de
2023
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
Córdoba.
ii) A la fecha, a la Universidad de Córdoba no se le ha realizado ningún desembolso
correspondiente al año 2024, pese a que se publicó un calendario con fechas para
ello, las cuales eran en agosto o septiembre, el cuarto ciclo, correspondiente al pago
de 2024-1, y del 18 de octubre al 1 de noviembre siguiente, para el quinto ciclo,
donde se pagaría el segundo reporte del primer semestre.
iii) Presentó petición de cumplimiento ante el DPS, quien respondió que existió una
inconsistencia académica por parte de la Universidad de Córdoba, que impidió la
entrega de los incentivos. Respuesta que posteriormente fue adicionada,
consecuencia de una solicitud de tutela.
iv) Se vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que a la fecha no se le ha
realizado ninguna transferencia económica y, se pretendió pagar en octubre lo
correspondiente a 2024-1 R1, mientras que a otras universidades se les realizó el
pago 2024-1 R2, con lo que se desconoció el objeto del decreto que es la inclusión
económica de la población joven en situación de pobreza.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] ORDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL y a la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CUMPLIR con la Resolución 00137 de
2024 del 25 de enero de 2024, “Por medio de la cual se reglamenta el programa renta
joven y el régimen de transición que aplica para los participantes de jóvenes en acción” y
el Decreto 1960 de 2023, (Noviembre 15) “Por medio del cual se modifican los programas
Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se incorporan las transferencias monetarias al
Sistema de Transferencias creado por la Ley 2294 de 2023.”
Y en consecuencia,
ORDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
y a la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, coordinar lo necesario para que se realicen los dos
pagos 2024-1 R1 y 2024-1 R2, antes de finalizar el Quinto Ciclo el 2 de noviembre de
2024 […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La Universidad de Córdoba5 manifestó que las fechas de cargue de
información de estudiantes matriculados en cada periodo académico en la
plataforma del DPS son programados por esa entidad, y para ello se debía esperar
que finalizaran el proceso de matrícula para que quedaran todos reportados; cuya
fecha establecida fue del 22 al 26 de julio de 2024, por lo que realizó la gestión el día
24.
5 Ver índice 2 de Samai del expediente 23001233300020240018501, actuación denominada
«13ED_10ContestacionUniver(.pdf) NroActua 2»
2
Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
La consulta de la base de datos tuvo un error en cuanto a que el número de periodos
matriculados de cada estudiante no aumentó, por lo que coincidió la información del
2024-1 con la del 2023-2 referente a 7.772 estudiantes, inconsistencia que solo fue
reportada por el DPS el 22 de agosto de 2024, por lo que procedió a hacer la
corrección en las fechas en que se volvió a habilitar la plataforma, esto es, el 13 de
septiembre de 2024; así, el 22 de octubre siguiente la entidad notificó la liquidación
del beneficio Renta Joven.
Respecto a la situación particular del demandante, refirió que figura como
beneficiario en la plataforma del DPS y se le han consignado todos los periodos
desde el 2023, lo cual da cuenta que se realizaron los desembolso a todos los
estudiantes que cumplen los requisitos, sin perjuicio de los retrasos presentados.
1.2.2. El DPS6 solicitó que se declarara improcedente la tutela o, en su defecto, se
negara la petición de amparo, ante la inexistencia de vulneración de derecho
fundamental alguno, pues, la petición radicada por el demandante el 2 de septiembre
de 2024 fue atendida mediante el oficio S-2024-4414-0513278 del 6 de septiembre
de 2024, notificado el día 9 siguiente a través del correo electrónico
danielmartinezavilez2@gmail.com, donde se le indicaron las condiciones del
programa y las razones que influyeron en el desembolso del incentivo.
Por otra parte, tampoco se cumplió con el requisito de subsidiariedad por cuanto la
verdadera intención del demandante es, a través del amparo el derecho de petición,
cuestionar el contenido de la respuesta ofrecida.
Sin perjuicio de lo anterior, concluyó que se configuró una carencia de objeto por
hecho superado por el actual estado del demandante en el programa Renta Joven,
quien es beneficiario y pudo retirar su incentivo de matrícula del 2024-1 el 25 de
octubre de 2024, según se le informó mediante la comunicación electrónica S-2024-
1407-0563810 de la misma fecha.
