RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2025-00033-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00033-01

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00033-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 12 de marzo de 2025, a través de la cual la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, accedió al amparo de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la accionante para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2025-00033-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de abril de 2025

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01
Demandante: LILIANA MARITZA GÓMEZ VÁSQUEZ
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Temas: Acción de tutela. Derechos fundamentales de petición y al
debido proceso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la Agencia Nacional de Tierras,
en calidad de parte demandada, contra la sentencia del 12 de marzo de 2025, a
través de la cual la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba, accedió al amparo de los derechos fundamentales de petición y
debido proceso de la accionante y, en consecuencia, dispuso lo siguiente:

Segundo: Ordenar a la Agencia Nacional de Tierra- ANT que en el término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de la
presente providencia, resuelva de fondo la petición de la actora fijando
fecha para asistir al predio denominado San Carlos para realizar las
mediciones a que haya lugar con el fin de rectificar los linderos y áreas del
terreno adjudicado así como de las parcelas colindantes, visita que se
deberá efectuar en el término máximo de quince (15) días desde la
notificación de la presente providencia, respuestas que deberán ser
puestas en conocimiento de la interesada.
…

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La señora Liliana Maritza Gómez Vásquez promovió acción de tutela en contra
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso, ante la falta de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

cumplimiento inmediato y efectivo del compromiso adquirido en la comunicación
del 17 de abril de 2024, mediante la cual se acordó la realización de una nueva
visita técnica en un plazo no mayor a 15 días, con la participación obligatoria de
un topógrafo para la delimitación del predio San Carlos, ubicado en Planeta
Rica (Córdoba).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1. Se ordene a la Agencia Nacional de Tierras el cumplimiento
inmediato y efectivo de su compromiso adquirido en la comunicación del
17 de abril de 2024, mediante la realización de una nueva visita técnica
con la participación obligatoria de un topógrafo, en un plazo no mayor a 15
días.

2. Se advierta a la Agencia Nacional de Tierras que, en caso de
persistir en el incumplimiento, se compulsarán copias a la Procuraduría
General de la Nación para la apertura de una investigación disciplinaria
contra los funcionarios responsables.

3. Se impongan medidas cautelares, en caso de ser necesario, para
garantizar el cumplimiento de la orden judicial.1

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que es beneficiaria de la adjudicación de una Unidad
Agrícola Familiar, dentro del predio denominado San Carlos que se encuentra
ubicado en la vereda “El Arenoso” en el municipio de Planeta Rica registrado en
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sahagún (Córdoba).

Precisó que, dicho predio fue dividido en parcelas y adjudicado mediante actos
administrativos particulares a distintas personas, entre las cuales se encuentra
ella.

Refirió que, en calidad de “presidenta y representante legal de la JAC (sic) de la
vereda Oscura Abajo Sector Las Parcelas de Arenoso y/o San Carlos”, presentó
una petición ante la Agencia Nacional de Tierras el 6 de junio de 2023, la cual
se identificó con el radicado 2023-60011-65352, escrito con el que solicitó la
intervención de un topógrafo para la delimitación del predio en mención, pues
presentan inconsistencias.

Indicó que, la mencionada agencia le respondió el 20 de septiembre de 2023,
sin que se garantizara el envío del topógrafo solicitado.

1
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

Señaló que, debido a la falta de cumplimiento, radicó una segunda petición el
10 de abril de 2024, que se identificó con el radicado 2024-600027-98442, en la
que insistió en la solicitud del topógrafo.

Destacó que, mediante comunicación del 17 de abril de 2024, la agencia en
mención se comprometió expresamente a enviar un equipo técnico conformado
por un topógrafo, un abogado y un sociólogo en el mes de mayo de 2024.

Expuso que, la visita se realizó, pero el topógrafo nunca asistió, a pesar de que
la entidad se había comprometido oficialmente en su respuesta del 17 de abril
de 2024.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que la falta de asistencia del topógrafo constituye una
omisión y un incumplimiento de un acto administrativo, en este caso, la
respuesta oficial de la Agencia Nacional de Tierras, en la cual se estableció una
obligación concreta para la entidad.

Refirió que, la falta de cumplimiento le impide que pueda avanzar en la
legalización y delimitación del predio San Carlos, ubicado en Planeta Rica
(Córdoba), lo cual le genera incertidumbre y además afecta la seguridad jurídica
sobre la tenencia de la tierra.

