Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00106-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00106-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 23001-23-33-000-2025-00106-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C. primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 23001-23-33-000-2025-00106-01
Accionante: JAVIER OSWALDO ÁLVAREZ BOTÍA
Accionado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL
CIRCUITO DE MONTERÍA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela – Procedencia excepcional. Subsidiariedad – El proceso
ejecutivo en curso constituye el mecanismo idóneo para la protección de los
derechos fundamentales. Carencia actual de objeto por hecho superado – La
autoridad judicial resolvió la petición durante el trámite de la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por Javier Oswaldo Álvarez Botía contra la
sentencia del 3 de julio de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 11 de junio de 20251, Javier Oswaldo Álvarez Botía, quien actúa a través de
agente oficioso2, promovió demanda de tutela contra el Juzgado Cuarto
Administrativo Mixto del Circuito de Montería y Nación –Ministerio de Defensa –
Policía Nacional.
2. El peticionario expuso que mediante Sentencia del 28 de marzo de 2019, el
Tribunal Administrativo de Arauca declaró la responsabilidad patrimonial de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las lesiones sufridas. No
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Índice electrónico 01 de SAMAI.
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El señor Oscar Javier Álvarez Jiménez.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00106-01
Accionante: Javier Oswaldo Álvarez Botía
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
obstante, al momento de interponer la presente acción, la Policía Nacional –
Secretaría General – Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales no había
efectuado el pago de la condena, a pesar de haber transcurrido más de dos años
desde la respectiva solicitud. Adicionalmente, señaló que el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Montería no se ha pronunciado sobre la
solicitud de ejecución presentada hace aproximadamente tres años.
3. En criterio del demandante, estas omisiones vulneraron sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido proceso.
Hechos relevantes
4. Tras recibir múltiples amenazas contra su vida, el señor Javier Oswaldo Álvarez
Botía inició una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En atención a ello,
la Fiscalía solicitó al comandante de la Policía de Córdoba adoptar medidas de
protección y seguridad a favor del denunciante y de su familia.
5. El 19 de septiembre de 2009, Javier Oswaldo Álvarez Botía fue víctima de un
atentado que lo dejó gravemente herido por impactos de arma de fuego. En dicha
ocasión no recibió protección por parte de la Policía Nacional, a pesar de que esa
institución conocía el riesgo en que se encontraba.
6. Como consecuencia de las lesiones sufridas en el atentado, la Junta Regional
de Calificación de Invalidez del Magdalena, mediante dictamen del 28 de abril de
2018, le reconoció una pérdida de capacidad laboral del 80.2%.
7. Los señores Javier Oswaldo Álvarez Botía y María Paulina Jiménez Puche, junto
con sus hijos Isabella Álvarez Jiménez, Melissa Álvarez Jiménez y Óscar Javier
Álvarez Jiménez, interpusieron demanda a través del medio de control
de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
por los perjuicios ocasionados en el atentado.
8. El 21 de septiembre de 2017, el Juzgado Único Administrativo del Circuito de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró3 probadas las excepciones
propuestas por la parte demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de
3
El proceso se radicó bajo el número 23-001-33-31-004-2015-00322-00 y fue conocido inicialmente
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Montería. No obstante, en virtud del
Acuerdo PSAA16-10529 del 14 de junio de 2016, expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, el expediente fue remitido al Juzgado Único Administrativo del Circuito de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Accionante: Javier Oswaldo Álvarez Botía
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
la demanda, al considerar que la parte demandante no aportó las pruebas
pertinentes y suficientes para acreditar la falla en el servicio por omisión.
9. Al resolver la apelación interpuesta por la parte actora, mediante Sentencia
del 28 de marzo de 2019, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Arauca
revocó el fallo de primer grado y declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al encontrar que aunque el atentado
contra el señor Javier Oswaldo Álvarez Botía fue realizado por terceros, este hecho
no le es ajeno a la entidad accionada.
10. A través de Auto del 7 de diciembre de 2020, el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Montería ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el
superior y dispuso archivar el expediente.
11. El 7 de septiembre de 2022, los demandantes presentaron solicitud de pago de
la sentencia de condena ante la Policía Nacional – Secretaría General – Grupo de
Ejecución de Decisiones Judiciales, bajo radicado No. 055948.
