Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 24000-23-42-000-2017-01435-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Asignación de retiro: soldado profesional
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 24000-23-42-000-2017-01435-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 24000-23-42-000-2017-01435-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
26 de agosto de 2021
ASIGNACIÓN DE RETIRO - Soldado profesional / ASIGNACIÓN DE RETIRO - Naturaleza jurídica / ASIGNACIÓN DE RETIRO SOLDADO PROFESIONAL - Solo hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 se creó dicho derecho / SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES - Dicho periodo no puede ser computado en orden de reconocer la asignación de retiro / ASIGNACIÓN DE RETIRO - Debe contar con veinte años de servicio para su reconocimiento / ASIGNACIÓN DE RETIRO - Reconocimiento por contar con el tiempo mínimo exigido
Fue solo hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 que pudo hablarse de un derecho a la asignación de retiro de los soldados profesionales, propiamente dicho, dentro del régimen especial de las Fuerzas Militares, pues, las normas que anteriormente regularon las prestaciones sociales en favor de este personal, remitieron a las disposiciones generales en esta materia. Lo anterior, en virtud del principio de progresividad que, sobre su alcance la jurisprudencia constitucional ha precisado que se trata de un mandato con dos contenidos complementarios, que explica de la siguiente manera: «[…] por un lado el reconocimiento de que la satisfacción plena de los derechos establecidos en el pacto supone una cierta gradualidad. Por otra parte, también implica un segundo sentido, el de progreso, consistente en la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. […]». El tiempo de suspensión en el ejercicio de las funciones del soldado profesional en razón del cumplimiento de una medida de aseguramiento de detención preventiva dictada en medio de un proceso penal en su contra, no puede ser computado en orden de reconocer la asignación de retiro, esto es, es improcedente tenerlo en cuenta como tiempo de servicio en la institución castrense. El tiempo que no puede ser tenido en cuenta para obtener la asignación de retiro, a la luz del parágrafo del artículo 7.° del Decreto 4433 de 2004, vigente para la época en que fue suspendido el demandante, es de 1 año, 5 meses y 14 días, es diáfano para esta Sala que supera los 20 años de servicio para ser beneficiario de la prestación que depreca.) Lo anterior en la medida que al efectuarse el cálculo aritmético, solo le faltaban 4 días para cumplir los 20 años que exige el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, y si se le incorporan los 9 días que es la diferencia entre los 23 días que le descontaron y los 14 días que era lo procedente deducir, lo cierto es que cumple con las exigencias de la mentada codificación para acceder a la prestación que depreca. El demandante cumplió con las exigencias previstas en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 para ser beneficiario de la asignación de retiro que reclama, toda vez que demostró prestar sus servicios por más de 20 años en su calidad de soldado profesional del Ejército Nacional.
FUENTE FORMAL: DECRETO 4433 DE 2004
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "A"
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 24000-23-42-000-2017-01435-01(4797-19)
Actor: FABIÁN GRANADA OSORIO
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA: RECONOCIMIENTO ASIGNACIÓN DE RETIRO DE SOLDADO PROFESIONAL. DETENCIÓN PREVENTIVA. SUSPENSIÓN DE FUNCIONES. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. LEY 1437 DE 2011. CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. O-182-2021.
ASUNTO
Decide esta Subsección el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 13 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió a las súplicas de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Fabián Granada Osorio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (folios 63 a 64)
Se declare la configuración y la consecuente nulidad del acto administrativo ficto negativo resultante de la petición elevada el 27 de mayo de 2014, mediante el cual se negó el reconocimiento a la asignación de retiro a favor de demandante.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la asignación mensual de retiro a favor del señor Fabián Granada Osorio, a partir del 27 de mayo de 2014, en la cuantía regulada en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y demás normas concordantes, así: i) 70% del sueldo básico; ii) 38 de la prima de antigüedad y; iii) subsidio familiar.
Las sumas reconocidas deberán ser debidamente indexadas. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
Supuestos fácticos relevantes indicados en la demanda (folios 64 a 67)
El señor Fabián Granada Osorio prestó sus servicios al Ejército Nacional durante 21 años, 5 meses y 19 días, esto es, entre el 14 de enero de enero de 1993 y el hasta el 27 de mayo de 2014, de la siguiente manera:
Servicio militar obligatorio: desde el 14 de enero y hasta el 23 de junio de 1994;
Soldado de policía militar: entre el 24 de junio de 1993 y el 30 de junio de 1994;
Soldado voluntario: del 17 de julio de 1994 al 31 de octubre de 2003;
Soldado profesional: desde el 1.° de noviembre de 2003 hasta el 27 de mayo de 2014.
No obstante lo anterior, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota, Cundinamarca, le impuso al señor Granada Osorio medida de aseguramiento con detención intramural, el 11 de diciembre de 2012,
Durante el mencionado período (tiempo durante el cual estuvo vigente la suspensión de funciones), el libelista desempeñó actividades laborales asignadas, conforme lo señalado en el artículo 3.° del Decreto 2367 del 22 de noviembre de 2012.
Posteriormente, el jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional expidió Orden Administrativa de Personal 1587 del 5 de junio de 2014, dispuso el retiro del servicio activo del señor Fabián Granada Osorio, con retroactividad al 27 de mayo de 2014.
El demandante percibió el pago de su salario y se le efectuaron los correspondientes aportes a pensión hasta el mes de junio de 2014, en los términos del artículo 18 del Decreto 4433 de 2004.
A la luz de lo regulado en el artículo 16 del Decreto 4433 ibidem, en concordancia con el inciso 2.°, numeral 3.1 del artículo 3.° de la Ley 923 de 2004, el libelista en su calidad de soldado profesional, tiene derecho a que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconozca asignación de retiro, por haber prestado sus servicios al Ejército Nacional por más de 20 años.
En virtud de lo anterior, el señor Fabián Granada Osorio elevó petición el 13 de diciembre de 2016 ante Cremil, tendiente al reconocimiento de la asignación de retiro; sin que hasta la fecha la entidad demandada haya dado respuesta alguna hasta la fecha.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 18 de octubre de 2017.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«El ponente señaló que la entidad demandada no contestó la demanda, razón por la cual no hay excepciones que deban resolverse en esta etapa. Por otro lado, el Despacho tampoco encontró hechos constitutivos de excepcio0nes previas que deba decir de oficio formuló excepciones previas.». (Folio 110 y CD visible a folio 109).
Se notificó la decisión en estrados y no se interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] se contrae a determinar, si el demandante señor FABIAN (SIC) GRANADA OSORIO, tiene derecho o no, a que se le reconozca y pague una asignación de retiro de conformidad con el Decreto 4433 de 2004. En caso afirmativo, si hay lugar al pago de las diferencias dejadas de pagar debidamente indexadas.». (Folio 110 y CD que reposa a folio 109).
Se notificó en estrados a las partes y manifestaron estar de acuerdo.
SENTENCIA APELADA
(Folios 147 a 156)
El a quo profirió sentencia escrita el 13 de junio de 2019, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:
Inicialmente el Tribunal de primera instancia abordó el marco normativo y jurisprudencial que gobierna el régimen pensional de los soldados profesionales, regulado en los Decretos 1793 de 2000, modificado por el artículo 2367 de 2012, 4433 de 2004, los cuales preveían 20 años de servicios para tener derecho a la asignación de retiro.
