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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00197-01

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00197-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 10 de noviembre de 2025 proferida por la Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por las personas identificadas en el fundamento jurídico No. 36 de la sentencia por carecer de legitimación en la causa por activa. SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de 10 de noviembre de 2025 proferida por la Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, en cuanto tuteló el derecho al debido proceso administrativo, para AMPARAR los derechos de petición y de acceso a la información de los restantes 680 tutelantes identificados en el fundamento jurídico No. 37 de la providencia. TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) que: (i) dentro del término de quince (15) días contados a partir de la notificación de esta providencia, remita una comunicación a los tutelantes en la que exponga de manera clara, precisa y verificable los obstáculos reales que han impedido el giro de las transferencias económicas condicionadas del programa “Renta Joven” correspondientes al año 2025, así como las acciones concretas que ha adelantado para superarlos; y (ii) dentro del término de veinticinco (25) días contados a partir de la notificación de esta providencia, indique fecha o época para la realización de los giros, las cuales deberán estar respaldadas por un cronograma definido de desembolsos, en el que se precise el momento en que se efectuarán las transferencias económicas condicionadas. En todo caso, el DPS deberá ABSTENERSE de emitir respuestas evasivas, genéricas o indeterminadas, de formular meras declaraciones de buena intención o de trasladar a los tutelantes la responsabilidad por el incumplimiento. CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2025-00197-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: DANIEL DAVID MARTÍNEZ AVILEZ, YISSEL YURANYS
CUESTA VIOLET, BRAYAN DAVID OTERO YEN, DERECK
DAVID ECHEVERRIA MUÑOZ Y OTROS
Accionado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL-DPS Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa del orden nacional. Se cuestiona la
omisión en el pago de prestaciones económicas condicionadas a estudiantes del
sistema de educación superior.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. En nombre propio, Daniel David Martínez Avilez, Yissel Yuranys Cuesta Violet,
Brayan David Otero Yen, Dereck David Echavarría Muñoz, y otros 745 accionantes,
inscritos en formulario de Google forms, formularon acción de tutela contra el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) por la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación
superior, a la dignidad humana y a la igualdad.

2. Los demandantes explicaron que son jóvenes estudiantes de instituciones de
educación superior y beneficiarios del programa “Renta Joven”. Adujeron que el
Decreto 1960 de 2023 determinó que el programa “Jóvenes en acción” pasaría a
llamarse “Renta Joven”, el cual consiste en entregas monetarias condicionadas. El
25 de enero de 2024, la entidad pública accionada expidió una resolución en la que
estableció las reglas de las entregas monetarias a las instituciones de educación
superior.

3. Indicaron que la Resolución 0137 de 2024 precisó el periodo de transición entre
el programa “Jóvenes en Acción” y el de “Renta Joven”. El acto normativo precisa
que la transferencia monetaria condicionada se dividiría en cuatro pagos durante el
año 2025. Manifestaron que, a la fecha de presentación de la tutela habían pasado
10 meses del año 2025, y a las diferentes IES del país, no se les había realizado
ninguno de los 4 pagos que se habían previsto para el año 2025.

4. Informaron que, el 2 de octubre de 2025, en la página de internet del DPS, se
anunció que en el mes de noviembre se llevaría a cabo el giro de las transferencias
a más de 208.000 estudiantes. Lo que indica que, solo hasta el mes 11 del año hay

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Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

una expectativa para recibir uno de los giros que estaban previstos en la resolución
que estableció el cronograma para el año 2025. Los tutelantes reprochan que para
el momento de la presentación de la acción de tutela debían haberse realizado
cuatro pagos, pero, contrario a ello, no se había realizado alguno. Aclaró que, en el
año 2025, se habían realizado pagos, pero ellos eran de periodos atrasados del año
2024. Estos desembolsos se ejecutaron en cumplimiento de fallos de amparo
proferidos por esta Corporación, dentro de los radicados 2024-00213-00 entre otros.

5. Días antes de la presentación de la acción de tutela, los accionantes formularon
un derecho de petición ante el DPS en el que reclamaron los pagos del año 2025 y
solicitaron información relacionada con las razones por las cuales no se han
realizado los pagos a los estudiantes de las distintas IES, específicamente a los
beneficiarios del programa Renta Joven. Los tutelantes indicaron que en la
respuesta a la petición se les informó una supuesta estrategia para que la entidad
llevara a cabo los pagos del ciclo 1 del 2025. A juicio de los tutelantes, la respuesta
fue imprecisa y evasiva, sin dar concreción a en qué momento se realizará el giro
de la transferencia económica. Argumentaron que la solicitud consistió en realizar
los pagos correspondientes al año 2025, conforme los lineamientos fijados en la
Resolución 00137 de 2024. En su criterio, el DPS respondió de manera evasiva, al
señalar que había realizado los pagos atrasados, pero no se refirieron a ninguno de
los pagos correspondientes al año 2025, sino a los del año 2024. Reprochó que el
primer pago del año 2025, lo tienen previsto para noviembre, sin que exista fecha
clara.

6. Los demandantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la
educación superior, dignidad humana, igualdad y debido proceso. Como
consecuencia de ello, pretenden que se ordene al director del Departamento
administrativo para la prosperidad social que, en el término de 48 horas, efectúe los
trámites administrativos para desembolsar los pagos pendientes de 2025 a los
estudiantes de las IES beneficiarias del programa de “Renta Joven”, y que se
establezca un cronograma inmediato de pago que no exceda el mes de diciembre
de 2025.

7. Concluyeron que según la normativa pertinente, el programa de “Renta Joven”
prevé que el DPS hará dos transferencias económicas condicionadas a cada
estudiante que cumpla: (i) estar matriculado en un programa académico de
formación superior, y (ii) por culminar el período académico y obtener un promedio
igual o superior a 3.0. Hay dos transferencias por semestre y en esa medida cuatro
al año. Insistió que al mes 10 del año 2025 no se había producido ninguna de las
transferencias programadas.

Trámite de la acción de tutela en primera instancia.

8. Admitida la acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Córdoba vinculó a 41
Instituciones de Educación Superior1 y al DPS. Además, les concedió el término de
dos (2) días para presentar sus argumentos respecto de la petición de amparo.

1Universidad de Córdoba; 2. Universidad de los Llanos; 3. Universidad Popular del Cesar; 4.
Universidad de Cartagena; 5. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD; 6. Universidad del
Pacífico; 7. Universidad de Pamplona; 8. Universidad del Magdalena; 9. Universidad Industrial de

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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

9. Intervinieron las Universidades Nacional de Colombia, Internacional del
Trópico Americano, de Córdoba, Surcolombiana, del Atlántico, del Magdalena,
de la Guajira, Militar Nueva Granada, Francisco de Paula Santander, Industrial
de Santander, Tecnológica de Pereira, de Antioquia, de Nariño, del Cauca,
Pedagógica y tecnológica de Colombia, de los Llanos, del Quindío, de
Cartagena, Digital de Antioquia, la Unidad Central del Valle del Cauca, Escuela
Superior de Administración Pública, el Instituto Universitario la Paz, el
Instituto Universitario Antonio José Camacho, el instituto universitario
colegio mayor de Antioquia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, y el
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social.

10. Las instituciones de educación superior intervinieron de manera coincidente con
el fin de informar los nombres de los estudiantes matriculados en cada una de ellas
e indicaron que estos cumplieron los requisitos del programa “Renta Joven”.
Asimismo, manifestaron que desembolsaron a los estudiantes recursos en el año
2025 correspondientes a períodos del 2024 y aclararon que, durante la anualidad
2025, no recibieron montos asociados a los períodos académicos de dicha vigencia.

11. Las instituciones educativas señalaron que carecen de legitimación en la causa
por pasiva, pues han cumplido sus obligaciones derivadas del programa Renta
Joven, y no han incurrido en acciones u omisiones que hayan afectado los derechos
fundamentales de los accionantes. Indicaron que la omisión del pago de los giros
derivados de los semestres académicos del año 2025 es responsabilidad del DPS.
Las universidades e instituciones de educación superior manifestaron que han
cumplido oportunamente los cargues en la plataforma SIJA.

12. El DPS2 argumentó que, respecto de los hechos, no ha vulnerado derechos
fundamentales de los tutelantes. En relación con el derecho de petición elevado por
los estudiantes y beneficiarios del programa “Renta Joven” señaló que el mismo fue
contestado de manera oportuna y atendió a todas las solicitudes. Se precisó que el
derecho de petición fue radicado el 25 de septiembre de 2025 y la respuesta fue
fechada el 7 de octubre de 2025. Agregó: “el anterior oficio fue puesto en
conocimiento de la accionante (sic) en su dirección de correo electrónico el día 12

Santander – UIS; 10. Universidad del Valle; 11. Institución Universitaria Digital de Antioquia; 12.
Universidad de Antioquia; 13. Universidad del Quindío; 14. Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia – UPTC; 15. Tecnológico de Antioquia; 16. Universidad del Cauca; 17. Universidad de
La Guajira; 18. Universidad Militar Nueva Granada; 19. Universidad Surcolombiana; 20. Universidad
del Atlántico; 21. Escuela Superior de Administración Pública – ESAP; 22. Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA; 23. Universidad Tecnológica de Pereira; 24. Universidad Nacional de Colombia;
25. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; 26. Universidad Pedagógica Nacional; 27.
Universidad de Cundinamarca; 28. Universidad Francisco de Paula Santander (sede principal y
Ocaña); 29. Institución Universitaria Antonio José Camacho; 30. Institución Universitaria de
Envigado; 31. Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ; 32. Unidades Tecnológicas de Santander
– UTS; 33. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; 34. Universidad Internacional del Trópico
Americano – UNITRÓPICO; 35. Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”; 36.
Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA; 37. Colegio Mayor de Antioquia; 38. Universidad de
Nariño; 39. Universidad del Tolima; 40. Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo –
INTEP; 41. Universidad de Sucre.
2 Índice Samai 43

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

de noviembre de 2024 (sic) mediante envío y entrega exitosa en su dirección de
correo electrónico.”3

13. Argumentó que la acción de tutela es improcedente, pues tiene como principal
pretensión el pago de recursos económicos y el cuestionamiento de un
procedimiento administrativo bajo la excusa de la protección del derecho de
petición. Además, no resulta procedente ordenar judicialmente el giro de dinero
pues ello vulnera la regla fiscal y el gasto de mediano plazo. Señaló que los giros
económicos no son un derecho adquirido sino una mera expectativa y los tutelantes
no demostraron condiciones concretas de vulnerabilidad. Llamó la atención sobre
el hecho que se produjo una reducción del presupuesto a las entidades del orden
nacional, motivo por el cual, si se ordena el giro del programa “Renta Joven” “se
estaría causando un grave perjuicio a las arcas del Estado”4.

14. Añadió que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo creó el programa de “Renta
Joven”, norma que prescribió que, los planes y proyectos contemplados en el PND
deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales y el marco fiscal de
mediano plazo. De ahí que “las expectativas de los beneficiarios deben partir del
presupuesto que se destine para la ejecución, por lo que el subsidio sólo se otorgará
siempre y cuando exista recursos para ello”. Reiteró que existe un déficit fiscal
motivo, por lo que “el gobierno nacional se vio en la obligación de reducir el
presupuesto que actualmente existe para los distintos programas a cargo de
prosperidad social, ajustar cada programa a cargo de la Entidad a la realidad fiscal
y presupuestal de la nación, … bien sea disminuyendo la base (sic) de personas
objeto de transferencia o disminuyendo los ciclos de pago… hasta tanto no haya
una recuperación de fondos”5. Indicó que, si bien las personas que integran el
programa de “Renta Joven” son vulnerables, la situación fiscal obligó al DPS a
priorizar a menores de edad, personas de la tercera edad y personas en condición
de discapacidad.

15. Sumado a lo anterior, argumentó que la parte accionante no demostró estar ante
un perjuicio irremediable que permita establecer que la acción constitucional es
procedente.

