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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00223-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2025-00223-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2025-00223-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

16 de abril de 2026

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00223-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 16 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 23001-23-33-000-2025-00223-01
Demandante: HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA
Demandado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE MONTERÍA,
MUNICIPIO DE PLANETA RICA, MILLENNIUM SISTEMS SISTEMA
INTEGRADO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PLANETA RICA
S EN C

Tema: Acción de tutela contra providencia que declaró improcedente
recurso de insistencia. Debido proceso y acceso a la administración
de justicia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la sociedad Millennium Sistems Sistema
Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica S en C contra el fallo de 16 de
diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por Hermann Gustavo
Garrido Prada contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Montería, con fundamento en
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, que le asisten a Hermann Gustavo Garrido Prada, por lo expuesto en las consideraciones.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al representante legal de la Sociedad Millennium Sistems
Sistema Integrado de tránsito y Trasporte de Planeta Rica S en C y/o quien haga sus veces, que dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a dar trámite
de ley al recurso de insistencia radicado el 11 de octubre de 2025 por el señor Hermann Gustavo
Garrido Prada frente a la petición del 14 de septiembre de 2025.
.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 1º de diciembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
señor Hermann Gustavo Garrido Prada pidió la protección de sus derechos fundamentales
de información, libertad de expresión y acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta
con ocasión de la providencia del 4 de noviembre de 2025, por medio de la cual el Juzgado
Tercero Administrativo de Montería rechazó el recurso de insistencia radicado con el
número 23 001 33 33 003 2025 00384 00. Asimismo, cuestionó que la entidad no hubiera
remitido la insistencia para el trámite judicial.

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 23001-23-33-000-2025-00223-00.

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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00223-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: CONCEDER el amparo de mi derecho constitucional fundamental de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y de acceso a la información pública, este último
reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, el cual recalca la
obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder.

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
MONTERÍA, se sirva infirmar la Sentencia proferida el cuatro (4) de noviembre de 2025 y en su lugar
se sirva resolver de fondo el recurso de insistencia.

TERCERO: PREVENIR a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, para que se
abstenga de afectar el derecho de acceso a la información pública a los ciudadanos, remitiendo
oportunamente los recursos de insistencia, esto es, de manera inmediata, al juez competente, cuando
quiera que aquellos se hayan interpuesto de manera oportuna.

CUARTO: Disponer la compulsa de copias ante las autoridades competentes por las conductas en que
incurrieron los funcionarios públicos responsables de tramitar el recurso de insistencia, quienes
desacataron una orden dada por un Juez de la República, al no haber remitido el recurso dentro de los
dos (2) días siguientes a la oficina de apoyo tal como se le exhortó, pudiendo haberse configurado un
fraude a resolución judicial, ya que se trata de un acto que busca sustraerse del cumplimiento de una
orden judicial.

3. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

El señor Hermann Gustavo Garrido Prada elevó petición de 14 de septiembre de 2025
ante la Alcaldía Municipal de Planeta Rica- Córdoba, con el propósito de obtener
certificaciones e información relacionada con la creación de la sociedad Millennium
Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica S. en C, como
material requerido como medio de prueba a efectos de adelantar “futuras actuaciones
administrativas y judiciales”.

La alcaldía de Planeta Rica remitió la petición a la sociedad Millennium Sistems Sistema
Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica S en C, en su calidad de organismo
de tránsito del municipio, sociedad que, a través de su representante legal denegó la
solicitud e invocó la existencia de reserva legal sobre la información solicitada con
fundamento en el artículo 15 de la Constitución Política (intimidad económica), la Ley
1581 de 2012, los artículos 19, y 446 del Código de Comercio, artículo 24 de la Ley 1755
de 2015, los artículos 24 y 61 de la Ley 222 de 1995, así como los artículos 6, 13, 15, 18,
19 y 24 de la Ley 1712 de 2014.

Por lo anterior, el accionante interpuso recurso de insistencia, conforme a lo dispuesto en
los artículos 25 y 26 del CPACA, al considerar que la información requerida es de
naturaleza pública, sin que la sociedad objeto de la solicitud realizara trámite alguno.

3.2 Recurso de insistencia

En atención a la inactividad de la sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de
Tránsito y Transporte de Planeta Rica S en C, al no dar trámite al recurso, el 20 de octubre
de 2025, el tutelante acudió directamente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

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El asunto se adelantó bajo el Radicado 23 001 33 33 003 2025 00384 00 y el conocimiento
del asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Montería que, mediante
auto del 4 de noviembre de 2025, rechazó por improcedente el recurso de insistencia,
bajo el argumento de que no fue remitido por la autoridad requerida. En la providencia, el
Juzgado exhortó a la sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y
Transporte de Planeta Rica S en C para que en el término de dos días remitiera el recurso
de insistencia presentado por el actor a fin de que sea puesto en conocimiento del Juez
Administrativo de Montería (reparto).

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante no desarrolló ninguna de las causales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. Por el contrario, sostuvo que los datos y hechos cuyo
conocimiento ciudadano reviste interés general no pueden ampararse en la reserva y,
por esta vía, quedar sustraídos del libre escrutinio público.

Resaltó que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, reconocido
por la Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca
la obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está
en su poder. Así mismo, establece que todos los ciudadanos pueden buscar, solicitar,
recibir y divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y
funcionarios que componen el Estado.