12. El 2 de marzo de 2023, los interesados reiteraron la petición de pago ante la
misma dependencia, la cual quedó registrada bajo radicado No. GE-2023-013448-
DIPON.
13. El 27 de mayo de 2024, los demandantes, por intermedio de apoderado judicial,
iniciaron proceso ejecutivo ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Montería, solicitando librar mandamiento de pago en contra de la Nación
• Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el
Tribunal Administrativo de Arauca en la Sentencia del 28 de marzo de 2019, así
como decretar medidas cautelares de embargo y secuestro sobre bienes, derechos
y créditos de la Policía Nacional.
14. Indicó el tutelante que, a pesar de que impulsó el proceso, a la fecha de
presentación de la presente acción, la Policía Nacional – Secretaría General –
Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales, no ha efectuado el pago de la
condena, a pesar de haber transcurrido más de 2 años desde la solicitud.
Igualmente, manifestó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Montería no se ha pronunciado sobre la solicitud de ejecución presentada hace
aproximadamente 3 años.
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Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
15. El peticionario expuso que la pensión de invalidez que recibe el señor Javier
Oswaldo Álvarez Botía resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y
las derivadas de su delicado estado de salud, ya que la pérdida de capacidad laboral
ocasionada por el atentado criminal le impide desempeñar otras actividades
productivas. Agregó que su familia debe asumir el costo de una enfermera diaria,
mientras su esposa e hijos trabajan para atender las exigencias de su condición.
16. En respaldo de su solicitud, citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
destacando, en primer lugar, la Sentencia T-131 de 2005, en la cual se precisó que
la acción de tutela procede para garantizar el cumplimiento de fallos judiciales
cuando su inobservancia afecta derechos fundamentales. En segundo lugar, hizo
referencia a la Sentencia T-441 de 2013, la cual reiteró que si bien la tutela es en
principio improcedente para exigir obligaciones de dar por existir el proceso
ejecutivo, admitió su procedencia excepcional cuando el incumplimiento
compromete derechos como la vida, la dignidad o la integridad personal.
Finalmente, invocó la Sentencia T-455 de 2018, que enfatiza la especial protección
que el Estado debe brindar a las personas en situación de discapacidad, en razón
a su condición de vulnerabilidad.
Pretensiones
17. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“PRIMERA: tutelar, los derechos fundamentales de mi agenciado Javier
Oswaldo Álvarez BotÍa, a: la dignidad humana (art. 1° constitución política); la
ida digna (art. 11 cp); la igualdad y protección reforzada a favor de las personas
en situación de discapacidad (art. 13 ibid.); el debido proceso sin dilaciones
injustificadas (art. 29 y 228 ibid.); y la oportuna, recta y cumplida administración
de justicia (art. 229 c.p.), ante la omisión de las autoridades accionadas, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
acción constitucional.
SEGUNDA: ORDENAR, a la Policía Nacional - Secretaría General - Área de
Defensa Judicial- Grupo de Ejecución Decisiones Judiciales, que sin más
dilaciones, profiera el acto administrativo de reconocimiento y pago de la
sentencia fechada veintiocho (28) de marzo del dos mil diecinueve (2019), de
la sala de decisión del Tribunal Administrativo De Arauca, que revocó los
numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia fechada veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017)
proferida por el Juzgado Único Administrativo Del Circuito De San Andrés,
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Accionante: Javier Oswaldo Álvarez Botía
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Providencia y Santa Catalina, y en su lugar, declaró la responsabilidad
patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por las
lesiones ocasionadas al actor Javier Oswaldo Álvarez Botía, sobre la cual
solicitó pago, mediante cuenta de cobro legalmente radicada ante esa
accionada y se haga efectivo el respectivo, pago dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de dicho acto administrativo.
TERCERA: ORDENAR, al Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Montería o quien haga sus veces, que proceda a tramitar la ejecución
de la sentencia fechada veintiocho (28) de marzo del dos mil diecinueve (2019),
de la sala de decisión del Tribunal Administrativo de Arauca, que revocó los
numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia fechada veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017)
proferida por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo expuesto en la presente
acción.
CUARTA: AMPARAR, otros derechos fundamentales que se encuentren
vulnerados”4.
