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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2020-02001-01

Fecha
25 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2020-02001-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de agosto de 2020, que declaró improcedente la acción de tutela formulada por Pastor Lisandro Alape Lascarro, por las razones expuestas en esta decisión. SEGUNDO: COMPULSAR copias de la presente actuación ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con el fin de que se determinen las responsabilidades disciplinarias en las que se incurrió por la tardanza de cuatro años, dos meses y dos días en remitir el expediente para segunda instancia de la presente acción de tutela. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. CUARTO: En los términos del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2020-02001-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

25 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 25000-2315-000-2020-02001-01

Accionante: PASTOR LISANDRO ALAPE LASCARRO

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA LA PAZ Y MINISTERIO DEL
INTERIOR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo relacionado con la entrega
material de bienes de las extintas FARC-EP, como parte del cumplimiento del
Acuerdo Final de Paz.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

La demanda

1. El actor, como miembro del partido político Fuerza Alternativa del Común,
ahora Comunes, organización política surgida del acuerdo final de paz suscrito entre
las extintas FARC y el Estado Colombiano, acude a la acción de tutela con el fin de
solicitar que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y al principio de
“seguridad jurídica”. En consecuencia, pide que se ordene suspender la aplicación
del artículo 4 del Decreto 1407 de 2017, como también el parágrafo adicionado por
el artículo 1° del Decreto 205 de 2020, pues en su criterio constituyen normas que
buscan afectar de manera personal a los firmantes del Acuerdo final de paz.

2. Además, reclama que se ordene al Gobierno nacional realizar los ajustes
normativos e institucionales necesarios para garantizar la ejecución del Decreto Ley
903 de 2017 y con ellos, optimizar la capacidad del Estado para recibir los bienes
incluidos en el inventario. Los ajustes normativos e institucionales relacionados con
la transferencia de bienes en poder de la Fiscalía General de la Nación, la
constitución del Fondo del Patrimonio Autónomo y el desarrollo de un protocolo de
garantías de seguridad para el ingreso a los territorios y aplicación de la ley de
extinción de dominio sui generis.

3. Finalmente, pretende que se ordene al Gobierno Nacional emitir medidas de
protección, de conservación, aseguramiento y cautelares, para todos los bienes que
se encuentran en peligro de pérdida. Por lo que, de manera especial, pide la
protección a efectos de sacar del comercio y de cualquier forma de transferencia de
dominio, los bienes inmuebles incluidos en el inventario y que no han querido ser
recibidos por parte del Estado, en la medida que la mayor parte de dichos bienes
cuentan hoy con terceros ocupantes.

Radicación número: 25000-2315-000-2020-02001-01
Accionante: Pastor Lisandro Alape Lascarro
Accionado: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

4. En el escrito de tutela retoma los antecedentes normativos de
implementación del Acuerdo Final de Paz de 24 de noviembre de 2016 1;
puntualmente las obligaciones contenidas e implementadas a través de actos
legislativos, específicamente el artículo 5° transitorio del acto legislativo 01 de 2017,
y los decretos con fuerza de ley, concretamente el decreto ley 903 de 2017 “por el
cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y
activos a disposición de las FARC-EP”.

5. El artículo 1° del Decreto Ley 903 de 2017, estipuló que las FARC elaborarían
el inventario definitivo de bienes y activos dentro de un término o plazo que
coincidiera con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas
Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización.

6. Recordó que el artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, y el
decreto Ley 903 de 2017, fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional,
y reiteró la importancia de dichas normas para la garantía del cumplimiento del
acuerdo final de paz.

7. Informó que en los términos del acuerdo final de paz y de las normas
mencionadas, el día 15 de agosto de 2017, a través de Decreto 1364, las FARC
hicieron entrega del inventario completo de los bienes y activos que constituyen sus
fuentes de recursos de la economía de guerra, aplicados al funcionamiento político
y militar de la citada organización durante los 52 años de conflicto armado interno a
la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y al Mecanismo de
Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz. Lo anterior significa que la
responsabilidad posterior a la entrega del inventario era del Gobierno, en términos
de custodia de los bienes que se reportaron en el mismo. Esto, como quiera que las
personas que hicieron tránsito a la vida civil no pueden controlar lo que pasa con
bienes entregados al Estado.