Indicó que artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones”, enumeró la información pública clasificada, cuyo acceso puede ser
rechazado o denegado en los casos en que pudiere causar daño a los derechos a la
intimidad, la vida, la salud o la seguridad, o los secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de
2011, mientras que el artículo 19 de la misma ley, enumera los casos en que el acceso a
la información pública reservada puede ser rechazado o denegado “siempre que dicho
acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional”.

Que pese a lo anterior, su solicitud tiene como sustento la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la información, en materia de contrataciones sometidas al régimen
de contratación estatal, y que como la alcaldía municipal de Planeta Rica, Córdoba, es
una entidad pública, esto la hace sujeto obligado del derecho de acceso a la información,
y por tanto, solamente los datos que involucren o interfieran en el núcleo esencial del
derecho a la intimidad o sean considerados como “datos sensibles” tendrían el carácter
de reservados, y los demás aspectos, así estén recopilados, administrados y custodiados
por dicha entidad, no tienen reserva alguna y cualquier persona tiene derecho a acceder
a tal información.

Considera infundada la negativa de la alcaldía municipal de Planeta Rica, Córdoba, a
darle trámite al recurso de insistencia, remitiendo inmediatamente la petición inicial, su
respuesta y el recurso de insistencia a los jueces administrativos de montería, córdoba,
para que se surta el trámite del recurso de insistencia, en los términos señalados en el
artículo 25 del CPACA.

5. Intervenciones

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería, pidió que se
denegaran las pretensiones de la acción de tutela. Informó que conoció del recurso de
insistencia presentado por el accionante, el cual fue tramitado bajo el radicado

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23001333300320250038400 y rechazado por improcedente mediante auto del 4 de
noviembre de 2025.

Señaló que la decisión se adoptó al constatar que el recurso fue remitido directamente
por el peticionario, sin que previamente la autoridad requerida lo hubiera enviado, tal
como lo dispone el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 subrogado por la Ley 1755 de
2015, norma que atribuye a la autoridad que invoca la reserva la obligación de remitir el
expediente al juez o tribunal administrativo competente.

Sostuvo que, en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el
Despacho exhortó a la sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y
Transporte de Planeta Rica S. en C. para que remitiera el recurso de insistencia al juez
competente dentro del término de dos (2) días. En consecuencia, afirmó haber actuado
con apego al debido proceso y a la normativa aplicable, negando la existencia de
cualquier acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales invocados, por lo
que solicitó se desestimen las pretensiones de la acción de tutela respecto de dicho
juzgado.

Manifestó que el actor emplea la tutela como una tercera instancia, pues pretende que el
juez constitucional se pronuncie sobre aspectos que fueron desestimados bajo
argumentos razonables.

El municipio de Planeta Rica solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela, pues se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que
los hechos y pretensiones planteados por el accionante ya fueron objeto de
pronunciamiento en una acción de tutela anterior tramitada ante el Juzgado 38 Civil
Municipal de Bogotá, cuya decisión fue revocada en segunda instancia por el Juzgado
43 Civil del Circuito de Bogotá, el cual negó el amparo al establecer que la respuesta a
la petición fue emitida con posterioridad y desapareció la presunta vulneración.

Señaló que el actor ocultó dicha circunstancia procesal, configurándose además una
actuación temeraria, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, por existir
identidad de partes, hechos y pretensiones.

Resaltó que no incurrió en vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados,
por cuanto dio trámite oportuno al derecho de petición, remitiéndolo por competencia a la
sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica
S. en C., de conformidad con lo previsto en la Ley 1755 de 2015, y que la solicitud fue
atendida dentro del término legal.

La sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de
Planeta Rica S. en C. guardó silencio en esta etapa procesal.

6. Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2025,
declaró improcedente el amparo constitucional solicitado en lo que alude al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Montería y amparó los derechos al debido proceso y acceso a
la administración de justicia del accionante, que consideró vulnerados por la sociedad
Millennium Sistems Sistema Integrado de tránsito y Trasporte de Planeta Rica S en C al no
dar trámite al recurso de insistencia interpuesto por el accionante.

Refirió que el accionante presentó derecho de petición ante el municipio de Planeta Rica el
14 de septiembre de 2025 en el cual solicitó información y expedición de copias relacionados

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la constitución, funcionamiento y contratación entre el municipio y la sociedad Millennium
Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica S en C.

Que como consecuencia de lo anterior, la alcaldía municipal remitió la solicitud el 18 de
septiembre de 2025, al organismo de tránsito, sin embargo, la representante legal de la
empresa encargada negó el acceso a la información solicitada, alegando motivos de reserva
legal, lo que provocó que el accionante radicara recurso de insistencia el cual no fue
tramitado, lo que evidenció que la entidad vinculada no acató lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 1755 de 2015, en tanto debió remitir al funcionario judicial competente el recurso
de insistencia para que surtiera el trámite respectivo.

Consideró que lo anterior, es decir, la omisión de la sociedad Millennium Sistems Sistema
Integrado de tránsito y Trasporte de Planeta Rica S en C., en remitir la insistencia se tiene
por cierto, en primer lugar, porque del material probatorio que obra en el expediente no se
puede derivar otra conclusión y, además, ante la falta de pronunciamiento dentro del amparo
constitucional por parte del representante legal de dicha entidad, en aplicación a lo
preceptuado en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que trata sobre la presunción de
veracidad.

Concluyó que la omisión de la compañía vinculada, circunscrita a la respuesta incompleta
emitida al derecho de petición elevado por el actor y al no envío del recurso de insistencia
ante la autoridad judicial respectiva, vulneró el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de este; en tanto no se tramitó su recurso de
insistencia, todo ello pretermitiendo lo reglado en las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015,
en lo pertinente.