1.3 Sentencia de primera instancia7
El Tribunal Administrativo de Córdoba en sentencia del 13 de noviembre del 2024
tuteló los derechos fundamentales a la educación y debido proceso del demandante,
como beneficiario del programa Renta Joven de la Universidad de Córdoba, por lo
que ordenó a las demandadas desplegar los trámites administrativos pertinentes
para que se le realicen los pagos correspondientes al segundo semestre 2024, y se
le fijaran e informaran las fechas para hacer efectivos dichos pagos, sin que ello
supere el mes de diciembre del 2024.
Refirió en cuanto al objeto del programa, que dicho beneficio se adoptó como una
estrategia para facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior, por lo
que, el retardo en su entrega resulta ser una amenaza al derecho a la educación.
6 Ver índice 29 de Samai del expediente 23001233300020240018500, actuación denominada
«6_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAACCIONDE(.pdf) NroActua 29»
7 Ver índice 2 de Samai del expediente 23001233300020240018501, actuación denominada
«5ED_4Sentenciapdf(.pdf) NroActua 2»
3
Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
Que, a través de llamada telefónica, Daniel David Martínez manifestó que el DPS el
8 de noviembre de 2024 realizó el pago correspondiente al reporte 2024-1 R2, sin
embargo, no se efectuó el desembolso del segundo semestre 2024, por lo que se
configuró un retraso conforme al calendario de pagos 2024.
1.4. Escrito de impugnación8
El DPS impugnó la decisión del a quo por inexistencia de vulneración de los derechos
invocados, bajo los siguientes argumentos:
La universidad no cumplió en debida forma sus compromisos, referente a reportar la
información para el periodo de verificación, la cual es el insumo principal para
entregar los incentivos, por lo que, las órdenes que se le atribuyan deberían ser
condicionadas a las actuaciones de la Universidad de Córdoba.
El programa solo permite la revisión de la información reportada al 31 de diciembre
del 2024 correspondiente al segundo semestre del año en curso, por lo que es
posible realizarlo en el primer semestre del 2025, pero, según la página web la
Universidad de Córdoba, se encuentra en proceso de reporte de subsanación de
matrícula 2024-1.
Respecto al derecho de petición elevado por el demandante el 2 de septiembre de
2024, la entidad otorgó respuesta de fondo el 6 de septiembre de 2024, con
notificación electrónica del día 9 siguiente, por lo que se surtió el trámite en
cumplimiento de los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.
Se encontró ante una orden de imposible cumplimiento, ya que no se puede someter
a un funcionario público a omitir y extralimitar sus funciones, y más, cuando se
afectan recursos de la Nación, pues, la tutela no es la vía para solicitar la inclusión
en programas sociales que tienen unos criterios de focalización que se deben de
cumplir.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la solicitud de tutela
• el derecho de petición; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la
Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que «[…] Presentada
8 Ver índice 2 de Samai del expediente 23001233300020240018501, actuación denominada
«6ED_5Impugnacionpdf(.pdf) NroActua 2»
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Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente […]», esta Sala es competente para conocer de
la impugnación contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba.
2.2. Procedencia de la solicitud tutela
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo de
defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos
por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y
único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la
tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo
ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos
u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.2.1. Derechos al debido proceso y educación
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además del derecho
a acceder a una respuesta judicial o administrativa, ello se debe producir en un plazo
adecuado.
La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la definición
de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento; de otra
forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de cada
funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso efectivo sino los bienes que
se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas las personas
que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica a las
controversias sociales.
Al respecto, referente al debido proceso administrativo la Corte Constitucional9 se ha
manifestado en el siguiente sentido:
«[…] si bien una de las características más destacadas del orden constitucional adoptado
en 1991 es la extensión de las garantías del debido proceso a toda actuación
administrativa, también ha señalado la Corte que su extensión y aplicación no es idéntica
9 Sentencia C-034/14. M.P. María Victoria Calle Correa
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Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
a la que se efectúa en el ámbito judicial. Como se indicó en los fundamentos normativos
de esta providencia, ello obedece a dos razones:
6.1. La primera es que el debido proceso judicial se encuentra ligado a la materialización
de los derechos, la protección de la Constitución o de la ley; en tanto que la actuación
administrativa atañe al adecuado ejercicio de funciones públicas de diversa naturaleza
para la satisfacción de los intereses de toda la comunidad. Por ello, también ha
puntualizado la Corte, la segunda debe ceñirse a la vez a los artículos 29 y 209,
Superiores.
