Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2024-00195-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2024-00195-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 23001-23-33-000-2024-00195-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
27 de marzo de 2025
Radicado: 23001-23-33-000-2024-00195-01
Demandante: Jaime José Pereira González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 23001-23-33-000-2024-00195-01
Demandante: JAIME JOSÉ PEREIRA GONZÁLEZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Derechos fundamentales a la seguridad personal, privacidad y
libertad de locomoción. Falta de cumplimiento de requisito general
de subsidiariedad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 31 de enero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que resolvió:
«PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor
Jaime José Pereira González, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la
presente providencia.
SEGUNDO: EXHORTAR a la Secretaría Salud del Municipio de Montería para que realice
visita al señor Jaime José Pereira González y a su grupo familiar, con acompañamiento
médico, de trabajo social y con los profesionales que considere pertinentes, y si es del
caso, solicite la colaboración de su EPS (según consulta en ADRES -Salud Total EPS-, o
la que corresponda), ello, para que haga la evaluación que considere adecuada y facilite
los servicios profesionales que eventualmente requiera el accionante.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 31 de octubre de 2024, la parte actora interpuso «acción popular» contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada y la Policía Nacional de Colombia por estimar
vulnerados los derechos «colectivos» a la seguridad personal, privacidad y libertad de
locomoción. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«2. Se ordene la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas con la Red
de Apoyo Ciudadano, que impliquen la participación de ciudadanos comunes en labores
de seguimiento, vigilancia o constreñimiento a otros ciudadanos.
3. Se ordene a las entidades demandadas revisar, reformar o desmantelar la Red de
Apoyo Ciudadano en su configuración actual, adoptando mecanismos transparentes y
legalmente acordes con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
4. Se ordene a las entidades demandadas garantizar la reparación integral a las personas
que han sido afectadas por estas prácticas ilegales, incluyendo medidas de compensación
y garantías de no repetición.».
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Demandante: Jaime José Pereira González
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Jaime José Pereira González señaló que, mediante Decreto 3222 del 27 de
diciembre de 2002, el Gobierno Nacional creó la Red de Apoyo y Solidaridad
Ciudadana con el propósito de fomentar la cooperación entre la ciudadanía y las
fuerzas de seguridad del Estado, con miras a mejorar la seguridad pública en el país.
Dicho mecanismo se concibió como un sistema de colaboración voluntaria y
coordinada, sin que ello implicara el ejercicio de funciones propias de la autoridad
policial o estatal.
Afirmó que, pese a su concepción inicial, la Red de Apoyo ha sido utilizada de manera
inadecuada, ha permitido que ciudadanos y empresas, sin la debida supervisión
estatal, asuman funciones policiales. Además, que dicha situación ha derivado en un
uso descontrolado del mecanismo, generando escenarios de hostigamiento, vigilancia
y persecución injustificada en contra de ciudadanos.
Manifestó que ha sido objeto de seguimientos, hostigamientos y restricciones en su
derecho a la libertad de locomoción por parte de personas no identificadas, quienes,
amparadas en la supuesta cooperación con la Red de Apoyo, han afectado su
privacidad y su tranquilidad.
Al respecto, narró que es víctima de un seguimiento permanente y sistemático, pues
es constantemente perseguido por personas no identificadas, que se transportan en
bicicleta, a pie, en motocicletas y en vehículos particulares y públicos con vidrios
oscuros.
Por lo que ha visto limitada su movilidad personal, debido al temor generado por estos
hechos. De ahí que, sus salidas se han reducido al mínimo necesario, al punto de
sentirse inseguro incluso en su propia vivienda.
Manifestó que es observado y vigilado constantemente en actividades cotidianas,
incluyendo cuando realiza compras en supermercados, asiste a su EPS y circula por
lugares públicos en la ciudad.
Señaló que algunos empleados de estas empresas de servicios públicos domiciliarios
manipulan malintencionadamente el registro de los medidores de servicios públicos,
incrementando indebidamente los valores facturados, lo que considera parte de una
estrategia para forzarlo a abandonar su residencia.
Anotó que fotografías suyas han sido tomadas sin su consentimiento.
Advirtió que existe interceptación y manipulación indebida de su correspondencia por
parte de terceros asociados a la vigilancia comunitaria.