1.5. Trámite en primera instancia

El Despacho 006 del Tribunal Administrativo de Córdoba, como sustanciador
del expediente en primera instancia, mediante auto del 4 de marzo de 2025
adecuó a una acción de tutela la demanda que había sido formulada por la
actora como acción de cumplimiento.

A su vez, a través de dicha providencia se admitió la demanda constitucional y,
en consecuencia, dispuso notificar a la Agencia Nacional de Tierras como
demandada.

De igual manera, se requirió a dicha entidad para que allegara copia íntegra del
expediente administrativo referido al trámite relacionado con la parcelación de
un terreno que le fue adjudicado a la señora Liliana Maritza Gómez Vásquez y
sobre las peticiones presentadas por la actora el 6 de junio de 2023 y 10 de
abril de 2024, así como sus respuestas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

1.6. Contestaciones

1.6.1. ANT

La entidad demandada sostuvo que la acción de tutela es improcedente por
haberse configurado la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que la
petición fue contestada de forma clara, completa y coherente mediante el oficio
número 202574000147341 del 6 de marzo de 2025, en el que le informó a la
señora Gómez Vásquez la programación de una visita técnica para los días 12,
13 y 14 de marzo de 2025, con la participación de un topógrafo, un profesional
social y un abogado.

Indicó que el predio San Carlos “El Arenoso” fue adjudicado bajo la modalidad
de unidad agrícola familiar y que, por consiguiente está sujeto a un seguimiento
de siete años según el Decreto Ley 902 de 2017. Por lo que, mencionó la
programación de visitas periódicas de lo cual fue debidamente notificada a la
accionante al correo suministrado: jacparcelasdearenos@gmail.com.

Además, hizo referencia a una denuncia anónima sobre presuntos
incumplimientos y actividades irregulares en las parcelas, lo que llevó a que se
programaran unas vistas en septiembre de 2024.

Señaló que, dio respuesta clara y completa a la solicitud, por lo que no existe
vulneración de derechos fundamentales.

Pidió que se deniegue la solicitud de amparo, debido a la carencia actual de
objeto por hecho superado, debido a la respuesta emitida por la Unidad de
Gestión Territorial (UGT) Noroccidente de la Agencia Nacional de Tierras, que
se notificó debidamente a la parte actora.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia del 12 de marzo de 2025, la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba accedió al amparo de los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso de la accionante.

Por lo anterior, ordenó a la Agencia Nacional de Tierra (ANT) que en el término
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la comunicación del fallo resolviera de
fondo la petición de la actora “…fijando fecha para asistir al predio denominado
San Carlos para realizar las mediciones a que haya lugar con el fin de rectificar
los linderos y áreas del terreno adjudicado así como de las parcelas
colindantes, visita que se deberá efectuar en el término máximo de quince (15)
días desde la notificación de la presente providencia, respuestas que deberán
ser puestas en conocimiento de la interesada (sic para toda la cita).”

Relató que, la actora presentó una primera petición para que le designaran un
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

topógrafo para llevar a cabo la medida de doce parcelas del predio que le fue
adjudicado y que, la entidad demandada contestó el 20 de septiembre de 2023,
para lo cual le indicó que para las parcelas del predio San Carlos se encontraba
programada una comisión a terreno en octubre de 2023.

Expuso que, la mencionada visita no se llevó a cabo, por lo que, la actora
formuló una nueva petición el 10 de abril de 2024 con la reiteración de la visita
técnica en cuestión. Afirmó que la entidad acusada respondió el 17 de abril de
2024, con la indicación de que la visita se había programado para el mes de
mayo de 2024; sin embargo, tampoco se efectuó.

Destacó que en el transcurso del trámite de la acción de tutela la Agencia
Nacional de Tierras aportó el oficio número 2025740001473416 del 6 de marzo
de 2025, en el cual señaló que se encuentra dentro del plazo de siete años para
la realización de visitas de seguimiento, y que había programado una visita para
los días 12, 13 y 14 de marzo de 2025, con la participación de un profesional en
topografía, un profesional social, un agrónomo y un abogado.

Hizo referencia al artículo 8 del Decreto Ley 902 de 20172, que se refiere a las
obligaciones a las cuales deben someterse durante el término de siete años los
sujetos a quienes se les adjudicaron tierras.

Expuso que, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 66 de la
citada norma, le corresponde a la ANT directamente o a través de terceros la
realización de la rectificación administrativa de área y linderos de las tierras en
las que realizó una adjudicación a través de las Unidades Agrícolas Familiares.