Frente al caso sub examine señaló que el demandante ingresó como soldado profesional el 14 de enero de 1993, por lo que el 14 de enero de 2013 cumplió los 20 años de servicio para tener derecho a la asignación de retiro, fecha para la cual si bien se encontraba en detención preventiva, aún no se encontraba suspendido de sus funciones, toda vez que ésta última fue ordenada el 6 de mayo de 2014, aunado a ello, los comprobantes de nómina daban cuenta de que hasta el mes de junio percibió salarios y prestaciones correspondientes, asimismo, se le efectuaron los descuentos al sistema de salud de las Fuerzas Militares y a Cremil.
Al respecto, recalcó que el parágrafo del artículo 7.° del Decreto 4433 de 2004 prevé que el tiempo de condena privativa de la libertad personal no se computará como tiempo de servicio, empero, ello no podía predicarse del tiempo de detención preventiva sin suspensión de términos, la cual solo fue decretada en el presente caso el 6 de mayo de 2014.
En ese orden de ideas, al libelista le asistía el derecho a la asignación de retiro regulado en el artículo 16 de la tan mencionada normativa, dado que al momento de la suspensión de funciones ya contaba con los 20 años de que trata la mentada codificación
De otro lado, puntualizó que la entidad demandada profirió Resolución 5863 del 19 de agosto de 2016, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro aquí peticionada, la cual se expidió antes de que operara el silencio administrativo presunto negativo, motivo por el cual era procedente declarar la nulidad de aquella.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió sentencia que en la parte resolutiva se resume así: i) declaró la nulidad de la Resolución 5863 del 19 de agosto de 2016; ii) a título de restablecimiento del derecho ordenó a Cremil reconocer y pagar al señor Fabián Granada Osorio la asignación de retiro de que trata el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el Decreto 2367 de 2012, efectiva a partir del 27 de mayo de 2014; iii) y; se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 163 a 165)
La entidad demandada formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada y se denieguen las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, argumentó que según la hoja de servicios 3-75075921 del 4 de mayo de 2015, en la cual consta que el soldado profesional Fabián Granada Osorio fue retirado del servicio activo por la causal de «condena a prisión o condena», con un tiempo de servicio de 19 años, 11 meses y 26 días, con novedad fiscal 27 de mayo de 2014.
Al respecto afirmó que la premisa regulada en la mencionada disposición se aplica a todo miembro en actividad de la Fuerza Pública y por ende al demandante, en tanto cuando entró en vigencia la ley 923 de 2004 hacía parte de la Policía Nacional, por lo que la entidad debe sujetarse a esta norma superior y no a un decreto reglamentario que la contradice. Agregó que la ley marco nunca discriminó a los miembros del nivel ejecutivo para acceder a la asignación de retiro con 15 años de servicio.
Bajo dicho entendido indicó que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, al no contar con 20 años de servicios, por lo cual, el acto administrativo demandado no se encuentra viciado de nulidad por ninguna de las causales reguladas en el artículo 137 del CPACA.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante (índice 10 SAMAI): solicitó se confirme la sentencia de primera instancia, de conformidad con los fundamentos de derecho expuestos en el libelo introductor y las pruebas aportadas al plenario.
La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en desarrollo de esta etapa procesal, conforme constancia secretarial que reposa a folio 213 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los planteamientos expuestos en el recurso de apelación. En el presente caso solo lo presentó la entidad demandada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:
¿El señor Fabián Granada Osorio en su calidad de soldado profesional del Ejército Nacional, tiene derecho a obtener el reconocimiento y pago de la asignación de retiro bajo los preceptos y exigencias del Decreto 4433 de 2004?
A respecto la Subsección sostendrá la tesis de que al demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la prestación deprecada, toda vez que demostró que estuvo vinculado como miembro del Ejército Nacional por más de 20 años, conforme pasa a explicarse.
Naturaleza jurídica de la asignación de retiro
La asignación de retiro ha sido concebida como una prestación a la que tienen derecho los miembros de la Fuerza Pública, para compensar el desgaste físico y mental al que se han visto sometidos y para garantizar la dignidad de los miembros de la respectiva institución que, con posterioridad a los años de servicio en cumplimiento de funciones de especial riesgo, se enfrentan a la cesación en sus actividades laborales. De manera que la asignación de retiro es uno de los componentes del derecho a la seguridad social propio de este personal.
En efecto, en relación con la naturaleza de la asignación de retiro, la Corte Constitucional en sentencia C-432 de 2004 precisó que era «prestacional» y que tal emolumento cumplía un fin constitucionalmente determinado, por cuanto su objetivo principal es el de beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública con un régimen diferente, el cual está encaminado a mejorar sus condiciones económicas, dado que la función pública que ejecuta envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares. Cabe resaltar que la jurisprudencia constitucional le ha dado a la asignación de retiro una doble connotación, como pasa a explicarse:
Por una parte, la ha concebido como una recompensa o reconocimiento por el riesgo a la vida que tuvo que soportar el servidor y su familia durante el servicio. De ahí se deriva una relación de proporcionalidad directa entre el tiempo de servicio y el peligro asumido, así lo expresó la Corte Constitucional:
«[E]n efecto, durante su carrera se verá en diferentes situaciones de peligro que, de acuerdo con su formación, deberá y podrá afrontar en mayor o menor medida. Es claro que según se encuentre o no en cumplimiento de un acto propio del servicio, o en el frente combatiendo con el enemigo, ya sean éstos grupos alzados en armas o en conflicto internacional, el riesgo de perder la vida es mayor en unos casos que en otros. De igual manera si el tiempo al servicio de la institución castrense es mayor, el riesgo y el peligro a que se ha visto enfrentado ese militar y su familia es mayor, lo que se traduce en una regla consistente en que entre más tiempo de servicio, el riesgo que ha debido soportar es mayor.
Así las cosas, teniendo en cuenta las distintas actividades desde el punto de vista funcional o material que cumplen los miembros de las Fuerzas Militares, y dado que dentro de su deber profesional se encuentra el de arriesgar la vida, para la Corte es razonable y por lo tanto se justifica un trato diferenciado, a efectos de reconocer una pensión o compensación, según la muerte sea en combate, en misión del servicio o en simple actividad.».
Por otra parte, ha señalado que esta prestación tiene una finalidad social teniendo en cuenta su naturaleza prestacional, en la medida en que permite garantizar la digna subsistencia de los miembros de la respectiva institución en situación de retiro, carácter que evidencia la identidad que existe respecto de la pensión de vejez del régimen general que del mismo modo busca amparar al servidor frente a dicha contingencia; situación de la cual se desprende su relación inescindible con el derecho a la seguridad social, al ser parte integrante de dicha garantía para los miembros de la Fuerza Pública.
Es precisamente por esa razón, por la cual se han equiparado ambos emolumentos (esto es, pensión de vejez y asignación de retiro) señalando que la asignación de retiro se constituye en «una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce. Se trata, como bien lo afirman los intervinientes, de establecer con la denominación de “asignación de retiro”, una pensión de vejez o de jubilación para los miembros de la fuerza pública, en la medida que el resto del ordenamiento especial de dichos servidores públicos, se limita a regular las pensiones de invalidez y sobrevivientes».
Régimen de asignación de retiro de los soldados profesionales
Para abordar el tema de los soldados profesionales es necesario precisar, en primer término, que dentro del personal de soldados profesionales hay dos categorías: i) la de aquellos que se incorporaron a las Fuerzas Militares como soldados profesionales propiamente dichos y ii) la de aquellos que eran soldados voluntarios y posteriormente se incorporaron como soldados profesionales.
Los soldados voluntarios, en los términos de la Ley 131 de 1985, son quienes prestaron servicio militar obligatorio y decidieron vincularse a las Fuerzas Armadas como soldados y, en tal condición, quedaban sujetos al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales que se expidieran para el desarrollo de aquella ley.
