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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00060-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00060-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2025-00060-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

12 de junio de 2025

Radicado: 23001-23-33-000-2025-00060-01
Demandante: Nariño Montes Bravo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00060-01
Demandante: NARIÑO MONTES BRAVO
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE MONTERÍA

Tema: Acción de tutela contra providencia que decidió demanda de
reparación directa en primera instancia. Petición judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 7
de mayo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda
de Decisión, resolvió:

PRIMERO: Declarar improcedente la presente acción respecto del amparo de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso, a la información oportuna y
veraz e igualdad invocados por el señor Nariño Montes Bravo, en contra del Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, conforme la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Negar el amparo del derecho fundamental de petición invocado por el señor Nariño Montes
Bravo, en contra del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, conforme
la parte motiva de esta decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 22 de abril de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Nariño
Montes Bravo pidió la protección de sus derechos fundamentales de petición, de acceso
a la administración de justicia, a la igualdad, de acceso a la información pública y al debido
proceso.

A juicio del demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión (i) de la sentencia del 11 de mayo de 2020, con la que el Juzgado Segundo
Administrativo de Montería decidió en primera instancia la demanda de reparación directa
23001-33-33-002-2015-00370-00, y (ii) de la omisión de ese despacho de atender unos
requerimientos formulados por él y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba.

2. Pretensiones

El tutelante formuló las siguientes pretensiones:

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 23001-23-33-000-2025-00060-00.

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Radicado: 23001-23-33-000-2025-00060-01
Demandante: Nariño Montes Bravo

1.Señor juez, pido a usted TUTELAR los DERECHOS Fundamentales como el Derecho de Petición,
el Derecho al Acceso a la Administración de Justicia, el Derecho al debido Proceso, el Derecho a la
información oportuna y veraz, el Derecho a la Igualdad Ante la Ley. Por ser una persona adulto
mayor, por mi estado de salud y ser sujeto de especial protección Constitucional. Que a la fecha
ando en 72 años de edad.
2.Con todo respeto solicito se pidan los dos (2) expedientes al ente judicial que corresponda, ósea
el Penal y el Administrativo.
4.Solicito tener en cuenta todas las pruebas documentales adjuntadas al expediente Penal No.23-
417-3104-001-2006-00100-
5. Solicito respetuosamente tener en cuenta todas las pruebas, adjuntadas al expediente
Administrativo No.23-001-25-02000-24-00377-00.
6. Respetuosamente solicito tener en cuenta todas las pruebas documentales adjuntadas en la
QUEJA JUDICIAL de 15 de Marzo de 2024.
7. Solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en la Sentencia de 26 de abril, de
2024, emanada de la SECCION DE DICIPLINA JUDCIAL DE CORDOBA. Numeral 3.3. Parágrafo
segundo (2).
8. Solicito respetuosamente la Invalides de todo lo actuado del fallo del 11 de Mayo 2020, proferido
por el Juzgado Segundo (2) Oral Administrativo del Circuito Judicial de Montería, por lo antes
expuesto en la presente Demanda de Acción de Tutela.
9. Solicito se de repuesta a la compulsión de copias, de LA SECCION DE DICIPLINA JUDICIAL
DE CORDOBA, al Juzgado segundo (2) Oral Administrativo del Circuito Judicial de Montería (sic
para toda la cita).

3. Hechos

De las pruebas obrantes en el expediente y de los documentos que reposan en el
aplicativo de gestión judicial Samai, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Demanda de reparación directa

La Fiscalía 28 Seccional de Montería y el Juzgado Único Penal del Circuito de Lorica
adelantaron diligencias penales contra el tutelante por la presunta comisión de los delitos
de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los
requisitos legales cuando fue alcalde de San Bernardo del Viento (Córdoba), diligencias
en las que se le impuso medida de aseguramiento, pero posteriormente fue puesto en
libertad por prescripción de la acción penal.

El señor Nariño Montes Bravo, junto con otras personas2, promovieron demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación (a la que se le asignó el número
de radicación 23001-33-33-002-2015-00370-00), con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables de los perjuicios que les produjo la aludida privación
de la libertad y se les ordenara resarcirlos.

