Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2025-00103-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2025-00103-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2025-00103-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 23001-23-33-000-2025-00103-02
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y otro1
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Causal de conflicto de intereses
Decisión: Confirma sentencia que negó la desinvestidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Córdoba que negó la desinvestidura de los diputados Carolina Zapata
Ruiz, Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Enrique Calle Aguas, diputados de la
asamblea de Córdoba, período constitucional 2024 – 2027.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La solicitud de pérdida de investidura
El 9 de junio de 20252, el señor Jorge Luis Mercado Castillo presentó demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó 3:
[…] 1. Declarar la pérdida de investidura de los diputados que conformaron la Mesa
Directiva de la Asamblea Departamental de Córdoba durante el período 2024, por violación
a los artículos 6, 125, 126, 183 y 209 de la Constitución Política de Colombia y por incurrir
en las causales establecidas en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 60 de la
Ley 2200 de 2022, previamente informadas.
1 Diputado Juan Antonio Flórez Sierra.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001 2333
000 2025 00103 00.
3 Visto en el índice 2 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
2. CONSECUENTEMENTE ordenar su inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos de
elección popular y las demás decisiones que en derecho corresponda.
3. SEGUIDAMENTE, ordenar al presidente de la Asamblea Departamental que adopte las
medidas pertinentes ante la vacancia ABSOLUTA, fruto de la pérdida de las investiduras.
4. Remitir copia del expediente a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General
de la República, Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones
correspondientes […].
1.2. Los hechos que sustentan la causal alegada4
La parte solicitante señaló que la mesa directiva de la asamblea departamental de Córdoba
para el período 2024 estuvo conformada por los diputados Carolina Zapata Ruiz, en calidad
de presidente, Juan Antonio Flórez Sierra, como primer vicepresidente y Gabriel Calle
Aguas, como segundo vicepresidente.
Explicó que el 27 de diciembre de 2023, la mesa directiva designada para dicha vigencia
[2023] expidió la Resolución núm. 150 de 2023, por medio de la cual se convocó y
reglamentó la elección del cargo de secretario general de la asamblea departamental de
Córdoba para el período 2024.
Afirmó que la mesa directiva del año 2024 expidió la Resolución núm. 002 de 4 de enero
de 2024, mediante la cual se modificó la convocatoria para proveer el cargo de secretario
general de la asamblea departamental de Córdoba regulada en la Resolución núm. 150 de
27 de diciembre de 2023 suprimiendo «el requisito relativo a la realización de pruebas de
conocimiento que son propias de todo concurso de méritos».
Expuso que el 22 de enero de 2024 se eligió a la señora Berena María Simanca Yánez
como secretaria general de la asamblea para el período 2024; sin embargo, el Consejo de
Estado, en sentencia proferida en segunda instancia el 13 de febrero de 2025, declaró la
nulidad de dicha elección, por cuanto, entre otras razones, la eliminación de la prueba de
conocimientos vulneró lo señalado por el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018.
Aseguró que, durante la permanencia en el cargo, la persona que fue nombrada
indebidamente como secretaria general percibió salarios, prestaciones sociales, aportes al
sistema general de seguridad social en salud y parafiscales, «lo que generó un perjuicio
económico al erario departamental por estar viciado de nulidad dicho nombramiento».
Como causales de pérdida de investidura invocó: (i) violación al régimen de conflicto de
intereses; (ii) indebida destinación de dineros públicos; (iii) tráfico de influencias; (iv)
violación al régimen de incompatibilidades e (v) infracción del numeral 1.1 del artículo 51
de la Ley 2200 de 2022.
(i) Violación al régimen de conflicto de intereses
Adujo que la causal se configuró con la expedición de la Resolución núm. 002 de 2024
que modificó la Resolución núm. 150 de 2023, en cuanto a las reglas para la elección de
secretario general, puesto que le permitió a la mesa directiva elegir secretario sin que
mediara el principio de mérito. Expresó que:
4 Visto en el índice 2 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
[…] En ese orden, es evidente entonces que al ser la mesa directiva quien ADELANTABA
Y SUSTANCIABA las actuaciones administrativas propias de la elección del Secretario
General, fueron los diputados miembros de dicha mesa quienes en contraposición del
interés general y favoreciendo su interés particular de dirigir el proceso de elección del
Secretario General para el período 2024, cambiaron las reglas de la convocatoria pública
de manera irregular, generando una elección viciada de nulidad, en donde con sus
modificaciones, suprimieron el criterio de mérito y las pruebas del proceso, garantizándose
una elección “a dedo”, y en beneficio de su interés directo, puesto que tal modificación de
la resolución 150, les permitió eludir los principios de mérito en la elección del secretario
que garantizaban el interés general, lo que redundó a favor de la mesa directiva, pues les
permitió elegir a los candidatos sin que mediara el principio de mérito o pruebas de
conocimiento que limitaran su voluntariedad y era inmediata, puesto que la posibilidad de
elegir sin criterios de méritos se materializó en el tiempo una vez expedida la resolución
núm. 002 de 2024, sin necesidad de que existiera una circunstancia externa, tal y como
finalmente ocurrió con la subsecuente elección de la Secretaria general del período 2024
[…]. [Mayúsculas del texto]
(ii) Indebida destinación de dineros públicos
Manifestó que se ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales, pese a que el
nombramiento de la secretaria general de la asamblea estaba viciado por ser contrario a la
Constitución y a la ley.
(iii) Tráfico de influencias
Sostuvo que al modificarse ilegalmente el concurso de méritos para proveer el cargo de
secretario general «existió un evidente tráfico de influencias favoreciendo a la señora
Berena María Simanca Yánez candidata que luego de acuerdos políticos fue el designado
para ser secretario general».
(iv) Violación al régimen de incompatibilidades
Citó el numeral 2 del artículo 50 de la Ley 2200 de 2022 y expuso que, si bien dicha
disposición se refiere a la «gestión de negocios, la jurisprudencia5 y la doctrina» ha
interpretado que se trata de cualquier intervención que favorezca intereses particulares en
procesos administrativos o contractuales. En ese contexto, indicó que la mesa directiva
intervino en la gestión de un proceso administrativo interno, esto es, la convocatoria para
proveer el cargo de secretario general.
(v) Infracción del numeral 1.1. del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022
Expuso que dicha disposición prohíbe a los diputados intervenir en nombre propio o ajeno
en actuaciones administrativas en la que tenga interés la entidad territorial o sus
organismos. Acotó que, en este caso, la asamblea es un organismo del departamento y el
proceso para seleccionar el secretario general es una actuación administrativa. Precisó que
«los diputados, al modificar los requisitos de la convocatoria y votar para favorecer a una
aspirante, intervinieron de manera directa y activa en una actuación administrativa con
interés institucional».
5 La parte actora no citó ninguna sentencia de manera particular.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
2. Posición de los diputados accionados
2.1. Diputado Juan Antonio Flórez Sierra6
El señor Juan Antonio Flórez Sierra, actuando por conducto de apoderado, manifestó su
oposición a las pretensiones y como razones de defensa expuso lo siguiente:
En relación con la causal de conflicto de intereses, solicitó desestimarla dado que no
cuenta con fundamento fáctico, ni jurídico atendiendo lo dispuesto en el artículo 50 de la
Ley 2200 de 2022. Aclaró que no tiene ningún tipo de amistad con la señora Berena
María Simanca Yáñez.
Frente a la causal de indebida destinación de dineros públicos, indicó que también debe
ser desestimada porque «no se demuestra siquiera sumariamente en que consiste la
supuesta desviación de recursos». Acotó que el cargo de secretario general de la
asamblea está incluido en el presupuesto anual de la entidad, por lo que no se configuró
ningún tipo de prohibición.
En cuanto a la causal de tráfico de influencias, sostuvo que no estaba llamada a prosperar
porque no existe ningún interés del accionado en la elección del secretario general de la
asamblea departamental para el período 2024.