Para resolver el argumento del municipio de Planeta Rica consistente en la carencia actual
de objeto, la cosa juzgada y la temeridad que presuntamente se configuraron en virtud de
las sentencias de tutela incoadas por el mismo actor y tramitadas ante el Juzgado 38 Civil
Municipal de Bogotá, cuya decisión fue revocada en segunda instancia por el Juzgado 43
Civil del Circuito de Bogotá, precisó que basta con revisar las providencias aportadas con la
contestación para evidenciar que resuelven un problema jurídico relativo únicamente a la
vulneración del derecho de petición, y que en efecto se solventaron teniendo en cuenta que
la solicitud del 14 de septiembre de 2025 fue resuelta de fondo, mientras que lo que aquí se
discute es la omisión de dar trámite al recurso de insistencia del actor, más no a la respuesta
del derecho de petición.

7. Impugnación

La sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica
S.C.,S., impugnó el fallo por considerar que la sentencia impugnada incurre en un error
sustantivo al atribuirle la obligación de remitir el recurso de insistencia ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, pese a que el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 asigna dicha
carga de manera exclusiva a la autoridad que invoca la reserva.

Advirtió que la norma es clara al referirse al “funcionario respectivo” como sujeto obligado,
expresión que, conforme al principio de legalidad, no puede extenderse a particulares o
sociedades privadas sin habilitación legal expresa. Agregó que esta interpretación se ve
reforzada por el artículo 32 del CPACA, que regula el derecho de petición frente a particulares
y excluye la aplicación automática de los mecanismos propios del procedimiento
administrativo general, entre ellos el recurso de insistencia. En este sentido, la Corte
Constitucional ha precisado que los instrumentos diseñados para el control de la actuación

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administrativa no son extensibles a sujetos privados, salvo previsión expresa del legislador,
la cual no existe en el presente caso.

Alegó que el imponer a Millennium Sistems una carga no prevista en el ordenamiento, la
sentencia crea una obligación inexistente y desconoce el principio de legalidad que rige la
actuación de los particulares. Resaltó que basta con revisar la naturaleza de la empresa,
para determinar que es de naturaleza privada, luego si el recurso de insistencia aplica para
autoridades nacionales, departamentales o el distrito capital de Bogotá, es claro que no es
procedente en el caso bajo análisis.

Sostuvo que el fallo impugnado parte de una apreciación equivocada al considerar que
existió una omisión en el trámite del derecho de petición, cuando está plenamente acreditado
que la sociedad accionada dio respuesta de fondo, clara y jurídicamente motivada mediante
comunicación de 10 de octubre de 2025, dentro del término legal previsto en el artículo 14
del CPACA. Consideró que al no valorar la respuesta antes mencionada, la sentencia
impugnada adolece de un defecto fáctico.

Adujo que la aplicación automática de la presunción de veracidad prevista en el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991 resulta improcedente cuando obran en el expediente pruebas
documentales que desvirtúan el supuesto fáctico que sustenta el amparo, como ocurrió en
este caso y, en consecuencia, solicitó que se declare la configuración de un hecho superado
pues la entidad contestó debidamente la solicitud elevada por el accionante.

Esgrimió que la tutela no cumple con los requisitos de subsidiariedad ni inmediatez, primero
porque se pretende convertir una discusión legal en una supuesta vulneración de derechos
fundamentales, esto sumado a que el accionante ya acudió previamente a la acción de tutela
por los mismos hechos y frente a la misma petición de manera que se busca reabrir un
debate ya definido judicialmente y segundo, porque la orden impartida a Millennium Sistems
para remitir el recurso de insistencia en un término perentorio de 48 horas resulta
desproporcionada y carente de un análisis constitucional adecuado, pues desconoce la
protección reforzada de los secretos empresariales y comerciales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
tutelante, y ordenó a la sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y
Transporte de Planeta Rica S.C., que en un término de 48 horas diera trámite al recurso de
insistencia radicado por el accionante el 11 de octubre de 2025.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, toda vez que la omisión de la sociedad
Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica S.C. de dar
trámite al recurso de insistencia formulado por el señor Hermann Gustavo Garrido Prada,
constituye una vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la administración
de justicia.

Es del caso precisar que en lo pertinente a la improcedencia parcial de la acción que fue
decretada por el a quo, no fue impugnada, pues la sociedad impugnante solo cuestiona
el amparo para que le diera trámite a la insistencia presentada por la parte accionante.

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Siendo así, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades de la acción de
tutela, (ii) debido proceso en la actuación administrativa, (iii) trámite del recurso de
insistencia y finalmente, (iv) analizará el caso concreto.

2. De las generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

3. Debido proceso en la actuación administrativa

El artículo 29 de la Constitución Política prevé que el debido proceso “se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En lo que se refiere a actuaciones
administrativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el debido
proceso “limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los
derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las
autoridades (…) dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre
a los procedimientos señalados en la ley”2.

La Corte Constitucional también ha identificado tres finalidades del debido proceso
administrativo, a saber: “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii)
garantizar la validez de sus propias actuaciones y (iii) resguardar el derecho a la
seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”3. finalidades que se satisfacen a
la luz de cuatro componentes del debido proceso administrativo: (i) el acceso a la justicia
en libertad e igualdad de condiciones, (ii) el ejercicio de la legítima defensa, (iii) la
determinación de trámites y plazos razonables y, por último, (iv) la imparcialidad en el
ejercicio de la función pública administrativa.