Mencionó que, dicha regulación no contempla un término especial para atender
dichos requerimientos, por lo que, debía observarse lo dispuesto en la Ley 1755
de 2015 en cuanto al término para dar respuesta a las peticiones.

Destacó que, como las peticiones se radicaron el 6 de junio de 2023 y 10 de
abril de 2024, a la fecha, el término para emitir un pronunciamiento de fondo y
definitivo, se incumplió por parte de la demandada.

Precisó que, el reproche de la actora consistía en que se realizara la revisión o
rectificación de los linderos y áreas, pues pese a que cada uno de los
colindantes tenía su parcela adjudicada, existía un inconveniente en 12
parcelas con los linderos y se requería la revisión de estos.

Sostuvo que, la agencia cuestionada en sus respuestas indicó que se realizaría
la visita, con el fin de la verificación de las obligaciones propias de los sujetos a
2
Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral
contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para
el acceso y formalización y el Fondo de Tierras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

quienes se les adjudicaron tierras, pero nada se menciona acerca de la
rectificación pretendida.

Consideró que, también se vulneró el derecho al debido proceso, puesto que, le
correspondía a la entidad garantizar el procedimiento adecuado en el curso del
trámite de adjudicación de tierras, porque solamente con la verificación de los
linderos y de las áreas los adjudicatarios podrían tener definido el terreno a
explotar.

Precisó que, a pesar de las respuestas otorgadas, en ninguna de ellas se le
informó a la accionante en qué fecha asistiría el topógrafo para realizar las
mediciones para iniciar el proceso de rectificación.

Resaltó que, no se desconocía que la entidad accionada refirió el contenido de
la respuesta del 6 de marzo de 2025, en la cual se señaló que los días 12, 13 y
14 de marzo de la misma anualidad asistiría un equipo compuesto por un
topógrafo, un trabajador social y un abogado al predio en cuestión. Esto, con la
finalidad de que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado.

Manifestó que, de la lectura de dicha contestación se evidenciaba que el
propósito de la visita en mención era la verificación de las obligaciones de los
adjudicatarios relacionadas con la explotación del bien, pero nada se informó
acerca de la rectificación del área pretendida por la actora.

Destacó que, la información suministrada por la entidad demandada era
insuficiente pues no le habían informado a la actora si era dable efectuar la
rectificación, si el topógrafo iba a efectuar la visita o si se requería para ello un
trámite adicional por parte de la actora.

Por lo anterior, consideró que al no existir respuesta completa y de fondo, debía
accederse al amparo.

1.8. Impugnación

La entidad demandada impugnó el fallo de primera instancia para que se
declare su cumplimiento y se archiven las diligencias o, en su defecto, se
revoque y se “niegue por improcedente” la acción de tutela, pues se configuró
carencia actual de objeto por hecho superado.

Indicó que, mediante el oficio remitido a la accionante al correo electrónico
jacparcelasdearenos@gmail.com, a través del radicado 202574000147341 del
6 de marzo de 2025, y notificado por correo electrónico, aunado a la visita
técnica que se llevó a cabo en el predio los días 12, 13 y 14 de marzo de 2025,
como fue solicitado por la accionante, se dio cumplimiento al fallo de primera
instancia, en tanto se emitió una respuesta de fondo, clara y precisa resolviendo
las inquietudes de la actora con respecto a sus solicitudes conforme a sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

competencias.

Precisó que se encuentra plenamente demostrado que la vulneración o
amenaza al derecho constitucional fundamental de petición invocada fue
superada, pues al proferir y notificar el oficio de salida en mención y con la visita
al predio, no existe negligencia, desatención, ni violación a dicha garantía.