2.2. Diputado Gabriel Enrique Calle Aguas7
El señor Gabriel Enrique Calle Aguas, actuando por conducto de apoderado, manifestó
su oposición a las pretensiones y como razones de defensa señaló:
Que no suscribió la Resolución núm. 02 de 2024 y se opuso a que se modificara la
convocaría para elegir el cargo de secretario general de la asamblea para el período
2024. Acotó que no votó por la secretaria que resultó elegida.
En cuanto a la causal de conflicto de intereses, señaló que el actor hizo apreciaciones
subjetivas que no tienen respaldo probatorio. Afirmó que no tiene ningún vínculo con la
secretaria que finalmente resultó elegida.
En relación con la causal de indebida destinación de dineros públicos, manifestó que la
parte actora no aportó prueba que acreditara los pagos efectuados a la secretaria. Añadió
que los pagos de la asamblea recaen exclusivamente en la presidente de la corporación.
Frente a la causal por tráfico de influencias, aseguró que la parte actora no allegó prueba
siquiera indiciarias respecto del tráfico de influencias para que resultara elegida la
secretaria de la asamblea para el período 2024.
Respecto del numeral 2 del artículo 50 de la Ley 2200 de 2022 y el numeral 1.1. del
artículo 51 de la Ley 2200 de 2022, sostuvo que no tienen relevancia con el presente
proceso, pero, con todo, afirmó que no ha intervenido en la gestión de negocios; no ha
6 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001 2333
000 2025 00103 00.
7 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001 2333
000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
sido apoderado ante entidades del departamento de Córdoba ni ha celebrado negocios
con aquellas.
2.3. Diputada Carolina Zapata Ruiz8
La señora Carolina Zapata Ruiz, actuando por conducto de apoderado, manifestó su
oposición a las pretensiones y como razones de defensa adujo:
Sobre la causal de conflicto de intereses, aseguró que no se acreditó el interés personal,
político o económico que comprometiera la imparcialidad de los miembros de la mesa
directiva. Acotó que la actuación se adoptó en ejercicio de competencias regladas, fue
pública y colegiada, y no se allegó prueba de un favorecimiento concreto, relación de
afinidad o connivencia con la persona elegida como secretaria general.
Respecto de la causal de indebida destinación de dineros públicos, aseguró que los pagos
efectuados a la persona que desempeñó el cargo de secretaria general, entre la fecha de
su elección y la ejecutoria del fallo que anuló el acto de nombramiento, se realizaron con
ocasión de una relación jurídica válida. Señaló que las erogaciones efectuadas fueron
producto del normal funcionamiento institucional, con ocasión de un acto administrativo que
gozaba de presunción de legalidad al momento de su ejecución.
En cuanto a la causal de tráfico de influencias, sostuvo que no se acreditaron los elementos
estructurales definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para que se configurara
la causal. En ese sentido, expuso que no existe prueba alguna que demuestre que los
diputados hayan utilizado su investidura para ejercer influencia sobre otro servidor público
con el fin de obtener un beneficio indebido, personal o para un tercero.
En relación con el numeral 2 del artículo 50 de la Ley 2200 de 2022, explicó que la
modificación del cronograma de la convocatoria para la elección del secretario general no
constituye una gestión de negocios ante una entidad del departamento, sino el ejercicio
legítimo y reglado de una facultad interna de la asamblea.
En lo relativo al numeral 1.1. del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022, precisó que no se
probó vínculo de consanguinidad, afinidad, amistad o subordinación entre los miembros de
la mesa directiva y la persona elegida como secretaria general.
3. La sentencia de primera instancia9
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia proferida el
25 de noviembre de 2025, resolvió.
[…] PRIMERO: NEGAR la pérdida de investidura de los diputados Carolina Zapata Ruiz,
Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Enrique Calle Aguas, en su calidad de miembros de
la Asamblea Departamental de Córdoba período 2024 – 2027 […]
(i) Sobre la causal de violación al régimen de conflicto de intereses
8 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001 2333
000 2025 00103 00.
9 Visto en el índice 110 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
El a quo sostuvo que el primer requisito exigido por la jurisprudencia del Consejo de
Estado estaba cumplido, porque se acreditó que los accionados fueron elegidos
diputados de la asamblea departamental de Córdoba para el período 2024 – 2027.
En relación con el segundo requisito, esto es, «la existencia de un interés directo, actual,
particular o inmediato de los diputados o de alguna de las personas señaladas en la ley, de
orden moral o económico», explicó que, si bien la mesa directiva modificó la convocatoria
para la elección de secretario general al suprimir una de sus etapas y que surtido el proceso
se eligió a la señora Berena Simanca Yánez, lo cierto era que, contrario a lo alegado por el
solicitante, en el expediente no reposaba prueba que permitiera acreditar que con dicha
acción los demandados hubieran obtenido un beneficio para sí o para alguno de sus
parientes dentro de los grados que la ley dispone, fuera de índole moral, político o
económico.
Aludió al testimonio rendido por la señora Berena Simanca Yánez e indicó que «estuvo
orientado a demostrar que los accionados no tenían relación alguna con la testigo pues no
la conocían siquiera antes de resultar elegida» y que, por lo tanto, no le solicitaron favores
ni impusieron algún tipo de compromiso a cambio de la elección. Destacó que dicho
testimonio reforzaba la tesis que la elección del secretario general no reportó beneficio
alguno a los accionados.
Añadió que, del análisis en conjunto de las pruebas aportadas al proceso, no se
desprendían elementos claros y precisos que permitieran conocer cuál fue el provecho
particular, real y actual que estaba en cabeza de los diputados al elegir a la señora Berena
Simanca Yánez como secretaria de la asamblea.
Aclaró que, aunque el acto de elección de la señora Simanca Yánez fue declarado nulo por
el Consejo de Estado, entre otras razones, por supresión de la prueba de conocimiento,
dicha decisión, por sí misma, no demostraba que los demandados tuviesen algún interés
en la elección.
Aclaró que, respecto del diputado Gabriel Calle Aguas, se evidenciaba que aquel presentó
reparos frente a la elección y no participó en la votación del secretario.
En este aspecto, aseguró que no estaba configurada la causal de conflicto de intereses,
puesto que no estaba acreditado que la actuación de los diputados estuvo inducida por un
interés individual.
(ii) Sobre la causal de indebida destinación de dineros públicos
Aclaró que el numeral 4 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022 establece que los diputados
perderán su investidura por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de
dineros públicos.
Explicó que, conforme las sentencias de 21 de noviembre de 2024 y 4 de septiembre de
2025 proferidas por el Consejo de Estado, era procedente aplicar la excepción de
inconstitucional frente a la expresión «por sentencia condenatoria en firme» del numeral 4
del artículo 60 de la Ley 2200.
En ese escenario, explicó que los supuestos para la configuración de la causal eran: (i)
tener la condición de miembro de la corporación pública de elección popular; (ii) que se esté
frente a dineros públicos y (iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
Puso de presente que la causal se fundamentó en que se ordenó el pago de salarios y
prestaciones a la secretaria de la asamblea, cuya elección fue anulada posteriormente,
circunstancia que el solicitante estimaba generó un detrimento al erario.
Consideró que los pagos efectuados a la señora Berena Simanca «se encuentran
revestidos de legalidad», dado que, obedecieron a la retribución propia del desempeño del
empleo para el cual fue elegida, acto de nombramiento que mientras estuvo vigente gozó
de presunción de legalidad, según lo dispuesto por el artículo 88 del CPACA. Añadió que
tales dineros estaban debidamente presupuestados para tal fin, es decir, para el pago de
salarios, prestaciones y emolumentos de la secretaria de la corporación.
Manifestó que los pagos efectuados a la secretaria de la asamblea en el período 2024 no
fueron destinados a actividades o propósitos no autorizados, o diferentes a los asignados,
o a actividades prohibidas por la Constitución, la ley o el reglamento, o para materias
innecesarias o injustificadas, o para obtener un incremente patrimonial personal o de
terceros.
(iii) Sobre la causal de tráfico de influencias
Señaló que el numeral 5 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022 estableció como causal de
pérdida de investidura de los diputados la siguiente: «por sentencia condenatoria en firme
por la comisión del delito de tráfico de influencias debidamente comprobado».
