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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00208-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00208-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, la cual quedará así: 39 Énfasis añadido. 40 Al respecto, se puede consultar la Sentencia T-066 de 2020, proferida por la Corte Constitucional. 41 Sobre el particular, cabe indicar que, en la Sentencia T-013 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «[d]e cara a lo dispuesto por el legislador en [la Ley 1276 de 2009], será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”». 9 Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01 Accionante: Ena Luz Parra Benítez Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra Referencia: Acción de tutela PRIMERO: DECLARAR configurado el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado. SEGUNDO: INSTAR al Juzgado Octavo Administrativo de Montería a que dicte prontamente la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 23001-33-33-007-2018-00489-00, promovido por la aquí accionante. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2025-00208-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: ENA LUZ PARRA BENÍTEZ
Accionados: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE MONTERÍA Y OTRA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado / Instancia a la autoridad judicial
demandada a que dicte sentencia prontamente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la demandante contra la
sentencia del 19 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se declaró la configuración
del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado frente a unas
pretensiones, y la improcedencia de la solicitud de amparo en relación con otras1.

ANTECEDENTES

Demanda

1. El 4 de noviembre de 20252, Ena Luz Parra Benítez instauró demanda de tutela
contra el Juzgado Octavo Administrativo de Montería y la Secretaría de Educación
de Córdoba3, por intermedio de apoderada, a fin de obtener el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso.

Hechos relevantes4

2. El 22 de noviembre de 2018, la señora Parra Benítez, hoy con 73 años y en
condición de discapacidad, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con el propósito de que se declarara la nulidad de la
Resolución 1884 del 21 de noviembre de 2011, mediante la cual se le negó el
reconocimiento de la pensión por vejez.

1 El expediente del proceso es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2 Índice 2 del expediente de segunda instancia, carpeta tipo ZIP identificada con el certificado
«C80C8F2B32D3E73F (…)», archivo «02Memorial».
3 Índice 2 del expediente de segunda instancia, carpeta tipo ZIP identificada con el certificado

«C80C8F2B32D3E73F (…)», archivo «01Demanda».
4 Extraídos de la demanda de tutela y del expediente del proceso 23001-33-33-007-2018-00489-00,

con el cual se relaciona la vulneración de derechos fundamentales alegada.

1

Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: Ena Luz Parra Benítez
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra
Referencia: Acción de tutela

3. La anterior demanda dio origen al proceso 23001-33-33-007-2018-00489-00,
cuyo trámite correspondió inicialmente al Juzgado Séptimo Administrativo de
Montería.

4. En la audiencia inicial, celebrada el 5 de marzo de 2020, dicho juzgado dispuso
requerir a la Secretaría de Educación de Córdoba para que aportara el expediente
administrativo correspondiente. El 9 de marzo siguiente, se efectuó el requerimiento
respectivo por primera vez, ante lo cual la referida secretaría hizo caso omiso.

5. Mediante auto del 18 de enero de 2021, el proceso fue remitido al Juzgado
Octavo Administrativo de Montería, con fundamento en el Acuerdo CSJCOA21-10,
adoptado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, a través del cual
se redistribuyeron los asuntos tramitados en los juzgados administrativos Primero a
Séptimo de dicha ciudad, con ocasión de la creación del Octavo.

6. Por medio de auto del 8 de febrero de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo de
Montería avocó conocimiento del asunto y, mediante providencia del 27 de octubre
de ese año, insistió en la realización del requerimiento dirigido a la Secretaría de
Educación de Córdoba.

7. El 15 de julio de 2022, la señora Parra Benítez solicitó el impulso del proceso,
advirtiendo que su salud estaba siendo afectada.

8. A través de auto del 30 de enero de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo de
Montería insistió, de nuevo, en el requerimiento aludido. Este se efectuó el 23 de
febrero de ese año, por segunda vez. Empero, la Secretaría de Educación de
Córdoba volvió a hacer caso omiso.

