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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2006-00419-02

Acción de reparación directa: no condena

Fecha
31 de mayo de 2019
Consejero ponente
Guillermo Sánchez Luque

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2006-00419-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. INAPLÍCASE el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como quedó después del condicionamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, que no permite la reclamación por error judicial de las “altas cortes”, por ser incompatible con los artículos 10 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. CONFÍRMASE la sentencia del 15 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. Sin condena en costas. CUARTO. En firme esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-15-000-2006-00419-02

Consejero ponente: Guillermo Sánchez Luque

31 de mayo de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condena

DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL - No se acreditó / DAÑO ANTIJURÍDICO - No reintegro ni pago de salarios / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECISIONES DE LAS ALTAS CORTES / NULIDAD DE FALLO DE ALTA CORTE - Procedencia excepcional / APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - Por error judicial

SÍNTESIS DEL CASO: El Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 31 de enero de 2000 negó las pretensiones de reintegro y pago de salarios de [ACTOR] porque estimó que para el momento del despido no tenía fuero circunstancial. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 10 de agosto de 2000 resolvió no casar la sentencia. El demandante presentó acción de tutela contra esa decisión y la Sala Penal de la Corte Suprema la negó. El 25 de septiembre de 2003, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional negó las pretensiones de tutela y el 20 de enero de 2004 negó la solicitud de nulidad contra esa sentencia. Alegan error jurisdiccional y falla del servicio por las acciones y omisiones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB

PROBLEMA JURÍDICO: Corresponde a la Sala determinar si se configuró error jurisdiccional en la providencia de la Corte Constitucional que negó la nulidad de una sentencia de tutela

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Entidad de carácter pública / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - De conocer el recurso de apelación / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - En razón a su naturaleza

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del C.C.A., modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996

CADUCIDAD - Operó / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - De dos años / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Se tiene por separado para cada providencia

El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa. En los eventos de error jurisdiccional, el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia acusada de contener el error jurisdiccional, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño (…) El término de dos años empezó a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia del 11 de septiembre de 2000 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que no casó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, esto es, desde el 26 de septiembre de 2000 y vencía el 26 de septiembre de 2002. Como la demanda se presentó el 18 de enero de 2006, según da cuenta el sello de radicado de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, operó el fenómeno preclusivo de la caducidad (…) contra la sentencia del 11 de septiembre de 2000 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El término de dos años empezó a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que negó la impugnación contra el rechazo de la acción de tutela, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Como no obra en el expediente constancia de notificación de la decisión, el término se contará tres días después de que fue proferida la decisión, esto es, desde el 1 de mayo de 2003, conforme a los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 331 del CPC y vencía el 1 de mayo de 2005. Como la demanda se presentó el 18 de enero de 2006, según da cuenta el sello de radicado de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, operó el fenómeno preclusivo de la caducidad

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / DEMANDA EN TIEMPO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - La demanda se presentó de forma oportuna

El demandante alegó error judicial en la providencia proferida por la Corte Constitucional, que resolvió el incidente de nulidad propuesto por (…) contra la sentencia T-853 de 2003. La demanda se interpuso en tiempo -18 de enero de 2006- porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 9 de febrero de 2004, fecha en que quedó ejecutoriada la providencia que negó la solicitud de nulidad de sentencia [hecho probado 7.11].

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Acreditada / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / ACREDITACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

[LOS DEMANDANTES] son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues el primero fue demandante en los procesos ordinarios laborales y de tutela, en los que se dictó la providencia desfavorable a sus pretensiones y los demás conforman su núcleo familiar. La Nación-Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad que profirió las providencias en las que se afirma se configuró error jurisdiccional y tramitó el proceso en el que, se afirma, hubo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El Distrito Capital y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB no están legitimados en la causa por pasiva, porque no son autoridades judiciales

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL - Inexistente / ERROR JUDICIAL EN PROVIDENCIA DE ALTAS CORPORACIONES JUDICIALES - Hecho no probado