Afirmó que, por ello, «aplicando analógicamente lo dicho en el cargo anterior, la Sala, al
desconocer esta expresión el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la
Constitución respecto a los demás miembros de corporaciones públicas- concejales y
ediles-, aplicará la excepción de inconstitucionalidad frente a la expresión “por sentencia
condenatoria en firme” (…)».
Sostuvo que en el expediente no reposaba ninguna prueba que acreditara que los
diputados hubiesen aprovechado su investidura para influenciar en el proceso de
elección de secretario de la asamblea para el período 2024 para favorecer frente a otro
servidor público o invocando su calidad para dar, prometer, para sí o para otro, dinero,
dádiva o beneficio.
Manifestó que «si bien en la demanda se indicó que la mesa directiva de la asamblea al
expedir la Resolución núm. 02 de 04 de enero de 2024 y suprimir la prueba de
conocimiento en el proceso la elección de la secretara de la corporación, tuvo como fin
que llegase un único candidato con aptitud de ser elegido»; tal aseveración no fue
comprobada, como tampoco se demostró que esa situación haya dado lugar a que se
influyera en alguno de los otros diputados para que votaran por la señora Simanca
Yánez.
(iv) Sobre el régimen de incompatibilidades
Aclaró que el solicitante invocó las incompatibilidades previstas en el numeral 2 del
artículo 50 de la Ley 2200 de 2022 y la del numeral 1.1. del artículo 51 ibidem con
fundamento en que los miembros de la mesa directiva intervinieron directamente en la
gestión de un proceso administrativo interno, como lo fue la convocatoria para proveer
el cargo de secretario general «utilizando su investidura para favorecer el acceso de una
persona a un cargo público a través de una decisión corporativa amañada».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
Explicó que los diputados llevaron a cabo el procedimiento para adelantar la elección del
secretario de la asamblea para el período 2024, actuación que está dentro de sus
facultades legales, puesto que, tal elección es competencia directa de la corporación,
conforme el numeral 8 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022 y su reglamento interno,
Ordenanza núm. 002 de 13 de mayo de 2022.
Aseguró que «en modo alguno puede afirmarse que esa actuación revista una
intervención en la gestión de negocios del respectivo departamento, pues, precisamente,
se trata de un asunto de competencia legal de la asamblea».
4. El recurso de apelación10
4.1. La parte solicitante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se decretara la desinvestidura de los accionados, con sustento en lo siguiente:
Sostuvo que la sentencia de primera instancia incurrió en «indebida valoración probatoria
de los documentos que acreditan especialmente la causal de violación al régimen de
conflicto de intereses».
Al respecto, afirmó que la modificación arbitraria contenida en la Resolución núm. 002 de
2024 consistente en suprimir la prueba de conocimiento en un proceso de convocatoria
pública, les permitió ilegalmente a los diputados, especialmente al presidente y
primer vicepresidente, controlar arbitrariamente el concurso de méritos para la elección
de secretario general de la asamblea para el período 2024, «desproveyendo al proceso del
principio de mérito y permitiéndoles […] dirigir el concurso con apego a su voluntad
particular, lo cual condujo a que se configurara un interés de carácter moral».
Precisó que «desde la demanda se les puso de presente como su interés contrario al interés
general, circunstancia generadora de la vulneración al régimen de conflicto de intereses,
siempre fue tener la potestad (ellos como sustanciadores del proceso) de controlar el
proceso y elegir a la persona que arbitrariamente dispusieran sin que mediara el principio
del mérito, sustituyéndolo por su arbitrariedad».
Añadió que la sustentación de la causal de conflicto de intereses no radica en la persona
que fue elegida secretaria de la asamblea, ni en el vínculo que aquella pudiese tener con
los accionados, sino que insistió en que la causal se configuró porque en detrimento del
interés general del principio del mérito, los accionados privilegiaron su interés ilegal y
particular de controlar el proceso de elección del secretario general.
Reiteró que estaban configurados cada uno de los elementos de la causal de conflicto de
intereses frente a los diputados Carolina Zapata Ruiz y Antonio Flórez Sierra11. Al
respecto, sostuvo que estaba probado que la mesa directiva de la asamblea para el año
2023 reglamentó el concurso para la elección de secretario general mediante la Resolución
núm. 150 de 2023. Agregó que también se acreditó que la diputada Zapata Ruiz, en su
condición de presidente, y el diputado Antonio Flórez Sierra, como primer vicepresidente,
en el año 2024, expidieron la Resolución núm. 02 de 2024 que modificó ilegalmente, según
10 Visto en el índice 113 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
11 Es de advertir que, en el recurso de apelación, la parte actora no controvirtió la decisión del Tribunal
respecto al análisis realizado sobre la conducta del diputado Gabriel Enrique Calle Aguas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
lo señaló el Consejo de Estado en el proceso de nulidad electoral 2024 00051 01, la
Resolución núm. 150 de 2023. Añadió que ninguno de los diputados se declaró impedido
antes de modificar ilegalmente la Resolución núm. 150 de 2023.
4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 28 de enero de 202612.
5. Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto de 4 de febrero de
202613.
5.2. Por auto de 16 de febrero de 2026 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte solicitante14.
5.3. Por memorial enviado el 18 de febrero de 202615, el apoderado de la diputada
Carolina Zapata Ruíz descorrió traslado del recurso de apelación y expuso que no se
probó la existencia de un interés directo, particular e inmediato frente a la elección del
secretario general de la asamblea. Acotó que eliminar la prueba de conocimiento no
configuraba, por sí mismo, una ilegalidad que implique la configuración de la causal
invocada.
5.4. Por memorial radicado el 23 de febrero de 202616, el apoderado del diputado Gabriel
Enrique Calle Aguas descorrió el traslado del recurso de apelación y sostuvo que dicho
diputado se opuso a la eliminación de la prueba de conocimientos del concurso de
méritos, no firmó como miembro de la mesa directiva ninguna de las resoluciones que
se profirieron en el marco del concurso y tampoco votó de manera positiva en la elección
de la secretaria general. Acotó que no se probó el interés o beneficio personal en cabeza
del diputado producto de la referida elección.
5.5. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado17 rindió concepto en el que
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Aclaró que se debe excluir del
análisis en segunda instancia al diputado Gabriel Calle Aguas, toda vez que, en el
recurso de apelación no se cuestionó su investidura por lo que se entiende que el
apelante está conforme con la decisión adoptada por el tribunal.
Expuso que no está acreditado la existencia de un beneficio actual, particular y directo
en favor de los diputados accionados o sus familiares, pues no basta con alegar la
causal, sino que es carga de la parte actora probar cómo se materializó el supuesto
beneficio, incluso si se afirma que este reviste un carácter moral.
12 Visto en el índice 115 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
13 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001 2333
000 2025 00103 00.
14 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001 2333
000 2025 00103 00.
15 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001 2333
000 2025 00103 00.
16 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001 2333
000 2025 00103 00.
17 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001 2333
000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
5.6. El expediente ingresó a despacho para fallo el 25 de febrero de 202618.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Cuestión previa
En el asunto bajo examen, la parte actora solicitó la desinvestidura de los diputados
Carolina Zapata Ruiz, Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Enrique Calle Aguas, con
fundamento en que como integrantes de la mesa directiva de la asamblea departamental
de Córdoba expidieron la Resolución núm. 002 de 4 de enero de 2024, mediante la cual
se suprimió la etapa de la prueba de conocimiento en el marco del concurso para elegir
el secretario general de la Corporación; circunstancias que encuadró en las causales de:
(i) violación al régimen de conflicto de intereses; (ii) indebida destinación de dineros
públicos; (iii) tráfico de influencias; (iv) violación al régimen de incompatibilidades e (v)
infracción del numeral 1.1 del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022.