3. Argumentos de la acción de tutela
Alega que las irregularidades y hostigamientos a los que ha sido sometido por
integrantes de la Red de Apoyo y Solidaridad han sido puestas en conocimiento de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, la Superintendencia de
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Vigilancia y Seguridad Privada y la Policía Nacional, sin que hasta la fecha se hayan
adoptado medidas efectivas para evitar la continuidad de tales hechos. Para sustentar
dicha afirmación, aportó las solicitudes radicadas ante dichas entidades.
Aunado a lo anterior, resaltó que, a pesar de haber elevado denuncias formales ante
las autoridades competentes, incluyendo una declaración juramentada ante la Fiscalía
44, Unidad de Intervención Temprana, bajo el número único de caso (NUC)
230016099050202313021, las entidades demandadas y la Fiscalía General de la
Nación no han desplegado acciones concretas para investigar y cesar la afectación
de sus derechos.
Indicó que sus denuncias han sido archivadas debido a la falta de asignación de
investigadores, lo que, a su juicio, constituye una vulneración grave a sus derechos
fundamentales y los de la comunidad.
4. Trámite previo
El 28 de octubre de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo de Montería remitió por
competencia el asunto al Tribunal Administrativo de Córdoba con fundamento en el
numeral 14 del artículo 152 del CPACA, pues las entidades accionadas son del orden
nacional.
El 17 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Córdoba determinó que el caso
debía tramitarse como una acción de tutela, al advertir que, del análisis del escrito
inicial y de los anexos aportados como prueba, se desprendía que el señor Pereira
González solicitaba la protección de sus derechos fundamentales y no la defensa de
derechos de carácter colectivo.
En consecuencia, el Tribunal admitió la acción de tutela interpuesta por el señor
Pereira González contra la Presidencia de la República de Colombia, el Ministerio de
Defensa Nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Policía
Nacional de Colombia. Además, dispuso la notificación del auto admisorio a las
entidades accionadas.
5. Oposiciones
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, porque ni de los hechos ni de las pretensiones de
la acción se desprende una acción u omisión atribuible a esa entidad que haya
generado la vulneración de derechos fundamentales del accionante.
Explicó que su competencia se limita al control, inspección y vigilancia de los servicios
de seguridad privada, mientras que la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASCI)
es una estrategia liderada y coordinada exclusivamente por la Policía Nacional, según
lo establecido en el Decreto 3222 de 2002.
Informó que el 13 de agosto de 2024, el accionante elevó solicitud de información
sobre la RASCI, la cual fue respondida mediante Radicado 2024008942CE el 3 de
septiembre de 2024, en el sentido de indicar que dicha red es gestionada por la Policía
Nacional. En esa respuesta se detalló que el funcionario responsable en la ciudad de
Montería de dicha red es el intendente jefe Jorge Luis Lemus Urbina. De modo que,
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estaba demostrado que el accionante tenía conocimiento de la falta de competencia
de la Superintendencia en relación con los hechos denunciados.
Enfatizó que su rol frente a la RASCI se limita a expedir instructivos generales para su
operación, sin que tenga injerencia en la coordinación, ejecución o control de esta.
Por lo tanto, señaló que no es responsable de los presuntos actos de hostigamiento,
vigilancia o persecución alegados por el accionante, ni de la decisión de archivo de
las denuncias por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, anexó como pruebas documentales la respuesta a la solicitud del
accionante (Radicado No. 20241300117271CS del 3 de septiembre de 2024), el
Decreto 3222 de 2002, la Circular 20221500000185 de 2022 y el Decreto 2355 de
2006, con el fin de sustentar su falta de competencia en el caso objeto de estudio.
La Policía Metropolitana de Montería solicitó que se niegue el amparo solicitado,
debido a la existencia de cosa juzgada, la falta de vulneración de derechos
fundamentales y la improcedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial.
Sostuvo que la acción de tutela interpuesta por el accionante carece de vocación de
prosperidad, porque existe un fallo previo sobre los mismos hechos. Precisó que el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Montería, mediante sentencia del 2 de
diciembre de 2024, declaró la improcedencia de una tutela anterior promovida por el
mismo accionante, bajo el radicado 23001310500420241002400, en la que alegó
hechos idénticos. Asimismo, informó que dicha decisión se encuentra en trámite de
impugnación ante el Tribunal Sala Civil Familia Laboral de Córdoba, bajo el radicado
23001310500420241002401, lo que, a su juicio, configura el fenómeno de cosa
juzgada constitucional. Además, resaltó que la interposición simultánea de acciones
de tutela con la misma pretensión puede ser considerada actuación temeraria,
prohibida por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
En atención al referido fallo de tutela, solicitó que se vincule al presente trámite al
Tribunal Superior de Córdoba, Sala Civil - Familia - Laboral, para que se pronuncie
sobre el presente proceso, con el fin de evitar decisiones contradictorias.