Trámite en primera instancia
18. Mediante Auto del 12 de junio de 20255, el Tribunal Administrativo de Córdoba
admitió la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte
accionante, accionada y al Agente del Ministerio Público, así como vincular a María
Paulina Jiménez Puche y Melissa e Isabella Álvarez Jiménez.
Intervenciones
19. El Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería6 solicitó
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida que el 13 de
junio de 2025 profirió auto que libró mandamiento de pago y otro que decretó
medidas cautelares. Dichas providencias se notificaron en el estado número 019,
según consta en el expediente judicial.
20. El Juzgado señaló que enfrenta una alta congestión, pues en el primer trimestre
de 2025 tramitaba 553 procesos, lo que explica las demoras en las decisiones.
Aclaró que estas tardanzas no obedecen a negligencia, sino a limitaciones propias
de la administración de justicia. Añadió que actualmente desarrolla un plan de
acción en procesos ejecutivos, priorizando la evacuación de expedientes antiguos.
4
Índice electrónico 01 de SAMAI.
5
Índice electrónico 04 de SAMAI. Auto Admite(.TMP) NroActua 4.
6
Índice electrónico 026 de SAMAI. Recepción Memoriales(.TMP) NroActua 26.
5
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Accionante: Javier Oswaldo Álvarez Botía
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
21. La Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional7 expuso que respondió
oportunamente las solicitudes de la parte accionante: la primera, mediante oficio del
17 de noviembre de 2022, en el que requirió los documentos faltantes para
completar la cuenta de cobro, y la segunda, mediante comunicación del 26 de mayo
de 2023, en la que informó la asignación del turno de pago No. 104-S-2023. Precisó
que el pago de sentencias depende de la disponibilidad presupuestal asignada por
el Ministerio de Hacienda y que según el Decreto 1621 de 2024, no se destinaron
recursos a la Policía Nacional para el pago de sentencias judiciales en el primer
semestre de 2025. Actualmente se están atendiendo cuentas radicadas desde
2020, por lo cual el pago correspondiente al turno asignado al actor tendría como
fecha estimada el año 2029, sin que ello implique una obligación cierta, pues está
condicionado a la asignación presupuestal.
22. Aclaró que no tiene competencia para alterar los turnos de pago, dado que ello
vulneraría el principio de igualdad y el debido proceso de quienes radicaron
solicitudes con anterioridad. Recordó, además, que la Corte Constitucional ha
resaltado la obligatoriedad de respetar estrictamente el principio de turno, incluso
en casos de especial sensibilidad como las indemnizaciones por desplazamiento
forzado.
23. En conclusión, la Policía Nacional solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, por cuanto no vulneró los derechos fundamentales invocados. La entidad
afirmó que obró dentro del marco legal, sin incurrir en omisión, exceso o desviación
de poder. Además, advirtió que no se cumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que existen otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces para
controvertir los hechos alegados por el accionante.
24. María Paulina Jiménez Puche, Melissa e Isabel Álvarez Jiménez8 se
acogieron a los hechos expuestos en la demanda y respaldaron las pretensiones
formuladas por el accionante. Igualmente, solicitaron que el pago de la
indemnización se efectuara de manera pronta y efectiva, con el fin de garantizar que
el señor Javier Oswaldo Álvarez Botía pueda llevar una vida digna dada su
condición de especial vulnerabilidad.
7
Índice electrónico 07 de SAMAI. Contestación(.TMP) NroActua 7.
8
Índice electrónico 014,015 y 016 de SAMAI. Contestación(.TMP) NroActua 14, Contestación(.TMP)
NroActua 15, Contestación(.TMP) NroActua 16.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00106-01
Accionante: Javier Oswaldo Álvarez Botía
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Sentencia de primera instancia de tutela
25. Mediante sentencia del 3 de julio de 20259, el Tribunal Administrativo de Córdoba
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que desapareció
el supuesto que dio origen a la acción de tutela. Argumentó que el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante Auto del 13 de junio de
2025, libró mandamiento de pago contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y a favor de los ejecutantes Javier Oswaldo Álvarez Botía, María Paulina
Jiménez Puche, Isabella Álvarez Jiménez, Melissa Álvarez Jiménez y Óscar Javier
Álvarez Jiménez, por las sumas reconocidas en la Sentencia de segunda instancia
del 28 de marzo de 2019. En la misma providencia, el despacho ordenó a la entidad
ejecutada cancelar la obligación en el término de cinco días y decretó medidas
cautelares de embargo y retención de dineros en diversas entidades financieras,
con las excepciones legales previstas. Dichas decisiones fueron notificadas el 16
de junio de 2025.