8. Denunció que, diversas autoridades estatales han indicado que no se harán
cargo de la custodia de los bienes del inventario entregado por las extintas FARC.
Reprochó que el 24 de agosto de 2017 se emitió el Decreto No. 1407 de 2017, el
cual no fue objeto del ejercicio de constatación normativa de la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz
(CSIVI). La normatividad estableció: “Los exintegrantes de las FARC-EP que en su
momento suscribieron el inventario de los bienes de que trata del Decreto-Ley 903
de 2017 deberán garantizar la entrega material de cada bien incluido en este y
responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha
entrega material. Para el efecto deberán designar unos delegados que se
encarguen de este proceso en relación con cada bien.”

9. Indicó que el decreto 1407 de 2017, desbordó el contenido del decreto ley
903 de 2017, “pues transforma la obligación de la organización alzada en armas
FARC –EP en una obligación de los exintegrantes de ella”. Esos integrantes obraron
al presentar el inventario como delegados o representantes de la organización
FARC-EP y no en nombre propio. Agregó que, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto No. 205 de 2020, que establece una adición y modificación al Decreto 1407

1
Se indica en el hecho tres del escrito de tutela: “el Acuerdo Final en el punto 5.1.3.7 dispuso que
durante el tiempo que las FARC-EP permanecieran en las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización, se acordarían los procedimientos y protocolos para inventariar los bienes y activos
que formaron parte de su economía de guerra e informar sobre los mismos al ente encargado (punto
3.1.1.3 del Acuerdo Final).”

Radicación número: 25000-2315-000-2020-02001-01
Accionante: Pastor Lisandro Alape Lascarro
Accionado: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

de 2017, el cual tampoco surtió el trámite previsto en el Acuerdo Final de Paz sobre
la constatación normativa ante la CSIVI. Afirmó:

“Por consiguiente, tanto la expedición por el Presidente de la República del
artículo 4º del Decreto 1407 de 2017 (agosto 24) y de la adición al mismo
ordenada por el artículo 1º del Decreto 205 de 2020 (febrero 12), fueron
emitidos mediante Decretos expedidos con fundamento en la potestad
reglamentaria ordinaria del Presidente de la República consagrada en el
numeral 11 del artículo 189° de la Constitución Política, pues si bien el Decreto
1407 de 2017 menciona que se obra en ejercicio de las facultades conferidas
en el Decreto- Ley 903 de 2017, es claro que este último, que tiene fuerza de
ley, no confirió facultades extraordinarias.”

10. El actor indicó que se dirigió a la JEP con el fin de que dicha autoridad judicial
profiera de decisión de medidas cautelares “urgentes de aseguramiento de los
bienes y activos incluidos por las FARC- EP en el inventario de sus recursos de
guerra que fue entregado el 15 de agosto de 2017 al Mecanismo de Verificación de
las Naciones Unidas y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de
Paz”.

11. Adujo que la SAE argumenta que las FARC son las encargadas de
resguardar dichos bienes hasta garantizar la recepción, lo cual no es correcto
porque dicha obligación, de imposible cumplimiento, fue endilgada a determinados
ex miembros de las FARC- EP unilateralmente por el ya mencionado Decreto Nº
1407 de 2017 (art 4°) Aspecto que no fue consagrado en el Decreto-Ley 903 de
2017.

12. Añadió que en la actualidad hay poca claridad respecto del régimen jurídico
aplicable a los bienes que figuran en el inventario. El Gobierno Nacional de manera
arbitraria ha querido darles, para su traslado de propiedad, la analogía con una
compraventa, exigiendo que la entrega debe darse de manera voluntaria, libre de
vicios y saneada, cuestión a todas luces de imposible cumplimiento.

Trámite de la acción de tutela

13. Admitida la tutela, se vincularon como demandadas al departamento
administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, y a la
oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sin que se vinculara como parte, se ordenó
al director de la unidad de investigación y acusación de la JEP, remitir información
sobre las medidas cautelares relacionadas con la custodia de los bienes del
inventario.

