RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2026-00140-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2026-00140-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2026-00140-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 15 de julio de 2026 proferido por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2026-00140-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Vanessa Ramos Conde.
Parte accionada: Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Montería.
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01.
Asunto: Acción de tutela contra autoridades judiciales. Se confirma el
fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo. No
se cumple con el requisito de subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
15 de julio de 2026 proferido por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora Vanessa Ramos Conde presentó demanda ejecutiva en contra
de la ESE Hospital San José de Canalete, derivada de una sentencia
judicial ejecutoriada a su favor, con el propósito de que se librara
mandamiento de pago.

1.2. El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería,
mediante auto de 27 de noviembre de 2019, libró mandamiento de pago a
favor de la parte actora.

1.3. El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería,

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

mediante auto de 6 de febrero de 2020 decretó medidas cautelares y
retención de sumas de dinero que la demandada tenga o llegase a tener
en cuentas bancarias en “[…] Bancolombia, Banco Agrario, Banco de
Bogotá, Davivienda, Banco Caja Social, Banco Popular, AV Villas,
Colpatria, Banco de Occidente y Banco GNB Sudameris […]”.
Asimismo, en auto de 5 de noviembre de 2020 ordenó seguir adelante
con la ejecución, dispuso la práctica de la liquidación del crédito y
condenó en costas a la parte ejecutada.

1.4. Mediante auto de 29 de julio de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Montería aprobó la liquidación del crédito y
adecuó el alcance de las medidas cautelares.

1.5. La parte actora indicó que “[…] la entidad bancaria informó al Juzgado la
imposibilidad de proceder con el embargo alegando la inembargabilidad
sectorial de los recursos, y solicitó expresamente: “...por favor ratificarnos
la medida cautelar, teniendo en cuenta el artículo 594, del Código General
del Proceso (CGP)...” […]”.

1.6. El 9 de febrero de 2026 la parte actora solicitó al Juzgado Quinto
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, la actualización del
monto de la medida de embargo y que se libraran nuevos oficios a todas
las entidades bancarias del sistema financiero con el fin de hacer efectiva
la medida cautelar, incluyendo en dichos oficios una nota aclaratoria según
la cual la inembargabilidad no es oponible frente a créditos de origen
laboral cuando los recursos hacen parte de la unidad de caja de una ESE.

1.7. Mediante auto de 11 de marzo de 2026 el Juzgado Quinto Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Montería amplió el límite de la medida
cautelar de embargo y retención de los dineros de la ejecutada. Asimismo,
decretó el embargo y retención de sumas de dinero que la demandada
tenga o llegase a tener en cuentas bancarias en “[…] Bancamía, BBVA,
Citibank, Bancoomeva, CorpBanca, Banco Falabella, Banco Finandina,
Banco Pichincha y Banco WWB […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

Además, en el mismo auto exceptuó de las medidas cautelares decretadas
“[…] (i) lo establecido en el parágrafo del artículo 2.8.1.6.1.1 del Decreto
1068 de 2015, esto es, los recursos depositados por la Nación en cuentas
abiertas exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en el Banco de la República o en cualquier otro establecimiento
de crédito; y (ii) los rubros del presupuesto destinados al pago de
sentencias y conciliaciones y al Fondo de Contingencias, en los términos
del parágrafo segundo del artículo 195 del CPACA […]”.

1.8. Inconforme con esa determinación, la parte ejecutante interpuso recurso
de reposición.

1.9. Mediante auto del 10 de junio de 2026, el Juzgado Quinto Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Montería repuso parcialmente la providencia
“[…] únicamente en lo relacionado con el límite cuantitativo de las medidas
cautelares decretadas […]”, y negó en lo demás al considerar que, i) se
emitió la decisión cumpliendo claramente los presupuestos normativos y
jurisprudenciales que determinan cuales rubros se excluyen de las
medidas cautelares decretadas y; ii) “[…] no existe fundamento para
afirmar que las medidas cautelares previamente decretadas hubieren sido
revocadas de pleno derecho, razón por la cual las mismas continúan
produciendo efectos jurídicos […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico, al considerar que “[…] por suposición contra evidencia al ignorar la
prueba documental obrante en sus canales oficiales y edificar su decisión
sobre una suposición inexistente que quebranta la buena fe procesal […]”.

Manifestó que incurrió en defecto sustantivo por inaplicación del artículo 7 y
parágrafo del artículo 594 del Código General del Proceso, toda vez que “[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

al precluir el término legal tras el requerimiento de Bancolombia S.A. sin mediar
pronunciamiento judicial, opera por ministerio de la ley la revocatoria de pleno
derecho de la medida. Insistir en que las cautelas siguen vigentes constituye
una transgresión directa de la norma procesal aplicable […]”.

