Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2020-00177-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2020-00177-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2020-00177-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 25000-23-15-000-2020-00177-01
Actor: Asociación Nacional De Criadores De Caballos De Pasos Colombianos
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
de subsidiariedad
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor, a través de apoderado,
contra la sentencia de tutela de 18 de marzo de 2020 proferida por la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio
de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 19 de diciembre de 2019, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110013334003201900249-00, vulneró el derecho fundamental invocado supra.
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Actor: Asociación Nacional De Criadores De Caballos De Pasos
Colombianos
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Expresó que, presentó demanda contra la Alcaldía Local de Suba en ejercicio
del medio de control de nulidad con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución núm. 346 del 25 de junio de 2018 por medio de la cual se resolvió no
revocar la Resolución núm. 136 del 26 de marzo de 2013.
Auto del 19 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicación 110013334003201900249-00
4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá dispuso en su parte
resolutiva lo siguiente:
[...] 1. Adecuar la demanda al medio de control de nulidad al de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme a lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
2. Oficiar a la Oficina de Apoyo para que en el Sistema Siglo XXI, se corrija el
radicado 110013334003201900249-00 del medio de control de nulidad al de nulidad
y restablecimiento del derecho.
3. RECHAZAR la demanda presentada por la sociedad ASDEPASO en contra de
BOGOTÁ D.C. – ALCALDÍA LOCAL DE SUBA, por cuanto la resolución 346 del 25
de junio de 2018 por medio de la cual se resolvió no revocar la Resolución 136 del
26 de marzo de 2013, no es objeto de control judicial, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva de esta providencia [...]”.
4.1. Al respecto consideró que:
“[...] En el sub examine como lo expresa la parte actora pretende la nulidad de la
Resolución 346 del 25 de junio de 2018 por medio de la cual se resolvió no revocar
la Resolución 136 del 26 de marzo de 2013.
De tal modo que con la nulidad de los referidos actos, sin duda se presenta el
restablecimiento del derecho, como es la anulación de la sanción impuesta a la
demandante, por tal motivo el Juzgado adecuará la demanda al medio de control
respectivo esto es, al de nulidad y restablecimiento del derecho [...]”.
3
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Actor: Asociación Nacional De Criadores De Caballos De Pasos
Colombianos
[...]
“[...] En el presente asunto se discute precisamente la legalidad de la Resolución
346 del 25 de junio de 2018 por medio de la cual se resolvió no revocar la
Resolución 136 del 26 de marzo de 2013, de tal manera que conformidad con lo
definido por el Consejo de Estado y lo previsto en el numeral 3 del artículo 169
ibídem, se rechazará la demanda, por cuanto el acto demandado, que negó la
revocatoria directa, no es susceptible de control judicial [...]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
5. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, con el derecho
al acceso a la justicia (sic), respecto de la acción de nulidad simple en contra de la
Resolución No. 136 del 26 de marzo de 2013.
SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 136 del 26 de marzo de
2013, proferida por la ALCALDÍA LOCAL DE SUBA, mediante la cual se declaró
infractora a la ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE
PASOS COLOMBIANOS Y FOEMNTO EQUINO – ASDEPASO en calidad de
responsables del uso indebido del predio ubicado en la Cra 45 A No. 104B-54, en
virtud de lo expuesto en el numeral anterior [...]”.
Actuación
6. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 5 de marzo de 2020;
i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Bogotá, concediéndole el término de dos (2) días para que rindiera
informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada
7. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo, “[...] y en caso de ser estudiada de fondo,
que la misma sea negada, por cuanto no se configura ningún defecto en la
actuación “[...]. Al respecto manifestó lo siguiente:
“[...] Una vez determinada la naturaleza jurídica de la Resolución demandada, se dio
aplicación a lo previsto en el artículo 169 del CPACA, el cual establece que se
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rechazará y se ordenará la devolución de los anexos cuando el asunto no sea
susceptible de control judicial.
De conformidad con lo anterior, en el sub examine, no se presenta defecto alguno,
que conlleve a la vulneración del debido proceso y acceso a la administración de
justicia alegada por la accionante, por lo que se solicita negar la acción
constitucional [...]”.