El tribunal negó la pérdida de investidura respecto de todos los diputados, dado que no
estaba acreditada ninguna de las causales invocadas en la solicitud. El actor interpuso
recurso de apelación en contra de dicha decisión en el que solamente controvirtió la
configuración de la causal de conflicto de intereses y exclusivamente respecto de los
diputados Carolina Zapata Ruiz y Antonio Flórez Sierra.
En efecto, la solicitud inicial de pérdida de investidura se dirigió en contra de los
diputados Carolina Zapata Ruiz, Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Enrique Calle
Aguas; no obstante, en el recurso de apelación, la parte actora se refirió exclusivamente
a la conducta de los diputados Carolina Zapata Ruiz y Antonio Flórez Sierra, como se
desprende, particularmente, de los numerales 4.1 y 4.2 del escrito contentivo del recurso.
Igualmente, se advierte que en el recurso de apelación la parte actora solo controvirtió
la causal de (i) conflicto de intereses, sin que reprochara lo decidido por el tribunal
respecto de (ii) la indebida destinación de dineros públicos; (iii) el tráfico de influencias;
(iv) la violación al régimen de incompatibilidades o (v) la infracción del numeral 1.1 del
artículo 51 de la Ley 2200 de 2022.
Al respecto, se observa que, en el recurso de apelación, en el acápite que se denominó
«4. Razones de la apelación», el único reproche formulado frente a los dos diputados se
tituló así: «indebida valoración probatoria de los documentos que acreditan especialmente
la causal de violación al régimen de conflicto de intereses» [negrillas fuera del texto].
Seguidamente, el recurrente sustentó la configuración de la causal de conflicto de intereses
respecto de los diputados Carolina Zapata Ruíz y Juan Antonio Floréz Sierra.
Siendo así, se tiene que los demás aspectos señalados en la demanda y que fueron
estudiados por el tribunal relacionados con la indebida destinación de dineros públicos; el
tráfico de influencias; la violación al régimen de incompatibilidades y la infracción del
numeral 1.1 del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022, no fueron objeto de reproche en el
recurso de apelación, ya que, aquellos solo se mencionaron cuando el recurrente hizo la
18 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
transcripción de la sentencia de primera instancia, sin que adujera argumentos para
controvertir lo resuelto por el a quo sobre tales puntos.
Por consiguiente, la Sala examinará lo que es objeto de apelación, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 320 del Código General del Proceso que establece que el
«recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión». Sobre este aspecto, la Sala Plena de la Corporación ha
explicado lo siguiente19:
[…] Los argumentos del recurrente frente al fallo objeto de reproche, se constituyen en
límites que demarcan la actividad judicial de esta Corporación en segunda instancia; en
consecuencia, y conforme lo establece el artículo 320 del C.G.P., norma aplicable por
autorización expresa de la Ley 1881 de 2018 (art 21), la competencia que ahora se ejerce
está sujeta a los motivos de disenso planteados por el apelante único, y a las reglas
legales aplicables al tema objeto de la decisión […].
Por todo lo explicado, se precisa que, el pronunciamiento de la Sala se circunscribirá a
determinar si los diputados Carolina Zapata Ruíz y Juan Antonio Floréz Sierra incurrieron
en la causal de conflicto de intereses.
2. Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados,
acorde con lo previsto por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo 201920 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre
las secciones21.
3. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Se acreditó con los formularios E – 28 del Consejo Nacional Electoral que los señores
Carolina Zapata Ruiz, Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Enrique Calle Aguas fueron
elegidos diputados por el departamento de Córdoba para el período constitucional 2024
• 2027. Además, no se discute que no hayan tomado posesión del cargo22.
4. Análisis de la Sala
La Sala deberá establecer si los diputados Carolina Zapata Ruiz y Antonio Flórez Sierra
incurrieron en la causal de conflicto de intereses por el hecho de expedir la Resolución
núm. 02 de 2024, la cual fue declarada nula por el Consejo de Estado en el proceso de
nulidad electoral con radicado núm. 2024 00051 01 por modificar la Resolución núm. 150
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de septiembre de 2020.
Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2019 04145 01. C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
20 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
21 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
22 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
de 2023, en el sentido de suprimir la prueba de conocimiento en el marco del concurso para
elegir al secretario general de la asamblea.
En ese sentido, la Sala comienza por precisar que la causal de conflicto de intereses se
presenta cuando «el diputado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma personal o a alguno de sus
parientes en los grados indicados en la norma»23. Así, el asunto puesto en conocimiento
del diputado plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el interés general o el
bien común que deben guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a
manifestar su impedimento para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en
la causal de pérdida de investidura24.
La jurisprudencia de la Sección Primera ha establecido que para la configuración del
conflicto de interés debe acreditarse los siguientes elementos25: (i) la calidad de diputado;
(ii) la existencia de un interés directo, particular y actual del diputado o de sus parientes
señalados en la ley en el asunto sometido a consideración de la plenaria; (iii) la no
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto por
recusación; (iv) haber conformado el quorum y participado el diputado en el debate o
votación de un asunto de competencia de la asamblea.
Cabe anotar que, el interés exigido debe ser directo, esto es, que surja del cumplimiento
de una función encomendada al servidor público de elección popular constitucional y
legalmente; particular, pues debe recaer directamente en él porque le afecta de alguna
manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del grado previsto en la ley; real o actual, que se opone a lo hipotético o
eventual y puede ser de orden económico o moral, lo que significa que no es netamente
patrimonial y, además, debe persistir, tener efectos vigentes o haberse cometido durante
el periodo para el cual se fue elegido26.
En efecto, frente a la existencia de un interés directo, particular y actual, se advierte que
el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 regula el conflicto de intereses para los diputados,
así:
[…] ARTÍCULO 56. Conflicto de Intereses. Todos los diputados deberán declarar los
conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. Se entiende
como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de
ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del diputado.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado de las que no
gozan el resto de los ciudadanos.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de diciembre
de 2021. Expediente radicación núm. 73001 2333 000 2021 00220 01. C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
24 Ibidem.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
septiembre de 2025. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2025 00017 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de marzo
de 2021. Expediente radicación núm. 85001 2333 000 2020 00016 02. C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias
presentes y existentes al momento en el que el diputado participa de la decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del diputado,
de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes
circunstancias:
a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de ordenanza que otorgue
beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del diputado coincide
o se fusiona con los intereses de los electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en el futuro.
c) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza de
carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el
diputado tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá
conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza de
carácter particular, que regula un sector económico en el cual el diputado tiene un interés
particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y
actual.
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores públicos mediante el
voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al
parentesco con los candidatos.
Parágrafo. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los diputados
cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y votación del
proyecto […].
Teniendo en cuenta el alcance de la causal de conflicto de intereses, la Sala advierte que
en el proceso están probados los siguientes hechos:
3.1. Mediante la Resolución núm. 150 de 27 de diciembre de 2023, la mesa directiva del
respectivo período [2023], convocó y reglamentó la elección del cargo de secretario
general de la asamblea departamental de Córdoba para el período 2024 y desde el
artículo 22 hasta el artículo 32 ibidem se reguló la prueba de conocimiento como una
etapa que se debía surtir para la elección del funcionario.
3.2. Posteriormente, a través de la Resolución núm. 002 de 4 de enero de 2024 se
modificó la Resolución núm. 150 de 27 de diciembre de 2023. La Resolución núm. 002
de 2024 fue suscrita exclusivamente por la presidente de la mesa directiva del año 2024,
esto es, la diputada Carolina Zapata Ruiz y, en el artículo sexto, se indicó que se
suprimían los artículos relacionados con la prueba de conocimiento, previas las
siguientes consideraciones27:
[…] CONSIDERANDO
Que la Ordenanza núm. 002 del 13 de mayo de 2022 adoptó el nuevo reglamento de la
Asamblea Departamental de Córdoba.
27 Visto en el índice 2 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
Que el artículo 44 y subsiguientes de la Ordenanza núm. 002 de 2022 establece la
elección del secretario (a) general.
Que mediante Resolución 150 del 27 de diciembre de 2023 [se] establece la
convocatoria para la elección del cargo de secretario general (a) de la Asamblea
Departamental de Córdoba para el período 2024.
