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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2026-00011-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2026-00011-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia, proferida el 3 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar, se dispone: SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz, por las razones expuestas en esta providencia. Como consecuencia, se ordena a la Fiduprevisora S.A., en su condición de vocera y administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, brindar respuesta, completa y de fondo, a la petición radicada por el accionante el 25 de noviembre de 2025, si aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas previsto en el artículo 29 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por los demás cargos formulados en la demanda, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2026-00011-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: PEDRO ÁNGEL RUIZ RUIZ
Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
(FOMAG)1
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Ampara el derecho de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia de
3 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Tercera de Decisión, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela2.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz, a través de demanda presentada el 15 de enero
de 2026, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición y al debido
proceso, los cuales considera vulnerados por el FOMAG y el Departamento de
Córdoba.

Pretensiones

2. El accionante solicita lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de PEDRO ANGEL RUIZ
RUIZ identificado con C.C 1.066.176.982 al DERECHO DE PETICION, VIDA
DIGNA, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL y MINIMO VITAL los
cuales están siendo conculcados por la FIDUPREVISORA S.A. – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), al
suspender unilateralmente el pago de la sustitución pensional provisional
ordenada mediante providencia judicial y acto administrativo en firme.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la
FIDUPREVISORA S.A. – FOMAG, a través de su representante legal o quien

1
La Fiduprevisora S.A. administra el patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG).
2
El asunto ingresó al despacho el 17 de marzo de 2026. Ver índice 3 de Samai.

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

haga sus veces, que en el término perentorio e improrrogable de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela:

1. De respuesta de fondo y suficiente a la petición con radicado
20251016565822 del 25 de noviembre de 2025.

2. REPROGRAME DE MANERA INMEDIATA la inclusión de mi prohijado en
la nómina de pensionados y proceda con el pago mensual ininterrumpido de la
sustitución pensional provisional en calidad de hijo de crianza, en cumplimiento
estricto de la Medida Cautelar decretada por el Juzgado Sexto Administrativo
Oral del Circuito de Montería mediante Auto del 21 de noviembre de 2024 y
materializada en la Resolución No. 002815 del 17 de julio de 2025.

3. SE ABSTENGA de imponer barreras administrativas, condiciones
suspensivas o plazos no contemplados en la orden judicial como limitar el pago
a marzo de 2025, garantizando la continuidad de la prestación "hasta tanto se
profiera decisión de fondo dentro de la litis", tal como fue ordenado por el
Juez Administrativo

TERCERA: ORDENAR a la FIDUPREVISORA S.A. – FOMAG que, en el
mismo término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a reconocer
y pagar a favor de mi prohijado las sumas dinerarias adeudadas
correspondientes a:

1. El retroactivo de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el 22
de marzo de 2025 hasta la fecha de la efectiva reactivación, incluyendo los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, pagos que fueron
suspendidos arbitrariamente por la entidad.

2. El saldo insoluto derivado de la liquidación parcial realizada en septiembre
de 2025, correspondiente a la diferencia entre la fecha de efectos fiscales
ordenada, es decir, desde el 21 de noviembre de 2024 y lo efectivamente
pagado, suma que fue objeto de reclamación mediante derecho de petición y
no ha sido satisfecha.

CUARTA: PREVENIR a la entidad accionada para que, en lo sucesivo, se
abstenga de incurrir nuevamente en las conductas que dieron origen a esta
acción de tutela, garantizando el respeto por las órdenes judiciales y los
derechos del suscrito en su calidad de sujeto de especial protección
constitucional (estudiante beneficiario de sustitución pensional).

Fundamentos de la demanda de tutela

3. El joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz fue reconocido como hijo de crianza del señor
Aníbal Rafael Acosta Constante, mediante sentencia de 12 de mayo de 2023,
proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinú (Córdoba).

4. El señor Aníbal Rafael Acosta Constante se desempeñó como docente, por lo que
le fue reconocida una pensión de jubilación. El 26 de julio de 2020 falleció y el 8 de
agosto de 2023 el joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz solicitó el reconocimiento de la
sustitución pensional a su favor, hasta que cumpliera 25 años de edad, por cuanto
se encontraba estudiando.