Por su parte, los soldados profesionales, a la luz del artículo 1.° del Decreto 1793 de 2000, son los varones entrenados y capacitados con la finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean asignadas.
En relación con los soldados voluntarios, el artículo 4.° de la Ley 131 de 1985 les asignó una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en 60%, la cual no podría sobrepasar los haberes correspondientes a un cabo segundo, marinero o suboficial técnico cuarto. Por su parte, el artículo 5.° ibidem, dispuso que el soldado voluntario que estuviese en servicio un año, tenía derecho a percibir una bonificación de navidad, «equivalente a la recibida en el mes de noviembre del respectivo año», previendo que cuando este no hubiere servido un año completo, tenía derecho al reconocimiento de la bonificación de navidad a razón de una doceava parte (1/12), por cada mes completo de servicio.
A su turno, el artículo 6.°, indicó que el soldado voluntario que fuera dado de baja tendría derecho a un pago único de una suma equivalente a un mes de bonificación por cada año de servicio prestado y proporcionalmente por las fracciones de meses a que hubiere lugar.
Por su parte, el Decreto 370 de 1991, que reglamentó la Ley 131 de 1985, previó que el soldado voluntario no podría superar la edad de los 35 años en el servicio, y si los alcanzaba, el Comando de la respectiva Fuerza podría darlo de baja, pero solamente tendría derecho al pago de una pensión mensual equivalente al sueldo básico devengado por un cabo segundo o marinero, si su desacuartelamiento se producía por incapacidad absoluta y permanente para toda clase de actividades.
De acuerdo con el artículo 4.° del Decreto 2728 de 1968, esta calificación debía efectuarse según lo previsto por el régimen de aptitudes, invalideces e indemnizaciones para el personal al servicio de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, prestación que podrían continuar devengando sus beneficiarios al tenor de lo normado por el artículo 5.° del Decreto 1305 de 1975.
Bajo esta intelección, es evidente que hasta este momento los soldados voluntarios no tenían consagrada expresamente en la ley una prestación periódica por retiro, independientemente de la denominación que pudiera recibir aquella, ya fuera asignación de retiro, pensión de jubilación o vejez, etc., solamente tenían derecho a una bonificación cuyo valor sería determinado por el tiempo que hubiera prestado sus servicios, el cual, tenía previsto como límite máximo la edad de 35 años, y tendría la posibilidad de devengar una mesada, únicamente, por incapacidad absoluta y permanente para toda clase de actividades.
Luego, la Ley 66 de 1989 confirió facultades al presidente de la República para reformar los estatutos del personal de oficiales, suboficiales y agentes de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, incluyendo el régimen general de prestaciones sociales, entre otros aspectos. Con fundamento en esto se expidió el Decreto 1211 de 1990, régimen que no contuvo disposiciones relativas a los soldados voluntarios.
Más adelante, el Congreso de la República expidió la Ley 578 de 2000 que le concedió facultades al presidente de la República, nuevamente, para que expidiera normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía, entre ellas, las relativas al régimen de carrera y el estatuto del personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares. Fue así como se expidió el Decreto 1793 de 2000, el cual, en el parágrafo del artículo 5.°, previó que los soldados vinculados mediante la Ley 131 de 1985 con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresaran su intención de incorporarse como soldados profesionales y fueran aprobados por los comandantes de Fuerza, serían incorporados el 1.º de enero de 2001, con la antigüedad respectiva.
Es de anotar que esta normativa hizo extensivo para los soldados profesionales los regímenes contenidos en el Código Penal Militar, el Reglamento del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares, las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de las Fuerzas Militares y las que regulan el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Sin embargo, en materia pensional, este decreto no contempló como tal una asignación de retiro, como sí se consagró para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en el Decreto 1211 de 1990, sino que se previó una pensión de vejez, respecto de la cual, se indicó que se regiría por el sistema de capitalización de la Ley 100 de 1993. En efecto, el artículo 39 preceptuó lo siguiente:
«ARTÍCULO 39. La pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia de los soldados profesionales de que trata el presente decreto se regirá por el sistema de capitalización previsto en la Ley 100 de 1993.
El aporte mensual para conformar la pensión será del dieciséis por ciento (16%) del salario base de cotización, porcentaje del cual le corresponderá aportar al afiliado el cuatro por ciento (4%) y a la Nación el doce por ciento (12%) restante. Adicionalmente, durante el primer trimestre de cada año a partir del año 2002 la Nación aportará el equivalente a un salario mensual base de cotización por cada afiliado que se encuentre en servicio activo al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Los soldados a que se refiere este decreto, que asciendan a rango de suboficiales, continuarán sujetándose al régimen de pensiones previsto en el presente artículo.
PARAGRAFO 1. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, se entenderá que el salario base de cotización, está integrado por la asignación básica mensual adicionada con la prima de antigüedad.
PARAGRAFO 2. Cuando haya lugar al reconocimiento de la pensión por invalidez o muerte, cualquiera que sea el origen, la administradora de fondos de pensiones iniciará los pagos mensuales de la respectiva pensión, utilizando para el efecto, en primera instancia, la cuenta de ahorro individual. En caso de que los recursos de dicha cuenta resulten insuficientes, la Nación pagará mensualmente el faltante con cargo al Presupuesto General de la Nación. Por consiguiente, no habrá lugar a la cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional para pensiones ni a la contratación de un seguro de invalidez o muerte.». (Resaltado intencional).
Conforme lo anterior, el mismo Decreto 1793 de 2000, en el artículo 40, indicó que las entidades encargadas de administrar los aportes de los soldados profesionales serían seleccionadas por el Ministerio de Defensa Nacional mediante concurso y, en el artículo 41 consagró un régimen de transición para aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad al 1.° de enero de 2001, a quienes el Ministerio de Defensa Nacional efectuaría el cálculo de un bono pensional, dentro del año siguiente a la expedición de ese decreto, por el número de años de servicio equivalente al aporte del 12% que le corresponde aportar al empleador, utilizando la metodología prevista en la Ley 100 de 1993.
Por su parte, el artículo 38 del Decreto 1793 de 2000 señaló que el Gobierno Nacional expediría, con base en lo previsto en la Ley 4ª de 1992, los regímenes salariales y prestacionales de los soldados profesionales, sin desmejorar los derechos adquiridos. En desarrollo de lo previsto en tal precepto legal, se expidió el Decreto 1794 de 2000, el cual, en lo referente a la asignación mensual de este personal, definió que sería calculada en el equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%, no obstante, quienes para el 31 de diciembre de 2000 se encontraran vinculados como soldados voluntarios, continuarían devengando un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%. Adicionalmente, señaló que los soldados profesionales tendrían derecho a las siguientes prestaciones:
Prima de antigüedad (art. 2)
Prima de servicio anual (art. 3)
Prima de vacaciones (art. 4)
Prima de navidad (art. 5)
Pasajes por traslado (art. 6)
Pasajes por comisión (art. 7)
Vacaciones (art. 8)
Cesantías (art. 9)
Vivienda militar (art. 10)
Subsidio familiar (art. 11)
Tres meses de alta (art. 12)
Gastos de inhumación (artículo 14)
En síntesis, las diferencias que el nuevo régimen salarial trajo para los soldados profesionales lo que a continuación se ilustra:
Concepto
Soldados voluntarios Ley 131 de 1985 y Decreto 370 de 1991
Soldados profesionales Decreto 1794 de 2000
REMUNERACIÓN MENSUAL
Bonificación igual a 1 SMLMV incrementado en un 60%.
