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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2001-01391-01

Fecha
24 de abril de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2001-01391-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR el auto del 24 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección B, mediante el cual se sancionó a la doctora Lorena López Anaya por desacato al fallo de tutela del 10 de septiembre de 2001, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito. 12 Radicación: 25000-23-15-000-2001-01391-01 Accionante: Luz Mary González Cárdenas Resuelve grado jurisdiccional de consulta – incidente de desacato TERCERO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-15-000-2001-01391-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

24 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026)

RADICACIÓN NÚMERO: 25000-23-15-000-2001-01391-01
ACCIONANTE: LUZ MARY GONZÁLEZ CÁRDENAS
ACCIONADA: EPS FAMISANAR Y OTROS
ASUNTO: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA –
INCIDENTE DE DESACATO

DESACATO EN ACCIÓN DE TUTELA-Tiene por objeto el cumplimiento de la sentencia. GRADO
JURISDICCIONAL DE CONSULTA-Competencia limitada a los aspectos desfavorables al sancionado.
CONSULTA EN DESACATO-Revoca sanción al acreditarse la reanudación del tratamiento que motivó el
incidente. INCIDENTE DE DESACATO-No constituye escenario para redefinir el alcance material de la orden
de tutela.

La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta del auto del 24 de febrero de 2026,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-
Subsección B, que sancionó a la señora Lorena López Anaya, con multa de cinco
(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por desacatar el fallo de tutela del
10 de septiembre de 2001, proferido por esa autoridad.

I. ANTECEDENTES

El 27 de agosto de 2001, Luz Mary González Cárdenas, en representación de su
hijo Santiago Moncada González, interpuso acción de tutela contra la EPS
Famisanar y el entonces FOSYGA, hoy ADRES, con el fin de obtener el amparo de
los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social del menor,
quien padecía síndrome de Down. Para ese efecto, solicitó que se ordenara a dicha
entidad autorizar y cubrir el tratamiento requerido por su hijo en la Corporación
Síndrome de Down, por tratarse de una institución especializada en la atención de
esa condición y necesaria para su desarrollo motriz y de aprendizaje.

Mediante sentencia del 10 de septiembre de 2001, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca amparó los derechos fundamentales invocados de Santiago
Moncada González y, en consecuencia, ordenó:

«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, a la salud
y a la seguridad social del menor SANTIAGO MONCADA GONZÁLEZ,
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este fallo. En
consecuencia, ORDENAR a la EPS FAMISANAR, para que en el término

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Accionante: Luz Mary González Cárdenas
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de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo autorice y
cubra el tratamiento en la CORPORACIÓN SÍNDROME DE DOWN que
requiere el niño, pudiendo repetir lo pagado contra el FOSYGA en caso
de que el costo del mismo se encuentre por fuera del POS, entidad a la
que también se vincula, para que proceda de conformidad con lo aquí
expuesto (…)».

Contra esa decisión no se interpuso impugnación. En consecuencia, al haber sido
excluida de revisión por la Corte Constitucional, mediante auto del 1 de febrero de
2002 se ordenó estar a lo resuelto en el fallo de tutela.

El 2 de marzo de 2021, Luz Mary González Cárdenas, en representación de su hijo,
promovió incidente de desacato al afirmar que desde 2017 se había interrumpido el
tratamiento integral que recibía en la Corporación Síndrome de Down, situación que,
en su criterio, afectó su proceso de desarrollo y lo aisló de sus entornos académico,
social y de bienestar. Ese memorial fue puesto en conocimiento del despacho el 5
de marzo de 2021, una vez se surtió el desarchivo del expediente.

Por auto del 14 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Cuarta-Subsección-B, corrió traslado a la EPS Famisanar, vinculó a la
Corporación Síndrome de Down y les requirió pronunciamiento sobre el presunto
incumplimiento del fallo. En respuesta del 20 de abril de 2021, la EPS Famisanar
sostuvo que había adelantado las gestiones necesarias para cumplir la orden de
tutela, indicó que Santiago Moncada González había permanecido activo en
tratamiento hasta 2018 y señaló que la suspensión obedeció a la ausencia de orden
médica. Asimismo, informó que programó valoración por psiquiatría para determinar
la pertinencia del tratamiento y, de ser procedente, efectuar la remisión a la
Corporación Síndrome de Down.