16. En el mismo memorial de contestación, la entidad solicitó que se le concedieran
dos días adicionales para allegar al expediente un informe técnico sobre la situación
de todos los accionantes. El informe fue allegado al expediente junto con los
documento titulados: “estrategia complementaria trayectorias de vida del programa
renta joven”, el cronograma de pagos del año 2025, la Resolución 00137 de 25 de
enero de 2024, por medio de la cual se reglamenta el programa renta joven y el
régimen de transición que se aplica para los participantes del programa Jóvenes en
Acción, el manual del programa “Renta Joven”, una base de datos con la situación
de cada uno de los accionantes dentro del proceso de tutela (749 jóvenes), así como
un informe explicativo.

3 Folio 5 del memorial de contestación. Índice samai 43.
4 Folio 7 del memorial de contestación. Índice Samai 43.
5 Folio 9 de la intervención.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

17. En el informe explicativo se indica que el DPS ha enfrentado situaciones
adversas, pero que se han superado. Se observa que “las instituciones de
educación superior cargaron los reportes por concepto de matrícula del primer
periodo académico del 2025 entre el 09 y el 15 de octubre del presente año”. Se
explicó que las fechas para los giros de la transferencia condicionada son
aproximados, pues el DPS debe enfrentar modificaciones o ajustes de cada ciclo,
especialmente variables administrativas o financieras, motivo por el cual: “se solicita
de manera respetuosa a los accionantes aguardar el tiempo prudencial, pues como
lo señala la resolución 00137 de 2024 … en cada vigencia se ejecutan diferentes
ciclos operativos dependiendo de las condiciones de operación del programa,
necesidades de la población y situación de contexto, por tanto, a la fecha no es
posible anticipar la totalidad de ciclos operativos a ejecutar durante el año 2025, así
como tampoco es posible anticipar fechas de pago”.

18. Se explicó que, durante el año 2025, la entidad ha enfrentado obstáculos para
la realización de los giros, por ejemplo, la reestructuración administrativa de la
misma, la creación de cuentas en el sistema integrado de información financiera, y
la expedición del otrosí No. 1 al contrato interadministrativo No. 342 FIP de 2025
con el Banco Agrario. Dicho negocio es el que permite la realización de los giros
económicos. Respecto a la situación financiera del programa se indicó que, los
recursos pueden ser modificados en función a las prioridades del gobierno nacional,
a la ejecución presupuestal y a la disponibilidad de recursos.

19. Respecto de los 749 accionantes, se precisó que 680 son beneficiarios del
programa, 45 están inscritos, de 13 no se encontró la inscripción al programa, 9
están suspendidos, 1 se encuentra en “pre-registro vencido”, y 1 un “registro
vencido”. Se aclaró, entonces, que existen compromisos de pago con 680 de los
tutelantes, pues los inscritos son “potenciales participantes”6. Aclaró que
suspendido es la persona que ya no cumple con las condiciones de permanencia, y
“registro y pre-registro vencido, son los jóvenes que adelantaron un pre-registro en
las convocatorias, sin embargo, de acuerdo con la asignación presupuestal,
incumplimiento de requisitos u otros factores, no fue posible otorgar la inscripción al
programa”.

20. En relación con los 680 tutelantes que son beneficiarios del programa de Renta
Joven, se explicó que a 594 se realizará el giro económico a través de las cuentas
registradas en el portal del Joven, y a 86 mediante giros a los jóvenes no
bancarizados. Se reiteró que el subsidio solo puede ser entregado en la medida en
que exista disponibilidad presupuestal.

21. Conforme el informe técnico contenido en el memorando interno N° M-2025-
4414-060706 del 11 de julio de 2025, el DPS indicó que no ha suspendido el pago
de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los jóvenes que cumplen
las condicionalidades del programa “Renta Joven”, si bien se han presentado
situaciones adversas que han generado retrasos, estas han sido superadas en el
desarrollo operativo de cada ciclo. Actualmente están ejecutando el ciclo 4 de la
vigencia 2025, respecto del cual las Instituciones de Educación Superior cargaron

6 Índice Samai 45.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

los reportes de matrícula del primer periodo académico entre el 9 y el 15 de octubre
de 2025.

22. Afirmó que, de los 749 accionantes, 680 se encuentran a la fecha en estado de
beneficiarios dentro del Sistema de Información del Programa (SIIA), de los cuales
594 recibirán su transferencia a través del Sistema Integrado de Información
Financiera (SIIF) y los restantes mediante giro. La entidad aclaró que los retrasos
no implican negativa en la entrega de las Transferencias Monetarias Condicionadas
a quienes cumplen los requisitos, por lo que considera que tales demoras no
constituyen vulneración de los derechos invocados en la acción de tutela sino son
el resultado de las dificultades que enfrentó el programa. Finalmente, insistió que la
acción de tutela es improcedente pues se busca controvertir decisiones
administrativas.

Sentencia de primera instancia

23. En fallo de 10 de noviembre de 2025, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba amparó los derechos fundamentales de los tutelantes al
debido proceso y ordenó al director del DPS que en el término de 48 horas “proceda
a realizar las gestiones administrativas necesarias para: (…) Verificar, en caso de
no haberlo realizado, que la plataforma dispuesta para el cargue de
condicionalidades académicas (ACADEMUSFT o la que corresponda) se encuentre
habilitada para los ciclos operativos 2025-1 R1, 2025-1 R2, 2025-2 R1 y 2025-2 R2.
En caso de que dicha plataforma no se encuentre habilitada o no lo haya estado en
los ciclos mencionados, deberá proceder a su habilitación inmediata, informando de
ello a las Instituciones de Educación Superior (IES) vinculadas que no han cargado
la totalidad de la información, así como a esta Corporación, dentro del mismo
término”.

24. Adicionalmente, ordenó a las Instituciones de Educación Superior vinculadas
que, dentro del término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
habilitación de la plataforma, en caso de que no lo hubieren hecho, cargaran los
reportes correspondientes a los ciclos 2025-1 R1, 2025-1 R2, 2025-2 R1 y 2025-2
R2, en las modalidades de permanencia y excelencia, respecto de los estudiantes
accionantes que hayan cumplido con las condicionalidades académicas exigidas
por el programa “Renta Joven”, conforme a lo dispuesto en la Resolución 00137 de
2024. Finalmente ordenó al director del DPS, que una vez recibidos los reportes de
las Instituciones de Educación Superior, y conforme a sus competencias legales y
reglamentarias, en especial las previstas en la Resolución 00137 de 2024, dé
continuidad sin demoras ni dilaciones al proceso dentro del cronograma institucional
respecto de entregas del subsidio de “Renta Joven” que corresponde a la entidad.

25. La Corporación concluyó que se había presentado una vulneración al debido
proceso administrativo de los tutelantes, pues el Departamento Administrativo de la
Prosperidad Social había incumplido el cronograma de giros de las transferencias
económicas condicionadas durante el año 2025. Pues si bien había hecho giros, se
trataba de pagos atrasados del año 2024.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

26. El Tribunal consideró que se había vulnerado la confianza legítima de todos los
tutelantes. En su criterio, la entidad publicó un cronograma de giros de la
transferencia monetaria condicionada y lo había incumplido, sin indicar razones para
ello y sin informar cuando se realizarían las consignaciones. Precisó que existe un
precedente cercano proferido por el Consejo de Estado dentro del proceso de tutela
23001-23-33-000-2024-00213-01, en la que se ordenó a la entidad accionada el giro
de la transferencia económica condicionada. En contraste, negó el amparo del
derecho a la educación superior solicitado, ya que “para arribar a tal conclusión,
sería necesario acreditar, en cada caso concreto, que los retrasos en la entrega de
los subsidios constituyeron un obstáculo real y efectivo para el ejercicio de dicho
derecho constitucional”.

Impugnación

27. Dentro del término previsto, el DPS presentó memorial en el que, de manera
principal, solicitó que se declare la nulidad de la sentencia de primera instancia, toda
vez que la misma no fue notificada personalmente a la entidad. Para lo anterior,
allegó un certificado de la oficina de sistemas y de correspondencia de la entidad
en la que, en su criterio, se deja constancia, que al correo de notificaciones judiciales
de la entidad no llegó comunicación sobre el fallo de primera instancia.
Subsidiariamente, pidió que se revoque el fallo de primera instancia por
imposibilidad de cumplir las pretensiones que requiere el accionante, así como de
las obligaciones impuestas en un fallo judicial.

28. Al momento de conceder el recurso de impugnación, el Tribunal Administrativo
de Córdoba negó la petición de nulidad promovida por la parte accionada7.

29. En el recurso, el apoderado citó pasajes de la Sentencia T-029 de 2025 para
sostener que “la imposibilidad de cumplir una orden judicial da lugar a la búsqueda
de medios alternativos para satisfacer el derecho fundamental afectado, ya que no
se puede obligar a Prosperidad Social a hacer algo materialmente imposible”.

CONSIDERACIONES

Competencia

30. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

7
Certificado 57B2474700B1DC3C D984A269280835F2 CD2029A5585416EF
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Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Problema jurídico

31. En el asunto de la referencia, la Sala resuelve dos problemas jurídicos. Primero,
debe examinar si la acción de tutela satisface los requisitos de procedencia formal,
pues la entidad accionada sostiene que los demandantes cuentan con medios de
defensa ante la jurisdicción contenciosa administrativa y no acreditan un perjuicio
irremediable que desplace las acciones ordinarias.

32. La jurisprudencia de la Corte Constitucional8 ha señalado que el juez de tutela
tiene la facultad de interpretar la demanda de amparo, su contestación y los medios
de prueba contenidos en el expediente con el fin de formular el problema jurídico
con miras a resolver adecuadamente la situación propuesta a su conocimiento. En
esa medida, en el caso concreto, y como asunto de fondo, la Sala debe determinar
si la entidad accionada ha vulnerado los derechos fundamentales de petición y de
acceso a la información de los tutelantes por no ofrecer información concreta
respecto de las fechas en las que se harán los giros del programa “Renta Joven”.

33. A diferencia de lo que concluyó el juez de primera instancia, la Sala descarta
examinar la situación a la luz del derecho fundamental al debido proceso, esto pues,
no es el centro del debate constitucional. En su escrito de tutela, los actores
reclamaron protagónicamente que no cuentan con información precisa y creíble
respecto de las causas del retraso en el giro de las transacciones económicas
condicionadas y las fechas en las que, en efecto se realizarán las mismas. El debate
no radica en torno al examen constitucional de un acto administrativo, o una
actuación del DPS, sino a si ha ofrecido información suficiente y oportuna respecto
a las fechas para giros de un programa dirigido a población vulnerable.

34. Con el fin de resolver los dos problemas jurídicos propuestos, en primer lugar,
se examinará la procedencia formal y, posteriormente, se estudiará si se
presentaron vulneraciones a los derechos fundamentales invocados.

Procedencia formal

35. El tribunal de primera instancia consideró que los actores eran las cuatro
personas que suscribieron el escrito de amparo, los señores Daniel David Martínez
Avilez, Yissel Yuranys Cuesta Violet, Brayan David Otero Yen y Dereck David
Echeverria Muñoz, junto con las personas que suscribieron el Google forms. No
obstante, examinado la información contenida dentro del expediente y conforme con
la base de datos allegada por el Departamento de la Prosperidad Social, se verificó
que, de las 749 personas que afirman ser beneficiarios del programa de “Renta
Joven”, solo 680 son beneficiarios de la mencionada política. Por su parte, los
restantes 69 tutelantes están en situaciones que no los hace beneficiarios del
beneficio de la transferencia económica condicionada.