La Corte ha reconocido que, mediante estos componentes, “se garantiza el correcto y
adecuado ejercicio de la función pública administrativa, (…) con el fin de evitar posibles
actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición
de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del
Estado de Derecho”4.

4. Del trámite del recurso de insistencia

En el presente caso se observa que el 14 de septiembre de 2025, el accionante elevó
solicitud de información ante el municipio de Planeta Rica, donde solicitó diferentes
documentos relacionados con el proceso de contratación del municipio con la empresa
Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica S C S.
2 Sentencias T-323 de 2012 y SU-573 de 2019.
3 Sentencia T-465 de 2009
4 Sentencias C-980 de 2010, C-758 de 2013, C-034 de 2014, SU-772 de 2014 y T-543 de 2017.

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En consecuencia, mediante correo electrónico de 18 de septiembre de 2025, el municipio
remitió la solicitud directamente a la sociedad cuya información solicitó el accionante.

La Sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta
Rica S C S., profirió respuesta a la solicitud de información, de la cual se citan los apartes
que negaron la entrega de documentos:

3. Solicitud: Los documentos solicitados (facturas de bienes muebles, soportes de aportes
en efectivo y evidencias de capitalización) constituyen información contable y financiera de
carácter privado, protegida por el artículo 15 de la Constitución Política (intimidad
económica) y el artículo 61 del Código de Comercio. Como tercero sin interés legítimo
directo, no se puede entregar esta información, ya que no se habilita su divulgación por ley.
Para detalles generales de aportes iniciales, consulte la escritura pública en la Cámara de
Comercio de Montería.
(...)

6. Solicitud: Los datos solicitados sobre utilidades líquidas anuales son información
financiera privada de la sociedad, protegida por el artículo 61 del Código de Comercio y el
artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.
(...)

8. Solicitud: Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica
S en C., en su calidad de sociedad de economía mixta sujeta al régimen jurídico del derecho
privado (artículo 97 de la Ley 489 de 1998), informa que la información solicitada referente
a la existencia, habilitación o registro de un eventual Centro Integral de Atención (CIA)
constituye información operativa de carácter interno, relacionada con su gestión contractual
y técnica, y por tanto, sujeta a reserva conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de
la Ley 1712 de 2014, así como al artículo 15 de la Constitución Política, que protege la
intimidad empresarial y la confidencialidad económica.

Adicionalmente, el peticionario no acredita un interés legítimo, concreto y directo que habilite
el acceso a esta información, conforme lo exige el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 para
el acceso a información clasificada o reservada.
(...)

9. Solicitud: La sociedad, como ente de economía mixta con autonomía (artículo 97 de la Ley
489 de 1998), rige sus operaciones por derecho privado. La implementación, operación y
mantenimiento del sistema integral, son aspectos internos amparados por reserva (artículos
18 y 19 de la Ley 1712 de 2014). Solo socios, autoridades de control u orden judicial acceden
a evidencias. No es posible suministrarle la informacion tada vez que no demuestra un interes
legitimo.

10. Solicitud: La información sobre bienes del socio ges or (licencia de tránsito, seguros y
revisiones técnico-mecánicas) es privada y protegida como datos personales (Ley 1581 de
2012 y artículos 18-19 de la Ley 1712 de 2014). La sociedad no divulga estos documentos a
terceros, salvo orden judicial o requerimiento de control.

11. Solicitud: En cuanto a la información relacionada con utilidades netas distribuidas,
estados financieros completos y demás datos de carácter contable y patrimonial, debe
precisarse que la misma constituye información financiera interna de la sociedad. De
conformidad con el artículo 447 del Código de Comercio, el acceso a dichos documentos
corresponde de manera exclusiva a los socios en ejercicio del derecho de inspección, así
como a las autoridades judiciales o de supervisión y control en el marco de sus competencias
legales. Adicionalmente, la Ley 1712 de 2014, en sus artículos 15 y 18, establece límites al
derecho de acceso a la información pública cuando su divulgación pueda afectar la
estabilidad económica de la entidad o la confidencialidad de terceros. En consecuencia,
dicha información se encuentra sujeta a reserva parcial, razón por la cual no puede ser
entregada a particulares que no ostenten la calidad de socios ni actúen en ejercicio de una
función pública de control.

12. Solicitud: La constitución de reservas ocasionales es decisión interna de la Junta de
Socios (artículos 61 y 446 del Código de Comercio y artículo 61 de la Ley 222 de 1995).

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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00223-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

Acceso restringido a socios y autoridades competentes. No se suministra esta información a
terceros por reserva societaria. Para actas, solicite en la Cámara de Comercio.

13. Solicitud: La información sobre pérdidas anuales integra los estados financieros, sujetos
a reserva societaria (artículos 19 del Código de Comercio y 61 de la Ley 222 de 1995). Solo
accesible a socios y autoridades competentes.

14. Solicitud: Estos documentos son internos y reservados (artículos 61 de la Ley 222 de
1995 y 19 del Código de Comercio). Acceso limitado a socios y Superintendencia de
Sociedades en funciones de control, no se suministran a terceros.

15. Solicitud: La información laboral (cargos, contratos, pagos, seguridad social) involucra
datos personales y reservados, prohibida su divulgación por la Ley 1581 de 2012 y Ley 1712
de 2014 (artículos 18-19), por lo que no es posible suministrarsela a terceros que no
demuestren un interes legitimo.

