Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2006-02263-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2006-02263-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2006-02263-02
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
1 de marzo de 2023
Radicado: 25000-23-15-000-2006-02263-02 (47439)
Demandantes: Hernando Bernal Rodríguez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-15-000-2006-02263-02 (47439)
Demandantes: Hernando Bernal Rodríguez y otros
Demandados: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Distrito de Bogotá
Tema: Enriquecimiento sin causa. Se revoca la decisión del tribunal que
declaró la indebida escogencia de la acción. En su lugar, se declara
la caducidad de la acción teniendo en cuenta que, según las
afirmaciones de la demanda, transcurrieron más de dos años desde
que ocurrió el enriquecimiento.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia dictada el 13 de marzo de 2013 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la indebida
escogencia de la acción.
La Sala es competente para proferir esta providencia segunda instancia de
acuerdo con el artículo 129 del C.C.A. que dispone que esta corporación
conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias de los tribunales
administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía estimada en la
demanda, según el numeral 6 del artículo 132 del mismo código1.
En el trámite de la segunda instancia, el recurso de apelación se admitió mediante
auto del 28 de junio de 20132. El 19 de julio de 2013 se corrió traslado para
alegar de conclusión3. El IDU4 y el Distrito Bogotá5 presentaron alegatos, al igual
que las siguientes sociedades llamadas en garantía: Seguros del Estado S.A. 6,
1 La cuantía estimada en la demanda fue de <<340.000.000>> por el valor de los diseños, además de <<200
SMMLV>> por perjuicios morales de cada uno de los cuatro demandantes.
2 Fl. 637, c-18.
3 Fl. 667, c-18.
4 Fl. 688, c-18.
5 Fl. 680, c-18.
6 FL. 668, c-18.
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Radicado: 25000-23-15-000-2006-02263-02 (47439)
Demandantes: Hernando Bernal Rodríguez y otros
Asesoría y Consultoría L.T.D.A.7 y Doble Ingeniería8. La parte demandante
guardó silencio y el Ministerio Público no rindió concepto9.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 19 de diciembre de
200610 por Hernando Bernal Rodríguez (en adelante, el “demandante”) y su grupo
familiar. Se dirigió contra el IDU y el Distrito de Bogotá para obtener el pago de
unos diseños de autoría del demandante que fueron utilizados por el IDU en la
construcción del tramo 1 de la Avenida Ciudad de Cali en Bogotá.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<PRIMERA: DECLÁRESE que el Distrito Capital de Bogotá y el Instituto de
Desarrollo Urbano se enriquecieron, sin justa causa y con perjuicio del actor, con
la ejecución de dos (2) filtros longitudinales diseñados por el Ingeniero
HERNANDO BERNAL RODRÍGUEZ y necesarios para la construcción y
protección de las obras del Tramo 1 de la Av. Ciudad de Cali.
SEGUNDA: A consecuencia de la anterior declaración, condénese al DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a
pagar las siguientes sumas de dinero en su defecto lo que llegare a determinar
la prueba pericial, a título de indemnización de perjuicios, así:
1.- DAÑOS MATERIALES: Representando en el LUCRO CESANTE padecido
por el actor, el cual consta de dos rubros, a saber: i) el valor de los diseños,
estimados en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($340.000.000) en favor del ingeniero HERNANDO BERNAL
RODRÍGUEZ, parte actora en el presente proceso, y ii) los intereses que sobre
la anterior suma de dinero hubiera recibido el actor desde el momento en que
debió haberse realizado el pago hasta la fecha en que se efectúe el mismo.
2.- MORALES SUBJETIVOS: Se estima para cada uno de los actores en la
suma de DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES (200 S.M.M.L.V.) al valor que tengan en el momento de realizarse el
pago real de la condena (…)>>
3.- En la demanda se hicieron las siguientes afirmaciones:
3.1.- El demandante celebró un contrato de prestación de servicios con el
Consorcio CIVILTEC – SIIT para desempeñarse como ingeniero residente de la
interventoría de la construcción del tramo 1 de la Avenida Ciudad de Cali en
Bogotá.