36. En este sentido, revisada la base de datos aportada por la entidad accionada,
la Sala considera que, únicamente, respecto al examen de legitimación en la causa
por activa, las siguientes personas carecen de este atributo para ejercer la acción:

8
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-235 de 2011, T-153 de 2024, T-462 de 2021.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Yuli Carolina Pérez San Juan, Jesús David Ramírez Lobo, Diego Armando Ramírez
Díaz, Yiced Mariana Chinome Rincón, Daniela Vanessa López Moreno, David
Santiago López Rojas, Johan Tobar Rojas, María Angelica Hinojosa Gutiérrez, Ana
Lucia Dussan Leiva, Brayan David Otero Yen, Dereck David Echeverria Muñoz,
Ariana Arrieta Lucas, José David Soto Casarrubia, Robbie Willians Pastrana
Cordero, Paola De Hoyos Negrete, Daniela Sofia López Ruiz, Jhon Santy Barragán
Suárez, Johan Steven Parra Ávila, Sharid Alejandra Molano Acuña, Tatiana Isabel
Salas Padilla, Carolina Riascos Hurtado, Natalia García Parra, Carlos Daniel Viasus
Sanabria, Jorge Luis Díaz Jaraba, Diego Aurentino Pineda Flórez, Andrés Niño
Madarriaga, César Andrés Osorio Madrid, Yohan Andrés Brand Sánchez, Daniel
Enrique Padilla Hoyos, Ana Patricia roa Cárdenas, German Andrés López Lacera,
Jessy Carolina Vergara López, José Carlos Pereira, Jaime Eduardo Nieves
Galíndez, Luis Eduardo Mattos Licona, Edilberto Chaves Castillo, Jorge Andrés
Segura Campillo, Jonathan Steven Gelves Peña, Natalia Inés Causil Montes,
Camila Andrea Fajardo Romero, Luisa Fernanda Pacheco Pertuz, Maira Polo
Alarcón, María Camila Patiño Andrades, Daniela Posada Hernández, Leidy Yiceth
Rodríguez Palomino, Alejandra Soto Martínez, Dayanna Pinedo Doria, Ángel Miguel
Cogollo Mórelo, Camila Pérez bravo, Sara Caraballo Pérez, Jorge Elías soto
Álvarez, Oscar Luis Tordecilla Martínez, Sofia Martínez Morales, Karolay García
Mórelo, Yuleima Yulieth Ramos Polo, Marcela del Carmen Arroyo Negrete, Katherin
Henríquez Díaz, Laury Yohana Petro Rosario, Juliana María López Bayer, David
Ricardo Ruiz Jaraba, Edgardo Enrique Pérez Pérez, Astrid Hernández González,
Kennys Johana Vásquez padilla, Juan Camilo Gómez Polo, María Carolina Perneth
Ruiz, José Ricardo Herrera Cogollo, Juliana Paola Estrada Espitia, Jhennifer Mena
Doria, D’arcy Lagarejo Meza. Toda vez que están en situaciones administrativas
como suspendido, únicamente inscrito, pre registro vencido o sobre quienes no se
encontró inscripción.

37. Por tal motivo, se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa en
relación con los 680 jóvenes que son beneficiarios del programa renta joven,
conforme la información allegada por el departamento administrativo de prosperidad
social9. Respecto a la legitimación en la causa por pasiva, las diferentes

9 Daniel David Martínez Avilez, Yissel Yuranys Cuesta Violet, Andrés David Ortega Hoyos, Rafael

Ballesteros Vargas, Melissa Alejandra Monterrosa López, Juan José García Martínez, Nestor julian
Garcia Martínez, Juan Diego Mendez Yances, Luis Angel Ramos Mercado, Diego Andres Alans
Escobar, Yasmelis Sofía Caraballo Ariz, Hector Julio Martinez Arcia, Jaiber Andres Parra García,
Brayan Espitia Ramos, Miguel Angel Guataquira Salinas, Juan Camilo Carrillo Gonzalez, Mirleydis
Peña Hernández, Carlos Alberto Negrete Florez, Daniela Cuadrado Diaz, Joshie Alexandra Arteaga
Velásquez, Roger Alexis Sierra Gómez, Karelis Dayana Fuentes Gutierrez, Ivan Daniel Fonseca
Herrera, Jaimee Alexis Arroyo Mina, Farid Santiago Pérez Contreras, JHON SEBASTIÁN GALOFRE
CARRANZA, Carolina Monroy arboleda, Luis Felipe Ciro Zabala, Juan José Amaya Parada, Santiago
Gongora Cuero, Alberto José puccini Villarreal, Jefrey David Remolina Maldonado, Juan Manuel
Vertel Castro, Cielo Mishelle Lizarazo Cabarcas, Sara Anaya Madera, Jesus Steven Rodríguez
Bonilla, Nelcy Alejandra Muñoz Rodiguez, Valeria Rosa Ramos Flórez, Vanessa Alejandra Castrillón
Barreto, Norida Alejandra Herrera teheran, Diana Mayerli Moncayo Roque, Danna Yeraldyne García
Monroy, Ashley Sttephany Bonilla Leon, Mayerlyn Alexandra Acosta Prieto, Mateo Pérez Martinez,
Jose Esteban Bolaño Rodriguez, Jairo Armando Herrera Sarmiento, Valeria Michelle Padilla Pineda,
Danny Manuel Pacheco Carmona, Silvia Patricia Sales Palencia, Carlos Andrés orcasita oliveros,
Milagros Vanessa Arrieta Florian, Angie Daniela Marín Tellez, Jhoiner José Rodríguez Villarreal,
María José Colorado Morales, KAREN JOHANA SAMBONI PIAMBA, Samuel David Rojas Paternina,
Yarleidys Maria Estrada Pacheco, Sebastián Arredondo Quebrada, Daniel Augusto Daza Parody,
Daniel Andres Cuesta Renteria, Figo Andres Pabon Meza, Ingrid yicela virguez mejia, Camila Motato
León, Vianis Yulieth Celedon chinchilla, Marlin Daryanny Moreno Mosquera, Jair Agudelo Miranda,

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Karool Yelitza Ascanio Uribe, Lina Isabel Ceballos Muñoz, Cristina Estefania Reyes Montenegro,
Sdeylin Sharith Carrillo Molina, Mayerllys Paola Meza Mendoza, Euler Fernando Solarte Mora, Maria
Jose Muñoz Santacruz, Julieth Melissa Paredes Santacruz, Andrea Llanos Lascano, Jesús Daniel
de la ossa hoyos, Manuela Isabela Daza Erazo, Mariana Muñoz Pastrana, Sila Katherin Tenorio
Sevillano, Christian Andrés Torres Velez, Valentina Andrea Gutierrez Royero, Yayra Luz Cavadia
Salas, Kelly Johanna Meza Zarate, Erika Tatiana Negrete Soto, Yaira Yalile Daza Mora, Geraldine
Baquero Baquero, Crhistian Felipe Puerto Rincon, Enuar Jair Volveras Martinez, Valentina Tuiran
Lopez, Jorge leal Villegas, Daniela rosa montiel martinez, Anyelin Saray Poveda Norato, Shayra
Marcela Díaz Meza, JUSTIN SEBASTIAN REYES BLANCO, Nilo Andrés Díaz Morales, Juan Manuel
Caicedo Balanta, Kevin Alejandro Guzmán Castro, Diego Echeverri De La Ossa, Julieth Vanessa
Paternina Herrera, Ana María Echeverry Pulgarín, Daniela Manrique García, Josefin Paola Mora
Salcedo, Ivan Jose Iturriago Villamil, Maira Camila Bermudez Giraldo, Michel Dayana Ricard Ricar,
Gabriel Alexander Valderrama Pérez, Yeimmy Alejandra Ruiz Buitrago, Miguel Ángel Ramírez Parra,
Isaias Daniel Orozco Alvarez, Yeimis Isabel Navarro Peinado, Stephanía Morales Rojas, Mateo
Morelo Vergara, María José Molina Charris, Deiner Danilo Montiel Pushaina, Bayron Alexander Arias
Pérez, Yanella Lucia Araujo Castro, Carolina Andrea Rojas Ortiz, Jhoiner José Bermudez Fernández,
Sebastian Andres Montes Nieto, María Isabel Cárdenas Narvaez, Malenes vidal Gamboa, Moisés
David Hinojosa Ramírez, Katherine Urueta Blanquicet, Juan Diego Chávez González, Lila Carolina
Guerra Lozano, Jeimmy Lorena Montenegro Herrera, Angelica Esther Tapiero Pallares, Tatiana
Alejandra Mancera Muñoz, Paula Andrea Ruiz Barrios, Arley Eduardo Mantilla Velásquez, Carlos
David Ricardo Reino, Joel Jose Castañeda Camacho, Sandra Milena lizarazo Pedraza, Cristian
Jadid Guerra Pineda, Amaury Ledin Aguilar Arenilla, Andres Fabian Nuñez Reyes, Aitana Ruth
Orobio Castro, Leonela Lucia Acosta Soto, Leydi Dahiana Posada Castañeda, Karohol Pacheco
Guerra, Laura Valeria Montoya Chapeño, Valentina mestra soto, Carlos Adrian Guette Colon, Miguel
Angel Guevara Cantero, Tania Alejandra Celis Muñoz, Johan Rodríguez Rojas, Addis Jhanneyris
Rivas Correa, María Fernanda crespo palmera, Andry Alexandra Borja Córdoba, Juan Sebastián
Ibáñez Viafara, Keiner Jose Romero Ahumada, Elias martinez, Esteban Gonzalez Rodriguez, Rosa
María De Las Salas Esquivel, Lina del carmen pacheco Nisperuza, Karime Rodríguez Muñoz, Emily
Orozco Velasquez, Yoiner Julián Barreto Guzmán, Adriana Lucia Morales Poloche, Michel Juliana
Hernandez, Kiara Patricia Montes Doria, Estiben Gómez Espinosa, Daniela Juliana Donado Briñez,
Diego Armando Fernández Hoyos, Duvan Felipe Gamero Montes, Juan David Cifuentes Barragán,
Gabriel Andres González Guzmán, Karen Sofía Lievano Forero, Daniel felipe Fonseca, Brian Steven
Prado Rincon, Jean Carlos Alvarez Duarte, Anyis Paola Polanco Arroyo, Anyeli Tatiana Angulo Paz,
Lendys Marcela Pacheco Corbacho, Michel Juliana Gómez Bolivar, Ingrid Yuliana Cortes Cortes,
Juan Carlos Moreno, David Santiago Sánchez Rodríguez, Akemy Dayanna Valero, Juan Pablo
Hernandez Salcedo, César Miguel martinez watt, Stefany jose rodriguez gonzalez, Alexandra Acosta
Velez, Lina Marcela Hernández Serranl, Maria camila Bolaño villalba, Daniel Esteban Yaruro
Contreras, Pamela Jimenez, Enith María Urango Mora, Linda Johana cardiles coronel, Edward
Camilo Pineda Gavidia, Carlos Alberto Jiménez Mercado, Estefy reales Díaz, Juan Sebastian Guiot
Castro, Jose Gregorio Gaspar Lopez, Cristyns Valentina Moncada Ramírez, Joan Sebastián Solimán
Neiva, Juan Sebastian Castilla Duarte, Vanessa Alejandra Marin Marquez, Karen Daniela Gomez
Isaza, Laura Sofía Artunduaga Galindo, Yandy Esther Infante Reyes, Eva Sandrith medina Martínez,
Lenis maría Sanmartín Hernández, Laura Camila Ayala Ayala, Jaime Enrique Cervantes, Angy
Noried Caldas Fuentes, Natalia Sofia Durango Hernández, Cristian Camilo Cardona González,
Blanco Bohórquez José Gregorio, Maritza bejarano Cossío, Georyanis Brito Levette, Isleidys Michel
Iguarán Ibarra, Naz Gisell Bonivento Gonzalez, Anyi Yulieth Caquimbo Peña, Saudith Solano
sanchez, Juan Manuel Perdomo Vargas, Jhonatan David Perez Tapia, Ever de a Jesús Montesino
Pérez, Juan Diego Agamez Abdala, Karen Viviana Timarán Enríquez, Daniel Felipe Castrillon Linero,
María Camila Coley Obregón, María Fernanda Rodríguez Domínguez, SARA IDALY BEJARANO
HERNANDEZ, Paula Lizeth Bermudez Ardila, Alfonso de Jesús Merlano Marrugo, Ana Karina Olivero
Márquez, Irlys Dayana quintero Martínez, Crhistian Felipe Puerto Rincon, Daniel Ricardo Yances
Negrete, Stefany Escudero López, Andrea Carolina González Causil, Alejandro Pacheco González,
Yeiny Paola López Arteaga, Marielis martinez pineda, María Gabriela Mendoza Arroyo, Kenia Lucia
Cardenas Sanchez, Valentina Vergara Urrea, Kenia Contreras Díaz, María Paz Algarin Fuentes,
DUVAN ANDRES MORELO BARRIOS, José Ángel Hernández López, Cristian Camilo Manosalva
Perez, Vanessa Martínez Lopez, Elkin Javier Pastrana Arrieta, Luz Dary Castañeda Pérez, Kevin
Samuel Racero Pastrana, Estefania Padilla Sanabria, Nicolás Pérez Rojas, Alexandra Jiménez
Hernández, Daniela meza Gutierrez, Jesús David Tordecilla Oquendo, José Alfredo corcho conde,
Carlos Andrés Causil Mora, Daniela Sánchez Ramos, Maira Alejandra Fuentes Causil, Lorena
Andrea bravo demoya, Madelaine Jorseth Hurtado Racero, Camilo Andres Soto German, Dulse
María Salas Villalba, Christian Camilo Olascuaga Paternina, Jesica Patricia Arteaga Negrette,
Katherin Yulissa Mendez Arenas, Yonier Smith Córdoba Ortiz, Laura Vanessa Flórez Ramos, Elis
Daniela Diaz Rojas, Tomás Alejandro Lobo Mestra, Delma Sofía Rosario Pretelt, Omar Dario Bedoya
Gallego, Camila Andrea Hernández Ochoa, Eva Sandrith Escobar Navarro, Edwin Andres Avila
Villadiego, Jairo Jesus Cardona Jiménez, Andrés Felipe Navarro Cantero, Natalia Bolaño