16. Solicitud: Los contratos celebrados por la sociedad dentro del desarrollo de su objeto
social son de gestión reservada (Ley 1712 de 2014, artículos 18-19). Solo autoridades de
control pueden requerirlos, no se suministran a terceros.

17. Solicitud: Los informes presentados por el socio gestor a la junta de socios constituyen
documentos internos de carácter reservado, elaborados en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 23 de la Ley 222 de 1995, que impone al administrador (en este caso, el socio gestor)
el deber legal de rendir cuentas a los socios sobre su gestión. Dichos informes hacen parte
integral de la dinámica societaria y contienen información estratégica, financiera y operativa
cuya divulgación está sujeta a límites legales.

Así mismo, en virtud del artículo 15 de la Constitución Política, que protege la intimidad
económica y la información sensible de personas naturales y jurídicas, y lo señalado por el
artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 sobre información clasificada, estos documentos se
encuentran protegidos por el principio de reserva y confidencialidad societaria, razón por la
cual no es procedente su entrega a personas que no ostenten la calidad de socios, ni
acrediten un interés legítimo, directo y justificado.

En consecuencia, no se accede a la entrega de los informes solicitados para preservar la
reserva legal de los documentos internos de la sociedad y proteger la confidencialidad de la
información estratégica que en ellos se contiene

18. Solicitud: Las actas de Junta de Socios son documentos internos que consignan
deliberaciones societarias, sujetos a reserva (artículos 19 del Código de Comercio y 61 de la
Ley 222 de 1995). Solo accesibles a socios o autoridades en funciones de control. La
sociedad no suministra copias a terceros, ya que vulneraría la gestión interna.

19. Solicitud: Las actas de sesiones extraordinarias son privadas y reflejan decisiones del
órgano social máximo, protegidas por reserva societaria (artículos 19 del Código de
Comercio y 61 de la Ley 222 de 1995). Acceso restringido a socios o autoridades
competentes. No se divulgan a terceros para evitar comprometer información estratégica.

20. Solicitud: Los datos de cartera (monto y antigüedad) son contables internos, reservados
por los artículos 61 de la Ley 222 de 1995 y 19 del Código de Comercio. Solo para socios o
autoridades de control. La sociedad no los suministra a terceros, ya que afecta la
confidencialidad financiera.

21. Solicitud: La sustanciación de derechos de petición y requerimientos judiciales es
competencia exclusiva de la Secretaría (artículos 2, 209 y 315 de la Constitución). El apoyo
técnico de la sociedad es interno y reservado (artículos 24 de la Ley 1755 de 2015 y 15 de
la Constitución). Documentos públicos de la Secretaría están disponibles; soportes privados
no se divulgan. Acceda a archivos institucionales vía solicitud formal.

Solicitud: La autorización de Sistemas Automáticos de Tránsito (SAST) es exclusiva de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La Secretaría no expidió ni custodia este acto.
Puede Consultar los actos administrativos de aprobación ingresando al portal de la ANSV:
https://fotodeteccion.ansv.gov.co/ubicaciones-aprobadas.html.
(...)

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

Solicitud: La sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de
Planeta Rica S. en C. informa que la remisión de documentos como actas de junta de socios,
balances y estados financieros a entidades de supervisión, cuando es procedente, constituye
una obligación legal directa entre la sociedad y dichas autoridades, conforme a lo establecido
en los artículos 83 y siguientes de la Ley 222 de 1995 y demás normas aplicables. En tal
sentido, la sociedad no tiene la obligación de proporcionar a terceros información sobre el
cumplimiento de esos deberes, ni de suministrar copia de los documentos mencionados,
dado que se trata de información societaria de carácter reservado, a la cual solo tienen
acceso los socios y las autoridades legalmente competentes.

Cualquier verificación sobre la existencia, recepción o contenido de estos documentos debe
ser solicitada directamente ante la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia
de Transporte, según corresponda, a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin.
25. Solicitud: La sociedad no entrega información sobre eventuales embargos de
participaciones sociales, dado que se trata de datos de carácter patrimonial y judicial,
protegidos por normas de reserva legal. Sin embargo, se aclara que si existiera alguna
medida cautelar, como un embargo sobre participaciones sociales, esta debió ser inscrita en
el registro mercantil. Por tanto, se sugiere consultar directamente en la Cámara de Comercio,
entidad competente para llevar el registro público de este tipo de actuaciones, conforme al
artículo 28 del Código de Comercio.

26. Solicitud: La designación de revisor fiscal se regula por artículos 207-217 del Código de
Comercio y Ley 43 de 1990, inscribiéndose en la Cámara (artículo 163). Hojas de vida,
honorarios y contactos son datos personales reservados (Ley 1581 de 2012 y artículo 24 de
la Ley 1712 de 2014). Conforme a la normatividad vigente el nombramiento de revisor fiscal
de una sociedad es una actuación sujeta a registro ante la cámara de comercio del domicilio
principal de la sociedad, dicha información es publica y puede ser consultada en la pagina
de la Cámara de Montería: https://www.ccmonteria.com.co.

27. Solicitud: La información solicitada corresponde a relaciones patrimoniales entre la
sociedad y uno de sus socios, cuyo detalle está contenido en documentos internos como
actas y estados financieros, con acceso limitado conforme al artículo 61 de la Ley 222 de
1995. Dicha informacion no puede ser munistrada a terceros que no demuestren un interes
legitimo.