Adujo que, adicionalmente, en atención al requerimiento realizado por parte de
la Oficina Jurídica, la Unidad de Gestión Territorial Noroccidente informó
mediante memorando de radicado número 202574000072673 del 17 de marzo
de 2025:

En ese sentido, se procedió a contestar las peticiones con radicados
internos ANT Nos. 20236001165352 y 202460002798442, mediante los
oficios de salida Nos. 202374011234111 del 20 de septiembre de 2023 y
202474006397711 del 17 de abril de 2024, en los cuales se le explicó a la
señora LILIANA MARITZA GOMEZ VASQUEZ, adjudicataria de la parcela
51, que el predio SAN CARLOS EL ARENOSO, se encuentra dentro del
término establecido para realizar visitas de seguimiento, en aras de
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto Ley
902 de 2017 y las cuales están establecidas en cada una de los actos
administrativos de adjudicación, que corresponden…

Aportó como anexos: 1) Memorando de radicado 202574000072673 emitido por
la UGT Noroccidente, 2) memorando 202410400004673, 3) informe de visita del
10 de septiembre de 2024, 4) oficio 202575000147341, 5) informe de visita a
campo los días 12, 13 y 14 de marzo de 2025 (Predio San Carlos – Planeta
Rica) y, 6) listado de personas encontradas en el predio durante la visita.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
Agencia Nacional de Tierras contra la sentencia de primera instancia, en
atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por
el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia

3
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

conforme a lo planteado por la parte impugnante.

En el presente asunto se analizará si hay lugar a declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado ante la respuesta de la entidad demandada a la
parte accionante o si, por el contrario, el amparo ordenado en la sentencia
impugnada debe confirmarse.

2.3. Caso concreto

La señora Liliana Maritza Gómez Vásquez promovió acción de tutela en contra
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso, ante la falta de
cumplimiento inmediato y efectivo del compromiso adquirido en la comunicación
del 17 de abril de 2024, mediante la cual, se indicó que se iba a hacer una
nueva visita técnica en un plazo no mayor a 15 días, con la participación
obligatoria de un topógrafo para la delimitación del predio San Carlos, ubicado
en Planeta Rica (Córdoba).

La ANT se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, al considerar que
dio respuesta a la petición de la accionante, por lo que debía declararse la
carencia actual de objeto por hecho superado.

El a quo accedió al amparo de los derechos fundamentales de petición y al
debido proceso de la actora y, en consecuencia, ordenó a dicha entidad que
resolviera de fondo la petición de la actora pues en la respuesta otorgada se
evidenciaba que el propósito de la visita en mención era la verificación de las
obligaciones de los adjudicatarios relacionadas con la explotación del bien, pero
nada se informó acerca de la rectificación del área pretendida por la actora.

La mencionada agencia impugnó el fallo de primera instancia, pues consideró
que debía declararse la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto
dio respuesta a la petición de la actora.

Para resolver el presente asunto, esta Sala de Decisión considera lo siguiente:

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19914, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

En relación con el derecho fundamental de petición, el artículo 23 de la
Constitución Política, determina que: “Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada5.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e
incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo6.

De igual forma, ha establecido que esta garantía no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento
que ha desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20007 como parámetros para su protección
los siguientes:

i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;

4
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
5
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre
otras.
6
Sentencia T – 1075 de 2003.
7
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo pedido;

iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser
lo más corto posible;

v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita;

vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;

vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa8 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía
fundamental;

viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del
deber de responder;

x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al
interesado.

Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado que
la existencia de otros mecanismos para la obtención de información pedida en el
derecho de petición no es óbice para contestarlo9.

De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de un documento que
ha desaparecido.

Ahora bien, frente a la figura de la carencia actual de objeto por hecho
superado, esta Sala de Decisión en anteriores oportunidades ha señalado que
existen eventos en los que la amenaza o efectiva vulneración al derecho
fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, como sucede en

8
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
9
Sentencia T – 1075 de 2003.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

el caso concreto, o la violación del derecho constitucional amenazado se
materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde
efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a
impartir órdenes para que cese la transgresión de dichas garantías superiores.

Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, ii) por daño consumado y, iii) por
una situación sobreviniente.

Para el evento que aquí ocupa la atención, la citada Corporación ha
considerado que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra
que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar
la vulneración de los derechos fundamentales.

En el presente asunto, se observa que, en la petición radicada el 6 de junio de
2023, con radicado 20236001165352, la accionante solicitó lo siguiente:

Primero. La comunidad de LA VEREDA OSCURA ABAJO SECTOR LAS
PARCELAS DE ARENOSO, está conformada por 63 parcelas.

Segundo. Dichas parcelas fueron entregadas por la agencia nacional de
tierra lo que indica que tienen sus títulos de propiedad.

Tercero. Algunas parcelas presentan inconsistencias en sus medidas, lo
cual está ocasionando ciertas dificultades entre colindantes.

Cuarto. A fin de resolver esas dificultades se hace necesario que la
agencia nacional de tierra designe un topógrafo para medir las parcelas
que presentan inconsistencias que son aproximadamente doce.