El 11 de mayo de 2021, la parte accionante manifestó que la EPS solo había
autorizado 32 horas mensuales, intensidad que consideró insuficiente frente al
programa de la Corporación Síndrome de Down, razón por la cual solicitó requerir
nuevamente a la EPS para que cumpliera integralmente la sentencia. En atención
a ello, mediante auto del 27 de julio de 2021 se requirió a la EPS Famisanar para
que allegara el concepto psiquiátrico y se pronunciara sobre lo expuesto por la
actora, y también se requirió a la Corporación Síndrome de Down.

El 28 de julio de 2021, la Corporación Síndrome de Down informó que el proceso
de rehabilitación de Santiago Moncada González se desarrolló desde octubre de
2002 hasta enero de 2019, fecha en la que la madre reportó que la EPS no expidió
nueva orden por razón de la mayoría de edad del joven. Igualmente, precisó que,
sin contar con autorización, practicó una evaluación inicial sin costo y que
posteriormente, el 7 de mayo de 2021, la EPS autorizó su reingreso con una

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intensidad de 32 horas mensuales, dentro del programa “Crecer hacia la vida
adulta”.

A su turno, el 4 de agosto de 2021, la EPS Famisanar informó que, con fundamento
en la valoración interdisciplinaria practicada el 7 de mayo de 2021 por el Instituto
Nacional de Demencias Emanuel-INDE-, se ordenó un plan de rehabilitación de 32
horas mensuales por seis meses, que comprendía terapia física, ocupacional,
lenguaje y psicología, con continuidad del manejo en la Corporación Síndrome de
Down.

El 24 de septiembre de 2021, la accionante insistió en que esa intensidad resultaba
insuficiente, pues el programa ordinario de la corporación correspondía a 20 horas
semanales y su hijo no asistía ni a la mitad del tratamiento que, a su juicio, requería.

Mediante auto del 28 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección B se abstuvo de dar curso al incidente
de desacato, al considerar que la EPS había acreditado la existencia de una
valoración médica especializada y la autorización de un plan de manejo de 32 horas
mensuales, de manera que no correspondía al juez constitucional sustituir el criterio
médico para fijar una intensidad horaria superior. No obstante, instó a la EPS
Famisanar para que participara activamente en la evolución de Santiago Moncada
González y realizara, de ser necesario, nuevas valoraciones médicas y científicas
para determinar si se requería un tratamiento de mayor intensidad en la Corporación
Síndrome de Down.

El 26 de enero de 2026, Luz Mary González Cárdenas radicó, a través de SAMAI,
nueva solicitud de incidente de desacato dentro del proceso de tutela, en la cual
informó que ese mismo día recibió una llamada de la Corporación Síndrome de
Down para comunicarle que la EPS Famisanar había ordenado el egreso del
tratamiento de rehabilitación de su hijo Santiago Moncada González. En esa misma
fecha, remitió correo electrónico a la EPS, con copia al Tribunal y a la Corporación,
en el que exigió el cumplimiento inmediato e integral del fallo de tutela, solicitó la
revocatoria de la orden de egreso y reclamó la continuidad del tratamiento en los
términos ordenados judicialmente.

El 3 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Cuarta-Subsección B requirió al representante legal de la EPS Famisanar y al
representante de la Corporación Síndrome de Down para que, dentro del término
de dos (2) días, rindieran un informe detallado sobre la interrupción del tratamiento

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de rehabilitación de Santiago Moncada González y sobre las gestiones adelantadas
para cumplir la sentencia de 10 de septiembre de 2001.

El 4 de febrero de 2026, Luz Mary González Cárdenas presentó nuevo memorial en
el que reiteró el incumplimiento del fallo de tutela, insistió en que la orden de egreso
contrariaba una decisión judicial vigente y advirtió la grave afectación de los
derechos fundamentales de su hijo, persona con discapacidad y sujeto de especial
protección constitucional.

El 11 de febrero de 2026, el despacho requirió al doctor Germán Darío Gallo Rojas,
en calidad de agente interventor de la EPS Famisanar, y al representante legal de
la Corporación Síndrome de Down, para que presentaran informe detallado sobre
la interrupción del tratamiento y sobre las gestiones adelantadas para dar estricto
cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia de tutela. Ese auto fue
notificado el 12 de febrero de 2026.

El 12 de febrero de 2026, la Corporación Síndrome de Down informó que la atención
de sus usuarios dependía de la autorización expedida por la EPS respectiva y
precisó que, en el caso de Santiago Moncada González, el 22 de enero de 2026
recibió un correo electrónico de la EPS Famisanar en el que se ordenó el egreso
del tratamiento de rehabilitación. Asimismo, indicó que se encontraba a la espera
de una nueva autorización para reiniciar la atención del joven.