La sentencia impugnada
8. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 18 de marzo de 2020, resolvió:
“[…] 1o) Declárase improcedente la acción de tutela ejercida por la Asociación
Nacional de Criadores de Caballos de Pasos Colombianos y Fomento Equino por
intermedio de apoderado judicial por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia […]”.
8.1. Como fundamento de su decisión, manifestó lo siguiente:
“[…] De lo expuesto se colige que este caso objeto de estudio no reúne todos los
requisitos generales señalados jurisprudencialmente para la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales pues, no se
observa en las actuaciones procesales allegadas al expediente irregularidad
procesal alguna con efecto decisivo en la providencia que se cuestiona y, tampoco
se cumple con el requisito de subsidiariedad en la medida en que se agotaron todos
los medios de defensa judicial ya que no se interpuso el recurso procedente en
contra de la decisión por la cual se rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual se encuentra consagrado en el artículo 243 de
la Ley 1437 de 2011 y corresponde al recurso de apelación, carga procesal esta que
es exclusiva de la parte a quien le asiste un interés en el litigio y que no puede ser
suplida mediante el ejercicio de la acción de tutela [...]”.
La impugnación
9. El actor, a través de apoderado, impugnó la sentencia proferida el 18 de marzo
de 2020, por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca al considerar lo siguiente:
“[...] La sentencia proferida el 18 de marzo de 2020, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en calidad de juez de tutela no capto (sic) adecuadamente el núcleo
central del problema jurídico planteado en la acción de tutela, pues con ella se
busca reconocer un derecho constitucional vulnerado como ha sido el DEBIDO
PROCESO, debido a que ha habido imposibilidad del uso debido del derecho de
defensa, según la evidencia del expediente, las notificaciones no se surtieron, es
decir que los intentos de notificaciones del expediente no están acreditados, siendo
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así que no garantizan de manera alguna que ASDEPASO haya recibido de manera
debida la notificación. Así, por ejemplo, observando el folio 35 del expediente, se
evidencia como el agente logístico pone “del # 104-80 pasa a la calle 105 clínica
Navarra”.
Lo que se evidencia a través del expediente es que por parte nuestra no hubo
recepción de la notificación que permitiera haber ejercido nuestro derecho a la
defensa y al debido proceso.
Al negarse la Acción de Tutela se está vulnerando el derecho fundamental al
DEBIDO PROCESO, pues no contamos con más medios para actuar a su defensa
ante el acto administrativo acusado en la Acción de tutela [...]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
10. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito de la subsidiariedad.
11. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
12. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena1, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
13. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20053, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
14. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la
relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa
judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se
trate de tutela contra tutela.
15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta
manera “dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos
parámetros.
16. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
3
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
17. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
18. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 20056,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela
19. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 7, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra
acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
20. Asimismo, esta Sección8 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
señalado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 20139, advirtió que al
analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
6
Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
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culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar
un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción
de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite10; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios11; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”12”.13
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir
las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera
oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el
derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a
las garantías procesales […]”.
21. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de tutela
para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro
medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese
inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado14:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.
22. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
9
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
11
Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
14
Sentencia T-030 26 de enero de 2015
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encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
23. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta
cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
24. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
25. Atendiendo a que, la Corte Constitucional15 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
15
Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo
10
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respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
26. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
27. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela y en el escrito de impugnación.
Acervo y análisis probatorios
28. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
28.1. Copia digital del proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación
110013334003201900249-00.
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Solución del caso concreto
29. El actor señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Para tal efecto, manifestó
que:
“[…] 12. Que la providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca contenidas en el auto interlocutorio No. 261 del 23 de septiembre de 2021
(Anexo 20) y el auto 312 del 17 de noviembre de 2021, (Anexo 25) vulnero el debido
proceso al pasar por alto el procedimiento de advertir la causal de nulidad procesal
del artículo 137 del CGP, estando probada la causal de defecto absoluto
procedimental y desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado en
casos similares.