9. El 4 de julio de 2024, la señora Parra Benítez solicitó nuevamente el impulso del
proceso y, el 17 de julio de 2025, exigió sancionar a la Secretaría de Educación de
Córdoba por incumplimiento del requerimiento. El 21 de julio siguiente, reiteró la
solicitud de impulso.

10. A la fecha de presentación de la demanda de tutela, la mencionada secretaría
no había aportado el expediente administrativo requerido. Además, el Juzgado
Octavo Administrativo de Montería no había adoptado ninguna medida al respecto
ni había dictado sentencia anticipada, pese a que su secretario informó a la
accionante que ello se llevaría a cabo.

Pretensiones

11. La señora Parra Benítez solicitó lo siguiente (transcripción con posibles errores
incluidos):

1.- Ordenar (…) que se continúe con el proceso, se dicte sentencia anticipada
y se cumpla el debido proceso, que se notifiquen a las partes y se cumpla lo
solicitado por el [J]uzgado [O]ctavo [A]dministrativo de [Montería] en el asunto.

2

Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: Ena Luz Parra Benítez
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra
Referencia: Acción de tutela

2.- Advertir a los [a]ccionados de las sanciones penales y disciplinarias que les
acarrean su incumplimiento y negativa [a] acatar la Constitución y la ley.

Fundamentos de la demanda

12. En criterio de la señora Parra Benítez, el Juzgado Octavo Administrativo de
Montería debe proferir sentencia anticipada, debido a la renuencia de la Secretaría
de Educación de Córdoba a atender los requerimientos que se le han dirigido, lo
cual ha retrasado el proceso y, por ende, el reconocimiento de su pensión por vejez,
que necesita para vivir dignamente.

Trámite en primera instancia

13. Mediante auto del 6 de noviembre de 20255, la magistrada sustanciadora en
primera instancia admitió la demanda de tutela contra el Juzgado Octavo
Administrativo de Montería y la Secretaría de Educación de Córdoba.

Intervenciones

14. El Juzgado Octavo Administrativo de Montería6 se opuso a la solicitud de
amparo constitucional, con sustento en que había tramitado el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con celeridad y de conformidad con las etapas
correspondientes, entre ellas, la probatoria, que no se había agotado. Debido a esto
último, afirmó que no procedía dictar sentencia anticipada.

15. Por otro lado, indicó que la Secretaría de Educación de Córdoba aportó el
expediente administrativo requerido y que, mediante auto del 11 de noviembre de
2025, dispuso correr traslado de él a las partes. Añadió que, a través del mismo
auto, ordenó correr el traslado para alegar de conclusión, una vez finalizara el
término de aquel relacionado con el mencionado expediente.

16. La Secretaría de Educación de Córdoba7 solicitó declarar improcedente la
demanda de tutela, con fundamento en que cumplió el requerimiento del Juzgado
Octavo Administrativo de Montería, así como en que carecía de legitimación en la
causa por pasiva frente a las pretensiones dirigidas contra esa autoridad judicial.

Sentencia de primera instancia

17. Mediante sentencia del 19 de noviembre de 20258, la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba adoptó las siguientes decisiones:

5 Índice 2 del expediente de segunda instancia, carpeta tipo ZIP identificada con el certificado
«C80C8F2B32D3E73F (…)», archivo «05Admite».
6 Índice 2 del expediente de segunda instancia, carpeta tipo ZIP identificada con el certificado

«C80C8F2B32D3E73F (…)», archivo «07ContestacionInformeJuzgadoOctavo».
7 Índice 2 del expediente de segunda instancia, carpeta tipo ZIP identificada con el certificado

«C80C8F2B32D3E73F (…)», archivo «11GobernacionCordoba».
8 Índice 2 del expediente de segunda instancia, carpeta tipo ZIP identificada con el certificado

«C80C8F2B32D3E73F (…)», archivo «10Sentencia».