5. El Departamento de Córdoba negó el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional, mediante Resolución CORDOPENRES2024-0000100 de 7 de marzo de

2

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

2024, decisión que fue confirmada en Resolución 1092 de 28 de mayo de 2024.

6. El joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y el Departamento de Córdoba, con
el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos antes citados. A
título de restablecimiento del derecho solicitó que se declarara que el accionante
tiene derecho a la sustitución pensional y se ordenara el pago retroactivo de las
sumas dejadas de percibir desde el 30 de agosto de 2020, más intereses moratorios.
El proceso se identificó con el radicado 23001-33-33-006-2024-00320-00/01.

7. En la audiencia inicial celebrada el 2 de septiembre de 2025, el Juzgado Sexto
Administrativo de Montería profirió sentencia de primera instancia, a través de la cual
accedió a las pretensiones de la demanda. Señaló que la única razón para negar la
sustitución pensional fue la supuesta ausencia de ese derecho para los hijos de
crianza, por no haber sido incluidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, lo que
resultaba errado y restrictivo, a la luz de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el artículo 13 de la Ley
2388 de 2024, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional referida a los derechos
de los hijos de crianza. Por lo anterior, ordenó reconocer y pagar la pensión de
sustitución al demandante, en el 100% «siempre que reúna los requisitos
establecidos en el art. 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley
2388 de 2024, para los hijos mayores de edad, a partir del 8 de agosto de 2020».

8. El Departamento de Córdoba interpuso recurso de apelación contra esa decisión.
Indicó que no había prueba sobre la relación entre el demandante y el fallecido señor
Aníbal Rafael Acosta Constante, ni se acreditaron los demás requisitos para que
proceda la sustitución pensional, es decir, la convivencia, la dependencia económica
y la inexistencia de otro familiar con responsabilidad sobre el accionante. Agregó que
la discusión planteada le era ajena a ese ente territorial e informó que se dio
cumplimiento a la medida cautelar, a través de la Resolución 2815 de 17 de julio de
2025.

9. Mediante auto de 29 de septiembre de 2025 se concedió el recurso de apelación.
El asunto se envió al Tribunal Administrativo de Córdoba, y hasta el momento no se
ha resuelto el recurso.

10. El demandante, en la acción de tutela, manifestó que en la audiencia inicial se
convalidó una medida cautelar decretada y se otorgó un plazo de 48 horas para dar
cumplimiento efectivo al pago del reconocimiento pensional; sin embargo, más
adelante, en la misma diligencia, se dictó sentencia de primera instancia en la que
se ordenó reconocer y pagar la sustitución pensional en un 100%, a partir del 8 de
agosto de 2020, por lo que se dejó sin efecto la orden referida a la medida cautelar.
La sentencia de primera instancia fue apelada, de modo que la orden judicial quedó
suspendida.

11. Ante lo anterior, informó que «la accionada FOMAG dio cumplimiento a la
3

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

medida cautelar de manera tardía y parcial el 29 de septiembre de 2025. Si bien el
Artículo Primero de la Resolución No. 002815 del 17 de julio de 2025 estableció
expresamente que los efectos fiscales de la decisión regían a partir del 21 de
noviembre de 2024, la entidad omitió el pago completo del retroactivo generado
desde esa fecha. En consecuencia, el monto acumulado a favor de mi poderdante
ascendía a la suma neta de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL PESOS ($12.896.000). No obstante, la entidad transfirió a la cuenta de ahorros
pensional de mi prohijado únicamente SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($6.568.178), lo cual evidencia un
faltante injustificado».

12. Señaló que elevó petición, el 29 de septiembre de 2025, para lograr el pago
del saldo insoluto ($6.327.822), a lo que se dio aparente respuesta en Oficio
20251143005631511 de 21 de octubre de 2025, sin resolver de fondo la petición,
pues se invocó el artículo 14 del CPACA para solicitar una prórroga de 15 días
hábiles, aduciendo la complejidad del asunto y el alto volumen de peticiones. Luego,
a través de Oficio 2025083006991401 de 12 de diciembre de 2025, la Fiduprevisora
S.A. ordenó pagar la suma de $6.601.712, por el período comprendido entre el 21
de noviembre de 2024 y el 21 de marzo de 2025, aunque reconoció la suma de
$178.208.132, e informó que el saldo de $171.606.420 quedaba retenido hasta que
se remitieran los respectivos certificados de escolaridad «o se reciba el dictamen
final por parte del Juzgado».