Además, (6.2.) los procesos judiciales deben otorgar una respuesta definitiva a los
conflictos sociales, en tanto que las actuaciones administrativas son susceptibles de
control ante la jurisdicción. Por ello, aunque el debido proceso se aplica en toda actuación
administrativa o judicial, en el primer escenario ocurre bajo estándares más flexibles para
asegurar la eficiencia, eficacia, celeridad y economía por parte de la Administración […]»
Asimismo, el artículo 67 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a la educación, el cual, además, tiene la connotación de servicio público con
función social, en el que la sociedad, la familia y el Estado tienen la responsabilidad
de garantizarlo, y este último, además, debe regular y ejercer su inspección y
vigilancia en pro de su calidad y la permanencia en el sistema educativo.
En tal sentido se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-376 de 201010:
«[…] Prohijando los criterios de interpretación que le provee la doctrina nacional e
internacional ha señalado que: “la educación comprende cuatro dimensiones de
contenido prestacional: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede
resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones
educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema
educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e
invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad,
que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de
igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y
facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii)
la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las
necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la
prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la
educación que debe impartirse […]
Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿las entidades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales de Daniel David Martínez Avilez con ocasión del incumplimiento con
los pagos de los beneficios derivados del programa Renta Joven para el periodo
2024?
10 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia que decidide la demanda de inconstitucionalidad contra
el artículo 183 de la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”.
6
Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
El DPS adujo falta del requisito de subsidiariedad, al considerar que la verdadera
intención del demandante es cuestionar el contenido de la respuesta ofrecida, sin
embargo, dicho argumento no tiene vocación de prosperidad en la medida que lo
que se discute acá no es la ausencia de respuesta a una solicitud, sino la falta de
cumplimiento con el pago del programa de Renta Joven.
Razón por la que la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la
solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. El caso concreto
Daniel David Martínez Avilez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara a las entidades
demandadas coordinar lo necesario para que se realicen los dos pagos dl programa
Renta Joven, 2024-1 R1 y 2024-1 R2. Al respecto, de las pruebas obrantes en el
expediente, se encuentra acreditado que:
• El DPS mediante la Resolución 00137 del 25 de enero de 2024 reglamentó el
programa Renta Joven, y el régimen de transición que aplica para los participantes
de Jóvenes en Acción:
• Cuya finalidad se encuentra en el artículo 5, así:
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Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
«[…] Renta Joven. A partir del 01 de enero de 2024, el programa Jóvenes en Acción se
incorporará al Sistema de Transferencias, se denominará Renta Joven y su objetivo será
contribuir a la inclusión social y económica de la población joven en situación de pobreza
y vulnerabilidad, mediante la entrega de transferencias monetarias, así como, la
implementación de estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la educación
superior, y la consolidación de trayectorias de vida.
PARÁGRAFO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social coordinará las
acciones necesarias con entidades del orden nacional y territorial para la implementación
de la Renta Joven […]».
• La transferencia monetaria por periodo académico sería la siguiente:
• El 30 de agosto y 2 de septiembre de 2024, Daniel David Martínez Avilez presentó
peticiones ante las demandadas con la finalidad de que se realizara «los pagos de
RENTA JOVEN correspondientes a 2024-1; 2024-2, conforme a las obligaciones dictadas
en Resolución 00137 de 2024», como se evidencia:
• El DPS mediante Oficio S-2024-4414-0513278 del 6 de septiembre de 2024, al
respecto le informó:
«[…] Es importante aclarar que, antes de generar la entrega de Transferencias
Monetarias Condicionadas –TMC-, el programa realiza la liquidación con base en la
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Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
información reportada por el joven y por la Institución Educativa –IE- en la cual se
encuentra estudiando.
Ahora bien, es importante informar que para el ciclo de liquidación y entrega de incentivos
que se esta llevando a cabo del 29 de agosto al 12 de septiembre del año en curso, la
Universidad de Córdoba le correspondió realizar verificación de matrícula del primer
periodo académico de 2024, pero al validar la información reportada por la Institución
Educativa -IE- se corroboró que usted se encontraba en su matrícula número 5, que es
igual a la reportada en la verificación de matrícula del segundo periodo académico de
2023.