3

Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: Ena Luz Parra Benítez
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra
Referencia: Acción de tutela

PRIMERO: DECLARAR configurada la carencia actual del objeto por hecho
superado frente a la solicitud probatoria requerida a la Secretaría de Educación
del Departamento de Córdoba, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela frente a la
pretensión del accionante consistente en proferir sentencia anticipada,
conforme se motivó. (…)

18. La declaración del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado
se sustentó en que la Secretaría de Educación de Córdoba presentó el expediente
administrativo requerido el 10 de noviembre de 2025 y, al día siguiente, este fue
incorporado al del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

19. La decisión de declarar improcedente la acción de tutela, por su parte, se
fundamentó en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto la
expedición de la sentencia anticipada debía solicitarse en el proceso contencioso-
administrativo, y por cuanto no se acreditó la posible configuración de un perjuicio
irremediable, para lo cual no era suficiente la edad de la accionante.

Impugnación

20. La demandante9 solicitó revocar la anterior decisión, alegando que, aun cuando
no solicitó la expedición de sentencia anticipada, el Juzgado Octavo Administrativo
de Montería podía dictarla de oficio, con fundamento lo establecido en los artículos
278 del CGP y 182A del CPACA, así como en el incumplimiento del requerimiento,
que podía ser tomado como un indicio de la inexistencia de «argumentos sólidos
para la defensa».

21. Además, señaló que el expediente administrativo no se anexó al traslado
correspondiente y que, el 20 de noviembre de 2025, el juzgado demandado volvió
a requerir a la Secretaría de Educación de Córdoba.

CONSIDERACIONES

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del reglamento interno
de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

23. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba concluyó
que la señora Parra Benítez formuló dos pretensiones: una relacionada con el

9Índice 2 del expediente de segunda instancia, carpeta tipo ZIP identificada con el certificado
«C80C8F2B32D3E73F (…)», archivo «13ImpugnacionAccionante».

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Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: Ena Luz Parra Benítez
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra
Referencia: Acción de tutela

cumplimiento del requerimiento dirigido a la Secretaría de Educación de Córdoba y,
otra, con la expedición de sentencia anticipada. Sin embargo, esta Subsección
considera que, en realidad, el asunto involucra una sola pretensión: el avance del
proceso para lograr la emisión del fallo a cargo del Juzgado Octavo Administrativo
de Montería.

24. Lo anterior, en tanto el expediente administrativo objeto de dicho requerimiento
se decretó como prueba de oficio en la audiencia inicial, de modo que su falta de
presentación retrasó la finalización de la etapa probatoria y, por ende, constituye la
causa de la tardanza alegada frente a la expedición del fallo.

25. En vista de lo expuesto, así como de lo resuelto en la sentencia de primera
instancia, la Sala determinará si se configuró el fenómeno de carencia actual de
objeto por hecho superado, o si el Juzgado Octavo Administrativo de Montería
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la demandante al no adoptar
las medidas necesarias para que la Secretaría de Educación de Córdoba aportara
el expediente administrativo requerido, dilatando injustificadamente la expedición
del fallo en el proceso 23001-33-33-007-2018-00489-00 e incurriendo así en una
mora judicial injustificada.

26. De conformidad con la resolución de tal problema jurídico, esta Subsección
establecerá si confirma, modifica o revoca la sentencia del 19 de noviembre de
2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba.

Materialización de mora judicial injustificada y posterior configuración de
carencia actual de objeto por hecho superado

27. En la Sentencia de Unificación 333 de 2020, la Corte Constitucional expuso que,
cuando se desatienden los términos procesales para adoptar una decisión, se
configura la mora judicial. Además, explicó que esta puede ser justificada o
injustificada.

28. La primera, derivada de la congestión judicial, que constituye una situación
estructural y objetiva, no conlleva una vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. La segunda, originada
en el capricho o en la arbitrariedad de la autoridad jurisdiccional, sí lo hace10.