1 SMLMV incrementado en un 40% para quienes se vincularan al servicio a partir de la vigencia del Decreto.
1 SMLMV incrementado en un 60% para quienes al 31 de diciembre de 2000 se desempeñaban como soldados de acuerdo a la Ley 131 de 1985.
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
6.5% por cada año y hasta un máximo de 58%
6.5% por cada año y hasta un máximo de 58%.
PRIMA DE NAVIDAD
1 SMLMV incrementado en un 60% y si no hubiere completado un año de servicio una 1/12 por cada mes completo de servicio.
½ SMLMV
PRIMA DE SERVICIOS
N/A
½ SMLMV
PRIMA DE VACACIONES
N/A
½ SMLMV
VIVIENDA FAMILIAR
N/A
Acceso a beneficios
SUBSIDIO FAMILIAR
N/A
4% del salario básico mensual por cada año de servicio hasta un máximo de 58%.
CESANTÍAS
Una bonificación por año de servicios y proporcional por las fracciones de meses.
Salario básico más prima de antigüedad por año de servicios.
Posteriormente, la Ley 797 de 2003 confirió facultades al Ejecutivo para reformar el régimen pensional de las Fuerzas Militares. Con fundamento en ello se expidió el Decreto 2070 de 2003, que incluyó dentro de su campo de aplicación a los soldados, para quienes se reguló la asignación de retiro en los siguientes términos:
«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados profesionales, así como los soldados voluntarios que se incorporen como soldados profesionales, que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.».
Empero, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-432 de 2004, declaró inexequibles el numeral 3.° del artículo 17 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 2070 de 2003, por considerar que estas normas, al regular el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, especialmente, la asignación de retiro, en virtud de facultades extraordinarias, desconocían el artículo 150, numerales 10 y 19, literal e), de la Constitución Política, según el cual, le corresponde al Congreso de la República reglamentar dicha materia a través de leyes marco y no podía hacerlo por medio de una habilitación legal. Aquella decisión implicó la reviviscencia de los preceptos que antes de su expedición venían rigiendo.
Luego, en atención a los parámetros generales dictados por la Ley 923 de 2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4433 de 2004 en el que reguló el derecho a una asignación de retiro de los soldados profesionales, en los siguientes términos:
«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.».
Las partidas computables a las que se refiere la norma citada son las descritas en el artículo 13 ibidem, de la siguiente forma:
«Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
[…]
13.2 Soldados Profesionales:
13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1° del Decreto-ley 1794 de 2000.
13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente decreto.
Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones pensionales.».
Se observa entonces que fue solo hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 que pudo hablarse de un derecho a la asignación de retiro de los soldados profesionales, propiamente dicho, dentro del régimen especial de las Fuerzas Militares, pues, las normas que anteriormente regularon las prestaciones sociales en favor de este personal, remitieron a las disposiciones generales en esta materia.
Lo anterior, en virtud del principio de progresividad que, sobre su alcance la jurisprudencia constitucional ha precisado que se trata de un mandato con dos contenidos complementarios, que explica de la siguiente manera: «[…] por un lado el reconocimiento de que la satisfacción plena de los derechos establecidos en el pacto supone una cierta gradualidad. Por otra parte, también implica un segundo sentido, el de progreso, consistente en la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. […]».
De esta forma, se advierte que el mentado principio propende por optimizar las condiciones laborales de los trabajadores, en la medida en que, dentro del régimen de la excepcionalidad como es el de la Fuerza Pública, ha incluido progresivamente partidas a favor del personal que antes no percibían.
El tiempo por detención preventiva no puede ser contabilizado para efectos de la asignación de retiro
Las causales de retiro de los soldados profesionales se encentran previstas en el artículo 8.° del Decreto 1793, que al tenor literal indica:
«ARTICULO 8. CLASIFICACIÓN. El retiro del servicio activo de los soldados profesionales, según su forma y causales, se clasifica así:
a. Retiro temporal con pase a la reserva
1. Por solicitud propia.
2. Por disminución de la capacidad psicofísica.
3. Por existir en su contra detención preventiva que exceda de sesenta (60) días calendario.
b. Retiro absoluto
1. Por inasistencia al servicio por más de diez (10) días consecutivos sin causa justificada.
2. Por decisión del Comandante de la Fuerza.
3. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.
4. Por condena judicial.
5. Por tener derecho a pensión.
6. Por llegar a la edad de 45 años.
7. Por presentar documentos falsos, o faltar a la verdad en los datos suministrados al momento de su ingreso.
8. Por acumulación de sanciones.». (Resaltado intencional).
A su turno, los artículos 11 y 15 ibidem, preceptúan:
«ARTICULO 11. RETIRO POR DETENCIÓN PREVENTIVA. El soldado profesional a quien se le profiera medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que exceda de sesenta (60) días calendario, será retirado del servicio. (Condicionamiento en relación con el aparte subrayado en la sentencia C-289 de 2012).».
Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C-289 de 12 de abril de 2012 declaró inexequible el numeral tercero del literal a) del artículo 8 ibidem y exequible, el artículo 11 de la citada disposición, «en el entendido de que la palabra retirado debe entenderse como suspendido». Lo anterior, después de analizar los cargos propuestos y efectuar un estudio respecto de la presunción de inocencia, razonó que:
«[…] Dicho esto, la Sala considera que el retiro definitivo del servicio -en el sentido indicado- del soldado profesional contra quien se ha dictado una detención preventiva por más de 60 días es contraria a la Constitución al restringir desproporcionadamente la presunción de inocencia de la que goza esta persona en el ámbito laboral, según el artículo 29 de la Constitución interpretado de conformidad con la jurisprudencia constitucional. Ello es así porque, aplicado un juicio de proporcionalidad, se concluye que, aunque la medida busca un fin constitucionalmente legítimo y es idónea, no es necesaria para lograrlo, como se demostrará a continuación.
[…]
El retiro definitivo se revela así mismo como una medida idónea para prevenir las posibles afectaciones ya referidas ya que, una vez separado de forma definitiva, se elimina la posibilidad de que el soldado profesional, levantada la detención preventiva, atente contra el buen funcionamiento de la institución, contra la comunidad o contra las presuntas víctimas usando los instrumentos del servicio.
Sin embargo, el retiro definitivo es innecesario pues, al mismo objetivo y al mismo nivel de efectividad, se podría llegar con una medida que restringe en menor medida la garantía constitucional de la presunción de inocencia, cual es una suspensión que se levante en el caso de que soldado profesional no sea condenado, sea por sentencia absolutoria o cualquier otra decisión que no implique condena. Una vez esto sucede, la medida preventiva que protege a la institución, a la comunidad y a las presuntas víctimas pierde su razón de ser. Con la medida alternativa, no se aplica de entrada una consecuencia definitiva a una persona que, según el artículo 29 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional, debe ser tratada como inocente en todos los ámbitos, incluido el laboral.
A pesar de que en principio no son regímenes comparables, la Sala estima útil referirse a la sentencia C-1156 de 2003 en la cual esta Corte declaró exequible una norma que prescribe que el uniformado de la Policía Nacional que esté detenido no se clasifica para ascenso. Uno de los cargos formulados consistía precisamente en la vulneración de la presunción de inocencia, el cual fue descartado, entre otras razones, porque la disposición establece que, en caso de resultar absuelto, previa clasificación y reunir los demás requisitos, el uniformado puede ascender con la misma antigüedad. En similar sentido, la sentencia C-758 de 2002, ante el mismo cargo, declaró la constitucionalidad de una norma perteneciente a la legislación deportiva en la cual, dentro de las funciones de inspección, vigilancia y control, se autorizaba al Instituto Colombiano del Deporte a solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel, la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de control, cuando medie investigación disciplinaria o penal, y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal.
