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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2026-00130-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2026-00130-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 7 de julio de 2026, por la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba negó el amparo respecto del Juzgado 11 Administrativo de Montería y lo exhortó para que imprimiera celeridad en el proceso 23001-33-33-007-2022-00350-00, y declaró improcedente el amparo respecto de la UGPP, frente a la acción de tutela presentada por Liris del Carmen Diaz Montes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin21. 20 Sentencia C-395 de 2021 de la Corte Constitucional. 21 secgeneral@consejodeestado.gov.co 9 de 10 Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01 Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2026-00130-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

14 de agosto de 2026

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Díaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y
otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD| Mora judicial - Niega
| Reconocimiento y pago de pensión – Subsidiariedad

Síntesis del caso: La demandante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasión de la
presunta mora judicial en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP- y la pretensión de un reconocimiento y pago pensional por parte de esta última.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
7 de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que
negó el amparo constitucional y declaró la improcedencia de la acción de
tutela2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 22 de junio de 2026, Liris del Carmen Díaz Montes presentó una
acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y el

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021, y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2
“PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional respecto de las pretensiones en contra del Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Montería, conforme lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela frente a la pretensión formulada en contra de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP.
TERCERO: EXHORTAR al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Montería para que, en el marco de
sus competencias y de la gestión del turno correspondiente, imprima celeridad y adopte las medidas necesarias
a fin de proferir, en el menor tiempo posible, la decisión de fondo dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 23001333300720220035000”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

Juzgado 10 Administrativo de Montería3, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, seguridad social,
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
presunta mora judicial en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Rad. 23001-33-33-007-2022-00350-00 y la falta
de un reconocimiento pensional.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“P rimero. Solicito se amparen mis derechos fundamentales al mínimo vital, vida
digna, seguridad social, debido proceso administrativo y acceso a la
administración de justicia.

Segundo. Solicito se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP resolver de fondo mi situación pensional.

Tercero. Solicito se ordene el pago inmediato de las mesadas pensionales
adeudadas.

Cuarto. Solicito se disponga el reconocimiento provisional de la pensión
mientras se adopta una decisión definitiva en el proceso ordinario.

Quinto. Solicito se ordene a la autoridad judicial competente imprimir celeridad
al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de evitar la
prolongación injustificada de la vulneración de mis derechos fundamentales.”

3. Cómo hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Liris del Carmen Díaz Montes manifestó ser cónyuge supérstite de
Donaldo David Doria Narváez, quien fue pensionado hasta su fallecimiento
el día 5 de mayo de 2021.

5. 2) Con ocasión del fallecimiento del señor Doria Narváez, Liris del
Carmen Diaz Montes presentó el trámite de sustitución pensional ante la
Secretaría de Educación Municipal de Lorica, quienes expidieron la
Resolución No. 556 de 3 de noviembre de 20214. Con ocasión de ello, se
suscribió un acuerdo de conciliación donde se estableció dividir la
sustitución pensional en dos partes iguales de 25%, para Liris del Carmen Diaz
Montes (en calidad de cónyuge) y 25% para Yorlidis Lugo Pinto (en calidad
de compañera permanente)5.

3 Despacho que conoció de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
4 La cual resolvió: “PRIMERO: (…) El 50% restante de la prestación de sustitución pensional se niega ya que se

presentaron dos personas como beneficiarias, una en calidad de cónyuge y la otra como compañera y se dejara
en suspenso hasta tanto la jurisdicción ordinaria resuelva a quien le corresponde la sustitución pensional”
5 Acuerdo que fue aceptado por la Secretaría de Educación Municipal de Lorica mediante Resolución No. 089 de

6 de junio de 2022.

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

6. 3) La UGPP suspendió el reconocimiento de dicha sustitución
pensional, mediante Resolución No. RDP001733 de 26 de enero de 2022, por
la existencia de una controversia con la compañera permanente Yorlidis
Lugo Pinto6, decisión que fue confirmada mediante Resolución No.
RDP007155 de 17 de marzo de 2022.