Que la Resolución 150 del 27 de diciembre de 2023 establece una prueba de
conocimiento para la elección del cargo de secretario general (a) de la Asamblea
Departamental de Córdoba para el período 2024.
Que revisada la Ordenanza núm. 002 del 13 de mayo de 2022 que establece la
elección del secretario (a) general se encuentra que ésta prueba de conocimiento
no está establecida como requisito de selección del cargo de secretario general
(a).
Que el artículo 13 de la Resolución 150 del 27 de diciembre de 2023 establece:
“ARTÍCULO 13. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. El cronograma podrá
ser modificado en cualquier momento de la convocatoria, por motivos de fuerza
mayor o conveniencia pública, se hará mediante acto administrativo y en todo
momento bajo la observancia de los principios que establece la Constitución y la
ley para este proceso, dicha modificación deberá ser publicada en la página web
de la Corporación y de la Institución Universitaria”.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 44 y subsiguientes de la Ordenanza núm.
002 de 2022 y el artículo 13 de la Resolución 150 del 27 de diciembre de 2023 se
modificaran los artículos 2,4,12 y artículo 20 y se suprimirán los artículos 3, 22, 23, 24,
25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32 y 36 en lo concerniente a la prueba de conocimiento.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
[…]
ARTÍCULO CUARTO. MODIFICAR el artículo doce de la Resolución 150 de 2023 el
cual quedará así.
ARTÍCULO 12. DIVULGACIÓN Y CRONOGRAMA. La convocatoria se
publicará en los términos y tiempos establecidos en el cronograma de esta.
Las etapas de la convocatoria se adelantarán con el siguiente cronograma:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
[…]
ARTÍCULO SEXTO SUPRIMIR los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y
36 de la Resolución 150 de 2023 […] [Negrillas fuera de texto].
3.3. Mediante la Resolución núm. 003 de 10 de enero de 2024, la presidente de la
asamblea departamental, diputada Carolina Zapata Ruíz, estableció la lista de admitidos
e inadmitidos en el proceso de elección de secretario general de la asamblea
departamental de Córdoba para el período 202428, como se observa a continuación:
[…] CONSIDERACIONES
28 Visto en el índice 2 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
[…] Que conforme al cronograma de la Resolución núm. 150 del 27 de diciembre de
2023 modificada mediante Resolución 002 de enero 4 de 2024, se llevó a cabo la etapa
de recepción de las hojas de vida de los aspirantes a secretario (a) general de la
Asamblea Departamental de Córdoba para el período 2024.
Que la Secretaria General de la Asamblea Departamental de Córdoba, siendo las 6.00
P.M. del día 9 de enero de 2024 certificó que se recibieron de forma presencial un total
de cuatro (4) hojas de vida inscritas para aspirar al cargo de secretario (a) general de la
Asamblea Departamental de Córdoba para el período 2024, los cuales se relacionan a
continuación:
Que le corresponde a la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Córdoba
hacer la verificación de los requisitos establecidos en la Constitución Política de
Colombia y en la Resolución núm. 150 del 27 de diciembre de 2023 modificada mediante
Resolución 002 de enero 4 de 2024.
Que conforme lo establecido en el Artículo 48 Ordenanza núm. 002 de 2022 se procedió
a realizar la verificación y análisis de los requisitos mínimos exigidos, dando como
resultado lo siguiente:
Que la señora BERENA MARIA SIMANCA YANEZ aportó los documentos cumpliendo
con lo estipulado en el artículo 16 de la Resolución núm. 150 del 27 de diciembre de
2023 y con los requisitos en el manual de funciones de la Asamblea Departamental de
Córdoba.
Que el señor YESID JAIR COGOLLO ARIAS en los documentos anexos a su hoja de
vida no aportó lo siguiente:
• Formulario Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad
Económica privada persona natural.
• Declaración juramentada de no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibición o encontrarse incurso en algún
impedimento para asumir el cargo.
Incumpliendo con lo estipulado en el artículo 16 de la Resolución núm. 150 del 27 de
diciembre de 2023 y en sus numerales 3 y 15.
Que la señora PAOLA DEL PILAR CARDENAS TOVAR, en los documentos anexos a
su hoja de vida no aportó lo siguiente:
• Carta dirigida al Presidente de la Asamblea Departamental de Córdoba en donde se
manifieste (i) el interés de participar en el proceso de selección del Secretario
General de la corporación para el período enero – diciembre del año 2023, (ii)el lugar
donde el aspirante desea recibir notificaciones, (iii) el correo electrónico del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
aspirante, aceptando recibir notificaciones a través del mismo, (iv) el número
telefónico del aspirante, y (v) la manifestación del aspirante de aceptar todas las
condiciones contenidas en esta convocatoria y en los respectivos reglamentos
relacionados en el mismo, suscrita por el participante.
• Formulario de la hoja de vida en formato único de Función Pública.
• Formulario único de declaración juramentada de bienes y rentas y actividad
económica privada persona natural.
• Declaración juramentada de no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibición o encontrarse incurso en algún
impedimento para asumir el cargo.
Incumpliendo con lo estipulado en el artículo 16 de la Resolución núm. 150 del 27 de
diciembre de 2023 en sus numerales 1,2,3 y 15.
Que el señor VICTOR MANUEL GOMEZ PUERTAS en los documentos anexos a su
hoja de vida presentó en forma incompleta lo siguiente:
• Formulario único de declaración juramentada de bienes y rentas y actividad
económica privada persona natural.
• No aportó certificaciones de experiencia relacionadas con el cargo, por lo tanto, no
cumplió con los requisitos exigidos en el manual de funciones de la Asamblea
Departamental de Córdoba.
Incumpliendo con lo estipulado en el artículo 16 de la Resolución núm. 150 del 27 de
diciembre de 2023 en su numeral 3 y con los requisitos exigidos en el manual de
funciones de la Asamblea Departamental de Córdoba.
Que le corresponde a la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Córdoba
establecer la lista de admitidos y no admitidos al proceso de elección secretario (a)
general de la Asamblea Departamental de Córdoba para el período 2024.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR ADMITIDO a la convocatoria pública para elegir al
Secretario (a) General de la Asamblea Departamental de Córdoba para el período 2024
convocada a través de la Resolución núm. 150 del 27 de diciembre de 2023, modificada
mediante Resolución 002 de enero 4 de 2024, a la siguiente persona:
ARTÍCULO SEGUNDO: INADMITIR a la convocatoria pública para elegir al Secretario
(A) General de la Asamblea Departamental de Córdoba para el período 2024 convocada
a través de la Resolución núm. 150 del 27 de diciembre de 2023, modificada mediante
Resolución 002 de enero 4 de 2024, a las siguientes personas:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
[…]
3.4. Mediante la Resolución núm. 004 de 21 de enero de 2024, la presidente de la
asamblea departamental de Córdoba, diputada Carolina Zapata Ruiz, denegó el recurso
de reposición interpuesto por el señor Víctor Manuel Gómez Puertas 29 y por Resolución
núm. 005 de 22 de enero de 2024, la precitada funcionaria dispuso30:
[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONTINUAR con la presentación de los seleccionados ante
la plenaria y la elección y posesión del Secretario (a) General de la Asamblea
Departamental de Córdoba, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución […]
3.5. En el acta núm. 03 de 22 de enero de 2024 de la asamblea departamental de
Córdoba consta que la señora Berena María Simanca Yánez fue elegida secretaria
general31, así:
[…] CAROLINA ZAPATA RUIZ. Expresa “de acuerdo con la publicación de la lista de
postulados definitivos, de acuerdo con las observaciones presentadas y resueltas
mediante resolución 004 del 21 de enero de 2024, en la elección del cargo de secretaria,
se procede a llamar a la señora BERENA MARÍA SIMANCA YÁNEZ, de acuerdo con el
numeral 5 al artículo 48 del reglamento interno de la Asamblea Departamental, se le
hace el llamado para la toma de juramento […]
[…]
La presidenta CAROLINA ZAPATA RUIZ comunica, que teniendo en cuenta la hoja de
vida de la señora BERENA MARÍA SIMANCA YÁNEZ y que corresponde a lo que exige
29 Visto en el índice 2 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
30 Visto en el índice 2 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
31 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
también el reglamento y la experiencia que se requiere como secretario general, se
somete a consideración y a votación de lo honorables diputados, como secretaria
general a la señora BERENA MARÍA SIMANCA YÁNEZ, la secretaria IRIS VALENCIA
procede nuevamente al llamado a lista para que los diputados den aprobación o
desaprobación y al expresar el nombre del honorable diputado CALLE AGUAS
GABRIEL ENRIQUE este replica que se retira mientras se lleva a cabo el proceso de
selección, se sigue con el respectivo llamado a lista CORRALES SALEME JUAN
CAMILO, (voto positivo ). FLOREZ SIERRA JUAN ANTONIO, (voto positivo). GOMEZ
ESPITIA CARLOS DAVID, (voto positivo). MORENO GUERRERO GABRIEL DE
JESUS, (voto positivo). NEGRETE BONILLA GUSTAVO RICARDO, (voto negativo).