13. Agregó que le fueron suspendidos los pagos de las mesadas de octubre y
subsiguientes de 2025, por lo que radicó nueva petición para que se informara lo
pertinente. El 11 de noviembre de 2025, la Fiduprevisora S.A., en oficio
20251083006336351, respondió que el estatus pensional del accionante quedaría
en suspenso, en espera de la entrega de los certificados de escolaridad o de decisión
judicial.

14. Debido a esto, el demandante radicó nueva petición, el 25 de noviembre de
2025, rechazando la suspensión de la mesada pensional. Argumentó que dicha
restricción desconocía la orden impartida como medida cautelar, en la que se
dispuso el reconocimiento provisional hasta tanto se profiriera decisión de fondo.
Adicionalmente, allegó los certificados de escolaridad actualizados, sin obtener
respuesta hasta el momento en el que radicó la acción de tutela.

15. Añadió que «ha sido diligente en agotar los mecanismos coercitivos propios
del proceso ordinario, sin obtener resultados efectivos. En efecto, con el fin de exigir
el cumplimiento de la medida cautelar, se promovieron sendos incidentes de
desacato los días 31 de marzo y 31 de julio de 2025. No obstante, dichos trámites
resultaron inocuos para la protección material del derecho. Si bien el Despacho
judicial se limitó a requerir informes a las accionadas, nunca adoptó medidas
sancionatorias contundentes que conminaran al cumplimiento integral de la orden.
Esta postura, desprovista de coercibilidad real, demuestra que el incidente de
desacato ha perdido su idoneidad en este caso para garantizar el mínimo vital del
actor, haciendo indispensable la intervención del juez de tutela».

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

16. Indicó que la suspensión unilateral del derecho pensional afecta, de manera
directa, su sustento básico, pues es estudiante y dependía económicamente del
causante, como fue reconocido judicialmente. Adicionalmente, sostuvo que el
desconocimiento o modificación de la orden judicial vulnera el derecho al debido
proceso.

Trámite en primera instancia3

17. A través de auto de 26 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Tercera de Decisión, admitió la demanda, ordenó notificar la decisión
a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, a la Fiduprevisora S.A., al
Juzgado Sexto Administrativo de Montería y al Ministerio Público. Adicionalmente,
se vinculó al Departamento de Córdoba, se tuvieron como prueba las documentales
allegadas y se ordenó el aporte del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Intervenciones

18. El Departamento de Córdoba manifestó que la petición de 25 de noviembre
de 2025 no fue radicada en la secretaría de educación departamental, sino en la
Fiduprevisora S.A., por lo que pidió su desvinculación del proceso, al sostener que
no está legitimada para dar respuesta al requerimiento del demandante.

19. El 27 de enero de 2026, el Juzgado Sexto Administrativo de Montería remitió
copia del enlace al expediente digital.

Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia de primera instancia,
el 3 de febrero de 2026, en la que declaró improcedente la acción de tutela, por no
encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad. Consideró que la discusión
debe ser resuelta por el Juzgado Sexto Administrativo de Montería, el que conserva
competencia en lo relacionado con la medida cautelar, según lo dispuesto en el
artículo 323 del CGP. Agregó que no se observa un perjuicio de carácter inminente,
urgente, grave e impostergable, toda vez que no se trata de un menor de edad ni se
demostró que el accionante padezca de una enfermedad, o esté afectado su mínimo
vital u otra circunstancia que lo haga ser sujeto de especial protección constitucional.

21. Añadió que «lo que sí está probado es que ha recibido pagos
correspondientes a la mesada pensional provisional en cumplimiento de la medida
cautelar».