[…]
De acuerdo con lo expresado, resulta inconstitucional que un soldado profesional sea retirado definitivamente del servicio por haber sido decretada en su contra medida de detención preventiva que supere los 60 días. En consecuencia, se declarará la inexequibilidad del numeral 3 del ordinal a del artículo 8 del decreto ley 1793 de 2000 de modo tal que, dentro de las causales de “retiro temporal con pase a la reserva” ya no esté incluida la medida de detención preventiva mayor a 60 días.
Ello no implica que, frente a esta situación, las Fuerzas Militares no puedan adoptar medida alguna ya que, como se vio, es constitucional que procedan, como medida cautelar, a suspender al soldado profesional hasta tanto se emita sentencia absolutoria o cualquier otra decisión que termine el proceso penal y que no implique condena. Es por ello que la Corte declarará la constitucionalidad condicionada de la otra norma demandada -el artículo 11 del decreto ley 1793 de 2000- en el entendido de que la palabra retirado debe entenderse como suspendido. […]».
De esta forma, y luego del análisis de la declaratoria de inexequibilidad del literal a), numeral 3°, artículo 8° del Decreto 1793 de 2000 y del condicionamiento del artículo 11 ibidem, el Gobierno Nacional procedió a expedir el Decreto 2367 de 2012, el cual señaló:
«Artículo 1°. Suspensión por detención preventiva. El Soldado Profesional o Infante de Marina Profesional a quien se le profiera la medida de aseguramiento consistente en Detención Preventiva que exceda de 60 días calendario, será suspendido en funciones y atribuciones. Esta se dispondrá por el Comandante de la respectiva Fuerza.
Parágrafo 1°. Durante el tiempo de la suspensión el Soldado o Infante de Marina Profesional, percibirá las primas, subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del salario mensual devengado. Si fuere absuelto o favorecido con preclusión de la investigación, deberá reintegrársele el porcentaje del salario retenido.
Parágrafo 2°. Cuando la sentencia o fallo fuere condenatorio las sumas retenidas en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo pasarán a formar parte de los recursos propios de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Parágrafo 3°. Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena impuesta por la autoridad competente, se reintegrará el excedente del salario retenido.
Parágrafo 4°. Cuando se conceda el derecho de libertad provisional o condena de ejecución condicional no procederá la suspensión de funciones y atribuciones.
[…]
Artículo 3°.Utilización del personal suspendido. Los Soldados Profesionales o Infantes de Marina Profesionales, que sean suspendidos en el ejercicio de las funciones y atribuciones, previo permiso concedido por el juez de conocimiento o autoridad competente, podrán ser utilizados por los respectivos comandos, conforme a lo dispuesto por la Ley 65 de 1993.
Parágrafo. El trabajo realizado por el personal de Soldados o Infantes de Marina Profesionales, será tenido en cuenta para la redención de la pena.». (Negrilla fuera del texto original).
En virtud de lo expuesto, mientras la suspensión se encontraba vigente los soldados profesionales tenían derecho a percibir las primas, subsidios y el 50% de su salario básico. Además, por así preverlo el artículo 3.° ibidem, se permitía que el personal suspendido pudiera desempeñar funciones dentro de la institución «previo permiso concedido por el juez competente», el cual sería tenido en cuenta para la redención de la pena.
Culminado el proceso penal la situación administrativa de los soldados involucrados podía, en vigencia del decreto citado, resolverse de dos maneras i) con el levantamiento de la suspensión si la decisión fue absolutoria, se hubiesen vencido los términos de la suspensión provisional sin que se haya recibido comunicación de su prórroga, preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o revocatoria del auto de detención, caso en el cual «devengarán la totalidad del salario mensual devengado» y; ii) el retiro definitivo del servicio cuando se le condene.
Esta última quedó regulada en el artículo 15 del Decreto 1993 de 2000 y se previó para el soldado profesional del Ejército Nacional que fuere condenado judicialmente sería retirado del servicio. La codificación señaló lo siguiente:
«ARTICULO 15. RETIRO POR CONDENA JUDICIAL. El soldado profesional a quien se le profiera condena judicial debidamente ejecutoriada, será retirado.». (Resaltado de la Sala).
Ahora bien, el parágrafo del artículo 7.° del Decreto 4433 de 2004 es claro en señalar que el tiempo de la condena privativa de la libertad no debe ser computado como actividad para el reconocimiento de la asignación de retiro y demás prestaciones sociales. En efecto, dicha disposición señala:
«Artículo 7°. Cómputo de tiempo de servicio. Para efectos de la asignación de retiro o pensión de sobrevivientes, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, liquidarán el tiempo de servicio, así:
7.1 Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes, el tiempo de permanencia en la respectiva escuela de formación, sin que pueda sobrepasar de dos (2) años.
7.2 Soldados profesionales, el tiempo de permanencia como alumno de la escuela de formación, con un máximo de seis (6) meses.
7.3 El tiempo de servicio militar obligatorio en cualquiera de las modalidades establecidas por ley.
7.4 El tiempo como soldado voluntario.
Tres meses de alta que se entienden como de servicio activo.
[…]
Parágrafo. El tiempo de condena privativa de la libertad personal, decretada por la Justicia Penal Militar o por la ordinaria, o de separación temporal, no se computará como tiempo de servicio.». (Resaltado intencional).
De esta manera, aun cuando el parágrafo del artículo 1.° y 3.° del Decreto 2367 de 2012 permitían que el soldado profesional que estuviere suspendido debido a una orden judicial devengara las primas, subsidios y el 50 % del salario y, además, que pudiera desempeñar actividades de trabajo durante el periodo de la suspensión, ello no significa que este tiempo, de resultar ser parte de la condena impuesta, pueda ser tenido en cuenta para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro.
Este criterio tiene justificación, si se tiene en cuenta que durante este periodo el miembro del Ejército Nacional realmente estaba en cumplimiento de una condena penal y suspendido para ejercer las funciones que eran asignadas al verdadero cargo del que era titular (soldado profesional) y del cual se desprende el derecho a la asignación de retiro regulada en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
Ello, por cuanto si bien el artículo 1.° del Decreto 2367 de 2012, permite la suspensión de funciones luego de transcurridos 60 días, no puede entenderse de forma de forma aislada, habida cuenta de que el parágrafo 7° del Decreto 4433 de 2004, es claro en indicar que el lapso de condena privativa de la libertad no puede ser contabilizado como tiempo de servicio para efectos de la asignación de retiro. Lo anterior va en concordancia con el numeral 3.° del artículo 37 de la Ley 599 de 2000 que señala: «3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena».
De esta forma, el tiempo durante el cual un sujeto procesado haya sido privado de su libertad en virtud de una medida de aseguramiento, pese a no ser la pena propiamente dicha, sí debe contabilizarse para la reducción de aquella al entenderse cumplida en esa proporción, de manera que en términos de efectos de temporalidad, sí son equiparables los períodos de detención preventiva y de prisión.
Por ende, mal haría en reconocerse dicho periodo como tiempo válido para completar los requisitos para el reconocimiento de dicha prestación social, dado que, durante ese lapso no se ejercen funciones propias del grado militar y, además, el parágrafo del artículo 7.° ibidem lo prohíbe de manera expresa.
Esta tesis jurídica halla respaldo jurisprudencial por parte de esta misma Subsección en sentencia del 8 de abril de 2021, en la cual se analizó un caso de contornos similares al presente y en el que se planteó lo siguiente:
«[…] Precisamente, la condena emitida contra el demandante fue de 16 años de prisión, de los cuales se descontaron los años dentro de los que cumplió las labores asignadas que hoy reclama como tiempo de servicio válido para que se le reconozca la asignación de retiro. Al ser así, es claro que dicho lapso debe entenderse como parte del «tiempo de condena de la privación de la libertad» y, en consecuencia, a la luz del artículo 91 del Decreto 41 de 1994, no puede ser contabilizado para obtener la prestación social.