29. En la sentencia en mención, la Corte también estableció que, para determinar
si la mora judicial es justificada o no, debe verificarse (i) si es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación,
(ii) si no existe un motivo razonable que justifique la demora —como lo es la

10 En la mencionada sentencia, la Corte expuso lo siguiente: «(…) no constituyen vulneraciones al

derecho al debido proceso, aquellos eventos de mora judicial justificada por la congestión judicial,
pues la misma se basa en una situación estructural y objetiva, y ha determinado que sí resulta
vulneratorio de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
aquellos eventos en los que la omisión se debe a capricho o arbitrariedad de un operario judicial».

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Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: Ena Luz Parra Benítez
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra
Referencia: Acción de tutela

congestión judicial o el volumen de trabajo— y (iii) si la tardanza es imputable al
incumplimiento de funciones por parte de la autoridad jurisdiccional.

30. Ahora, para establecer si se configuró una mora judicial injustificada en el caso
concreto, es necesario indicar que el expediente del proceso 23001-33-33-007-
2018-00489-0011 evidencia lo siguiente:

31. El 22 de noviembre de 201812, la señora Parra Benítez instauró demanda contra
la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 1884 del 21 de
noviembre de 2011, mediante la cual se le negó el reconocimiento de la pensión por
vejez, así como de que se le reconociera tal prestación a título de restablecimiento
del derecho.

32. El 5 de marzo de 2020, durante la audiencia inicial13, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Montería dispuso requerir a la Secretaría de Educación de
Córdoba para que aportara el expediente administrativo correspondiente. El 9 de
marzo siguiente14, se efectuó el requerimiento respectivo.

33. Por medio de auto del 18 de enero de 202115, el proceso fue remitido al Juzgado
Octavo Administrativo de Montería, el cual avocó conocimiento del asunto el 8 de
febrero siguiente16.

34. Mediate providencias del 27 de octubre de 202117 y del 30 de enero de 202418,
dicho juzgado reiteró la decisión de requerir a la Secretaría de Educación de
Córdoba. El requerimiento respectivo se efectuó el 23 de febrero de 2024 19 , a
través de correo electrónico.

35. La señora Parra Benítez solicitó el impulso del proceso el 15 de julio de 2022, el
4 de julio de 2024 y el 21 de julio de 202520, y exigió sancionar a la Secretaría de
Educación de Córdoba por incumplimiento del requerimiento el 17 de julio de 2025 21.

11 Almacenado tanto en Samai como en OneDrive. La parte almacenada en este último puede
visualizarse a través del enlace de acceso señalado en el archivo identificado con el certificado
«300B4E7E05BCCE20 (…)», ubicado en el índice 6 del expediente de segunda instancia del
presente proceso.
12 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «00ExpedienteDigitalizadoCuaderno01», página

14.
13 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «00ExpedienteDigitalizadoCuaderno01», página

172.
14 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «00ExpedienteDigitalizadoCuaderno01», páginas

174 y 175.
15 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «02AutoOrdena».
16 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «03AutoAvocaConocimiento».
17 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «04AutoRequierePruebas».
18 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «07AutoRequierePrueba».
19 Expediente almacenado en OneDrive, archivos «09OficioRequierePruebaDptoCordoba» y

«10EnvioOficioRequierePruebaDptoCordoba».
20 Expediente almacenado en OneDrive, archivos «05SolicitudImpulsoProcesal»,
«14SolicitudImpulsoProcesal» y «21SolicitudImpulsoProcesal».
21 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «20SolicitudImposisiconSancion».

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Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: Ena Luz Parra Benítez
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra
Referencia: Acción de tutela

36. De lo expuesto se resalta que, aun cuando el Juzgado Octavo Administrativo de
Montería avocó conocimiento del asunto el 8 de febrero de 2021, solo reiteró la
decisión de requerir a la Secretaría de Educación de Córdoba el 27 de octubre de
ese año —es decir, más de ocho meses después— y no efectuó el requerimiento
respectivo sino hasta el 23 de febrero de 2024 —esto es, tres años más tarde—.