Señaló que el accionante ha presentado múltiples peticiones y quejas desde el año
2021, en las que denuncia presunta persecución y hostigamiento. Sin embargo, en
cada una de ellas se le ha brindado respuesta, lo que deja en evidencia la falta de
fundamento en sus afirmaciones. Destacó que en ningún momento se han identificado
actos de persecución institucional contra el accionante y que, por el contrario, se ha
solicitado la intervención de la Secretaría de Salud de Montería para evaluar su
estado, en consideración a la recurrencia de sus denuncias infundadas.
Resaltó que cursa un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación, identificado
con el SPOA 230016099102202417088, en el cual el accionante figura como víctima
por el delito de constreñimiento ilegal. Al respecto, mencionó que dicho proceso se
encuentra en etapa de investigación. Por lo tanto, reiteró que la tutela no es el
mecanismo idóneo para resolver el presente asunto.
Advirtió que, tras la verificación de los registros internos, la Policía Metropolitana
confirmó que el accionante no ha hecho parte de la Red de Apoyo y Solidaridad
Ciudadana (RASCI), ni ha sido objeto de medidas correctivas o disciplinarias por parte
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de la institución. Indicó que el accionante ha formulado denuncias contra diversos
actores, incluyendo operadores de servicios públicos y vecinos, sin que exista
evidencia de hechos que soporten sus afirmaciones.
Como soporte de su contestación, la entidad adjuntó diversas comunicaciones
oficiales emitidas en respuesta a las quejas del accionante desde 2021 hasta 2024, la
sentencia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Montería, documentos de
verificación interna sobre la RASCI y la consulta del proceso penal en curso ante la
Fiscalía General de la Nación.
La Presidencia de la República alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales del accionante.
Explicó que sus funciones, conforme al Decreto 2647 de 2022, se limitan a la
coordinación y apoyo en la gestión gubernamental, sin competencia en materia de
vigilancia y seguridad ni en la investigación de presuntas irregularidades en el
funcionamiento de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASCI).
Indicó que el accionante radicó una petición ante la Presidencia de la República bajo
el número EXT23-00145484, la cual fue remitida a la Policía Nacional y a la
Procuraduría General de la Nación, conforme con el artículo 21 de la Ley 1755 de
2015, que, permite a las entidades públicas reenviar peticiones a la autoridad
competente. Además, que ese trámite fue notificado al peticionario mediante Oficio
OFI23-00193993 del 17 de octubre de 2023, por lo que no existe vulneración alguna
del derecho de petición ni de otro derecho fundamental.
Señaló que las denuncias por el presunto hostigamiento, vigilancia y persecución
deben ser tramitadas ante la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para
adelantar investigaciones penales, según lo establecido en el artículo 250 de la
Constitución Política.
Adjuntó los documentos que acreditan la remisión de la petición del accionante a la
Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación.
6. Intervención adicional de la parte actora
El señor Jaime José Pereira González presentó oposición a la contestación de la
Presidencia de la República, con fundamento en los siguientes argumentos:
Anotó que el Presidente de la República, en su calidad de «Comandante Supremo de
la Policía Nacional», tiene la obligación de supervisar y garantizar que dicha institución
cumpla adecuadamente sus funciones, conforme con el artículo 189 de la Constitución
Política. Sobre el particular, señaló que, pese a sus reiteradas quejas, la Presidencia
se limitó a remitirlas a la Policía Nacional, sin adelantar una investigación
independiente para determinar si la entidad policial ha distorsionado los objetivos del
programa Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC).
Afirmó que ha sido víctima de hostigamiento y constreñimiento por parte de
ciudadanos y empresas públicas y privadas, quienes, bajo el programa MNVCC, han
realizado seguimientos constantes, afectando sus derechos a la intimidad, seguridad
personal y libre locomoción. Indicó que el modelo fue diseñado para promover la
seguridad comunitaria por medio de la interacción directa entre la Policía y los
ciudadanos, pero que en la práctica se ha desviado de su propósito original, en cuanto
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permite que ciudadanos y empresas privadas actúen como extensiones de la Policía
Nacional en labores de vigilancia.