Impugnación

22. El accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia para, en su lugar,
amparar los derechos fundamentales de petición, a la vida digna, el debido proceso,

3
Las piezas procesales de la primera instancia se encuentran incorporadas en el índice 2 de Samai.

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

la seguridad social y el mínimo vital, y ordenar a las entidades accionadas proceder
al amparo, en las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia.

23. Manifestó que el Tribunal no se pronunció frente a la vulneración del derecho
de petición, por la falta de respuesta de la Fiduprevisora S.A. a la solicitud que
presentó el 25 de noviembre de 2025. Resaltó que aportó los certificados de
escolaridad actualizados «para subsanar cualquier talanquera administrativa
impuesta unilateralmente por la entidad accionada».

24. Agregó que «obran en el expediente pruebas irrefutables de la diligencia
desplegada por este extremo procesal para agotar los mecanismos coercitivos del
proceso ordinario. En efecto, se promovieron dos incidentes de desacato, fechados
el 31 de marzo y el 31 de julio de 2025, los cuales resultaron infructuosos frente a la
renuencia de la entidad accionada». Puso de presente, además, que, en la audiencia
inicial, el juez se limitó a otorgar 48 horas para el cumplimiento de la medida cautelar,
sin adoptar medidas sancionatorias.

25. En su criterio, los trámites legalmente previstos han sido infructuosos para la
protección de los derechos fundamentales invocados, pues «al no haber logrado
conminar a la Fiduprevisora S.A. al pago integral y oportuno de la prestación, la vía
ordinaria perdió toda idoneidad para salvaguardar el mínimo vital de mi poderdante.
Por consiguiente, supeditar la subsistencia de un estudiante a un proceso que ha
demostrado su incapacidad de coerción constituye un exceso de rigor formal que
desconoce que el accionante depende de dichos recursos para su sustento diario».

26. Sostuvo que se validó, por vía de omisión, el incumplimiento de la
Fiduprevisora S.A. a la orden judicial que le impuso reconocer y pagar
provisionalmente la sustitución pensional hasta que se profiera decisión de fondo,
sin considerar que «la Fiduprevisora S.A. carece de facultad legal y constitucional
para interpretar, recortar o condicionar el alcance de una medida cautelar en firme
proferida por un Juez de la República. Al hacerlo, no solo vulnera el debido proceso
de mi prohijado al privarlo de un derecho ya reconocido judicialmente sin un trámite
previo, sino que atenta contra el principio de seguridad jurídica y el derecho al acceso
a la administración de justicia, pues hace nugatoria la eficacia de las órdenes
impartidas por la rama judicial».

27. Por último, cuestionó que se hubiera concluido la falta de acreditación de una
afectación al mínimo vital o la calidad de sujeto de especial protección del
demandante. En su opinión, se desconoció que es estudiante menor de 25 años y
que goza de protección constitucional reforzada porque depende económicamente
de la sustitución pensional, según lo señalado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-464 de 2017, por la «estrecha relación entre su mínimo vital y su derecho
a la educación». Agregó que la Corte Constitucional ha establecido que opera una
presunción de afectación al mínimo vital cuando las prestaciones pensionales son
suspendidas o pagadas de forma incompleta.

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

28. Indicó que «exigir una prueba diabólica de la carencia absoluta de recursos a
un joven estudiante que ha perdido a su padre de crianza y cuyo único flujo de caja
es la mesada provisional ordenada judicialmente, es un exceso de rigorismo que
desconoce la realidad socioeconómica del accionante», máxime cuando está
probado que la Fiduprevisora S.A. suspendió arbitrariamente las mesadas de
octubre, noviembre y diciembre de 2025. En su criterio, el mínimo vital no se asegura
con pagos esporádicos o incompletos, «se garantiza con la periodicidad y suficiencia
de la prestación para cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte y
educación que el estudiante requiere mes a mes». Añadió que el proyecto de vida y
permanencia en el sistema educativo del demandante están en riesgo.

CONSIDERACIONES

Competencia

29. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Legitimación en la causa

30. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

31. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».