37. Dicho de otro modo, el proceso permaneció totalmente inactivo durante ocho
meses y, a lo largo de más de tres años, el juzgado demandado omitió realizar el
requerimiento necesario para obtener el medio probatorio decretado en la audiencia
inicial y, de esa manera, posibilitar el agotamiento de las etapas requeridas para
dictar sentencia. Todo ello, pese a que el litigio involucra un asunto pensional y, por
ende, los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital 22.

38. Ahora, aun cuando la Secretaría de Educación de Córdoba desatendió los dos
requerimientos que se le dirigieron, no puede perderse de vista que el Juzgado
Octavo Administrativo de Montería no adoptó una sola medida para lograr su
cumplimiento, provocando así un retraso en la etapa probatoria y, con ello, en la
expedición de la sentencia.

39. Además, dicho juzgado no explicó ni probó el motivo de su inactividad, lo cual
impide atribuir tal retraso a la congestión del despacho. Esto, aunado a lo expuesto
en precedencia, impone concluir que se configuró una mora judicial injustificada.

40. Sin embargo, esa situación se encuentra actualmente superada, debido a las
actuaciones descritas a continuación:

41. Mediante auto del 7 de noviembre de 202523 —es decir, luego de la presentación
de la demanda de tutela24—, el Juzgado Octavo Administrativo de Montería dispuso
requerir nuevamente a la Secretaría de Educación de Córdoba para que presentara
el expediente administrativo correspondiente.

42. Dicho auto se notificó a las partes y a la Secretaría de Educación de Córdoba
por estados del 10 de noviembre de 202525 y el requerimiento se efectuó el día 20
de ese mes26, a través de correo electrónico. Como consecuencia, tal secretaría
aportó el expediente administrativo en dos ocasiones: el 1027 y el 21 de noviembre
de 202528.

22 En la Sentencia C-054 de 2024, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «La pensión de vejez

es una de las prestaciones mediante las cuales se garantiza el derecho fundamental a la
seguridad social. En términos generales, (…) es una prestación económica generada por la
acumulación de cotizaciones y de tiempos de servicios, que busca retribuir la actividad desarrollada
por el trabajador y garantizar su mínimo vital cuando llega a una edad en la que su fuerza laboral
ha disminuido» (énfasis añadido).
23 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «23AutoRequierePruebaReconocePersonería».
24 Se recuerda que ello tuvo lugar el 4 de noviembre de 2025.
25 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «24NotificacionEstado45Del10-11-2025».
26 Índice 39 del expediente almacenado en Samai.
27 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «25RemitePruebaExpAdvoDpto».
28 Índice 40 del expediente almacenado en Samai.

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Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: Ena Luz Parra Benítez
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra
Referencia: Acción de tutela

43. Mediante auto del 11 de noviembre de ese año 29 , el juzgado demandado
incorporó el expediente administrativo al del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y dispuso correr traslado de uno y otro para que las partes, en su orden,
se pronunciaran sobre tal medio de prueba y alegaran de conclusión. Esto último,
debido a la finalización de la etapa probatoria.

44. El 14 de noviembre de 202530, la señora Parra Benítez se manifestó frente al
expediente administrativo y, el día 20 de ese mes31, alegó de conclusión. El 24 de
noviembre siguiente32 —esto es, luego de la expedición del fallo de tutela de primera
instancia33—, solicitó que se dictara sentencia anticipada y, el 4 de marzo de 202634,
reclamó el impulso del proceso.

45. Lo expuesto permite concluir que, durante el trámite de tutela, el proceso de
nulidad y restablecimiento avanzó a tal punto que la única actuación pendiente es
la expedición de la sentencia, lo cual implica la satisfacción de lo pretendido por la
demandante.

46. Ante ese escenario, se configura el fenómeno de carencia actual de objeto35, el
cual, según la Corte Constitucional, puede presentarse en tres eventos: (i) el hecho
superado, que tiene lugar «cuando la amenaza o vulneración cesan porque el
accionado, “por un acto voluntario”, [es decir, sin intervención del juez
constitucional], satisfizo la prestación solicitada por el accionante»36; (ii) el daño
consumado, que se materializa «cuando “la amenaza o la vulneración del derecho
fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de
tutela”»37; y (iii) la situación sobreviniente, predicable frente a escenarios que no
encuadran en las dos categorías anteriores, en virtud de los cuales, «igualmente, la
orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no [surtiría]
ningún efecto y, por lo tanto, [caería] en el vacío»38.

