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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00157-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00157-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar, RECHAZAR la demanda, por no haberse agotado el requisito de constitución en renuencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2025-00157-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00157-01
Accionante: CARMEN CECILIA VILLALBA MUSLACO
Accionado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Tema: Debido proceso administrativo en el trámite de constitución de
resguardo indígena. Revoca y rechaza por no agotar el requisito
de constitución en renuencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 24 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Tercera de Decisión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como en el Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado
por el Acuerdo 434 de 2024).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 2 de diciembre de 20255.
Por lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la
Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 de la Constitución y
desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Carmen Cecilia Villalba Muslaco, en
representación del cabildo indígena Belén La Barra San Francisco del municipio de

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por

el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].
5 Índice 18 Samai Rad. 23001-23-33-000-2025-00157-00. Conforme.

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Accionante: Carmen Cecilia Villalba Muslaco
Accionado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 23001-23-33-000-2025-00157-01

Ciénaga de Oro, Córdoba, presentó demanda6 en contra de la Agencia Nacional de
Tierras (en adelante, ANT), con el fin de que se ordene a la entidad accionada dar
cumplimiento a sus deberes legales y constitucionales de culminar el proceso de
constitución del Resguardo Indígena Belén La Barra San Francisco, radicado bajo
expediente No. 202451003400900047E.

2. En virtud de lo anterior, el accionante formuló estas pretensiones:

• Ordenar a la ANT culminar de manera definitiva el trámite administrativo de
constitución del Resguardo Indígena Belén La Barra San Francisco, expidiendo
la resolución correspondiente.
• Ordenar a la ANT programar y ejecutar de inmediato las etapas pendientes
(visita agroambiental, levantamiento planimétrico, concepto final y resolución)
en un plazo máximo de 20 días hábiles.
• Ordenar que se informe periódicamente al despacho judicial y a la comunidad
accionante sobre el avance del proceso.

1.2. Posición de la parte demandante

3. La accionante, capitana de la Parcialidad Indígena Belén La Barra San
Francisco del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, manifestó que en 2024 inició
ante la ANT el trámite de constitución de su resguardo sobre el predio denominado
'La Perla 3 o Villa Sonia'7, el cual fue ofrecido voluntariamente por Agroinversiones
La Perla S.A.S.

4. Señaló que, mediante oficio del 29 de julio de 2024, la Dirección de Asuntos
Étnicos de la ANT abrió formalmente el expediente No. 202451003400900047E, y
el 7 de noviembre de esa anualidad, la entidad realizó la visita técnica inicial al
predio; no obstante, y pese al cumplimiento de todos los requerimientos por parte
de la comunidad, la ANT no ha fijado fecha para la visita agroambiental, social,
levantamiento planimétrico y expedición de la resolución final.

5. La accionante, señaló que el 4 de agosto de 2025 realizó el requerimiento
previo a la entidad para solicitar el cumplimiento de las normas que ordenan la
constitución del resguardo, sin que a la fecha se haya dado respuesta.

6. Según la demandante la dilación injustificada vulnera los derechos a la
identidad cultural, al debido proceso y al territorio, reconocidos por la Corte
Constitucional en las sentencias T-252 de 2022 y T-445 de 2022, así como en el
fallo de tutela 2025-00110-00, que ordena respuestas de fondo en plazos
razonables.

7. Como medida cautelar, la accionante solicitó que se le ordenara a la ANT
abstenerse de dilatar el trámite y adoptar, en un término máximo de 20 días hábiles,

6 al acta individual de reparto, la demanda fue presentada el 15 de agosto de 2025. Índice 2 Samai
Rad. 23001-23-33-000-2025-00157-00.
7 identificado con matrícula inmobiliaria 143-10370.

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todas las actuaciones pendientes, informando periódicamente a este Despacho y a
la comunidad sobre cada avance.