32. En el caso concreto, el joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz se encuentra legitimado
en la causa por activa, en su condición de demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se debate su derecho a la sustitución de la
pensión de jubilación reconocida a su padre de crianza.

33. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el patrimonio autónomo del FOMAG, administrado por la Fiduprevisora S.A., es el
llamado a pagar la sustitución pensional que se reconoció, de forma provisional, por
orden del Juzgado Sexto Administrativo de Montería.

Problema jurídico y metodología de la decisión

34. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de encontrar superados los requisitos generales

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
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• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

de procedibilidad, se analizará si la entidad demandada vulneró los derechos
fundamentales del accionante, como se afirmó en la demanda.

Análisis de la Sala

Inmediatez

35. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un
plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales4.

36. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido5, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se
desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.

37. En el caso que se analiza, se discute: (i) la falta de respuesta por parte de la
Fiduprevisora S.A. a la petición radicada el 25 de noviembre de 2025; (ii) la retención
del saldo de $171.606.420 por las mesadas adeudadas, según se informó en Oficio
de 12 de diciembre de 2025; (iii) el reconocimiento y pago parcial por concepto de
retroactivo, conforme a la Resolución de 17 de julio de 2025, con un saldo pendiente
de ($6.327.822), y (iv) la suspensión arbitraria de la sustitución pensional desde
octubre de 2025. La demanda de tutela se radicó el 15 de enero de 2026, en un plazo
que se considera razonable para el ejercicio de la acción constitucional.

Subsidiariedad

38. El requisito de subsidiariedad exige que se hayan agotado todos los medios
disponibles para garantizar la protección de los derechos que se estiman vulnerados,
de modo que la tutela solo será procedente cuando el interesado no disponga de otro
medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio
irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

4
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y SU-
499 de 2016, entre otras.
5
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
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39. La subsidiariedad busca impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

40. En el caso que se analiza, los cargos relacionados con la suspensión en el
pago de las mesadas pensionales y la retención de ciertas sumas no reúnen el
requisito de subsidiariedad.

41. Como se indicó en la sentencia de primera instancia, es el juez natural el
llamado a hacer cumplir la medida cautelar que ordenó el pago de la sustitución
pensional al accionante. En ese sentido, el demandante puede acudir, bien al
Juzgado Sexto Administrativo de Montería que fue la autoridad judicial que decretó
la medida, en tanto conserva competencia en la materia, por disposición del artículo
3236 del CGP, o bien al Tribunal Administrativo de Córdoba para que dicte nueva
medida o modifique la existente.

42. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del CPACA, las
medidas cautelares pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier estado del
proceso declarativo, cuando resulten necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del litigio y la efectividad de la sentencia. El trámite para
su decreto es expedito, contempla un plazo de 15 días para el traslado y resolución
(artículo 233 del CPACA), e incluso la cautela puede ordenarse directamente, sin
necesidad de traslado, cuando se evidencian razones de urgencia (artículo 234 del
CPACA).

43. Sobre este punto, el accionante manifiesta que ha sido infructuosa la gestión
desplegada ante el Juzgado Sexto Administrativo de Montería, porque no se han
adoptado medidas sancionatorias y, además, ya se presentaron dos incidentes de
desacato en los meses de marzo y julio de 2025.

44. Pese a tales afirmaciones, la Sala no evidencia que el interesado hubiera
radicado algún memorial con motivo de las situaciones posteriores a las que alude
en la demanda. En especial, no se observa que se hubiera tramitado incidente de
desacato por la suspensión en el pago de las mesadas pensionales desde octubre
de 2025 que es, realmente, la situación apremiante que, en concepto del actor,
cercena el derecho al mínimo vital y supone un riesgo real a su posibilidad de seguir
estudiando.

45. En esa medida, como existe una vía idónea y ágil, que no se ha agotado, para
exigir el pago periódico de las mesadas pensionales, así como la cancelación de los

6
Artículo 323. Efectos en que se concede la apelación. «Podrá concederse la apelación:
1. En el efecto suspensivo. En este caso, si se trata de sentencia, la competencia del juez de primera
instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se notifique el de
obedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior conservará competencia para
conocer de todo lo relacionado con medidas cautelares. (…)».