47. En el presente caso, la pretensión de la accionante se satisfizo por un acto
voluntario de la parte demandada, pues, sin que mediara orden alguna del juez de
tutela, la Secretaría de Educación de Córdoba cumplió el requerimiento y el Juzgado
Octavo Administrativo finalizó la etapa probatoria y corrió traslado del expediente a
las partes para que alegaran de conclusión. En consecuencia, se configuró el
fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado.

29 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «26AutoCorreTrasladoPruebaAlegatos».
30 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «28DescorreTrasladoDte», e índice 33 del
expediente almacenado en Samai.
31 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «31AlegatosConclusionDte», e índice 38 del

expediente almacenado en Samai.
32 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «36SolicitudSentenciaAnticipadaDte», e índice 42

del expediente almacenado en Samai.
33 Se recuerda que ello sucedió el 19 de noviembre de 2025.
34 Expediente almacenado en OneDrive, archivo «40SolicitudImpulsoProcesalDte», e índice 46 del

expediente almacenado en Samai.
35 Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2022.
36 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
37 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
38 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.

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Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: Ena Luz Parra Benítez
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra
Referencia: Acción de tutela

48. Por lo anterior, se modificará el fallo de primera instancia, declarando
únicamente el mencionado fenómeno, mas no la improcedencia de la solicitud de
amparo.

49. Ahora, en la Sentencia de Unificación 522 de 2019, reiterada en la Sentencia T-
355 de 2021, la Corte Constitucional estableció lo siguiente39:

En los casos de hecho superado o situación sobreviniente no es
perentorio que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin
embargo, y especialmente tratándose de la Corte Constitucional actuando en
sede de revisión, podrá emitir un pronunciamiento de fondo cuando lo
considere necesario para, entre otros: a) llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar
medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c)
corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión
de un derecho fundamental.

50. Expuesto lo anterior, debe recordarse que el Juzgado Octavo Administrativo de
Montería omitió efectuar el requerimiento necesario para recaudar el medio
probatorio decretado en la audiencia inicial por más de tres años, retrasando así el
agotamiento de las etapas requeridas para dictar sentencia, pese a que el litigio
involucra un asunto pensional y, por ende, los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital. Esto, además, resulta especialmente relevante si
se tiene en cuenta que la accionante es titular de especial protección constitucional40
por ser adulta mayor41, pues, de acuerdo con la información registrada en su
documento de identidad, tiene 73 años.

51. Debido a todo ello, y de conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-522 de 2019 y T-355 de 2021, el fallo de
primera instancia también será modificado en el sentido de instar al Juzgado Octavo
Administrativo de Montería a que dicte prontamente la sentencia de primera
instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 23001-33-33-007-
2018-00489-00, promovido por la aquí accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de noviembre de 2025, proferida por la
Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, la cual quedará
así:

39 Énfasis añadido.
40 Al respecto, se puede consultar la Sentencia T-066 de 2020, proferida por la Corte Constitucional.
41 Sobre el particular, cabe indicar que, en la Sentencia T-013 de 2020, la Corte Constitucional explicó

que «[d]e cara a lo dispuesto por el legislador en [la Ley 1276 de 2009], será adulto mayor quien
supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones
de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”».

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Radicación: 23001-23-33-000-2025-00208-01
Accionante: Ena Luz Parra Benítez
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Montería y otra
Referencia: Acción de tutela

PRIMERO: DECLARAR configurado el fenómeno de carencia actual de objeto
por hecho superado.

SEGUNDO: INSTAR al Juzgado Octavo Administrativo de Montería a que dicte
prontamente la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 23001-33-33-007-2018-00489-00, promovido por
la aquí accionante.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

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