1.3. Posición de la parte demandada

8. La ANT, pese a ser notificada8 de la admisión9 del presente trámite, no
contestó la demanda10.

1.4. Fallo de primera instancia

9. En sentencia del 24 de septiembre de 202511, la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba declaró la improcedencia de la acción. Lo
anterior, después de advertir que la accionante no acreditó la constitución en
renuencia de la entidad demandada ni invocó de forma expresa el mandato que se
pretendía que fuera cumplido por la ANT, no obstante, haber señalado de forma
general la normatividad que regula el asunto.

10. Para el a quo, la falta de acreditación de los anteriores requisitos hace
improcedente la acción de cumplimiento y, en todo caso, la ausencia de la
designación expresa del mandato presuntamente incumplido, le imposibilita al juez
constitucional adelantar un análisis de fondo sobre el asunto.

1.5. Impugnación

11. La accionante impugnó la decisión de primera instancia, por cuanto: (i) ignoró
los artículos 2.14.7.3.4 y 2.14.7.3.5 del Decreto 1071 de 2015, que son mandatos
claros e imperativos; (ii) omitió que la renuencia se acreditó con el requerimiento del
4 de agosto de 2025 y el silencio de la ANT, que venció el 20 de agosto de ese año;
(iii) no se indicó que lo pedido no implica gasto público y se trata de actos
procedimentales reglados; y (iv) no se consideró que el enfoque diferencial exige
dar efectividad a los derechos territoriales de la comunidad indígena accionante.

12. Por consiguiente, solicitó revocar la referida providencia para que, en su
lugar, se disponga: «2. Ordenar a la ANT que dentro de 5 días profiera auto
señalando fecha cierta de visita agroambiental y levantamiento planimétrico. 3.
Ordenar que en los 30 días hábiles siguientes a la visita se elabore el Estudio
socioeconómico, jurídico y de tenencia con plano. 4. Ordenar que se remita
cronograma e informes periódicos de avance. 5. Advertir a la entidad sobre
sanciones por desacato (arts. 27 y 28 Ley 393)».

8 Índices 8 y 9 Samai Rad. 23001-23-33-000-2025-00157-00.
9 Índice 6 Samai Rad. 23001-23-33-000-2025-00157-00.
10 Según consta en el informe secretarial del 15 de septiembre de 2025. Índice 10 Samai Rad. 23001-

23-33-000-2025-00157-00.
11 Índice 12 Samai Rad. 23001-23-33-000-2025-00157-00.

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II. CONSIDERACIONES

13. La Sección revocará la sentencia de 15 de septiembre de 2025, mediante la
cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento. En su lugar, rechazará la acción por
no agotarse plenamente el requisito de constitución en renuencia.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La accionante no agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia

14. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la
acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al
particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del
mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el
actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que
la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la
solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento12.

15. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»13. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de la
demanda.

16. En este caso, la Sala estima que la accionante no agotó el requisito de
constitución en renuencia de la ANT, por las razones que pasan a explicarse. En
primer lugar, se observa que la accionante aportó, entre otras documentales, copia
del oficio 202450009444191 del 29 de julio de 2024, por medio del cual la ANT le
informó que, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 7 del Decreto 2164 de 1995, compilado en el Decreto 1071 de 2015, había
creado el expediente No. 202451003400900047E para la Parcialidad Indígena
Belén la Barra San Francisco ubicado en el municipio de Ciénaga de Oro,
departamento de Córdoba.

17. También allegó copia del requerimiento previo14 para la interposición de la
acción de cumplimiento, en el cual se señaló lo siguiente: «en ejercicio del derecho

12 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el

propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de

octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
14 La demandante le requirió a la ANT lo siguiente:«- Fije y comunique fecha cierta para la

continuación de las actuaciones pendientes (visita técnica, levantamiento planimétrico, estudios
agroambientales y sociales) dentro del expediente No. 202451003400900047E. - Adopte las
decisiones administrativas necesarias para culminar el procedimiento de adjudicación del predio “La

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consagrado en los artículos 5 y 8 de la Ley 393 de 1997, me permito presentar
REQUERIMIENTO PREVIO para que esa Agencia proceda de inmediato a cumplir
las obligaciones a su cargo en el marco del expediente de la referencia [Expediente
202451003400900047E]».