Del asunto conoció el Juzgado Segundo Administrativo de Montería, que con sentencia
del 11 de mayo de 2020 denegó las pretensiones, al considerar que las pruebas obrantes
en el expediente contencioso-administrativo (dentro de las que se encontraba el proceso
penal) daban cuenta de que el señor Montes Bravo no verificó que algunos contratos se
hubieran celebrado con el cumplimiento de los requisitos legales y que se ejecutaran, por
ende, su detención no fue arbitraria, sino que se fundó en elementos que la justificaban,
en consecuencia, no comprometía la responsabilidad extracontractual del Estado.

2 Ana Susana Bravo Rodríguez, María Irene Burgos Medina (como representante de su hijo mejor Yeison Daniel Montes

Burgos), Joel Montes Díaz, Sahamir Enrique Montes Díaz, Edward Montes Pacheco, Mario Miguel Montes Pacheco,
Ober Bernardo Montes Ortega, Alexander Montes Burgos, Susana Montes Burgos, Arnold Montes Burgos, Jesús
Nariño Montes Burgos, Yelena Paola Montes Burgos, Francisco Javier Mones Bravo, Carmen Alicia Montes Bravo,
Marino Alberto Montes Bravo, Francisco José Montes Bravo, Diego Raúl Montes Pacheco, Manuel del cristo Montes
Correa y Pedro Miguel Montes Díaz.

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Radicado: 23001-23-33-000-2025-00060-01
Demandante: Nariño Montes Bravo

Contra la anterior decisión, el actor interpuso recurso de apelación, que fue concedido el
21 de octubre de 2020 por el Juzgado de conocimiento y aún no ha sido desatado por el
Tribunal Administrativo de Córdoba.

Proceso disciplinario

El 15 de abril de 2024 el tutelante formuló queja disciplinaria contra el fiscal 28 seccional
de Montería, el juez penal del Circuito de Lorica, algunos servidores del Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI) en Córdoba y el Juzgado Segundo Administrativo de Montería, en
razón a que, a su juicio, incurrieron en falta disciplinaria al señalar que incurrió en los
delitos por los cuales fue procesado penalmente, pues no había pruebas que permitieran
afirmarlo.

Del trámite disciplinario conoció la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba,
que el 26 de abril de 2024 se inhibió de iniciar la acción disciplinaria contra el fiscal 28
seccional de Montería, el juez penal del Circuito de Lorica y algunos servidores del CTI
en Córdoba, al estimar que acaeció la prescripción de la acción disciplinaria, porque los
hechos denunciados en relación con esas autoridades acontecieron hacía más de 5 años.
En cuanto al juez segundo administrativo de Montería, ordenó compulsar copias para que
se adelantaran las respectivas diligencias en su contra bajo otro radicado.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante adujo que el Juzgado Segundo Administrativo de Montería no había
contestado la petición que le formuló (no determina el día ni especifica lo que le solicitó)
ni el requerimiento efectuado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba, en la que le pidió copia del expediente 23001-33-33-002-2015-00370-00.

Que el mencionado Juzgado, en la sentencia que decidió en primera instancia la
demanda de reparación directa 23001-33-33-002-2015-00370-00, «desconoció por
completo documentos probatorios en la etapa procesal, que le daban la certeza que el delito
indilgado no se había cometido» e incurrió en escenarios que le estaban vedados, como el
análisis del proceso penal dentro del cual se le impuso la medida de aseguramiento, pues
carecía de jurisdicción y competencia para ello.

5. Intervenciones

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba adujo que inició indagación
previa el 26 de junio de 2024 contra el juez segundo administrativo de Montería, con
ocasión de la queja presentada por el demandante, le pidió copia del expediente 23001-
33-33-002-2015-00370-00 en aras de identificar las presuntas irregularidades por él y
esas diligencias se encontraban «en recolección de pruebas».

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que la sentencia que decidió
en primera instancia la demanda de reparación directa 23001-33-33-002-2015-00370-00
se emitió en atención al ordenamiento jurídico y bajo una interpretación razonable de las
pruebas que allí reposaban. Además, aseveró que no tuvo incidencia en la expedición de
dicha decisión judicial, por lo que carecía de legitimación en la causa por pasiva.