7. 4) Por ello, la señora Díaz Montes promovió medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de la cual
conoce actualmente el Juzgado 11 Administrativo de Montería7, bajo Rad.
23001-33-33-007-2022-00350-00.

8. 5) Liris del Carmen Díaz Montes indicó que previamente promovió otra
acción de tutela y en esta se ordenó el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional a su favor8, en un porcentaje correspondiente al 25%9.
Sin embargo, afirmó que este porcentaje correspondía a un valor
aproximado actual de $915.943 m/cte, suma que consideraba insuficiente
para garantizar su subsistencia.

9. Como fundamento de la vulneración, la accionante sostuvo que la
falta de una decisión oportuna dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que inició en el 2022, constituía una mora
judicial injustificada que vulneraba sus derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. Afirmó que la demora resultaba
especialmente gravosa debido a su edad, sus condiciones de salud y su
situación económica, pues mientras el proceso continuaba sin decisión
definitiva solo recibía el 25 % de la prestación económica.

6 Quien funge como demandante junto con Liris del Carmen Díaz Montes, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado No. 23001-33-33-007-2022-00350-00.
7 Admitida el 19 de septiembre de 2022 por el Juzgado 7 Administrativo de Montería, redistribuido al Juzgado 10

Administrativo de Montería, el 3 de mayo de 2023, y redistribuido el 9 de abril de 2024 al Juzgado 11 Administrativo
de Montería.
8 Sentencia de tutela de primera instancia de 10 de mayo de 2023, del Juzgado Penal del Circuito de Cereté,

promovida por Liris del Carmen Díaz Montes en contra de la Fiduprevisora S.A. Rad. 23-162-31-04-001-2023-00031-
00, “(…) SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Representante legal de FIDUPREVISORA SA
,y/ o quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente decisión, que en un término de diez (10)
días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, para que disponga los trámites administrativos
trámites administrativos y financieros pertinentes, para el pago en el porcentaje establecido, de la sustitución de
la pensión del docente (Q.E.P.D) DONALDO DAVID DORIA NARVAEZ tal como viene indicado en la Resolución N°
089 de junio 06 de 2022 por la cual se aclara la Resolución N° 556 de 03/11/21, donde reconoce y ordena el 2 pago
de la prestación de la sustitución pensional a todos sus beneficiarios y se haga efectivo el pago de sus mesadas
pensiónales adeudas, a que haya lugar(…)”.
9 “La Resolución N° 089 de junio 06 de 2022 en su ARTICULO SEGUNDO, RESOLVIÓ: “ARTICULO SEGUNDO: Reconocer

y ordenar el pago de la prestación de la sustitución pensional a los beneficiarios del docente (Q.E.P.D) DONALDO
DAVID DORIA NARVAEZ identificado en vida con Cédula de Ciudadanía N° 15.019.495, de vinculación
nacionalizado, dejando sin efecto la medida cautelar de embargo y retención a sus beneficiarios como son:
MARLON DORIA PINTO, T.I N° 1.063.158.007 hijo menor ………………………25% DIEGO ANDRES DORIA PINTO, T.I N°
1.063.173.315, hijo menor……………25% Representados por su señora madre YORLIDIS PINTO LUGO C.C N°
30.670.855. LIRIS DEL CARMEN DIAZ MONTES, C.C N° 30.650.955, esposa……………… el 25% mediante acuerdo
conciliatorio notariado YORLIDIS PINTO LUGO, C.C N° 30.670.855 compañera…………...…………… el 25% mediante
acuerdo conciliatorio notariado”..

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

10. La accionante señaló un perjuicio irremediable, debido a que tiene 63
años, padece artrosis, osteoporosis, poliartrosis y trastorno cervical con
radiculopatía, condiciones que limitan su capacidad funcional y laboral.
Afirmó que dependía económicamente de su esposo y que, después de su
muerte, su situación económica se agravó. Expuso que sus gastos mensuales
ascendían aproximadamente a $1.250.341 m/cte, mientras que sus ingresos
eran inferiores a dicha suma, y que además acumulaba obligaciones por
servicios públicos y créditos que, en conjunto, ascendían aproximadamente
a $18.454.085 m/cte.