Para sustentar su reclamación, el accionante solicitó la práctica de las siguientes
pruebas: (i) informe detallado de la Presidencia de la República sobre las acciones
realizadas en respuesta a sus denuncias y las medidas adoptadas para investigar las
presuntas irregularidades; (ii) documentación oficial del programa MNVCC, con la
inclusión de directrices emitidas por la Policía Nacional y detalles sobre su
implementación; (iii) testimonios de otros ciudadanos afectados, que evidencien la
distorsión del programa y la vulneración de derechos fundamentales.
7. Sentencia de primera instancia
El 31 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia
de primera instancia en la que negó las pretensiones de la acción de tutela con
fundamento en los siguientes argumentos:
En primer lugar, evaluó si en el caso concreto se configuraba la cosa juzgada, debido
a la existencia de una acción de tutela previa, con radicado 2024-10024-00,
presentada por el mismo accionante ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Montería, cuya sentencia de primera instancia, proferida el 2 de diciembre de 2024,
declaró la improcedencia del amparo constitucional.
Para ello, evaluó si existía identidad de partes, objeto y causa petendi. Al respecto,
encontró que, si bien existía similitud parcial en la causa (relativa a hostigamiento y
vigilancia constante), no pasaba igual respecto a la identidad de partes, porque la
acción actual involucraba a más entidades y tenía pretensiones adicionales y
diferenciadas, como la suspensión inmediata del programa denominado Red de
Apoyo Ciudadano, su revisión o desmantelamiento y la reparación a personas
afectadas, mientras que la primera tutela se dirigió únicamente contra el Ministerio de
Defensa Nacional.
Además, resaltó que la acción tutela con radicado 2024-10024-00 se encuentra
pendiente por resolver en el trámite de segunda instancia y que no ha sido objeto de
revisión, ni de exclusión por la Corte Constitucional, «hecho que no permite la
configuración de los presupuestos jurisprudenciales desarrollados, por lo tanto, no se ha
configurado la cosa juzgada constitucional.»
Asimismo, concluyó que no existió temeridad por parte del accionante, porque
inicialmente presentó la solicitud como una acción popular y fue el mismo Tribunal el
que la adecuó posteriormente a tutela al observar que se relacionaba con afectaciones
a derechos fundamentales, circunstancia que descartó la mala fe.
Respecto a los requisitos generales de procedencia, determinó que se acreditó la
legitimación en la causa por pasiva, porque las entidades accionadas fueron
precisamente aquellas a las que el accionante dirigió reiteradas peticiones
relacionadas con los hechos denunciados. En cuanto al requisito de subsidiariedad,
señaló que se acreditó, pues el accionante manifestó no contar con otro mecanismo
judicial ordinario para proteger derechos fundamentales supuestamente vulnerados.
En cuanto al fondo del asunto, advirtió que el accionante presentó múltiples peticiones
y denuncias ante diferentes entidades, así: (i) frente a la Policía Metropolitana de
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Montería, siete peticiones y quejas con respuestas emitidas entre los años 2020 y
2024; (ii) ante la Presidencia de la República presentó dos solicitudes, una el 9 de
agosto de 2022 y otra remitida el 17 de octubre de 2023, al Comisionado de Derechos
Humanos de la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación; (iii) frente
al Comisionado de Derechos Humanos de la Policía Nacional consta una solicitud de
intervención para verificar posibles investigaciones disciplinarias (18 de octubre de
2023); (iv) ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada figura una
petición del 7 de noviembre de 2023, que fue respondida el 13 de agosto de 2024 y;
(iv) adicionalmente, una denuncia dirigida al senador Iván Cepeda radicada el 14 de
junio de 2023.
En este contexto y de la revisión de las contestaciones emitidas por la Policía
Nacional, afirmó que dicha entidad atendió de forma reiterada y diligente las múltiples
peticiones presentadas por el accionante, sin encontrar pruebas o elementos objetivos
que demostraran las afirmaciones de hostigamiento, vigilancia ilegal o persecución.
Además, señaló que las respuestas institucionales mostraron que la Policía
Metropolitana de Montería realizó actividades investigativas y constataciones de
campo, sin hallar evidencia alguna que sustentara la versión del accionante. Además,
la Policía informó haber solicitado reiteradamente al accionante aclaración específicas
sobre sus denuncias, sin obtener respuesta concreta que permitiera adelantar
actuaciones adicionales.