El error jurisdiccional como escenario de responsabilidad está previsto en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que en el artículo 65 establece que quien haya sido víctima de un error de esta naturaleza podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. El artículo 66 de esa norma definió el error jurisdiccional como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, que se materializa a través de una providencia contraria a la ley (…) el error jurisdiccional no corresponde a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse en “una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”. Por su parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme (…) según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 LEAJ, tal y como quedó luego del condicionamiento de la Corte Constitucional, no procede el error judicial de las altas cortes. Sin embargo, el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada por la Ley 16 de 1972, dispone que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial y el artículo 63 ordena la reparación de las consecuencias

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - Control difuso de convencionalidad / CONTROL DE CONVENCIONALIDAD - Inaplicación de norma interna por ser contraria a tratados internacionales / NULIDAD DE FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - No se acreditó error judicial

Estos mandatos internacionales no restringen la autoridad de la que proviene la decisión que causa el daño, es decir, incluyen las decisiones arbitrarias de todos los órganos judiciales, sobre la cuales, se impone al derecho doméstico analizar la existencia de un error judicial. De ahí que, el juez de la responsabilidad civil del Estado -como juez de convencionalidad-, ante la evidente contradicción entre el orden jurídico interno y las disposiciones de derecho internacional aceptadas por Colombia está en el deber de no aplicar el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 LEAJ, tal como quedó después del fallo de constitucionalidad, en relación con la improcedencia de error judicial de las “altas corporaciones judiciales”, por cuanto es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, como se hará en la parte resolutiva de esta providencia (…) El título de imputación de error judicial no constituye una instancia adicional que permita la impugnación de las providencias (…) Como no se está en presencia de un error jurisdiccional, pues no se aprecia en la decisión judicial una actuación caprichosa o subjetiva del fallador y lo que el demandante pretende es que se revisen los fundamentos jurídicos de la providencia y su valoración probatoria, no se configuró un daño antijurídico. Por ello, la decisión de primera instancia será confirmada NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque. A la fecha, en esta Relatoría no se cuenta con el medio magnético ni físico

NO PROCEDE CONDENA EN COSTAS

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 357 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 25000-23-15-000-2006-00419-02(45657)

Actor: JOSÉ FIDOLO LÓPEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (SENTENCIA)

EXCEPCIONES DE FONDO-El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. CADUCIDAD POR ERROR JUDICIAL-El término para intentar la demanda de reparación directa comienza a partir del momento en que adquiere firmeza la providencia. APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. ERROR JURISDICCIONAL-Actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y violatoria del debido proceso. ERROR JURISDICCIONAL-El juez de daños no es una instancia adicional. ERROR JURISDICCIONAL-Se deben interponer los recursos y la providencia debe estar en firme. RECURSOS JUDICIALES-Carga de interponerlos se refiere a los recursos ordinarios en error judicial. ERROR JUDICIAL DE ALTA CORTE-Procedencia según la Convención Americana de Derechos Humanos. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Control difuso de convencionalidad. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-Inaplicación de normas de derecho interno sobre error judicial por ser contrarias a los tratados internacionales. NULIDAD DE FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional. NULIDAD DE TUTELA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No se acreditó error judicial.

La Sala, de conformidad con el inciso 3º del artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 15 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de caducidad respecto de unas pretensiones, la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá y negó las demás pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

El Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 31 de enero de 2000 negó las pretensiones de reintegro y pago de salarios de José Fidolo López, porque estimó que para el momento del despido no tenía fuero circunstancial. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 10 de agosto de 2000 resolvió no casar la sentencia. El demandante presentó acción de tutela contra esa decisión y la Sala Penal de la Corte Suprema la negó. El 25 de septiembre de 2003, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional negó las pretensiones de tutela y el 20 de enero de 2004 negó la solicitud de nulidad contra esa sentencia. Alegan error jurisdiccional y falla del servicio por las acciones y omisiones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB.