Con fundamento en los hechos anteriormente narrados a ustedes solicito
la designación de un topógrafo para que lleve a cabo la medida de por lo
menos doce parcelas que tienen inconvenientes en sus medidas.

Dentro de la documental aportada por la parte actora se encuentra la respuesta
emitida por la agencia demandada, el 20 de septiembre de 2023, en la que se le
indicó el procedimiento administrativo descrito en el Decreto Ley 902 de 2017.

Posteriormente, la accionante el 10 de abril de 2024, con radicado
202460002798442, reiteró la aludida solicitud de la visita técnica, así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

Esta petición también fue resuelta el 17 de abril de 2024 por la ANT, al
informarle a la actora que la visita pretendida se había fijado para el mes de
mayo del 2024, la cual sería “atendida desde el componente topográfico,
agronómico y jurídico.” Tal visita no se llevó a cabo.

No obstante, la Sala observa que, en el transcurso del trámite de la acción, la
Agencia Nacional de Tierras aportó el oficio número 2025740001473416 del 6
de marzo de 2025, en el cual señaló que se encuentra dentro del plazo de siete
años para la realización de visitas de seguimiento, y que se programó una visita
para los días 12, 13 y 14 de marzo de 2025, con la participación de un
profesional en topografía, un profesional social, un agrónomo y un abogado,
visita que efectivamente se llevó a cabo en las fechas programadas.

A su vez, se observa que en el “INFORME DE VISITA A CAMPO PREDIO SAN
CARLOS EL ARENOSO LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE MARZO DE 2025” aportado
con la impugnación por la ANT, se le indicó a la accionante lo siguiente:

En el ámbito topográfico, se instaló la base del equipo GNSS en la parcela
51 para la recepción de coordenadas. Posteriormente, se realizó el
replanteo de los puntos de los linderos que presentaban conflictos dentro
de la comunidad. Este proceso contó con la participación de los habitantes
de la zona, promoviendo el diálogo y la concertación; en la diligencia se
llevó el 100% del objeto de la visita.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

De lo anterior, se observa que, el objeto por el cual se presentó la acción de
tutela respecto de la visita y lo relativo a los linderos, ya fue realizado por la
ANT.

De manera que, se advierte la configuración de la carencia actual de objeto
por hecho superado, como en efecto lo planteó la parte impugnante desde su
contestación que presentó ante el a quo.

Por lo que, se recuerda que, este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean transgredidos o amenazados de una manera
actual e inminente.

La Corte Constitucional sostuvo que la terminación del proceso de tutela por
carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho
fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud de
amparo, por lo que resulta inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir alguna orden en aras de salvaguardar las garantías
constitucionales transgredidas, además, ha señalado que esta figura jurídica
puede proceder en tres supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por
daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente. Al respecto, ha
señalado:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza
o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada
jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el
objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción …10” (Destacado por la Sala)

En relación con los referidos tres supuestos la Sala ha precisado:11

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la

10
Sentencia SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
11
Ver sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-
2018-04225-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto”.12

(iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos
fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión
del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.

En este orden, para esta Sección es claro que cuando se satisface lo solicitado
en la acción de tutela, se está ante un hecho superado y lo que el juez debe
hacer es declarar la carencia de actual de objeto en el caso que se le presente
a su conocimiento.

Para el evento que aquí ocupa la atención, la citada Corporación ha
considerado que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra
que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar
la vulneración de los derechos fundamentales.

En tal sentido, se encuentra que, la visita efectivamente se llevó a cabo en las
mencionadas fechas conforme a la documental aportada por la entidad
demandada en su impugnación, fechas estás que ya se habían dispuesto en la
respuesta que le dieron a la accionante.

Adicionalmente, se precisa que, la sentencia de primera instancia se profirió el
12 de marzo de 2025, lo que, indica que fue notificada después de las fechas
en que se llevó a cabo la visita en mención.

Por consiguiente, se revocará la sentencia impugnada para, en su lugar,
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado ante la visita realizada
por la entidad demandada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

12
Corte Constitucional, sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Demandante: Liliana Maritza Gómez Vásquez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00033-01

Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 12 de marzo de 2025, a través de la
cual la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba,
accedió al amparo de los derechos fundamentales de petición y al debido
proceso de la accionante para, en su lugar, declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.