18. En dicho requerimiento expuso que en el marco del referido procedimiento,
la empresa AgroInversiones La Perla S.A.S. presentó una oferta voluntaria de venta
del predio La Perla 3 o Villa Sonia, la cual fue aceptada y documentada por la ANT
y, aunque la entidad realizó una visita técnica en noviembre de 2024 y la comunidad
cumplió plenamente con los requisitos exigidos, no se ha fijado fecha para las
etapas restantes, generando una dilación injustificada que afecta los «derechos
fundamentales de la comunidad indígena a la tierra, la identidad cultural y al debido
proceso administrativo».

19. Allí también se indicó que, pese a que la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071
de 2015 ordenan un trámite preferente para comunidades étnicas, han transcurrido
muchos meses sin avances sustanciales, lo que pone en riesgo los derechos
colectivos de la comunidad.

20. Como sustento de lo requerido, la accionante enlistó los siguientes
fundamentos jurídicos:

Constitución Política de Colombia:
• Art. 7 y 63 (reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural;
carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los resguardos
indígenas).
• Art. 329 y 330 (facultades para constitución y ampliación de resguardos).
Ley 160 de 1994 y Decreto 1071 de 2015: Procedimiento para adquisición y
adjudicación de tierras para comunidades indígenas.
Ley 393 de 1997, arts. 5 y 8: Procedencia de requerimiento previo antes de
acción de cumplimiento.
Jurisprudencia relevante:
• Corte Constitucional T-380/93, SU-510/98, T-188/13: Deber reforzado de las
entidades estatales de garantizar el acceso efectivo a la tierra a comunidades
indígenas, evitando dilaciones que afecten su pervivencia cultural. - Consejo de
Estado, Sección Primera, Exp. 2015-00087: La inactividad administrativa
injustificada habilita la procedencia de la acción de cumplimiento.

21. Lo anterior da cuenta de que la parte actora no señaló de forma clara,
expresa o precisa la norma o mandato que le exigía cumplir a la entidad. En efecto,
se observa que en el referido escrito la accionante señala algunas disposiciones de
la Constitución Política y de la Ley 393 de 1997, y menciona la Ley 160 de 1994 y
del Decreto 1071 de 2015 en términos generales.

22. Ahora bien, La Sala observa que estos últimos cuerpos normativos contienen
un sinnúmero de disposiciones que regulan, respectivamente, el Sistema Nacional

Perla 3 o Villa Sonia” FMI 143-10370 para la constitución del Resguardo Indígena Belén La Barra
San Francisco, dando aplicación al trato preferente previsto para comunidades étnicas. -Informe a la
comunidad el cronograma y protocolo concreto que se seguirá para finalizar el procedimiento,
incluyendo la propuesta económica en caso de requerirse».

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de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, así como los procedimientos y
competencias de las entidades del Sector Administrativo «Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural», entre las cuales se encuentra la
ANT.

23. En ese orden, dado que el actor no precisó ni identificó los deberes
presuntamente desacatados por la ANT, y cuyo cumplimiento demanda mediante el
ejercicio de esta acción constitucional, no es posible determinar cuáles son las
disposiciones concretas frente a las cuales se dirigía la renuencia, y en relación con
las cuales la entidad debió garantizársele a la entidad la oportunidad de
pronunciarse previo al ejercicio de esta acción.

24. En tales términos, no se tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo
8 de la Ley 393 de 1997.

2.2. Conclusión

25. La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento presentada por la señora Carmen
Cecilia Villalba Muslaco. En su lugar, la rechazará por no haberse agotado el
requisito de constitución en renuencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de septiembre de 2025, proferida por la
Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar,
RECHAZAR la demanda, por no haberse agotado el requisito de constitución en
renuencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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