1.2. Sentencia de primera instancia10 e impugnación.

11. Mediante Sentencia de 7 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de
Córdoba negó el amparo constitucional frente a las pretensiones dirigidas
contra el Juzgado 11 Administrativo de Montería, al considerar que no se
configuró una mora judicial injustificada atribuible a dicho despacho. La
Sala consideró que, aunque había transcurrido un tiempo considerable
desde el inicio del proceso, el juzgado recibió el expediente el 4 de abril de
2024 y desde entonces había adelantado actuaciones para impulsarlo,
entre ellas, la resolución de excepciones previas y la fijación de fecha para
la audiencia inicial mediante Auto de 25 de junio de 2026.

12. Además, tuvo en cuenta la carga inicial de aproximadamente 674
procesos, el ingreso permanente de nuevos asuntos, la atención prioritaria
de acciones constitucionales y las sucesivas redistribuciones del expediente.
Por ello, el tribunal concluyó que la demora no podía atribuirse
exclusivamente al Juzgado 11 Administrativo de Montería, ni se encontraba
acreditada una mora injustificada. No obstante, el tribunal exhortó al
Juzgado 11 Administrativo de Montería para que, dentro de sus
competencias y en atención al turno correspondiente, imprimiera celeridad
al proceso y adoptara las medidas necesarias para proferir, en el menor
tiempo posible, una decisión de fondo.

13. Frente a la UGPP, el tribunal declaró improcedente la acción de tutela
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al considerar que la
controversia sobre el reconocimiento integral de la sustitución pensional ya
se encontraba sometida al conocimiento de la jurisdicción de lo
contencioso administrativa mediante el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, mecanismo idóneo para resolverla.

10
En Auto de 22 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Córdoba (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo
como demandado la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP y Juzgado Décimo Administrativo Del Circuito De Montería, y (3) vinculó a Yorlidis Lugo Pinto y al
Juzgado 11 Administrativo de Montería.

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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14. Además, tuvo en cuenta que la accionante ya había obtenido una
protección constitucional previa que permitió el pago de un porcentaje de
la prestación, por lo que no existía una ausencia absoluta de protección.
Aunque reconoció sus dificultades económicas, su edad y sus condiciones
de salud, estimó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que justificara desplazar el proceso ordinario, pues la accionante
continuaba percibiendo periódicamente parte de la prestación.

15. Inconforme con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, la parte accionante la impugnó, con el propósito de que se
revocara y, en su lugar, se concediera el amparo de los derechos
fundamentales invocados.

16. Como argumento inicial, sostuvo que el tribunal incurrió en un error en
la valoración del perjuicio irremediable, pues, aunque reconoció su edad,
sus enfermedades, su dependencia económica a la prestación y el déficit
existente entre sus ingresos y gastos, concluyó que no se configuraba dicho
perjuicio. Afirmó que estas circunstancias exigían un análisis flexible del
requisito de subsidiariedad, dada su condición de sujeto de especial
protección constitucional.

17. Asimismo, cuestionó que se considerara idóneo el proceso ordinario,
pues la reclamación administrativa y el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se iniciaron en 2022 y, pese al transcurso de
varios años, todavía no existía una decisión definitiva, mientras ella
continuaba recibiendo únicamente una parte de la sustitución pensional. En
su criterio, la demora había hecho que el mecanismo ordinario perdiera
eficacia material para brindar una protección oportuna.

18. A su vez, alegó que la congestión judicial no podía trasladarse al
ciudadano ni justificar una espera prolongada, especialmente cuando se
encontraban comprometidos derechos pensionales y el mínimo vital de una
persona de especial protección constitucional. Añadió que su edad, sus
enfermedades, la dependencia económica de la pensión y la insuficiencia
de sus ingresos exigían una protección reforzada y que la vulneración de sus
derechos continuaba, pues cada mes recibía únicamente una fracción de
la prestación reclamada.

19. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia,
conceder el amparo de sus derechos fundamentales, ordenar al Juzgado
11 Administrativo de Montería adoptar las medidas necesarias para decidir
el proceso dentro de un término perentorio y disponer, como mecanismo
transitorio, que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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de la Protección Social garantizara su mínimo vital mientras se profería la
decisión definitiva en el proceso ordinario.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.2.1.
Frente a la UGPP (Reconocimiento pensional). 2.2.2. Frente al Juzgado 11 Administrativo de
Montería (Mora judicial). 2.3, Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

20. Determinar si debe confirmarse, o no, la Sentencia de 7 de julio de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual
se negó el amparo solicitado frente al Juzgado 11 Administrativo de
Montería y, se declaró la improcedencia de la acción de tutela respecto de
la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.

2.2. Procedencia de la acción de tutela

2.2.1. Frente a la UGPP (Reconocimiento pensional)

21. La Sala evidencia, tal y como lo hizo el juez de primera instancia, que
no se satisfizo el requisito de subsidiariedad, por las siguientes razones:

22. Atendiendo a que la pretensión formulada contra esta entidad está
dirigida, en esencia, a obtener el reconocimiento integral de la sustitución
pensional, asunto que actualmente se encuentra sometido al conocimiento
del Juzgado 11 Administrativo de Montería, a través del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho Rad. 23001-33-33-007-2022-00350-00,
corresponde al juez administrativo determinar, previo el debate probatorio
correspondiente, si la demandante tiene derecho al reconocimiento del
porcentaje adicional de la prestación que reclama.

23. Por ello, este despacho en sede constitucional no puede sustituir al
juez administrativo ni anticipar una decisión sobre una controversia
prestacional que se encuentra pendiente de resolución en el proceso
ordinario.

24. Además, no se advierte que la accionante se encuentre en una
situación de desprotección absoluta frente a la prestación que reclama,
toda vez que la accionante indicó que previamente promovió otra acción
de tutela mediante la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional en un porcentaje correspondiente al 25%. Por ello, si

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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bien la accionante pretende obtener el reconocimiento integral de la
mesada y ha puesto de presente sus dificultades económicas, lo cierto es
que ya existe una protección constitucional que permitió garantizar
parcialmente su derecho mientras se define la controversia de fondo.

25. Esta circunstancia, sumada a la existencia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en curso, impide concluir que se encuentre
acreditado un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención
excepcional del juez de tutela. La edad de la accionante, sus condiciones
de salud y su situación económica son circunstancias que deben ser
valoradas con especial atención; sin embargo, por sí solas no permiten
desplazar el mecanismo judicial ordinario cuando la controversia pensional
ya está siendo discutida ante el juez competente y la accionante recibe
actualmente una parte de la prestación.

26. Por último, debe advertirse que la existencia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no implica que la accionante carezca de
mecanismos para solicitar una protección provisional de sus intereses, pues
dentro de dicho trámite puede acudir a las medidas cautelares previstas en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para solicitar, de ser procedente, una protección mientras se
adopta la decisión definitiva sobre sus pretensiones. Por ende, la Sala
confirmará la improcedencia declarada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba.

2.2.2. Frente al Juzgado 11 Administrativo de Montería (Mora judicial)

27. Se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela porque esta se orientó a obtener la protección de sus derechos
fundamentales11 al mínimo vital, vida digna, seguridad social, debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Liris del Carmen Díaz
Montes, es la titular de los derechos invocados como violados, por lo cual,
se tiene por acreditada la legitimación activa en la causa12.

28. De igual manera, el Juzgado 10 Administrativo de Montería13 tiene
legitimación pasiva en la causa14, al ser la autoridad judicial a las que se le
atribuye la presunta omisión y vulneración alegada.