14. Dichas entidades contestaron la acción de tutela, indicado que la misma era
improcedente para cuestionar actos administrativos y que, en todo caso, las
autoridades del gobierno nacional han respetado, de buena fe, los compromisos
adquiridos normativamente en la implementación del Acuerdo Final de Paz, así
como socializado con la CSIVI, los proyectos normativos de entrega de bienes.
Adicionalmente, la Presidencia de la República indicó que, en el trámite de la tutela
se expidió el decreto 1080 de 2020, el cual extendió el plazo para la entrega material
de los bienes, motivo por el cual no se presenta amenaza de vulneración de los
derechos fundamentales.

Radicación número: 25000-2315-000-2020-02001-01
Accionante: Pastor Lisandro Alape Lascarro
Accionado: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Sentencia de primera Instancia

15. En fallo de 19 de agosto de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca descartó la procedencia de la acción de
tutela como mecanismo de amparo definitivo de los derechos fundamentales del
actor, al no superar el examen de subsidiariedad. Al respecto precisó que
corresponde al actor acudir a los jueces administrativos para someter sus reclamos
al trámite judicial ordinario previsto por el artículo 138 del CPACA, máxime cuando
dentro del proceso contencioso-administrativo y al momento de incoar la respectiva
demanda, está facultado para solicitar las medidas cautelares que considere
pertinentes, incluso urgentes, conforme a los artículos 229 y siguientes del CPACA.

16. Además, indicó que la ampliación del plazo para efectuar la descrita entrega
desdibuja la inminencia de un perjuicio irremediable, comoquiera que estimó
suficiente el período adicional fijado hasta el 31 de diciembre de 2020 por el Decreto
1080 de la misma anualidad, de tal manera que este mecanismo de garantía
inmediata de derechos fundamentales tampoco es viable como mecanismo de
protección transitoria.

17. Respecto a otro grupo de peticiones del actor, dirigidas a que se constituya
un patrimonio autónomo que reciba y administre los bienes del inventario de las
extintas FARC-EP, el fallo de primera instancia concluyó que “[r]evisados los
documentos allegados por la accionada, esta Sala observa que el Gobierno nacional
ha adelantado las actividades encaminadas a la constitución del patrimonio
autónomo señalado en el artículo 3° del Decreto Ley 903 de 2017, no obstante,
varios de ellos no llegaron a su culminación satisfactoria, por lo que actualmente se
tramita otro procedimiento pre contractual, advirtiendo que finalmente, luego de un
análisis de viabilidad económica, se optó por la constitución de un fiducia mercantil,
situación que no impide a las partes la realización de las diferentes actividades
encaminadas a identificar los bienes presentes en el inventario.”

18. En suma, precisó que la acción de tutela resulta improcedente para
cuestionar la legalidad de los Decretos 1407 de 2017 (artículo 4), 205 de 2020
(artículo 1) y 1080 de 2020, que constituyen unidad normativa respecto de la entrega
de bienes inventariados los representantes de la extinta guerrilla FARC, comoquiera
que no supera el requisito de subsidiariedad.

Impugnación

19. Dentro del término legal, el actor impugnó la decisión de primer grado en el
que insistió en la necesidad de un pronunciamiento de fondo en atención a que,
para ese momento, avanzaba el confinamiento social por la pandemia de Covid 19
y las dificultades de movilidad implican dificultades para la entrega material del
inventario de bienes. Además, argumentó que la modificación de las normas
pertinentes sobre la entrega de bienes, sin el agotamiento del proceso de
confrontación normativa ante la CSIVI, implicaba una vulneración al derecho al
debido proceso y al principio de seguridad jurídica.

20. Afirmó que la incertidumbre jurídica en la que se encontraba el proceso de
entrega de bienes podía tener el alcance de afectar el régimen de condicionalidad
de beneficios por su participación de los procesos de justicia transicional ante la
Jurisdicción especial para la Paz. En criterio del impugnante, son los jueces de la
JEP, los competentes para definir las condiciones para la entrega de los bienes, no
el gobierno nacional de la época, quien se arrogó competencias que no estaban

Radicación número: 25000-2315-000-2020-02001-01
Accionante: Pastor Lisandro Alape Lascarro
Accionado: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

previstas en el Acuerdo Final de Paz, ni tuvo en cuenta el trámite previsto de
confrontación normativa en cabeza de la CSIVI. Reprochó que el artículo 1 del
decreto 1080 de 2020 impuso una fecha perentoria para el cumplimiento del
compromiso de entrega de bienes2 y, en su criterio, “el Gobierno nacional le está
imponiendo a las FARC una obligación no existente en el Acuerdo Final, pero,
además, le está imponiendo a la JEP un requisito al régimen de condicionalidades
que es de su competencia evaluar, afectando directamente el principio de seguridad
jurídica y por ende el derecho fundamental al debido proceso; así como la
autonomía y la independencia judicial de la jurisdicción”3