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Santamaría, Carlos Alberto Humanez Pérez, Yeimy Paola Ramos Doria, María José Díaz Campo,
Gabriela Pérez Mass, Stewing castro Téllez, Leocarlos Ospina Causil, Daisly Dayana Carvajal
Montes, Angelly Ortega Morales, Salma Yulieth Padilla Rada,Juan Luis Cueto Morelo, Juan Camilo
Díaz Blandón, Maryerlis Martinez Gaspar, Santiago Luis Ortiz Banquet, Yohela Plaza Caro, Karina
Salazar Ramos, Carlos Miguel, Flórez Franco, Jolaine del Carmen Zuñiga Alvarez, Valeria Vidal
Correa, José Ricardo Vega Martínez, Rubén Danilo argel Diaz, Camila Alejandra Contreras
Mendoza, Duban Andres Paternina Morales, Angie Marcela Ramos Galvis, Julián David Llamas
Hernández, Vanessa Pérez Ensuncho, Camila Andrea Manga Cogollo, Nataly Sofía Torres López,
Gissele Carolina Meza Díaz, Carlos Andrés Otero Gómez, Stiven Smith Ortega Almanza, Sara Belén
Almanza Diaz, Andres Camilo Pineda Arrieta, JOSE DAVID OSORIO CALONGE, Mario Esteban
Escudero De Vivero, Lina Stella Berrocal Cogollo, Daniela Diaz Doria, Luis Ángel Alarcón López,
Manuel David Morales Martínez, Juan Pablo Correa Bravo, Isabela Garcés Torreglosa, Laura
Vanessa Gómez Vargas, Ana Karina Peñata Trespalacio, Paula Cristina Pacheco Urán, Yuliana
Patricia Cardoza Manjarres, Mayerli Cecilia Díaz Llorente, Yaireth Cecilia Gonzalez Gonzalez,
Anabelis Burgos Vargas, Valentina Camargo Martinez, Nicol Vasquez Prado, ELIAS DAVID VIDAL
DE LA ROSA, Rayza Pacheco Ramos, Dayanna Guerrero Benitez, Josselyn Ballesteros Guzmán,
David santiago mestra Andrade, Danna María Doria López, José Manuel Ordosgoitia Alvarez, Cris
Daniela Argote Vanegas, Samuel Andrés Pereira Mestra, Karen Lucia Montes Villalobos, Luis Miguel
Arevalo Mercado, Sheilys Margarita Ospina Ramos, Kelly Johana Mendoza Baldomino, Angie
Dayana Ortega Elis, Betsy Liliana Sánchez Romero, Neider Yesid Pérez Hernández, Luis David
Bassa Llorente, Rubén Andrés Bru Herrera, Juan Manuel Perez Suarez, Andrés Said Pardey Pabón,
Ashly Nahomi Correa Correa, Ana Sol Tangarife Acosta, Angie Villalobos Laza, ALEXIS MANUEL
ARGUMEDO FALON, Kessia López Garcés, Maria Camila Almanza Mora, Samantha Hernández
Jiménez, Liana Kando Loret, Adriana Rosa Guardela Rodríguez, Kathrym Andrea Hernández
Gómez, Camila Andrea Villa Soto, Juan Pablo Hoyos Avilez, Anny Lorena Gómez Villadiego, Zharik
Valentina Páez Romero, Sebastián José Piedrahita Contreras, Darling Melissa Gómez Prada, María
Ángel Humanez, Noriega, Mateo Macea Pérez, Valentina Correa Aguilar, Gabriel Martínez Vellojin,
Celinne Giovanna Luna Noriega, María José López cuadrado, Mateo José Narváez Murillo,
Sebastián David Cabrales Saenz, Samuel David Martinez Ballesteros, Eliana yazmin Manjarres
Núñez, Luz Gabriela Martínez Sandoval, Luisa Fernanda Cogollo Ramirez, Yaris Andrea Padilla
Negrete, Adriana Sofía Esoinosa Humanez, Elia Rosa Narvaez Redondo, Maria Del Carmen Junco
Mercado, Rosa María Romero Olea, Omar David Velasquez Sotelo, Angela María Puello Meléndez,
Mauricio José Guevara Almanza, Isabela Vega Muskus, Iván Andrés Romero Pérez, María Angel
Pacheco Ortiz, Víctor Andrés Polo Vargas, Karen Lucía Pérez Ricardo, Valentina Hernández Gómez,
Jimena Lopez Sibaja, Elber José Ortega Romero, César David Alemán Gómez, Estefania Pineda
López, Efren David Esquivel Madera, Ivan David Nisperuza Rivero, Julián Camilo Doria Guevara,
Karol Avila Galeano, Eva María Cochero Mercado, Elizabeth Pérez Hernández, Gabriela Benítez
González, José Mauricio Galván González, Luis Mario Benavides Acosta, Laura Sofia Cadena
Pestana, Angel David Castillo Marín, Ivan Alfonso Bernal Oquendo, Mateo Narvaez González,
Sabina Vargas Ortiz, Sara Ibeth Galeano Martinez, Daniela Sofía Blanco Gutiérrez, Manuel Jose
Alvarez Galvan, Hernan Yesith Ruiz Soto, Harold Enrique Revueltas Gómez, Danis Daniela Danielly
Vargas, Josehp camilo Castellón Canabal, Alexandra Hoyos Díaz, Maria Angelica Castillo Rodriguez,
Luisa Fernanda Guzman Lobo, Danna Juleissa Ferrer López, Alexa Daniela Espinosa Hernández,
Roberto David Hernández morelo, Andrea Carolina Quintero Morales, Ivana Carolina Mangones
Arteaga, Eliana Rosa Castro Díaz, María Auxiliadora Vergara Mora, Luisa Alejandra Tenorio Plaza,
Nick Martínez Díaz, Vanessa Hoyos Montes, Rober Antonio Talaigua Guzman, Daniel Yepes
Cuartas, Isabella Arteaga Soto, Carolina Morales Martínez, Martín José Cavadia Cedeño, Yenifer
Andrea Ubarne Doria, Manuel José López Amador, Luisa Fernanda Escudero Urango, Karen Patricia
Melendres Herrera, Dayana Padilla Milanés, Kenia Johana campo Flórez, Paula Andrea Mendoza
Viloria, Valeria Durango Oviedo, Joaquín Antonio Navarro Julio, Steven Stick Torrente Ibañez, Maria
José Osorio Mercado, Isaura Suárez Galván, Manuel Santiago Otero Salgado, Verónica izquierdo
Gómez, Elias David Cuavas Arroyo, Natalia Andrea Martinez Peñata, María José Benitez Hernández,
Ana Sofia Macea Avila, Andrea de Jesús Alvarez Doria, María de Jesús Páez Durango, Luis Ángel
Díaz Contreras, Katy Narvaez Romero, Juan David Velandia Martinez, Juan Felipe Escobar Vega,
Carmen Vanesa Hernández Hernández, Jose Guillermo Olea Martinez, Isabel Lucía Benítez Castro,
MARIO ANDRES MORELO LEON, Sara Michel Borja Martinez, Nicolás Andrés Ferrer Solano, Juan
David Paternina Julio, María Camila Zuñiga Benavides, Katrin Ávila de Hoyos, Dary Luz Hernandez
Correa, Manuel Ivan Negrette Hernández, Daniela Carolina Mestra Contreras, David Alejandro Perez
Pazos, María Mercedes Vertel Ramos, Tatiana Marcela Gonzalez Cuadrado, Ana Gabriela Guerrero
De la Ossa, Deison Alberto Almanza Doria, Andrea Karolina Gil Mercado, Dayana Milena González
Cuadrado, Sebastián Andrés pardo Gutiérrez, Angelica Beatriz Naar Diaz, Jesus adolfo estrada
Oviedo, Eylen Jhoana Lozano Pretelt, Jesús Manuel Ballesteros Sánchez, Betsy Liliana Jiménez
Mestra, Samuel González Moncada, Julia Maria Rojas Diaz, Gustavo Adolfo Hernández Pastrana,
Jean Pierr Rolong Otero, Isabella María cogollo polo, Carlos Manuel Galindo Rosso, María Ángela
Rada Pernet, Luis Alexander Hernández Lara, Esther Cecilia Martínez Luna, Valeria Espitia Durango,

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

instituciones universitarias, de manera consistente indicaron que no estaban
llamadas a ser parte del proceso, puesto que, no son las encargadas de realizar los
giros de las transferencias económicas condicionadas. No obstante, únicamente en
relación con el examen del requisito de legitimación en la causa por pasiva, sí
debían ser integradas al contradictorio, pues conforme la normatividad que regula