9

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

saldos insolutos, debe concluirse la improcedencia de la acción de tutela con esa
finalidad. Cabe aclarar que no resulta aplicable al sub lite una flexibilización a la regla
de la subsidiariedad, pues el término para resolver la solicitud de medida cautelar es
corto, similar al concebido para la acción de tutela.

46. En adición a lo expuesto, debe colegirse que el asunto también carece de
entidad iusfundamental7, en lo que concierne al pago de los saldos pendientes por
los conceptos de retroactivo y mesadas adeudadas, por tratarse de una discusión
netamente económica, ajena a la órbita de competencia del juez constitucional.

47. Al margen de lo anterior, la Sala encuentra que la acción de tutela sí reúne los
requisitos de procedibilidad para la protección del derecho de petición, en tanto no
se ha otorgado respuesta (o al menos no hay prueba de ello) a la solicitud que radicó
el accionante el 25 de noviembre de 2025, con el fin de lograr la continuidad en el
pago de las mesadas pensionales. La acción de tutela constituye, además, el único
mecanismo idóneo y eficaz para solicitar la protección del derecho vulnerado, por
cuanto no existe en el ordenamiento jurídico otro instrumento judicial destinado a ese
fin8.

48. Por lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela, en cuanto a los
cargos relacionados con el pago de las sumas atrasadas por mesadas y el saldo del
retroactivo, así como por la suspensión de la sustitución pensional, y se continuará
con el análisis en lo referente a la petición no resuelta.

Vulneración del derecho fundamental de petición

49. La Sala amparará el derecho fundamental de petición del accionante, por las
razones que se exponen a continuación.

50. Está acreditado que, mediante auto de 21 de noviembre de 2024, el Juzgado
Sexto Administrativo de Montería concedió la medida cautelar solicitada por el
accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
23001-33-33-006-2024-00320-00. Ordenó, por consiguiente, a la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG y al Departamento de Córdoba «la adopción de
una decisión administrativa que reconozca de manera provisional la sustitución
pensional a favor del joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz en su condición de hijo de crianza
del finado docente Aníbal Rafael Acosta Constante, en cuantía de un (1) salario

7
En Sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional recordó que la acción de tutela no es
procedente cuando el asunto gira en torno a un debate fundamentalmente económico, y no jurídico
sobre el contenido, alcance o goce de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, o
cuando se utiliza para reabrir un debate legal decidido al interior de un trámite ordinario. Señaló,
además, que «no toda incorrección en la aplicación de normas legales o en la valoración de los
hechos envuelve una violación del debido proceso susceptible de ser planteada mediante la acción
de tutela. Es imprescindible que dicha incorrección pueda ser traducida en un debate iusfundamental
concreto -no genérico o inespecífico- de manera tal que la intervención de la Corte sea indispensable
para precisar el alcance de la carta de derechos».
8
Al respecto, consultar: Corte Constitucional, sentencias T-077 de 2018, T-206 de 2018, T-230 de
2020, T-330 de 2021, SU-191 de 2022, T-365 de 2024, T-534 de 2024 y T-173 de 2025, entre otras.

10

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, conforme
viene motivado». Más adelante, en auto de 4 de julio de 2025, se admitió el incidente
de desacato por el incumplimiento de la orden cautelar.

51. Posteriormente, en la audiencia inicial celebrada el 2 de septiembre de 2025,
se otorgó a las demandadas 48 horas para cumplir lo ordenado en la medida
cautelar; sin embargo, en la misma diligencia se dictó sentencia de primera instancia
en la que se accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, se ordenará al
Departamento de Córdoba– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - Fomag, que procedan a expedir un nuevo acto administrativo
reconociendo la sustitución de la pensión en un porcentaje del cien por ciento
(100%) para el joven Pedro Ángel Ruiz a partir del 8 de agosto de 2020 en los
términos del literal c) del artículo 13 de la Ley 797/03, conforme a la motivación.