21. A su juicio se estaba ante la existencia de un perjuicio irremediable, pues el
tiempo que se fijó en el decreto 1080 de 2020, 31 de diciembre de 2020, en su
criterio es insuficiente. En su criterio, la expedición del mencionado decreto “es la
prueba misma de la necesidad de un mecanismo transitorio que proteja los
derechos invocados en tanto la expedición de dicho decreto desconoce las
discusiones sostenidas tanto en mesa de trabajo SAE-FARC, como en mesa
tripartita entre la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, SAE S.A.S,
CNR Componente FARC, con presencia de la Segunda Misión de la ONU, en donde
se expuso y se presentó la posibilidad de dos cronogramas, uno con cumplimiento
a julio de 2021, y otro hasta diciembre de 20201, los cuales fueron establecidos
como resultado del trabajo técnico adelantado entre SAE y FARC, y desconocidos
por el Gobierno nacional mediante la imposición de un plazo arbitrario y anti técnico,
siendo evidente la intención de inducir a un incumplimiento inminente”

22. Indicó que el contexto mismo de la pandemia y del confinamiento social hacía
aún más difícil la entrega material de los bienes en la fecha del decreto 1080 de
2020, pues el decreto no tuvo en cuenta que no existen condiciones en los territorios
para imponer un plazo para el cumplimiento de esta obligación, toda vez que el
gobierno ha sido incapaz de garantizar la vida de los firmantes de la paz en varios
municipios y resulta preocupante evidenciar que, con el afán de dar desarrollo a las
imposiciones de gobierno, la SAE S.A.S proponga un cronograma que no
corresponde a la realidad que vive el país y el mundo por efectos de la pandemia.
Añadió que, en la propuesta de cronograma se está obviando el concepto técnico
de seguridad personal, de bioseguridad personal, la caracterización de las zonas
rurales, los contextos comunitarios y las nuevas condiciones requeridas para el
transporte del personal.

23. Recordó que para el año 2020, el número de firmantes del acuerdo de paz
asesinados asciende a la cifra de 223, y que lamentablemente este número se
incrementa mes a mes, razón por la cual estas medidas de seguridad deben ser
concretas y oportunas. Reprochó, entonces, que el decreto 1080 de 2020
desconoció la realidad de la pandemia, el confinamiento social, los problemas de

2
Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo del artículo 4° del Decreto 1407 de 2017, adicionado por el
artículo 1° del Decreto 205 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 4°. Entrega material por parte de los exintegrantes de las FARC EP. Los exintegrantes
de las FARC-EP que en su momento suscribieron el inventario de los bienes de que trata el Decreto-
ley 903 de 2017 deberán garantizar la entrega material de cada bien incluido en éste y responderán
por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material. Para el efecto
deberán designar unos delegados que se encarguen de este proceso en relación con cada bien.
Parágrafo. En todo caso, antes del 31 de diciembre de 2020, los exintegrantes de las FARC-EP
deberán realizar la entrega material de todos los bienes incluidos en el inventario. Vencido este plazo,
la entidad designada para realizar la recepción, verificación, custodia y administración de los bienes
inventariados, informará el resultado de la entrega voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) para lo de sus competencias.
3
Recurso de impugnación folio 4. Indice Samai No. 7 del expediente digital.

Radicación número: 25000-2315-000-2020-02001-01
Accionante: Pastor Lisandro Alape Lascarro
Accionado: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

seguridad de los firmantes del acuerdo final de paz, y el procedimiento de
constatación normativa en cabeza de la CSIVI, como parte de la garantía de
implementación.

24. Precisó que, en el caso del decreto 1080 de 2020, no se garantizó el proceso
de confrontación normativa, pues a través de medios de comunicación, el gobierno
nacional indicó que dicho decreto sería expedido, haciendo inocuo el proceso de
constatación, pues si la decisión del gobierno era expedir aquel decreto, difundida,
incluso en medios de comunicación, hacia inocuos los aportes del componente del
partido político de las FARC en la CSIVI. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y en su lugar conceder el amparo solicitado.