El 13 de febrero de 2026, Lorena López Anaya, gerente técnico regional de la EPS
Famisanar, allegó memorial en el que manifestó que era la encargada del
cumplimiento del fallo de tutela y señaló que el área competente se encontraba
adelantando las gestiones pertinentes, sin precisar cuáles ni aportar soportes de
cumplimiento.

Ante la ausencia de prueba efectiva sobre la reanudación del servicio, el despacho
se comunicó telefónicamente con Luz Mary González Cárdenas, quien manifestó
que la EPS Famisanar no había gestionado el cumplimiento del fallo y que su hijo
continuaba sin recibir el tratamiento de rehabilitación. En virtud de ello, mediante
auto del 18 de febrero de 2026 se abrió incidente de desacato contra Lorena López
Anaya, en su calidad de gerente técnico regional de la EPS Famisanar, y se le
concedió el término de tres (3) días para rendir informe detallado sobre el
cumplimiento de la sentencia.

El 19 de febrero de 2026 ingresó al despacho la información remitida por la
Corporación Síndrome de Down, en la que reiteró que el egreso del tratamiento fue

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ordenado por la EPS Famisanar el 22 de enero de 2026 y que la institución
permanecía a la espera de la reanudación y autorización de los servicios para
reiniciar la atención de Santiago Moncada González.

El 23 de febrero de 2026, Luz Mary González Cárdenas allegó memorial en el que
indicó que su hijo requería 56 horas mensuales de rehabilitación integral, conforme
al modelo de atención y a los criterios técnicos de la Corporación Síndrome de
Down. Señaló que la autorización de 32 horas mensuales resultaba insuficiente, por
no garantizar un tratamiento continuo, integral y efectivo, y solicitó que se requiriera
a dicha institución para que emitiera un informe terapéutico integral sobre las
necesidades reales de intervención de Santiago.

Mediante auto de 24 de febrero de 2026, la Sala concluyó que la EPS Famisanar
no acreditó gestión alguna tendiente a reanudar el tratamiento de rehabilitación ni
justificó válidamente el incumplimiento del fallo de tutela. En consecuencia, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR que la Doctora Lorena López Anaya
identificada con cédula de ciudadanía No. 36.720.031 en su calidad de
Gerente Técnico de Salud Regional de la EPS FAMISANAR, incurrió en
desacato respecto de la orden contenida en la sentencia de fecha 10 de
septiembre de 2001.

SEGUNDO: IMPONER a la Doctora Lorena López Anaya identificada
con cédula de ciudadanía No. 36.720.031 en su calidad de Gerente
Técnico de Salud Regional de la EPS FAMISANAR, multa equivalente a
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá ser
pagada en la cuenta No. 3-0070000030-4 del Banco Agrario de Colombia,
denominada DTN-Multas y Cauciones - Consejo Superior de la
Judicatura, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
decisión, conforme al artículo 10 de la Ley 1743 de 2014.

TERCERO: ADVERTIR a la Doctora Lorena López Anaya, que la
imposición de la sanción no la releva del deber de dar cumplimiento a la
orden judicial.

CUARTO: REQUERIR a la Doctora Lorena López Anaya en su calidad
de Gerente Técnico de Salud Regional de la EPS FAMISANAR, para que,
en el término de 48 horas, siguientes a la notificación de esta providencia,
acredite el cumplimiento de la orden impartida y proceda a reanudar el
tratamiento de rehabilitación del Joven Santiago Moncada González.

QUINTO: En firme esta providencia, la Secretaría de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debe dar cumplimiento al
artículo 367 del Código General del Proceso.

SEXTO: REMITIR el expediente del proceso de la referencia al Consejo
de Estado, para surtir el grado de consulta, de conformidad con lo previsto
en el artículo 52 del Decreto-Ley 2591 de 1991. (…)».

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Finalmente, el 26 de febrero de 2026, Luz Mary González Cárdenas reiteró la
necesidad de incrementar las horas de rehabilitación integral de su hijo y pidió que
se garantizara la autorización y prestación integral del proceso terapéutico,
conforme a sus necesidades clínicas y a lo ordenado en el fallo de tutela, sin
limitaciones que afectaran su desarrollo y la continuidad del tratamiento.