Daniel Steven Cárdenas Uribe, Michael Paternina Rodríguez, Jesús Danilo López Burgos, Laura
Helena Rivera Flórez, Indira Urango Bolaños, Maria Teresa Rossi Martinez, Yadira Zunilda Cogollo
Agamez, Natalia María Arteaga Ballesteros, Luis Felipe Noriega León, María José Martínez Luna,
María Camila Suarez Simanca, Sharit María Díaz Pacheco, Laura Alejandra Zambrano Vargas,
Andrés Felipe López Miranda, Iza Katherine Sánchez Ortega, Ricardo andres Ochoa Urueta,
Santiago Jiménez Tordecilla, Yuri Marcela León Alcalá, Angely Melissa Durango Bader, Aury Marcela
Ramos Madariaga, Sergio Andrés Fuentes Díaz, Alvaro José Meza Velásquez, Luis Miguel Mora
Velásquez, Stefanny Lyzet Londoño Useche, Geisha Andrea Fernández Caldera, Madelyn Acuña
Hernández, Carlos Miguel Calonge Loped, Isabella Zúñiga Sanclemente, Anderson Pérez Negrete,
Paula Andrea Ortega Hoyos, Jhojan Jhesit Hernández Hernández, Katerin Vidal Fuentes, Luis José
Tovar Ortega, Carolina marquez Paternina, Luz Mara Rodríguez Contreras, Victor Daniel Negrete
Baza, Hugo Carlos Pomares Guerrero, Keymar Adolfo Blandon Mestra, Erika Vanesa Gómez
Bedoya, Luisa Fernanda Almanza Viloria, María José Guzmán Polo, Andres Felipe Medina Chavez,
Andrés David Ortega Hoyos, Richard Manuel Arteaga Palomo, Luz Merys López Jiménez, Valentina
Ramos Hernandez, Juan Fernando Ávila Carpio, Gabriela Molina Bustamante, Yeraldine Rosso
Pérez, Luis Javier Correa Ballesteros, Stephania Vargas Arrieta, Leidy Jhoana Suárez Barón, Juan
José Sánchez Soto, Isaac Antonio Gómez Polo, Kenea Marcela Polo Pérez, Andrea Carolina Torres
Cabrales, Engel de Jesus Rodriguez Lopez, Jheferson Negrete Pacheco, Mauricio Javier Lara Caro,
Lina Negrete Soto, Karen lorena calao alcazar, Omar Agustín Fernández López, Cristian Andrés
Vega Cárdenas, Dayaris Warnes Monsalve, Andrea Carolina Padilla Cardona, Carlos Mario Hoyos
Lopez, Mariana Muñoz Pastrana, Darlys Tatiana Villadiego Nerio, Emily Gisel Solano Laza, Marena
Isabel Hernández Causil, María Del Carmen Guerra Petro, Carlos Andres Murillo Hernández, Danna
Vanessa Hernandez Martinez, Daniel Stiven Romero Doria, Esteban Miguel Coronado Pérez, Edulvis
Andrea Alarcón Martínez, Tatiana Marcela Vélez Martínez, Daniela Alejandra Almanza Navarro,
Alexander Rafael Diaz Mejía, Camilo Andrés Osuna Cuello, Jennifer Paola Escobar Quintana,
Jeraissy Jiménez Pérez, Jorge Eliecer Archila Ruidíaz, Nikoll Sharay López Díaz, Sebastián Manuel
Durango Polo, Alexandra Paz Caro Cabrales, Yureinys Paola Suárez Villalobos, Nestor Junior
Hernández López, Brayan Andres Ramos Fuentes, Samuel Santiago Sandoval Guzmán, Maria del
pilar gonzalez torres, Maria Claudia Marquez Sanchez, SEBASTIAN PRETEL ROMERO,Oscar Luis
Mera Espitia, María Carolina Fabra Martínez, Maria Nelys Aguirre Garavito, Laura Andrea García
Racines, Juan Jose Romero Arteaga, Paula Contreras Acosta, Jorge Ivan Burgos Novoa, Yeraldine
Fernández Jiménez, Daniela Esquivel Oviedo, Viviana Carolina Hernández Blanquicet, Hugo Alberto
Uparela Barragán, Cristian Andres Lopez Burgos, Estefanía Feria Hernández, Gisel Vanessa Julio
De la rosa, Liz Dayanis Silgado Ávila, Felipe Andrés Flórez Rodríguez, Esnaider Yecid Pérez
Villegas, Tevinson Iturriago Ospino, Thomas Alejandro Ramirez Suarez, Hector Raul Conejo
Angucho, Ana Sofía Buitrón Rivera, Andrés Camilo Garcés Martínez, Fred Ferneys Corena Franco,
Thomas Miller Bernal, Diego Andres Mosquera Jovel, Yiselis Vasquez Cotes, Adriana Lucia Velandia
Salazar,Laura Dahiana Grisales Arias, Helen Dayana López González, Vivian Tatiana Chaustre
Castillo, Paola Jhoana Calderón Arenas, Sherlyn Shaddays Villa Somerson, Ronaldo de Jesús
Martínez Solar, Luis Fernando Velásquez García, Asley Kerelys Meza Barros, Hellen Alexandra
Ramírez Castro, Geraldine Domínguez Rojas, Karen Xiomara Muñoz Hernandez, Ivon Natalia
Marcucci Gómez, Eilen Paola Miranda Cantero, Juan Esteban Atuesta Barreto, Pilar Osorio Lastre,
Daniela Yulieth Rodiño Garcia, Jose David Gamarra Martinez, Sebastián González Oviedo, María
Fernanda De La Ossa González, Moisés José Sáenz Agámez, Andrés Camilo Tuiran Bernal,
Alexandra Smith Polo Alvarez, Santiago Caro Romero, Carlos Steven Morales Padilla, Salma Luz
Rodríguez Ramos, Ana Sofía Gil Vargas, Abraham Elias Pérez Cogollo, Diana Paola Padilla
Reynero, Héctor Enrique Pérez Beltrán, Rosa Albani Padilla Martinez, Ivana Soto Sánchez, César
Luis Rico Garcés, Lina Marcela Batista Florez, Diego Andrés Negrete Arteaga, Brenda Periñan Ruiz,
Yuliana Marcela Romero Regino, Juan Andres Guzman Estrada, Luis Miguel Acosta Nieto, José
Manuel Mosquera Henao, Andrea Lucia Seguanes Domínguez, Isabella soto Mosquera, Dani Luz
Hernández Correa, Melisa Molina Florez, Yuliana Polo Barrera, Juan Andrés Lakah Salgado, Danna
Marcela Tapia Polo, Leisy Fajardo Romero, María Alejandra Romero Moreno, Jennifer Daniela Rojas
Carvajal, Luis angel alfaro Ayala, Jehny Elvira Riveros Triana, Darlyn Madrid Díaz, Cristian David
Bitar Ayazo, Sebastián ramos buelvas, Jandry Vanessa Reyes Lozano, Nathaly Vanessa Martinez
Pastrana, Arline Lorena Castellar Castro, DAYANA DIAZ DIZ, Pedro Antonio Ayazo Urueta, María
José Enamorado Serna, María Isabel Polo Padrón, Ximena María Sibaja Hernández, Zharith Paola
Tapia Fabra, Sebastian Cantillo Henriquez, Yeimi Paola Orozco Rios, Karol Michell Payares
Hernández, Luis Miguel Alvarez Falco, Marcela María Montesino Cantero, Oscar David Guerrero
Aparicio, Lorraine González Galeano.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

el programa de renta joven Resolución 00137 de 2024 tienen responsabilidades
administrativas en allegar al DPS la información relacionada con la situación
académica de cada uno de los beneficiarios del programa renta joven. Cabe anotar
que en el proceso de tutela se cuestiona el avance del procedimiento administrativo
que lleva a los giros de los beneficios económicos condicionados. Por lo anterior,
las instituciones de educación superior cuentan con legitimación en la causa por
pasiva para concurrir al proceso de tutela.

38. Respecto del requisito de subsidiariedad, la entidad accionada sostiene que la
tutela tiene como objetivo cuestionar el procedimiento administrativo motivo por el
cual, resulta procedente un medio de control ordinario previsto por el legislador en
la ley 1437 de 2011. Además, afirma que los tutelantes no evidenciaron estar ante
un perjuicio irremediable y que tiene una finalidad exclusivamente económica, por
lo que la providencia que ponga fin al trámite debe declarar improcedente la petición
de protección.

39. Respecto a lo anterior, la Sala estima que la acción de tutela denuncia la falta
de información clara y precisa respecto del momento en que se realizarán los giros
económicos del programa de “Renta Joven”, el cual tiene como destinatarios a
jóvenes estudiantes de educación superior. Los tutelantes reprochan que el DPS no
ha ofrecido información clara y precisa respecto de las fechas en las que se
realizarán las transferencias condicionadas atrasadas.

40. En esa medida, a juicio de esta Sala, la acción de tutela no cuestiona un
procedimiento administrativo o tiene una finalidad exclusivamente económica. Por
el contrario, el objetivo del amparo es acceder a información real, actualizada y
precisa respecto del cumplimiento del calendario de giros a los beneficiarios del
programa. No se trata de una acción de tutela con exclusiva pretensión pecuniaria,
toda vez que los tutelantes son jóvenes beneficiarios de un programa cuyo objetivo
principal es eliminar la pobreza monetaria. Quiere decir esto que, la Sala parte de
la premisa que los tutelantes son jóvenes en condición de vulnerabilidad
socioeconómica que buscan conocer información precisa respecto de las fechas en
las que se realizarán las transferencias condicionadas creadas en el programa
“Renta Joven”. Además, estos dineros hacen parte de una política diseñada y
ejecutada por el Estado, la cual ha tenido problemas de implementación. De igual
manera, los recursos que no han sido desembolsados tienen un impacto directo en
el goce del derecho a la educación en su componente de accesibilidad.

41. Por las condiciones del caso concreto, es decir, se trata de personas que el DPS
identifica como beneficiarios de un programa de transferencias económicas
condicionadas para personas jóvenes en condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica y que busca revertir formas de pobreza monetaria y puesto que su
finalidad es acceder a información precisa respecto de las fechas en las que se
realizaran los giros, esta Sala concluye que se trata de una acción de tutela que
satisface el requisito de subsidiariedad, puesto que no existe un mecanismo judicial
ordinario o extraordinario que permita cuestionar la falta de claridad respecto de la
información requerida.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

42. La Sala recuerda que los tutelantes promovieron un derecho de petición, según
información del propio DPS, radicado el 25 de septiembre de 2025, y contestado el
7 de octubre del mismo año10. Sin embargo, los tutelantes y la entidad demandada
coinciden en que no resultó posible indicar una fecha aproximada para la realización
de los pagos. En esa medida, desde la perspectiva constitucional que irradia el
trámite de tutela, se verifica que la acción de amparo tiene como finalidad principal
que los jóvenes vinculados al programa renta joven obtengan información eficaz y
precisa respecto del avance de los giros que se encuentran pendientes.

43. En relación con el requisito de inmediatez, el mismo se encuentra satisfecho, en
atención a que los tutelantes reprochan la omisión en la entrega de información
oportuna y eficaz respecto de los giros del programa durante el año 2025. Censuran
que durante el año 2025 no se realizó ningún desembolso de esa anualidad. De ahí
que, ejercieron la acción de tutela en cumplimiento del principio de inmediatez, pues
la radicaron el 17 de octubre de 2025, con el fin de cuestionar omisiones que se
produjeron durante todo el año inmediatamente anterior y que se extendían hasta
el momento de presentación del amparo. De igual forma, no se han realizado los
respectivos desembolsos que hacen falta. Así la denunciada vulneración de los
derechos también es actual.

Procedencia material de la acción de tutela

44. En relación con el problema de fondo y el recurso de impugnación propuesto
por el DPS, la Sala verifica que la providencia de primera instancia amparó el
derecho al debido proceso administrativo de todos los actores, sin distinguir aquellos
que no son beneficiarios del programa de “Renta Joven”, y determinó lo siguiente:

“a). ORDENAR al director del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social – DPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, proceda a realizar las gestiones administrativas
necesarias para: Verificar, en caso de no haberlo realizado, que la plataforma
dispuesta para el cargue de condicionalidades académicas (ACADEMUSFT o
la que corresponda) se encuentre habilitada para los ciclos operativos 2025-1
R1, 2025-1 R2, 2025-2 R1 y 2025-2 R2. En caso de que dicha plataforma no se
encuentre habilitada o no lo haya estado en los ciclos mencionados, deberá
proceder a su habilitación inmediata, informando de ello a las Instituciones de
Educación Superior (IES) vinculadas que no han cargado la totalidad de la
información, así como a esta Corporación, dentro del mismo término.

b). ORDENAR a las Instituciones de Educación Superior vinculadas al proceso,
que dentro del término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
habilitación de la plataforma, y siempre que no lo hubieren hecho, procedan a
realizar el cargue de los reportes correspondientes a los ciclos 2025-1 R1, 2025-
1 R2, 2025-2 R1 y 2025-2 R2, en las modalidades de permanencia y excelencia,
respecto de los estudiantes accionantes que hayan cumplido con las
condicionalidades académicas exigidas por el programa Renta Joven, conforme
a lo dispuesto en la Resolución 00137 de 2024.

c). ORDENAR al Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social – DPS, que una vez recibidos los reportes de las Instituciones de
Educación Superior, y conforme a sus competencias legales y reglamentarias,
en especial las previstas en la Resolución 00137 de 2024, dé continuidad sin

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Índice samai 43

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

demoras ni dilaciones al proceso dentro del cronograma institucional respecto
de entregas del subsidio de Renta Joven que corresponde a la entidad.”