De modo que, no se acreditaron elementos probatorios suficientes para acreditar que
se estuviesen vulnerando o amenazando derechos fundamentales del señor Pereira
González ni de su núcleo familiar.
Por otro lado, señaló que como el accionante manifestó un posible deterioro en su
salud física y mental, derivado de la percepción constante de persecución, era
necesario proferir una medida preventiva en el sentido de exhortar a la Secretaría de
Salud y la EPS Salud Total a brindar asistencia médica y social especializada para
evaluar su situación y proporcionarle atención médica si se determinase necesaria.
8. Impugnación
La accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos:
Manifestó que el juez de primera instancia incurrió en un yerro al afirmar que existió
una la falta de pruebas suficientes para acreditar la vulneración de sus derechos
fundamentales, porque estaba demostrado que ha presentado múltiples denuncias
ante distintas entidades, incluida la Fiscalía General de la Nación (Radicado
230016099050202313021), que no han sido debidamente investigadas,
configurándose una vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la justicia (artículos 29 y 229 Constitución Política).
Considera que la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada tienen responsabilidad directa en la permisividad y tolerancia frente al
hostigamiento y vigilancia no supervisada ejercida mediante la Red de Apoyo y
Solidaridad Ciudadana, lo cual desconoce la jurisprudencia constitucional expuesta
en sentencias T-102 de 2020 y T-518 de 1992.
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Cuestionó especialmente que el tribunal no decretó ni practicó la prueba testimonial
solicitada respecto a otros ciudadanos que también serían víctimas del esquema
denunciado.
Sostuvo que el tribunal aplicó erradamente el principio de cosa juzgada, pues, si bien
reconoció que no existía identidad plena de objeto, causa o partes entre la presente
acción de tutela y la tramitada en el expediente 2024-10024-00), utilizó este
argumento de manera indebida para restar valor a sus pretensiones.
Alegó que esta interpretación restrictiva violó su derecho al acceso a la justicia,
contraviniendo los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
039 de 1998, que exige un análisis riguroso antes de declarar improcedente una tutela
por cosa juzgada.
Señaló que el juez de primera instancia desconoció los precedentes jurisprudenciales
sobre protección del derecho fundamental a la seguridad personal y la libertad de
locomoción, particularmente lo previsto en la sentencia C-879 de 2011, en cuanto a
que cualquier amenaza constante e ilegítima contra una persona requiere acciones
efectivas por parte del Estado para proteger los derechos afectados.
Expresó que existen pruebas suficientes de la permisividad estatal en la participación
irregular de ciudadanos particulares en labores de vigilancia y hostigamiento.
Anotó que las autoridades accionadas, especialmente la Policía Nacional, no han
adoptado medidas eficaces para cesar esta situación, lo cual viola el deber
constitucional de proteger su integridad, intimidad y libertad de locomoción, según el
artículo 2 superior.
Finalmente, el impugnante indicó que el tribunal erró al argumentar que existían otros
mecanismos judiciales idóneos para la protección de sus derechos, sin tener en
cuenta que la Fiscalía ha archivado reiteradamente sus denuncias sin adelantar
investigaciones serias ni efectivas. Por tal motivo, resaltó que la tutela constituye el
único mecanismo idóneo para evitar un perjuicio irremediable.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Policía Nacional, la Presidencia de la
República, el Ministerio de Defensa Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y
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Seguridad Privada vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad personal,
intimidad, libertad de locomoción, igualdad, debido proceso y acceso a la justicia del
accionante, al no investigar ni adoptar medidas eficaces frente a las denuncias
reiteradas sobre supuestos actos de hostigamiento, persecución y vigilancia ilegal
realizados por privados y miembros de la Policía Nacional. De igual forma, si dichas
entidades vulneraron el derecho de petición del actor.
Para resolver lo anterior, la Sala deberá verificar principalmente si la acción de tutela
cumple con el requisito de subsidiariedad, considerando si existen otros mecanismos
judiciales en curso o ya agotados, y determinar si las pruebas aportadas al expediente
son suficientes para demostrar la vulneración o amenaza efectiva de los derechos
invocados por el accionante.