Si bien ese tiempo se plasmó en la hoja de servicios, y este es el documento válido para acreditar el tiempo laborado como oficial o suboficial que debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir sobre si se otorga o no el derecho referido, la Sala advierte que su contenido puede ser estudiado, como se examina cualquier documento para determinar la veracidad de lo allí registrado, entre otras cuestiones, para verificar su no contradicción con las normas que rigen la asignación de retiro.
En el presente caso, aunque la entidad incluyó en la hoja de Hoja de Servicios 79287670 el tiempo que laboró el demandante en el área administrativa cuando estaba suspendido y lo hizo porque, a juicio de la Secretaría General, se permitió que este laborara y se evaluó su desempeño, tal razón no es válida para contabilizarlo, puesto que la labor que cumplió era permitida por los artículos 71 y 74 del Decreto 41 de 1994 sin que le otorgara el aludido derecho. Además, las normas no pueden ser interpretadas de manera aislada, sino de manera sistemática con el artículo 91 ibidem que prohíbe que el tiempo de la condena pueda ser tenido en cuenta para dichos efectos.
En tal sentido, si bien el demandante cumplió labores administrativas dentro de la entidad cuando estaba suspendido, la sola prestación del servicio no es razón suficiente para que el tiempo en el que lo hizo se tenga en cuenta para el reconocimiento de la asignación de retiro, dado que, se reitera, el artículo 91 aludido es claro en señalar que el tiempo de la condena no puede ser incluido para efectos del cumplimiento de los requisitos para acceder a esta.
Así las cosas, la Sala no puede validar los 4 años, 8 meses y 11 días incluidos en la hoja de servicios para reconocer la prestación social, por tratarse del tiempo que se descontó de la condena privativa de la libertad impuesta al señor Reinaldo Arévalo Arévalo. […]». (Subrayado fuera de texto).
Bajo esta línea de intelección es posible inferir que, el tiempo de suspensión en el ejercicio de las funciones del soldado profesional en razón del cumplimiento de una medida de aseguramiento de detención preventiva dictada en medio de un proceso penal en su contra, no puede ser computado en orden de reconocer la asignación de retiro, esto es, es improcedente tenerlo en cuenta como tiempo de servicio en la institución castrense.
El demandante tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro
Según la constancia fechada 10 de julio de 2014, signada por el oficial de Sección de Atención al Usuario de la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, visible a folio 3 del cuaderno principal, se hizo constar que el señor Fabián Granada Osorio prestó sus servicios al Ejército Nacional por 21 años, 3 meses y 26 días, de la siguiente manera:
«
Descripción
Fecha
Inicia
Fecha
Termina
Años
Meses
Días
Soldado Regular
1993/01/14
1993/06/23
5
10
Soldado Policía Militar
1993/06/24
1994/06/30
1
0
6
Tiempo de servicio militar cumplido
1994/06/30
Soldado Voluntario
1994/07/17
2003/10/31
9
3
14
Soldado Profesional
2003/11/01
2014/05/27
10
6
26
Condena a Prisión o Condena
2014/05/27
».
A su turno, en la Hoja de Servicios 3-75075921 del 4 de mayo de 2015, expedida por el Ejército Nacional, el señor Granada Osorio estuvo vinculado a dicha institución castrense por 19 años, 11 meses y 26 días, así:
TIEMPOS PARA PENSIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE RETIRO
Concepto
Años
Meses
Días
Total
Tiempo Físico
10
6
26
3.806
Servicio Militar Obligatorio
1
5
16
526
Soldado Voluntario
9
13
14
3.344
Tiempo deducido por Justicia
1
5
23
533
Tiempo Total
19
10
3
7.143
Diferencia Año Laboral
23
53
Tiempo Liquidación
19
11
26
7.196
De igual forma, en dicho documento se señaló que ingresó el 1.° de noviembre de 2003 y fue retirado del servicio el 27 de mayo de 2014, por la causal «condena a prisión o condena». (Folios 6 y 7, ídem). Se destaca que, si bien en dicho documento el tiempo contabilizado para pensión o asignación de retiro, no se menciona el lapso de soldado profesional, en el ítem «información detallada de tiempo», aquel sí se incluyó, lo cual va en concordancia con la constancia fechada 10 de julio de 2014, señalada anteriormente y con la Resolución 5863 del 19 de agosto de 2016 que denegó la prestación que aquí se solicita (Folios 211 vuelto a 212 del cuaderno de antecedentes administrativos).
Conforme Boleta de Detención 0014 del 11 de diciembre de 2012, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota, Cundinamarca, le informó al director del Centro de Reclusión Militar del Ejército de Artillería Fernando Landazábal Reyes, Cantón Sur, lo que continuación se indica:
«REF: CUI 252146101195201280256 POR EL DELITO DE FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS, MUNICIONES DE USO RESTRINGIDO, DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS, ART. 366 CODIGO (SIC) PENAL
RADICADO INTERNO DE ESTE JUZGADO No. 2012-0471
Comedidamente me permito comunicarle que en audiencias preliminares de LEGALIZACIÓN DE CAPTURA, FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, realizada en el día de hoy 11 de diciembre de 2012, la suscrita Juez Promiscuo Municipal de Cota (Cundinamarca) con Función de Control de Garantías impuso MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA en ese CENTRO DE RECLUSIÓN militar al señor FABIAN (SIC) GRANADA OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.075.921 de Manizales Caldas, por el delito de la referencia como presunto autor.
Por lo anterior le solicito mantenerlo privado de la libertad.
Enviando la citada carpeta investigativa ante el señor Juez Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca para etapa de Juzgamiento.». (Folio 4, ídem). (Mayúsculas del texto, negrillas de la Sala).
Acorde con constancia del 28 de junio de 2016, suscrita por el director del Establecimiento Carcelario para Miembros del Ejército Nacional, se hizo constar:
El jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional por medio de Resolución 0904 del 6 de mayo de 2013, ordenó la suspensión de funciones del demandante en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 1°. Suspender en funciones al señor Soldado Profesional FABIAN (SIC) GRANADA OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.075.921 expedida en Manizales (Caldas), orgánico del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4, de conformidad con la parte motiva del presente acto.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que mientras dura la suspensión, el mencionado Soldado Profesional perciba las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del salario básico devengado.». (Folios 10 a 11, ídem).
Lo anterior, en virtud de las consideraciones que a continuación se transcriben:
«Que al señor Soldado Profesional FABIAN (SIC) GRANADA OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.075.921 expedida en Manizales (Caldas), el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota (Cundinamarca), le emitió boleta de detención N° 0014 dentro del proceso N° 252146101195201280256 seguido por el delito de FABRICACIÓN (SIC), TRAFICO (SIC) Y PORTE DE ARMAS, MUNICIONES DE USO RESTRINGIDO, DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS.
Que el señor Mayor Ulises Pestana Díaz, Director del Establecimiento Carcelario para Miembros del Ejército Nacional Cantón Sur, certifica que el Soldado Profesional FABIAN (SIC) GRANADA OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.075.921 expedida en Manizales (Caldas), excede más de 60 días detenido a la fecha.
Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-289 del dieciocho (18) de abril de dos mil doce (2012), declaro (sic) exequible condicionalmente el artículo 11 del Decreto Ley 1793 de 2000, en el entendido que la palabra retirado deberá entenderse como suspendido.
Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2367 del veintidós (22) de noviembre de 2012 “Por el cual se reglamenta el artículo 11 del Decreto Ley 1793 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, corresponde al Comandante de la respectiva Fuerza suspender en funciones al personal de Soldados Profesionales a quien se le profiera medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que exceda 60 días calendario.
Que el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto 2367 del veintidós (22) de noviembre de 2012 establece que, durante el tiempo que dure la Suspensión del Soldado Profesional percibirá primas, subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del salario básico devengado.». (Ídem). (Mayúsculas y negrillas del texto original).
El Juzgado de Conocimiento Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Descongestión condenó al demandante a 10 años y 1 mes de prisión, por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, a través sentencia del 19 de febrero de 2014. (Folios 180 a 187, del cuaderno de antecedentes administrativos).
Posteriormente, mediante Orden Administrativa 1587 del 5 de junio de 2014, signada por el jefe de Desarrollo Humano y el director de personal del Ejército Nacional, se retiró del servicio activo, entre otros, al señor Fabián Granada Osorio a partir del 27 de mayo de 2014, por la causal «condena a prisión o condena». (Folios 11 a 12 del cuaderno principal).
Se allegaron igualmente los certificados de pagos realizados por el Ejército Nacional a favor del libelista entre diciembre de 2012 a junio de 2014. (Folios 14 a 32, ídem).
El 28 de junio de 2016, el demandante elevó petición ante el director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, tendiente al reconocimiento y pago de la asignación de retiro, por haber prestado sus servicios como soldado profesional por 21 años, 5 meses y 27 días. (Folios 33 a 35, ídem).
El subdirector administrativo encargado de las funciones de la Dirección General de Casur, negó la anterior solicitud por medio de Resolución 5863 del 19 de agosto de 2016, conforme a los siguientes argumentos:
«3. Que mediante Oficio No. 20165350969371 MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-COPER-DIPSO-CE 2529 del 26 de julio de 2016, radicado en esta Caja de Retiro, […] el Subdirector de Prestaciones Sociales del Ejército remite expediente prestacional del señor Soldado Profesional (r) del Ejército FABIAN (SIC) GRANADA OSORIO, encontrándose relacionada la Hoja de Servicios No. 3-75075921 del 04 de mayo de 2015, en la cual consta que el referido militar fue retirado del servicio por la causal de “CONDENA A PRISION (SIC) O CONDENA”, con un tiempo de servicio de 19 años, 11 meses y 26 días, con novedad fiscal el día 27 de mayo de 2014 como consta en la Orden Administrativa de Personal No. 1587 del 04 de junio de ese mismo año, bajo la vigencia del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004.
[…]
6. Que por los hechos anteriormente señalados, es procedente negar el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro al señor Soldado Profesional (r) del Ejército FABIAN (SIC) GRANADA OSORIO, toda vez que fue retirado de la actividad militar por la causal de “CONDENA A PRISION (SIC) O CONDENA” y el tiempo para la asignación de retiro señalado en la hoja de servicios de fecha 27 de mayo de 2014, es de 19 años, 11 meses y 26 días, con lo cual queda claro que el militar cuenta con menos de 20 años de servicio situación que impide a ésta Entidad reconocer asignación de retiro a su favor.». (Folios 211 vuelto a 212 del cuaderno de antecedentes administrativos). (Mayúsculas y negrillas del texto original).
Con base en lo probado para la presente actuación, es posible extraer que, efectivamente el señor Fabián Granada Osorio estuvo vinculado al Ejército Nacional en calidad de soldado. El tiempo de servicio a la institución según la Hoja de Servicios 3-75075921 del 4 de mayo de 2015, en concordancia con la constancia fechada 10 de julio de 2014, signada por el oficial de Sección de Atención al Usuario de la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, lo fue por 21 años, 3 meses y 26 días, distribuidos de la siguiente manera:
Como soldado regular en cumplimiento del servicio militar obligatorio, desde el 14 de enero de 1993 hasta el 23 de junio de 1993, para un total de 5 meses y 10 días.
Como soldado de policía militar, entre el 24 de junio de 1993 y el 30 de junio de 1994, para un total de 1 año y 6 días.
Como soldado voluntario del 17 de julio de 1994 al 31 de octubre de 2003, para un total de 9 años, 3 meses y 14 días.
Como soldado profesional desde el 1.° de noviembre de 2003 hasta el 27 de mayo de 2014, para un total de 10 años, 6 meses y 26 días
No obstante lo anterior, se le descontó 1 año, 5 meses y 23 días por la suspensión en el ejercicio de sus funciones dado la medida preventiva que le fue impuesta en virtud del proceso penal seguido en su contra por los delitos de por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, por lo que el tiempo de servicio quedó en un total de 19 años, 11 meses y 26 días.
Fue retirado del servicio mediante Orden Administrativa 1587 del 5 de junio de 2014, efectiva a partir del 27 de mayo de 2014, por la causal «condena a prisión o condena», ello dado que el Juzgado de Conocimiento Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Descongestión lo condenó a 10 años y 1 mes de prisión, por los mencionados delitos, providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, a través sentencia del 19 de febrero de 2014.
Ahora bien, al analizar el tiempo en que estuvo con medida de aseguramiento el libelista, se observa que la Boleta de Detención 0014 se expidió el 11 de diciembre de 2012, ello con concordancia con la certificación aportada por el director del Establecimiento Carcelario para Miembros del Ejército Nacional en la cual se hizo constar que el señor Fabián Granada Osorio estuvo privado de su libertad desde el 12 de diciembre de 2012.
De esta forma, si fue retirado del servicio a partir del 27 de mayo de 2014, según se advierte en Orden Administrativa 1587 del 5 de junio de la mencionada anualidad, lo cual es coincidente con la hoja de servicios aportada en el plenario, lo cierto es que el tiempo a descontar por medida de preventiva de aseguramiento y que no puede ser tenido en cuenta para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, como se analizó en apartes precedentes, es el lapso comprendido entre el 11 de diciembre de 2012 y el 26 de mayo de 2014 (día anterior al retiro del servicio), lo cual da como resultado total 1 año, 5 meses y 14 días.
Bajo esta intelección, la Subsección encuentra que, aun cuando en la Hoja de Servicios 3-75075921 se registró que el tiempo de servicio deducido por la justicia para efectos prestacionales de 1 año, 5 meses y 23 días, conforme lo demostrado en el sub lite con los medios de prueba legalmente aportados; el tiempo a descontar es de 1 año, 5 meses y 14 días, período en el que se le decretó la medida de aseguramiento y se expidió la boleta de detención hasta el 26 de mayo de 2014 (día anterior al retiro definitivo del servicio por la causal de «condena a prisión o condena».
En línea con lo expuesto, el tiempo que no puede ser tenido en cuenta para obtener la asignación de retiro, a la luz del parágrafo del artículo 7.° del Decreto 4433 de 2004, vigente para la época en que fue suspendido el demandante, es de 1 año, 5 meses y 14 días, es diáfano para esta Sala que supera los 20 años de servicio para ser beneficiario de la prestación que depreca.)
Lo anterior en la medida que al efectuarse el cálculo aritmético, solo le faltaban 4 días para cumplir los 20 años que exige el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, y si se le incorporan los 9 días que es la diferencia entre los 23 días que le descontaron y los 14 días que era lo procedente deducir, lo cierto es que cumple con las exigencias de la mentada codificación para acceder a la prestación que depreca.