Así pues, la anterior situación se ha configurado como una inconsistencia académica que
impide la entrega de incentivos, ya que en cada reporte correspondiente a la verificación
de compromisos de matrícula el número de periodos académicos debe aumentar y no
disminuir o continuar en el mismo número, por lo que, si tiene alguna duda frente a la
información reportada, deberá validar directamente con el bienestar universitario de su IE
[…].» [sic]
• Respuesta frente a la cual interpuso solicitud de tutela por no ser de fondo y resultar
incompleta, la cual conoció el Juzgado Primero Penal del Circuito, bajo el radicado
23001310400120240009700, quien tuteló su derecho fundamental de petición. En
cumplimiento de dicha orden, el DPS expidió el Oficio S-2024-4414-0533026 del 27
de septiembre de 2024.
• La Universidad de Córdoba mediante correo electrónico del 23 de septiembre de
2024 otorgó respuesta a los 4 interrogantes planteados en el derecho de petición del
demandante, como se evidencia:
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Demandante: Daniel David Martínez Avilez
Ahora bien, según la información suministrada por parte de las entidades
demandadas, el demandante ostenta la calidad de beneficiario de la oferta social en
calidad de estudiante de derecho en la Universidad de Córdoba, como se observa a
continuación:
Incentivo económico respecto del cual ha recibido los siguientes desembolsos:
Respecto de los pagos objeto de discusión, según la información contenida en la
página web del DPS, el calendario de pago sería el siguiente:
Sin embargo, se observa que la Universidad de Córdoba realizó el cargue en la base
de datos REPORTE R1 de 2024-1 el 24 de julio de 2024, respecto de lo cual se
reportó un error, pues, el número de periodos matriculados de cada estudiante no
aumentó, lo que evidenció que el dato reportado fue idéntico a aquel del periodo
2023-2, así:
10
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Demandante: Daniel David Martínez Avilez
Frente a lo cual, la Universidad de Córdoba realizó las gestiones de corrección una
vez se le habilitó nuevamente la plataforma, esto es, del 13 hasta al 16 de septiembre
de 2024, según lo demuestra el mensaje de confirmación:
En ese sentido, sin desconocer lo expuesto en el escrito de impugnación, referente
a que según la revisión de los ciclos publicados en la página web de la entidad, la
Universidad de Córdoba para el ciclo 5º, se encontraba en «proceso de reporte de
subsanación de matrícula 2014-1», y que el reporte de la información correspondiente
al segundo semestre del 2024 se realizará en el primer semestre del 2025, lo cierto
es que para la Sala no existe una razón para justificar dicha mora, en el entendido
que ello podría constituir que al demandante le fuera desembolsado el pago
correspondiente al periodo 2024-2 hasta junio de este año, cuando el deber ser era
que al finalizar el año, debían estar los correspondientes pagos11:
11 Visible en https://subsidio.com.co/jovenes-en-accion/cronograma-renta-joven/
11
Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
A juicio de la Sala si bien no se trata de sobrepasar instancias administrativas ni
procedimientos internos, lo cierto es que la demora con los pagos se ocasionó en
virtud de trámites interadministrativos entre las demandadas, los cuales fueron
subsanados de manera tardía, sin que sea admisible imputarle tales demoras al
estudiante un semestre más, por lo que es procedente el amparo invocado.
Al respecto la Corte Constitucional12 ha precisado:
«[…] Con fundamento en ello, la Corte ha considerado que la negativa a otorgar los
auxilios cuando el estudiante cumple con los requisitos vigentes al momento de la
adjudicación, desconoce no solo la garantía constitucional a la educación, en tanto la
ausencia en su reconocimiento puede truncar la continuidad de los estudios, sino que
puede afectar el derecho al debido proceso, puesto que defrauda la confianza que los
ciudadanos han depositado en la autoridad pública, de conformidad con la cual aquella
actuará según los actos que ha proferido en el pasado […]».
3. Conclusión
En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de tutelar los derechos
fundamentales a la educación y debido proceso de Daniel David Martínez Avilez, en
la solicitud de amparo presentada contra el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y la Universidad de Córdoba.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante la cual tuteló los derechos fundamentales a la
educación y debido proceso de Daniel David Martínez Avilez, en la solicitud de
amparo presentada contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y la Universidad de Córdoba, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
12 Sentencia T-469/19 del 9 de octubre de 2029. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
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Radicado: 23001233300020240018501
Demandante: Daniel David Martínez Avilez
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro
de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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