Por lo anterior, la orden dada previamente en la etapa de saneamiento del
proceso donde se ordenó a las entidades dar cumplimiento conforme lo
establece el decreto en mención, se deja sin efecto y queda como única orden
la que se acaba de dictar, esto es, el reconocimiento pensional en un 100% a
favor del joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz, a partir del 8 de agosto de 2020 en los
términos del literal c) del artículo 13 de la Ley 797/03. (se subraya)

52. En la parte motiva de la sentencia se precisó que la sustitución pensional se
reconocía hasta que el joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz cumpliera la edad de 25 años,
«siempre que reúna los requisitos establecidos en el art.47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el art. 13 de la Ley 2388 de 2024, para los hijos mayores de edad,
en atención a que a la fecha de emitirse esta decisión, el mismo ya superó los 18
años de edad». Adicionalmente, se indicó que el reconocimiento operaba desde el
8 de agosto de 2020.

53. Ahora bien, con la demanda se adjuntó copia de la Resolución 2815 de 17
de julio de 2025, por medio de la cual la Secretaría de Educación Departamental de
Córdoba, en nombre y representación del FOMAG, reconoció y ordenó pagar como
medida provisional «una sustitución pensional a favor del accionante, en porcentaje
de un cien por ciento (100%) en su condición de hijo de crianza del finado docente
Aníbal Rafael Acosta Constante, en cuantía de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente del año 2024, con efectos desde el 21 de noviembre de 2024».

54. Obra, además, constancia de la petición9 que radicó el accionante ante la
Fiduprevisora S.A., el 25 de noviembre de 2025, con el fin de que se reanudara el
pago de la mesada pensional. En la solicitud, advirtió que se habían suspendido las
mesadas desde octubre de 2025 e indicó que adjuntaba certificado de escolaridad
actualizado, junto con los demás certificados allegados al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

9
Índice 2 de Samai, documento electrónico con certificado BA59BF6260493DCD
FA9407D26356DEA4 B848E06ABB5AF347 75FE9D55E1BFE6DE, Archivo «02Demanda», Pág.
371 a 374.

11

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

55. Visto lo anterior, la Sala observa que, si bien la exigencia del certificado de
estudios para continuar con el pago de la pensión sustitutiva se encuentra acorde
con lo dispuesto por el Juzgado Sexto Administrativo de Montería, en tanto
comporta uno de los requisitos establecidos por el artículo 4710 de la Ley 100 de
1993, por tratarse de un mayor de edad, no es menos cierto que el beneficiario
presentó petición para que se restablecieran los pagos de la mesada, sin evidencia
de que hubiera recibido respuesta.

56. En este punto, cabe aclarar que aun cuando el Tribunal no se pronunció de
manera expresa frente a la vulneración del derecho de petición alegada en la
demanda, sí señaló en la parte considerativa de la sentencia de primera instancia
que, «por Oficio radicado 20251083006991401 del 12 de diciembre de 2025 11
Fiduprevisora SA reiteró al actor que recibiría un pago único por valor de
$6.601.712, fecha de liquidación septiembre de 2025».

57. Ese oficio al que hizo alusión el fallo impugnado no puede entenderse como
una respuesta completa a la solicitud presentada. Ello, por cuanto la petición del 25
de noviembre de 2025 fue radicada con el núm. 20251016565822, mientras que la
respuesta del 12 de diciembre de 2025 12 presenta el número de radicación
20251083006991401; además, en el cuerpo del documento no se hizo ninguna
alusión a la fecha de la petición, a su contenido o al número bajo el cual fue radicada.

58. Con todo, la razón principal para considerar que el oficio aludido no se ocupó
de absolver la solicitud del accionante reside en que, en esa ocasión, la
Fiduprevisora se limitó a informar que, mediante la Resolución 2815 del 17 de julio
de 2025, se reconoció una sustitución de pensión de jubilación a favor del
accionante; reiteró que se realizaría un pago único de $6.601.712 y advirtió que «su
estado quedará en suspenso hasta tanto remita los certificados de escolaridad o se
reciba el dictamen final por parte del juzgado».