El 2 de marzo de 2026, el expediente entró al despacho del suscrito consejero para
surtir el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta dentro del incidente
de desacato. Al día siguiente, el 3 de marzo de 2026, Lorena López Anaya, en
calidad de gerente técnico salud regional de la EPS Famisanar, presentó escrito en
el que solicitó la nulidad y/o revocatoria de la sanción impuesta, con fundamento en
presuntas irregularidades procesales del trámite incidental, entre ellas la falta de
individualización del responsable del cumplimiento, la omisión de requerimiento al
superior jerárquico y la indebida notificación del sujeto pasivo de la sanción.

El mismo día, la Corporación Síndrome de Down expidió certificación en la que hizo
constar que Santiago Moncada González retomó los servicios de rehabilitación por
32 horas al mes a partir ese martes 3 de marzo de 2026 a las 8:00 a. m., de acuerdo
con la autorización otorgada por la EPS Famisanar.

El 4 de marzo de 2026, Lorena López Anaya allegó la misma certificación expedida
por la Corporación Síndrome de Down y afirmó que con ella se acreditaba la
reanudación del servicio de rehabilitación. Con apoyo en ese documento, solicitó la
revocatoria de la multa y el archivo definitivo del trámite, al considerar que se había
dado cumplimiento total a la orden judicial.

Mediante auto del 5 de marzo de 2026, el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección C asumió el conocimiento del grado jurisdiccional de consulta, dejó
constancia de los antecedentes procesales y requirió a la EPS Famisanar y a la
Corporación Síndrome de Down para que, dentro del término de tres días,
informaran si la EPS dispuso el egreso del tratamiento de rehabilitación que recibía
Santiago Moncada González, cuáles fueron las razones médicas, administrativas o
contractuales de esa determinación y qué gestiones se habían adelantado para
garantizar la continuidad del tratamiento ordenado en el fallo de tutela del 10 de
septiembre de 2001 y para reanudar de manera inmediata la atención del paciente.
En esa misma providencia se suspendió el término para decidir mientras se
allegaban los informes requeridos.

Finalmente, el 18 de marzo de 2026, Lorena López Anaya y María Alejandra Corcho,
esta última en calidad de gerente de salud de la EPS Famisanar y superior

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jerárquica, presentaron nuevo memorial ante el Consejo de Estado, en el que
reiteraron la solicitud de revocatoria de la sanción. En dicho escrito insistieron en
que el servicio ya había sido retomado en la Corporación Síndrome de Down por 32
horas al mes desde el 3 de marzo de 2026 y pidieron dejar sin efectos la sanción,
cerrar el trámite y archivar las diligencias.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para decidir el grado jurisdiccional de consulta de la
providencia que impone una sanción por desacato a una orden de un juez
constitucional tutela, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Aunque el fallo no fue impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
080 de 2019, por Secretaría fue repartido al despacho del magistrado ponente.

Su estudio se limitará a lo que resulte desfavorable al sancionado, ya que esta
oportunidad no está prevista como un medio de impugnación de la decisión, sino
como un control automático del superior funcional sobre la legalidad de la sanción
impuesta en desacato1.

Incidente de desacato

Según el artículo 52, ya citado, la persona que incumpliere una orden judicial
proferida por el juez de tutela, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta
de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, sin
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción la impondrá la
misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que la imposición de la sanción por
desacato requiere la verificación sobre el incumplimiento material de la orden judicial
(factor objetivo) y que el obligado ha sido negligente o renuente a acatar la
disposición del juez (factor subjetivo). Es decir, no es posible presumir la
responsabilidad únicamente con apoyo en la falta de ejecución del fallo de la acción
de tutela2.

En esa medida, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el incidente
de desacato debe verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii)

1 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-243 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-939 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente
existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de ser
el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo
ordenado dentro del proceso3.

La finalidad del incidente de desacato no es sancionar al incumplido, sino propender
por el acatamiento de la sentencia, mediante medidas de carácter coercitivo contra
quien deliberadamente se sustrae de hacer efectivas las órdenes judiciales para la
protección de un derecho fundamental.

El estudio del desacato comprende todos los aspectos relacionados con el
cumplimiento de las órdenes del juez, pero no es el escenario para reabrir el debate
propio de la instancia de la acción de tutela4, salvo para modular órdenes complejas
que no puedan ejecutarse inmediatamente o requieran acciones de múltiples
personas, de manera excepcional y sin alterar el contenido esencial del amparo5.