7 Fl. 674, c-18.
8 Fl. 692, c-18.
9 Fl. 702, c-18.
10 Fl. 29, c-1, reverso.
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Radicado: 25000-23-15-000-2006-02263-02 (47439)
Demandantes: Hernando Bernal Rodríguez y otros
3.2.- Esta obra había sido contratada por el IDU con la Unión Temporal Avenida
Ciudad de Cali 102, mediante el Contrato 045 de 2003. El objeto contractual
incluía actividades de diseño, construcción y mantenimiento.
3.3.- La ejecución del contrato comenzó el 18 de noviembre de 2003 con el
siguiente problema: el diseño hidráulico de la obra presuponía drenar las aguas
lluvia por una tubería que la Empresa de Acueducto de Bogotá debía construir;
sin embargo, este trabajo presentaba retrasos.
3.4.- El problema hidráulico se discutió en el Comité de Obra No. 1 del 26 de
noviembre de 2003, en el que el demandante participó como contratista de la
interventoría. En el comité, propuso construir transitoriamente <<dos filtros
longitudinales>> para evacuar las aguas de la obra, <<solución que fue
aprobada, y adicionalmente encargado su diseño>>.
3.5.- <<El 2 de diciembre de 2003, el ingeniero Bernal Rodríguez entregó el
diseño de los filtros longitudinales al contratista de la obra, (…) su construcción
fue terminada el 17 de diciembre de 2003>>11.
3.6.- Finalmente, como la Empresa de Acueducto de Bogotá no terminó la
construcción de la tubería, se implementó como solución definitiva para el diseño
hidráulico llevar las aguas lluvias del tramo a un colector de aguas negras
cercano llamado <<San Bernardino>>. El diseño de esta solución
complementaria <<para la entrega final del Alcantarillado de la Avenida Ciudad
de Cali Tramo 1>>, fue hecho por el demandante y << aprobado por el IDU en la
reunión del 2 de febrero 2004>>12. Sin embargo, no recibió ningún pago por
estos servicios.
3.7.- El 27 de diciembre de 2004, el demandante le solicitó al IDU el pago de
sus diseños mediante un derecho de petición, el cual fue negado el 11 de febrero
de 2005.
4.- Según la parte actora, las demandadas son responsables porque <<la
utilización de los diseños por parte de los contratistas y en beneficio de la
administración distrital (IDU) sin que se pagara suma de dinero alguna constituye
un enriquecimiento sin causa de la administración beneficiaria de la obra>>.
B.- Posición de las entidades demandadas
5.- El Distrito de Bogotá contestó la demanda y propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa, pues no era la entidad encargada de las obras.
11 Hecho decimo de la demanda, fl. 7, c-1.
12 Hecho quinto de la demanda, fl. 10, c-1.
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Radicado: 25000-23-15-000-2006-02263-02 (47439)
Demandantes: Hernando Bernal Rodríguez y otros
6.- El IDU también contestó la demanda y llamó en garantía a los miembros del
Consorcio CIVILTEC – SIIT (contratista de la interventoría), de la Unión Temporal
Avenida de Cali 102 (contratista de obra) y a las aseguradoras que expidieron las
pólizas de cumplimiento de sendos contratos. Se opuso a las pretensiones de la
demanda porque estaban caducadas: el demandante afirmó que los diseños de
los <<filtros longitudinales>> se construyeron el <<17 de diciembre de 2003>>
y la demanda se interpuso más dos años después, el 13 de diciembre de 2006.
7.- Los llamados en garantía se opusieron, principalmente, porque no debía
accederse a las pretensiones del demandante.
C.- Sentencia recurrida
8.- En la sentencia del 13 de marzo de 2013, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la indebida
escogencia de la acción porque el demandante ya había solicitado el pago de
sus diseños al IDU mediante un derecho de petición, solicitud que fue negada el
11 de febrero de 2005. Esta respuesta es un acto administrativo, por lo cual la
acción procedente para cuestionar su legalidad es la de nulidad y
restablecimiento del derecho.
D.- Recurso de apelación
9.- La parte demandante apela integralmente la decisión de primera instancia
porque <<se escogió la vía procesal adecuada frente a un comportamiento
irregular de la Administración, representado en el uso y apropiación de unos
diseños que no eran suyos y que no contrató ni pagó>>.