La Fiscalía General de la Nación, por conducto de su Dirección de Asuntos Jurídicos,
señaló que debía ser desvinculada de este trámite constitucional, dado que, como no
profirió el fallo cuestionado por el demandante no era dable atribuirle vulneración de los
derechos fundamentales de este. Asimismo, aseveró que la tutela no colmaba la
exigencia de procedibilidad de subsidiariedad, pues contra esa providencia el actor

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Radicado: 23001-23-33-000-2025-00060-01
Demandante: Nariño Montes Bravo

interpuso recurso de apelación y aún no había sido desatado por el Tribunal
Administrativo de Córdoba.

El Juzgado Segundo Administrativo de Montería y quienes eran demandantes en el
proceso de reparación directa 23001-33-33-002-2015-00370-003 guardaron silencio,
pese a que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

6. Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, mediante sentencia
del 7 de mayo de 2025, (i) declaró improcedente la tutela frente al fallo del 11 de mayo
de 2020, que decidió en primera instancia la demanda de reparación directa 23001-33-
33-002-2015-00370-00, y (ii) denegó el amparo en relación con el derecho fundamental
de petición.

Que la apelación interpuesta contra la mencionada sentencia del 11 de mayo de 2020,
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Montería, no había sido desatada aún,
por ende, no se habían agotado los recursos dentro del aludido proceso contencioso-
administrativo, lo que imponía declarar la improcedencia de la tutela sobre el particular,
pues los argumentos expuestos por el tutelante serían objeto de estudio por parte del ad
quem.

Concluyó en relación con el derecho fundamental de petición que el accionante no allegó
solicitud alguna que haya presentado ante el Juzgado Segundo Administrativo de
Montería, pese a que tenía la carga de hacerlo, y en lo que respecta al requerimiento que
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial le hizo a aquel despacho judicial no
comportaba una solicitud, sino un requerimiento en el ámbito jurisdiccional, por lo que no
estaba sujeto a las reglas del título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

7. Impugnación

El demandante impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que las presuntas
irregularidades de la sentencia del 11 de mayo de 2020, con la que el Juzgado Segundo
Administrativo de Montería decidió en primera instancia la demanda de reparación directa
23001-33-33-002-2015-00370-00, afectaban sus derechos fundamentales, dentro de las
que se destacaban (i) la omisión de notificar esa decisión a todos los allí accionantes, (ii)
la falta de valoración integral de las pruebas que allí obraban (las cuales daban cuenta
de que su privación de la libertad comprometía la responsabilidad extracontractual del
Estado) y (iii) el estudio del correspondiente proceso penal, prerrogativa que ese
despacho judicial no podía ejercer por carecer de jurisdicción y competencia para ello.

Que la autoridad accionada tampoco respondió el requerimiento que le realizó la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, «en oficio del 6 de abril de 2024», de
ahí que se haya vulnerado el derecho fundamental de petición, por tener interés en ese
trámite.

3 Ana Susana Bravo Rodríguez, María Irene Burgos Medina (como representante de su hijo mejor Yeison Daniel Montes

Burgos), Joel Montes Díaz, Sahamir Enrique Montes Díaz, Edward Montes Pacheco, Mario Miguel Montes Pacheco,
Ober Bernardo Montes Ortega, Alexander Montes Burgos, Susana Montes Burgos, Arnold Montes Burgos, Jesús
Nariño Montes Burgos, Yelena Paola Montes Burgos, Francisco Javier Mones Bravo, Carmen Alicia Montes Bravo,
Marino Alberto Montes Bravo, Francisco José Montes Bravo, Diego Raúl Montes Pacheco, Manuel del cristo Montes
Correa y Pedro Miguel Montes Díaz.

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de
Decisión, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia en cuanto a la
sentencia cuestionada y denegó el amparo respecto del derecho fundamental de petición.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, toda vez que el proceso
de reparación directa 23001-33-33-002-2015-00370-00 aún se encuentra en trámite, ya
que no se ha decidido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que lo
decidió en primera instancia, y no aconteció vulneración del derecho fundamental de
petición.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la improcedencia general de la acción de tutela
cuando el proceso judicial se encuentra en curso, (iii) sobre peticiones judiciales y,
finalmente, (iv) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso

En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales».
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la
jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo».

Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual « no
se ha proferido ningún fallo definitivo» y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.