ANTECEDENTES

El 18 de enero de 2006, José Fidolo López y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial, el Distrito Capital y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, para que se les declarara patrimonialmente responsables del alegado error jurisdiccional de la Sala de Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del 31 de enero de 2000; de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación del 10 de agosto de 2000; de la Sala Penal de la Corte Suprema en la providencia de tutela del 31 de marzo de 2003 y en la providencia del 22 de abril de 2003; de la Corte Constitucional en la sentencia de revisión del 25 de septiembre de 2003 y de la misma Corporación en el auto de nulidad del 20 de enero de 2004 y de la falla del servicio de funcionarios de la ETB. Solicitó 1000 SMLMV por perjuicios morales y 1000 SMLMV por lucro cesante.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que interpuso una demanda laboral contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB, porque terminó el contrato laboral, solicitó el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó las pretensiones y, al resolver el recurso de casación, la Sala Laboral de la Corte Suprema no casó la sentencia. Resaltó que presentó acción de tutela contra esa última decisión y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la negó y, al revisarla, la Corte Constitucional también negó las pretensiones de tutela y la solicitud de nulidad contra su sentencia. Adujo que incurrieron en error judicial porque gozaba de fuero sindical circunstancial y porque hubo indebida valoración de pruebas y alegó la falla del servicio de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá por las acciones y omisiones que llevaron a su despido.

El 30 de marzo de 2006 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Rama Judicial, al oponerse a las pretensiones, señaló que actuó de conformidad con la ley. El Distrito Capital y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. El 22 de marzo de 2012 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. El Distrito Capital y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá reiteraron lo expuesto, la demandante y la Nación-Rama Judicial guardaron silencio. El Ministerio Público conceptuó desfavorablemente, porque las providencias tuvieron fundamento legal y probatorio.

El 15 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la caducidad de la pretensión de error judicial de la sentencia del 11 de septiembre de 2000 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y negó el error judicial de la sentencia de 31 de marzo de 2003 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que negó la tutela, porque la decisión tuvo fundamento legal y probatorio. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 25 de septiembre de 2012 y admitido el 22 de noviembre siguiente. La recurrente esgrimió que hubo indebida valoración de pruebas y que fue despedido en plena negociación colectiva. El 20 de febrero de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante, el Distrito Capital y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB reiteraron lo expuesto, la Nación-Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del C.C.A., modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de error jurisdiccional, el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia acusada de contener el error jurisdiccional, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño.

Como se plantean cuatro problemas jurídicos, se determinará la caducidad frente a cada uno de ellos:

3.1 El demandante esgrimió que se configuró error judicial en la sentencia del 31 de enero de 2000 del Tribunal Superior de Bogotá que revocó la decisión del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá y negó las pretensiones de reintegro y pago de prestaciones y en la sentencia de 11 de septiembre de 2000 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia porque no casó esa sentencia. El término de dos años empezó a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia del 11 de septiembre de 2000 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que no casó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, esto es, desde el 26 de septiembre de 2000 (f. 45 c. 7) y vencía el 26 de septiembre de 2002. Como la demanda se presentó el 18 de enero de 2006, según da cuenta el sello de radicado de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (f. 18 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad.

3.2 El demandante alegó error judicial en la providencia del 31 de marzo de 2003 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la acción de tutela contra la sentencia del 11 de septiembre de 2000 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El término de dos años empezó a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que negó la impugnación contra el rechazo de la acción de tutela, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Como no obra en el expediente constancia de notificación de la decisión, el término se contará tres días después de que fue proferida la decisión, esto es, desde el 1 de mayo de 2003, conforme a los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 331 del CPC (f. 22 c. 7) y vencía el 1 de mayo de 2005. Como la demanda se presentó el 18 de enero de 2006, según da cuenta el sello de radicado de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (f. 18 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad.

3.3. El demandante indicó que se configuró un error judicial en la sentencia T-853 de 2003 de la Corte Constitucional que, en sede de revisión, negó la tutela. El término de dos años debió empezar a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia de revisión de la tutela. Sin embargo, según la providencia del 20 de enero de 2004 proferida por la Corte Constitucional, la parte demandante conoció la sentencia de revisión desde el 19 de noviembre de 2003 [hecho probado 7.11] y, por ello, el término se contará desde el 20 de noviembre de 2003y vencía el 21 de noviembre de 2005, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 120 y 121 del CPC). Como la demanda se presentó el 18 de enero de 2006, según da cuenta el sello de radicado de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (f. 18 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad.