Se resalta que esta conclusión no representa un juicio de legalidad de la Hoja de Servicios 3-75075921, asunto que no es pertinente por ser un acto de trámite y no ser objeto de la demanda, sino la interpretación de su contenido de acuerdo con lo específico del caso estudiado y con las normas de los Decretos 1793 de 2000, 4433 de 2004 y 2367 de 2012.
Aunado a ello, es procedente el anterior cálculo y cotejo con la hoja de servicios, dado que se probó dentro del plenario el tiempo durante el cual el libelista fue objeto de la medida preventiva de aseguramiento desde que le fue dictada la medida hasta la fecha en que fue retirado del servicio por la condena penal, lo cual le permitía o no acceder a la asignación de retiro, teniendo en cuenta que solo le faltaban 4 días para ser beneficiario de aquella.
De otro lado, se resalta que si bien no es objeto del recurso de apelación, sí se hace necesario indicar que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del orden nacional que se encuentra adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, entidad a la que de conformidad con la Ley 923 de 2004, artículo 3.10, le corresponde la administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sustituciones, cuyas funciones están descritas de manera detallada en el Acuerdo 08 de 2002, por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la entidad, por lo que esa entidad que debe reconocer la prestación aquí ordenada.
Por lo tanto, con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió a las súplicas de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
En conclusión: el demandante cumplió con las exigencias previstas en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 para ser beneficiario de la asignación de retiro que reclama, toda vez que demostró prestar sus servicios por más de 20 años en su calidad de soldado profesional del Ejército Nacional.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden se confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 13 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, pero por los argumentos aquí esbozados, habida cuenta de que no prosperaron los argumentos del recurso de apelación de la entidad demandada.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público.
Por tanto, en ese hilo argumentativo, se condenará en costas a la entidad demandada y a favor de la parte demandante, toda vez que resultó vencida en esta instancia, pues no prosperaron los argumentos del recurso de alzada y el señor Fabián Granada Osorio presentó alegatos de conclusión en esta instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo acorde con lo regulado en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 13 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Fabián Granada Osorio contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la entidad demandada y a favor de la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Reconocer personería adjetiva a la abogada María Cristina Bustos Bahamón identificada con la cédula de ciudadanía número 41.463.239 y portadora de la tarjeta profesional 66.775 del Consejo de la Judicatura, como apoderada sustituta de la parte demandante, en los términos del poder a ella conferido. (Índices 13 y 14 SAMAI).
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. En adelante CREMIL.
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA. Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015). Corte Constitucional sentencia C-1143 de 2004. Ver, entre otras, la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de noviembre de 2017, radicación: 05001-23-33-000-2013-01349-01(1169-17), actor: Jorge Elías Salazar Pedreros. Corte Constitucional sentencia C-101 de 2003. Corte Constitucional Sentencia C-432 de 2004.
«Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario».
«Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares».
«Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares». Artículo 2 del Decreto 2728 de 1968.
«Artículo 5. A la muerte de un soldado o grumete en goce de pensión, su esposa e hijos inválidos absolutos en forma vitalicia, y sus hijos menores legítimos o naturales, hasta cuando cumplan la mayor edad o se emancipen, tendrán derecho a devengar la totalidad de la prestación que venía percibiendo el causante. A falta de esposa e hijos menores, la prestación corresponderá a los padres legítimos o naturales del causante únicamente por el término de cinco (5) años. (expresión tachada declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-002 de 1999). Parágrafo. A las viudas y a los hijos inválidos absolutos de los soldados o grumetes que se encuentren en la actualidad en la actualidad devengando o tengan derecho causado a disfrutar los cinco (5) años de sustitución pensional, les queda prorrogado en forma vitalicia a partir de la vigencia del presente decreto en derecho consagrado en este artículo y para los hijos menores hasta cuando se emancipen o cumplan la mayor edad».
«Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones sociales del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Agentes, Soldados, Grumetes y Personal Civil del Ministerio de Defensa y Servidores de las entidades adscritas o vinculadas a éste».
«Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen de la vigilancia privada».
«Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares».
«Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional». Artículo 1.°.
«Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de soldados Profesionales de las Fuerzas Militares». El cual fue derogado por el artículo 45 del Decreto 4433 de 2004. También derogado por el Decreto 4433 de 2004. Artículo 1.°. Esta prima de antigüedad se consagró para los soldados voluntarios en las siguientes normas: Decreto 335 de 1992 (art. 17); Decreto 25 de 1993 (art. 31); Decreto 65 de 1994 (art. 30); Decreto 133 de 1995 (art. 31); Decreto 107 de 1996 (art. 29); Decreto 122 de 1997 (art. 30); Decreto 58 de 1998 (art. 31); Decreto 62 de 1999 (art. 32); Decreto 1463 de 2001 (art. 31); Decreto 2737 de 2001 (art. 31); Decreto 745 de 2002 (art. 31) y Decreto 3552 de 2003 (art. 30).
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
«Artículo 17. Facultades extraordinarias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para:
[…]
3. Expedir normas con fuerza de ley para reformar los regímenes pensionales propios de las Fuerzas Militares y de Policía y DAS de conformidad con los artículos 217 y 218 de la Constitución Política».
«Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares».
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política». Tal y como lo sostuvo esta Subsección en sentencia del 24 de junio de 2021, radicado: 52001233300020170066501 (5170-2019). Este articulado fue modificado por el artículo 1.° de la Ley 1984 de 2019: El nuevo texto es el siguiente: «Artículo 11. Suspensión por detención preventiva. Cuando por mandato autoridad judicial penal ordinaria, militar o disciplinaria se disponga la suspensión de funciones de un Soldado Profesional o Infante de Marina Profesional, esta se cumplirá mediante resolución expedida por el Comandante de la respectiva Fuerza. Parágrafo 1°. Durante el tiempo de la suspensión el Soldado Profesional o Infante de Marina Profesional percibirá las primas, subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del salario básico correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con preclusión de la investigación, cesación de procedimiento, archivo de la investigación, excluido de la responsabilidad disciplinaria o penal deberá reintegrársele el porcentaje del salario básico retenido. Parágrafo 2°. Cuando la sentencia sea condenatoria, las sumas retenidas pasarán a formar parte de los recursos propios de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Parágrafo 3°. Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena impuesta por la autoridad competente, se reintegrará el excedente de los salarios retenidos. Parágrafo 4°. Cuando se conceda el derecho de libertad provisional no procederá la suspensión de funciones».
«Por el cual se reglamenta el artículo 11 del Decreto-ley 1793 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
«Por la cual se expide el Código Penal». Radicado: 25000-23-42-000-2015-00614-01(4751-17).
«…la hoja de servicios se constituye en el documento válido para la demostración del tiempo de servicios y por ello, se infiere que tal documento resulta ser un acto preparatorio del reconocimiento del derecho prestacional» Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 76001-23-33-000-2014-00129-01(4219-16). Actor: Álvaro Murcia Anturi. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá D.C. 20 de septiembre de 2018. Según se señaló en la sentencia del 19 de febrero de 2014, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, los hechos que dieron lugar a la medida de aseguramiento se presentaron el 10 de diciembre de 2012, en las horas de la noche (folio 186 del cuaderno de antecedentes administrativos). El Decreto Ley 2342 de 1971 «Por el cual se reorganiza la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares», en el artículo 1 prevé «La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, creada y reorganizada por las Leyes 75 le 1925, 104 de 1927, 105 de 1936, 100 de 1946 y Decretos Nos.
1680 de 1942 y 240 de 1952, es un establecimiento público, es decir, un organismo dotado, de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargado de desarrollar la política y los planes generales que en materia de seguridad social adopte el Gobierno Nacional respecto del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares retirados en goce de asignación de retiro y sus beneficiarios.»
Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»
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