45. A juicio de esta Sala, la providencia ordenó el cumplimiento de los trámites
previstos en la Resolución 00137 de 2024 y el manual operativo del programa Renta
Joven, ordenando, por ejemplo, que las instituciones de educación superior
cargaran información respecto del desempeño académico de los tutelantes, sin que
este sea el problema u obstáculo que impide la realización de los giros de las
transferencias económicas condicionadas. Adicional a lo anterior, en la contestación
del escrito de amparo y en el recurso de impugnación el DPS explicó que el retardo
en el giro de los recursos económicos a los tutelantes se debe a dificultades fiscales
ante la falta de disponibilidad de recursos económicos. Por ello, esta Corporación
reconoce que la orden judicial que profirió el juez de primera instancia no atiende al
verdadero obstáculo que afecta la ejecución del programa ni a los derechos
fundamentales verdaderamente conculcados. La barrera que impide el desembolso
de las transferencias condicionadas no es el cargue de información por parte de las
instituciones de educación superior, sino, como lo indica la entidad accionada, la
falta de disponibilidad de recursos económicos por un denominado déficit fiscal.

46. Por lo anterior, el recurso de impugnación del DPS cuestionó la decisión de
primera instancia, en tanto que la orden no puede ser cumplida, al derivarse de un
déficit fiscal que causa la mora en las transferencias económicas condicionadas.

47. Sumado a lo anterior, como se indicó en el examen de la legitimación en la causa
por activa, el fallo de primera instancia amparó los derechos fundamentales de
personas que suscribieron el Google forms, pero que, conforme la información del
DPS, están en una situación administrativa que no los hace beneficiarios de las
transferencias condicionadas. Por estas razones, la Sala revocará parcialmente y
modificará el fallo de primera instancia. En primer lugar, declarará improcedente el
amparo en relación con los tutelantes que no son beneficiarios del programa “Renta
Joven” por carecer de legitimación en la causa por activa.

48. En segundo lugar, esta Sala debe encausar la conclusión de la vulneración del
derecho al debido proceso y la orden que el juez de primer grado dictó en el proceso
de la referencia. Esto con el objetivo de que los remedios judiciales tengan eficacia
frente a los derechos fundamentales realmente interferidos de los actores y no
erosionen la legitimidad del juez de tutela11, al expedir una decisión que sea
imposible de cumplir, no atienda la realidad de la institución demandada y afecte el
diálogo que debe regir el diseño y ejecución de las políticas públicas12.

49. Como se indicó en el acápite de la formulación del problema jurídico, en relación
con la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, contrario a lo que definió
el juez de primera instancia, esta Sala estima que no es el centro del debate
constitucional, pues los actores reclaman protagónicamente que no cuentan con
información precisa y creíble respecto de las causas del retraso en el giro de las
transacciones económicas condicionadas. No se trata de un examen de

11
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2013 o T-390 de 2025.
12
Corte Constitucional, Sentencias T-726 de 2017, T-361 de 2017, T-021 de 2019, T-462 de 2021,
SU-512 de 2024 y T-390 de 2025.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

constitucionalidad de un acto administrativo o un procedimiento regido por la Ley
1437 de 2011, sino que el centro de la discusión se concentra en verificar si la
entidad accionada ha sido transparente en dar a los tutelantes información clara y
oportuna sobre las causas del retraso en el giro de las transferencias condicionadas
y las fechas en las que efectivamente se realizarán.

50. La jurisprudencia constitucional13 ha señalado que los jueces constitucionales
no tienen competencias judiciales para ordenar y asumir facultades propias de las
autoridades de la rama ejecutiva del poder público. En últimas, la Corte
Constitucional ha sido clara en señalar que los jueces constitucionales no co-
gobiernan o coadministran, pues dichas decisiones son competencias de los
órganos democráticamente electos. No obstante, los jueces constitucionales sí
deben garantizar el cumplimiento del principio de progresividad y no regresión en
materia de dimensiones prestacionales de derechos fundamentales y garantizar el
adecuado acceso a información respecto de las decisiones que los afectan. En la
Sentencia T-235 de 2011, respecto de los efectos de los fallos en la ejecución de
políticas públicas, la Corte explicó:

“El juez constitucional debe tener presente, al evaluar la procedencia de la
acción de tutela frente a facetas positivas de un derecho constitucional, que la
inacción estatal no es constitucionalmente legítima en virtud del principio de
progresividad, que ordena dar “pasos hacia delante” y prohíbe los pasos
regresivos en la cobertura y eficacia de los derechos constitucionales14.

51. El Tribunal Constitucional ha reconocido que la competencia de los jueces
constitucionales en materia del control judicial de políticas públicas deriva de la
omisión o inacción de las instituciones estatales en el cumplimiento de sus propias

13 Cfr. Corte Constitucional Auto 387 de 2019.
14 En la sentencia T-994 de 2010, señaló la Corte: “En relación con el carácter progresivo del derecho,

la jurisprudencia constitucional ha construido un amplio marco de análisis sobre la legitimidad de las
medidas adoptadas por las autoridades públicas en relación con las esferas positivas o
prestacionales de determinados derechos. La configuración del mandato de progresividad en el
ámbito interno toma en consideración tanto los elementos previstos en el artículo 4º del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como elementos propios de la
jurisprudencia nacional.
En esos términos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el mandato de progresividad
impone al Estado (i) la obligación inmediata de adoptar medidas positivas (deliberadas y en un plazo
razonable) para lograr una mayor realización del derecho en cuestión, de manera que la simple
actitud pasiva del Estado se opone al principio en mención; (ii) la prohibición de discriminación y/o la
obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables; y (iii) la
prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido. Esta prohibición
de regresividad o de retroceso se erige en una presunción de inconstitucionalidad de la medida
legislativa o administrativa a evaluar. En ese sentido, es pertinente reiterar lo expresado por la
sentencia T-043 de 2007:
(i) Como regla general, el legislador goza de un amplio margen de configuración de los derechos
sociales, para lo cual está facultado para modificar la legislación que define su contenido y
condiciones de acceso, incluso si las nuevas condiciones afecten meras expectativas de consolidar
un derecho bajo la antigua normatividad. Sin embargo, cuando el legislador adopta medidas que de
cara a la antigua legislación implica un retroceso en su ámbito de protección, dichas medidas son
constitucionalmente problemáticas por contradecir el principio de progresividad. Por lo tanto, frente
a una medida regresiva debe presumirse su inconstitucionalidad prima facie, que podrá desvirtuarse
cuando se logre establecer: (i) que la medida se encuentra justificada y ajustada al principio de
proporcionalidad; (ii) que la medida no desconoce situaciones particulares y concretas consolidadas
bajo la legislación anterior, por lo que se muestra respetuosa de los derechos adquiridos; o que (iii)
si bien afecta a situaciones ya consolidadas, contempla otros mecanismos, como los regímenes de
transición, dirigidos a proteger los derechos adquiridos o expectativas legítimas. (T-043/07)”.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

obligaciones normativas15.. En contraste, cuando las autoridades públicas cumplen
sus deberes legales frente a las personas titulares de los derechos fundamentales,
los jueces no tienen ninguna intervención que realizar.

52. En el sub-lite, se observa que el DPS tiene la obligación normativa de ejecutar
el programa de “Renta Joven”, mecanismo de transferencia monetaria condicionada
previsto en la Ley 1532 de 2012, modificado parcialmente por la Ley 1948 de 2019
y la Ley 2294 de 2023 y el Decreto Ley 1960 de 2023 en los siguientes términos:

Artículo 5: Renta Joven. A partir del 01 de enero de 2024, el programa Jóvenes
en Acción se incorporará al Sistema de Transferencias, se denominará Renta
Joven y su objetivo será contribuir a la inclusión social y económica de la
población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante la entrega
de transferencias monetarias, así como, la implementación de estrategias que
faciliten el acceso y permanencia en la educación superior, y consolidación de
trayectorias de vida.

53. Conforme con el artículo 1.5.3 de la Resolución 00137 de 25 de enero de 2024,
el DPS tiene la obligación de realizar las transferencias monetarias condicionadas
y periódicas por el concepto de matrícula16 equivalente a $ 400.000 por cada periodo
académico, y otra del mismo valor por permanencia en el estudio17, en cada
semestre. En efecto, cada año, el DPS debe remitir a los jóvenes que satisfagan los
requisitos cuatro transferencias condicionadas. Por ello, en la intervención procesal
de la entidad accionada se identificaron cuatro transferencias condicionadas: “ciclos
2025-1 R1, 2025-1 R2, 2025-2 R1 y 2025-2 R2”.

54. El DPS sostiene que no ha podido realizar los giros debido a los siguientes
inconvenientes: “De igual forma, desde este Departamento Administrativo
aclaramos que si bien, se han presentado diferentes situaciones que repercuten en
retrasos en el pago de las TMC, desde el programa Renta Joven no se está negando
la entrega de las transferencias a los participantes que cumplen las
condicionalidades para tal fin, por tanto, desde esta accionada se considera que
tales demoras no pueden ser catalogadas como vulneraciones a los derechos
invocados por los jóvenes Daniel David Martínez Avilez, Yissel Yuranys Cuesta
Violet, Brayan David Otero Yen, Dereck David Echeverría Muñoz y otros.”

55. La entidad acepta que se presentan demoras en el giro de las transferencias
condicionadas al punto que, al momento de contestación de la acción de tutela, no
se había realizado ninguno de los giros del año 2025. En la contestación e informes
allegados al expediente afirman que se han presentado obstáculos contractuales,
administrativos y financieros, e incluso advierte que se presenta un déficit fiscal,
pues se produjo “la reducción del presupuesto a entidades del orden nacional como
ocurre en el caso del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”18 .

15 Cfr. Corte Constitucional T-428 de 2012
16 Que el beneficiario se encuentre matriculado en un programa de formación técnico profesional,

tecnológico o profesional universitario, en modalidad presencial o distancia tradicional o virtual y está
activo en su proceso de formación, sin ningún tipo de condicionalidad académica y/o disciplinaria.
17 Que el beneficiario culmine el periodo académico y obtenga el promedio acumulado igual o

superior a 3.0 y este activo en su proceso de formación, sin ningún tipo de condicionalidad académica
y/o disciplinaria.
18 Folio 6 del escrito de contestación de demanda.

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Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Agrega que “el subsidio que ofrece el programa Renta Joven solo se puede otorgar
siempre y cuando existan recursos para ello y la correspondiente disponibilidad
presupuestal como requisito sine qua non”19.

56. En el informe adicional a la contestación se afirmó que se han presentado
obstáculos administrativos, contractuales y financieros, motivo por el cual no era
posible informar en qué momento se realizaría el giro de las transferencias
condicionadas. Se agregó que ante la falta de información se “solicita de manera
respetuosa a los accionantes aguardar el tiempo prudencial, pues como lo señala
la resolución 00137 de 2024 y el manual operativo del programa ‘(…) en cada
vigencia se ejecutan diferentes ciclos operativos dependiendo de las condiciones
de operación del programa, necesidades de la población y situaciones de contexto’,
por tanto, a la fecha no es posible anticipar la totalidad de ciclos operativos a
ejecutar durante el año 2025, así como tampoco es posible anticipar fechas de
pago”20.

57. La jurisprudencia constitucional21 ha indicado que la actividad de los jueces en
la garantía de los derechos fundamentales, en ocasiones implica, ante la inactividad
estatal, la intervención en políticas públicas. Como se indicó más arriba, la
mediación judicial en busca de la protección de los derechos fundamentales
constitucionales se fundamenta en la previa omisión o tardanza en el cumplimiento
de obligaciones normativas de las autoridades públicas22. Esa intervención en todo
caso debe considerar las etapas del ciclo de la política pública y garantizar que las
órdenes judiciales resuelvan obstáculos institucionales.