4. Sobre peticiones judiciales

Por medio del derecho de petición, no pueden perseguirse fines para los que el legislador

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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estableció procedimientos y herramientas específicas, como es el caso de las
actuaciones dirigidas a poner en marcha el aparato judicial o a solicitar a un servidor
público que cumpla las funciones jurisdiccionales que tiene a cargo. Sobre el particular,
la Corte Constitucional ha señalado que6:

El derecho de petición es, pues un derecho fundamental de naturaleza esencialmente política, que no subsume
todas las actuaciones ante la administración, que no puede asimilarse con otros derechos como el derecho de
acción, ni con otros procedimientos administrativos de naturaleza especial regulados en normas diferentes al
Código Contencioso Administrativo, que como en el caso sub examine son objeto de leyes especiales, las que
por lo demás, como pasa a explicarse, no pueden entenderse incorporadas a dicho Código.

Las actividades jurisdiccionales están regidas por normas específicas y, por lo tanto, las
solicitudes de las partes, los intervinientes y los auxiliares de la justicia tienen un trámite
especial en el que prevalecen las reglas del proceso. Por ejemplo, la solicitud de pruebas,
de acumulación de procesos, de denuncia del pleito, las solicitudes de copias y
certificaciones de ejecutoria, etc., deben tramitarse según las reglas señaladas por los
respectivos ordenamientos procesales, más no por las normas que regulan el derecho
de petición, que se ejerce ante la administración pública, esto es, tienen regulación propia
y, por ello, el derecho de petición no es un medio legal para cumplir ese cometido.

La anterior distinción es importante, en la medida en que si un funcionario judicial omite
pronunciarse sobre una solicitud o trámite judicial, no es procedente ejercer la acción de
tutela para que se proteja el derecho de petición. En ese caso, la solicitud de amparo
podrá presentarse, pero para que se protejan derechos fundamentales como el debido
proceso o de acceso a la administración de justicia.

La propia Corte Constitucional, en sentencia T-192 de 2007, precisó que «la omisión del
funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados, propias
de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino
al debido proceso y al acceso de la administración de justicia, en la medida en que dicha
conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una dilación
injustificada al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional
(C.P., Arts. 29 y 229)».

5. Caso concreto

El tutelante, junto con otras personas, promovieron la demanda de reparación directa
23001-33-33-002-2015-00370-00 contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se
les declarara administrativamente responsables de los perjuicios que les causó la
privación de la libertad que sufrió, por presuntamente incurrir en algunos delitos mientras
fue alcalde de San Bernardo del Viento (Córdoba), y se ordenara resarcirlos.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Montería, que
a través de sentencia del 11 de mayo de 2020 denegó las mencionadas pretensiones, al
estimar que la aprehensión del tutelante no comprometía la responsabilidad
extracontractual del Estado porque había pruebas que justificaron su encarcelamiento,
de manera que la medida no fue desproporcionada, decisión que apeló el accionante, por
lo que la alzada fue concedida el 21 de octubre de 2020, de ahí que el expediente se
remitiera al Tribunal Administrativo de Córdoba, donde no se ha desatado dicho recurso.

Al considerar que el juez segundo administrativo de Montería y las autoridades penales
que le impusieron la medida de aseguramiento habían incurrido en irregularidades, el 15

6 Sentencia C-510 de 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

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de abril de 2024 el tutelante formuló queja disciplinaria en su contra, no obstante, el 26
siguiente la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba (i) se inhibió de iniciar
la acción disciplinaria contra los servidores que lo detuvieron, porque aconteció la
prescripción, y (ii) ordenó compulsar copias ante la misma Corporación para adelantar
las pesquisas correspondientes frente al titular del Juzgado Segundo Administrativo de
Montería.

El 9 de julio de 2024 la mencionada Corporación pidió al Juzgado copia del expediente
23001-33-33-002-2015-00370-00, requerimiento que fue respondido con Oficio 2024-
0057 (sin fecha), en el que indicó: «en este momento no es posible remitir copia del expediente
digital, toda vez que en el año 2020 se remitió al Superior en medio físico y para la fecha no se
habían digitalizado los expedientes».