Del requisito de subsidiariedad1 en el caso concreto
El señor Jaime José Pereira González alega la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, a la seguridad personal y a
la integridad física y mental, debido a una presunta situación de hostigamiento,
seguimiento y vigilancia constante por parte de la Policía Nacional, mediante el Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) y la Red de
Participación Cívica. Manifestó que, pese a presentar múltiples peticiones, quejas y
denuncias ante la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Presidencia de la República,
sus solicitudes no fueron debidamente atendidas ni investigadas de manera eficaz, lo
que prolongó su situación de incertidumbre y afectó gravemente su salud física y
mental. Por esta razón, acudió al mecanismo constitucional con el propósito de
obtener la protección inmediata y efectiva de sus derechos fundamentales.
Para empezar, es necesario tener en cuenta que el accionante aportó como anexo
documento titulado «ampliación de denuncia», dirigido ante la Fiscalía 44 – Unidad de
Intervención Temprana, dirigido al proceso NUC 230016099050202313021.
En dicho documento el accionante amplió en el sentido de advertir que desde hace
más de tres años ha sido objeto de hostigamiento y vigilancia constante por parte de
la Policía Nacional, por conducto del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes (MNVCC) y la Red de Participación Cívica en Montería, lo que lo llevó a
aislarse por miedo.
Afirmó que sus múltiples denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría, Presidencia y otras
entidades no han sido atendidas de manera efectiva. También denuncia cobros
indebidos en servicios públicos, interceptación de comunicaciones y uso no autorizado
de su imagen. Por lo anterior, solicitó una investigación exhaustiva y medidas de
protección.
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La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
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Demandante: Jaime José Pereira González
Asimismo, en el trámite del presente amparo aportó sentencia de tutela primera
instancia proferida el 2 de diciembre de 2024 por el Juzgado Cuarto Laboral de
Montería, proceso con radicado 2024-10024-00, en la que obran como demandante
el señor Jaime José Pereira González y como demandado el Ministerio de Defensa
Nacional. En esa ocasión, el accionante alegó que el Ministerio de Defensa incumplió
con la obligación de supervisión y control frente al presunto hostigamiento al que ha
sido sujeto por parte de personal de la Policía Nacional mediante el programa Red de
Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASCI).
En ese proceso intervino la Fiscalía General de la Nación e informó que el proceso
identificado con el SPOA 230016099102202417088 cursa por el delito
constreñimiento Ilegal, donde figura como denunciante y víctima el accionante.
Asimismo, informó que producto de la denuncia investigada procedió a emitir orden a
policía judicial.
En este contexto, la Sala observa que en el presente caso la acción de tutela resulta
improcedente, porque el accionante dispone actualmente de otro mecanismo judicial
idóneo en curso, consistente en una investigación penal adelantada por la Fiscalía
General de la Nación bajo el radicado NUC 230016099050202313021, por los mismos
hechos relacionados con presuntos actos de seguimiento, hostigamiento y vigilancia
constante por parte de funcionarios públicos y particulares.
Así las cosas, dado que el trámite penal se encuentra vigente y es competente para
examinar de fondo las circunstancias denunciadas, será en dicho escenario donde se
deberá verificar integralmente la existencia de los hechos denunciados y la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que corresponde a la jurisdicción penal el
conocimiento de hechos constitutivos de presuntos delitos, a fin de investigarlos y
determinar si hay lugar a imponer sanciones, síendo esa una facultad exclusiva de los
jueces penales, que, es justamente, el proceso que se adelanta actualmente con
ocasión a la denuncia que ejerció el señor Pereira González por actos de
hostigamiento.
Del derecho de petición
Por otra parte, se observa que el señor Pereira González señala que ha adelantado
previamente diversos trámites ante las entidades accionadas con ocasión de los
hechos planteados en la presente acción constitucional.
A continuación, se relacionan las peticiones, quejas y denuncias presentadas por el
señor Jaime José Pereira González ante las entidades demandadas, en las que
manifestó ser víctima de actos de seguimiento, hostigamiento y vigilancia constante
por parte de funcionarios públicos y particulares, y las respuestas brindadas por dadas
dichas autoridades:
Peticiones realizadas por el accionante Respuestas de las entidades accionadas
Queja N° 51923-20210317 radicada en el Oficio S-2021-017856/COMAN-ASJUR-1.10 de 12
año 2021, ante la Policía Metropolitana de de abril de 2021, proferido por la Policía Nacional en
Montería por presuntos seguimientos y el que indicó que los escritos presentaban
hostigamientos incongruencias e imprecisiones que impidieron
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Radicado: 23001-23-33-000-2024-00195-01
Demandante: Jaime José Pereira González
adelantar acciones concretas, solicitando
aclaraciones adicionales al accionante.