26. Por otra parte, frente a la solicitud dirigida a que la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional para que emitiera un acto administrativo de
reconocimiento y pago de la sentencia del 28 de marzo de 2019, el Tribunal se
abstuvo de pronunciarse de fondo, al estimar que tal pretensión era improcedente
en sede de tutela. Esto si se considera que se adelanta un proceso ejecutivo en el
cual se libró mandamiento de pago mediante la providencia del 13 de junio de 2025.
Impugnación10
27. La parte accionante manifestó que no controvierte la decisión de primera
instancia, la cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que
el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto de Montería dictó auto de mandamiento de
pago y medidas cautelares el 13 de junio de 2025. No obstante, la impugnación se
dirige exclusivamente contra la decisión que declaró improcedente estudiar de
fondo la pretensión contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
relativa al reconocimiento y pago de la sentencia del 28 de marzo de 2019.
28. El tutelante sostuvo que aunque en el proceso ejecutivo se libró mandamiento
de pago y se decretaron embargos, este no constituye un mecanismo idóneo ni
eficaz, debido a su duración y doble instancia, máxime cuando la Policía interpuso
excepciones y recursos. Recalcó que el actor, en condición de especial protección
9
Índice electrónico 028 de SAMAI. Sentencia(.TMP) NroActua 28.
10
Índice electrónico 030 de SAMAI.
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Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
constitucional, sufre un deterioro progresivo en su salud y calidad de vida que exige
una protección inmediata, la cual no puede depender de los tiempos del proceso
ordinario.
29. Afirmó además que el fallo impugnado incurrió en defecto por desconocimiento
del precedente, al considerar improcedente ordenar el pago de la condena en sede
de tutela, pues desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre ellas
las sentencias T-441 de 2013, T-131 de 2005, T-720 de 2002 y T-455 de 2018, las
cuales admiten la procedencia excepcional de la tutela frente a obligaciones de dar
cuando el incumplimiento compromete derechos fundamentales, y que destaca la
especial protección que el Estado debe garantizar a las personas en situación de
discapacidad y vulnerabilidad. Finalmente, enfatizó que el respeto al precedente
constitucional es obligatorio para los jueces, en garantía de los principios de
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima.
CONSIDERACIONES
Competencia
30. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201911.
Problema jurídico y metodología de la decisión
31. El Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería manifestó que
había contestado la solicitud elevada por la parte accionante, pues el 13 de junio de
2025 profirió dos autos en el que libró mandamiento de pago y decretó medidas
cautelares, respectivamente. El 16 de junio de 2025, estas decisiones quedaron
notificadas. En consecuencia, corresponde a la Sala establecer si en la presente
acción de tutela se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.
32. Adicionalmente, la Sala debe determinar, en primer lugar, si la acción de tutela
cumple con los requisitos formales de procedibilidad fijados por la jurisprudencia
constitucional para su admisión. Superado este examen preliminar, será procedente
analizar de fondo, el cual consiste en establecer si la decisión adoptada por el
11
Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Tribunal Administrativo de Córdoba el 3 de julio de 2025 vulneró los derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido proceso, al omitir el estudio
de la segunda pretensión de la demanda. Dicha pretensión consistía en que la
Policía Nacional profiriera un acto administrativo de reconocimiento y pago de la
sentencia del 28 de marzo de 2019, que declaró la responsabilidad patrimonial del
Estado a favor de la parte demandante.
33. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye: (i) reiteración de la jurisprudencia
constitucional sobre la carencia actual de objeto por hecho superado, (ii) análisis
sobre la procedencia o improcedencia de la acción de tutela frente al incumplimiento
del pago de una sentencia, (iii) cumplimiento del requisito de legitimación en la
causa. estudio del caso concreto.