Grado jurisdiccional de consulta del auto que sanciona por desacato

El grado jurisdiccional de consulta en las sanciones por desacato está regulado en
el artículo 52 del artículo 2591 de 1991, al establecer que:

«La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental
y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres
días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el
efecto devolutivo».

La Corte Constitucional ha señalado que la consulta «no se trata de un recurso que
se presente a petición de parte, sino de un control que opera automáticamente, con
el fin de que la autoridad de nivel superior establezca la legalidad de la decisión
adoptada por el inferior»6.

Respecto del alcance de las decisiones del juez de consulta, dicha Corte ha
determinado que se deben verificar los siguientes aspectos7:

«(i) si hubo incumplimiento y si este fue total o parcial, apreciando en
ambos casos las circunstancias del caso concreto –la causa del
incumplimiento– con el fin de identificar el medio adecuado para asegurar
que se respete lo decidido.

(ii) si existe incumplimiento, deberá analizar si la sanción impuesta en el
incidente de desacato es la correcta, en esta etapa, se corrobora que no
haya una violación de la Constitución o de la Ley y que la sanción es
adecuada, dadas las circunstancias específicas de cada caso, para

3 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-034 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-188 de 2002, T-421 de 2003 y T-512 de 2011.
5 Corte Constitucional. Sentencias T-086 de 2003 y T-1113 de 2005.
6 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-034 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
7 Ibidem.

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alcanzar el fin que justifica la existencia misma de la acción de tutela, es
decir, asegurar el goce efectivo del derecho tutelado por la sentencia»8.

A su vez, recordando que la finalidad última del incidente de desacato es la de hacer
efectiva la protección de los derechos fundamentales objeto de amparo, la Corte ha
admitido que, en determinadas circunstancias, el juez que conoce el grado
jurisdiccional de consulta adicione lo resuelto por el a quo a través de medidas
complementarias o ajustes, tendientes a asegurar el cumplimiento de las órdenes
de tutela. Todo esto circunscrito a la parte resolutiva de la sentencia de tutela, pues
no es este el escenario para abrir el debate previamente clausurado.

Caso concreto

La Sala anticipa que revocará la sanción impuesta a la doctora Lorena López Anaya,
en su calidad de gerente técnico de salud regional de la EPS Famisanar, por cuanto
en esta instancia se acreditó la reanudación del tratamiento de rehabilitación que
motivó la apertura del incidente de desacato y, en consecuencia, la medida
coercitiva perdió su justificación actual.

En efecto, del recuento procesal se advierte que la nueva solicitud de desacato
presentada el 26 de enero de 2026 se sustentó, de manera concreta, en que la EPS
Famisanar habría dispuesto el egreso del tratamiento de rehabilitación que Santiago
Moncada González recibía en la Corporación Síndrome de Down, con lo cual se
produjo la interrupción del servicio ordenado en el fallo de tutela del 10 de
septiembre de 2001. Esa circunstancia encontró respaldo inicial en las piezas
allegadas al expediente, pues la propia Corporación Síndrome de Down informó que
el 22 de enero de 2026 recibió un correo electrónico de la EPS Famisanar en el que
se ordenó el egreso del tratamiento, y precisó que se encontraba a la espera de una
nueva autorización para reiniciar la atención del joven. A ello se sumó que la
respuesta presentada el 13 de febrero de 2026 por la doctora Lorena López Anaya
no acreditó el cumplimiento efectivo de la orden judicial, en tanto se limitó a señalar
que el área competente adelantaba gestiones, sin precisar cuáles eran ni
acompañar soportes de cumplimiento. En esas condiciones, para la fecha en que el
a quo profirió el auto del 24 de febrero de 2026, sí obraban elementos que daban
cuenta de una interrupción material del servicio y de la ausencia de prueba
suficiente sobre su reanudación.

Cabe agregar que, en el trámite incidental promovido en 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección B se abstuvo de dar
curso al desacato, al considerar que, para ese momento, la EPS Famisanar había

8 [61] «Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa».

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acreditado una valoración médica especializada y la autorización de un plan de
rehabilitación por 32 horas mensuales en la Corporación Síndrome de Down. Ese
antecedente mostraba que la controversia que dio lugar al presente trámite no se
originó, en principio, en la sola intensidad horaria autorizada, sino en la posterior
interrupción del tratamiento y en la orden de egreso comunicada en enero de 2026.
De igual forma, evidenciaba que el juez constitucional, desde 2021, había estimado
que no le correspondía sustituir el criterio médico para fijar una intensidad horaria
superior dentro del marco del desacato.