28. Solicitud: Los proyectos de inversión, planes de inversiones y planes de expansión
corresponden a documentos estratégicos y reservados de carácter interno, cuya divulgación
no es obligatoria ni procedente frente a terceros. Estos documentos contienen información
sensible que forma parte del giro ordinario de los negocios y de la planeación empresarial de
la sociedad, protegida por la confidencialidad societaria y comercial 29. Solicitud: La
aplicación de lineamientos contables sectoriales definidos por entes de supervisión es un
asunto de orden interno y técnico de la sociedad, en cumplimiento de su obligación legal de
llevar contabilidad conforme a los marcos normativos vigentes. Esta información no es de
carácter público ni de obligatorio suministro a terceros.

29. Solicitud: Los extractos de recaudos (comparendos y multas) son financieros reservados
(artículos 15 de la Constitución, 24 de la Ley 222 de 1995 y 61 del Código de Comercio).
Acceso limitado a socios y autoridades competentes.

30. Solicitud: Los extractos de ingresos son contables reservados (artículos 15 y 61 de la
Constitución, 24 de la Ley 222 de 1995 y 61 del Código de Comercio). Restringidos a socios
y autoridades. No se entregan al peticionario por reserva legal.

31. Solicitud: Los costos mensuales de operación contravencional son datos financieros
reservados (artículos 15 y 61 de la Constitución, 24 de la Ley 222 de 1995 y 61 del Código
de Comercio). Acceso limitado a socios y autoridades competentes.

32. Solicitud: Los gastos mensuales discriminados son internos y confidenciales (artículos
15 y 61 de la Constitución, 24 de la Ley 222 de 1995 y 61 del Código de Comercio). Limitados
a socios y autoridades con competencia. No se suministran por reserva.

33. Solicitud: Los pagos tributarios anuales son reservados (artículos 15 y 61 de la
Constitución, 583 del Estatuto Tributario, 24 de la Ley 222 de 1995 y 61 del Código de

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

Comercio). Restringidos a socios y autoridades de control. No se entregan en esta solicitud,
por no demostrar interes legitimo.

34. Solicitud: Las actas de Junta son internas y reservadas (artículos 15 de la Constitución,
61 del Código de Comercio y 24 de la Ley 222 de 1995). Acceso limitado a socios o
autoridades competentes. No se suministran copias a terceros.

35. Solicitud: La creación de fondos especiales es autonomía societaria interna (artículo 15
de la Constitución y artículos 61 y 448 del Código de Comercio). Reservada para socios y
autoridades de control. No se divulga al peticionario.

37. Solicitud: La actualización de bienes es gestión interna (artículo 15 de la Constitución, 61
del Código de Comercio y 24 de la Ley 222 de 1995). Protegida por reserva empresarial. No
se entrega la información salvo a socios o autoridades competentes.

38. Solicitud: La verificación contable es interna y estratégica (artículos 48 y 50 del Código
de Comercio, 15 de la Constitución, 61 del Código de Comercio y 24 de la Ley 222 de 1995).
Reservada para socios y autoridades. No se suministra al peticionario.Solicitud: La
información sobre contadores (nombramientos, hojas de vida, honorarios, contactos) es
personal y contractual, protegida por el artículo 15 de la Constitución y Ley 1581 de 2012,
así como reserva societaria (artículos 61 del Código de Comercio y 24 de la Ley 222 de
1995). No se entrega sin autorización o orden competente.

39. Solicitud: Las estrategias de financiamiento y planes de inversión son internas y
reservadas (artículo 15 de la Constitución, artículos 61 y 448 del Código de Comercio y 24
de la Ley 222 de 1995). Sin interés legítimo, no se suministran evidencias.

40. Solicitud: La estructura interna (departamento de control) es reservada y estratégica
(artículos 61 y 448 del Código de Comercio, 24 de la Ley 222 de 1995 y 15 de la
Constitución). Sin legitimación, no se divulgan evidencias.

41. Solicitud: Los manuales de control interno son información estratégica reservada
(artículos 61 y 448 del Código de Comercio, 24 de la Ley 222 de 1995 y 15 de la
Constitución). No se suministran sin interés legítimo.

42. Solicitud: En una sociedad en comandita simple, la participación del Municipio (como
socio comanditario) se detalla en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, que es
público (artículo 26 del Código de Comercio). Puede consultarse en la Cámara de
Montería: https://www.ccmonteria.com.co (solicite certificado de existencia y
representación).

Resulta oportuno advertir que los artículos 15 y 74 de la Constitución Política establecen
que a toda persona le asiste la prerrogativa de recibir información « veraz e imparcial» y de
«acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley», en su orden. Este
último precepto también está contemplado en los artículos 19 (numeral 2 5) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 (numeral 16) de la Convención
Americana de Derechos Humanos (tratados aprobados por Colombia, mediante las
Leyes 74 de 19687 y 16 de 19728, respectivamente).

5
«Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
6 «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
[…]».
7 «Por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos

Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”».
8 «Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de

Costa Rica”, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969».

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El acceso a la información pública involucra aspectos propios de la democracia
participativa, pues permite que las personas ejerzan control ciudadano a las actividades
que adelantan las autoridades y conozcan los resultados obtenidos por ellas. Cabe
advertir que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1712 de 2014 «[…] toda información en
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado[9] es pública […]», con las excepciones
previstas en el ordenamiento jurídico, como la relacionada con la salud pública y la
seguridad nacional (artículo 19 ibidem).