Afirmó que se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial
vertical de la Corte Suprema de Justicia, dado que por remisión expresa del
artículo 306 del CPACA, la ejecución de providencias contra el Estado se rige
por las normas del Código General del Proceso y en razón a ello son de
obligatorio acatamiento las subreglas jurisprudenciales respecto de la
inembargabilidad y sus excepciones.

Mencionó que la autoridad accionada incurrió en violación directa de la
Constitución Política al inobservar la Sentencia C-1154 de 2008 “[…] la cual
viabiliza de forma preferente el embargo de recursos públicos cuando se trata
del pago de sentencias judiciales destinadas a garantizar derechos laborales
[…]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al Debido
Proceso y al Acceso Efectivo a la Administración de Justicia de la señora
VANESSA RAMOS CONDE.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido por el Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito de Montería en la sección
correspondiente que negó el nuevo decreto de las medidas cautelares
bajo la falsa premisa de vigencia de las medidas del año 2020.

TERCERA: ORDENAR al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE MONTERÍA que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas, proceda a DECRETAR NUEVAMENTE LA MEDIDA
CAUTELAR DE EMBARGO emitiendo los oficios correspondientes
dirigidos a las entidades bancarias, purgando el texto de restricciones
indebidas y consignando de manera expresa que la orden se ampara en
la excepción de la Sentencia C-1154 de 2008 (pago de sentencias
judiciales laborales), de conformidad con las subreglas de mutación de
recursos fijadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ STL878-2023 y STC21234-2025).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

CUARTA (SUBSIDIARIA): Que, ante la intolerable mora judicial de trece
(13) años desde el inicio del proceso ordinario y de nueve (9) años de
trámite ejecutivo estéril, y con el fin de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable sobre el mínimo vital de la accionante, se ORDENE
DIRECTAMENTE al Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
(E.S.E.) HOSPITAL SAN JOSÉ DE CANALETE, en su calidad de
representante legal y ordenador del gasto de la entidad deudora, que en
el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas proceda a priorizar,
ordenar y ejecutar el pago directo del crédito laboral debidamente
liquidado a favor de la señora VANESSA RAMOS CONDE, disponiendo
para ello de los recursos que ingresen a la unidad de caja de la entidad,
sin que pueda escudarse en trámites administrativos ordinarios que
dilaten aún más el cumplimiento del derecho reconocido. Se advierte que
cualquier intento de fraccionar el pago en cuotas o diferirlo en el tiempo
sería inadmisible, por cuanto prolongaría el perjuicio irremediable ya
configurado […]” [Sic en toda la cita].

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 1 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela
en contra del Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Montería y se vinculó a ESE Hospital San José de Canalete, en calidad de
tercero con interés en el resultado del proceso.

2. El 15 de julio de 2026, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente la solicitud de amparo al no cumplirse el requisito general de
subsidiariedad.

3. Mediante auto de 29 de julio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que los argumentos
expuestos por la parte actora constituyen una inconformidad frente al criterio
jurídico adoptado en la decisión proferida dentro del proceso ejecutivo y tiene
el propósito de “[…] obtener una interpretación distinta sobre el alcance de las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

normas que regulan la inembargabilidad de los recursos públicos y las
excepciones constitucionales a dicha regla, debate que, por su naturaleza,
corresponde ser resuelto a través de los mecanismos ordinarios de
impugnación previstos por el legislador y no mediante la acción de tutela […]”.

2. La ESE Hospital San José de Canalete solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que la parte actora cuenta con herramientas
ordinarias como mecanismo idóneo y eficaz para controvertir la providencia
acusada.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante
sentencia del 15 de julio de 2026, declaró improcedente la solicitud de amparo
por no encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad.

Afirmó que la parte actora “[…] no agotó los mecanismos ordinarios de
defensa judicial previstos por el ordenamiento jurídico para controvertir las
determinaciones adoptadas mediante auto de 11 de marzo de 2026,
providencia respecto de la cual recaen materialmente los reproches
constitucionales planteados en la presente acción y que era susceptible del
recurso de apelación previsto en el artículo 243 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

Señaló que “[…] la parte interesada optó únicamente por interponer recurso
de reposición contra dicha decisión, absteniéndose de formular en subsidio el
recurso de apelación, mecanismo ordinario que resultaba idóneo para someter
al conocimiento del superior funcional las inconformidades que hoy pretende
plantear por vía constitucional […]”.

De lo anterior advirtió que la parte actora con la acción de tutela persigue
reabrir el debate procesal suscitado con ocasión del auto de 11 de marzo de
2026 y obtener un pronunciamiento sobre aspectos que pudieron ser
sometidos de manera oportuna al conocimiento del superior funcional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia al considerar que la
providencia incurrió en defecto sustantivo “[…] por error de derecho en la
determinación de la competencia funcional y fijación de la instancia procesal
(Mínima cuantía) […]”, toda vez que “[…] al ser el capital reclamado inferior a
los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de
la interposición del recaudo, el rito ejecutivo sub examine se edifica
invariablemente como un proceso de MÍNIMA CUANTÍA, el cual es de ÚNICA
INSTANCIA. Al estar vedada la doble instancia por asignación legal, el recurso
de apelación deviene en un mecanismo jurídica y formalmente inexistente
[…]”, por tanto “[…] la exigencia formalista del a quo de agotar un recurso de
apelación legalmente inexistente constituye un exceso ritual manifiesto […]”.