13. Que el auto No. 261 del 23 de septiembre de 2021, adicional de la violación del
debido proceso y el defecto absoluto procedimental y desconocimiento
jurisprudencial para declarar una nulidad conforme lo dispone el artículo 137 CGP,
también está afectada en su parte considerativa y resolutiva por las mismas
causales al pasar por alto la intervención de terceros en el medio de control de
simple nulidad del artículo 223 del CPACA y la jurisprudencia del Consejo de Estado
[...]”.
[...]
“[...] 16. Conforme a la jurisprudencia expuesta en materia de intervención de
terceros en el medio de control de simple nulidad, las providencias objeto de acción
de tutela vulneran el derecho al debido proceso y están afectadas del defecto
sustancial o material y defecto procedimental absoluto al pasar por alto el artículo
223 del CPACA y la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado sobre la materia,
adicional que no existe un contra argumento para apartarse de la norma y de la
jurisprudencia en el presente caso, así las cosas solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado la protección de mis derechos fundamentales como
demandante y en su lugar se ordene a la demandada proferir una decisión conforme
a las disposiciones legales expuestas […]”.
30. La Sala observa que, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 169
de la Ley 1437 de 2011, rechazó la demanda del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110013334003201900249-00, al considerar que, la Resolución 346 de 25 de
junio de 2018 por medio de la cual se resolvió no revocar la Resolución 136 de 26
de marzo de 2013, no era objeto de control judicial.
12
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31. Advierte la Sala que, la acción de tutela deviene improcedente por no cumplir
el requisito de subsidiariedad, dado que, en contra de la anterior decisión procedía
el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el numeral primero
del artículo 243 del CPACA; sin embargo, no está acreditado, ni la parte actora lo
alegó, que se haya hecho uso de ese medio de defensa judicial.
32. La Sala estima que, pese a que el actor contó con la posibilidad de poner en
conocimiento del juez de segunda instancia los argumentos por los que estaba en
desacuerdo con la decisión del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, lo cierto es que, notificada la providencia de 19 de diciembre
de 2019, no presentó el respectivo recurso de apelación, oportunidad en la que
pudo haber planteado dentro del proceso ordinario las razones por las cuales
consideraba que no era procedente rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
33. La Sala considera que, tal cual como lo ha indicado en otras oportunidades 16,
no puede pretender el actor suplir su inactividad con esta acción constitucional,
toda vez que, si estaba inconforme con la decisión del A quo sobre el rechazo de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el escenario idóneo para
haberlo discutido era el recurso de apelación, previo el cumplimiento de los
requisitos legales.
34. En ese sentido, la Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido
por la Corte Constitucional:
“En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de
forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica.
Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de
demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están
siendo trasgredidos (sic). Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue
posible por razones ajenas a su voluntad. De esta manera, una carga exigible al
interesado supone que -de haber sido posible- haya expuesto con claridad la
presunta transgresión de sus derechos fundamentales ante el juez natural, en
atención a que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el respeto a la
autonomía de las autoridades judiciales […]”.17 (Resaltado por la Sala)
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre
de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03852-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 4 de julio de 2014. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Núm. único de radicación: 25000-23-15-000-2020-00177-01
Actor: Asociación Nacional De Criadores De Caballos De Pasos
Colombianos
35. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que el actor contó con la
posibilidad de interponer el recurso de apelación contra el auto de 19 de
diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Bogotá y no lo hizo, por lo tanto, la acción de tutela resulta improcedente al
utilizarse como mecanismo que desplaza los medios ordinarios de defensa, en
este caso, el recurso de apelación.
Estudio del perjuicio irremediable
36. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
37. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional18:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que
éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable19[…]”.
38. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.
39. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que el actor contó con el recurso de apelación.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Núm. único de radicación: 25000-23-15-000-2020-00177-01
Actor: Asociación Nacional De Criadores De Caballos De Pasos
Colombianos
Conclusiones de la Sala
40. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 18
de marzo de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual declaró
improcedente la solicitud de amparo, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 18 de marzo de 2020 proferida
por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Actor: Asociación Nacional De Criadores De Caballos De Pasos
Colombianos
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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