58. Como se indicó, la Corte Constitucional ha señalado que la inacción estatal no
es constitucionalmente admisible, especialmente, en relación con la garantía de
dimensiones o facetas positivas de los derechos fundamentales. En esa medida, a
juicio de esta Sala, resulta insuficiente la respuesta ofrecida por el DPS, relacionada
a que enfrenta obstáculos administrativos, contractuales y fiscales para atender sus
obligaciones en relación con el programa “Renta Joven”, y que en esa medida,
sugiere a los accionantes que esperen prudencialmente a que estos se resuelvan y
que consulten los canales digitales de la institución pública para conocer el
momento en que se realizarán los giros de las transferencias condicionadas. Esta
respuesta es insuficiente y vulneradora del derecho fundamental al acceso a la
información y al derecho de petición de los tutelantes, pues los beneficiarios del
programa de las transferencias económicas condicionadas tienen el derecho a
conocer con precisión los obstáculos que enfrenta la institución y las fechas en las
que razonablemente se esperan realizar los giros.

59. Los beneficiarios del programa acudieron al DPS con el fin de solicitar
información concreta sobre la fecha de los giros. Sin embargo, como ocurrió en la
contestación de la tutela, la entidad ofreció una respuesta insuficiente e incompleta,
pues no indicó la fecha en la que se esperan se producirán los pagos. Debe
recordarse que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho a la

19 Ibidem
20 Folio 21 del informe adicional. Índice samai 47.
21 Corte Constitucional, Auto 387 de 2019
22 Corte Constitucional, Sentencias T-442 de 2013 y T-386 de 2013.

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información es un derecho fundamental el cual, abarca la entrega de información
solicitada por los ciudadanos que exista bajo el control de autoridades estatales o
que debería producir la entidad pública23.

60. El artículo 4 de la Ley 1712 de 2014 precisa que el concepto del derecho
fundamental del derecho a la información implica el acceso a la información pública
bajo posesión o control de los sujetos obligados y esta incluye “la obligación de
producir o capturar la información pública”. Además, la Sentencia C-274 de 2013 y
que realizó el control de constitucionalidad al proyecto de ley estatutaria de acceso
a la información reiteró las reglas jurisprudenciales relacionadas con el contenido
del derecho al acceso a la información:

“Esa relación instrumental del derecho a acceder a la información pública
también existe para alcanzar fines constitucionalmente legítimos, como lo son
asegurar que las autoridades y agencias estatales expliquen públicamente las
decisiones adoptadas y el uso que le han dado al poder que han delegado en
ellos los ciudadanos, así como el destino que le dado a los recursos públicos; y
garantizar el cumplimiento de deberes constitucionales y legales por parte de la
ciudadanía. Así lo sostuvo esta Corporación en la sentencia C-957 de 1999,
donde se señaló lo siguiente:

“El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el
cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales,
en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para
alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídicas exigen que
las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y vigencia de los mandatos
dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del
contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la publicación se
instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los
instrumentos creados con tal fin. (…)”

61. Sobre este mismo derecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha indicado que el derecho al acceso a la información implica buscar información
que esté en cabeza del Estado, y que la misma cobra especial importancia cuando
lo que se solicita se relaciona directamente con la ejecución de recursos públicos.
Respecto del objeto de este derecho, la CIDH precisó:

“El ejercicio del derecho de acceso a la información recae sobre distintos tipos
de datos que se encuentran, o deben encontrarse, en poder de las autoridades
o de los particulares. En términos del Comité Jurídico Interamericano, en la
Resolución citada sobre “Principios sobre el Derecho de Acceso a la
Información”, “el derecho de acceso a la información se refiere a toda la
información significante, cuya definición debe ser amplia, incluyendo toda la que
es controlada y archivada en cualquier formato o medio”.

16. Entre los tipos de información sobre los cuales recae el derecho, sobresalen
los siguientes: la información que está bajo la custodia, administración o
tenencia del Estado; la información que el Estado produce, o la información
que está obligado a producir; la información que está bajo poder de quienes
administran los servicios públicos, y de quienes administran dineros públicos; la
información que el Estado capta, y la que está obligado a recolectar en
cumplimiento de sus funciones; y la información propia sobre datos personales
(habeas data) o sobre bienes que se encuentra en poder de quienes administran
bases de datos o registros particulares y están legalmente obligados a
suministrarla.”

23
Corte Constitucional, Sentencia T-361 de 2017.

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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

62. De igual manera, las sentencias C-951 de 2014 y C-274 de 2013 han señalado
que el derecho de petición y el derecho al acceso a la información guardan una
estrecha relación, pues las peticiones respetuosas ante las autoridades tienen como
objetivo fundamental el acceso a información en cabeza del Estado, razón por la
cual, se afirma que uno es un derecho medio y el otro es el derecho fin. El derecho
de petición es el instrumento por el cual se accede a información pública. El derecho
al acceso a la información abarca la información que está bajo la administración de
las autoridades y la que debería producir, incluso si no la ha producido.

63. En el caso concreto, la Sala concluye que los jóvenes tutelantes ejercieron el
derecho de petición interrogando al DPS por los motivos de la tardanza en los giros
de las transferencias condicionadas del año 2025 y las fechas en las que se
realizarían las transferencias. A juicio de los tutelantes, la respuesta fue evasiva
pues no ofreció certezas sobre ninguno de los aspectos, pues no se explicó con
precisión los obstáculos para la realización de los pagos, ni se indicaron las fechas
en las que posiblemente se realizará el giro.

64. En respuesta a la acción de tutela, el DPS informó al juez constitucional que en
efecto, en septiembre de 2025, los tutelantes formularon un derecho de petición y
que el mismo fue contestado dentro de los términos previstos en la ley. Sin indicar
el contenido. Se observa en la respuesta a la acción de tutela:

“Consultado el sistema de gestión documental “DELTA” de PROSPERIDAD
SOCIAL bajo los siguientes criterios de búsqueda: NOMBRE: DANIEL DAVID
MARTINEZ AVILEZ y CÉDULA: 1062954301 SE ENCONTRÓ LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:

PETICIÓN RADICAD FEC OFICIO FEC
O N° HA DE HA
RESPUE
STA N°
E-2025-0007- 2025 S-2025- 2025
246023 -09- 4414- -10-
25 146303 07

El anterior oficio fue puesto en conocimiento de la accionante en su dirección
de correo electrónico el día 12 de noviembre de 2024 (sic) mediante envío y
entrega exitosa en su dirección de correo
electrónico: danielmartinezavilez2@gmail.com

La jurisprudencia constitucional de tiempo atrás ha establecido que el núcleo
esencial del derecho fundamental de petición es la “pronta respuesta”, en otros
términos, que aquello que se solicita sea resuelto de forma oportuna. No
obstante, es necesario aclarar, que la misma Corte Constitucional también ha
sido enfática en indicar que el plazo no se define por voluntad del peticionario o
de la entidad pública, sino que este se fija por el legislador en normas especiales
o, en caso de que este guarde silencio, la autoridad debe remitirse a las
disposiciones generales de la Ley Estatutaria 1755 de 2015 integrada en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)

65. En la contestación al derecho de petición del 7 de octubre, el DPS informó a los
tutelantes que no se han realizado los pagos correspondientes a los ciclos 2025 R1.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

2025-1R2, Y 2025-2 R1. Sostuvo que, aunque se ejecutaron tres momentos de pago
en el ciclo 1 no ha sido posible la entrega de las transferencias por inconvenientes
en los reportes de las universidades. Asimismo, el DPS indicó que no es posible
anticipar las fechas de pago ni la totalidad de los ciclos operativos.

66. Examinada la respuesta al derecho de petición de 7 de octubre de 2025 24, la
Sala concluye que, a pesar de haber sido parte de los interrogantes de los
tutelantes25, el DPS no fue claro en señalar los obstáculos que se han presentado
para realizar los giros de las transferencias económicas condicionadas. Se limitó a
hacer afirmaciones genéricas sobre su compromiso con el programa “Renta Joven”,
e indicó que no tiene información sobre en qué fecha se harán los giros atrasados.
Se lee en la respuesta al derecho de petición respecto a la pregunta sobre los
obstáculos para el pago de dichas transferencias condicionadas y las futuras fechas
para la realización de estos.

“4. Indicar las razones por las cuales no se han realizado los pagos a los
estudiantes de las distintas IES, específicamente, a los beneficiarios de Renta
Joven.

Se precisa que, el programa Renta Joven no ha realizado proceso de
verificación correspondiente al reporte de matrícula, permanencia y excelencia
del primer y segundo semestre del año 2025.

En virtud de lo mencionado, se le sugiere estar atentos a los canales oficiales
de Prosperidad Social, donde se informarán las novedades relacionadas con la
entrega de próximos incentivos”.

"5. FIJAR una fecha para el pago de 2025-2 R2, de modo que dicho pago se
realice antes de finalizar el año 2025(...)”

Tal como lo señala la Resolución 00137 de 2024 y el Manual Operativo del
Programa: “(…) en cada vigencia se ejecutan diferentes ciclos operativos
dependiendo de las condiciones de operación del programa, necesidades de la
población y situaciones de contexto”, por tanto, a la fecha no es posible anticipar
la totalidad de ciclos operativos a ejecutar durante el año 2025, así como
tampoco es posible anticipar fechas de pago”26

67. Las razones que explican la tardanza en la realización de los giros se ventilaron
y explicaron dentro del trámite de tutela. Al respecto, el DPS precisó que se trataban
de obstáculos contractuales, administrativos y fiscales. A juicio de esta Sala, en
virtud del derecho al acceso a la información pública, especialmente, por tratarse de
la ejecución de recursos públicos, y al derecho fundamental de petición, el DPS
debía ofrecer una respuesta de fondo y con información precisa y adecuada a la
petición de los actores. No tenían cabida respuestas generales a preguntas
precisas.

68. La respuesta del derecho de petición no fue de fondo ni permitió el acceso a la
información requerida por los actores respecto de los obstáculos que ha enfrentado

24
Esto dentro de indice samai 134.
25
En el derecho de petición se lee: ”indicar las razones por las cuales no se han realizado los
pagos a los estudiantes de las distintjas IES, específicamente a los beneficiarios de Renta Jove”.
Anexo al escrito de amparo. Indice Samai 132
26
Anexo al escrito de tutela, Indice samai 132.

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Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

el DPS para los giros de las transferencias condicionadas. A juicio de esta
Corporación, el programa de “Renta Joven” y el financiamiento del mismo es un
asunto de especial relevancia pues se trata de la ejecución de recursos públicos
dirigidos a un grupo de especial protección constitucional, puesto que, conforme la
Resolución 00137 de 2024, el programa está dirigido a jóvenes vulnerable y de
escasos recursos, en esa medida, resulta de relevancia que los beneficiarios
interroguen a la institución pública respecto de los obstáculos que se han enfrentado
y las fechas en las que se espera que se realizarán los giros. Esta Corporación
estima que ese tipo de información es aquella que debe producir, en esa medida,
una respuesta adecuada a la petición debió ofrecer a los beneficiarios del programa
una razón concreta, precisa, profunda respecto de las acciones que realiza la
entidad para superar los obstáculos que enfrenta.

69. Para la Sala es diciente que, cuando el juez de primera instancia interrogó a la
entidad respecto al problema que ha enfrentado para realizar los pagos de las
transferencias condicionadas, la respuesta de la entidad fue imprecisa y se limitó a
copiar la declaración pública de intenciones de un servidor público. Se lee en el
informe allegado por el DPS:

3. Indicar las razones por las cuales no se han realizado los pagos a los
estudiantes de las distintas IES, específicamente, a los beneficiarios de la renta
joven.

(…)

Ahora en lo que se refiere a factores financieros, en comunicado del 11 de
septiembre de 2025, el director general de Prosperidad Social, Mauricio
Rodríguez Amaya, anunció que el programa Renta Joven continuará su
operación, tal como está definido en el Decreto 1960 de 2023 y se fortalecerá
con una estrategia complementaria de trayectorias de vida.
En el comunicado también se indica que:

“(…) el decreto menciona que el objetivo de Renta Joven es: “contribuir a la
inclusión social y económica de la población joven en situación de pobreza y
vulnerabilidad, mediante la entrega de transferencias monetarias, así como, la
implementación de estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la
educación superior, y la consolidación de trayectorias de vida.”