Ahora bien, sobre el trámite que debe surtirse en casos de insistencia, el artículo 26 de
la Ley 1755 de 2015, establece:

ARTÍCULO 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere
en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva,
corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los
documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá,
o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia
si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá
en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya
divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las
reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.

PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la
diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

5. Análisis del caso concreto.

La Sociedad vinculada Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte
de Planeta Rica S.C., sostiene que se debe revocar el fallo impugnado por cuanto (i) al
tener la calidad de empresa privada no es sujeto pasivo de la previsión del artículo 26 de
la Ley 1755 de 2015 que consagra el recurso de insistencia solamente para entidades
públicas, (ii) no se tuvo en cuenta que el derecho de petición elevado por el accionante
fue contestado de fondo lo que impedía dar aplicación a la presunción de veracidad y de
paso configura un hecho superado, (iii) el plazo de 48 horas concedido para cumplir la
orden no fue proporcional y desconoce temas relacionados con la protección reforzada
de los secretos empresariales y comerciales.

De las pruebas allegadas a este trámite constitucional, se evidencia que Hermann
Gustavo Garrido Prada presentó petición ante el Municipio de Planeta Rica el 14 de
septiembre de 2025 en la cual solicitó información y expedición de copias relacionadas
con la constitución, funcionamiento y contratación del municipio con la sociedad
Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de Planeta Rica S en C.

El 18 de septiembre de 2025, la alcaldía de Planeta Rica remitió por competencia, la
solicitud a la sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Transporte de
Planeta Rica S.C., en su calidad de organismo de tránsito para lo cual invocó el artículo
21 de la Ley 1755 de 2015.
9 Condición de tienen todas las entidades públicas y demás personas señaladas en el artículo 5º ibidem.

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Mediante oficio de 10 de octubre de 2025, la representante legal de la referida sociedad
receptora de la solicitud negó el acceso a la información solicitada por el accionante,
alegando motivos de reserva legal para lo cual invocó la existencia de reserva legal sobre
la información solicitada con fundamento en el artículo 15 de la Constitución Política
(intimidad económica), la Ley 1581 de 2012, los artículos 19, y 446 del Código de
Comercio, artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, los artículos 24 y 61 de la Ley 222 de 1995,
así como los artículos 6, 13, 15, 18, 19 y 24 de la Ley 1712 de 2014.

En consecuencia, el 11 de octubre de 2025, el actor presentó recurso de insistencia.

Como consideró que el recurso no fue tramitado en el término legalmente establecido
para el efecto10, el accionante acudió directamente a la jurisdicción contencioso-
administrativa. El recurso fue asignado por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de
Montería con el radicado 23 001 33 33 003 2025 00384 00.

Mediante auto de 4 de noviembre de 2025, se rechazó por improcedente el recurso por
considerar que (i) en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, el
recurso debe ser remitido por la autoridad que negó la entrega de la documentación, lo
cual no ocurrió en este caso y (ii) al momento de la radicación del asunto, no había
transcurrido el plazo para que la entidad hiciera la remisión respectiva pues este vencía
el 27 de octubre de 2025 y el actor acudió a la jurisdicción el 20 del mismo mes y año.

Pese a lo anterior, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia del accionante, el Juzgado exhortó a la sociedad Millennium Sistems Sistema
Integrado de tránsito y Trasporte de Planeta Rica S en C. para que “en el término de dos
(2) días remita el recurso de insistencia presentado por el actor a fin de que sea puesto en
conocimiento del Juez Administrativo de Montería por medio de la oficina de apoyo o reparto
judicial de Montería”.

En el presente caso, la sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de tránsito y
Transporte de Planeta Rica S en C. alega que el anterior mandato legal no le es aplicable,
dado que tiene la calidad de empresa de naturaleza privada y solo las entidades públicas
son las llamadas a cumplir con la orden allí dispuesta.

Sobre el particular, se observa que en efecto, la sociedad impugnante es de carácter
privado, sin embargo, no puede desconocerse la finalidad para la cual fue creada y la
labor que presta en materia de transporte en el municipio de Planeta Rica, pues, como
su misma razón social lo indica, se trata de la entidad encargada de administrar el sistema
integrado de tránsito y trasporte del municipio.

Del objeto social de la sociedad, el cual se encuentra consignado en su certificado de
existencia y representación legal, se advierte que su finalidad es la siguiente:

El objeto principal de la sociedad será implementar, operar, mantener el sistema integral de
información y soporte técnico, manejo y expedición de especies venales, apoyar el proceso de cobro
coactivo para el recaudo de los recursos de conformidad con la ley, cobrar los servicios prestados
como organismo delegatorio de tránsito operar los recursos para el correcto funcionamiento del
mismo, implementar sistema de medición de velocidad y almacenamiento de fotografías y datos de
infracciones por exceso de velocidad y demás infracciones que se comprueben mediante
cinemómetro y/o demás tecnología aplicable y ejercer las demás funciones de tránsito que llegaren
a ser asignadas por la ley o por las autoridades competentes, previa delegación, conservando desde
luego el municipio de planeta rica las especiales funciones asignadas por la constitución y la ley en
materia sancionatoria, los recursos a los que se referirá el objeto social de la sociedad, excluirá de

10 Ley 1755 de 2015. Artículo 26. Inciso segundo: “(…) el funcionario respectivo enviará la documentación
correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes”.