Nueva queja presentada ante la Policía Oficio S-2021-028860/COMAN-ASJUR-1.10 de 17
Metropolitana de Montería con radicado N° de junio de 2021, en el que la policía señaló que no
77226-20210527, en la que insistió en la se hallaron evidencias de las denuncias efectuadas.
situación de persecución. Además, recalcó las incongruencias e insuficiencias
en las afirmaciones realizadas por el accionante,
solicitándole información precisa para dar curso a la
petición.
Peticiones dirigidas a la Presidencia de la Oficio GS-2022-059158-MEMOT Policía
República de 9 de agosto de 2022, en la que Metropolitana de 5 de diciembre de 2022,
el accionante indicó era seguido contestación realizada tras la remisión del caso por
constantemente por personas en Presidencia.
motocicletas, carros y bicicletas, lo que lo
llevó a sufrir graves afectaciones en su salud La Policía indicó que realizó investigaciones
mental, ansiedad, pánico, aislamiento y preliminares y verificaciones en terreno sin encontrar
miedo constante. elementos que respaldaran los hechos denunciados
por el accionante, reiterando la solicitud de
información precisa al mismo.
Queja N° 218389-20220719, en la que Oficio GS-2022-037950-MEMOT de 4 de agosto de
denunció nuevamente seguimientos ilegales, 2022, en el cual la Policía informó nuevamente al
vigilancia constante y hostigamientos por accionante que las verificaciones no evidenciaron las
parte de personas no identificadas. denuncias realizadas, reiterando solicitud para que
especificara sus denuncias, toda vez que las
descripciones eran ambiguas y no permitían una
actuación concreta.
Queja N° 234918-20220828, en la que el Oficio GS-2022-043173/COMAN-ASJUR-1.10 de 6
señor Pereira González denunció la de septiembre de 2022, en el cual la Policía informó
situación de hostigamiento y vigilancia al accionante que se mantuvieron las conclusiones
continua por supuestos colaboradores anteriores. Asimismo, destacó la inexistencia de
civiles. evidencias para sustentar las denuncias, solicitando
aclaraciones precisas.
Peticiones de 21 y 29 de septiembre y de 31 Dichas peticiones fueron remitidas por Presidencia
de octubre de 2023, con quejas sobre de la República mediante oficio OFI23-00193993 /
presuntos actos de persecución y GFPU 13050000 de 17 de octubre de 2023, al
hostigamientos por funcionarios públicos y Comisionado de Derechos Humanos Policía
particulares bajo la figura del Modelo Nacional y a Procuraduría General de la Nación (17
Nacional de Vigilancia Comunitaria por de octubre de 2023).
Cuadrantes (MNVCC).
Oficio SUDEH-GALID-34.5 suscrito por el
Comisionado de Derechos Humanos de 18 de
octubre de 2023, mediante el cual solicitó verificar si
por los hechos relatados existían investigaciones
disciplinarias adelantadas contra funcionarios
públicos, requiriendo información específica sobre el
estado de las investigaciones, eventuales decisiones
sancionatorias o absolutorias y ejercicio del poder
preferente de la Procuraduría.
Queja presentada ante la Superintendencia Oficios 2024008942CE de 13 de agosto de 2024, en
de Vigilancia y Seguridad Privada de 13 de el que indicó que, revisadas las denuncias, no se
agosto y 7 de noviembre de 2023, en las que encontraron elementos suficientes o específicos para
pidió intervención ante los hechos de sustentar actuaciones adicionales por parte de la
vigilancia y persecución ilegal. entidad, descartando irregularidades en las
actividades revisadas, y recomendando al
accionante aclarar las denuncias efectuadas.
Peticiones adicionales reiteradas ante Oficios GS-2023-000365-MEMOT de 4 de enero de
Policía Metropolitana de Montería entre los 2023 y GS-2024-001550-MEMOT de 11 de enero de
años 2023-2024, en las que denuncia 2024, mediante los cuales la Policía reiteró no
vigilancia ilegal y actos de hostigamiento. Por encontrar pruebas de las denuncias y solicitó
lo que solicitó la adopción de medidas formalmente intervención de entidades de salud
mental, manifestando preocupación por la posible
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Demandante: Jaime José Pereira González
concretas para su protección y la de su afectación psicológica del accionante, dado el
núcleo familiar. carácter infundado y persistente de sus afirmaciones.