CONSIDERACIONES

Competencia

25. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Cuestión previa y problema jurídico

26. La Sala advierte que la acción de tutela fue formulada en el mes de mayo del
2020, la sentencia de primera instancia fue proferida el 19 de agosto de 2020 y la
impugnación fue formulada dentro del término legal. En providencia de 27 de agosto
de 2020, fue concedido el recurso por la magistrada ponente. Sin embargo, sin
justificación en alguna pieza procesal contenida en el expediente, el medio
constitucional de amparo fue remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado
solo hasta el 29 de octubre de 2024, vale decir, en un lapso superior a cuatro años.

27. Por consiguiente, en los términos del artículo 114, numeral 1° de la Ley 270
de 1996 -modificado por el artículo 58 de la Ley 2430 de 2024-, esta Corporación
compulsará copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para
que se determinen las eventuales faltas disciplinarias en la remisión tardía del
expediente de tutela.

28. Con todo, corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela es el medio
judicial procedente para cuestionar la legalidad del artículo 4 del Decreto 1407 de
2017 y del parágrafo adicionado por el artículo 1° del Decreto 205 de 2020,
finalmente modificados por el artículo 1 del decreto 1080 de 31 de julio del mismo
año. En caso de que se concluya que la acción de tutela es el medio judicial
procedente, como último problema jurídico se debe establecer si las decisiones
normativas en comento vulneraron derechos fundamentales del actor.

Análisis de la Sala

29. Al tenor de lo previsto en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
considera que la acción de tutela resulta improcedente en este caso particular, por
cuanto el actor cuenta con otros recursos de defensa judiciales para controvertir la
legalidad de las normas que el actor considera contrarias al debido proceso
constitucional y al principio de seguridad jurídica que subyace a los acuerdos de
paz.

Radicación número: 25000-2315-000-2020-02001-01
Accionante: Pastor Lisandro Alape Lascarro
Accionado: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

30. Una vez consultado el sistema Samai que contiene las controversias
judiciales del resorte la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se constata
que el mismo actor, en sede de simple nulidad con solicitud de suspensión
provisional, formuló ante la Sección Primera del Consejo de Estado los mismos
reparos que presenta a través de la acción de tutela. Se trata del proceso
identificado con el número de radicación 11001-03-24-000-2021-00186-00,
encaminado puntualmente a lo siguiente:

«[…] demando la nulidad de los artículos 4º del Decreto 1407 de 2017 (agosto
24), 1 del Decreto 205 de 2020 y la modificación incorporada por el artículo 1
del Decreto 1080 de 2020 […]».4

31. En el mencionado proceso, el actor solicitó la suspensión provisional de los
efectos del artículo 4º del Decreto 1407 de 2017, modificado por los decretos 205 y
1080 de 2020, al considerar que (i) vulneran el artículo 5º transitorio del Acto
Legislativo No. 1 de 2017, por cuanto crea una obligación adicional que no está en
el Acuerdo Final ni en el Acto Legislativo, al imponer la entrega física de los bienes
por parte de los ex integrantes del grupo; (ii) quebranta el Acuerdo Final de Paz al
imponer una obligación adicional que no está alineada con los compromisos
adquiridos, lo que afectaría la buena fe y la coherencia con lo pactado, y (iii) excede
la potestad reglamentaria del Presidente de la República, por cuanto no solo
establecieron la obligación de crear el inventario sino que también se impuso una
nueva obligación a los exintegrantes de las FARC de entregar los bienes y
garantizar su cuidado, lo cual excede la finalidad de garantizar los derechos de los
terceros, tal como lo establece la Corte Constitucional.

32. En cuanto al primer punto de la solicitud de suspensión provisional, la
Sección Primera del Consejo de Estado la denegó con fundamento en las siguientes
razones:

“65. De la lectura del anterior precepto, el Despacho no observa que le asista
razón al actor cuando afirmó que la norma en comento: «le impone a la
organización FARC-EP la obligación de incluir en un inventario los bienes y
activos, que debe cumplir durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan
en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de
Dejación de Armas», pues lo que en realidad el artículo 5º transitorio dispone
es que a la jurisdicción ordinaria le compete la investigación y juzgamiento de
los delitos de que trata el libro segundo, título décimo, capítulo quinto del
Código Penal, valga decir, los delitos de lavado de activos, testaferrato y
enriquecimiento ilícito de particulares, que recaigan sobre bienes o activos que
no hayan sido incluidos en el inventario definitivo.