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manera expresa todo tipo de recursos tributarios, los cuales por manifiesta prohibición legal, no
pueden ser entregados a terceros para su administración, recaudo, cobro coactivo y operación.
(…)

Funciones: Además de las actividades descritas en el artículo anterior la sociedad tendrá, entre otras
las siguientes: Registro inicial (matricula), traspasos, cambio de color, cambio de motor, regrabación
de motor, serial o chasis, traslado de registro, radicación de cuenta, duplicado de licencias de
tránsito, transformación de vehículos, reaforo, cancelación de matrícula, cambio de servicio,
repotenciación de vehículos, expedición de placas, duplicado de placas, cambio de placas,
certificado de tradición, expedición de permisos especiales con sistemas de seguridad por
hologramas que brinde la termo impresión, recategorización, refrendación y duplicado, tarjeta de
operación, elaboración de licencias de conducción, implementar el sistema de medición de velocidad
y almacenamiento de fotografías y datos de infracciones por exceso de velocidad y de manera
general todos aquellos tramites y funciones propias de los organismos de tránsito. (sic para
toda la cita) (Negrilla fuera de texto)

En armonía con lo anterior, se observa que la ley 336 de 1996, Estatuto General del
Transporte, en lo pertinente dispone:

ARTÍCULO 4o. El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las
condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se
incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección,
regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada
a los particulares.

ARTÍCULO 5o. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le
otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general
sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la
protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para
cada Modo.
(…)

ARTÍCULO 8o. Bajo la suprema Dirección y Tutela Administrativa del Gobierno Nacional a través
del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el Sector y el Sistema de transporte
serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora
dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración
y armonía propios de su pertenencia al orden estatal. Así mismo el Ministerio de Transporte
reglamentará todo lo pertinente al transporte turístico contemplado en la Ley 300 de 1996. (negrilla
fuera de texto).

Así las cosas, de lo dispuesto por la norma que regula el servicio integral de transporte,
el cual, por su esencia es de naturaleza pública, y conforme al objeto social de la sociedad
Millennium Sistems Sistema Integrado de tránsito y Transporte de Planeta Rica S en C.,
en principio no sería posible afirmar que no sea un sujeto pasivo del mandato legal
consagrado en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.

En efecto, el artículo 5o de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones.”, literales c y d, establece que las sociedades como Millennium
Sistems Sistema Integrado de tránsito y Trasporte de Planeta Rica S en C, hacen parte
de obligados a garantizar el derecho de información pública, así:

ARTÍCULO 5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las
siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

(...)

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que
presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la
prestación del servicio público;

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d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe
función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada
con el desempeño de su función.

No obstante lo anterior, la Sala11 considera que la determinación de los pormenores de
competencia de la entidad presuntamente obligada a rendir o entregar información, así
como la procedibilidad del recurso de insistencia, son temas que deben ser analizados
por el juez natural que para este caso son los juzgados administrativos del circuito de
Montería y no por el juez de tutela y menos por la sociedad impugnante, la cual valga la
pena señalar, pretende usurpar las facultades atribuidas únicamente al juez y realizar un
juicio a priori sobre si es competente o no para cumplir el mandato legal de remitir el
recurso de insistencia formulado por el accionante.

Adicionalmente, en el presente caso se observa que fue precisamente un Juez
Administrativo del Circuito de Montería el que exhortó a la sociedad Millennium Sistems
Sistema Integrado de tránsito y Trasporte de Planeta Rica S en C. para que remitiera el
recurso de insistencia a efectos de darle el trámite que corresponda, de manera que no
se comprende la razón por la cual dicha entidad, insiste en hacer juicios de legalidad que
no son de su competencia para efectos de incumplir con un deber consagrado en la
norma y que además le fue sugerido por la autoridad judicial que tiene la competencia
para establecer si le asiste razón o no al accionante en su solicitud de información.

En esta medida, es clara la vulneración, especialmente de los derechos al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia del accionante, pues el actuar renuente de la
sociedad requerida, impide que el juez competente se pronuncie sobre la prosperidad o
no de su recurso de insistencia.

Asimismo, la Sala comparte la decisión de primera instancia en cuanto consideró que en
el presente caso no se configuró un hecho superado, ni existe temeridad en la
interposición de la acción de tutela, pues el amparo que se concedió en esta oportunidad
recae en que la sociedad Millennium Sistems Sistema Integrado de Tránsito y Trasporte
de Planeta Rica S en C. incumplió su deber de remitir el recurso de insistencia a la
autoridad judicial y no porque se haya considerado que se vulneró el derecho de petición
como equivocadamente se alega en el recurso.

Finalmente, en lo que alude al presunto desconocimiento de los secretos empresariales,
es del caso precisar que desde ningún punto de vista, a través de esta acción se le está
ordenando a la sociedad vinculada que suministre información, pues se insiste, dicho
examen debe efectuarlo el juez natural, por el contrario, el único propósito de la orden de
amparo es que se tramite el recurso de insistencia interpuesto por el actor, lo cual se
traduce materialmente, en remitir el escrito a los Juzgados Administrativos de Montería
para que puedan pronunciarse sobre la posibilidad o no de entregar la información que
la impugnante considera como reservada.

Así las cosas, como la sociedad impugnante desatendió el ordenamiento jurídico, tal
como se analizó en procedencia, debe confirmarse la decisión de primera instancia que
le ordenó tramitar en debida forma el recurso de insistencia interpuesto por el ciudadano
Hermann Gustavo Garrido Prada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

11 Ello sin perjuicio de la información de acceso que puede ser consultada por el solicitante

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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