La carencia actual de objeto por hecho superado
34. La Corte Constitucional señala que la carencia actual de objeto se presenta
cuando durante el trámite de la acción de tutela desaparecen las circunstancias que
originaron la presunta vulneración de derechos fundamentales, lo que hace
innecesario un pronunciamiento judicial. En tal caso, cualquier pronunciamiento del
juez carecería de eficacia, toda vez que no existe un conflicto jurídico por resolver12.
35. El Tribunal Constitucional13 ha identificado tres supuestos para la configuración
de la carencia actual de objeto: (i) hecho superado; (ii) daño consumado
o (iii) situación sobreviniente. En atención a los antecedentes del presente caso, la
Subsección se detendrá a realizar algunas precisiones sobre el hecho superado.
36. La figura del hecho superado se configura cuando la vulneración o amenaza del
derecho fundamental desapareció porque la autoridad accionada adoptó, de
manera voluntaria y oportuna, las medidas necesarias para restablecer el derecho
presuntamente vulnerado14. En tales casos, la tutela pierde objeto, ya que no
subsiste la situación lesiva que justifique una intervención del juez constitucional-
37. En suma, frente a la configuración de la carencia actual por hecho superado, el
juez constitucional debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, toda
12
Corte Constitucional, Sentencia T-200 de 2022.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-109 de 2022.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-226 de 2024, T-244 de 2023 y SU-096 de 2018.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
vez que los hechos que dieron lugar a la interposición del recurso de amparo fueron
superados y se superó la vulneración de sus derechos fundamentales15.
38. En el caso concreto, frente a la omisión en el pronunciamiento sobre la ejecución
de la Sentencia del 28 de marzo de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto
del Circuito de Montería explicó que a través de Auto del 13 de junio de 2025, libró
mandamiento de pago contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y a favor de Javier Oswaldo Álvarez Botía, María Paulina Jiménez Puche, Isabella
Álvarez Jiménez, Melissa Álvarez Jiménez y Óscar Javier Álvarez Jiménez.
Adicionalmente, decretó medidas cautelares consistentes en el embargo y retención
de los dineros que la Policía Nacional tuviera o llegare a tener en cuentas de ahorro
o corrientes en entidades financieras. Estas decisiones se notificaron el 16 de junio
de 2025.
39. De esta manera, la petición relacionada con el reconocimiento y pago de la
Sentencia del 28 de marzo de 2019 cesaron durante su trámite de la acción de
tutela, pues la autoridad judicial atacada respondió de fondo la solicitud y notificó
debidamente al accionante. En consecuencia, se configuró el hecho superado, dado
que desapareció la situación que originó el amparo, lo cual impide al juez
constitucional emitir un pronunciamiento de fondo sobre la presunta vulneración
alegada.
Procedencia o improcedencia de la acción de tutela frente al incumplimiento
del pago de una sentencia
40. La Corte Constitucional ha reconocido que la ejecución de las sentencias
constituye una garantía esencial del Estado social y democrático de derecho16. En
consecuencia, el incumplimiento de un fallo judicial ejecutoriado por parte de
autoridades o particulares supone una grave afectación al Estado de Derecho y a
los derechos fundamentales de los beneficiarios de la decisión. No obstante, la
acción de tutela para exigir el cumplimiento de sentencias es en principio
improcedente, en atención a dos razones, su carácter subsidiario y la existencia de
mecanismos ordinarios como el proceso ejecutivo que resultan idóneos para hacer
efectivas dichas decisiones17.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-771 de 2014.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-321 de 2003.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-830 de 2005.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
41. La jurisprudencia constitucional distingue entre obligaciones de hacer y
obligaciones de dar en el cumplimiento coercitivo de las decisiones judiciales. En el
primer caso, el proceso ejecutivo no siempre es eficaz, ya que carece de
mecanismos de apremio suficientes para obligar al deudor a cumplir. En el segundo,
tratándose de obligaciones de dar como el pago de sumas de dinero, la Corte ha
establecido que el proceso ejecutivo es el medio idóneo y preferente para lograr su
cumplimiento, siempre que la obligación sea clara, expresa y exigible18.