66. De esa manera, el citado artículo 5º transitorio tiene por objeto precisar las
competencias para conocer de determinados delitos, bajo la premisa
consistente en que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá a su cargo la
investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con anterioridad al 1º de
diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con
el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto
a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.

4
Auto de 22 de junio de 2021, Sección Primera, Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad.
11001-03-24-000-2021-00186-00 F7B03079EB14AE88 E509CBD29370D23C
E083841A91C292DF 621E4CCC9CE3F6F0

Radicación número: 25000-2315-000-2020-02001-01
Accionante: Pastor Lisandro Alape Lascarro
Accionado: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

67. Así lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 2017,
en cuanto advirtió que en la segunda parte del inciso cuarto del artículo 5º
transitorio introducido mediante el Acto Legislativo 1 de 2017, […] «se concreta
… la distribución de competencias entre la JEP y la jurisdicción ordinaria, y la
remisión al sistema propuesto de solución de competencias en caso de
conflicto, con miras a conocer de determinados delitos previstos en el Código
Penal».

68. De acuerdo con lo expuesto, en esta etapa preliminar de la controversia,
no se evidencia una contradicción entre las normas censuradas y la segunda
parte del inciso cuarto del artículo 5º transitorio del título de disposiciones
transitorias de la Constitución Política creado mediante el Acto Legislativo 1 de
2017.

33. En cuanto al segundo punto, la misma Corporación denegó la medida
planteada al considerar, al menos de manera preliminar, que la reglamentación del
proceso de entrega de los bienes está en línea con el Acuerdo Final y no representa
una violación del Acto Legislativo 2 de 2017, sino que lo desarrolla para garantizar
la reparación de las víctimas:

“96. Por todo lo anterior, puede concluirse, en esta fase preliminar de la
controversia, que la reglamentación de la entrega de la masa de bienes que
conforman el inventario de bienes y activos de las FARC-EP resulta necesaria
para la implementación de las medidas de reparación material de las víctimas
definidas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el cual las parte acordaron
que «las FARC-EP procederán a la reparación material de las víctimas, con
los bienes y activos antes mencionados» [recursos para la guerra] (subpunto
5.1.3.7), de manera que las disposiciones acusadas no infringen el artículo 1º
del Acto Legislativo 2 de 2017 sino que, por el contrario, lo desarrollan. “

34. Frente al exceso en la potestad reglamentaria del Presidente de la República
que constituye el último punto de la solicitud de suspensión provisional, la Sección
Primera del Consejo de Estado determinó que los decretos acusados se orientan a
la ejecución de la norma reglamentada (Decreto ley 907 de 2017) lo que resulta, en
su criterio, suficiente para considerar en la etapa inicial del proceso que con la
expedición de los actos acusados, el primer mandatario no excedió la prerrogativa
prevista en el artículo 189.11 Superior:

“102. Descendiendo al caso concreto, cabe reiterar que el artículo 4º del
Decreto 1407 de 2017, cuya suspensión provisional pretende el actor, fue
expedido por el Gobierno nacional en ejercicio de las facultades conferidas en
el Decreto Ley 903 de 2017.

103. El Decreto 205 de 2020 y el Decreto 1080 de 2020, por medio de los
cuales se adicionó y se modificó, respectivamente, el artículo 4º del Decreto
1407 de 2017, se profirieron en virtud de la misma facultad.

104. Como se puso de presente en líneas anteriores de esta providencia, el
Decreto Ley 903 de 2017 no solo contiene disposiciones sobre la elaboración
de un inventario de los bienes y activos de las FARC-EP, sino que, además,
creó un Fondo de Víctimas, como patrimonio autónomo del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, con la finalidad de que reciba

Radicación número: 25000-2315-000-2020-02001-01
Accionante: Pastor Lisandro Alape Lascarro
Accionado: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

los bienes y recursos inventariados, y señaló que los mismos se destinarían a
la reparación material de las víctimas del conflicto.