Asimismo, mencionó que incurrió en indebida fijación del objeto litigioso y error
fáctico por suposición de la materia cautelar debatida al considerar que “[…]
no pretendió abrir un debate nuevo, autónomo e independiente sobre la
procedencia de embargos, ni pretendió que el juez de tutela asumiera
funciones de coacción ejecutiva ordinaria. Lo que materialmente se solicitó en
el memorial que originó el auto censurado fue la reactivación y purga de unas
medidas cautelares que el despacho judicial ya había decretado formalmente
en el año 2020 […]”.

Afirmó que incurrió en defecto fáctico al inaplicar “[…] la norma especial de
reenvío (Parágrafo 2° del artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080
de 2021) […]”, al considerar que “[…] en el marco del CGP, la actividad
recursiva del ejecutante frente a la limitación o negativa de una medida de
embargo (Art. 599 CGP) no contempla el recurso de apelación, reservando la
alzada del artículo 321 numeral 8 exclusivamente para las afectaciones
patrimoniales del ejecutado o terceros […]”.

Finalmente, señaló que incurrió en defecto fáctico por omisión valorativa del
perjuicio irremediable frente a la flagrante ineficacia del medio ordinario e

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

intolerable mora judicial, al considerar que “[…] es inaceptable que el Tribunal
decida desechar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la
accionante escudándose en un trámite netamente formalista que vacía de
contenido la supremacía constitucional […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido
presuntamente en defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

precedente jurisprudencial vertical y violación directa de la
Constitución Política.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19913.

Sin embargo, esta acción constitucional se caracteriza como un instrumento
subsidiario excepcional y residual, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable, de
conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho4.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que, para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza5), lo que significa que la parte accionante

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
4 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
5 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.

En el caso objeto de estudio, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efectos el auto del 11 de marzo
de 2026 proferido dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm.
23001-33-33-005-2017-00069-00.

En ese orden de ideas, y en consideración a que la vulneración alegada por la
parte accionante deviene de la decisión adoptada por la autoridad accionada,
la Sala advierte que aquella contaba con mecanismos judiciales idóneos para
controvertir el auto de 11 de marzo de 2026. Concretamente, podía hacer uso
del recurso de apelación consagrado en el parágrafo 26 del artículo 243 de la
Ley 1437 de 2011 el cual hace remisión expresa al artículo 321 del Código
General del Proceso como norma especial que lo regula, a fin de someter a
consideración del superior funcional las inconformidades que, en la actualidad,
pretende hacer valer mediante la acción constitucional.

De lo anterior, se precisa que el proceso ejecutivo en el que se cuestiona el
auto del 11 de marzo de 2026 deriva de una sentencia condenatoria proferida
en primera instancia. Por tanto, de conformidad con el numeral 7 7 del artículo
155 del CPACA, se trata de un proceso ejecutivo de primera instancia cuya
competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.
En consecuencia, las decisiones adoptadas en su curso son apelables, por lo
que no prospera el argumento del accionante según el cual la decisión no es
susceptible de recurso de apelación, dado que, el proceso es de única
instancia por tratarse de una cuantía mínima.

6
PARÁGRAFO 2. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo,
la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso
siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.
7
7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido
el respectivo juzgado en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos
extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales
cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la
competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, de los demás procesos
ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

De las pruebas que obran en el expediente del proceso objeto de estudio, la
Sala constata que la parte actora se limitó a interponer el recurso de reposición
contra el auto de 11 de marzo de 2026, sin promover subsidiariamente el
recurso de apelación, medio ordinario de defensa judicial idóneo para someter
al conocimiento del superior funcional las inconformidades que ahora pretende
ventilar por vía constitucional.

Así las cosas, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo deviene
improcedente por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, máxime
cuando de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio.

Finalmente, en relación con la solicitud dirigida a que se ordene directamente
al gerente de la ESE Hospital San José de Canalete que “[…] en el término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas proceda a priorizar, ordenar y
ejecutar el pago directo del crédito laboral debidamente liquidado a favor de la
señora VANESSA RAMOS CONDE, disponiendo para ello de los recursos que
ingresen a la unidad de caja de la entidad […]”, dicha pretensión escapa de la
competencia del juez constitucional, toda vez que dicho asunto debe ser
definido en el marco del proceso ejecutivo.

Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 15 de julio de 2026 proferido por
la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 23001-23-33-000-2026-00140-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.