ORTEGA MACEA PEDRO AUGUSTO, (voto negativo). ROIS DEREIX JUAN
HUMBERTO, (voto positivo). ROJAS SALAZAR LUIS MIGUEL, (voto positivo).
SALGADO CASTILLA RAUL ANTONIO, (voto positivo). TAPIA HERRERA
REMBERTO ANTONIO, (voto positivo). VILLADIEGO DIAZ LEONARDO JOSE, (voto
positivo). ZAPATA RUIZ CAROLINA, (voto positivo). la secretaria IRIS VALENCIA,
informa que hay 10 votos a favor de la doctora BERENA SIMANCA YÁNEZ se declara
secretaria general de la Asamblea Departamental […]. [Negrillas y mayúsculas del texto]
3.6. Igualmente está probado que el ciudadano Esteban Uparela Ramos promovió el
medio de control de nulidad electoral pretendiendo que se declarara la nulidad de la
elección de la señora Berena María Simanca Yánez como secretaria general de la
asamblea departamental de Córdoba para el período 2024 y que la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en sentencia proferida en segunda instancia el 13 de febrero de 2025,
en el proceso con radicado núm. 23001 2333 000 2024 00051 01, resolvió 32:
[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda y en su lugar se dispone DECLARAR la nulidad
del acto de elección de la señora Berena María Simanca Yánez como secretaria general
de la Asamblea Departamental de Córdoba, período 2024 […]
En relación con la eliminación de la prueba de conocimiento en el concurso para la
elección de secretario general, la Sección Quinta en la precitada sentencia consideró33:
[…] 2.4.2 Desconocimiento del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018
69. Frente al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, se
analizará si existió, en este caso, alguna omisión en su implementación.
70. Al respecto, dicha norma consagra:
ARTÍCULO 6. Etapas del Proceso de Selección:
El proceso para la elección del Contralor General de la República tendrá
obligatoriamente las siguientes etapas:
1. La convocatoria,
2. La inscripción,
3. Lista de elegidos,
4. Pruebas,
5. Criterios de selección,
6. Entrevista,
32 Visto en el índice 2 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
33 Visto en el índice 2 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
7. La conformación de la lista de seleccionados y,
8. Elección (…)
4. Pruebas. Las pruebas de conocimiento se dirigen a establecer la capacidad,
idoneidad y aptitud del aspirante frente al cargo. La valoración de los factores
anteriores se realizará a través de pruebas de conocimiento objetivas, elaboradas
por un establecimiento de educación superior público o privado debidamente
acreditado y con enfoque en temáticas que giren en torno a Gerencia Pública,
control fiscal, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República y las relaciones del ente de control y la administración pública. (resalto
fuera de texto)
[…]
72. De lo anterior se desprende que inicialmente la convocatoria contempló la aplicación
de prueba de conocimiento, la cual se llevaría a cabo el 18 de enero de 2023 en la ciudad
de Montería, situación que en principio conlleva al cumplimiento del artículo 6 de la Ley
1904 de 2018, sin embargo, mediante la Resolución 002 de 2024 se dispuso modificar,
entre otros, el artículo 12 de la Resolución 150 del 27 de diciembre de 2023 que
contemplaba la aplicación de aquellas […]
73. Advierte la Sala es que suprimir la prueba de conocimientos desconoce lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, hecho que viola los artículos 153 de la Ley 2200
de 2022 y 126 de la Constitución Política que establece que la elección de servidores
públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria
pública, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de
mérito para su selección, los cuales, para el caso en particular, se concretaban en el
acatamiento, entre otras, de las pruebas de conocimientos.
74. Lo anterior, en tanto constituye el componente idóneo para que se elija dentro de
criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, preparación y las aptitudes
generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre
ellos a quien mejor puede desempeñarlo, apartándose de consideraciones subjetivas o
de preferencia.
75. Teniendo en cuenta la concreción de este vicio, el cual deviene en una limitante en
la participación ciudadana, se analizará su envergadura, al finalizar el estudio de todos
los reproches propuestos en el presente proceso.
2.4.2.3 Respecto de la modificación de la convocatoria
76. La Asamblea Departamental mediante la Resolución 150 del 27 de diciembre de
2023, estableció en su artículo 13 lo siguiente:
77. En virtud de esta disposición fue que la duma departamental profirió la Resolución
002 de 2024 que entre otras eliminó la prueba de conocimiento, al respecto advierte la
Sala que no se evidencia que se hayan acreditado las circunstancias de fuerza mayor o
conveniencia pública, por el contrario, el argumento de la citada resolución obedece a lo
dispuesto en la Ordenanza 002 del 13 de mayo de 2022 que adoptó el reglamento de la
Asamblea Departamental de Córdoba.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
78. Al respecto, es oportuno precisar que la decisión de cambiar las reglas de la
convocatoria, sin justificación alguna, vicia de nulidad el acto de nombramiento, en la
medida en que, como bien lo ha dicho esta Sala, la convocatoria es norma reguladora
del proceso de selección y es de obligatorio cumplimiento tanto para la entidad como
para los participantes, de forma tal que debe ser acatada por todos aquellos que formen
parte de esta e, incluso, por los jueces al momento de resolver los casos relacionados
con esta. Y si bien puede ser objeto de modificaciones, estas deben estar justificadas y
deben propugnar por la protección de los derechos de los participantes, en aras de que
aquellos no resulten desconocidos a raíz de las modificaciones.
[…]
80. La Sala advierte que no se configura ninguno de los eventos excepcionalísimos que
justificarían la modificación de la convocatoria. Un cambio en estos términos vulnera principios
fundamentales como la confianza legítima, el debido proceso administrativo, la igualdad, el
acceso equitativo a los cargos públicos y la seguridad jurídica en las actuaciones de la
administración. Estas razones resultan suficientes para la prosperidad del cargo.
81. Adicionalmente, la norma habilitante que permite la modificación lo hace frente al
cronograma (artículo 13), mas no sobre la estructura misma del proceso de selección,
como lo son las pruebas de conocimientos establecida en el artículo 22 ibidem y con ello
su forma de evaluación, aspectos de carácter sustantivo que no podían, bajo esa
premisa, ser eliminados, en tanto, se insiste, no es un aspecto de cambio de fechas sino
de eliminación de etapas.
82. Así las cosas, no se advierte competencia alguna para modificar el procedimiento de
selección del secretario general de la Asamblea Departamental de Córdoba, en tanto la
norma que se invocó como habilitante, no establece ese atributo, por lo que queda
demostrada la concreción de ese vicio.
2.4.4 Respecto de la competencia que tenía la asamblea departamental para
modificar la convocatoria.
83.Sostiene la parte actora, que la presidente de la Asamblea Departamental no tenía
competencia para modificar las reglas de la convocatoria, en tanto, ello era una
atribución propia de su mesa directiva.