105. Por lo demás, se reitera, en el inciso segundo del artículo 3º, el Decreto
Ley facultó al Gobierno nacional para reglamentar el mecanismo y los términos
para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo. Esta
disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-071 de 2018, por cuanto consideró que «las facultades
reglamentarias reconocidas al Presidente de la República para desarrollar y
precisar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de los
bienes al patrimonio autónomo no son inconstitucionales en cuanto son una
simple reiteración de las facultades propias del Presidente de la República
previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución».

106. De esta manera, dicha disposición legal cobijaría las obligaciones
previstas en las normas acusadas puesto que la imposición de dichas
obligaciones de cuidado, custodia y garantía de entrega hacen viable la
transferencia al patrimonio autónomo de los bienes y activos incluidos en el
inventario de las FARC E-P y que estos cumplan la finalidad de reparar a las
víctimas en el marco del conflicto armado.”

35. Para la Sala es evidente que, ante la discusión judicial en un proceso de
simple nulidad con suspensión provisional de los asuntos planteados a través de la
acción de tutela, revela la improcedencia de esta última para ordenar la suspensión
de los efectos de los mencionados decretos, o para introducir ajustes normativos e
institucionales para “optimizar” la capacidad del Estado para recibir los bienes
incluidos en el inventario.

36. Tampoco existen en el expediente elementos de convicción que releven la
existencia de un perjuicio irremediable, pues en el interregno generado en la demora
de la remisión del expediente, han cambiado las condiciones fácticas que dieron
origen a la presentación de la acción de tutela.

37. En efecto, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-020 de 27 de enero
de 2022 que, entre otras, declaró un estado de cosas inconstitucional por “el bajo
nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de
seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso
de reincorporación a la vida civil, de sus familias y de quienes integran el nuevo
partido político Comunes”5. Dentro de aquel proceso se han proferido dos autos
(598 de 2023 y 741 de 2024) por parte de la Sala Especial de seguimiento que, si
bien no se relacionan directamente con el proceso de entrega de bienes, sí tocan
aspectos relevantes de los denunciados por el actor en el escrito de tutela y en la
impugnación. Verbigracia, las obligaciones del Estado respecto a la garantía del
derecho a la vida e integridad física de los firmantes del acuerdo final de paz, la
protección en las regiones del país, y la seguridad jurídica se su sometimiento y en
las políticas de reincorporación.

38. Adicionalmente, en el escrito de impugnación, el actor afirmó que la fecha
indicada en el decreto 1080 de 2020 enfrentaba la dificultad del confinamiento social
consecuencia de la pandemia de Covid-19. Aquel contexto imponía restricciones de
movilidad que, en su momento, en criterio del actor, obstaculizan el cumplimiento
de la fecha del mencionado decreto. Aunque se trata de un argumento novedoso

5
Ordinal séptimo de la Sentencia SU-020 de 2022.

Radicación número: 25000-2315-000-2020-02001-01
Accionante: Pastor Lisandro Alape Lascarro
Accionado: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

que no fue planteado en el escrito inicial, es un hecho notorio que el confinamiento
social resultado de la pandemia ya fue superado, por lo cual resulta inane asumir su
estudio en esta providencia.

39. Finalmente, en relación con el compromiso de la entrega material de los
bienes y el reproche del actor relacionado con las dificultades para la entrega física
de los bienes en la fecha prescrita en el decreto 1080 de 2020, lo cierto es que esa
fecha ya feneció y no se conocen decisiones en las que, resultado de eventuales
incumplimientos, el actor u otros comparecientes obligatorios ante la JEP,
pertenecientes a las extintas FARC hayan perdido beneficios jurídicos contenidos
en la ley 1820 de 2016.

40. Con base en lo expuesto, la Sala confirmará por las razones expuestas la
decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de agosto de 2020, que declaró
improcedente la acción de tutela formulada por Pastor Lisandro Alape Lascarro, por
las razones expuestas en esta decisión.

SEGUNDO: COMPULSAR copias de la presente actuación ante la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con el fin de que se determinen las
responsabilidades disciplinarias en las que se incurrió por la tardanza de cuatro
años, dos meses y dos días en remitir el expediente para segunda instancia de la
presente acción de tutela.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

CUARTO: En los términos del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, REMITIR a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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