5.1 Improcedencia de la tutela para cuestionar la sentencia dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo de Montería

En virtud de lo expuesto en precedencia, la Sala encuentra que mediante la acción de
tutela de la referencia se cuestiona la sentencia que decidió en primera instancia el
proceso de reparación directa 23001-33-33-002-2015-00370-00, en el cual no se ha
proferido una decisión definitiva, pues, se recalca, aún no se ha desatado el recurso de
apelación interpuesto por el demandante contra esa determinación, tal como se puede
evidenciar en el aplicativo de gestión judicial Samai.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela, de ahí que los argumentos expuestos
por el actor deban ser decididos en segunda instancia por parte del juez natural,
escenario en el que, dicho sea de paso, aquel y quienes integran la parte demandante
en el expediente 23001-33-33-002-2015-00370-00 pueden invocar la presunta indebida
notificación del fallo atacado.

La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho7:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza
y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En
segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer
lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva:
como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las-
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

Para la Sala, en el sub lite, se reitera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela, máxime si
aún, se reitera, no se ha decidido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
del 11 de mayo de 2020, con la que el Juzgado Segundo Administrativo de Montería
decidió en primera instancia el proceso de reparación directa 23001-33-33-002-2015-
00370-00, por lo que no hay una decisión definitiva sobre la responsabilidad
extracontractual del Estado por su privación de la libertad.

7 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.

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5.2 Amparo del derecho de petición

El tutelante señala en el escrito de tutela que presentó derecho de petición ante el
Juzgado Segundo Administrativo de Montería, y que no fue contestada, sin embargo, no
allegó esa solicitud ni indicó en qué consistió, omisión que comporta incumplimiento de
su carga probatoria, la cual impone a «[q]uien pretende la protección judicial de un derecho
fundamental […] demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión porque [es]
quien conoce la manera como se presentaron los hechos y sus consecuencias […]»8, tal como
lo dijo la Corte Constitucional9, al estimar:

Es pertinente agregar que, si bien toda persona tiene derecho a elevar solicitudes respetuosas ante
la administración o contra particulares, es requisito indispensable para obtener el fin perseguido con
la acción de tutela, demostrar, así sea de forma sumaria, que se presentó la petición.

[…] no basta, por tanto, que el accionante afirme que su derecho de petición se vulneró por no
obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con elementos que permitan comprobar
lo dicho, de modo que quien dice haber presentado una solicitud y no haber obtenido respuesta
deberá presentar copia de la misma recibida por la autoridad o particular demandado o suministrar
alguna información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron la petición,
a fin de que el juez pueda ordenar la verificación.

En atención a lo anterior, como el actor no allegó la supuesta petición que formuló ante
el Juzgado Segundo Administrativo de Montería (lo que impide evidenciar si su contenido
comportaba un acto judicial o de otra naturaleza), debe negarse el amparo del derecho
fundamental de petición frente a lo que él respecta.

Ahora bien, el demandante también asevera que el Juzgado Segundo Administrativo de
Montería no respondió una petición que le hizo la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba de enviarle el expediente 23001-33-33-002-2015-00370-00. Frente
al particular, la Sala estima que esa solicitud comporta un requerimiento judicial porque
la referida comisión tiene naturaleza jurisdiccional, conforme al artículo 257A10 de la
Constitución Política, escenario en el que no se aplican reglas del derecho de petición
previstas en el CPACA.

Sin embargo, dicho juzgado respondió el requerimiento en el sentido de señalar que «en
este momento no es posible remitir copia del expediente digital, toda vez que en el año 2020 se
remitió al Superior en medio físico y para la fecha no se habían digitalizado los expedientes».

En ese orden de ideas, se constata que no existe vulneración del derecho fundamental
de petición, por lo que debe denegarse el amparo de esa garantía superior.

8 Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9 Sentencia T-489 de 2011.
10 «La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y

empleados de la Rama Judicial.
Estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas
enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial Consejo Superior de la Judicatura previa convocatoria pública
reglada adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial, y tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en
Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos
personales de ocho años, y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia.
Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos.
Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los
abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a
un Colegio de Abogados.
PARÁGRAFO. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no
serán competentes para conocer de acciones de tutela».

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Radicado: 23001-23-33-000-2025-00060-01
Demandante: Nariño Montes Bravo

Así las cosas, como la tutela resulta improcedente para controvertir la sentencia del 11
de mayo de 2020, con la que el Juzgado Segundo Administrativo de Montería decidió en
primera instancia el proceso de reparación directa 23001-33-33-002-2015-00370-00,
porque ese trámite está en curso, y (ii) no aconteció vulneración del derecho fundamental
de petición del actor, se impone confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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