84. Respecto de este cargo, se advierte que la Ordenanza 002 de 2022, por medio del
cual ese adopta el reglamento interno de la Asamblea Departamental de Córdoba, en su
artículo 26.18 se estableció lo siguiente:
[…]
86. Advierte la Sala que, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno de la
duma, la mesa directiva tenía la facultad de adelantar la convocatoria y procedimiento
para la elección de secretario, correspondiéndole al presidente firmar las resoluciones y
demás actos administrativos.
87. Así las cosas, no se advierte de la reglamentación interna del cuerpo colegiado, que
el presidente no pudiera suscribir el acto administrativo; es decir la presidente de la
corporación sí podía firmar los actos administrativos de la convocatoria, sin embargo, no
quiere decir esto que estuviese facultada para modificar la convocatoria.
2.4.5 De las irregularidades acreditadas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
88. Dado que se han acreditado las infracciones normativas relacionadas con el
desconocimiento de los artículos 126 de la Constitución Política y 6 de la Ley 1904 de
2018, la Sala considera que dichas irregularidades son sustanciales y de gran magnitud
por cuanto se infringieron las normas propias en que debía fundarse el acto, las cuales
se erigen por mandato superior (artículo 126) como formas de garantizar la
transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito, pilares
fundamentales del acceso a cargos públicos […].
3.7. De otro lado, en el expediente reposa la declaración juramentada extraprocesal
hecha por la señora Berena María Simanca Yanéz ante el notario único del círculo de
Ciénaga de Oro el 22 de julio de 2025, en la que se manifestó lo siguiente 34:
[…] En el Municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba [...] a los veintidós
(22) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025) ante mí […] notario único del
círculo de Ciénaga de Oro, compareció BERENA MARIA SIMANCA YANEZ […] Quien
manifestó en relación con la declaración que va a rendir: 1. Que no tengo generales de
ley con el interesado en este asunto, como tampoco con el señor Notario. Que esta
declaración contenida en este documento, la hago bajo gravedad de juramento y que
tiene por objeto dar los siguientes hechos y que me constan personalmente así: 2.
Comedidamente me permito manifestar que en el año 2024 resulté elegida como
secretaria general de la Asamblea Departamental de Córdoba, en virtud del
procedimiento surtido mediante la convocatoria pública dispuesta por la mesa directiva
de dicha Corporación. 3. Que, para la fecha de la convocatoria, evaluación y posterior
elección, no conocía personalmente a ninguno de los diputados integrantes de la mesa
directiva de la asamblea departamental de Córdoba para el período 2024. 4. Que no
tengo ni he tenido vínculos de amistad, familiaridad, afinidad, ni relaciones personales,
contractuales o profesionales con los diputados que integraron la mencionada mesa
directiva, ni antes ni durante el proceso de elección. 5. Que mi participación en la
convocatoria pública se dio de manera autónoma, en igualdad de condiciones y sin
recibir ningún tipo de trato preferencial o información privilegiada por parte de los
miembros de la Mesa Directiva ni de otro funcionario o tercero […].
3.8. En la audiencia de pruebas que se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2025 se recibió
el testimonio de la señora Berena María Simanca Yánez, del que se destaca lo
siguiente35:
[…] Preguntada por la magistrada de conocimiento sobre si conocía a los señores
Carolina Zapata Ruíz, Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Enrique Calle Aguas previo
a su elección como secretaria de la asamblea departamental de Córdoba para el período
2024, manifestó que no los conocía. Preguntada por si se ratificaba en la declaración
extraproceso y en lo allí manifestado, indicó que sí […].
Preguntada por el apoderado de la señora Carolina Zapata sobre si algún miembro de
la mesa directiva le solicitó favores a cambio de su elección, contestó que no […].
Preguntada por el apoderado del accionante cómo tuvo conocimiento de la convocatoria,
indicó que se enteró por redes sociales y se vinculó a la convocatoria. Preguntada sobre
si le llamó la atención la supresión de la prueba de conocimiento, señaló que no porque
no hacía parte de la asamblea y era parte de la convocatoria como las demás
personas que se inscribieron. Preguntada sobre si dentro del ejercicio de sus
funciones, observó la existencia de un contrato relativo a la práctica de las pruebas de
34 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
35 Visto en el índice 100 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 23001
2333 000 2025 00103 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
conocimiento dentro del proceso de elección del secretario general del período 2024,
sostuvo que en el ejercicio de sus funciones como secretaria general de la vigencia 2024,
cuando se inició el proceso se debieron aportar todas esas pruebas y pues no se
encontró ningún soporte ni presupuestal ni contractual de que se hayan diseñado algún
tipo de proceso para esas pruebas de conocimiento […] [Negrillas fuera de texto].
Del recuento de los hechos probados, la Sala advierte que, en efecto, fue mediante la
Resolución núm. 002 de 4 de enero de 2024 que se modificó la Resolución núm. 150 de
27 de diciembre de 2023, entre otros aspectos, respecto de la eliminación de la etapa de
la prueba de conocimientos. Además, es de precisar que la Resolución núm. 002 de 2024
fue expedida antes de que se iniciara el proceso de convocatoria para la elección de
secretario general de la asamblea departamental, definiendo un nuevo cronograma, de
la siguiente manera:
(i) Divulgación y publicación de la convocatoria
(ii) Inscripciones
(iii) Publicación lista de admitidos y no admitidos
(iv) Publicación lista de postulados definitivos
(v) Presentación de recurso de reposición contra la lista de postulados definitivos
(vi) Presentación de seleccionados ante la plenaria, elección y posesión de
secretario general de la asamblea departamental de Córdoba para el período
2024.
En ese contexto, se observa que bajo las reglas establecidas por la Resolución núm. 150
de 2023, modificada por la Resolución núm. 002 de 2024, se inscribieron cuatro
candidatos para el cargo de secretario general, de los cuales sólo uno de ellos fue
admitido, la señora Berena María Simanca Yanez, debido a que los restantes
participantes que se habían inscrito no aportaron la documentación completa, razón por
la cual fueron inadmitidos, según consta en la Resolución núm. 003 de 10 de enero de
2024.
Luego, conforme lo probado en el proceso, no se advierte la existencia de un interés
directo, particular y actual en cabeza de los diputados accionados, por cuanto, desde el
inicio se definieron las reglas con las que se adelantaría la convocatoria para la elección
de secretario general, por lo que la eliminación de la prueba de conocimientos no implicó
el favorecimiento a ninguno de los participantes, puesto que, las personas que se
inscribieron lo hicieron en igualdad de condiciones y con unos parámetros y etapas
preestablecidas; es de anotar que circunstancia distinta es que, de manera posterior, se
haya declarado la nulidad de la elección de la secretaria general en razón a que dicha
convocatoria no se adelantó conforme a la ley.
Adicionalmente, se observa que en el recurso de apelación la parte solicitante alegó que
la causal de conflicto de intereses se configuró porque la modificación arbitraria contenida
en la Resolución núm. 002 de 2024 consistente en suprimir la prueba de conocimiento
en un proceso de convocatoria pública, permitió a los diputados, especialmente a la
presidente y primer vicepresidente, «controlar arbitrariamente el concurso de méritos»
para la elección de secretario general de la asamblea para el período 2024,
«desproveyendo al proceso del principio de mérito y permitiéndoles […] dirigir el concurso
con apego a su voluntad particular, lo cual condujo a que se configurara un interés de
carácter moral», y, en ese sentido reprochó que los accionados debían declararse
impedidos para proferir la Resolución núm. 002 de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
Sin embargo, la argumentación con la que parte actora pretende acreditar la
configuración del conflicto de interés no encuadra en los conceptos de beneficio
particular, actual y directo, previstos en el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022.
Al respecto, frente al (i) beneficio particular: el solicitante no explicó cuál es el privilegio
o el provecho que le otorgaba a los accionados la expedición de la Resolución núm. 002
de 2024, o el hecho de participar en la elección de la secretaria general; (ii) beneficio
actual: la parte actora no evidenció cuál sería el interés de los accionados al momento
de expedir la Resolución núm. 002 de 2024, o en la participación durante la elección de
la mencionada funcionaria; y (iii) beneficio directo: el solicitante no demostró que
existiera un interés en beneficiarse con la elección de la señora Berena María Simanca
Yánez, para sí mismos o para un pariente suyo en los grados de parentesco señalados
en la ley.