En trayectorias de vida, se promueve y fortalecen los modelos de economía
popular asociativos, incluidas las cooperativas juveniles, como estrategia y oferta
complementaria a las transferencias económicas que se entregan a los jóvenes
estudiantes de educación superior por matrícula, excelencia y permanencia.

“Nuestra propuesta es que pasemos de sólo una transferencia a un proceso
asociativo, a través de cooperativas juveniles. Esta transición es urgente y este
es un debate que vamos a abrir porque queremos que los jóvenes sean aliados.
Está probado que ninguna transferencia, como camino único, saca a la gente de
la pobreza de forma permanente”, dijo Rodríguez Amaya.

De acuerdo con la directriz del gobierno del presidente Gustavo Petro y el Plan
Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, Renta Joven complementaría su
transferencia monetaria con la promoción de la asociatividad, para fortalecer la
inclusión productiva de los jóvenes, y garantizar ingresos sostenibles y la
superación de condiciones de pobreza y vulnerabilidad (…)”

Puede acceder al contenido del comunicado en el siguiente enlace o ingresando
directamente a la página web de Prosperidad Social: "Renta Joven no se acaba,

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Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

se fortalece": Mauricio Rodríguez, director de Prosperidad Social - Prosperidad
Social.

Así las cosas, tenemos que, si bien el documento técnico denominado
“Estrategia complementaria trayectorias de vida del programa Renta Joven”
indica que se continuará con la entrega de transferencias monetarias
individuales, es preciso indicar que Prosperidad Social y el programa Renta
Joven dependen de la asignación de la cuota anual del presupuesto. En
consideración a ello, los programas de inversión que amparan la operación de
los diferentes programas de transferencias monetarias entre ellos el programa
Renta Joven, pueden ser actualizados en función de las prioridades del
Gobierno Nacional, la ejecución presupuestal y disponibilidades de recursos.”

70. Adicional a lo anterior, la propia respuesta de la acción de tutela permite concluir
que, la respuesta solo fue oportuna, es decir, dentro de los términos legales
previstos para ello, pues no ofreció razones concretas y específicas sobre los
obstáculos y especialmente sobre las gestiones de la entidad para superar los
mismos.

71. Los jueces constitucionales deben comprender que las autoridades enfrentan
límites fiscales para la realización de los derechos fundamentales. Sin embargo,
todos los derechos fundamentales tienen dimensiones de aplicación inmediata,
incluso en sus dimensiones positivas. Ejemplo de esas facetas inmediatas de
obligaciones iusfundamentales de carácter activo es el adecuado acceso a la
información. En cualquier situación en la que se busque la materialización de una
dimensión positiva de un derecho fundamental, en todo caso, es de aplicación
inmediata el acceso a información adecuada, concreta, precisa, respecto de las
condiciones de ejercicio del derecho invocado.

72. Ahora bien, esta Sala reconoce que, conforme las razones expuestas por el
DPS, existen límites fiscales que han impedido la realización de los giros de las
transferencias. Estas razones exceden las competencias de los jueces de tutela en
sede de instancia, pues, conforme las reglas jurisprudenciales27, ordenar
dimensiones prestacionales de derechos sociales resulta procedente cuando no
implican un alto esfuerzo económico. En el caso concreto, el giro de los recursos
pendientes implica una cifra de dinero importante, motivo por el cual no se satisface
la regla jurisprudencial señalada. No obstante, como se explica a continuación el
DPS si tiene una obligación inmediata relacionada con la garantía del derecho de
petición y acceso a la información.

73. En esa medida, esta Sala concluye que el DPS vulneró el derecho fundamental
de petición y acceso a la información de los tutelantes pues la respuesta que dio a
los demandantes fue genérica, global, semejante a una declaración de intenciones

27 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-428 de 2012: “Concretamente, sobre el alcance de la tutela

como mecanismo de protección de las dimensiones positivas de los derechos, ha explicado la Corte:
“(…) la procedibilidad de la tutela para la protección de esferas positivas de los derechos está
condicionada a (i) que la esfera prestacional requerida no comprometa un alto esfuerzo
económico, como cuando se solicita información adecuada en un puesto de servicio al público; (ii)
que se solicite el cumplimiento de obligaciones que hayan recibido concreción política, o (iii) que
sean prestaciones imprescindibles para la garantía de la dignidad humana, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación o el DIDH.” (negrillas fuera del texto)

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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

políticas. Sin embargo, no ofreció acceso a información pública precisa respecto de
los obstáculos fiscales que enfrenta el programa de “Renta Joven” y especialmente
las acciones que se realizarán por parte de la entidad accionada para superar la
situación.

74. Al momento de realizar la respuesta del derecho de petición, la entidad tenía el
deber constitucional de indicar a los tutelantes fechas aproximadas y realistas para
la realización de los pagos atrasados. No limitarse a afirmar que, los accionantes
debían esperar y consultar la página de internet de la entidad.

75. Como se indicó más arriba, la respuesta que dio la entidad dentro de esta
actuación judicial conforme a la cual, los estudiantes tutelantes deben esperar un
tiempo prudencial y consultar periódicamente los canales virtuales para conocer la
fecha en la que se realizará el pago, no es de recibo para esta Sala, pues garantizar
el acceso a la información respecto de las actividades que realiza la entidad para la
consecución de los recursos faltantes resulta fundamental en este tipo de
programas. Se insiste, en relación con las dimensiones prestacionales de los
derechos fundamentales la inacción estatal no es una respuesta
constitucionalmente válida.

76. En este punto, la Sala realiza una distinción dogmática que resulta relevante. La
jurisprudencia constitucional28 ha señalado que los derechos fundamentales son
una estructura normativa multifacética de dimensiones negativas o positivas.
Respecto a las facetas que implican acción de la administración, el principio de
progresividad y no regresión impone que no resulta actualmente exigibles las
potestades del derecho que comprometen la disposición de recursos económicos
con los cuales no se cuenta. Sin embargo, en este caso, también existen
obligaciones inmediatas, esto es, el deber de asegurar contenidos esenciales del
derecho29 y de planificar la manera en la que progresivamente se materializan las
facetas prestacionales de este30.

77. En esa medida, en el caso concreto, el DPS afirma que enfrenta límites fiscales
para la realización de los giros que se solicitan por parte de los estudiantes
beneficiarios del programa. Ello es comprensible, en atención a que desde los
tratados internacionales de derechos humanos como el pacto de derechos sociales
económicos y culturales o la Convención americana sobre derechos humanos, las
dimensiones prestacionales de los derechos fundamentales están sometidas a
límites económicos. Aunque, lo que resulta reprochable de la entidad consiste en
que carezca de información para brindar a los beneficiarios del programa respecto
de las gestiones que ha adelantado y planeado para la consecución de los recursos
necesarios para la realización de los giros.

28 Cfr. Entre otras Sentencias T-235 de 2011 o T-428 de 2012. Corte Constitucional, Sentencias T-

388 de 2013 o T-390 de 2025.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-762 de 2017. Por ejemplo, en materia del derecho a la vivienda,

se consideró que un contenido de protección inmediata en una faceta positiva corresponde a la
garantía de la habitabilidad de una casa. Por su parte, una condición progresiva corresponde con el
diseño del plan o la política que asegura el lugar para vivir y el cronograma de entrega de estas.
30 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002.

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

78. Los tutelantes tiene el derecho fundamental al acceso a la información y su
medio, el derecho de petición, de conocer las acciones concretas, eficaces que ha
desarrollado el DPS para la consecución de los recursos necesarios para la
realización de los giros de las transferencias. Esto incluye que la entidad produzca
la información referida a las fechas de la realización de los giros económicos. La
entidad indicó que no tiene certeza de dichas épocas, motivo por el cual sugiere a
los estudiantes que esperen un tiempo prudencial. Como se explicó más arriba, el
derecho al acceso a la información permite el acceso a información con la que se
cuente, pero además con la que se debería contar, así no se tenga inmediatamente.

79. La entidad debía informar las acciones y planes que desarrolla para la
superación de los obstáculos, y producir la información respecto de las eventuales
fechas de pago de las transferencias.

Decisión y remedios judiciales a impartir

80. Por lo anterior, la Subsección revocará parcialmente la decisión de primera
instancia y la modificará en varios aspectos. En primer lugar, se declarará
improcedente el amparo en relación con los tutelantes que no son beneficiarios del
programa “Renta Joven”, por carecer de legitimación en la causa por activa.

81. En segundo lugar, se modificará el fallo en lo relativo al amparo del derecho al
debido proceso administrativo, para tutelar los derechos de acceso a la información
y de petición de los tutelantes que son beneficiarios del programa renta joven.

82. En tercer lugar, se modificará la orden judicial con el fin de proferir un nuevo
remedio judicial dirigido a atender la problemática constitucional que se presenta.
En las Sentencias T-083 de 2017 o T-377 de 2022, verbigracia, la Corte precisó
que, cuando una entidad pública debe realizar transferencias económicas, pero se
carece de recursos económicos suficientes, en todo caso, tiene el deber de informar
con precisión y claridad los obstáculos que se presentan y las fechas probables en
las que se realizarán los giros dinerarios.

83. Además, se profiere una orden judicial que proteja de manera efectiva los
derechos de los actores, puesto que la Sala concluyó que el obstáculo para el giro
de las transferencias económicas condicionadas no se relaciona con el cargue de
información por parte de las universidades e instituciones de educación superior,
sino con la disponibilidad fiscal para el programa “Renta Joven”.

84. Por lo anterior, la Sala amparará el derecho de petición y acceso a la información
de los tutelantes y ordenará al DPS que, dentro de los quince (15) días siguientes a
la notificación de la providencia, informe de manera clara y verificable a los
tutelantes los obstáculos reales que han impedido el giro de las transferencias
económicas condicionadas del programa “Renta Joven” correspondientes al año
2025, así como las acciones concretas que ha adelantado para superarlos. Además,
se dispondrá que, en el término de los veinticinco (25) días siguientes a la
notificación, indique fecha o época para la realización de los giros, respaldadas por
un cronograma definido de desembolsos. Finalmente, se conminará a la entidad

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

demandada que se abstenga de emitir respuestas evasivas, genéricas o de
trasladar a los tutelantes la responsabilidad por el incumplimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 10 de noviembre de 2025
proferida por la Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, y
en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por las
personas identificadas en el fundamento jurídico No. 36 de la sentencia por carecer
de legitimación en la causa por activa.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de 10 de noviembre de 2025 proferida por la
Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, en cuanto tuteló el
derecho al debido proceso administrativo, para AMPARAR los derechos de petición
y de acceso a la información de los restantes 680 tutelantes identificados en el
fundamento jurídico No. 37 de la providencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (DPS) que: (i) dentro del término de quince (15) días contados
a partir de la notificación de esta providencia, remita una comunicación a los
tutelantes en la que exponga de manera clara, precisa y verificable los obstáculos
reales que han impedido el giro de las transferencias económicas condicionadas del
programa “Renta Joven” correspondientes al año 2025, así como las acciones
concretas que ha adelantado para superarlos; y (ii) dentro del término de veinticinco
(25) días contados a partir de la notificación de esta providencia, indique fecha o
época para la realización de los giros, las cuales deberán estar respaldadas por un
cronograma definido de desembolsos, en el que se precise el momento en que se
efectuarán las transferencias económicas condicionadas.

En todo caso, el DPS deberá ABSTENERSE de emitir respuestas evasivas,
genéricas o indeterminadas, de formular meras declaraciones de buena intención o
de trasladar a los tutelantes la responsabilidad por el incumplimiento.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Radicación número: 23001-23-33-000-2025-00197-01
Accionante: Daniel David Martínez Avilez y otros
Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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