3.4 El demandante alegó error judicial en la providencia proferida por la Corte Constitucional, que resolvió el incidente de nulidad propuesto por José Fidolo López contra la sentencia T-853 de 2003. La demanda se interpuso en tiempo -18 de enero de 2006- porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 9 de febrero de 2004, fecha en que quedó ejecutoriada la providencia que negó la solicitud de nulidad de sentencia [hecho probado 7.11].

Legitimación en la causa

4. José Fidolo López, José Nicolás López Díaz y Laura Mercedes López Díaz son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues el primero fue demandante en los procesos ordinarios laborales y de tutela, en los que se dictó la providencia desfavorable a sus pretensiones y los demás conforman su núcleo familiar [hechos probados 7.1, 7.11 y 7.12]. La Nación-Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad que profirió las providencias en las que se afirma se configuró error jurisdiccional y tramitó el proceso en el que, se afirma, hubo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El Distrito Capital y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB no están legitimados en la causa por pasiva, porque no son autoridades judiciales.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se configuró error jurisdiccional en la providencia de la Corte Constitucional que negó la nulidad de una sentencia de tutela.

III. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 del CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1 El 30 de abril de 1993, José Fidolo López presentó demanda ordinaria laboral contra la Empresa de Energía de Bogotá-ETB, para que se ordenara su reintegro por tener fuero circunstancial al momento del despido y al pago de los salarios dejados de percibir, según da cuenta copia auténtica de la demanda (f. 1-4 c. 7).

7.2 El 2 de agosto de 1999, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la ETB a reintegrar a José Fidolo López al cargo que ocupaba en la fecha de su retiro y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación, según da cuenta copia simple de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá (f. 84 c. 1).

7.3 El 31 de enero de 2000, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia apelada porque José Fidolo López no tenía fuero circunstancial al momento del retiro del cargo, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 4-12 c. 1).

7.4 El 14 de junio de 2000, José Fidolo López interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia del 31 de enero de 2000, según da cuenta copia simple del escrito de la demanda (f. 10-18 c. 7).

7.5 El 11 de septiembre de 2000, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 27-43 c. 7).

7.6 El 21 de marzo de 2003, José Fidolo López presentó acción de tutela contra la sentencia del 11 de septiembre de 2000 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según da cuenta copia simple de la demanda (f. 2-13 c. 3).

7.7 El 31 de marzo de 2003, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela, porque las decisiones de casación son inmutables, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 15-22 c. 3).

7.8 El 22 de abril de 2003, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la impugnación contra la anterior decisión por improcedente, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 22-25 c. 3).

7.9 El 25 de septiembre de 2003, la Corte Constitucional, en sede de revisión, negó las pretensiones de tutela de José Fidolo López, según da cuenta copia simple de la sentencia (f. 26-45 c. 3).

7.10 El 18 de noviembre de 2003, José Fidolo López presentó escrito de nulidad originada en la sentencia del 25 de septiembre de 2003 proferida por la Corte Constitucional por violación al debido proceso, pues la decisión objeto de revisión constituía una vía de hecho, según da cuenta copia simple del escrito (f. 293-298 c. 3).

7.11 El 20 de enero de 2004, la Corte Constitucional negó la solicitud de nulidad de la sentencia T-853 del 25 de septiembre de 2003, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 390-402 c. 3). El 4 de febrero de 2004 se notificó la decisión por estado y el 9 de febrero siguiente quedó ejecutoriada, según da cuenta copia auténtica de la constancia de la secretaría general de esa Corporación (f. 406 c. 3).

7.12 José Fidolo López es padre de José Nicolás López Díaz y Laura Mercedes López Díaz, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento (f. 5-6 c. 2).

El error jurisdiccional en la Ley 270 de 1996

8. El error jurisdiccional como escenario de responsabilidad está previsto en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que en el artículo 65 establece que quien haya sido víctima de un error de esta naturaleza podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. El artículo 66 de esa norma definió el error jurisdiccional como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, que se materializa a través de una providencia contraria a la ley. La Corte Constitucional condicionó su constitucionalidad a que dicho error se materialice en una providencia judicial y a que encuadre dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho” .