No obstante, el examen que compete al juez de consulta no se agotó en verificar si
existió incumplimiento al momento en que se impuso la sanción. También exigía
establecer si, a la luz de las circunstancias actuales del expediente, la medida
coercitiva conservaba utilidad y necesidad para asegurar el goce efectivo del
derecho protegido. En otras palabras, dado que el incidente de desacato no
perseguía un fin puramente sancionatorio, sino la obtención del cumplimiento de la
orden de tutela, una vez en sede de consulta se acreditó que la prestación omitida
ya fue satisfecha, correspondía valorar si subsistían razones constitucionales que
justificaran mantener la sanción impuesta por el juez de primera instancia.

En el presente asunto, la Sala observa que, con posterioridad al auto sancionatorio,
la EPS Famisanar allegó certificación expedida por la Corporación Síndrome de
Down, fechada el 2 de marzo de 2026, en la que se hizo constar que Santiago
Moncada González retomó los servicios de rehabilitación por 32 horas al mes a
partir del martes 3 de marzo de 2026 a las 8:00 a. m., conforme a la autorización
emitida por esa EPS. Ese mismo documento fue aportado por Lorena López Anaya
ante el Consejo de Estado como sustento de su solicitud de revocatoria de la
sanción, y posteriormente fue reiterado en el memorial del 18 de marzo de 2026,
suscrito también por María Alejandra Corcho, gerente de salud de la EPS
Famisanar. Así, al momento de resolver la consulta, sí existe prueba directa,
proveniente de la institución prestadora del servicio, sobre la reanudación del
tratamiento cuya suspensión dio origen al incidente.

Ese elemento probatorio resulta determinante. La orden contenida en el fallo de
tutela del 10 de septiembre de 2001 consistió en que la EPS Famisanar autorizara
y cubriera el tratamiento en la Corporación Síndrome de Down que requería
Santiago Moncada González. Desde esa perspectiva, el objeto específico del nuevo
trámite incidental radicaba en restablecer la continuidad de ese tratamiento, luego
de que la accionante denunciara su egreso e interrupción. Por ello, una vez
acreditado que el servicio fue retomado en la misma institución en la que
históricamente se prestaba, la Sala concluye que la pretensión concreta que motivó

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el incidente quedó satisfecha. En consecuencia, la sanción perdió la finalidad
constitucional que la justificaba.

Ahora bien, la Sala advierte que la accionante, en memorial de 23 de febrero de
2026 y luego en escrito de 26 de febrero siguiente, sostuvo que su hijo requería 56
horas mensuales de rehabilitación integral y cuestionó que la EPS solo hubiera
autorizado 32 horas al mes. Sin embargo, esa controversia no permite mantener la
sanción objeto de consulta. Ello obedece a que el fallo de tutela de 2001 ordenó
autorizar y cubrir el tratamiento en la Corporación Síndrome de Down, pero no
definió una intensidad horaria específica. De ahí que el debate sobre si el plan de
32 horas mensuales satisface plenamente las necesidades terapéuticas actuales de
Santiago Moncada González excede el ámbito estricto de este grado jurisdiccional
de consulta, cuyo objeto se circunscribe a verificar la legalidad y necesidad de la
sanción impuesta dentro del desacato relacionado con la interrupción del
tratamiento.

De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará el auto del 24 de febrero de 2026,
en cuanto impuso multa a la doctora Lorena López Anaya, porque en esta instancia
se acreditó que la solicitud que dio origen al incidente de desacato, esto es, la
reanudación del tratamiento de rehabilitación de Santiago Moncada González en la
Corporación Síndrome de Down, fue satisfecha. En todo caso, la revocatoria de la
sanción no impide advertir a la EPS Famisanar que debe asegurar la continuidad
del tratamiento ordenado en el fallo de tutela del 10 de septiembre de 2001, sin
interrupciones injustificadas y con sujeción a las valoraciones médicas que
correspondan.

En mérito de lo expuesto, la Sala

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto del 24 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección B, mediante el cual se
sancionó a la doctora Lorena López Anaya por desacato al fallo de tutela del 10 de
septiembre de 2001, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.

12
Radicación: 25000-23-15-000-2001-01391-01
Accionante: Luz Mary González Cárdenas
Resuelve grado jurisdiccional de consulta – incidente de desacato

TERCERO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al despacho de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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