59. No obstante, en la citada petición del 25 de noviembre de 2025, el joven
Pedro Ángel Ruiz Ruiz solicitó: (i) dar cumplimiento estricto a la medida cautelar
ordenada mediante auto de 21 de noviembre de 2024; (ii) reactivar de manera
inmediata la inclusión en nómina y el pago mensual de la sustitución pensional; (iii)
pagar el retroactivo de las mesadas dejadas de pagar desde el 22 de marzo de
2025, «incluyendo los meses de octubre y noviembre de 2025», y (iv) garantizar el

10
Artículo 47. Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 13 de la Ley 2388 de
2024. «Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (…)
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento
de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes (…).
f) Los hijos de crianza menores de 18 años; los hijos de crianza mayores de 18 años en situación de
discapacidad y los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años que por razón de sus estudios
dependían económicamente del causante al momento de su muerte (…)».
11
«Fl. 349 Doc. 02 Expediente digital».
12
Índice 2 de Samai, documento electrónico con certificado BA59BF6260493DCD
FA9407D26356DEA4 B848E06ABB5AF347 75FE9D55E1BFE6DE, Archivo «02Demanda», Pág.
350 a 351.

12

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

pago de la mesada de manera ininterrumpida hasta que se profiera sentencia
definitiva. En el escrito se aclaró que previamente se habían adjuntado los
respectivos certificados de estudios y que, además, se volvían a aportar, incluido
uno actualizado a esa fecha, a fin de cumplir los requisitos para la continuidad del
pago.

60. Como se observa, no existe correspondencia entre las solicitudes del
demandante y la información que proporcionó la demandada el 12 de diciembre de
2025.

61. Ahora, la Fiduprevisora S.A., aunque fue notificada13 en debida forma del
auto que admitió la tutela, se abstuvo de intervenir en el proceso. Y el accionante
durante el trámite procesal tampoco informó alguna novedad en relación con la
petición del 25 de noviembre de 2025, por lo que la Sala entiende que aún no se ha
emitido respuesta, pese a que ya venció el plazo establecido en el artículo 1414 del
CPACA, para que la entidad resolviera la solicitud.

62. La situación advertida constituye una afrenta al derecho fundamental de
petición del accionante, previsto en el artículo 2315 de la Constitución Política, lo que
amerita acceder al amparo deprecado en la demanda. Por consiguiente, se otorgará
a la Fiduprevisora S.A. el término de cuarenta y ocho (48) horas previsto en el
artículo 29 del Decreto Ley 2591 de 1991, para que resuelva la solicitud formulada
por el accionante el 25 de noviembre de 2025, de manera completa y de fondo; para
ello, deberá tener en cuenta las órdenes impartidas por el Juzgado Sexto
Administrativo de Montería, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 23001-33-33-006-2024-00320-00.

63. En este punto, la Sala resalta que el derecho fundamental de petición permite
asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o constitucional, en este
caso, el derecho a percibir una pensión sustitutiva, lo que a su vez tiene una
estrecha relación con el derecho al mínimo vital del accionante. En ese sentido, la
medida de protección que se imparte busca salvaguardar el derecho vulnerado y
asegurar que el joven Pedro Ángel Ruiz Ruiz reciba una solución pronta a la
coyuntura en la que se encuentra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

13
La notificación fue enviada, entre otras, a la dirección dispuesta por la entidad para recibir
notificaciones judiciales: notjudicial@fiduprevisora.com.co, según la información que se anuncia en
su portal web. La constancia de la notificación obra en el Índice 14 de Samai, primera instancia, PDF
«07NotificacionAuto» del expediente.
14
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. «Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones: (…)».
15
Artículo 23. «Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales».

13

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00011-01
Accionante: Pedro Ángel Ruiz Ruiz
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
• FOMAG
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia, proferida el 3 de febrero
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar, se dispone:

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del joven Pedro Ángel
Ruiz Ruiz, por las razones expuestas en esta providencia. Como consecuencia, se
ordena a la Fiduprevisora S.A., en su condición de vocera y administradora de los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG,
brindar respuesta, completa y de fondo, a la petición radicada por el accionante el
25 de noviembre de 2025, si aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas previsto en el artículo 29 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por los demás
cargos formulados en la demanda, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

14

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