De acuerdo con dicha disposición, tal como quedó después de su condicionamiento de constitucionalidad, el estudio de responsabilidad debe realizarse desde una perspectiva funcional, que reconoce la autonomía del juez. Por ello, el error jurisdiccional no corresponde a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse en “una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”. Por su parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. Los “recursos de ley” deben entenderse como los recursos ordinarios de impugnación de providencias, que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios y que no requieren de la presentación de una demanda adicional.

En el ámbito del derecho interno, según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 LEAJ, tal y como quedó luego del condicionamiento de la Corte Constitucional, no procede el error judicial de las altas cortes. Sin embargo, el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada por la Ley 16 de 1972, dispone que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial y el artículo 63 ordena la reparación de las consecuencias, de una medida o situación que haya configurado una vulneración de un derecho y al pago de una indemnización justa a la parte lesionada.

Estos mandatos internacionales no restringen la autoridad de la que proviene la decisión que causa el daño, es decir, incluyen las decisiones arbitrarias de todos los órganos judiciales, sobre la cuales, se impone al derecho doméstico analizar la existencia de un error judicial. De ahí que, el juez de la responsabilidad civil del Estado -como juez de convencionalidad-, ante la evidente contradicción entre el orden jurídico interno y las disposiciones de derecho internacional aceptadas por Colombia está en el deber de no aplicar el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 LEAJ, tal como quedó después del fallo de constitucionalidad, en relación con la improcedencia de error judicial de las “altas corporaciones judiciales”, por cuanto es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, como se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

9. La Corte Constitucional estimó concluyó que como no había lugar a declarar la nulidad contra sentencia, figura -por demás- excepcional. Además, no se constató en la sentencia del 25 de septiembre de 2003 una grave afectación al debido proceso [hecho probado 7.11]. Explicó que esa no era una instancia para reabrir debates probatorios y no podía utilizarse la nulidad del fallo de tutela como un medio de impugnación:

[…] la Corte estima que lo que pretende el actor es reabrir la discusión que se dio durante el trámite de la tutela y ya se encuentra concluida. Allí se indicó un defecto fáctico […] la Sala concluyó que las autoridades demandadas -Tribunal Superior de Bogotá y Corte Suprema de Justicia- no incurrieron en esos equívocos, sino que simplemente acogieron una interpretación distinta a la propuesta por el demandante en el proceso laboral pero plenamente válida desde una perspectiva constitucional. (f. 390-402 c. 3)

Los argumentos del demandante muestran un desacuerdo con la valoración que hizo la Corte Constitucional y con la aplicación de las normas sobre la materia, como consecuencia de esa valoración, pues insiste en que la sentencia de revisión vulneró el debido proceso. La discusión propuesta por la demandante gira en torno a un asunto que no corresponde al juez de la responsabilidad civil del Estado cuando se analizan los daños producidos por error jurisdiccional, pues lo que se pretende es que se juzgue la decisión adoptada, en cuanto a la valoración de las pruebas y la aplicación de la ley.

10. El título de imputación de error judicial no constituye una instancia adicional que permita la impugnación de las providencias, ni mucho menos se configura por el hecho de que la parte esté en desacuerdo con las consideraciones contenidas en las decisiones judiciales. Como no se está en presencia de un error jurisdiccional, pues no se aprecia en la decisión judicial una actuación caprichosa o subjetiva del fallador y lo que el demandante pretende es que se revisen los fundamentos jurídicos de la providencia y su valoración probatoria, no se configuró un daño antijurídico. Por ello, la decisión de primera instancia será confirmada.

11. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que las partes hayan actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. INAPLÍCASE el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como quedó después del condicionamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, que no permite la reclamación por error judicial de las “altas cortes”, por ser incompatible con los artículos 10 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

SEGUNDO. CONFÍRMASE la sentencia del 15 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. Sin condena en costas.

CUARTO. En firme esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala
Aclaración de voto

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

NICOLÁS YEPES CORRALES
El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].
Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996 [fundamento jurídico vi].
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, Rad. 13164 [fundamento jurídico 3].
Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos art. 2.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de abril de 2019, Rad. 54.364 [fundamento jurídico 7], sentencias del 31 de mayo de 2019, Rad. 55.591 [fundamento jurídico 7], Rad. 55.995 [fundamento jurídico 7] y Rad. 57.630 [fundamento jurídico 8].

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