42. Por consiguiente, la acción de tutela procede excepcionalmente frente al
incumplimiento de fallos judiciales, en especial respecto de obligaciones de hacer,
cuando su inobservancia compromete de manera directa derechos fundamentales.
Por el contrario, respecto de obligaciones de dar, la regla general es la
improcedencia de la tutela, salvo que el incumplimiento amenace bienes esenciales
como la dignidad humana, el salario mínimo o los medios vitales de subsistencia.
Análisis del caso concreto
43. En este contexto, la Subsección analizará los elementos formales de
procedibilidad de una acción de tutela. De ahí que, estudiará la legitimación en la
causa y la subsidiariedad.
La legitimación en la causa por activa y pasiva
44. En primer lugar, el señor Javier Oswaldo Álvarez Botía se encuentra legitimado
en la causa por activa para promover la presente demanda, en la medida en que es
el titular de los derechos invocados y actúa a través de agente oficioso, toda vez
que perdió el 80.2% de su capacidad laboral.
45. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva. Esto se debe a que la tutela se dirigió contra el Juzgado Cuarto
Administrativo Mixto del Circuito de Montería y La Nación –Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, autoridades a las que se le atribuye la trasgresión de los derechos
fundamentales reclamados por el tutelante.
Subsidiariedad
46. La Sala observa que no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que
actualmente se encuentra en trámite un proceso ejecutivo, el cual constituye el
18
Corte Constitucional, Sentencia T-229 de 2022.
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medio judicial idóneo, eficaz y preferente para obtener el reconocimiento y pago de
la Sentencia del 28 de marzo de 2019.
47. El actor afirmó que el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante Sentencia del
28 de marzo de 2019, declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación por las
lesiones que sufrió en un atentado en su contra. Señaló que la Policía Nacional no
ha pagado la condena, a pesar de que han transcurrido más de dos años desde la
solicitud. El demandante sostuvo que estas omisiones vulneran sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido proceso.
48. En cuanto a la obligación de la Policía Nacional de efectuar el pago de la
condena derivada de la sentencia del 28 de marzo de 2019, la Sala precisa que la
tutela resulta improcedente. Ello, porque se trata de una obligación de dar,
consistente en el pago de una suma de dinero, frente a la cual la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que el proceso ejecutivo es el mecanismo idóneo y
preferente para exigir su cumplimiento, siempre que la obligación sea clara, expresa
y exigible.
49. En el presente caso, obra un proceso ejecutivo en curso, lo cual confirma la
existencia de un medio ordinario eficaz para lograr la satisfacción del derecho
reclamado. En consecuencia, el incumplimiento alegado debe ventilarse en el
escenario procesal ordinario diseñado para ello, esto es, el proceso ejecutivo, y no
a través del amparo constitucional, cuya naturaleza subsidiaria y residual impide
desplazar los mecanismos judiciales ordinarios cuando estos resultan idóneos y
efectivos.
50. La Corte ha establecido que frente a obligaciones de dar la regla general es la
improcedencia de la tutela, salvo cuando el incumplimiento pone en riesgo bienes
esenciales como la dignidad humana, el salario mínimo o los medios vitales de
subsistencia. En este caso, el accionante informó que recibe una pensión de
invalidez, lo cual demuestra que la falta de pago de la condena establecido en la
sentencia del 28 de marzo de 2019 no compromete directamente su dignidad, ni
afecta su salario mínimo o sus medios de subsistencia. Por tanto, no se configuran
los supuestos excepcionales que permiten la procedencia del amparo para reclamar
el cumplimiento de obligaciones de dar.
51. La Sala concluye que, respecto de la omisión atribuida al Juzgado Cuarto
Administrativo Mixto del Circuito de Montería, se configuró un hecho superado, pues
la autoridad judicial libró mandamiento de pago y adoptó medidas cautelares
durante el trámite de la presente tutela. Por su parte, frente al incumplimiento del
12
Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00106-01
Accionante: Javier Oswaldo Álvarez Botía
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
pago de la condena por parte de la Policía Nacional, la acción de tutela resulta
improcedente, en la medida en que existe un proceso ejecutivo en curso que
constituye el medio judicial idóneo y eficaz para obtener el pago ordenado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 3 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado y la improcedencia la acción de tutela promovida por Javier
Oswaldo Álvarez Botía, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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