De este modo, la parte actora no explicó y tampoco acreditó cuál era la confrontación
entre el interés personal en cabeza de los diputados y el interés general al momento de
expedir la precitada Resolución núm. 002 de 2024 o al participar en la elección de la
secretaria general, lo que permitiría evidenciar la configuración de la causal de conflicto
de interés.
Sobre el particular, se observa que el solicitante en su argumentación se limitó a señalar
que la modificación introducida en dicha resolución les permitió a los accionados controlar
arbitrariamente la convocatoria para la elección de secretario general de la asamblea
para el período 2024; no obstante, se trata de una afirmación que no cuenta con respaldo
probatorio en el expediente, pues, por un lado, la apertura de la convocatoria y la elección
del secretario de la corporación hace parte de las competencias de la mesa directiva de
la asamblea, en los términos del numeral 18 del artículo 2636 y del numeral 8 del artículo
837, respectivamente, de la Ordenanza núm. 002 – 2022 [Reglamento Interno Asamblea
Departamental de Córdoba] y, por otro lado, contrario a lo sostenido por la parte
solicitante, lo que se observa es que la convocatoria para la elección del funcionario se
hizo bajo una reglas prestablecidas en la que los inscritos participaron en igualdad de
condiciones.
No sobra mencionar que, según el testimonio rendido en este proceso por la señora
Berena María Simanca Yánez, aquella no conocía a los señores Carolina Zapata Ruíz,
Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Enrique Calle Aguas, previamente a su elección
como secretaria de la asamblea departamental de Córdoba para el período 2024, sin que
la parte actora haya aportado algún material probatorio para desvirtuar dicha afirmación.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente precisar que, en el recurso de apelación, el
solicitante adujo que la causal de conflicto de intereses se configuró por la modificación
de la Resolución núm. 002 de 2024, que según afirmó, les permitió a los diputados,
36
[…] ARTÍCULO 26°- FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE CÓRDOBA - MESA DIRECTIVA: Se entiende por Mesa Directiva la integrada por el presidente, el
Primer vicepresidente y el Segundo Vicepresidente, y el Secretario(a) General y como órgano de dirección
permanente tiene las siguientes funciones: […] 18. Adelantar el proceso de la convocatoria y el
procedimiento para elegir al secretario general de la Asamblea Departamental de Córdoba, conforme a lo
establecido en la Constitución, la ley y el reglamento interno de esta Corporación […].
37 […] ARTÍCULO 8°- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Son funciones de las Asambleas Departamentales:
[…] 8. Elegir, mediante convocatoria pública, al secretario (a) de la Asamblea para el período previsto en
el presente reglamento […].
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
especialmente a la presidente y primer vicepresidente, controlar la convocatoria; sin
embargo, como se indicó en precedencia, la Resolución núm. 002 de 2024 fue suscrita
exclusivamente por la presidente de la mesa directiva del año 2024, esto es, la diputada
Carolina Zapata Ruiz, sin que, respecto de ella se hubiera demostrado el conflicto de
intereses.
Ahora, la Sala no pasa por alto que, conforme lo señalado por la Sección Quinta de la
Corporación, en la sentencia proferida el 13 de febrero de 2025, la decisión de eliminar
la prueba de conocimientos del proceso de elección de la secretaria general constituyó
una irregularidad que conllevó a la declaratoria de nulidad de la elección de la señora
Berena María Simanca Yánez; sin embargo, dicha circunstancia no implica, por sí misma,
la configuración de la causal de conflicto de intereses y la consecuente pérdida de
investidura de los accionados.
Lo explicado, por cuanto el proceso de pérdida de investidura tiene una naturaleza
diferente al medio de control de nulidad electoral. En efecto, el primero, es de carácter
inminentemente sancionatorio por lo que se analiza la conducta de los accionados,
mientras que y, en el segundo, el juez debe adelantar un juicio sobre la legalidad del acto
de elección38:
[…] En relación con la pérdida de investidura, la Sala Plena, con fundamento en las
referidas normas, precisó que el procedimiento a seguir es el previsto en la Ley 144 de
1994, en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en la Ley 1437 de 2011 y, en cuanto a
su naturaleza, concluyó que “es un proceso jurisdiccional de carácter sancionatorio
que tiene por fundamento la salvaguarda de la ética que debe observarse cuando se
ocupa un cargo de elección popular”. (Negrillas incluidas en el texto).
[…]
[E]n el medio de control electoral, el juez debe realizar un juicio sobre la legalidad del
acto de elección, es decir sobre su correspondencia o no con el orden jurídico, por lo
que se trata de un control objetivo de legalidad, sin que resulte procedente analizar la
conducta del elegido, lo que implica igualmente que en el evento de prosperar la
pretensión de nulidad no se genera inhabilidad alguna […].
En el presente asunto, en el medio de control de nulidad electoral se enjuició el acto de
elección de la señora Berena María Simanca Yánez, como secretaria general de la
asamblea para el período 2024; mientras que, en el proceso de pérdida de investidura,
el objeto de examen en sede de apelación radica en determinar si la conducta reprochada
a los diputados [la expedición de la Resolución núm. 002 de 2024] configura la causal de
conflicto de intereses. De modo que, al tratarse de acciones autónomas y separadas que
tiene sus propios fines y fundamentos, lo resuelto en la demanda de nulidad electoral no
condiciona el resultado del proceso de pérdida de investidura. Así lo ha indicado, la
Sección Primera de la Corporación39:
[…] La consecuencia de desconocer el régimen de inhabilidades de otros funcionarios o
cargos en actos oficiales suyos, no puede ser la pérdida de investidura de los concejales,
o de los diputados o ediles, según el caso, por no estar tipificada como causal en la
normatividad de la pérdida de investidura de esos servidores. Ello no significa que
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 1 de diciembre
de 2016. Expediente radiación núm. 50001 2333 000 2015 00006 01. C.P.: Rocío Araújo Oñate.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 2 de abril de 2009. Expediente
radicación núm. 23001 2331 000 2008 00122 01. C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
desatender dicho régimen no pueda acarrearles consecuencias, pero ellas, de llegar a
darse (en lo disciplinario o en lo penal) no son las de pérdida de la investidura.
[…]
3.6. […] [E]n relación con el proceso electoral que según su afirmación cursa contra el
acto de elección de la personera en cuestión, no tiene cabida, puesto que, como lo
sostiene el Ministerio Público, se trata de acciones autónomas y separadas, que tienen
sus propios fines y motivos, de suerte que las resultas de una no está condicionada por
las de la otra, y las conductas o hechos que se juzgan en cada una son diferentes: En la
primera se juzga la conducta de un concejal, diputado, edil o congresista, de donde se
trata de un control deontológico y ético político con base en conductas tipificadas por el
legislador, mientras que en la segunda se enjuicia un acto administrativo en ejercicio de
un control de legalidad […].
Conforme todo lo expuesto, la Sala considera que la parte actora no logró probar la
existencia de un beneficio particular, actual y directo en cabeza de los diputados con ocasión
de la expedición de la Resolución núm. 002 de 2024, por lo que, al no estar cumplido el
elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses, resulta inoficioso el examen del
elemento subjetivo. Por consiguiente, se confirmará la decisión de primera instancia que
negó la desinvestidura de los accionados.
4. Condena en costas
En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.
En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:
[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba que negó la solicitud de pérdida de
investidura de los diputados Carolina Zapata Ruiz, Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel
Enrique Calle Aguas, período constitucional 2024 – 2027, por las razones señaladas en
la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicación: 23001 23 33 000 2025 00103 02
Solicitante: Jorge Luis Mercado Castillo
Demandados: Gabriel Enrique Calle Aguas, Carolina Zapata Ruiz y Juan
Antonio Flórez Sierra
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 16 de
abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.