Petición radicada el 21 de abril de 2024, en Oficio GS-2024-028599-MEMOT de 7 de mayo de
la que el actor advirtió de la manipulación de 2024 en el cual la Policía informó que realizó visita en
medidores de servicios públicos en su terreno al domicilio del accionante, verificando que
domicilio y vigilancia permanente, solicitando los medidores contaban con sellos intactos y en
investigación urgente. regla, sin hallar irregularidades, exhortando al
accionante a instaurar la denuncia ante Fiscalía de
manera formal y oportuna si tenía evidencia sobre
actos ilegales concretos.
Petición del accionante denunciando graves Oficio GS-2024-051808-MEMOT de 9 de agosto de
violaciones a sus derechos fundamentales 2024, en el cual la Policía Metropolitana señaló haber
derivadas de persecución y vigilancia atendido de manera reiterada todas las denuncias
injustificada atribuibles a la Policía Nacional desde 2021, realizando constantes verificaciones sin
y particulares bajo el Modelo Nacional de haber identificado elementos objetivos que
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes confirmaran las acusaciones, recalcó que el
MNVCC, en Montería. accionante no brindaba información congruente ni
precisa para adelantar investigaciones adicionales.
Consta que el accionante radicó la queja No. Oficio GS-2024-059973-MEMOT de 15 de
562055-20240904 ante la Policía Nacional. septiembre de 2024, en el cual la Policía señala que
se ratifica en las respuestas anteriormente brindadas
al accionante, en virtud de lo previsto en el artículo 1
de la Ley 1755 de 2015.
Petición de 13 de agosto de 2024 presentada Oficio 20241300117271CS de 3 de septiembre de
ante la Superintendencia de Vigilancia en la 2024, en el cual la Supervigilancia brindó la
que solicitó información respecto al información requerida por el señor Pereira González.
programa denominado «Red de apoyo
ciudadana» y los nombres de los encargos
del mismo en la ciudad de Montería.
En este contexto, del análisis de las pruebas efectuado se advierte que las entidades
accionadas han dado trámite oportuno y diligente a todas las solicitudes, quejas y
denuncias presentadas por el accionante, proporcionaron respuestas claras,
congruentes y pertinentes; adelantaron verificaciones en campo, requirieron
precisiones adicionales al señor Pereira González para poder profundizar las
investigaciones, e incluso formularon recomendaciones puntuales sobre las acciones
que este debería seguir ante las autoridades competentes para la eventual
investigación de conductas con relevancia penal.
Por lo anterior, esta Sala concluye que no existió vulneración del derecho fundamental
de petición del accionante, por lo que no hay lugar a emitir alguna órden en relación
con estas.
De esta manera, no se demostró una actuación negligente o violatoria por parte de las
entidades demandadas que comprometa los derechos fundamentales alegados por el
actor.
Por consiguiente, no existe una amenaza actual, urgente o inminente que exija la
intervención excepcional del juez constitucional, menos aun cuando, como se anotó,
la pretensión que persigue el accionante guarda estrecha identidad con el objeto de
la investigación penal que actualmente adelanta la Fiscalía, procedimiento ordinario
al que deberá sujetarse el peticionario para esclarecer plenamente los hechos y
determinar la eventual responsabilidad de los involucrados.
En consecuencia, se revoca la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
declara improcedente la acción de tutela por no satisfacerse el requisito de
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Demandante: Jaime José Pereira González
subsidiariedad. Asimismo, se negará el amparo respecto del derecho fundamental de
petición.
De igual forma, se revocará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia
en la cual se exhortó a la Secretaría de Salud del Municipio de Montería y a la EPS
Salud Total a realizar visitas médicas y brindar asistencia profesional al señor Jaime
José Pereira González y a su grupo familiar, toda vez que dicho asunto no constituyó
objeto de debate en la presente acción constitucional y dichas entidades no hicieron
parte del trámite de tutela, motivo por el cual ordenarles cualquier tipo de actuación
implica desconocer su derecho fundamental al debido proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
de Montería. En su lugar:
2. Declarar improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad frente a los derechos fundamentales de seguridad personal,
privacidad y libertad de locomoción.
3. Negar el amparo respecto del derecho fundamental de petición.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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