II. CONSIDERACIONES
10.- La Sala revocará la decisión de primera instancia porque la acción
procedente para formular las pretensiones fundadas en un <<enriquecimiento sin
causa>> sí es la de reparación directa. Sin embargo, declarará la caducidad de
la acción teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos que estructuran
el enriquecimiento.
11.- El derecho de reclamar la restitución en el caso del enriquecimiento sin causa
no nace de un <<acto jurídico>> bilateral o unilateral. No nace de un contrato y
tampoco de una decisión del demandado. La entidad demandada carece de
competencia para reconocer, en un acto administrativo, el pago de los servicios
que reclama el demandante. Por esta razón, no podía formularse una petición
para que lo hiciera; de este modo la respuesta a tal petición tampoco tiene como
efecto transformar la acción de reparación directa en una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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Radicado: 25000-23-15-000-2006-02263-02 (47439)
Demandantes: Hernando Bernal Rodríguez y otros
12.- Lo que genera el enriquecimiento sin causa es la prestación de un servicio
por parte del demandante que beneficia a la Administración, sin que esta efectúe
el pago del mismo. La pretensión en este caso consiste en solicitar la restitución
del valor por el que la entidad, como consecuencia de ese servicio, se benefició.
Esta situación debe empobrecer correlativamente al demandante bajo la
consideración de que el servicio prestado no fue remunerado. Desde esta
perspectiva, Carbonnier señala:
<<De ciertos eventos o acontecimientos que la doctrina moderna califica como
hechos jurídicos (no existe la voluntad de que de ellos nazcan obligaciones), el
derecho hace nacer obligaciones que no han sido realmente queridas por los
obligados. Estas obligaciones tienden a restablecer en un patrimonio un estado
anterior que el hecho jurídico ha roto (uno podría llamarlas como restablecimiento
del statu quo anterior).
La ruptura de ese equilibrio puede venir de una brecha que se ha hecho en ese
patrimonio; puede provenir, por el contrario, de que se ha dado de más en dicho
patrimonio. Se trata entonces de hechos jurídicos dañosos y de hechos jurídicos
provechosos. Según el caso, la justicia constituirá en reparar o en restituir. El
daño causado a otro generará una obligación de reparación; el provecho
recibido de otro, será la fuente de restitución.
Los hechos jurídicos aprovechables se diferencian de los hechos jurídicos
dañosos en que ellos son siempre, por ellos mismos, hechos lícitos: es solamente
la conservación del provecho lo que, bajo ciertas condiciones, puede parecer
ilícito. Entre ellos se pueden diferenciar por el grado de generalidad, los
cuasicontratos y el enriquecimiento sin causa>>13.
13.- El término de caducidad debe contarse a partir del momento en que se
consolidó el enriquecimiento por parte de la entidad. De acuerdo con lo afirmado
en la demanda, esto ocurrió cuando el IDU utilizó los diseños de los filtros
longitudinales realizados por el demandante <<el 17 de diciembre de 2003>>14,
y aprobó los diseños definitivos, también de autoría del demandante, el <<2 de
febrero de 2004>>15. La demanda se interpuso más dos años después del día
siguiente a la última de estas dos fechas: el 19 de diciembre de 200616. Por
ende, operó la caducidad en los términos del numeral 8 en el artículo 136 del
C.C.A
E.- Costas
14.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
13 Carbonnier, Jean. Derecho Civil. Tomo II, Volumen III. Situaciones extracontractuales y dinámica de las
obligaciones. Barcelona, España: Bosch, Casa Editorial. 1960. (traducción). p. 155.
14 Hecho decimo de la demanda, fl. 7, c-1.
15 Hecho quinto de la demanda, fl. 10, c-1.
16 Fl. 29, c-1, reverso.
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Radicado: 25000-23-15-000-2006-02263-02 (47439)
Demandantes: Hernando Bernal Rodríguez y otros
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 13 de marzo de 2013 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En su lugar, DECLÁRASE probada la excepción de caducidad
de la acción.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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