11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
12 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
13
Posteriormente vinculado al proceso el Juzgado 11 Administrativo de Montería, quien tiene conocimiento del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho actualmente.
14 Decreto 2591 de 1991. Artículo 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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29. Frente al requisito de subsidiariedad15, la accionante no cuenta con
otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para controvertir una eventual
dilación injustificada dentro del proceso ordinario.

30. En relación con el requisito de inmediatez16, este se satisface, ya que,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó
con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el presunto
retardo o mora en decidir en primera instancia un proceso ordinario.

2.3. Verificación de la vulneración alegada

31. La Sala, igualmente, confirmará la negativa del amparo frente al
Juzgado 11 Administrativo de Montería, por las siguientes razones:

32. Aunque este despacho reconoce que ha transcurrido un periodo
considerable desde la presentación del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, debe tenerse en cuenta que el proceso fue
objeto de diversas redistribuciones y que el Juzgado 11 Administrativo de
Montería recibió el expediente el 9 de abril de 202617.

33. Desde entonces, dicho despacho ha desplegado actuaciones
dirigidas a impulsar el proceso, y particularmente, mediante Auto de 25 de
junio de 202618, resolvió las excepciones previas propuestas y fijó fecha para
la celebración de la audiencia inicial para el 17 de noviembre de 2026. Por
lo que no se presenta una inactividad absoluta o injustificada por parte de
la autoridad judicial que actualmente conoce del asunto.

34. A lo anterior, se suma que la Sala no puede desconocer el escenario
de alta congestión que enfrenta la Rama Judicial, circunstancia que debe
ser valorada al momento de determinar si el tiempo empleado por una
autoridad para resolver el asunto resulta razonable. En particular, el Juzgado
11 Administrativo de Montería informó que recibió una carga inicial
aproximada de 674 procesos, además del ingreso permanente de nuevos
asuntos y de la atención prioritaria de las acciones constitucionales 19. Así, si
bien la Sala comprende la preocupación de la accionante por la duración
del proceso, lo cierto es que el despacho que actualmente lo tiene a su
cago, ha demostrado la mayor celeridad posible.

15 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
16 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
17
Redistribuido mediante Auto de 4 de abril de 2024 al Juzgado 11 Administrativo de Montería.
18
Índice 22 SAMAI, rad. 23001-33-33-007-2022-00350-00.
19
Índice 10 SAMAI, rad. 23001-23-33-000-2026-00130-00.

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Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

35. No obstante, este despacho considera necesario mantener el exhorto
efectuado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en atención a que Liris
del Carmen Díaz Montes cuenta actualmente con 63 años y, por tanto, es
una persona adulta mayor y sujeto de especial protección constitucional20.

2.4. Conclusión

36. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala confirmará la
decisión de primera instancia de 7 de julio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, en la que 1) negó el amparo respecto del
Juzgado 11 Administrativo de Montería, al no encontrarse acreditada una
mora judicial injustificada, 2) declaró improcedente la acción de tutela
frente a la UGPP, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, y 3)
exhortó al Juzgado 11 Administrativo de Montería, para que imprimiera
celeridad al trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
y procurara adoptar una decisión de fondo en el menor tiempo posible, en
atención, especialmente a la condición de adulta mayor y sujeto de
especial protección constitucional de la accionante.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 7 de julio de 2026, por la cual el
Tribunal Administrativo de Córdoba negó el amparo respecto del Juzgado
11 Administrativo de Montería y lo exhortó para que imprimiera celeridad en
el proceso 23001-33-33-007-2022-00350-00, y declaró improcedente el
amparo respecto de la UGPP, frente a la acción de tutela presentada por
Liris del Carmen Diaz Montes, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin21.

20
Sentencia C-395 de 2021 de la Corte Constitucional.
21 secgeneral@consejodeestado.gov.co

9 de 10

Radicación: 23001-23-33-000-2026-00130-01
Demandante: Liris del Carmen Diaz Montes
Demandados: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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